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GRUPO 2. TEMA 2: ¿Cuáles son las consecuencias de la
vulneración de los derechos sociales?
Los servicios públicos son aquellos que se le proporcionan al ciudadano,
o de manera gratuita o a un precio asequible para la gran mayoría, para
poder mejorar su calidad de vida y que pueda vivir dignamente como
un ser humano que es, y estos servicios son, por ejemplo, la educación
y la sanidad, que a parte son los más valiosos y los más fundamentales
de todos ellos. Todo habitante de ese Estado tiene derecho a gozar de
estos servicios, a esto lo llamamos derechos sociales, y cada español,
cada malagueño, cada fuengiroleño, tenemos estos derechos, aunque
últimamente se estén viendo reducidos drásticamente. La vulneración
de estos derechos trae consigo que aumente la mortalidad, dado que
no todos los habitantes podrían gozar de sanidad y podrían morir
debido a graves enfermedades, y también que aumente la incultura, el
fracaso tanto escolar como laboral y la pobreza, ya que al privatizarse a
un niño de su derecho a la educación, este niño no adquirirá los
conocimientos y la cultura suficientes para alcanzar el nivel mínimo
exigido para un puesto de trabajo, lo que traería consigo que nunca
pudiera trabajar o que solo pudiera hacerlo en un puesto muy básico,
por lo que no gozaría de un nivel de vida apropiado o incluso caería en
las garras de la pobreza. Relacionada con estos servicios y derechos
sociales está la política de austeridad. Una política de austeridad es
aquella que al instaurarse en un Estado supone una reducción en la
inversión de capital en los servicios públicos de ese país, a la vez que
también supone el aumento de los impuestos para los ciudadanos,
esperando obtenerse con esta política un aumento en la riqueza de la
nación, pero desgraciadamente su efecto acaba siendo justo el
contrario. Y esto ocurre debido a que los ciudadanos enferman, debido
a los recortes en sanidad, y a su vez se empobrecen cada vez más por
culpa de la subida de impuestos, por lo que al empobrecerse ya no
podrán pagar los siguientes plazos de impuestos, lo que llevaría al
embargo de las propiedades de esas personas, acabando sin hogar en la
más absoluta pobreza, y a los que no les ocurre esto son previsores y
emigran a otro lugares con mejores condiciones. Desgraciadamente
esta es la situación que se vive actualmente tanto en nuestro país como
en muchos otro, por lo que nuestra calidad de vida empeora día a día.
Por ello es necesario invertir en servicios públicos, ya que invertir en
estos supone reducir la desigualdad. Esto significa que al invertir capital
del Estado, proveniente de los impuestos, en estos servicios, el
ciudadano está inviertiendo en sí mismo, y no está pagando una
determinada cantidad de dinero que va a parar a las arcas del Estado o
a las manos de los ricos. Por eso se dice que así se reduce la
desigualdad, porque la calidad de vida del pueblo se mejora y su dinero
se reinvierte en sí mismo, por lo que de esta manera hay menos
diferencias entre ricos y pobres, entre gobernantes y ciudadanos. A su
vez, la privatización de los servicios públicos también perjudica a las
personas más pobres, ya que para poder gozar de estos servicios los
ciudadanos tendrán que financiarselos de su propio bolsillo, cosa que
las personas con menos recursos no podrán permitirse, perdiendo así
todos sus derechos sociales para poder disfrutar de unos servicios
públicos que el resto de personas sí podrá adquirir.
La desigualdad económica va en rápido aumento. Las investigaciones
realizadas por Oxfam han constatado que las 85 personas más ricas del
mundo poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la
población mundial.
-Además, la desigualdad económica pone vidas en riesgo.
-Un estudio reciente de 93 países calculó que la reducción en tan solo
un punto porcentual de la participación en la renta del 20% de la
población más rica podría cada año salvar la vida de 90.000 niños
-Las estimaciones ponen de manifiesto también que si no se actúa para
paliar la desigualdad, la erradicación de la pobreza pasará a costar
mucho más dinero.
