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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA – MISIÓN SUCRE
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRADO EN ESTUDIOS JURÍDICOS
PROYECTO:
“MISIÓN JUSTICIA SOCIAL”
PROPUESTA CONSTRUIDA POR: LA PRIMERA Y SEGUNDA PROMOCIÓN DE
ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA –
MISIÓN SUCRE.
Enero de 2010
INDICE
Pág.
Introducción………………………………………………………………………….. 3
Antecedentes………………………………………………………………………… 4
Reflexiones…………………………………………………………………………… 6
Diagnóstico de la realidad socio jurídica venezolana desde Proyectos Comunitarios.. 6
Justificación……………………………………………………………………………11
Misión Justicia Social………………………………………………………………. 12
Objetivo General……..……………………………………………………………12
Objetivos Específicos ………………………………………………………………12
Metas de la Misión Justicia Social…………………………………………………15
Metas iníciales 2010 – 2011 ………………………………………………………15
Procesos ……………………………………………………………………………16
Acciones ……………………………………………………………………………17
Primera Fase o Fase Experimental 2010 – 2011……………………………………18
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INTRODUCCIÓN
La propuesta que hoy entregamos al Pueblo Bolivariano de Venezuela y a nuestro
Presidente Comandante Hugo Chávez Frías fue elaborada a partir de nuestras vivencias, las
experiencias en el proceso de formación en la Universidad Bolivariana de Venezuela y la
Misión Sucre, el diálogo de saberes y el desarrollo de nuestro trabajo en y con las
comunidades; que nos permitió profundizar en el conocimiento y la reflexión de nuestras
realidades, las percepciones comunitarias sobre la justicia, las posibilidades y condiciones
de los sectores populares para acceder a la atención jurídica y su relación con el sistema
judicial; así como las principales debilidades en las políticas públicas en el abordaje de las
problemáticas socio-jurídicas existentes.
Asumiendo el reto que nos impone el momento histórico de ser sujetos participes en la
transformación de nuestras propias realidades, y como pueblo, nacidas y nacidos en el seno
de las comunidades donde se vive aún la herencia de siglos de marginación y opresión, e
impedidos muchos de nosotros y nosotras no sólo del derecho a los estudios universitarios,
sino de otros tantos derechos que el sistema capitalista no garantiza realmente a las
mayorías sociales, como lo es el derecho inalienable a la Justicia; hemos realizado el
trabajo de recoger y sistematizar nuestras experiencias comunitarias para construir
conocimientos y propuestas colectivas que esperamos sean un aporte en el camino de la
construcción del socialismo que haga posible la justicia social exigida por nuestros pueblos.
Estamos conscientes de nuestro deber en la lucha, como abogados y abogadas socialistas,
por la deconstrucción de las estructuras obsoletas e injustas del sistema jurídico burgués y
neocolonial aún vigente; impulsando desde el Poder Popular la construcción de lo que
hemos concebido como justicias comunitarias y un nuevo sistema jurídico nacional, acorde
a nuestra realidad pluriétnica y multicultural, a nuestro modelo de democracia participativa
y protagónica, y a nuestro Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia, sustentado
en los principios, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada el
15 de diciembre de 1999, por referendo popular.
Como una contribución de las y los graduandos de la primera y segunda promoción de
abogadas y abogados de la Universidad Bolivariana de Venezuela, acorde con la actual
corriente histórica de procesos constituyentes de nuestros pueblos del ABYA YALA,
presentamos como Trabajo Especial de Grado el Proyecto: MISIÓN JUSTICIA
SOCIAL, desde el cual pretendemos divulgar con palabras sencillas los conocimientos,
experiencias e ideas que hemos construido en y con nuestras comunidades hechas
universidad y nuestra universidad hecha comunidad, convertidas en un proyecto que
esperamos sirva a la transformación revolucionaria de la realidad socio jurídica venezolana,
de cara a las exigencias de justicia de nuestros pueblos.
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ANTECEDENTES
La Universidad Bolivariana de Venezuela tiene entre sus misiones:
Promover la investigación-acción participativa, crítica y transformadora.
Formar nuevos profesionales con compromiso, responsabilidad social y un enfoque
político-ideológico, consecuente con nuestro proceso revolucionario, que rompa con
la alienación capitalista de los modelos de educación opresora; encaminado a
generar la transformación de las estructuras y cultura colonial-burguesas,
consolidadas en nuestro país por las élites económicas y políticas cuarto
republicanas, bajo la falsa democracia representativa y manejados cual marionetas
por el imperio norte americano.
El Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos (PFG-EJ) de la Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV) se desarrolla en 19 Estados del país (255 municipios) en
sedes y ambientes municipalizados, como un desarrollo concreto de las políticas de
igualdad e inclusión, generadas por el Gobierno Bolivariano de Venezuela en materia
educativa.
Guiados por los Principios de la educación bolivariana y de nuestro maestro Simón
Rodríguez, en este Programa de Formación desarrollamos un proceso de enseñanzaaprendizaje vinculado a la práctica, mediante procesos de interacción comunitaria que
contribuyen a la formación de abogados y abogadas, vinculados y vinculadas a las
demandas populares.
