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XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Ciudad de Guatemala, 7 - 10 Nov. 2006
Política pública agroalimentaria en Venezuela: el caso de la Misión MERCAL
Juan Medina Carrero
1.- La problemática alimentaria y la política para combatirla
Durante largo tiempo en los derechos sociales, principalmente los relativos a la
cobertura de las necesidades básicas fueron manejados con criterios exclusivamente
electorales y sin sentido de permanencia. Una síntesis interpretativa sobre las principales
transformaciones ocurridas en el espacio social del Estado Venezolano, sugiere que ante esa
urgencia, desde 1998 se han abierto las posibilidades para canalizar y atender esta
problemática con un sentido más democrático, equitativo y de responsabilidad, bajo el mando
de una política gubernamental estrategia y auxiliada por el Estado. Esta política general
viene marcando una dirección diferente para el desarrollo del país.
Destacados analistas coinciden en el planteamiento de que, a lo largo del proceso
democrático venezolano se ha carecido de un proyecto de apoyo social efectivo de apoyo
agroalimentario sostenido. Este problema también ha afectado notablemente la confianza de
los ciudadanos hacia las instituciones y particularmente la legitimidad de los gobiernos.
Como bien se ha venido manejando entre los estudiosos de la Ciencia Política, “el elemento
determinante de la crisis de gobierno se encuentra a nivel de las relaciones entre política y
sociedad, y puede depender de la falta de representatividad de la clase política en el poder,
la falta de legitimación del sistema, que es rechazado por fuertes grupos de la comunidad, y
de la falta de eficiencia para responder a la demanda de la comunidad” Pasquino y Mateucci
(1988:393).
Es sobre el último punto se ha manifestado en forma clara la necesidad de proponer
una política pública destinada a solventar un problema de bienestar como el relativo a la
cobertura de las necesidades básicas. Esta política pública tienen como propósito o meta la
satisfacción de las necesidades alimentarias de la población venezolana, por medio de la
gestión gubernamental y como “Modelo Alternativo” lo cual se ofrece bajo una visión
distributiva en lo político y regulativa desde lo institucional para promover la estabilidad
política y profundización en lo social.
Así, una tarea importante por parte del Gobierno Nacional actual, desde el año 1999,
consiste en la puesta en marcha de una serie de programas en la sección agroalimentaria,
definiéndolos en términos de equidad, para favorecer a los estratos sociales más
desposeídos.
Evidentemente, la nueva Carta Magna de nuestro país promulgada en 1999, pone un
énfasis, jamás visto en las anteriores constituciones venezolanas, sobre la materia social, y
esto es si se quiere uno de sus elementos más novedosos. Una característica importante de
la política social actual es el principio de transversalidad, mediante el cual se asume que los
cuadros de vida de una población son el resultado de una confluencia de muchos factores y
que, por tanto, los problemas deben ser abordados desde una perspectiva de integralidad.
Es indiscutible la cantidad de artículos que consagran derechos específicos para los
ciudadanos, y dentro de la misma línea nadie puede quedar excluido de los derechos y
oportunidades que brinda esta Carta Política.
La estrategia de promoción de la calidad de vida que actualmente, desarrolla el Gobierno
Nacional, tiene entonces el objetivo de darle a los grupos sociales excluidos mayores
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oportunidades productivas, educativas, salud y alimentación, para elevar sus condiciones de
vida. Para ello, se plantea:
a. La reducción de las brechas de inequidad.
b. La inclusión social.
c. La inclusión productiva.
d. La construcción de ciudadanía
e. El incremento de la autonomía social como la capacidad que tienen los individuos de
modelar sus proyectos de vida.
A decir verdad, se busca incrementar las posibilidades de que los sectores excluidos se
incorporen al desarrollo social y económico. También se trata de una estrategia de
promoción de la salud y la calidad de vida, buscando garantizar el acceso universal de los
derechos sociales, con criterios de equidad, atendiendo a aquellos territorios y a los
segmentos sociales que no tienen las mismas oportunidades estructurales que ofrece la
institucionalidad pública nacional, y el país en general. Hacia estos territorios y segmentos
sociales tradicionalmente excluidos, es hacia donde se desarrollan los programas concretos
para incrementar la autonomía de los individuos pertenecientes a dichos territorios.
