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El Estado del Bienestar en
España y sus déficits sociales
Vicenç Navarro
Vicenç Navarro
EL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA Y SUS DÉFICITS SOCIALES
El Estado del Bienestar en
España y sus déficits sociales
En aquellos países en que las clases populares, las mujeres y las fuerzas políticas que las representan son
más poderosas, como es el caso de los países nórdicos de Europa, los impuestos son más elevados, el gasto público social es también más elevado, el Estado del Bienestar es más extenso, y la calidad de vida de
la ciudadanía es mayor que en aquellos países donde las clases populares, las mujeres y las fuerzas políticas que las representan tienen menos poder, como es el caso del sur de Europa, incluida España.
Gizarte-klaserik herrikoienek, emakumeek eta indar politikoek botererik gehien duten herrialdeetan —Europako iparraldeko herrialdeetan, esate baterako—, zergak altuagoak dira, gastu sozial publikoa ere handiagoa da,
Ongizateko Estatua zabalagoa da, eta hiritarren bizi-kalitatea, azkenik, hobea da gizarte-maila herrikoiek, emakumeek eta indar politikoek botere gutxiago duten herrialdeetan baino (eta hori gertatzen da Europako hegoaldean, Espainian adibidez).
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EL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA Y SUS DÉFICITS SOCIALES
I. QUÉ ES EL ESTADO DEL
BIENESTAR
Por fin, el concepto y la categoría del Estado del Bienestar han ido adquiriendo en España una visibilidad
política y mediática que no habían tenido históricamente. En realidad, la concepción que tradicionalmente ha
existido en España del Estado del Bienestar ha sido una
concepción asistencial y benéfica, tal como queda, reflejado en la definición del Estado del Bienestar que todavía hoy existe en el diccionario de la Real Academia de la
Lengua, que lo define como “la Organización del Estado
en la que este tiende a procurar una mejor redistribución
de la renta y mayores prestaciones sociales para los más
desfavorecidos”, incluyendo como tales los servicios
asistenciales de carácter benéfico para las “clases humildes” o para (como los define la Real Academia) “las personas menos favorecidas”(1), expresión ampliamente utilizada en las culturas conservadoras dominantes. Esta
visión es profundamente errónea, y reproduce una interpretación decimonónica de lo que es el Estado del Bienestar. Este incluye aquellas intervenciones del Estado
encaminadas a mejorar el bienestar social y la calidad de
vida de toda la población de un país. Se podría argumentar, con razón, que cualquier intervención del Estado afecta, de una manera u otra, negativa o positivamente al bienestar social de la población. Mejorar el
transporte público, por ejemplo, beneficia la calidad de
vida de la ciudadanía que necesita de tales servicios públicos. Pero cuando hablamos del Estado del Bienestar,
hablamos de aquellas políticas públicas encaminadas directamente a las personas y que tienen como objetivo
primordial aumentar su bienestar y calidad de vida, y
que incluyen, en especial, los siguientes tipos de intervenciones públicas:
1. Transferencias sociales, que, como su nombre indica, son las transferencias de fondos públicos de un
grupo social a otro. Entre ellas, las más importante son
las pensiones y, dentro de ellas, las pensiones de vejez,
que son transferencias de los fondos públicos de los contribuyentes a la seguridad social (en el caso de las pensiones contributivas), o del Estado (en el caso de las pensiones no contributivas), a los beneficiarios que, en el
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caso de pensiones de vejez, son los anciano y personas de
edad madura que se han jubilado. La importancia de estas transferencias para explicar la calidad de vida de los
receptores de estas transferencias es enorme. Un dato
que ilustra este hecho es que sin las pensiones de vejez,
el 68% de los ancianos en España serían pobres, convirtiendo tal programa en uno de los programas antipobreza más importante del país. Vicenç Navarro y Jillian Reynolds han detallado extensamente la naturaleza de la
protección social de España, en sus distintos componentes, señalando su subdesarrollo en términos comparativos con el promedio de la UE-15 (La protección social de
España en Navarro, V. Coord. La Situación Social de España. 2006).
2. Servicios públicos del Estado del Bienestar que
incluyen la sanidad, la educación, la vivienda social, los
servicios de ayuda a las familias (tales como escuelas de
infancia y servicios domiciliarios a las personas con discapacidades), los servicios de prevención de la exclusión
social y otros que juegan un papel determinante en la calidad de vida de la población, y muy en particular de las
clases populares, que son las que utilizan estos servicios
con mayor intensidad.
