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Políticas públicas basadas en los derechos
Experiencias de la sociedad civil
a través del mundo
Publicación realizada por Terre des Hommes Francia
Raphaëlle Lehnardt
Emmanuelle Bertrand
Claire De Grave
Con la colaboración de los socios del programa de intercambio de experiencias:
Achille Ndaimai – ASSOAL, Camerùn
Basappa Lalappa - Human Rights Forum for Dalit Liberation-Karnataka (HRFDL-K), India
P.P. Sivapragasam - Human Development Organization, (HDO) Sri Lanka
Kiran Kamal Prasad - Jeeta Vimukthi Karnataka (JEEVIKA), India
Manuel Canto - Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad Civil (REMISOC), México
Maria Elena Rodriguez - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, (FASE)Brasil
Mohamed El Moctar Mahamar –Mouvement des peuples pour l'éducation aux droits humains, Mali
Oumar Diop – Handicap, Formation, Éducation et Communication, Senegal
Sebastian Devaraj - Foundation for Educational Innovations in Asia (FEDINA), India
Tingting Shen - Dongjen Centre for Human Rights Education and Action, China
Zhong Huang, Public Interest and Development Law Institute (PIDLI), China.
1
Índice
Índice .................................................................................................................................................... 2
Lista de las abreviaturas ....................................................................................................................... 3
Introducción ......................................................................................................................................... 4
I Políticas públicas, derechos y población ........................................................................................ 8
1) ¿Qué son las políticas públicas? .................................................................................................. 8
2) Políticas públicas basadas en los derechos .................................................................................. 9
3) Participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de las políticas públicas ........... 9
II La sociedad civil, portavoz de la población ............................................................................... 13
1) Estado de situación: recopilar los datos ..................................................................................... 13
2) Concientizar e informar a las autoridades locales y a la población ........................................... 14
III La sociedad civil, apoyo de la propuesta, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas ............................................................................................................................................. 17
1) La participación de la sociedad civil: en primer lugar, una voluntad política ........................... 17
2) La sociedad civil como fuerza de propuesta .............................................................................. 18
3) La sociedad civil, actor indispensable de los órganos consultivos ............................................ 22
Conclusion ......................................................................................................................................... 27
Anexo ................................................................................................................................................. 28
Bibliografía ........................................................................................................................................ 29
2
Lista de las abreviaturas
ASSOAL :
Actions Solidaires de Soutien aux Organisations et d’Appui aux Libertés
(Camerùn)
CLSP :
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
CONSEA :
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
DESC :
Derechos económicos, sociales y culturales
FAO :
Food and Agriculture Organization
FASE :
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Brasil)
FBSAN :
Foro Brasileño de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
FEDINA:
Foundation for Educational Innovations in Asia (India)
HDO:
Human Development Organization, Sri Lanka
HRFDL-K:
Human Rights Forum for Dalit Liberation-Karnataka (India)
JEEVIKA:
Jeeta Vimukthi Karnataka (India)
ONG :
Organización no gubernamentall
REMISOC:
Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad Civil (México)
PIDLI:
Public Interest and Development Law Institute (China)
3
Introducción
Influir en las autoridades para que las políticas públicas sean conformes a los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC), significa aumentar las posibilidades de reivindicación
de estos derechos y, por lo tanto, garantizar su eficacia. Las organizaciones de la sociedad civil
han acumulado una amplia experiencia en la búsqueda de estrategias para la aplicación de los
DESC, a partir de situaciones vividas por la población.
Realizado en el marco del programa de intercambio de experiencias sobre los métodos de
exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (programa “Agir pour les DESC”
[Actuar por los DESC]), conducido por Terre des Hommes, Francia, esta publicación relata los
métodos de incidencia sobre las políticas públicas de actores con prácticas, culturas y
experiencias diversas, tales como:
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Las Organizaciones Indias: JEEVIKA (Jeeta Vimukthi Karnataka), HRFDL K (Human
Rights Forum for Dalit Liberation – Karnataka) y FEDINA (Foundation for Educational
Innovations in Asia),
FASE( Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional) y la plataforma
brasilera sobre derechos humanos económicos, sociales, culturales y medioambientales
(plataforma brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais –
DHESCA),
La ONG ASSOAL (Actions Solidaires de Soutien aux Organisations et d’Appui aux
Libertés), miembro de la plataforma DESC del Camerún,
Le Mouvement des peuples pour l'éducation aux droits humains, miembro de la plataforma
DESC de Mali,
La asociación Handicap, Formation, Education et Communication, miembro de la
plataforma DESC de Senegal,
La REMISOC (Red Mexicana de Investigadores de Organizaciones de la Sociedad Civil) en
México,
El Centre for Human Rights Education and Action y PIDLI (Public Interest and
Development Law Institute) en China,
El HDO (Human Development Organization) en Sri Lanka.
El Banco Mundial adoptó una definición de sociedad civil elaborada por una serie de
investigadores reputados “el término sociedad civil designa al amplio abanico de organizaciones
no gubernamentales y sin ánimo de lucro que orquestan la vida pública y defienden los intereses
y valores de sus miembro o de otros, basándose en consideraciones de orden ético, cultural,
político, científico, religioso o filantrópico. El término organización de la sociedad civil (OSC)
hace referencia a organizaciones no gubernamentales (ONG), sindicatos, organizaciones de
poblaciones indígenas, organizaciones benéficas, organizaciones confesionales, organizaciones
profesionales y fundaciones privadas”.1
1
BANCO MUNDIAL. Definición de la sociedad civil. Definición extraída de la página web :
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTEMAS/EXTCSOSPANISH/0,,conte
ntMDK:20621524~pagePK:220503~piPK:264336~theSitePK:1490924,00.html
4
Presentación de los estudios de casos
Presentaremos aquí los elementos de contexto que permiten comprender los diferentes casos
derivados de la experiencia de los socios que se estudiarán en las partes II y III de esta guía.
En la India, la abolición del trabajo forzado es a la vez un derecho económico y un derecho
social en el sentido de que el trabajo forzado incluye factores económicos y sociales. Es
económico porque las víctimas son las más pobres de la sociedad india y porque se refiere a las
relaciones de trabajo. Es social porque la gran mayoría de las víctimas proceden de las clases más
bajas (dalits o intocables y adivasis, poblaciones tribales) del sistema de castas que prevalece en
India. La Constitución india, adoptada en 1950, reconoce como derecho fundamental la
prohibición de la trata de personas, del trabajo gratuito y del resto de formas de trabajo forzado.
En este sentido se promulgó una ley el 9 de febrero de 1976. La organización JEEVIKA se dio
para misión de erradicar el trabajo forzado que persistía a pesar de todo en el Estado del
Karnataka. Comenzó sus actividades en el taluk2 d' Anekal en 1990, extendiéndose a la totalidad
del Estado en 1993.
En octubre de 2009, las inundaciones del sur de India dejaron 300 muertos, de los cuales más de
200 fueron en el estado de Karnataka. Los dalits fueron excluidos de los servicios de socorro y del
programa de rehabilitación para las víctimas, puesto en marcha por el gobierno federal. HRFDLK es un foro de militantes dalits que en ese caso de exclusión, se movilizó para sensibilizar a las
autoridades a estas violaciones de derechos.
También en la India, las personas mayores de los barrios de chabolas descuidadas por sus
familias, sus comunidades y la sociedad se organizaron, con la ayuda de FEDINA, a nivel del
Estado del Karnataka para defender sus derechos y lograr políticas adaptadas a sus necesidades.
FEDINA asimismo se comprometió en un consorcio de 14 organizaciones (organizaciones no
gubernamentales y sindicatos) para lanzar la campaña “Social Security Now!”, reclamando que los
trabajadores del sector informal puedan beneficiarse de la seguridad social (dado que un 80% de
los trabajadores en la India no están en el sector formal).
Brasil experimenta desde 1985, un proceso democrático después de muchos años de dictadura
militar, entablada en 1964. La nueva Constitución promulgada en 1988 garantiza los derechos
humanos e insiste sobre la importancia de la participación popular en la formulación de las
políticas públicas y el control social3. En 1996 se puso en marcha un Programa nacional de
derechos humanos4. Sin embargo, la ausencia de mecanismos de control eficaces para promover
el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, así como la
2
3
4
A Taluk es un distrito electoral que incluye varias Panchayats (pueblo de grupo).
Ver por ejemplo el artículo 204 de la Constitución: “Las acciones gubernamentales en el terreno de la asistencia
social serán […] organizadas sobre las directrices siguientes: I. Descentralización político-administrativa […]
II. Participación de la población mediante organizaciones representantes en la formulación de políticas y control
de las acciones en todos los niveles”.
“La mayor parte de las acciones propuestas en este documento tienen como objetivo terminar con la
banalización de la muerte, ya sea de las víctimas del tráfico, de la cola de espera de los dispensarios, de las
prisiones o del abuso de armas de fuego o a las matanzas de niños y de trabajadores rurales. Otras
recomendaciones tratan de impedir la persecución y la discriminación de los ciudadanos. Finalmente, el
programa sugiere medidas destinadas a que la Justicia sea más eficaz, para garantizar el acceso más eficaz de la
población al sistema judicial y combatir la impunidad. El Programa nacional de derechos humanos ha sido
elaborado a partir de una amplia consulta con la sociedad. Decenas de organizaciones y cientos de personas han
formulado sugerencias y críticas a lo largo de numerosos debates y seminarios.", extraído de PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA. Gobierno Fernando Henrique Cardoso., prologo del Programa Nacional de los Derechos
Humanos de 1996.
En Web : http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/PROGFR.HTM
5
necesidad de que la sociedad participe activamente en su puesta en marcha, hizo surgir en 2002 el
proyecto de "relatores nacionales", a iniciativa de la plataforma brasileña de estos derechos
(plataforma brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais DHESCA), de la cual FASE es miembro. Por otro lado, la sociedad civil se movilizó
especialmente en torno a la cuestión del hambre y el derecho a la alimentación. La política "Fome
Zero" (“Hambre cero") puesta en marcha en 2003 combina las acciones del gobierno federal, la
sociedad civil y el sector privado.
La transición democrática de México también tuvo lugar durante la década de los años 1990,
período marcado por la alternancia política. Los nuevos gobiernos trataron de ser legitimados con
discursos basados en los derechos humanos. La REMISOC con la plataforma de organizaciones
mexicanas presentó al Comité DESC de Naciones Unidas un informe independiente sobre el
estado de realización de estos derechos en el país. Fue la primera en involucrarse en los avances
del informe alternativo y sirvió de ejemplo para otras muchas. Este contexto político permitió a la
sociedad civil poner de relieve los derechos económicos, sociales y culturales y ejercer así
influencia sobre las políticas públicas.
En Camerún, la crisis de la vivienda es grave y las decisiones del gobierno con frecuencia van en
contra de una política de promoción de vivienda social, como demuestran los desahucios forzosos
de familias con pocos ingresos, a los que no siguen medidas de acompañamiento y reubicación. El
objetivo de ASSOAL es hacer que el gobierno elabore y ponga en marcha una estrategia nacional
de financiación de la vivienda social integrando a las mutualidades y cooperativas de vivienda
impulsadas por las organizaciones de la sociedad civil.
En Malí el gobierno adoptó en 2002 el Marco Estratégico de Lucha contra la Pobreza (CSLP, por
sus siglas en francés)5, que se ha convertido en el marco único de referencia de sus políticas y
estrategias. Una estrategia y un programa de seguridad alimentaria son puestos en marcha. Las
orientaciones de esta estrategia se basan en la implicación del conjunto de actores públicos,
privados y de la sociedad civil. Uno de los principales objetivos de la plataforma DESC de Malí
es promover la participación de la sociedad civil en la puesta en marcha de las políticas públicas.
En Senegal, el 30 de octubre de 2001 el gobierno adoptó en un consejo interministerial directivas
jurídicas, financieras e institucionales para lograr la integración y la participación social de las
personas con discapacidad. Con motivo de este encuentro, la comprobación de la situación de
precariedad y de dependencia de las personas con discapacidad y de sus familias, permitió darse
cuenta de la pertinencia de una ley de orientación social para asegurar la promoción y la
protección de los derechos de esta categoría social. Sin embargo, la comprensión de la cuestión de
discapacidad se vio más influenciada por un enfoque caritativo y asistencial que por un enfoque
basado en los derechos. Y así, en el marco de la puesta en práctica de las políticas de
descentralización y de lucha contra la pobreza, el Estado no tenía una visión clara del papel y del
lugar que ocupan las personas con discapacidad en el proceso de desarrollo nacional y local.
Además, las políticas sectoriales, los presupuestos y los proyectos de colectividades locales, de
ninguna manera integran los derechos de las personas en situación de discapacidad. Teniendo en
cuenta esta situación deplorable, el Centre de Ressources pour la Promotion des Droits des
Personnes Handicapés [centro de recursos para la promoción de los derechos de las personas con
discapacidad] (CRPH), creado en 2003 por la asociación Handicap, Formation, Education et
Communication [discapacidad, formación, educación y comunicación], puso en marcha en
colaboración con la dirección de acción social, la federación senegalesa de asociaciones de
5
El CSLP comprende tres ejes estratégicos: asegurar el desarrollo institucional, mejora de la gobernanza y
participación, desarrollar los recursos humanos y reforzar el acceso a los servicios sociales básicos, desarrollar las
infraestructuras básicas y los sectores productivos.
6
personas, los profesionales del sector y organizaciones de la sociedad civil, un proceso nacional
participativo de alegato y de elaboración de una ley de orientación social para la promoción y la