-Pondría en peligro cualquier acuerdo sobre objetivos de reducción de
pobreza después de 2015. Servicios públicos: un arma contra la
desigualdad económica Los servicios públicos gratuitos de sanidad y
educación son una potente arma en la lucha contra la desigualdad
económica.
-De hecho, los servicios públicos mitigan el impacto de la distribución
sesgada de la renta mediante el reparto de una “renta virtual” entre
todos. En el caso de las personas más pobres, y de personas con sueldos
precarios, estos “ingresos virtuales” pueden igualar, o incluso superar,
los ingresos reales. Por término medio, el valor de los servicios públicos
en los países de la OCDE equivale al 76% de los ingresos netos del grupo
más pobre, y a tan solo el 14% de los de las personas más ricas.
-Es en este contexto de enormes disparidades de ingresos donde queda
patente el verdadero poder de los servicios públicos para compensar la
desigualdad. Esta “renta virtual” de los servicios públicos reduce la
desigualdad de ingresos en los países de la OCDE en una media del
20%,7 y de entre el 10% y el 20% en seis países de América Latina
(Argentina, Bolivia, Brasil, México y Uruguay).
Soluciones equivocadas: recortes en el gasto, tasas y privatización Los
recortes en el gasto público tanto en países ricos como pobres ahondan
la desigualdad económica y perjudican precisamente a los servicios
públicos que podrían evitar el círculo vicioso de una sociedad cada vez
más desiguales. A pesar de ello, los países en desarrollo están
recortando el gasto en salud y educación, al igual que lo hacen los
países europeos. -Lejos de ser una solución mágica para lograr el acceso
universal a los servicios de salud y educación, la prestación de servicios
por el sector privado sesga los beneficios de esos servicios hacia las
personas más ricas. Del 60% de las mujeres más pobres de India, la
mayoría acude a instalaciones del sector público para dar a luz,
mientras que la mayoría de las que pertenecen al 40% más acomodado
acude a centros privados.
-Y en tres de los países de Asia con mejor desempeño por haber logrado
la cobertura sanitaria universal, o por estar a punto de hacerlo
(concretamente Sri Lanka, Malasia y Hong Kong), el sector privado
presta muchos más servicios a las personas más ricas que a las más
pobres. Afortunadamente, en estos casos el sector público ha logrado
equilibrar la balanza.
-Para aprovechar de manera efectiva su potencial para erradicar la
desigualdad, la utilización de los servicios públicos ha de ser gratuita.
Las tasas en la prestación sanitaria hacen que cada año 150 millones de
personas de todo el mundo se vean obligados a hacer frente a gastos
catastróficos.
-Para el 20% de las familias más pobres de Pakistán, enviar a todos sus
hijos a una escuela privada de honorarios reducidos representaría
aproximadamente el 127% de los ingresos de esas familias. Lo mismo
sucede en Malawi y en zonas rurales de India.
Trasparency Intenational (TI) es una organización no gubernamental
que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción
política en el ámbito internacional. Se fundó en Berlín (Alemania) en
1993 a iniciativa de Peter Eigen, ex director regional del Banco Mundial.
Transparency International opera en más de 70 países. Define
corrupción como el abuso del poder para beneficios privados que
finalmente perjudica a todos y que depende de la integridad de las
personas en un posición de autoridad. En 1995, Transparency
International creó el Índice de Percepción de corrupción, que clasifica a
las naciones según su prevalencia de corrupción. En 1999, Transparency
International empezó a publicar el Índice de las fuentes de soborno en
el que clasifica las naciones de acuerdo con la facilidad de que las
multinacionales de un país dan sobornos. Transparency International
en España comenzó a trabajar en el año 2000, y está gestionada por la
Fundación José Ortega y Gasset. En la actualidad su presidente es Jesús
Lizcano.