3. Normas y sanciones para proteger a los ciudadanos y residentes, bien como trabajadores (legislación laboral), bien como consumidores (legislación de defensa
del consumidor) y bien como residentes en comunidades (legislación ambiental). En estas intervenciones
(que juegan un papel importantísimo en proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, consumidores y residentes, el Estado no financia ni provee servicios sino
que más bien establece normas junto a incentivos para
estimular su cumplimiento, y sanciones para penalizar su
incumplimiento. En el análisis de estas políticas públicas
es importante diferenciar las que tienen como objetivo
definir las normas que la sociedad debe seguir, de aquéllas que tienen como finalidad la implementación de tales normas. Un país puede tener unas normas muy avanzadas y, en cambio, su implementación puede ser muy
deficiente, como ocurre con frecuencia en España. Tal
deficiencia puede deberse a muchos factores, pero dos
adquieren gran importancia. Una es la escasa autoridad
que puedan tener los organismos responsables para de-
Definición de la Real Académia de la Lengua Española (XXIII Edición)
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sempeñar su función pública. Éste es el caso con los municipios de España que frecuentemente tienen escasa autoridad para imponer, por ejemplo, el seguimiento de
normas en salud pública de los cuales son responsables,
tales como el control de las contaminaciones acústicas,
entre otros. El escaso desarrollo del municipalismo en
España (el municipio es la cenicienta en la democracia
española), afecta negativamente a la dimensión sancionadora del Estado del Bienestar, en las competencias de las
cuales son responsables, como los servicios de salud pública. En realidad, los países que tienen Estados del Bienestar más desarrollados son aquellos que, como los países escandinavos, tienen un municipalismo más extenso,
con mayores recursos existentes en el ámbito laboral. Tal
como muestran las profesoras Nuria Bosch y Marta Espasa en su artículo El Gasto Social de la Administración
Local (en Navarro, V. Coord. La Situación Social de España. 2006), el gasto público municipal de Suecia representa el 44% de todo el gasto público, en Dinamarca el
59%, en Finlandia el 37%, y en Noruega el 31%, porcentaje mucho más elevado que el de España, que es sólo un 13%, el menor en la UE-15 (cuyo promedio es
34%). A la pobreza de recursos financieros y materiales,
hay que añadir la escasez de recursos sancionadores, estando tales municipios incapacitados para llevar a cabo
sus funciones debido a una falta de medidas e instrumentos sancionadores. Un alcalde, por ejemplo, sólo
puede poner multas a un cabaret ruidoso que molesta al
vecindario, multas, además, que son de muy poca cuantía, con lo cual, frecuentemente, el dueño del cabaret
prefiere pagar las multas y considerarlas como un coste
de producción. El alcalde, sin embargo, no puede llevarlo a la prisión. Gran número de violaciones de civismo y
salud pública se basan en la sensación de inmunidad extendida entre los violadores.
La otra causa de la escasa autoridad pública puede
ser la ineficiencia y sesgo conservador del sector jurídico
que retrasa excesivamente las sanciones por incumplimiento de las normas. A esta ineficiencia hay que añadir
un sesgo que premia excesivamente la propiedad privada sobre la salud de los trabajadores, consumidores o residentes y que explica que, hasta este año, veinticinco
años después de tener democracia en España, no se haya penalizado con la cárcel a un empresario cuya negligencia fue claramente responsable de la muerte de un
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trabajador. Estos son ejemplos de los problemas existentes en nuestro país en el desarrollo de esta dimensión
normativa y sancionadora del Estado del Bienestar.