Con estos principios y sustentados en un modelo de educación emancipadora, en todos los
años de nuestra formación, realizamos un Proyecto socio-jurídico a través de la
investigación acción participativa, desarrollado desde y para las comunidades,
constituyendo así el ambiente fundamental para la reflexión y transformación de la realidad
por parte de los y las estudiantes, docentes y comunidades, en un proceso dialógico de
conocimientos, prácticas y saberes.
El cuarto y último Trayecto (o año), constituye la última etapa de nuestra formación en los
Estudios Jurídicos, y se lleva a cabo la cuarta fase de la Unidad Integradora del proyecto
socio-jurídico denominada: “JUSTICIA COMUNITARIA”, que corresponde al desarrollo
teórico-práctico en las comunidades, de la línea de investigación: “ATENCIÓN JURÍDICA
Y POLÍTICAS PÚBLICAS”.
Se prioriza en estos procesos el diagnóstico para la atención de los problemas socio
jurídicos concretos de las comunidades y sus integrantes, y la investigación de las causas,
dimensiones colectivas, y complejidades de las problemáticas; promoviendo la acción
transformadora, participativa, para la solución de los problemas estructurales, originados en
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su mayoría en la conflictividad propia del sistema capitalista. Se busca de esta manera
superar el asistencialismo y el reformismo, brindando una respuesta real y efectiva a las
mayorías, sin dejar de atender los problemas particulares.
En el mismo sentido y con el fin de ofrecer un acompañamiento político-académico a los y
las estudiantes, docentes y comunidades en las cuales se desarrolla el proyecto sociojurídico; así como, a las y los abogados y abogadas de la UBV, se aprueba por parte de las
autoridades de la Universidad, a solicitud del Consejo Nacional de Coordinación del
Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos con participación de estudiantes,
profesores y coordinadores de 19 estados del país, el proyecto de creación del SISTEMA
NACIONAL ORGANIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO (SNOA).
El SNOA, tiene entre sus objetivos fundamentales:
Promover la organización de los abogados y abogadas de la UBV para ampliar las
fuerzas colectivas nacionales de base popular, capaces de transformar las realidades
socio–jurídicas del país y aportar en la integración de Nuestramérica.
Mantener los vínculos y dar continuidad a los procesos de formación y construcción
de saberes de los abogados y abogadas graduados en la UBV, así como su
articulación a los procesos de investigación acción participativa en proyectos sociojurídicos populares y comunitarios.
Generar investigaciones colectivas nacionales a través de la sistematización de los
proyectos locales – comunitarios de los graduandos de todo el país, a fin de que la
articulación de éstos: favorezca la construcción de Trabajos de Grado Nacionales,
que desde la metodología de la IAP, resulten de procesos de encuentro, discusión y
sistematización de diagnósticos, conocimientos y experiencias para concretar
proyectos de dimensión regional y nacional, desde los que se puedan atacar las
causas estructurales de los problemas comunitarios que trascienden la dimensión
local.
Promover una inserción laboral organizada y orientada a atender los problemas
fundamentales de la sociedad que vamos diagnosticando desde las investigaciones
nacionales, evitando que ésta responda a los puros intereses individuales desde una
perspectiva liberal, capitalista.
Tiene como premisa que: la comunidad sea la Universidad y la Universidad sea la
comunidad y que los abogados y abogadas del PFG-EJ de la UBV sean una fuerza legítima
de promoción y transformación del Sistema de Justicia y de las Políticas Públicas, para el
ejercicio del Poder Popular en la construcción de una Justicia Social - Comunitaria.
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Producto de este proceso se logró el proyecto que hoy presentamos, a partir de la primera
sistematización de la investigación comunitaria y análisis crítico de las realidades sociojurídicas: locales, estadales, regionales, nacionales e internacionales, que partió de las
comunidades en las que desarrollamos proyectos las dos primeras promociones de
abogados y abogadas de la UBV, en los estados: Zulia, Falcón, Aragua, Bolívar, Monagas,
Miranda y Distrito Capital.
REFLEXIONES
Está entonces, el valor de estas líneas, en la suma de nuestros propios pensamientos, ideas
y experiencias colectivas; en el compromiso para el trabajo colectivo en encuentros
estadales y posteriormente nacionales; y en la capacidad de llegar a conclusiones y
acuerdos para presentar este Proyecto Nacional que se esfuerza en recoger los aportes
realizados desde todos los proyectos comunitarios; y como todas las construcciones hechas
desde el paradigma de la educación liberadora y la investigación acción participativa, sujeto
a la crítica constructiva y a la suma de aportes y voluntades a los propósitos revolucionarios
que en él se exponen.
Asumimos igualmente desde aquí, la autocrítica a nuestra propia Universidad y al
Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos, que tienen el deber de seguir
transformándose de cara a los pasos agigantados que requiere esta revolución porque lo
exige la realidad de nuestro pueblo y no dejarse arrastrar en el continuismo y la comodidad
de lo estable y lo seguro.
DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD SOCIO JURÍDICA VENEZOLANA DESDE
PROYECTOS COMUNITARIOS.