protección social de las personas con discapacidad.
En Sri Lanka históricamente, el destino de los trabajadores de las plantaciones es igual al de
millones de trabajadores, quienes son el producto de la expansión del capitalismo occidental bajo
el colonialismo del siglo XIX, con economías basadas en plantaciones. Se trata de dalits del sur
de la India venido en los años 1820 durante el reino británico. La aprobación de la ley de
ciudadanía cingalesa n° 18 de 1948 institucionalizó la discriminación política de los trabajadores
de las plantaciones. Ésta estableció el reconocimiento de los cingalés, de los Tamiles de Ceilán,
de los Musulmanes (Moros), de los Malayos y de los Burgers como ciudadanos cingalés, pero
retiró la ciudadanía cingalesa a 800.000 Tamiles de origen indio, según las estadísticas. El 80% de
ellos eran contratados en las plantaciones. En consecuencia de esta ley, los Tamiles de origen
indio se vieron privados de su derecho de voto, que se les había concedido de acuerdo con la
recomendación de la Comisión Donoughmore, y se canceló la elección de los siete miembros
Tamiles de origen indio, del Consejo legislativo. Después de la intervención de los Gobiernos de
Sirimavo Bandaranayake y de Sastri Pact, se adoptó el Pacto indo-cingales para la repatriación de
esta comunidad en la India. El resto de la población Tamil de origen indio se volvió apátrida. El
derecho a la nacionalidad constituye un derecho fundamental de los ciudadanos de todo país. El
medio siglo de situación de apátrida de esta categoría de la población de Sri Lanka condujo a
distintas formas de discriminaciones en su contra y de violaciones de sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales. HDO lanzó con otros socios una campaña de alegato
para que los derechos de esta comunidad por fin se reconozcan.
En China, desde 2003, el proyecto Orchid AIDS (COAP) y luego el Dongjen Center for Human
Rights Educación and Acción, se consagran a las familias afectadas por el virus del SIDA, y más
concretamente a los niños huérfanos. Las ONG no autorizadas a intervenir en este ámbito, se
lanzó una acción de información mediática para obligar al Gobierno a adoptar la reglamentación
relativa a la prevención y al tratamiento del SIDA.
También en China, acciones judiciales fueron llevadas a cabo con la ayuda de PIDLI, para influir
sobre la política del Gobierno, en asunto de derecho, en cuanto a las personas discapacitadas.
Presentación de la publicación
Esta publicación se compone de tres partes.
La primera, teórica, define lo que se entiende por `políticas públicas basadas en los derechos' y la
participación de la sociedad civil en la elaboración de estas políticas. La segunda parte destaca el
papel de la sociedad civil como portavoz de la población, a la vez en el censo y el análisis de los
problemas encontrados por los habitantes y en la sensibilización e información de las autoridades
públicas y de la población, a las desigualdades y a los derechos. La tercera parte desarrolla la
importancia del papel de la sociedad civil como apoyo a la propuesta, al control y a la evaluación
de políticas públicas basadas en los derechos y luego en particular a través de la participación en
órganos consultivos.
7
I Políticas públicas, derechos y población
1) ¿Qué son las políticas públicas?
Por Manuel Canto Chac6
Las políticas públicas son el conjunto de estrategias que el gobierno pone en práctica para
garantizar los servicios públicos a los ciudadanos. Pueden proceder del nivel internacional,
nacional o local. Comprenden varios textos legislativos, la creación de agencias o servicios
descentralizados, etc. Pueden referirse a diversos temas, como la sanidad, la educación, la
vivienda, el desarrollo del territorio, el empleo, el entorno, etc.
“las políticas públicas son cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos
acotados, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una
situación de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más
eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con la
participación de la sociedad.”." 7
¿Por qué “políticas”?
Cuando hablamos de cursos de acción estamos hablando de acciones múltiples que apuntan en
un mismo sentido, que unas sirven para la realización de otras, que se enlazan y avanzan en una
estrategia común, esto es lo que se podría entender por políticas; cuando hablamos de problemas
acotados nos estamos refiriendo a que son asuntos específicos, delimitados, observables y que
podemos ubicar un espacio y tiempo en el que se desarrollan. Sin embargo, lo que establece las
diferencias no es solamente el objeto mismo de la acción, sino la forma de llevarla a cabo.
¿Por qué “públicas”?
Anteriormente, variando el tiempo en los diferentes países, las grandes decisiones que se tomaban
sobre la política o la economía y sobre los diversos aspectos que repercuten sobre la sociedad, se
reconocían como asuntos internos de¡ gobierno, hoy pasan por un proceso de discusión y los
diversos actores sociales reclaman que se tome en cuenta su opinión, e incluso elaboran propuestas
alternativas a las del gobierno, reivindicando su derecho no sólo a opinar, sino también a decidir.
Esto es precisamente lo que les confiere el carácter de públicas, no tanto el que sean realizadas por
los gobiernos, sino que surjan de un proceso de interacción y deliberación entre diversos actores
sociales, ciertamente en medio de relaciones de poder, que como sabemos se distribuyen de manera
desigual.
6
7
Los comentarios de esta parte se extraen de: CANTO CHAC Manuel. « La exigibilidad de los DESC en las políticas públicas:
la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil en México ». En: Las exigencias de la sociedad civil: la
responsabilidad del Estado, derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Barcelona, Icaria y Antrazyt; Relaciones
Norte-Sur, 2004, pp.253/277.
Manuel Canto es profesor e investigador en el Departamento político y cultural de la Universidad autónoma metropolitana de
Xochimilco. A su vez es miembro activo de la REMISOC: una red mexicana de investigadores y universitarios, quienes
examinan las políticas públicas y el funcionamiento de la democracia.
CANTO CHAC Manuel. “Introducción a las Políticas Públicas”, en: Canto.M Y O. Castro (coordinadores) Participación
Ciudadana y Políticas Públicas en el Municipio. Movimiento Ciudadano por la Democracia. Mexico, 2002, p.70.
8
2) Políticas públicas basadas en los derechos
Las políticas públicas representan el marco estratégico del gobierno para poner en marcha los
derechos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Efectivamente, para que los
derechos puedan aplicarse correctamente, el gobierno, como responsable de los actos de la
administración pública, tiene que promover el desarrollo de las políticas públicas elaborando
estrategias de acción cuya finalidad es la realización de los derechos. La política pública es un
instrumento de realización de las reglas establecidas en la Constitución.
El Estado del bienestar8, marcado por la obligación positiva de poner en práctica los derechos
fundamentales, representa el principio esencial y la fuente de justificación de las políticas
públicas. Pero si abordamos las políticas públicas con un enfoque basado en los derechos, se
modifica la perspectiva. En lugar de estar en un esquema de Estado del bienestar, nos
posicionamos en un enfoque de derechos humanos: los ciudadanos son titulares de derechos y
el Estado se compromete a respetarlos, a protegerlos y a aplicarlos. En esta perspectiva, el
servicio garantizado (mediante instituciones técnicas encargadas de poner en práctica las políticas
públicas en cada país) debe ser accesible para todos, en todo el territorio. Esto significa sobre
todo que el servicio debe de ser capaz de adaptarse a las disparidades económicas, sociales,
medioambientales de cada región y de cada país La efectividad de la descentralización es por lo
tanto una apuesta crucial en el acceso a los derechos para todos y en todas partes.
Poderes públicos y acceso a los derechos
Los poderes públicos tienen un papel significativo que desempeñar para permitir
el acceso definitivo a los derechos para todos – y, sobre todo, para quienes
padecen situaciones desiguales, discriminatorias e incluso de explotación. Esta
idea subyace en parte a lo que llamamos “el enfoque desde los derechos”. Según
este enfoque, los ciudadanos son acreedores de derechos frente a los poderes
públicos, en particular cuando se trata de derechos económicos, sociales y
culturales. Los poderes públicos tienen que impulsar políticas públicas que
garanticen el acceso de los ciudadanos a recursos productivos que produzcan la
aplicación real de estos derechos (empleo, salud, tierra, información, etc.). Esto
implica también que los poderes públicos son responsables, ante a sus
ciudadanos, de su acción o su inacción; los recursos públicos deben ser
administrados y utilizados de forma.9
3) Participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de las
políticas públicas
La sociedad civil, conjunto heterogéneo de formas organizadas de la población, al desarrollarse,
ha adquirido cierta influencia sobre diversos órdenes de gobierno en la toma de decisiones para la
elaboración de las políticas públicas. El gobierno o la administración local están cada vez más
obligados a poner en marcha un sistema de consulta, e incluso de concertación con la sociedad
8
La expresión “Estado del bienestar” designa al conjunto de intervenciones del Estado en el terreno social que tratan de
garantizar un nivel mínimo de bienestar en el conjunto de la población, en particular a través de un sistema ampliado de
protección social. Extraído del sitio internet:
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/approfondissements/etat-providence.html
9
GONZALEZ Luc: Protección de acceso y enfoque por los derechos. Un estudio de los métodos de simplificación y de
protección al GRET: hacia un enfoque en términos de derechos? , Informe de prácticas, 2007.
9
civil antes de definir las orientaciones estratégicas que constituyen las líneas maestras de las
políticas públicas. Los representantes del Estado deben tener en cuenta las diferentes fuerzas
presentes, la cultura y las tradiciones de la población que representa. Las organizaciones de la
sociedad civil tienen un papel delicado, que oscila entre ser colaboradoras de la colectividad local
para una aplicación eficaz y equitativa de los derechos, y entre ser representantes o portavoces de
la población que, a menudo, desconfía de los poderes públicos.
Participación y asociación
La participación de las poblaciones es una condición indispensable para la puesta en
marcha de políticas basadas sobre los derechos, parar luchar eficientemente en contra de
la pobreza y reducir las desigualdades. No podemos hacer “por” o en lugar de las personas
(“to do for"), sino que es necesario hacer "con" las personas ("to do with"). Masud Mozammel y
Sina Odugbemi lo explican así: "El desarrollo se dirige a las poblaciones. No debe tener lugar
para ellas, sino con ellas. Las probabilidades de que las estrategias de reducción de la pobreza
resulten ser eficaces y duraderas son claramente superiores si estas estrategias se elaboran y
aplican con la participación plena de segmentos lo más grandes posible de la sociedad"10.
Partiendo del principio de que un actor en solitario tiene posibilidades limitadas de elaborar y
ejecutar estrategias eficaces de reducción de la pobreza y de las desigualdades, las asociaciones
mundiales o nacionales entre varias entidades cobran valor11. El Informe 2001 sobre la pobreza
rural del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) constata lo siguiente: "No hay
solución milagrosa. Ninguna institución, nacional ni multilateral, pública o privada, ni ninguna
estrategia pueden por sí solas responder eficazmente a las diferentes causas profundas de la
pobreza. Para una estrategia coherente de lucha contra la pobreza es necesario, por lo tanto,
forjar alianzas estables, basadas en la confianza y que respondan a los intereses de todas las
partes interesadas"12.
No obstante, estos dos términos de participación y asociación tienen diferentes maneras de ser
entendidas según las diferentes personas o instituciones.
La participación de la población en los asuntos públicos
Cadbury habla de progresión de la consulta a la alianza pasando por la participación: “La consulta
consiste en juntar puntos de vista que serán tenidos en cuenta en la toma de decisiones. La
participación implica que la población local esté realmente en condiciones de influir en las
decisiones y participar en el proceso de toma de decisiones. La alianza, si es una forma de
participación más activa que engloba una serie de acepciones, implica que se comparta el poder
de forma igualitaria entre el conjunto de socios".13.
La participación en las decisiones públicas se limita con frecuencia a la simple difusión de
información o a la consulta. No obstante, puede ir mucho más lejos como lo muestra la tipología
de los niveles de participación en los procesos de elaboración de las políticas desarrollada por
Bass y AL (1995).
10
11
12
13
14
MOZAMMEL Masud and ODUGBEMI Sina, with the support of multitudes: Using strategic communication to
fight poverty through PRSPs, London: DFID/World Bank, 2005, p.5.
Ver por ejemplo, UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Global partnership for development, New
York, 2006, p.22.
FIDA, Rapport 2001 sur la pauvreté rurale-Comment mettre fin à la pauvreté rurale, Rome : Palombi, septiembre
de 2001, p.221.
Cadbury (1993) citado por Gibbon, Marion, «Partnerships for Health: A way of working with women‟s groups to
improve community health in rural Nepal» in IDS Bulletin, Vol 31, n° 1, 2000.
ORGANISATION POUR LA COOPÉRATION ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE), Paris et
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD), New York, Les stratégies de
développement durable: Un recueil de ressources, 2002, p.250
10
Niveles de participación en los procesos de elaboración de políticas
1
Los participantes sólo escuchan – por ejemplo Reciben informaciones gracias a una
campaña de relaciones públicas del Gobierno o una base de datos de libre acceso,etc.
Los participantes escuchan y proporcionan informaciones – en el marco de
encuestas públicas, o de sondeos de opiniones a través de los medios, etc.
3
Los participantes consultados –por medio de grupos de trabajo y reuniones
organizados, entre otras cosas, parta hablar de las diversas políticas
4
La gente participa en el análisis y en la determinación de las prioridades - mediante
foros que reúnen una pluralidad de partes involucradas, mesas redondas y comisiones
5
La gente participa en busca de consenso sobre los principales elementos
estratégicos - por medio de las mesas redondas nacionales, de los Comités/comisiones
parlamentarias de la de la mediación de los conflictos, etc.
6
Los participantes son parte directa de la toma de las decisiones definitivas sobre la
política, la estrategia o sus componentes.
Bass, S et Dalal-Clayton, D B (1995) ‟Small Island States and Sustainable Development: Strategic Issues and
Experience‟, Environmental Planning Issues no 8, Institut international pour l‟environnement et le développement,
Londres
"El dilema de las autoridades es que necesitan y temen al mismo tiempo la participación
popular. Necesitan el acuerdo y el respaldo de diversos grupos de personas de lo contrario el
desarrollo no sería duradero - pero temen que una mayor participación sea menos manejable,
menos predecible, que podría retrasar la toma de decisiones y cuestionar la distribución existente
de la riqueza y del poder.”
En el ciclo de las políticas públicas, desde que se incluye el problema en el programa hasta que se
evalúa la política, la sociedad civil desempeña un papel importante para que las políticas públicas
sean abordadas desde el ángulo de los derechos, por un lado, y por el otro lado para que
correspondan a las necesidades de la población.
11
En resumen