4. Creación de buen empleo, al ser responsabilidad
pública garantizar las condiciones necesarias para que el
mundo empresarial pueda crear buen empleo. Incluso
en muchos países se considera también responsabilidad
del Estado producir empleo, ya sea directamente a base
de crear empleo público, o bien a través del gasto público, contratando al sector privado para que se cree empleo. En realidad, la mayoría de empleo creado en los últimos diez años en Suecia y la Gran Bretaña, dos países
que frecuentemente se presentan como modelos de creación de empleo, ha sido estimulado por el gasto público. La responsabilidad pública en la creación de trabajo
(y sobre todo del buen trabajo) se justifica con el argumento ampliamente documentado de que la naturaleza y
calidad del trabajo es una variable de enorme importancia para explicar la calidad de vida de la población, no
sólo de la población empleada sino también de la desempleada. En EEUU, por ejemplo, se han hecho trabajos epidemiológicos muy importantes que han mostrado
que una de las variables más importantes para explicar la
longevidad de una persona, es decir los años de vida que
una persona vaya a vivir, es la satisfacción que ha tenido
con el trabajo que ha realizado durante su vida laboral,
siendo esta variable incluso más importante que la dieta,
el ejercicio físico u otras variables que tienen mayor visibilidad mediática que no la naturaleza del trabajo. Marcelo Amable y Joan Benach en su artículo Desigualdades
en Salud Laboral y Javier Ramos en su artículo sobre flexiseguridad. La respuesta Europea a la Globalización (en
Navarro, V. Coor La Situación Social de España. 2006),
han analizado la situación y características del mercado
laboral español, así como sus implicaciones en la calidad
de vida de la población. Estas observaciones adquieren
especial relevancia a la luz del optimismo imperante en
centros económicos y financieros del país, que señalan
las tasas elevadas de creación de empleo de lo que se ha
dado en llamar el “milagro español”. Sin minimizar la
importancia de la elevada tasa de creación de empleo, tal
optimismo debe moderarse frente a los datos presentados por dichos autores. Tal como señala Javier Ramos, el
60% de trabajadores en España tienen baja calificación
(el porcentaje más alto de la UE-15), situación que, co-
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mo el autor, señala está retrasando considerablemente la
calidad del desarrollo económico y de la fuerza de trabajo. Ramos, comparando la situación en España con el
resto de países de la OECD, muestra claramente el enorme retraso de nuestro país en materia social y laboral. Tal
retraso se traduce también, como documentan Amable y
Benach, en la elevada siniestralidad laboral, responsable
de que tres trabajadores mueran cada día debido a un accidente del trabajo, uno de cada ocho sufre anualmente
algún tipo de lesión debido a esta causa, y una cuarta
parte de los trabajadores ocupados se encuentren expuestos a cancerígenos, estimándose que mueren más de
7.000 personas por esta causa. Esta elevada siniestralidad y morbilidad laboral contrasta con la pasividad
—hasta hace poco— del Estado frente a esta situación.
Es más, la excesiva influencia que la propiedad (y de los
propietarios) tienen en la legislación española explica el
hecho insólito de que, según las cifras oficiales del Estado, en el año 2004 no hubiera ninguna muerte en España debida a una enfermedad laboral. Este dato muestra
la enorme impunidad del mundo empresarial y su excesiva influencia en las Mutuas Patronales que dificultan
enormemente el reconocimiento de las enfermedades laborales a fin de evitar el pago de compensaciones a los
familiares de los muertos.
5. Reducción de las desigualdades sociales, al ser
responsabilidad pública la disminución de tales desigualdades, puesto que se ha documentado que las desigualdades sociales afectan negativamente la calidad de
vida de las personas. La evidencia de este hecho es rotunda. Los países donde existen más desigualdades sociales (como EEUU), tienen menor calidad de vida que
países con menos desigualdades sociales (como Suecia).
Es más, dentro de cada país, el Profesor Marmot de la
Gran Bretaña (Marmot, M. The Status Syndrome. Owe
Books, 2004), ha documentado que existe un gradiente
de mortalidad en la sociedad, de manera que en la medida en que el estatus y prestigio de un persona desciende
en la escala social, aumenta su mortalidad. Una persona
de clase media tiene una esperanza de vida menor que
una persona de renta superior, y ello debido no sólo a
que tengan comportamientos menos saludables sino, primordialmente, a que tienen menos prestigio social y menor capacidad de control sobre su propio ambiente laboral y residencial. La distancia social afecta a la calidad
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de vida de las personas y de la población. De ahí que el
Estado deba intervenir en la reducción de las desigualdades, intervención que es mucho más amplia que la lucha en contra de la pobreza y en contra de la exclusión
social. Maica Rodríguez y Carmen Borrell han documentado en su artículo “Desigualdades en Salud” (en Navarro, V. Coord. La Situación Social de España. 2006), el impacto que las desigualdades sociales tienen en la salud de
la población, reproduciéndose así las desigualdades en
salud que aparecen en España según la clases social
(donde las clases de mayor renta tienen mejor salud que
las clases medias, y éstas mejor salud que las clases trabajadoras), el género (las mujeres tienen peor salud que
los hombres) y el territorio (CCAA y municipios) en el
que vive la población (Canarias, Galicia y Castilla La
Mancha tienen peor salud que Aragón, La Rioja y Navarra).