En el proceso de sistematización nacional de los proyectos comunitarios de la primera y
segunda promoción de abogados y abogadas de la UBV que hemos llevado a cabo, se
recogen principalmente una serie de problemas y reflexiones críticas que resultan comunes
o reiterados en la mayoría de los diagnósticos de los proyectos locales, las cuales
describimos a continuación:
 Ausencia de espacios reales de participación de la comunidad, organizaciones y
sectores sociales, en la planificación y gestión de las políticas públicas para la
atención jurídica y el acceso a la justicia. No se han generado los mecanismos para
que la población logre una real y protagónica participación en la elaboración de
políticas públicas en el ámbito jurídico.
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 Ausencia de atención jurídica a las comunidades. Las comunidades en los ámbitos
locales no cuentan con instituciones que apoyen a la población en la asistencia
jurídica gratuita que requieren, cuando es el propio Estado que les genera
dependencia al imponerles un modelo de justicia completamente centralizado, que
despoja a las comunidades de la posibilidad de hacer justicia, al reservarse
prácticamente toda la potestad de administración de justicia al Poder Judicial y al
Poder Ciudadano, sin establecer mecanismos de participación popular efectivos para
la contraloría social de estos Poderes Públicos.
 Las pocas instancias de atención jurídica a escala comunitaria no logran la cobertura
necesaria ni prestan un servicio adecuado a las realidades locales; y no son
sometidas al control social que exige nuestro nuevo modelo democrático.
 Falta de políticas públicas que garanticen el empoderamiento de los y las
ciudadanas sobre el conocimiento de los instrumentos normativos que establecen
derechos y deberes, principalmente en las comunidades retiradas de los centros
urbanos. Son las Misiones Educativas uno de los instrumentos que empiezan a
cambiar esta situación, desde el empeño del Gobierno Bolivariano por romper la
lógica centro-periferia propia del capitalismo a través de una política de
desconcentración de la Administración Pública.
 La justicia no es gratuita ni accesible a todos los ciudadanos; aunque la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela lo establece y en estos 10 años de
revolución se han realizado grandes avances en la gratuidad del acceso a la justicia;
todavía, para acceder a ésta se requiere el traslado hasta los centros urbanos donde
están ubicadas las instituciones de la administración de justicia y hacer
innumerables trámites que exigen recursos económicos de los que la mayoría de la
población más vulnerable no dispone. Por lo que no se ha logrado aún una
verdadera política pública de gratuidad en esta materia y el sistema capitalista sigue
inclinando la balanza de la justicia a favor de los económicamente privilegiados.
 Poca disposición de participación comunitaria en las políticas públicas del campo
jurídico por falta de credibilidad en las instituciones de justicia y por la formalidad
que les ha caracterizado; además del blindaje histórico que sobre ellas se ha hecho,
con la manipulación de los principios de “neutralidad” y “objetividad” que utilizan
para sacarlas del debate socio-político, colocándolas y reafirmándolas con estos
conceptos en el plano ideológico neoliberal.
 Falta de sensibilidad social por parte de funcionarios públicos y de reconocimiento
por éstos, de los derechos de todas y todos los ciudadanos. Muchos funcionarios
dan un trato despectivo y actúan negligentemente en los procesos y solicitudes de
las clases sociales de más bajos recursos.
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 Esta falta de conciencia y sensibilidad social son mayores cuando se trata del trabajo
con los pueblos indígenas, constituyéndose en violaciones permanentes de los
derechos que les garantizan sus modos de vida, cultura y territorios.
 Cuando la administración de justicia asigna un abogado o abogada, la atención
gratuita es lenta (retardo procesal) por la sobrecarga de trabajo que tienen estos
funcionarios, y la mayoría de las veces desigual, cuando la contraparte tiene
condiciones económicas para pagar uno o varios abogados privados que marcan una
diferencia sustancial en un juicio.
 Se presentan vicios procesales, funcionarios encargados de “impartir” justicia, se
prestan para actos de corrupción, que favorecen a los sectores, económica y
políticamente dominantes.
 Se ubica como deficiencia la permanencia de la representatividad como práctica
política, en lugar de la democracia directa y participativa en los procesos vinculados
a la consecución de la justicia.
 Carencia de lineamientos, mecanismos o voluntad política por parte de los entes de
la administración de justicia en la profundización de la contraloría social y en
general, la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de las
políticas públicas como establece el artículo 62 de nuestra Constitución.
 Pese a los grandes esfuerzos del Gobierno Nacional en generar equidad en el acceso
a los bienes y servicio que son administrados por el Estado; El mal manejo
principalmente en instancias de gobierno regionales y municipales, hace que en los
sectores más pobres se presenten deficiencias en los servicios básicos como (aseo,
aguas servidas, electricidad, entre otros) violándose sus derechos; haciendo evidente
un sesgo de discriminación económica en la prestación de servicios por parte de
algunas instituciones del Estado, puesto que los mismos servicios funcionan en
condiciones más favorables en los centros urbanos y sectores económicamente
favorecidos. Evidenciando así la lógica capitalista, la pertenencia e intereses
burgueses de muchos funcionarios que habitan precisamente en los sectores
favorecidos.