Unidos por los derechos humanos (UHR) United Human Rights es una
organización internacional sin ánimo de lucro, dedicada a implementar
la Declaración Universal de Derechos Humanos a nivel regional,
nacional e internacional. Sus miembros son individuos, educadores y
grupos por todo el mundo que promocionan activamente el
conocimiento y la protección de los derechos humanos y para todos. Su
prpósito es proporcionar los recursos educativos y las actividades sobre
los derechos humanos que informan, asisten y unen a individuos,
educadores, organizaciones y agencias gubernamentales en la difusión
y adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en
todos los niveles de la sociedad.
Sobre riqueza, deuda y desigualdad: en respuesta a algunas críticas
El último trabajo de investigación, Riqueza: tenerlo todo y querer
más realizado por Deborah Hardoon, ha recibido una gran atención en
todo el mundo, incluida la cobertura en The Economist, la CNN y la BBC,
entre otros. El informe ha provocado un debate a nivel mundial sobre la
riqueza y la desigualdad, poco antes de que se celebrase la reunión
anual del Foro Económico Mundial. La mayor parte de la cobertura ha
sido positiva
La base de datos que se utilizo la elaboró Credit Suisse, bajo la dirección
de los economistas Jim Davis y Tony Shorrocks, cuyo trabajo ha sido la
continuación de un proyecto académico a largo plazo que ha sido
revisado por académicos mediante procedimientos reconocidos de
“peer-review”.
El problema estriba en el hecho de que unos cuantos millones de
personas poseen más deudas que activos, lo que implica que tienen
riqueza negativa. Felix Salmon y Ezra Klein, entre otros, han mostrado
su desacuerdo con esto y sugieren que Oxfam está engañando al
público con sus resultados.
Los deciles del 2 al 5 poseen el 1 % de la riqueza mundial, o lo que es lo
mismo, 2,6 billones de dólares. El decil número 2 tiene muy poca
riqueza (0,1 %), pero es positivo. El dinero que tienen en la hucha los
sobrinos de Klein es totalmente irrelevante.En marzo de 2014, 147
milmillonarios de la lista Forbes tenían una riqueza en su conjunto que
ascendía a 2,6 billones de dólares. Eso significa que dos autobuses
llenos de milmillonarios controlan la misma riqueza que, al menos, el 40
% del mundo.
¿Qué ocurre con la cuota de riqueza del 1 % de los más ricos si
excluimos el decil más bajo? Que no se aprecia ninguna diferencia
real. Mientras que antes, el 1 % tenía un 48,1 % de la riqueza mundial,
si excluimos el decil inferior ese porcentaje disminuye a un 47,9 %.
Como vemos, no supone una gran diferencia.
Durante el período de un año, entre 2013 y 2014, los milmillonarios de
la lista Forbes aumentaron su riqueza neta en más de 1 billón de euros;
esto es, 1,5 veces más que la riqueza negativa del 10 % de la escala
inferior.Ya vale de justificaciones. A favor de Salmon y Klein debo
mencionar que ambos reconocen que la cuestión en su conjunto –la
tendencia de concentración de la riqueza en manos de unos pocos– es
preocupante. Podemos objetar los datos o los cálculos, pero esa
tendencia sigue siendo cierta. Y lo que es aún más importante, las
consecuencias de la concentración de la riqueza son potencialmente
graves. En una entrevista, Branko Milanovic afirmó que: “Por razones
políticas, la propiedad de la riqueza es importante. Si el capital no está
apalancado, aunque usted tenga una buena vida, no será capaz de
tener mucha influencia política”.