Estas cinco intervenciones —transferencias sociales,
servicios públicos, normas y sanciones laborales, defensa
del consumidor y del ambiente, trabajo y reducción de
las desigualdades sociales— son enormemente importantes para explicar la calidad de vida de la población, y
constituyen las intervenciones públicas que, según las
encuestas populares, la población valora más.
II. EL NIVEL DE DESARROLLO O
SUBDESARROLLO DEL ESTADO
DEL BIENESTAR ESPAÑOL
Hay varios indicadores que se han utilizado para medir el grado de desarrollo del Estado del Bienestar de un
país. Veamos cuales son los más importantes.
Uno de ellos es el empleo en los servicios del Estado
de Bienestar, utilizándose como indicador el porcentaje
de la población adulta que trabaja en los servicios del Estado de Bienestar, en los ámbitos de sanidad, educación,
y servicios sociales. En España, sólo 11,6% de la población adulta trabaja en tales servicios, por debajo del promedio de la UE-15, (14,9%) y mucho menor que en Suecia (26,9%). Mientras que en Suecia, un ciudadano
adulto de cada cuatro trabaja en tales servicios, en España lo hace sólo uno de cada nueve. Es uno de los porcentajes más bajos de la UE-15.
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Otro indicador es el gasto público social como porcentaje del PIB; que mide el porcentaje de la riqueza del
país (el PIB) que se gasta en transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. En España, tal porcentaje es sólo un 19,7% del PIB (año 2003, último año en el
que existen datos comparables a nivel europeo), comparado con 28,3% de promedio de la UE-15, y el 33% de
Suecia, el país que tiene el Estado del Bienestar más desarrollado. Estos datos, procedentes de la agencia de estadística de la UE, Eurostat, muestran que España es el
país de la EU-15 que tiene un gasto público social como
porcentaje del PIB más bajo de la UE-15, después de Irlanda.
Y otro indicador del grado de desarrollo del Estado
del Bienestar es el gasto público social por habitante.
Aquí, de nuevo, España está a la cola de la UE-15. Con
sus 4.186 euros estandarizados (o unidades de poder de
compra que permiten compaginar su capacidad de compra en varios países que, aún cuando tienen la misma
moneda como es el caso de la UE, tienen distintos niveles de vida) por habitante. España está a la cola de la
UE-15 después de Portugal. El promedio de la UE-15 es
6.926 upc, y el de Suecia, casi el doble: 8.258.
Se mire como se mire, la España social está, pues, a
la cola de Unión Europea. España se gasta muy poco en
su Estado del Bienestar. En realidad gasta mucho menos
de lo que debería por su nivel de desarrollo económico.
España, cuyo nivel de riqueza económica (medida por su
PIB per capita) alcanza ya el 89,6% del promedio de la
UE-15, destina sólo el 60% del promedio de gasto público social por habitante de la UE-15. Si en lugar del
60%, dedicara el 89,6% del gasto público social per capita promedio de la UE-15, España gastaría alrededor de
75.000 millones de euros estandarizados, más de lo que
gasta ahora. Este es el enorme déficit social que España
tiene.
En España, hay economistas que intentan negar o relativizar este enorme déficit, utilizando un determinismo
económico que señala que España ya gasta en el Estado
del Bienestar lo que le corresponde por su nivel de riqueza, asumiendo erróneamente que el gasto público social de un país está determinado por su nivel de desarrollo económico, acentuando que a mayor riqueza, mayor
el porcentaje del PIB en gasto social. Este determinismo
económico hace caso omiso de trabajos de investigación
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bien conocidos en el ámbito internacional, que muestran
que las variables más importantes para explicar el gasto
público social (así como el tipo de financiación de las
transferencias y servicios sociales del Estado del Bienestar) son las variables políticas, mostrando por ejemplo,
como países gobernados durante el periodo 1950-1998
por partido de tradición socialdemócrata y cristianodemócratas tienen mayor gasto público social que países
gobernados por partidos liberales o partidos conservadores. (Ver Navarro, V. dir. The Political Economy of Social Inequalities. Baywood. 2004).