 Persistencia de un sistema burocrático en los trámites administrativos, que dificultan
la concreción de los derechos de los y las ciudadanas.
 La administración de justicia no ha logrado políticas efectivas para erradicar la
centralización y concentración en sus aspectos funcionales y operativos que faciliten
el empoderamiento popular comunitario; a ello se suman las debilidades en la
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legislación para el sustento de políticas públicas efectivas en esta materia que
permitan el bienestar colectivo.
 Problemas de violencia en las relaciones sociales cotidianas: vecinales,
comunitarias, intrafamiliar y de género, entre otras, que no encuentran espacios
adecuados de resolución de conflictos, atención o canalización idónea.
 La incidencia de la falta de espacios y mecanismos para la resolución de conflictos
en el uso de la violencia para resolverlos, aumentando la criminalidad.
 Problemática socio-jurídica y cultural indígena, sin un tratamiento adecuado por el
Poder Judicial, el Poder Ciudadano y en general todas las estructuras del Estado,
cuyos funcionarios no han sido formados para el reconocimiento del carácter
pluriétnico y multicultural de nuestra sociedad y el necesario respeto y promoción
de los derechos de los pueblos indígenas, después de siglos de dominación cultural,
marginación y desconocimiento.
 La elitización de la carrera judicial que parte de las propias escuelas de derecho
tradicionales, y el distanciamiento de los funcionarios de justicia del padecer y de la
vida de los sectores populares.
 Todo esto contribuye a la impunidad de la burguesía y a la criminalización de los
sectores populares y sus luchas.
 Los centros penitenciarios heredados de la cuarta república, a pesar de los grandes
esfuerzos del Gobierno Nacional, siguen constituyéndose en espacios para la
formación delincuencial, y las personas que entran por delitos menores, se ven
forzados a aprender los más graves crímenes como sistema de defensa en ese medio.
Otro problema relativo a los centros penitenciarios son las fallas en la separación de
los privados de libertad por edades, niveles de agresividad y delitos cometidos; no
hay una clasificación adecuada de las personas detenidas, procesadas, o condenadas,
situación que genera mayor vulnerabilidad en los centros de reclusión.
 La legislación favorece la acción punitiva y no preventiva del Estado en materia de
justicia.
En resumen, el Estado colonial-burgués que heredamos, despojó a las comunidades y al
Poder Popular del ejercicio de la justicia, centralizando, elitizando y burocratizando todo el
aparato de justicia, al punto que, no es capaz de garantizar acceso y atención jurídica a las
mayorías sociales desfavorecidas en el reparto económico capitalista.
Esto se traduce en la ausencia de espacios populares para abordar los problemas socio
jurídicos y de instituciones que a escala local atiendan esta materia; y en los casos que las
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instituciones del ámbito jurídico entran a resolver problemas de los ciudadanos, actúan
desde criterios y valores que favorecen a los sectores burgueses y merman las posibilidades
reales de justicia de las mayorías populares, impidiendo la concreción en la práctica, del
nuevo modelo de Estado y de democracia participativa y protagónica; reproduciendo las
estructuras del viejo Estado de Derecho cuarto republicano y su democracia representativa
con las lógicas de dominación coloniales-capitalistas, con clara inclinación y privilegio
hacia los sectores burgueses.
No existiendo instancias legitimas de resolución de conflictos, la violencia se convierte en
un recurso cotidiano para resolver las controversias en la mayoría de los escenarios
sociales.
La vieja estructura del Estado burgués permanece aún en el escenario, y sus actores
enquistados en las estructuras de poder, sirven a la burguesía, logrando una impunidad casi
plena. Este aparato arremete contra los sectores populares, convirtiéndose en uno de los
principales enemigos de sus luchas por la justicia social.
Las escuelas de derecho tradicionales y funcionarios de justicia, identificados con la clase
burguesa inclinan la balanza del aparato de justicia a favor de la burguesía; sumado a esto,
el poder económico que esta clase social tiene para comprar a funcionarios de todos los
niveles; desde la policía, el secretario del tribunal, hasta el juez o posteriormente a los
funcionarios del sistema penitenciario; su poder para contratar a más de un bufete de
abogados, mientras las personas de escasos y medianos recursos tienen que conformarse
muchas veces con un funcionario público abarrotado de casos.
Y por último, la disposición de la burguesía criminal de eliminar incluso físicamente
(llegando a algo tan poco visto en nuestro país como el acto de asesinar con una bomba
para causar terror) a quienes se atreven a acusarlos o juzgarlos; como ocurrió con el Fiscal
Valiente Danilo Anderson, hace que nuestro “sistema de justicia” sea aún: un aparato vivo
del Estado de derecho colonial-burgués que el pueblo venezolano resolvió transformar a
través del ejercicio del Poder Constituyente Originario con el que decidió la refundación de
la República, pero que no se ha logrado transformar realmente desde el Poder Popular
conforme a ese mandato.