Las políticas públicas son resultantes de un proceso de interacción y deliberación entre
los distintos protagonistas sociales que reivindican su derecho a emitir una opinión y a
decidir;

Para aplicar los derechos de los ciudadanos, el Gobierno debe elaborar estrategias de
acciones consultando a la sociedad civil que se convierte en el portavoz de la población;

La participación de la sociedad civil es indispensable puesto que las políticas públicas
van dirigidas a la población y que sus opiniones y contribuciones deben tomarse en
cuenta para optimizar los procesos de decisiones.
Como vamos a verlo en las partes siguientes a través de las experiencias de nuestros socios,
este nivel de participación de la población en el proceso de elaboración de las políticas
públicas puede variar. Inicialmente, la sociedad civil puede intervenir en la recolección de
datos y en la sensibilización de los protagonistas a las desigualdades observadas.
12
II La sociedad civil, portavoz de la población
Cuando un derecho no está protegido, promovido y garantizado por las autoridades públicas o si
se detectan desigualdades, la sociedad civil tiene un papel que jugar :
 en la compilación y el análisis de los problemas experimentados por los habitantes
 la sensibilización de las autoridades públicas y de la población frente a las desigualdades
 el acompañamiento de las víctimas
 la propuesta de soluciones alternativas adaptadas que, tenidas en cuenta se transforman en
políticas públicas
 el manejo de las acciones de alegato;
 el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, etc.
1) Estado de situación: recopilar los datos
Antes de iniciar cualquier acción de sensibilización y de cabildeo, conviene disponer de datos
fiables y precisos. La realización de una valoración de la situación de uno o varios derechos
en una región o un país con frecuencia es la fase preliminar que hay que llevar a cabo.
En India, Jeevika comenzó por identificar a los trabajadores forzosos en el conjunto del Taluk de
Anekal. Los datos recopilados permitieron detectar los incumplimientos de la aplicación de
la ley de 1976. De forma simultánea, los trabajadores forzosos se organizaron para llevar a cabo
diversas acciones colectivas de reivindicación. Se realizaron programas para concientizarlos y
reforzar su liderazgo.
Siempre en la India, frente a la comprobación de que los dalits se encontraban excluidos de los
servicios de ayuda y rehabilitación tras las inundaciones de 2009 en Karnataka, HRFDL-K realizó
un informe de investigación para elevar a las autoridades pruebas de varios tipos de
violaciones de derechos. Se realizó una colecta de datos y de testimonios en la comunidad,
mediante conversaciones con las víctimas. En el distrito, la sociedad civil organizó acciones de
alegato, protestas y manifestaciones
En Brasil, gracias a la toma de conciencia de que la cultura de derechos era aún frágil en el país y
de la ausencia de mecanismos de control eficaces para promover el respeto de los derechos
económicos, sociales, culturales y medioambientales, la plataforma DHESCA desarrolló el
proyecto de creación de "relatores internacionales de derechos humanos". Fue establecido en
2002 y está compuesto por seis relatores para el derecho a una alimentación adecuada (incluido el
acceso al agua y al cultivo de los terrenos rurales), el derecho a la educación, el derecho a un
entorno sano, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la sanidad y el derecho al trabajo. Es
una iniciativa de la sociedad civil brasileña y se basa en la experiencia de los relatores especiales
de Naciones Unidas14. Los relatores se encargan en primer lugar de hacer un inventario de
las violaciones, de emitir un diagnóstico, de hacer llegar la información a instancias
14
Los relatores especiales forman parte de los "procedimientos especiales" establecidos desde 1979 por Naciones
Unidas para examinar la situación particular de un país o de temas específicos (vivienda, pueblos autóctonos,
alimentación, etc.) desde un enfoque de derechos humanos. Para más información, ver el artículo correspondiente
en:www.agirpourlesdesc.org/francais/les-desc-sur-le-plan-international/article/les-rapporteurs-speciauxdes?lang=en (en francés) y el sitio web del Alto Comisionado para los derechos humanos:
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/index.htm.
13
superiores y de realizar recomendaciones sobre temas, casos contradicciones, conflictos o
reivindicaciones. De 2002 a 2006, los relatores internacionales realizaron 46 misiones y visitaron
82 ciudades. En las actividades participaron más de 300 organizaciones, movimientos, redes y
víctimas. El proyecto existe y se desarrolla gracias a cientos de personas implicadas.
En Senegal, el CRPH, creado gracias a la colaboración entre la asociación Handicap, Formation,
Education et Communication, la ciudad de Dakar y Open Society for West Africa (OSIWA), se
benefició en 2004 de un apoyo financiero de la oficina de operaciones del Banco Mundial en
Dakar para realizar dos estudios sobre, por un lado, las estrategias para atender e integrar
socioeconómicamente a las personas con discapacidad y, por el otro, la promoción y la
protección de los derechos de las personas con discapacidad (el marco jurídico). Los
resultados de estos estudios, que fueron trasladados a los niveles nacional y local, permitieron
realizar un estado de situación para el acceso a los servicios sociales básicos de las personas con
discapacidad y recomendaciones que fueron acordadas durante la elaboración y la puesta en
marcha del segundo Documento estratégico de reducción de la pobreza (2006-2010).
2) Concientizar e informar a las autoridades locales y a la población
Una vez recopiladas las informaciones, es necesario sensibilizar e informar a las autoridades
públicas y a la población en general, sobre los problemas recolectados por distintos medios:
encuentros directos, conferencias, exposición mediática…
En India, Jeevika organizó encuentros con funcionarios o políticos de diferentes niveles
administrativos y con líderes políticos. También envió a la Corte Suprema una petición escrita
para reclamar la aplicación por la administración de una decisión de 1992, para la reinserción
de 197 trabajadores forzosos.
También en Karnataka, HRFDL-K organizó dos consultas públicas, con la presencia de altos
funcionarios, para reivindicar el derecho de los dalits a beneficiarse del programa de rehabilitación
para las víctimas de las inundaciones y se envió un memorando al Gobernador y al Primer Mi
nistro.
Siempre en Karnataka, FEDINA ha ayudado a los ancianos de los barrios de chabolas a
organizarse como ciudadanos séniores y a crear una organización llamada AIKYATHA. Esta
última, está al origen de varias campañas a favor de los derechos de estos ciudadanos
séniores, llevadas a cabo hacia las autoridades locales y a los organismos gubernamentales. Por
otra parte „los prescindidos, dejados de lado' de esta categoría de la población fueron
sensibilizados, por teatro de calle y por medio de prospectos, al hecho de que las prestaciones
sociales básicas como jubilaciones, cuidados de salud, alimentación y alojamiento decente no
concernían la caridad pero derechos que tenían que ser satisfechos y asegurados por el
Gobierno. FEDINA participó también en acciones de consejo y sensibilización, de las poblaciones
locales, al debido respeto hacia los ancianos, por su papel en el seno de la familia. Por otra parte,
las asociaciones organizaron a las poblaciones locales con el fin de aportar el requerido apoyo a
los ancianos desamparados. Actualmente, AIKYATHA lucha activamente a favor de un aumento
del importe de las jubilaciones que permita a los ciudadanos viejos, vivir dignamente, acceder a
los servicios de los centros de salud primaria, y para una aplicación eficiente de un dispositivo de
promoción de acceso a la alimentación llamado “Hot Mid Day Meal”.
En Malí en 2005, con el objetivo de sensibilizar a la población y a las autoridades, uno de los
miembros de la Plataforma DESC de Malí, el Movimiento de los pueblos para la educación en
derechos humanos, organizó la primera edición de la Quincena de los derechos humanos, bajo
el patrocinio del Comissariat à la Sécurité Alimentaire [comisionado para la seguridad
14
alimentaria] (CSA). Este acontecimiento incluyó una conferencia sobre el derecho a la
alimentación, un foro de intercambio de experiencias, una rueda de prensa, una animación en
radio de la emisión "Actu hebdo" (actualidad semanal) de la ORTM (Oficina de Radiodifusión
Televisión de Malí)… Se realizaron varias sesiones de trabajo en el Commissariat à la
Sécurité Alimentaire [comisionado para la seguridad alimentaria] y varios encuentros con
diputados de la Asamblea nacional y consejeros técnicos del Ministerio de Economía y
Finanzas.
No hay que olvidar incluir a los medios de comunicación, porque “pueden ser foros de debate
público sobre los derechos humanos, de difusión de información y de concienciación sobre estas
cuestiones. También, dada su enorme influencia en el mundo moderno, puede que la información
y los datos que transmite tengan un efecto negativo importante sobre los derechos humanos si no
tienen en cuenta las cuestiones, las normas y los criterios que les conciernen”15.
A pesar del éxito inicial de los programas lanzados por Jeevika para identificar a los trabajadores
forzosos en el conjunto del taluk de Anekal, las estrategias emprendidas a nivel estatal no
produjeron ningún resultado tangible, pero en 2000, la exposición mediática de un asunto que
implicaba a cinco trabajadores forzados encadenados hizo cambiar de repente la actitud de la
administración. Esto llevó a anunciar públicamente un compromiso para aplicar la ley.
En Camerún, en el marco de la puesta en marcha del proyecto piloto propuesto por ASSOAL
(caso explicado con más detalle en la parte II. 2), esta asociación organizó foros y encuentros
alrededor del tema de la vivienda social. Los medios de comunicación16 desempeñaron un
papel importante en el éxito del proyecto al comprometerse con los problemas e inducir al
debate.
En Senegal, la asociación Handicap Formation, Education et Communication con los resultados
del estudio realizó un proyecto de apoyo a la promoción de los derechos de las personas con
discapacidad (financiación de la Unión Europea, 2008) gracias al cual se desarrollaron acciones
de alegato y de refuerzo de las capacidades a nivel nacional y local. Estas acciones tenían como
objetivo asegurar la asimilación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y la elaboración de un anteproyecto de ley de orientación social para entregar al
gobierno. Fue la ocasión de organizar talleres inter-regionales de formación sobre el desarrollo
inclusivo, el enfoque basado en los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. La
comunicación social se desarrolló a nivel nacional y en todas las regiones del país con el
apoyo de los medios de comunicación escritos y orales, lo que contribuyó en gran medida a
que las acciones tuvieran mucha visibilidad.
Mientras tanto en China, el proyecto Orchid AIDS Project (COAP), se estableció en 2003
creando un establecimiento para ayudar a los niños infectados de sida en la provincial de He Nan,
en el centro de China. Fue cerrado por la fuerza por el gobierno en 2007 por temor a que su
presencia denotara la gravedad del VIH y el sida en la provincial y empañara la imagen del
gobierno nacional. Se han producido conflictos entre el gobierno (central y local) y las ONG no
pueden intervenir en la causa. COAP denunció la situación a los medios de comunicación locales
e internacionales mediante el envío de copias de un documental producido por ella al canal 2 de la
televisión francesa (2003) y a la BBC. Estas dos compañías enviaron reporteros a la región y la
noticia dio la vuelta al mundo. Cuando todo esto salió a la luz, los gobiernos centrales y locales
promulgaron las Normas sobre prevención y tratamiento del sida y el programa “Four Free, One
15
16
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Preguntas frecuentes sobre los DESC, ficha
de información nº 33, 2009, p. 44.
Cameroun Tribune, Messager, Nouvelle Expression, la Tribune du Citoyen, CRTV, etc.
15
Care” para suministrar subsidios, medicinas y equipos de tratamiento gratuitos a la población
infectada por VIH. No obstante, COAP, que ahora se llama Dongjen Centre for Human Rights
Education and Action fue obligado a desplazarse a otra ciudad de China.
En Sri Lanka, Human Development Organization junto con los socios locales y régionales,
iniciaron una campaña de cabildeo y de alegato a niveles nacional e internacional:
 2000: participación al Foro de las ONG asiáticas y en la Conferencia mundial contra el
racismo en Colombo (Sri Lanka) y en Nepal.
 2001: participación a la Conferencia regional intergubernamental Asiática y a la
Conferencia mundial contra el racismo (Eran et Dehran).
 2001: participación al Comité Preparatorio de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, Ginebra. 21 de mayo/1 de junio.
 2001 Participación a la Conferencia Mundial contra el Racismo Durban –
 2002, 2003 Organización de manifestaciones, y de una campaña de firmas a niveles
nacional e internacional; cabildeo sobre los gobiernos nacionales y locales, así como sobre
los parlamentarios, con el apoyo del público, de organizaciones partidarias y de
responsables políticos de izquierda. Participación al Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas sobre las Minorías. Presentación hecha por el Sr P.P. Sivapragasam a la
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos ( 9º sesión .12 – 16 de
mayo de 2003),
Finalmente, el gobierno siguiente de Sri Lanka promulgó la ley de ciudadanía Nº 35 de 2003.
Aunque el gobierno aprobó la aplicación de dicha ley, verdaderamente, no fue seguida de efecto
hasta ahora. En la actualidad, HDO está llevando a cabo programas de sensibilización de los
agentes del gobierno y de la opinión pública sobre esta ley.
En resumen

Los distintos métodos utilizados por la sociedad civil (censo, testimonios) para realizar
la primera etapa de situación tienen todos el mismo objetivo: dar cuenta y probar
violaciones de derechos, eso sirve de herramienta de alegato hacia las autoridades;

La etapa de sensibilización a estas violaciones puede efectuarse a través de informes,
de peticiones, de consultas públicas, de encuentros con funcionarios o con políticos,
memorándums, campañas, representaciones (como el teatro de calle…);