III. ANÁLISIS SECTORIAL DEL
ESTADO DEL BIENESTAR;
LA DIMENSIÓN DEL DÉFICIT
Sanidad
Tal déficit del gasto público social aparece también
en la sanidad pública española (tal como se muestra claramente en el artículo citado anteriormente de Navarro,
V. y Reynolds, J. “La protección social de España”). Si
analizamos tal gasto como porcentaje del PIB, vemos
que es del 5.9%, el más bajo de la UE-15, mucho más
bajo que el promedio de la UE-15, 7,74%, y significativamente inferior al de Suecia, 8,9%. En realidad, a pesar
de lo deprimente que resulta este porcentaje, el déficit es
incluso mayor puesto que, como consecuencia de la
enorme influencia de la industria farmacéutica en la cultura médica del país, el gasto público farmacéutico representa el 20,1% de gasto público sanitario, con lo cual,
si descontamos el gasto farmacéutico de aquella cifra, vemos que el gasto público sanitario no farmacéutico es sólo el 4,7% del PIB, que es, con mucho, el más bajo de la
UE-15. Tal déficit de gasto público sanitario aparece
también cuando consideramos el gasto público sanitario
por habitante, siendo el español el más bajo de la UE-15,
después de Grecia y de Portugal. Tal gasto es de 1.256
upc, más bajo que el promedio de la UE-15, 1887 y mucho más bajo que el promedio de Suecia, 2.095 upc.
Este enorme déficit de gasto público sanitario tiene
elevados costes en el confort de los usuarios, en la satisfacción de los profesionales y trabajadores del sector, y en
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la calidad de los servicios tal como señala Vicenç Navarro
en el artículo La sanidad en España (en Navarro, V. Coord.
La Situación Social de España. 2006). Ejemplos hay muchos. Así, España es uno de los países con un tiempo de
visita promedio más bajos de la UE-15, lo cual explica que
el 78% de usuarios de atención primaria sanitaria se quejen de que el tiempo de sus visitas al médico sea demasiado breve (el promedio de quejas de los usuarios la UE-15
es el 48%). Una situación semejante ocurre en los hospitales públicos, donde habitaciones de hasta seis camas no
son infrecuentes. Por otra parte, es bien conocido el malestar de los profesionales del sector por sus condiciones
de trabajo y remuneraciones que consideran, con razón,
que no son comparables al resto de la UE-15.
Esta escasez de fondos para los servicios públicos sanitarios determina la gran dimensión del sector sanitario
privado en España, siendo este utilizado por las personas
y familias del 30% de la población, de renta superior,
que no experimentan los problemas creados por la falta
de recursos en la sanidad pública. En realidad, esta dicotomía sanidad privada (que atiende a una clientela pudiente) sanidad pública (que atiende a las clases populares), es característica de países con bajo gasto público.
En este modelo, las grandes insuficiencias de gasto público han intentado ser corregidas por un aumento del
gasto privado. Así, el gobierno conservador español desgravó las pólizas a las compañías de seguros sanitarios
privados (para colectivos determinados), a la vez que
creó la Ley las Fundaciones Hospitalarias, dando autonomía financiera a los hospitales públicos para que pudieran contratar con aseguradoras privadas o mutuas la
provisión de servicios y privilegios especiales (tales como
reducir el tiempo de espera o tener mejores servicios
hospitalarios) dentro de los servicios públicos a los pacientes que tengan tales seguros o mutuas. Tales privilegios son negados a los que entran en aquellas instituciones públicas como ciudadanos sin seguro privado. En
España se están dando casos en que hospitales públicos
atienden con mayor rapidez (menores listas de espera) y
mayor confort (menor número de camas por habitación)
a aquellos pacientes que ingresan en los hospitales públicos a través de los convenios con las compañías de seguros privados o mutuas privadas.
Esta polarización por clase social que se reproduce
en esta dicotomía sanidad privada versus sanidad públi-
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ca no favorece a ninguna clase social puesto que, si bien
es cierto que la sanidad privada puede, por lo general,
ser más confortable que la pública (suele tener una cama
por habitación, o puede ofrecer mejor trato personal o
mayor capacidad de elección que la pública), ésta, sin
embargo, es mucho mejor que la privada en la calidad
del personal sanitario y en la riqueza tecnológica de
equipamiento médico, lo cual explica que haya mayor
mortalidad hospitalaria en la privada que en la pública,
tal como se ha documentado ampliamente en EEUU. Lo
que se requiere, por lo tanto, es una sanidad única que
sirva a todas las clases sociales, que tenga un confort elevado (una cama por habitación), un trato personal digno, capacidad de elección, y que mantenga la calidad elevada del personal sanitario y riqueza tecnológica de la
pública. Ahora bien, conseguir un sistema único multiclasista de alta calidad, requiere un gasto público sanitario mucho más elevado que el actual.
