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EL AGUA FACTOR SOCIAL Y PROGRESIVO
MANIFIESTO DE UGT
La Unión General de Trabajadores, como agente social no puede ser ajeno en lo que
atañe a las políticas del agua y el medio ambiente, por tal motivo MANIFIESTA que:
El agua es un bien social gratuito. Como recurso natural renovable, constituye un bien
social básico para mantener la higiene y la salud, el medio ambiente, el sistema
productivo y la calidad de vida. Por lo que la titularidad pública del agua es
irrenunciable.
La administración del agua corresponde al Estado, comunidades autónomas y
administración local en sus ámbitos de competencia, a los que se les exhorta a
desempeñar con la máxima eficiencia las labores de policía y arbitrio, así como asumir
las responsabilidades subsidiarias de cuantas actuaciones dañen el recurso hídrico.
Demandamos un cambio en la estructura de las Confederaciones Hidrográficas y
Consejos Insulares del agua, en especial con una mayor participación de los agentes
sociales.
Teniendo en cuenta el déficit hídrico estructural que padece nuestro país y las crisis
climáticas que periódicamente nos afectan, de deben potenciar de forma inmediata
medidas de ahorro, mejoras de los regadíos, adecuación de la calidad al uso y el
reciclado del agua. Incrementar la regulación mediante embalses y acuíferos, que sean
social y ambientalmente viables y redistribuir los recursos intra e Inter.-cuenca en un
marco de concertación social y en términos que sean respetuosos con el medio
ambiente. En la asignación de recursos, no deben primar los criterios de mercado, sino
“sobre todo” criterios sociales y de uso del territorio. El mercadeo del agua lo
consideramos contrario a los intereses sociales que defendemos.
La gestión del agua debe decidirse por los propios usuarios finalistas a través de
empresas referentemente pública, pues debe advertirse que la privatización, siempre
supone un incremento en el precio, pero no siempre una mejora en la gestión del
servicio.
Como bien social gratuito, el usuario sólo debe pagar los costes derivados del uso del
agua en volumen, de la restauración de la calidad por el deterioro que dicho uso
produzca y los gastos de administración y gestión. Rechazamos que el precio del agua
se incremente con fines recaudatorios. Se debe aplicar una política de subvenciones
directas, aplicando modulaciones en base a consideraciones de índole social, por
ejemplo: renta, margen bruto de explotación, dimensión en el caso de regadíos, etc.
La delimitación y restauración del Dominio Público Hidráulico deben acometerse de
una vez, al objeto de preservar de los daños producidos por el agua y conservar el medio
ambiente.
Se deben intensificar los esfuerzos en la investigación y desarrollo de nuevos métodos y
técnicas que permitan incrementar de forma sostenible nuestros recursos hídricos y
mejorar la eficacia de su utilización.
Es en momentos de disponibilidad de recursos hídricos suficientes, como el presente,
cuando deben ponerse en marcha las políticas del agua, y no en momentos de crisis,
como los períodos de sequía, cuando sólo existe margen para actuaciones de
emergencia. En este sentido, es muy grave que el Gobierno haya celebrado el haber
consumido la cuarta parte de su mandato, sin haber diseñado su política hidráulica y sin
haber aprobado el Plan Nacional de Regadíos ni el Plan Hidrológico Nacional