De otro lado, se ha podido evidenciar en las comunidades el surgimiento embrionario de
las mesas técnicas jurídicas y de las comisiones de justicia o derechos humanos en los
consejos comunales, que empiezan a plantearse tanto la construcción de normativas
comunitarias, como la reflexión y discusión sobre las políticas públicas nacionales y las
maneras que estas afectan a los ciudadanos y a las comunidades.
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También se fortalece la denuncia popular sobre la impunidad de la burguesía asesina y la
criminalización de las luchas campesinas, obreras e indígenas entre otras, que ha sido
expuesta también por el propio Presidente de la República.
De la misma manera que en el campo legislativo se empieza evidenciar una mayor
iniciativa popular para proponer y luchar por transformaciones revolucionarias y populares
de las leyes.
JUSTIFICACIÓN
La problemática expuesta en el diagnóstico anterior, realizado por estudiantes, docentes,
miembros de las comunidades y organizaciones sociales involucradas, plantea la urgente
necesidad de generar proyectos que integren a colectivos populares y comunidades a
acciones unitarias para la transformación de la realidad socio jurídica venezolana, y es esa
la conciencia y sentido que inspira la propuesta de LA MISIÓN JUSTICIA SOCIAL.
En este sentido, consideramos fundamental profundizar los procesos de investigación
acción participativa que permitan lograr la construcción y el fortalecimiento de estos
referentes populares embrionarios, promoviendo la suma de conciencias y prácticas
transformadoras de lo que no queremos que siga siendo la justicia en nuestro país.
Articulando y multiplicando a nivel nacional las Mesas Técnicas Jurídicas o de justicia y
demás formas de organización popular y comunitaria que asumen el reto de empoderarse de
la definición y construcción de la justicia en su propia comunidad en nuestra patria grande.
Fortaleciendo la conciencia, la formación ideológica-política de los actores populares,
estudiantes y profesores que asumen el trabajo comunitario en este campo de lucha.
Desde esta perspectiva, nos hemos planteado la MISIÓN JUSTICIA SOCIAL, como
estrategia para la construcción desde y con las comunidades de lo que empezamos a llamar
Derecho Comunitario o Justicia Comunitaria y lo que la soberanía popular decida deba ser
el nuevo sistema jurídico nacional que facilite el ejercicio del Poder Popular en el campo
jurídico y articule las formas diversas de administración de justicia en nuestras
comunidades, acorde a nuestra sociedad pluriétnica y multicultural, superando los
esquemas coloniales y capitalistas de justicia que son una falsa insostenible y desmontable
en el más sencillo de los debates populares.
En este escrito debe entenderse el “Derecho Comunitario”, conforme a las construcciones
teóricas surgidas de esta investigación nacional (distinto al uso de este término en el
derecho internacional), conforme a la siguiente definición: Es el Derecho que surge de la
participación protagónica del pueblo a partir de la solución endógena de sus problemas y
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conflictos, y en la conducción y administración de su vida en colectivo. Promoviendo el
reconocimiento y aplicando los mecanismos comunitarios de solución de conflictos como
elementos propios de una sociedad pluriétnica y multicultural, de nuestro Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia; contrario a su reconocimiento en el marco
de lo “alternativo” que parte de una lógica cultural excluyente propia del modelo de Estado
de Derecho occidental euro-céntrico.
La Misión Justicia pretende favorecer así, los caminos diversos pero articulados de
experimentación popular para la transformación del sistema de justicia, comprendiendo que
se trata de un proceso complejo con una importante carga cultural y político-ideológica que
busca revertir las consecuencias de 500 años de colonización y dominación imperialista.
“MISIÓN JUSTICIA SOCIAL”
OBJETIVO GENERAL
Promover y fortalecer la participación popular en la transformación de la realidad sociojurídica nacional para la consecución de los derechos y la justicia social, profundizando los
ejercicios de Poder Constituyente de comunidades y movimientos sociales con el fin de
consolidar una plataforma popular de parlamentarismo social, y el desarrollo de
procesos dirigidos a la atención jurídica gratuita e integral de las personas, colectivos y
sectores sociales desde y en sus propias comunidades, orientados a hacer efectivo el
derecho humano y constitucional de acceso a la justicia, construyendo una red primaria
de justicia social - comunitaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Poder Constituyente, nuevo derecho e integración de Nuestra América.
Aportar en el campo socio jurídico a los ejercicios de poder constituyente desde la escala
local – comunitaria o sectorial, hasta la dimensión internacional, especialmente en la
integración de Nuestra América.
Promover el estudio, difusión y desarrollo del nuevo derecho, y de los procesos
constituyentes originarios populares que han fortalecido el constitucionalismo
independentista de los pueblos de Nuestra América, recobrando las raíces de las gestas
libertadoras y de los pueblos originarios del Abya Yala.
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Promover y apoyar los procesos de construcción de normativas de la comunidad, sectores u
organizaciones sociales que concebimos como Derecho Comunitario, entendiendo por éste,
el que surge de la participación protagónica del pueblo a partir de la solución endógena de
sus problemas y conflictos, y en la conducción y administración de su vida en colectivo.
Contribuir a la articulación y construcción de redes del poder constituyente comunitario o
sectorial, en función de fortalecer su participación en la definición de las políticas públicas
y procesos legislativos municipales, estadales y nacionales, fomentando el parlamentarismo
social.