Educación
Un gasto público bajo se da también en la educación,
tal como documentan Jorge Calero y Joseph Oriol Escardil en su artículo Políticas Educativas y ámbitos de desigualdad en la educación española España (en Navarro,
V. Coord. La Situación Social de España. 2006). El gasto
público educativo como porcentaje del PIB, 4,29%, es el
más bajo de la UE-15, más bajo que el promedio de la
UE-15, 5,20%, y mucho más bajo que en Suecia, 7.47%.
Igual déficit de gasto público educativo aparece cuando
se toma como indicador de gasto: el gasto público educativo por habitante (927 upc en España versus 1.174
upc en la UE-15) o por alumno, tanto de primaria (España 3.180upc, UE-15 3.923upc) como de secundaria
(España 4.272upc, UE-15 5.660upc). En todos estos casos, el gasto público español es el más bajo de la UE-15.
Nos encontramos, también aquí, que las implicaciones de este bajo gasto público son muy preocupantes, tal
como señala Francesc Padro en su artículo El profesorado en la Educación en España (en Navarro, V. Coord. La
Situación Social de España. 2006). En el año 2004, un estudiante de escuela secundaria en España tenía 559 horas lectivas al año, muchas menos que el promedio de la
UE-15, 678 horas lectivas al año. Sumando el déficit de
horas lectivas al año durante todo el periodo de escuela
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secundaria, resulta que un estudiante de España, cuando
termina sus estudios de secundaria ha ido a la escuela un
año menos que el graduado de secundaria promedio de
la UE-15 (y dos años menos que Alemania, Bélgica, Escocia y Holanda. Esto contribuye, entre otros factores, a
que, según el informe PISA, los conocimientos de un joven español en matemáticas, lenguaje y comprensión lectora sean semejantes a los de un joven en la UE-15 que
tiene un año menos.
Otra consecuencia del bajo gasto público educativo de
España es, como también ocurría en sanidad, la polarización social de la educación, hecho bien documentado en
el artículo de Calero y Escaribul. Es decir, la gran extensión de la escuela privada (mayoritariamente gestionada
por la Iglesia Católica) que atiende, en general, las necesidades educativas de los hijos del 30% de la población de
renta superior, mientras que la escuela pública asiste a los
hijos de las clases populares que representan el 70% restantes de la población. Las escuelas privadas, en su gran
mayoría concertadas con el sector público, en la práctica
no están integradas con el sistema público y no cumplen
con los requisitos legales —tales como gratuidad de la enseñanza—, y además seleccionan al estudiantado, discriminando en contra de hijos de los inmigrantes.
Por otra parte, la escasez de recursos en la escuela
pública, donde se concentra la población inmigrante, explica, entre otros hechos, la elevada tasa de fracaso escolar (34%) existente en España. En Suecia, país de escuela única, laica y multiclasista, el fracaso escolar es de sólo
un 7%. Aquí, de nuevo, podemos ver que tal polarización social de la educación (por clase social) no favorece
a ninguna clase social, puesto que aún cuando los estudiantes de la privada tienen más recursos que los estudiantes de la pública, el hecho es que ambas tienen carencias de recursos, lo cual confirma la experiencia
internacional de que es difícil tener centros educativos
excelentes dentro de un mar de insuficiencias. De nuevo,
tal como documenta Calero y Escardibul, el sistema educativo en España está reproduciendo la división por clase social existente en nuestro país.
Los servicios de ayuda a las familias
La dimensión del Estado del Bienestar que esta menos desarrollada en España es la de servicios y transfe86
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rencias a las familias, lo cual llama la atención por la importancia que la familia tiene en la narrativa oficial del
país. España, donde retóricamente se considera a la familia como el centro de la sociedad, tiene las políticas
públicas profamiliares menos desarrolladas de la UE. El
Estado español muestra una enorme insensibilidad hacia
sus familias.