Particularmente y en cuanto a la política social, se plantea que ella se debe orientar hacia la
búsqueda del equilibrio social, con el objetivo de alcanzar la justicia social. Esta última se
define como la ampliación y profundización de la democracia social en todos los campos que
le conciernen; específicamente en la educación, la alimentación, la salud, la cultura, la
seguridad y el ámbito recreacional. Análogamente, la atención gubernamental a las
demandas sociales por vía de políticas de asistencia por Programas Agroalimentarios,
contribuye notablemente a disminuir la sensación de crisis colectiva y a aumentar las
condiciones de gobernabilidad de la democracia en términos de efectividad por rendimiento.
En consecuencia, la política social y sus correspondientes programas y proyectos tienen
como objetivo atender la deuda social aculada durante años de exclusión e inequidad, y con
este objetivo se trata de reivindicar la sustentabilidad, bajo la óptica de criterios de
universalidad de los derechos, promoción de la calidad de vida y construcción de una nueva
ciudadanía social. Esto incluye los nuevos programas que se enmarcan en la perspectiva
descrita y sirven de guía y orientación de la nueva política social actual en Venezuela.
Los planteamientos se realizan en un contexto valorativo del proceso en marcha, es
decir, se estudian las metas entorno a cuyos logros se define el desempeño del Gobierno y el
Estado como referencia de organización política con capacidad para promover el bienestar
colectivo. Esto implica el análisis de la transformación institucional y de las exigencias del
Sistema Político Venezolano para alcanzar sus objetivos.
Recordemos que la evolución de las políticas públicas en Venezuela, antes del
Gobierno del Presidente Chávez, siguió por lo general marcada por la indiferencia ante la
pobreza y sin dedicarle mayores recursos económicos a este problema, tanto en la fase del
boom petrolero desde la mitad de los 70 hasta la mitad de los 80, al igual que en el período
de descenso y desplome de las finazas del Estado, ocurridos desde finales de los 80 hasta
finales de los 90.
Antes del auge del petróleo, el principal programa de gobierno en contra de la pobreza
fue el programa de reforma rural, que redistribuyó la tierra a ciento cincuenta mil (150.000)
familias al comienzo de los años 60. Sin embargo, con el apogeo del petróleo Venezuela se
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intentó una transformación e industrialización, bajo criterios modernos y se rechazó el
programa de reforma agraria a favor de programas que poco a poco alejaron al país de la
producción derivada de la agricultura.
También se formularon otros programas de asistencia social, pero la mayoría
adolecieron por deficiencias debidas al clientelismo partidista y al paternalismo del Estado.
Un factor importante en el desplazamiento gradual de las clases beneficiarias de los
programas gubernamentales fue que los servicios sociales progresivamente dejaron de ser
gratuitos. Los servicios sociales por ejemplo, instituyeron paso a paso cuotas de acceso cada
vez más altas pero la retribución siguió empeorando. De forma similar, servicios preferentes
como la sanidad pública y educación, aunque formalmente eran gratuitos, requerían de
erogaciones cada vez mayores.
También el rápido incremento poblacional debido a las grandes corrientes migratorias
llegadas de países como Colombia y de otros países Latinoamericanos, hicieron de la
pobreza un fenómeno más complejo y diverso.
Basados en las alternativas a seguir, “se define el sistema político como democrático –
participativo y protagónico, de los derechos sociales se amplían a nuevas áreas de vida
social y se incorporan nuevos sujetos, la función social del Estado, se redefine y se establece
que éste será el que ejercerá el rol principal en cuanto a la garantía de los derechos sociales,
y se introduce el principio de la corresponsabilidad social de las famitas y de la sociedad con
igual obligación de cumplir deberes para asegurar cabalmente el ejercicio de estos derechos”
D´Elia (2002: 11-19).