Una de las herramientas de sensibilización, o incluso de presión más eficaz, sigue
siendo la utilización de los medios de comunicación que pueden tener un alcance
considerable, como en el ejemplo chino, donde se ha obligado al Gobierno a adoptar
una reglamentación relativa a la prevención y al tratamiento del SIDA.
Cada vez más, la participación de la sociedad civil en la elaboración y el seguimiento de las
políticas públicas se convierten en una voluntad de los Gobiernos, que desean crear espacios
abiertos y participativos de reflexión.
16
III La sociedad civil, apoyo de la propuesta, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas
1) La participación de la sociedad civil: en primer lugar, una voluntad
política
La participación de la sociedad civil en la elaboración de las políticas públicas la defienden la
mayoría de instituciones internacionales.
“Los gobiernos deben, definir cómo asegurar el liderazgo de la elaboración de estrategias de
desarrollo sostenible, para lo relativo a comprometerse, fijar orientaciones, crear un entorno
abierto y participativo para el proceso en cuestión – invitando a la sociedad civil y al resto de
actores a implicarse en el conjunto de actividades estratégicas -, y proporcionar, llegado el caso,
el apoyo requerido”. Este proceso debe situarse en un ciclo continuo de aprendizaje y mejora. Su
puesta en práctica requiere mucha paciencia, tiempo y recursos y es necesario desarrollar
relaciones basadas en la confianza para trabajar juntos.17
Las “Directrices voluntarias de apoyo a la materialización progresiva del derecho a una
alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional", adoptadas en 2004
por la FAO, estipulan que "los Estados están invitados a poner en marcha un enfoque multipartito
en materia de seguridad alimentaria nacional, para identificar las funciones de las diferentes
partes interesadas y hacerlas participar, englobando a la sociedad civil y al sector privado,
gracias a la puesta en común de las experiencias con el fin de favorecer el uso racional de los
recursos". Debe “permitir a los particulares materializar su derecho a participar en la dirección
de los asuntos públicos, su derecho a la libertad de expresión y su derecho a solicitar, obtener y
comunicar información”. Es necesario que las estrategias sean “elaboradas” y también
“ejecutadas de forma participativa, con la obligación de rendir cuentas”18.
Numerosos gobiernos han expresado pública y oficialmente la voluntad de trabajar conjuntamente
con la sociedad civil (ejemplos: Brasil, Malí...). Pero esta voluntad, aunque sea real, a menudo es
difícil de poner en práctica: la participación con frecuencia se asocia a compartir el poder y a
un proceso de descentralización, y por tanto es necesario un fuerte liderazgo para que sea
efectiva. Los poderes públicos tienen, en consecuencia, un papel esencial en la creación de
estructuras que faciliten la participación. Hay que esforzarse por incluir en el proceso a cuantos
más grupos e intereses sea posible para no fracasar en la política, el programa o el proyecto
adoptado19.
17
OCDE, PNUD. Las estrategias de desarrollo sostenible .Una recopilación de recursos op.cit. p.250.
18
FAO, Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en
el contexto de la seguridad alimentaria nacional, Roma, noviembre de 2004.
KURUVILLA Shyama, Civil Society Participation in Health Research and Policy: A review of models,
mechanisms and measures, London: Overseas Development Institute, Working Paper 251, agosto 2005, p.20.
19
17
Los mecanismos de participación pueden tomar diferentes formas:

comités consultivos

audiencias y consultas públicas

grupos de alegato e interés

encuestas de opinión pública

jurados/grupos de ciudadanos expertos

referéndum

métodos de investigación participativa
implicando a la población local

conferencias para la búsqueda de un
consenso

 representaciones en comités de
dirección y en paneles de evaluación, etc.
sondeo deliberativo
Fuente: Kuruvilla Shyama, op. cit., p. 20.
2) La sociedad civil como fuerza de propuesta
Además de ser el portavoz de la población para hacer remontar las violaciones de derechos y
sensibilizar las autoridades, la sociedad civil tiene un papel de consejo de las autoridades públicas,
en términos de propuesta de soluciones alternativas adaptadas, que tomadas en cuenta, se
transforman en políticas públicas.
En Brasil, la Constitución de 1988 insiste en la importancia de la participación popular en la
formulación de las políticas públicas y el control social. Generaliza el establecimiento de los
consejos y las conferencias participativas a nivel municipal, estatal y nacional20. En mayo de
1993, fruto del largo trabajo de alegato de la sociedad civil, el gobierno de Itamar Franco, en
colaboración con la red de movimientos sociales “Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e
Pela Vida” (Action citoyenne contre la faim, la misère et pour la vie)21 creó el primer Consejo
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conselho Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional – CONSEA). Introducía “una nueva práctica y cultura de gestión compartida de
las políticas públicas” y constituía un espacio de diálogo entre gobierno y sociedad civil22. El
CONSEA fue eliminado en 1995 y reemplazado por un consejo más grande, el Consejo de
comunidad solidaria (Conselho de Comunidade Solidária). Se convirtió en un órgano al servicio
del gobierno con socios de la sociedad civil cuidadosamente escogidos. Los movimientos
sociales mantuvieron la presión y consiguieron varias iniciativas positivas, como la creación
de un comité técnico interministerial de seguridad alimentaria y nutricional y un comité nacional
tripartito (gobierno, sociedad civil y sector privado) para la preparación de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación de la FAO de 199623. Tras esta cumbre se creó el Foro brasileño de
seguridad alimentaria y nutricional (FBSAN), que agrupa a figuras públicas y organizaciones
de la sociedad civil. Frente a la impermeabilidad del gobierno de Fernando Henrique
Cardoso ante sus reivindicaciones, el FBSAN modificó su objetivo de alegato: hizo presión
sobre los gobernadores para que pusieran en marcha, a nivel estatal, una política de lucha contra
20
21
22
23
Brasil tiene una larga experiencia en consejos participativos y algunos, como el Consejo nacional de la sanidad
creado en 1937, son muy anteriores a la Constitución.
Este movimiento social fue creado en 1993 tras las grandes movilizaciones sociales contra el hambre en Brasil.
Benvenuto Lima, Jr. Jayme, Zetterstrom, Lena (bajo la dirección de), Extrema pobreza no Brasil, a situação do
direito à alimentação e moradia adequada, São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 75.
Brasil se comprometió, como los otros 120 países presentes en la Cumbre, a seguir el plan de acción para reducir a
la mitad el número de personas que padecen hambre de aquí a 2015. Benvenuto Lima, Jr. Jayme, et al, op.cit., pp.
81-83.
18
el hambre y la exclusión social en colaboración con la sociedad civil, basándose en la experiencia
del CONSEA. A raíz de esto, se crearon consejos de seguridad alimentaria estatales, como el de
Minas Gerais en 1999 o el de Mato Grosso do Sul en 2002. También se desarrollaron procesos,
más o menos avanzados, en los estados de Alagoas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Amapá,
Acre y São Paulo24. Durante su campaña electoral, Luiz Inácio Lula da Silva anunció que una de
sus prioridades era la disminución del hambre en Brasil y esto relanzó la movilización de la
sociedad civil sobre este tema, además de producir una estrategia Fome Zero (Hambre cero),
presentada en 2001 por el Instituto Cidadania [instituto de la ciudadanía], en el que era consejero.
El diseño mismo del proyecto, síntesis de un año de trabajo con la participación de un centenar de
representantes de ONG, institutos de investigación, sindicatos, organizaciones populares,
emprendedores y parlamentarios, se describió como "una manera participativa de hacer
políticas públicas”25. Una de las recomendaciones fue la restitución del CONSEA. Fome Zero fue
retomado en su mayoría por Luiz Inácio Lula da Silva cuando accedió al poder en 2003.
En India, como consecuencia de la movilización de la sociedad civil y la presión mediática, el
coordinador de Jeevika, Kiran Kamal Prasad, en 2004 fue invitado por el gobierno de
Karnataka a participar en la elaboración de un plan de acción para la rehabilitación de los
trabajadores forzosos. La invitación fue aceptada y tuvo muchas consecuencias. Las propuestas
de la sociedad civil fueron tenidas en cuenta en el plan de acción aprobado en 2007 y
publicado en 2009. Jeevika propuso al gobierno imprimir un número elevado de copias del plan
de acción en lengua local y distribuirlas de forma inteligente, por ejemplo organizando programas
de concienciación al nivel del estado, de los distritos y de los taluks. Hoy, los programas de
reinserción están previstos por las autoridades. Por ejemplo, en un distrito de Chikkaballapur, 136
trabajadores forzosos han recibido recientemente sus certificados de liberación. Y otros 234
trabajadores van a obtenerlos dentro de poco. En otros 10 distritos están en marcha procesos
similares. Pero la movilización de la sociedad civil debe ser constante para erradicar totalmente
los trabajos forzados, porque las dificultades son numerosas: traslado demasiado frecuente de
altos funcionarios, (lo que impide luchar contra la exclusión de manera constante), mantenimiento
de los prejuicios de casta y clase en el conjunto de la administración, extrema vulnerabilidad de
los trabajadores forzados, cooptación de los dirigentes dalits y de las ONG…
En India también, HRFDL-K sometió a las autoridades la idea de implicarlas con el observatorio
nacional dalit en "la consulta nacional sobre la exclusión de los dalits en la respuesta dada a la
catástrofe". Tras esta propuesta, se organizó en Delhi un intercambio entre la sociedad civil y los
dirigentes políticos. De esta manera la sociedad civil pudo influir en la autoridad nacional de
gestión de las catástrofes naturales y difundir recomendaciones relativas a la ley sobre las
catástrofes en India.
En México, la sociedad civil propuso varias de acciones destinadas a influir sobre las leyes.
En 1997, por primera vez, los habitantes de Ciudad de México eligieron a su gobernador y el
partido de izquierda salió vencedor del escrutinio. Varios meses antes de estas elecciones se
puso en marcha la plataforma de organizaciones y redes civiles de Ciudad de México (de las
cuales REMISOC es miembro) con el objetivo de influir en las políticas locales y abrir paso
al diálogo. Tras la creación de esta plataforma, las autoridades municipales pusieron en marcha
una comisión de alto nivel encargada de representarlas ante la plataforma, que daba su
aprobación a algunas propuestas: se estableció la elaboración de una ley relativa al desarrollo
social del distrito federal, en el marco de la cual se adoptó la siguiente definición de desarrollo:
“el proceso de realización de los derechos de la población”; se pusieron en marcha diversos
24
25
Benvenuto Lima, Jr. Jayme, et al, op.cit., pp. 100-101.
Instituto Cidadania, Projeto Fome Zero - Uma Proposta de politica de segurança alimentar para o Brasil,
Brasilia, octobre 2001.
19
mecanismos de participación de la sociedad civil y de evaluación para el control del avance
de los DESC. Esta ley fue aprobada por unanimidad por el Parlamento local en 2000 y aunque
hubo nuevas elecciones ese año y el mismo partido fue reelegido para el ayuntamiento de la
ciudad de México, las nuevas autoridades por el momento no han prestado a esta ley la atención
que requiere y descuidando adoptar el reglamento correspondiente, lo que en la práctica dificulta
su aplicación.
Esta experiencia muestra dos cosas importantes que hay recordar:
 No se ha ganado nada. A pesar de los acuerdos concluidos, es necesario mantener la
presión y la movilización social. Tras la reelección del candidato del mismo partido, la
sociedad civil pensó que se aplicaría la ley adoptada durante la legislatura anterior. Pero
como la presión social era menos fuerte, el nuevo gobernador no sintió "amenaza social” y
no avanzó en la reforma. La movilización duradera es un auténtico desafío para la
sociedad civil.
 Para ser realmente capaces de influir sobre los gobiernos, es necesario representar una
fuerza de presión. Las organizaciones de la sociedad civil deben por tanto mostrar que
representan a un gran número de personas (electores potenciales). A pesar del esfuerzo
de alianzas realizado por las organizaciones mexicanas, las autoridades no sintieron una
representatividad importante. El otro desafío de la sociedad civil en el diálogo social es,
por tanto, ser representativa de un número suficiente de personas y hacerlo saber.
Se trata, por tanto, de mantener constantemente la presión social, movilizar a largo plazo y
representar realmente una fuerza de presión para garantizar la continuidad de las acciones
emprendidas.
En India, se lanzó una campaña para que se aprobase una legislación integral para la seguridad
social de los trabajadores no organizados que fue iniciada por un consorcio de 14 organizaciones,
de las cuales FEDINA (ONG y sindicatos). Inicialmente esta solicitud fue formulada por las
centrales sindicales en los años ochenta, pero los Gobiernos sucesivos no dejaron de aplazar el
vencimiento de la aprobación de verdaderas medidas en este ámbito. Se propusieron distintos
proyectos de ley y se crearon juntas para examinar la cuestión de estos trabajadores, no obstante,
no se realizó ninguna medida concreta. Esta campaña se emprendió en apoyo a la demanda de las
centrales sindicales. En 2007, se invitó a una primera reunión, a las organizaciones
comprometidas en un accionar al lado de los trabajadores del sector informal.700 delegados de
toda India participaron en esta consulta. A continuación el consorcio de amplió para formar una
extensa red de casi 500 organizaciones. Se utilizaron varios métodos de presión para lograr la
aprobación de este proyecto de ley, a menudo uniéndose a las acciones iniciadas por los sindicatos
centrales. Se presentaron a la Presidencia del principal partido una serie de protocolos de
acuerdo, se entablaron debates con el Ministerio de Trabajo, y se organizaron algunas
campañas de firmas y de carteleras. También se empleó la ayuda de un conocido cantante para
publicar un CD para llegar hasta los trabajadores no organizados. Se organizaron seminarios a
nivel estatal y nacional. Tras una intense campaña por parte del consorcio y virulentas
acciones de protesta organizadas por el movimiento sindical, el Parlamento presentó un
proyecto de ley con medidas para instaurar una seguridad social integral en septiembre de
2009. El proyecto de ley se convirtió en ley en 2010. Sin embargo, la ley es muy débil e
imprecisa. La responsabilidad de promulgar nuevas leyes al respecto ahora se ha transferido a
cada Estado. A raíz de esto, el Estado de Karnataka ha redactado un proyecto de ley que ha hecho
circular para su consulta. Este proyecto de ley excluye de su ámbito de aplicación a varios
sectores no organizados, especialmente a los trabajadores domésticos, que en su mayoría son
mujeres. Se decidió que la presión debía mantenerse a través de acciones de cabildeo y
alegato con el fin de obtener que la ley estuviera enmendada y así reforzada. El comité de
20
campaña opina que es absolutamente necesario organizar a los trabajadores no organizados desde
la base para que las exigencias sean mayores. Otra necesidad importante es la de forjar una
alianza entre los sindicatos y las ONG comprometidos con los trabajadores no organizados. El
sindicato de trabajadores domésticos de Karnataka se juntó con otros sindicatos de esta misma
categoría de trabajadores de otros estados para exigir su inclusión en el ámbito de aplicación de
la ley.
En Camerún, para concientizar a las autoridades públicas e influir sobre ellas en relación con la
falta de políticas en materia de vivienda social, la ONG ASSOAL desarrolló un proyecto piloto
de construcción de 10 viviendas sociales. El objetivo era proponer al gobierno elaborar y
poner en marcha una Estrategia Nacional de financiación de la vivienda social que integre a
las mutualidades y a las cooperativas de vivienda. Para este proyecto, la metodología se basó en
la capitalización de las experiencias relativas a la temática de la vivienda social, en la
planificación de las acciones para el cambio, en la puesta en práctica del plan de contactos y
propuestas (organización y animación de comités internos y grupos de trabajo, asociación y
alianza, cabildeo y grupos de presión, concienciación y movilización de actores, refuerzo de
capacidades) y finalmente en la puesta en marcha de experiencias piloto de financiación y
construcción de viviendas sociales. Se puso en marcha un grupo de trabajo entre ONG del
sector y se forjaron alianzas (medios de comunicación, diputados, jefes tradicionales, etc.)
para realizar una concertación entre varios actores en torno a la política de vivienda social.
Estos actores elaboraron juntos un estudio de viabilidad del proyecto de viviendas sociales. Este
trámite metodológico contribuyó a la formación de varias propuestas: textos de ley específicos
sobre la copropiedad y las cooperativas y mutuas de vivienda social, Estrategia Nacional de
financiación de la vivienda social, modelos de viviendas sociales accesibles para los habitantes de
los barrios desfavorecidos. Estas propuestas produjeron resultados tangibles y gracias a este
proyecto piloto tomaron forma cooperativas de vivienda y el Gobierno consideró a la sociedad
civil como socio estratégico en la promoción de la vivienda social. Las propuestas de ASSOAL,
por tanto, fueron tenidas en cuenta y las relaciones entre los diferentes niveles (Estado-Sociedad
civil-Empresas privadas) son dinámicas. El marco jurídico relativo a la vivienda social se está
estableciendo progresivamente y está en curso de validación una estrategia de financiación de la
vivienda social.
En Brasil, los relatores nacionales se encargan, tras emitir un diagnóstico y hacer llegar la
información a instancias superiores, de emitir recomendaciones sobre las desigualdades
encontradas. Analizan si los derechos humanos se ponen en práctica y de qué manera, fomentan