Tales políticas públicas de apoyo a las familias son lo
que en su día, en el año 2000, definí como el cuarto pilar del bienestar. En aquel momento estaba asesorando a
un candidato a la presidencia del país en las elecciones
legislativas, y acuñé el término de 4.° pilar de bienestar
para definirlas, subrayando con este término que el Estado del Bienestar (que podría considerarse representado gráficamente por una silla que permita el apoyo y descanso de la población) tenía sólo tres pilares o patas; uno
el derecho a la sanidad, otro el derecho a la educación,
otro el derecho a las pensiones (con la aprobación de las
pensiones no contributivas), pero le falta todavía un
cuarto derecho (una cuarta pata a la silla), que era el derecho de los miembros de las familias a tener apoyo y
ayudas por parte del Estado en forma de transferencias y
servicios tales como escuelas de infancia para niños de 0
a 2 años, y servicios domiciliarios para personas con dependencias. Este derecho es lo que llamé cuarto pilar del
Estado del Bienestar, término que me alegra constatar
que ha hecho fortuna, aún cuando lamento que su amplia difusión se ha hecho a costa de reducirlo y limitar su
significado a los servicios domiciliarios.
Analizaremos ahora la dimensión de cada componente de este 4º pilar del bienestar, manteniendo el significado original que di a tal término, comenzando en el
artículo ¿Las escuelas infantiles son la solución? (en Navarro, V. Coord. La Situación Social de España. 2006). Señalan el efecto de la disponibilidad de escuelas infantiles
(0-3 años) en el comportamiento laboral de la mujer: dichos autores documentan el subdesarrollo de estos servicios en España; sólo el 10% de los niños de 0 a 2 años
tienen acceso a escuelas públicas de infancia, comparado
con el 28% en el promedio de la UE-15, y el 52% de
Suecia. Este enorme diferencial de cobertura queda incluso más acentuado cuando se analizan los recursos y
calidad de tales escuelas en varios países. En España, estos centros se definen incluso como guarderías, implicando un concepto de aparcamiento de los niños mien-
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tras los padres trabajan, función de guardar en lugar de
educar. Bazán y González documentan el impacto negativo que la limitada cobertura de estos servicios tiene en
la entrada de la mujer en el mercado de trabajo, y en la
calidad de vida de las mujeres.
Sebastián Sarasa, en el artículo La atención a las personas adultas dependientes en España. Desigualdades territoriales y estratificación social (en Navarro, V. Coord.
La Situación Social de España. 2006), documenta la limitada cobertura de dichos servicios. Sólo un 4.92% de la
población con discapacidades tiene algún tipo de cobertura por parte de estos servicios, porcentaje muy inferior
al promedio de la UE-15 (13%). Sarasa muestra también
la enorme variabilidad en tal cobertura, tanto por clase
social (nivel educativo), como por CCAA. Esta información, de gran valía en un momento de gran relevancia para el país, resultado del compromiso del gobierno español de garantizar tales servicios a toda la población,
señala lo mucho que queda por hacer para alcanzar los
promedios de la UE-15.
IV. ¿POR QUÉ EL ESTADO DEL
BIENESTAR ESTÁ A LA COLA
DE LA UE-15? LA IMPORTANCIA
DE LAS VARIABLES POLÍTICAS
Aunque sea una obviedad, hay que repetir que no se
puede entender el presente sin entender el pasado. Y
una causa mayor de este gran retraso es el dominio de las
fuerzas conservadoras en la historia de España, dominio
que adquirió dimensiones dictatoriales durante el periodo 1939-1978. La dictadura franquista se caracterizó,
además de por ser enormemente represiva (según el Catedrático Malefakis, historiador del fascismo en Europa,
por cada asesinato político que hizo Musolini, Franco hizo 10.000), por una enorme insensibilidad social. Cuando el dictador murió en el año 1975, el gasto en protección social era sólo un 14% del PIB, mucho menor que
el promedio de los países que más tarde constituirían la
UE-15, que era del 22%. Este déficit fue corrigiéndose
durante la época democrática, de manera que en el año
1993 el gasto público social alcanzó ya un 24% del PIB.
El del promedio de los países de la UE-15 era, en aquel
Vicenç Navarro
año 1993, de un 28%. La diferencia de España con el
promedio de la UE-15 (que mide el déficit social de España con la UE-15) se redujo de 8 a 4 puntos del PIB.