Formación e investigación socio jurídica:
Ampliar los procesos de formación y socialización de información en el campo socio
jurídico, favoreciendo la comprensión y aprovechamiento popular de las leyes, apoyados en
la nueva plataforma de universidad municipalizada y el nuevo currículo bolivariano.
Generar y fortalecer procesos de investigación acción participativa que favorezcan la
sistematización de las experiencias y conocimientos populares de las prácticas orientadas a
la construcción de justicia social y el ejercicio del poder constituyente.
Democracia Protagónica Revolucionaria desde el campo socio - jurídico
Contribuir en la consolidación de la Democracia Protagónica Revolucionaria planteada en
el Primer Plan Socialista Libertador Simón Bolívar, el ejercicio directo de la soberanía
sobre los asuntos públicos, especialmente mediante la promoción de la participación
popular en la construcción de las leyes y políticas públicas del área jurídica.
Apoyar los procesos de constitución y fortalecimiento de los espacios de organización y
ejercicio de poder comunitario como son los consejos comunales y las comunas,
favoreciendo sus ejercicios de poder constituyente.
Brindar apoyo a los espacios de participación popular en el campo socio–jurídico, como las
Mesas Técnicas y Comisiones Jurídicas (o de justicia) de los Consejos Comunales y
organizaciones o sectores sociales.
Apoyo jurídico al poder popular y atención de grupos vulnerables.
Brindar a las comunidades, movimientos, sectores y organizaciones sociales, así como a los
consejos populares de trabajadores, campesinos, estudiantes, entre otros, apoyo en el campo
socio-jurídico, en lo atinente a sus demandas sociales de transformación del ordenamiento
jurídico, en la reivindicación de sus derechos sociales o colectivos, en las acciones frente a
la criminalización de las luchas populares y contra la impunidad de la elite burguesa.
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Promover el acceso a servicios profesionales en el campo jurídico, favoreciendo la creación
de una red primaria de atención jurídica gratuita, desde las comunidades, sectores y
organizaciones sociales.
Formular proyectos específicos destinados a la atención de sectores sociales y grupos
vulnerables que requieran prioritariamente atención jurídica gratuita para el acceso a la
justicia.
Contribución a políticas públicas en el campo jurídico:
Generar procesos de formación y prácticas tendientes a contribuir con el desmonte del
Estado colonial – burgués.
Contribuir con las políticas de Estado destinadas a la promoción de la inclusión social,
específicamente en el campo socio-jurídico, generando rupturas con las lógicas de
exclusión centro – periferia, conforme a la cual las instituciones funcionan
centralizadamente y sólo las personas que llegan hasta ellas son atendidas.
Generar campañas, apoyar las políticas de Estado y formular proyectos dirigidos a
favorecer la resolución amistosa y pacífica de los conflictos entre las personas, como aporte
necesario en la consecución de la seguridad ciudadana y al desarrollo de un “sistema de
justicia” que hasta ahora sólo se ha centrado en la solución judicial de los conflictos.
Promover propuestas desde el poder popular para el ajuste del sistema de justicia
venezolano a las demandas de justicia social y exigencias frente a la impunidad.
Transformación radical de la ética profesional:
Promover una transformación radical de la concepción de la profesión de Abogado y su
ejercicio, a partir de una nueva ética profesional, que la aleje de la mercantilización
capitalista, para construir un verdadero referente de profesional al servicio de la justicia,
comprometidos con quienes padecen la opresión, marginación o exclusión, y especialmente
con la superación del modelo de sociedad burguesa y las relaciones de poder que
reproducen la injusticia.
Defensa popular de la soberanía nacional:
Contribuir en la defensa popular de la soberanía nacional desde la dimensión socio jurídica,
fortaleciendo la conciencia y participación popular del pueblo como actor protagónico en
las acciones jurídicas nacionales e internacionales en resguardo del derecho de
autodeterminación de los pueblos.
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METAS DE LA MISIÓN JUSTICIA SOCIAL
Nacionales:
Consolidación de una Plataforma Popular de Parlamentarismo Social.
Creación de una Red Primaria de Atención Jurídica Comunitaria.
Internacionales:
Crear una Red Internacional de Investigación Acción Participativa sobre Poder
Constituyente, Nuevo Derecho e Integración de Nuestra América.
METAS INICIALES 2010 – 2011
Nacionales:
Elaborar y Presentar a la Asamblea Nacional durante el año 2010 anteproyectos de
leyes que contribuyan con el reto planteado por el Presidente de la República de
crear leyes populares, revolucionarias, para poner al día toda la legislación nacional
con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en este periodo de la
Asamblea Nacional.
Durante el año 2010 se plantea elaborar un diagnostico sobre los procesos de
participación popular en el campo socio jurídico y propuestas sobre la interacción
Estado – comunidad en este ámbito, e iniciar la constitución de la red primaria de
atención jurídica, ejecutando de manera experimental procesos de acompañamiento
y asesoría jurídica en y con comunidades sobre la base de las demandas populares
que permitan definir, ampliar y consolidar esta Red en el año 2011.