la creación de indicadores y preparan informes que contienen recomendaciones. Su función es
influir en los organismos públicos y presionar al gobierno brasileño para promover y garantizar el
respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. No están
institucionalizados y no han sido oficialmente constituidos por una ley o un decreto nacional. Sin
embargo, los relatores nacionales existen para aportar una contribución al país (a la sociedad y al
gobierno) para ayudar a evaluar la capacidad de poner en práctica los derechos y presentar
propuestas para superar los obstáculos y los problemas. Deben tener legitimidad a la vez
ante el gobierno y ante la sociedad civil. Realizan un trabajo importante de intermediarios y son
portavoces de las violaciones de derechos de la población.
En Senegal, el proceso de elaboración de la ley de orientación social para la promoción y la
protección de los derechos de las personas con discapacidad, se inició en 2007 con el Ministerio
de Acción Social. Un gran retraso o lo que parecía un bloqueo, por no decir una escasa
voluntad de los responsables operativos, lo que permitió a la sociedad civil darse cuenta de
la necesidad de suplir, si no de asumir directamente la elaboración de un anteproyecto.
Además, preocupada por esta situación y la ausencia de implicación de la mayoría de las
personas y los actores del sector, la asociación Handicap Formation Education et Communication
21
se procuró los servicios de un asesor y de expertos que permitieron presentar un anteproyecto de
ley a la dirección de acción social, que, a su vez, lo sometió a la aprobación del Consejo de
Ministros, en abril 2009.
En China, en 2009, una serie de acciones judiciales realizadas con la ayuda de PIDLI,
permitieron influir sobre las decisiones de las autoridades de una cierta cantidad de
ciudades. Un ejemplo de ello se dio en Chongqing: una persona con discapacidad presentó un
LIP sobre la accesibilidad de un banco contra la autoridad de urbanismo que concede los permisos
de construcción. El tribunal de primera instancia falló contra la demanda LIP pero el banco se
disculpó ante la víctima (demandante), de forma que el caso atrajo la atención de los medios y de
otras personas con discapacidad. Esto llevó a que se presentase otro PIL contra el Ministerio del
Ferrocarril por no prestar apoyo a las personas con discapacidad. Aunque el gobierno censuró las
reseñas de los medios sobre el caso y obligó al abogado a retirarse del caso, el Ministerio decretó
que las personas con discapacidad podían solicitar un tratamiento especial en los trenes y
que los responsables debían proporcionarlo.
3) La sociedad civil, actor indispensable de los órganos consultivos
Las conferencias o los consejos participativos son espacios de diálogo y concierto social entre
diferentes tipos de actores, estatales y no estatales (sociedad civil y actores privados) y tienen un
papel consultivo ante las autoridades para la propuesta de políticas públicas, su seguimiento
y el control de su buena aplicación. Constituyen así un lugar de expresión de la democracia
participativa que permite a los ciudadanos materializar su derecho a participar en la realización de
los asuntos públicos. Los poderes públicos los utilizan para responder a una cuestión precisa y
pueden generalmente ser fuerza de propuesta.
En Brasil, cuando ascendió al poder, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la adopción
de la política de seguridad alimentaria Fome Zero, basada en gran parte en la estrategia producida
por el Instituto Cidadania26 Su objetivo es asociar la sociedad civil27 y los sectores privado y
público (a nivel federal, estatal y municipal) y combinar acciones de urgencia con programas
estructurales. Además, el gobierno ha consultado a diferentes instituciones internacionales, como
la FAO, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Su informe común subraya
sobre todo la importancia de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la
puesta en marcha de la política de seguridad alimentaria28. La consecuencia es que se restauraron
el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) y las conferencias participativas a
nivel nacional, estatal y local. El CONSEA tiene carácter consultivo ante el Presidente de la
República en la formulación de las políticas y en la definición de las orientaciones para la
garantía del derecho humano a una alimentación adecuada. Está formado por unos sesenta
consejeros titulares, de los cuales un tercio son representantes del gobierno y dos tercios son
representantes de la sociedad civil y del sector privado, así como observadores (de otros consejos,
26
27
28
Fome Zero se compone de una treintena de programas (que combinan la continuidad de programas de los
gobiernos anteriores con una veintena de programas nuevos). Se articulan alrededor de cuatro ejes: el acceso a los
alimentos, el refuerzo de la agricultura familiar, la generación de ingresos y la articulación, la movilización y el
control social. Hay que tener en cuenta que no es exactamente igual que el proyecto original del Instituto de la
Ciudadanía. La mayor diferencia es la desaparición de la Reforma Agraria del eje de mejora de ingresos.
Se define como la agrupación de los sindicatos, asociaciones populares, ONG, universidades, colegios, iglesias de
diferentes confesiones y entidades de empresas, Instituto Cidadania, Projeto Fome Zero - Uma Proposta de
politica de segurança alimentar para o Brasil, Brasilia, octubre de 2001, p. 5
FAO, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Brasil-Projeto Fome Zero - Informe conjunto
FAO/BID/BM/Grupo de Trabajo del Equipo de transición, diciembre de 2002, pp. 4-6
22
organismos internacionales y el Ministerio Público Federal). Consejos idénticos existen también
en los niveles de los distintos Estados de Brasil y los municipios29.
En Malí, las orientaciones de la Estrategia nacional de seguridad alimentaria se basan en la
implicación del conjunto de actores públicos, privados y de la sociedad civil. El gobierno de Malí
insiste en la importancia de la participación, de la asociación y de la transparencia de los asuntos
públicos. Igual que el CONSEA en Brasil, un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria
(CNSA) se encarga de establecer una concertación permanente entre el Estado, la sociedad
civil y los socios en materia de seguridad alimentaria.
En Senegal, la designación de personas con discapacidad como consejeros especiales sobre las
cuestiones relativas a la discapacidad en la presidencia de la República, en las ciudades de Dakar
y de Pikine, permitieron poner en marcha una real voluntad política del Estado. Desde 2009, las
personas con discapacidad también cuentan con un representante en el consejo económico y social
quien es por otra parte el relator general.
Por otra parte, en 2005 y 2006 representantes de las organizaciones senegalesas de personas con
discapacidad participaron como expertos nacionales, en la sede de Naciones Unidas en Nueva
York, en la elaboración de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. No hay que olvidar que la pertenencia de ciertas organizaciones de personas
con discapacidad a redes, plataformas y consorcios de organizaciones de la sociedad civil
contribuyó a reforzar la influencia y la movilización en torno a sus causas y a los derechos
humanos. A título de ejemplo, el estatus de observador de Naciones Unidas de la RADDHO
facilitó la acreditación del coordinador de la asociación Handicap Formation Education
Communication, a los 7º y 8º períodos de sesiones del Comité Ad-Hoc de elaboración de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPH), en
Nueva York, que se unió a la delegación oficial de Senegal. El hecho de ocupar un escaño en
varios marcos ante el Estado y sus desmembramientos, de los socios técnicos y financieros y otros
organismos permitieron contribuir a la elaboración de la estrategia nacional de protección social
sin olvidar la elaboración del 10º Plan quinquenal de desarrollo, sobre la educación, la salud y
otros temas.
La eficacia del trabajo realizado, su influencia en los poderes públicos y su
representatividad varían en función de la movilización de la sociedad civil y de la forma y la
importancia que le conceden las autoridades. La simple existencia de las conferencias o los
consejos participativos no garantiza una mayor participación social en la elaboración de las
políticas públicas. En efecto, el simple hecho de estar presente no significa necesariamente
participar. En muchos consejos, las autoridades mueven los hilos y les atribuyen un carácter
ficticio o de figuración.
¿Cuáles son las oportunidades para que la sociedad civil participe en un consejo consultivo?
Participar en una conferencia o en un consejo consultivo permite a la sociedad civil ser escuchada
por los poderes públicos con más facilidad porque dispone de un marco para hacerlo. Así puede ser
fuerza de propuesta, pero también ejercer un papel de control de las políticas públicas y hacer
llegar a las autoridades los problemas experimentados por la población. De esta manera puede
orientar temas de debate y situar la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales en el
corazón de la agenda política.
La sociedad civil desempeña un papel en la difusión de sus posturas, aporta su experiencia,
escucha las posturas de otros sectores y ejerce presión (durante los debates pero también con el
29
La existencia de los CONSEA es necesaria para recibir fondos del gobierno federal con respecto a ciertos
programas de seguridad alimentaria. Por eso perduran, aunque sólo sean ficticios.
23
cabildeo directo ante personas objetivo, porque estas conferencias o consejos, que reúnen a los
principales actores del tema tratado, facilitan el establecimiento de contactos y de encuentros
informales).
Antes de nada, para mayor eficacia de la participación de la sociedad civil, es necesario que
se organice y trabaje en red. Deberá ser lo más representativa posible de la sociedad, a la vez a
nivel geográfico y sectorial (diferentes campos de acción y diferentes tipos de estructuras:
asociaciones, organizaciones comunitarias, sindicatos, institutos de investigación, etc.). Hacia
arriba, los representantes de la sociedad civil producen las propuestas o las reivindicaciones de la
red en el seno del consejo o de la conferencia y hacia abajo, hacen llegar los debates, los avances
y los fracasos las instancias superiores. Esto permite tener más eficacia, porque varios miembros
producen las mismas reivindicaciones. Esto también permite representar un auténtico contrapoder
(por ejemplo si las autoridades quieren convertir al consejo en un órgano ficticio).
Así en Brasil, las asociaciones se reúnen en el Foro brasileño de seguridad alimentaria y
nutricional (FBSAN). Coordinan sus acciones en el seno de este foro y los miembros del
CONSEA producen las reivindicaciones y propuestas del Foro en el seno del consejo.
En México, el diálogo con la autoridad federal tiene lugar mediante el mecanismo de
concertación de la Comisión gubernamental (Intersecretarial) para los derechos humanos, bajo la
presidencia de la Secretaria de relaciones exteriores. Se organizaron varios talleres, incluido uno
sobre los DESC; se definió una metodología a raíz de la propuesta de las organizaciones de
la sociedad civil - para el seguimiento de las recomendaciones resultantes de los debates
tanto sobre sus aspectos específicos como sobre aspectos generales de política social. Por
desgracia, cuando se reunieron las condiciones para la producción de resultados concretos el
gobierno mexicano decidió, de forma unilateral, modificar tanto el funcionamiento de la
Comisión gubernamental como el mecanismo de representación, haciendo que los dos
dependieran de la Secretaría del gobierno, sin que hasta ahora se haya restablecido realmente su
funcionamiento, lo que se traduce en la práctica en un retroceso con respecto a los avances que se
habían producido hasta el momento.
Deducimos de esta experiencia que la voluntad política compartir el poder con la sociedad
civil puede ser ficticia. En la práctica, el diálogo social se corrompe fácilmente en beneficio del
gobierno y no de la población. Por eso hay que estar vigilantes para no ser utilizados por el
gobierno ni perder tiempo en negociaciones estériles porque no existe voluntad de continuar las
negociaciones. Las asociaciones de Brasil también habían vivido esta situación y respondieron
reforzando la movilización social, que acabó por tener éxito. Una vez más, la movilización
masiva y duradera es una apuesta crucial para asegurar una presión eficaz ante las
autoridades.
Para implicarse plenamente en una conferencia o en un consejo participativo, es necesario
que los miembros, estatales y no estatales, dispongan de tiempo para comprometerse con los
temas tratados, pero también de conocimientos y capacidades para actuar en las políticas
públicas (conocimientos técnicos, funcionamiento de los poderes públicos...). Por tanto, a veces
es necesario proporcionarles formación sobre el funcionamiento de las políticas públicas, los
procesos de toma de decisiones, de seguimiento y de evaluación de las políticas públicas; los
presupuestos, los derechos económicos, sociales y culturales, para que puedan llevar su misión a
buen término. Además, es importante que las personas que recibirán las recomendaciones (de los
Ministerios y administraciones en cuestión) las comprendan. Pues, puede ser útil asociarlas a las
formaciones.
24
En Brasil, el FBSAN estableció como prioridad reforzar las capacidades de las organizaciones de
la sociedad civil para que ésta tenga más peso ante las autoridades. Se realizaron formaciones para
los miembros estatales y no estatales, por los CONSEA y ONG:
A menudo, una limitación es que siempre son representantes de las poblaciones vulnerables y no
las propias poblaciones las que están presentes. Por eso es esencial reforzar las capacidades de
la población, para que ella misma sea capaz de defender y reivindicar sus derechos ante las
autoridades públicas locales y participar en los consejos y las conferencias participativas.
Aunque este trabajo lo realiza normalmente la sociedad civil, no podemos olvidar que le
corresponde al Estado “permitir a las personas materializar su derecho a participar en la
realización de los asuntos públicos”.
En Brasil, esta tarea de movilización social y de educación ciudadana la realiza la Red de
Educación Ciudadana (Rede de Educação Cidada), creada en el marco de la política Fome Zero.
Es una estructura mitad pública y mitad privada que permite disponer de suficiente autonomía; sus
educadores, repartidos por todo el territorio, trabajan con la población basándose en la ideología
de educación popular de Paulo Freire
Varias recomendaciones sobre la participación de la sociedad civil:






