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PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA
2 de diciembre del 2009
CONTACTOS
David Allen o Jordan McNerney
202-434-2560
Sarah Echols, Puerto Rico Federal Affairs Administration (Administración de Asuntos
Federales de Puerto Rico)
(202) 778-0731
AARP Y EL SECRETARIO DE SALUD DE PUERTO RICO
RECLAMAN UN TRATO JUSTO, EN LA REFORMA DEL
SISTEMA DE SALUD, PARA LOS 4,4 MILLONES DE
ESTADOUNIDENSES QUE VIVEN EN LOS TERRITORIOS DE
EE. UU.
WASHINGTON D. C. – Destacando las significativas diferencias existentes entre los
proyectos de ley de reforma del sistema de salud de la Cámara de Representantes y del
Senado, AARP y el Secretario de Salud de Puerto Rico, Dr. Lorenzo González, pidieron
hoy al Congreso que garantice que la ley de reforma final dé un trato justo a los
ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico y los demás territorios de EE. UU.
El secretario González se reunió con la Dra. Cora L. Christian, integrante de la Junta
Directiva de AARP, oriunda de las Islas Vírgenes de EE. UU.; y con Nancy LeaMond y
David Sloane, Vicepresidenta Ejecutiva y Vicepresidente Sénior de AARP,
respectivamente, para discutir la financiación federal para Puerto Rico y demás territorios
de EE. UU., bajo los programas Medicaid, Medicare y CHIP, como así también los
esfuerzos para incluir dichos territorios en el intercambio de seguros de salud propuesto.
“Las desigualdades que han afectado a los más de cuatro millones de estadounidenses
que residen en Puerto Rico, las Islas Vírgenes y demás territorios de EE. UU. se seguirán
produciendo, a no ser que se incorpore a dichos territorios al sistema de salud bajo las
mismas condiciones que los demás estados”, señaló LeaMond. Además, AARP apuntó
que, bajo Medicaid, un paciente en Estados Unidos recibe $330 mensuales, contra los $20
que recibe cada paciente en Puerto Rico.
González dijo que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes contenía
cláusulas clave en relación con el financiamiento de programas federales para Puerto
Rico, que incluye $3.700 millones ($3.7 billion), durante siete años, para asegurar la
participación de Puerto Rico en el nuevo programa nacional de intercambio de seguros;
$9.100 millones ($9.1 billion) en fondos de Medicaid, durante los próximos nueve años;
y, explícitamente, estipula que, para el año 2013, el U.S. Department of Health and
Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.) deberá
enviar al Congreso un informe precisando los pasos a seguir para asegurar la paridad
absoluta en Medicaid, para el 2020.
En contraste, el proyecto de ley del Senado no incluye a Puerto Rico ni a los demás
territorios en el intercambio de seguros de salud, y no aborda suficientemente las
limitaciones de financiamiento federal que enfrentan Puerto Rico y los demás territorios
bajo Medicaid. Por otra parte, el proyecto de ley de la Cámara de Representantes, al igual
que el del Senado, no aborda el trato dispar que reciben bajo Medicare los adultos
mayores que residen en la Isla.
González dijo ser optimista en cuanto a que, a medida que el Senado considere los
proyectos de reforma —y, luego, en las discusiones que se den entre las cámaras baja y
alta—, dichos problemas se tratarían.
“Mientras continúa el debate sobre las políticas y el alcance de la reforma del sistema de
salud, un punto en el que deberíamos poder lograr el consenso es que todos los
ciudadanos, sin importar su lugar de residencia, deberían tener acceso a los programas de
cuidado de la salud que establezca el Congreso. Si el objetivo a nivel nacional es lograr la
igualdad a la hora de acceder a servicios de cuidado de la salud de calidad, entonces se
debe incluir a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico”, indicó González.
El secretario González señaló que el gobierno de Puerto Rico continuará trabajando con
los líderes del Congreso y con la Casa Blanca para lograr que el presidente Obama se
comprometa a garantizar la participación de Puerto Rico en el intercambio de seguros de
salud; a eliminar, en forma gradual, los topes a los fondos federales destinados a
Medicaid en los territorios; y a lograr, también gradualmente, la paridad en el tratamiento
del programa Medicare en Puerto Rico, en relación con los demás estados.
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