Internacionales.
Realizar durante el año 2010 y 2011, intercambios internacionales que permitan
generar la red de investigación acción y las primera publicaciones desde esta
plataforma organizativa sobre los procesos constituyentes originarios y populares en
Nuestra América; aportando en la sistematización y socialización de información de
la identidad, alcance, avances y proyección de estos procesos de cara a la
emancipación e integración de nuestros pueblos.
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PROCESOS
Articulación y actuación sinérgica de los procesos de formación profesional e investigación
acción participativa de la UBV-Misión Sucre y la UBT, con la Asamblea Nacional,
Procuraduría General de la República y Presidencia de la República en la consecución del
reto legislativo revolucionario.
Construcción de una plataforma para ampliar la participación popular en este reto
legislativo, y generar la articulación y sistematización de la investigación acción
participativa desarrollada a través de los proyectos de las más de 2.000 secciones del PFG
en Estudios Jurídicos de la UBV – Misión Sucre, ubicadas y vinculadas estrechamente a
comunidades populares, para la elaboración de proyectos de leyes desde el parlamentarismo
social, coordinando especialmente con la Asamblea Nacional y el Presidente de la
República, quien ha encarnado este clamor popular.
Fomentar la creación de una mesa de trabajo interinstitucional en la que participen todos los
poderes públicos involucrados en la consecución de la justicia, a los fines de coordinar la
manera en que la Misión Justicia Social o Comunitaria puede apoyarse y aportar al
desarrollo de las competencias y políticas públicas dirigidas a promover la participación
popular en sus desarrollos institucionales y la plena cobertura en el acceso a la justicia,
como son el Proyecto de las Fiscalías Municipales del Ministerio Público, los Tribunales
Móviles de la Escuela de la Magistratura del TSJ, los Consejos de Derechos Humanos de la
Defensoría del Pueblo, entre otros.
Generar la incorporación de abogados y abogadas de la UBV – Misión Sucre que cuentan
con las herramientas de su formación en la interacción socio educativa comunitaria a
procesos de acompañamiento y asesoría jurídica a las comunidades y organizaciones
sociales; en la fase experimental y de desarrollo del diagnostico inicial que permita
Consolidar el Proyecto Nacional Popular de Red Primaria de Atención Jurídica
Comunitaria y la promoción del Parlamentarismo Social. Promoviendo igualmente la
incorporación de profesionales y técnicos de otras áreas requeridos para el desarrollo de
este proyecto, así como abogados y abogadas de otras universidades con un perfil adecuado
a los objetivos de esta Misión.
Articulación, estudio, análisis e investigación de los procesos constituyentes de Nuestra
América y las experiencias de participación popular en las transformaciones legislativas.
Ampliación a través de la UBV, de los campos de estudio y formación avanzada de
profesionales en el campo socio jurídico y en otras áreas vinculadas a las metas previstas
para esta primera fase.
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Potenciar todos los Proyectos de los estudiantes y docentes del PFGEJ en comunidades
articulando esos desarrollos de investigación acción participativa en comunidades a través
de la Misión Justicia Social como proceso de ampliación y fortalecimiento del Sistema
Nacional de Acompañamiento, Organización e Investigación del PFGEJ.
Generar mecanismos de contraloría social, comunitaria de esta Misión.
ACCIONES
De contar con el visto bueno por parte del Presidente de la República correspondería:
La elaboración, consulta y aprobación del Decreto de Creación de la Misión, lo que
requiere definir el ente de adscripción, la estructura organizativa y de coordinación
de la Misión.
Definición del presupuesto requerido en la primera fase de esta Misión y
financiamiento del Primer Proyecto de la Misión correspondiente a las metas 2010 2011.
Selección de los abogados y abogadas de la primera y segunda promoción que se
incorporarán en la primera fase, así como, los demás profesionales requeridos en
este nivel de ejecución.
Adquisición de equipos e insumos básicos para el desarrollo de la primera fase.
Desarrollo del Programa de Formación Inicial de los profesionales y equipos de
trabajo iníciales de la Misión Justicia Social o Comunitaria.
Determinación de las comunidades en las que se iniciará la fase experimental para la
construcción de la Red Primaria de Atención Jurídica, y los proyectos específicos y
de investigación iníciales.
Asignación de los profesionales a las comunidades, proyectos específicos y de
investigación definidos para el arranque.
Diseño y ejecución de campaña informativa a través de Micros, Videos y volantes
informativos sobre los fines de la Misión.
En caso de no ser aprobada la Misión se organizarán reuniones y consultas a
propósito de definir nuevas estrategias que permitan seguir direccionando nuestras
fuerzas colectivas en función de los propósitos revolucionarios enunciados, cambiando
de ser necesario las formas de instrumentalización de este proyecto nacional.
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PRIMERA FASE O FASE EXPERIMENTAL 2010 – 2011
Ejecución del Proyecto Inicial con la incorporación de 400 abogados y abogadas de la
primera y segunda promoción de la UBV – Misión Sucre, y otras universidades, con
vínculos comunitarios y perfil para el trabajo de investigación socio jurídica, que asumirán
trabajos de:
 Promoción de la participación popular y articulación de los proyectos socio
jurídicos comunitarios del PFGEJ en función de la creación y reforzamiento de
proyectos de leyes en el año 2010 para fortalecer los logros de este periodo de la
Asamblea Nacional.