Para favorecer el interés y la participación, se debe privilegiar la elección de los
representantes de la sociedad en lugar de su designación;
Las indemnizaciones pueden tener un efecto negativo en la eficacia de la participación, al
atraer a personas que sólo están motivadas por la remuneración y no por su misión. Sin
embargo, es importante el reembolso de los gastos de transporte y alojamiento. La
combinación de un tiempo de desplazamiento largo y de un gasto importante es
doblemente desalentadora;
Una sociedad civil ya organizada dispone de más capacidades para ejercer presión
sobre las autoridades y exigir el buen funcionamiento de los consejos o la toma en cuenta
de las decisiones tomadas;
Hay que buscar alianzas con organizaciones fuertemente representativas para tener
peso real en las negociaciones sociales;
El refuerzo de las capacidades de la sociedad civil le proporciona formas de participar
más activamente en la formulación y el control de las políticas públicas;
Hay que encontrar un medio de movilizar a las organizaciones y a las personas de
forma duradera (fijar objetivos a corto plazo, por ejemplo), para evitar que el
movimiento pierda inspiración y que el gobierno sólo tenga que esperar a que se debilite
para dejar de tener en cuenta a la sociedad civil.
Así, en Brasil, el CONSEA nacional se ha consolidado a lo largo de los años y actualmente tiene
cierta influencia sobre los poderes públicos y las políticas que ponen en práctica (han conseguido
crear nuevos programas, aumentar el presupuesto en otros...). Dos conferencias nacionales para la
elaboración de directrices y prioridades para la construcción y la puesta en marcha de la política
nacional de seguridad alimentaria en 2004 y 2007 con conferencias previas a partir del nivel local
y la garantía de la representatividad de los diferentes segmentos de la sociedad brasileña (como las
comunidades tradicionales) permitieron la participación popular y el debate a escala nacional. Los
participantes fueron más protagonistas y más diversos en las conferencias de 2007 que en 2004, lo
que demuestra que el establecimiento de procesos participativos lleva su tiempo, igual que la
puesta en marcha de las políticas públicas que se derivan de ellos. De ahí la necesidad de que
25
se integren en una política de Estado y no de gobierno (ya que esta última es temporal).
Aunque estos consejos parecen ser lugares de acción adecuados para tratar de influir en las
políticas públicas, hay que ser consciente del hecho de que su eficacia depende de la escucha y de
la importancia que el gobierno les otorga. Además, sigue siendo necesario contar paralelamente
con otros medios de acción: las denuncias de casos de violaciones de derechos y los contactos
directos con las autoridades públicas, las campañas, las peticiones, la información de la población
y otros medios de cabildeo y de grupos de presión siguen siendo necesarios para tratar de influir y
de hacer avanzar las políticas públicas en relación con las necesidades de las poblaciones más
vulnerables. En cada ocasión, una acción en red permite una mayor representatividad y
legitimidad y tendrá, por lo tanto, más probabilidades de éxito.
26
En resumen