Las transformaciones que la crisis está facilitando en todo el mundo
rico, —el ámbito de la ‘economía occidental’, el que hasta hace poco se
consideraba dominador del mundo y que ahora ve peligrar su
hegemonía frente al crecimiento de otros grandes países—, permiten a
los grandes capitales no sólo recuperar sino incluso aumentar su tasa
de beneficio así como luchar por sostener su hegemonía mundial. Para
ello, frente a las crecientes contradicciones de un capitalismo senil
(Samir Amin) se ha dispuesto a asestar un golpe durísimo a las clases
populares, con quienes no tiene más remedio que compartir la riqueza
que se produce. Al mismo tiempo, más en unos países que en otros,
pero en general en todo el mundo desarrollado, las poblaciones están
aguantando pasivamente este ataque: unos grupos no sienten todavía
con suficiente fuerza su impacto negativo como para rebelarse, otros
están anestesiados con las migajas que les llegan de un consumo
acrecentado en comparación con sus situaciones anteriores y no
quieren hacer nada que pueda ponerlo en peligro, otros, por fin, se
debaten en la impotencia y la desesperación; actitudes todas que
facilitan la consecución de los objetivos del capital. Hasta ahora la
evolución de la crisis está llevando a una gran reestructuración del
capitalismo global, que adquiere características específicas en los países
ricos y cuyas repercusiones en los países de segundo o tercer nivel
dentro de éstos —los denominados PIGS o PIIGS (Portugal, Irlanda,
Grecia y España o los mismos más Italia en la segunda versión) y los
países del Este de Europa— está arrasando con las condiciones de vida
y trabajo y los derechos civiles de sus poblaciones. Nos proponemos
revisar esta reestructuración en el caso de España. La transformación
de una sociedad requiere un largo y profundo proceso que ha de
iniciarse en el interior del capitalismo vigente ahora. Una de las
preocupaciones principales de TAIFA en este Informe es tratar de
proporcionar elementos sobre como avanzar hacia una transformación
de la sociedad en la que vivimos hacia otra sociedad radicalmente
alternativa, teniendo en cuenta donde nos encontramos ahora.
Caminar hacia la utopía pero sin sueños falsos, sin esperanzas huecas,
partiendo de posiciones muy realistas acerca de la situación actual de
los agentes, de las fuerzas transformadoras y de los valores de la
ciudadanía. Por ello nuestro interés en este trabajo no es proporcionar
grandes modelos completos de lo que se pudiera hacer si se tuviera la
fuerza social necesaria para ello – construyendo un potente modelo
teórico de una sociedad alternativa- sino reflexionar sobre como
avanzar desde el modesto lugar en que nos encontramos aquí y ahora.
En este Informe intentamos proporcionar ideas acerca de los aspectos
esenciales de dicho proceso y como avanzar en el mismo.
¿Por qué la reforma fiscal mundial todavía no quita el sueño a las
empresas que evaden impuestos? La evasión y la elusión fiscal por
parte de las grandes empresas priva a los Gobiernos de miles de
millones de dólares, dando lugar a un rápido aumento de la
desigualdad. Las recientes medidas de G20 y la OCDE para acabar con
ello suponen un primer paso, pero han generado una legión de
detractadores que tratan de debilitarlas y el proceso excluye a la
mayoría de los países en desarrollo. Todos los países en desarrollo
deben participar en las negociaciones, y las empresas tienen que pagar
lo que les corresponde. En muchos países, la desigualdad económica ya
ha alcanzado niveles extremos, y sigue creciendo. Unos regímenes
fiscales justos son fundamentales para financiar el buen
funcionamiento de los Estados y para permitir a los Gobiernos cumplir
con su obligación de garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder
a servicios básicos coomo la atención sanitaria y la educación.
Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha defendido
con firmeza la eficacia de las políticas fiscales redistributivas para
reducir o contrarrestar los efectos del aumento de la desigualdad,
especialmente en las economías donde los impuestos suponen un
mayor porcentaje del producto interior brito (PIB). Oxfam apoya la
utilización de una fiscalidad y una política de gasto progresivas para
reducir la desigualdad. Gravar las empresas, y especialmente a las
multinacionales de éxito. Todas las empresas deben pagar los
impuestos que les corresponden de acuerdo con sus posibilidades, y no
debe permitirse que eludan sus obligaciones para con las sociedades en
las que operan y donde generan sus beneficios.