Visto así el sistema político venezolano ha sido relativamente eficaz en sus objetivos
políticos estratégicos. Pero, justo es reconocerlo, durante el gobierno actual en primer lugar,
ha surgido una mayor conciencia por fortalecer el papel del Estado en un área muy
importante, y que más allá de la democracia representativa y su estabilización, se asuma
como un valor muy importante poniendo por delante el tema de la inclusión social. Aunque
obviamente, para algunos analistas políticos el principal objetivo sigue siendo el de privilegiar
la estabilidad de la democracia, para la gran mayoría ahora lo fundamental implica una mejor
gobernabilidad en términos de eficacia del sistema político, y de legitimidad ante la sociedad.
En sus condiciones de cambio “Se está iniciando una etapa en la cual el sistema político ya
no puede permitirse el lujo de una política de conciliación e ineficacia, que puede convertirse
en el principal enemigo de la estabilidad democrática” Stambouli (1980).
El modelo de desarrollo armónico e integral emprendido por la “Revolución
Bolivariana”, busca entre sus objetivos privilegiados garantizar la independencia productiva
con la igualdad y Justicia Social, para ello se avanza en una tendencia hacia los polos de
equilibrio económico, social, político, territorial e internacional de Venezuela que enmarca la
política del gobierno actual. Sin embargo; grandes obstáculos derivados de la persistencia
del modelo de desarrollo consumista tradicional y excesivamente dependiente del Estado,
puede generar grandes contradicciones en la actual etapa de tránsito orientada hacia el
deseo de cambio social.
Por otra parte y retomando las condiciones históricas del esquema socioeconómico de
los años anteriores, al imponerse la lógica de maximización de la ganancia; el neoliberalismo
negó las potencialidades del desarrollo endógeno, en función de priorizar los negocios
financieros y petroleros eminentemente transnacionalizados, sin impacto en la generación de
empleo productivo y desarrollo endógeno. Como manifestación del proceso de centralización
y concentración del capital, el totalitarismo economicista del mercado mundial trata de
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homogeneizar las relaciones de producción, profundizando las asimetrías sociales y la
dependencia. Las medidas neoliberales estaban entonces dirigidas a satisfacer el afán de
lucro de los grandes capitalistas y de sus acólitos, y no a cubrir las necesidades de toda la
población de manera equitativa.
En cualquier caso, ninguno de los modelos de desarrollo señalados logran una
implementación efectiva de las políticas que debían transformar la estructura económica y
social del país, en beneficio de las mayorías sociales y preservando la soberanía nacional, lo
cual se podría haber revertido por los enormes ingresos derivados de la exportación petrolera,
que tampoco logró su cometido en la concreción de las políticas agroalimentarias con
criterios de difusión estratégica hacia los sectores sociales más necesitados.
Estos conceptos se plasman en el plan de desarrollo económico y social de la Nación
2001- 2007, el cual ya es manejado por la población como un instrumento de lucha, de
combate, de promoción social. El mismo propone el desarrollo del país a partir de la
conjunción de cinco polos de equilibrio ya señalados anteriormente: el político, el económico,
el social, el territorial y el internacional.
La estrategia de promoción de la calidad de vida que actualmente, desarrolla el
Gobierno Nacional, tiene entonces el objetivo de darle a los grupos sociales excluidos
mayores oportunidades productivas, educativas y salud, para elevar, en el corto y mediano
plazo sus condiciones de vida.
Una característica importante de la política social actual es el principio de
transversalidad, mediante el cual se asume que los cuadros de vida de una población son el
resultado de una confluencia de muchos factores y que, por tanto, los problemas deben ser
abordados desde una perspectiva de integralidad.