 Ejecución del acompañamiento y asesoría jurídica integral, en fase experimental y
de diagnostico, iniciando en 100 comunidades, articulado a los proyectos socio
comunitarios del último trayecto (año) del PFGEJ.
 Generar intercambios internacionales desde la Misión Justicia sobre poder popular
y procesos constituyentes de cara a la emancipación e integración de los pueblos de
Nuestra América.
Distribución nacional de estos profesionales en 19 Estados en los que se desarrolla el
Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos UBV – Misión Sucre.
Articular los proyectos de políticas públicas y atención jurídica desarrollados en
comunidades de 255 municipios del país por los estudiantes y profesores de estudios
jurídicos, para construir la plataforma inicial de parlamentarismo social y la fase
experimental de la red primaria de atención jurídica nacional.
Generar orientaciones académicas desde la UBV para que se incorpore en los proyectos de
todas las secciones del PFG en Estudios Jurídicos, la elaboración y discusión de proyectos
de leyes, a partir de la ampliación del SNOAI a todos los trayectos del Programa de
Formación. Esto resulta una oportunidad excepcional para el aprender haciendo, y cumplir
los fines de los proyectos en ese PFG, constituyendo además una obligación de la
universidad en su corresponsabilidad social.
Coordinar con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas encuentros nacionales de
mesas técnicas jurídicas y comisiones de los consejos comunales vinculadas a la justicia.
Programar con consejos populares, sectores y organizaciones sociales, encuentros
populares de luchas sectoriales para atender a las reivindicaciones y propuestas de
transformación jurídica desde las diversas luchas del pueblo.
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Realizar encuentros e intercambios internacionales para el estudio, sistematización,
reflexión y análisis comparativo de los procesos constituyentes de Nuestra América y las
experiencias de participación popular en las transformaciones legislativas.
Desarrollar estudios avanzados en el campo socio jurídico que fortalezcan la formación de
profesionales del derecho y en otras áreas vinculadas a las metas previstas para esta primera
fase.
Los abogados y abogadas que se vinculen a la Misión Justicia Social, estarán
vinculados a seis tareas fundamentales:
1. Poner sus conocimientos y herramientas profesionales al servicio de los espacios de
participación popular en el campo socio–jurídico, como las Mesas Técnicas y
Comisiones Jurídicas (o de justicia) de los Consejos Comunales. Contribuyendo a la
consolidación del Derecho Comunitario, conforme a las definiciones y principios
expuestos en esta investigación nacional.
2. Brindar atención profesional a los particulares y organizaciones sociales para
responder a las múltiples demandas de acceso a la justicia de amplios sectores de la
sociedad, excluidos o marginados por la mercantilización de la justicia en el sistema
capitalista. Esta red cumpliría en materia de justicia, el papel de barrio adentro en la
salud y de las misiones Robinson, Ribas y Sucre en la educación. El pueblo
venezolano no cuenta hasta ahora con asesoría jurídica gratuita en su comunidad, ni
con mecanismos de mediación y solución de conflictos, lo que contribuye a la
generación de salidas violentas y a la impunidad como norma.
3. Promover el trabajo directo de los funcionarios públicos en las comunidades,
favorecer la participación popular en la formación ejecución y control de las
políticas públicas, así como la contraloría social de los servidores públicos.
Fortaleciendo las políticas de Estado destinadas a la promoción de la inclusión
social, específicamente en el campo socio-jurídico; generando rupturas con las
lógicas de exclusión centro-periferia, conforme a la cual las instituciones funcionan
centralizadamente y sólo las personas que llegan hasta ellas son atendidas.
4. Cumplir funciones de facilitadores (as) docentes, especialmente como profesores
asesores de los Proyectos Socio Jurídicos que se desarrollan en la propia
comunidad; convirtiendo de esta manera sus funciones de servidor comunitario
integral en espacios prácticos para el aprender haciendo de los estudiantes
municipalizadas de la UBV – Misión Sucre (como ocurre hoy en día con los
médicos de Barrio Adentro); a la vez que fortalece su práctica mediante un proceso
de investigación y la incorporación de los estudiantes a los tres procesos anteriores:
asesoría comunitaria, atención jurídica gratuita y coordinación inter-institucional,
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entre la nueva institucionalidad comunitaria y la estructura institucional aún
concentrada.
5. Promover proyectos específicos destinados a la atención de sectores sociales y
grupos vulnerables que requieran prioritariamente la atención jurídica gratuita para
el acceso a la justicia; como es el caso de los privados de libertad, afectadas (os) por
la violencia de género, los inquilinos, conserjes, entre otros, que no obedecen
necesariamente a la dimensión de las comunidades territoriales.
6. Vincularse a procesos de formación permanente y estudios avanzados con la UBV,
Misión Sucre y otras universidades.
PATRIA SOCIALISMO O MUERTE…
¡VENCERMOS!
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