La mayoría de las instituciones internacionales y numerosos Gobiernos recomiendan la
participación de la sociedad civil en la elaboración de las políticas públicas;

se solicita a la sociedad civil para su fuerza de propuesta de soluciones alternativas
adaptadas; el ejemplo de Brasil que adoptó una “manera participativa de hacer políticas
públicas” es absolutamente significativo;

para evitar que el movimiento se desaliente, la movilización de la sociedad civil se debe
de ser constante; es necesario mantener la presión sobre la duración para garantizar la
continuidad de las acciones aplicadas y que los efectos perduran;

para más eficacia de la participación de la sociedad civil, es necesario que ésta esté
organizada y trabaje en red. Ésta deberá ser lo más representativa posible de la
sociedad, a la vez a nivel geográfico y sectorial;

una sociedad civil ya organizada dispone de más capacidades para ejercer presiones
sobre las autoridades;

las conferencias o consejos participativos son espacios de diálogo y de concertación
social entre distintos tipos de protagonistas y tienen un papel consultivo, pero el simple
hecho de estar presente no significa inevitablemente participar;

es necesario seguir siendo vigilante ante la voluntad de las autoridades políticas de
compartir el poder con la sociedad civil; puede a veces ser artificial. En la práctica, el
diálogo social es fácilmente desviado a favor del Gobierno;

es importante reforzar las capacidades de las poblaciones para que ellas mismas sean
capaces de defender y de reivindicar sus derechos ante las autoridades públicas y de
participar en los consejos y conferencias participativas;

hay que buscar alianzas con organizaciones muy representativas para tener un
verdadero peso en las negociaciones sociales.
Conclusion
La contribución de la sociedad civil a la elaboración de las políticas públicas es un recurso que
parece ser cada vez más valorizado y aprovechado por las autoridades. La información, la
consulta y la participación activa permiten constituir una mejor formulación de las políticas
públicas; esta participación es indispensable para combatir las desigualdades o las violaciones de
derechos.
Esta compilación de experiencias destaca que cualquiera sea la violación de derecho
(discriminación, seguridad alimentaria, vivienda, salud…), la población tiene la posibilidad de
hacer oír su voz.
Esta guía ilustra las tentativas y éxitos de las organizaciones de la sociedad civil, quienes,
movilizadas, organizadas y constantes consiguieron tener una influencia directa o indirecta en las
decisiones del Estado. Los métodos son tan distintos que el número de casos citados: información,
sensibilización, presión, peticiones, participación en los consejos consultivos. Cada acción está
vinculada al contexto político del país, sin embargo, los métodos utilizados por los socios pueden
ser utilizados nuevamente por otros, adaptándolos a su propio contexto.
27
Anexo
La sociedad civil como interfaz entre las poblaciones, las autoridades y las administraciones
públicas
Síntesis de los talleres de reflexión del seminario de Dakar, septiembre de 2010
¿Cuáles son los desafíos?
 Incluir las preocupaciones de la población como básicas y velar por que sean tenidas en
cuenta por las autoridades.
 Desarrollar la capacidad de las autoridades para adaptar las políticas y los proyectos de
desarrollo a las realidades de la población.
 Concientizar sobre la necesidad de legislar con el fin de transformar las necesidades en
derechos, obtener nueva legislación o al menos hacerla avanzar.
 Ayudar a la formulación de las políticas públicas e introducir el enfoque desde los derechos
para una mejor promoción de los derechos de los ciudadanos adaptados a las realidades
cotidianas.
 Poner en marcha un marco de concertación y diálogo.
 Educar y acompañar a la población en la asimilación de los enfoques de diálogo entre los
poderes públicos y los ciudadanos.
¿A qué dificultades nos exponemos durante la puesta en marcha de este proceso?
 Riesgo de utilización por parte de los poderes públicos (evitar ser considerados como
creadores de valor) y de politización de las organizaciones de la sociedad civil con un
impacto sobre su credibilidad.
 Parecer demasiado subversivos.
 Confundirse con la población (la sociedad civil sólo es un intermediario; no debe ocupar el
lugar de la población).
 Que el Estado promulgue sus leyes y tome sus decisiones sin consultar a la sociedad civil.
 Dificultades en la búsqueda de soluciones durante el diálogo social: el compromiso puede
ser visto como una solución pero también como una cooptación e incluso una traición (hay
que ponerse bien de acuerdo con las organizaciones / la población sobre los elementos que
pueden ser objeto de un compromiso).
 Divergencia de los intereses de las organizaciones de la sociedad civil y ausencia de sinergia
en sus acciones.
 Riesgos de bloqueo o de traba con fines de sabotaje de las iniciativas
¿Cómo prever o esquivar los problemas?
 Forjar alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, la población de base, algunas
instituciones estatales e internacionales, algunas personas recurso especializadas en los
temas, los medios de comunicación, los líderes de opinión, etc.
 Ser transparentes y desarrollar un código ético (ser neutros y apolíticos);
 Realizar elecciones estratégicas adaptadas a ciertos problemas.
 Integrar a la población en la elaboración y la puesta en marcha de las políticas públicas.
 Concientizar a la población sobre la función y los límites de la sociedad civil.
 Reforzar sus capacidades para realizar propuestas pertinentes dirigidas al Estado
28
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En linéa: http://www.undp.org/publications/annualreport2006/english-report.pdf
Enlaces útiles
« Agir pour le respect des droits économiques, sociaux et culturels »
http://www.agirpourlesdesc.org
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme: http://www2.ohchr.org
Association Internet pour la promotion des droits de l‟Homme - AIDH
http://www.droitshumains.org
Centre des droits de l‟Homme de l‟Université du Minnesota – HRUSA : http://www.hrusa.org/
* Le cercle des droits, l‟activisme en faveur des droits économiques, sociaux et culturels, un outil
pour la formation :
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/frenchcircle/toc.htm
International Network for Economic, Social & Cultural Rights - ESCR-Net
http://www.escr-net.org
30
Programa internacional de formaciones a los métodos de exigibilidad de los
derechos económicos, sociales y culturales:
Actuar para promover los DESC: http://www.agirpourlesdesc.org/?lang=en
Organizaciones que han contribuido a esta publicación:
Actions Solidaires de Soutien aux Organisations et d‟Appui aux Libertés - ASSOAL (Camerún):
www.assoal.org/
Plataforma DESC de Camerún : http://plateformedesccam.org
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional - FASE (Brasil) :www.fase.org.br/v2/
Plataforma brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais –
DHESCA (Brasil) : www.dhescbrasil.org.br/
Foundation for Educational Innovation in Asia –FEDINA (India) : http://fedina.org
Human Rights Forum for Dalit Liberation-Karnataka - HRFDL-K (India)
Human Development Organization – HDO (Sri Lanka): http://www.hdosrilanka.org/
Jeeta Vimukthi Karnataka – JEEVIKA (India): www.jeevika-free.org/
Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad Civil–REMISOC (México):
www.remisoc.org.mx/
Mouvement des peuples pour l'éducation aux droits humains (Mali)
Plateforme DESC du Mali
Handicap, Formation, Éducation et Communication (Senegal)
Plataforma DESC de Senegal
Dongjen Centre for Human Rights Education and Action, (Chine)
Public Interest and Development Law Institute – PIDLI (Chine)
Terre des Hommes France : www.terredeshommes.fr
Otros socios del programa “Actuar para promover los DESC”
Asian Human Rights Commission: www.humanrights.asia/
Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes - ALVF (Cameroun)
Integrated Rural Development Society - IRDS (India) : www.irdsindia.org/sabsoft/
Juristes-Solidarités (France) : www.agirledroit.org/
People‟s Education and Economic Development Society - PEEDS (India)
Philippine Human Rights Information Center - PHILRIGHTS (Filipinas): http://philrights.org
Philippine NGO PO network on Economic, Social and Cultural Rights
Plataformas DESC de Benin y de Togo
Red Aoudaghost (Benin, Mali, Senegal, Togo)
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Programa:
http://www.agirpourlesdesc.org/?lang=es
Organizaciones que han contribuido a esta publicación:
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