Ahora bien, a partir del 1993 y como consecuencia
de una serie de cambios en el gobierno español y su sistema de alianzas, alineándose con el partido nacionalista
conservador, CIU, el gobierno español desarrolló un
cambio muy sustancial de prioridades presupuestarias en
respuesta a un objetivo político: alcanzar la convergencia
monetaria según los criterios del Mastrich, que exigían
una reducción del déficit público del Estado y su deuda
pública. A partir de aquel año, el incremento de los ingresos al Estado, resultado del crecimiento económico,
fue destinado no a continuar corrigiendo el déficit social
de España en la UE-15 (permitiendo una convergencia
social), sino a corregir el déficit del Estado de manera tal
que a principios del siglo XXI se alcanzó no sólo la reducción, sino incluso la eliminación del déficit público,
equilibrándose las cuentas del estado, aunque se consiguió a costa de aumentar de nuevo el déficit social entre
España y la UE-15. En el año 2003, la distancia del PIB
en gasto público social volvía a ser de más de ocho puntos. El porcentaje de gasto público social de España sobre su PIB bajó del 24% en 1993 a un 19.7% en el año
2003, mientras que en la UE-15 este descenso fue mucho
menor, (28,7% en 1993 a 28,3% en 2003). España se situó de nuevo a la cola de la UE-15 en gasto público social (detrás sólo de Irlanda). La convergencia monetaria
con la UE-15 se consiguió a costa de la desconvergencia
social con la UE-15.
Tal situación aparece también cuando se analiza la
evolución del gasto público social por habitante. Mientras que el déficit de gasto público social entre España
y la UE-15 era de 1.638 upc en 1993 (4.677 upc en la
UE-15, menos 3.039 upc en España), tal déficit subió a
2.740 upc en el año 2003 (6.923 upc en la UE-15, menos 4.186 upc), un aumento nada menos que de un
67%. Tal incremento del déficit ocurrió en todos los
sectores del gasto público social (con la excepción del
gasto público social en desempleo, que disminuyó como consecuencia de la reducción del desempleo). Esto
quiere decir que el Estado español fue destinando muchos menos fondos que el promedio de los países de la
UE-15 a escuelas, centros sanitarios, vivienda social,
servicios domiciliarios, escuelas de infancia, pensiones,
EKONOMI GERIZAN XIV
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transferencias y ayuda a los familias en servicios domiciliarios.
Es sorprendente que el crecimiento de tal déficit no
centrara la discusión y debate político o mediático del país durante el periodo 1993-2002. Tal silencio ensordecedor se explica, sin embargo, por el hecho de que el 3035% de la población de mayor renta del país tiene una
gran influencia en la vida política y la cultura mediática
españolas. Entre ellos están los creadores y generadores
de opinión. Este sector de la población utiliza poco los
servicios públicos (y si lo hace, recibe trato preferencial
como ocurre con los representantes políticos), siendo a la
vez el sector de la población que proporcionalmente paga más impuestos. Da ahí que no favorezcan el incremento de los impuestos (que sería necesario para aumentar los ingresos del Estado y, con ello, reducir el déficit
social). El poder de clase explica las insuficiencias del
gasto público, y el poder de género explica que las mayores deficiencias ocurran en los servicios y las ayudas a las
familias (en España decir familias significa mujeres). Los
impuestos representan sólo un 39.9% del PIB en España,
mucho menos que el promedio de la UE-15, 46,4%.
Pero tal poder de clase se traduce no sólo en la escasa
carga fiscal del Estado español, sino en la composición de
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FEDERACIÓN DE CAJAS DE AHORROS VASCO-NAVARRAS
EL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA Y SUS DÉFICITS SOCIALES
tal carga fiscal. Zenón Jiménez-Ridruejo y Julio López Díaz en su artículo El IRPF: un análisis temporal y espacial (en
Navarro, V. Coord. La Situación Social de España. 2006),
señala cómo la reforma fiscal realizada por el gobierno español en el año 1998 tuvo un impacto regresivo que afectó
muy favorablemente a las rentas superiores a costa de las
rentas medias e inferiores, tanto a nivel de toda España como en cada CCAA, mostrando una gran agresividad que
afectó negativamente en la equidad fiscal que retóricamente se reproducía en el discurso oficial del gobierno.
En resumidas cuentas, tales datos y otros presentados en este volumen muestran que en aquellos países en
que las clases populares, las mujeres y las fuerzas políticas que las representan son más poderosas, como es el
caso de los países nórdicos de Europa, los impuestos son
más elevados (52%), el gasto público social es también
más elevado (32%), el Estado del Bienestar es más extenso, y la calidad de vida de la ciudadanía es mayor que
en aquellos países donde las clases populares, las mujeres y las fuerzas políticas que las representan tienen menos poder, como es el caso del sur de Europa, incluida
España. En estos países, las fuerzas conservadoras han
sido las que, históricamente (con escasos paréntesis), han
tenido mayor influencia en la vida política del país.