La estrategia de promoción de la calidad de vida incorpora, de manera integral,
programas de mediano y corto plazo, que actúa en diversas dimensiones y variables que en
su conjunto determinan las condiciones de vida de las poblaciones. Con ello se busca
ampliar el campo de las oportunidades sociales de las poblaciones excluidas. Con respecto
al programa dedicado específicamente a combatir la pobreza en el corto plazo, el año 2002
fue un momento de crisis, debido a un intento de golpe, tres huelgas generales lideradas por
los empresarios y la paralización y sabotaje de la industria más importante del país, la
industria petrolera que arrojó pérdidas incalculables, y en una aproximación ligera se le
estima en unos 11 mil millones de dólares. Como resultado, el gobierno pudo dedicar pocos
recursos a programas específicamente anti-pobreza, más allá de los programas en curso
sobre los cuales ya se venía trabajando. Las políticas actuales, o quizás las políticas a medio
plazo (junto con las políticas macroeconómicas, que son a largo plazo), incluyeron
programas de programas de micro créditos en su esfuerzo por promover la cooperación
agrícola a lo largo del país.
2. Estrategias especificas de la Misión MERCAL
La misión de alimentos (MERCAL) garantiza el derecho a la alimentación, integrando a
los productores primarios y a la pequeña y mediana agroindustria artesanal local (apoyando
su conformación y masificación), logrando la negociación directa de productos procesados,
semiprocesados y naturales. Así mismo se establece una red de abastecimiento, distribución
y ventas de alimentos, garantizando la adquisición por los (as) consumidores (as) de los
alimentos de primera necesidad, eliminando las cadenas de distribución (roscas) que los
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encarecían. MERCAL, alcanzó las 3.593 toneladas métricas (TM) de alimentos diarias en
agosto del 2004, abasteciendo a más de nueve (9) millones de personas a través de 9.000
puntos de ventas.
Siguiendo las líneas estratégicas del “Salto Adelante” y de la “Revolución en la
Revolución”, el rescate de las tierras para el pueblo se profundizará como parte
indispensables de los avances de la transformación social. En no saldar la deuda social en el
campo y el no comprometerse con el logro de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria.
MERCAL es una empresa de comercialización y mercadeo de forma directa y
permanente de productos alimenticios y otro tipo de producto de primera necesidad, con el
objeto de ser colocados al mayor o al detal en centros de ventas fijos y móviles, previa
captación de comercios individuales, colectivos o familiares.
Persigue favorecer el abastecimiento alimentario de la población venezolana de
escasos recursos económicos, mercadeando productos de calidad, a precios más solidarios.
El programa incorpora a pequeñas empresas y a cooperativas, mediante puntos de
comercios fijos y móviles, desarrollando una imagen corporativa en todos sus procesos y con
apego a las normas que rigen la materia para garantizar la seguridad alimentaria.
Objetivo: Comercialización y mercadeo de productos alimentarios de primera necesidad.
Estructura de funcionamiento y modalidades de ejecución.
Módulo MERCAL Tipo I: Punto de venta modelo de Mercal al detal. Su estructura guarda un
formato en todas las localidades, al concebirse su construcción en el ámbito nacional a partir
de un proyecto con dos modelos de acuerdo a su tamaño. Modelo ampliado (274 m2) y
Modelo Básico (154m2).
Módulo MERCAL Tipo II: Punto de venta al detal, cuya estructura y capacidad son variables
dado que provienen de la recuperación y acondicionamiento de recursos de infraestructura
del Estado o privados. Pueden ser especializados, es decir, pueden despacharse líneas
específicas de alimentos, tales como embutidos y otros.
Bodegas MERCAL: Puntos de venta al detal, previamente inscritos en el Registro MERCAL,
ubicados en zonas de mayor densidad poblacional en riesgo de inseguridad alimentaria. Se
corresponde con la bodega tradicional venezolana. Permite la integración de las familias al
programa MERCAL.
Bodegas Móviles: Unidades de vehículos destinados a cubrir diferentes rutas y determinados
puntos de venta, para el suministro de alimentos al detal a la población en riesgo de
inseguridad alimentaria, ubicadas en zonas de difícil acceso.
Mega mercados a Cielo Abierto: Venta al detal o por combos (paquetes de alimentos
variados) de productos alimenticios y otros de primera necesidad, en sectores populares de
las principales ciudades y municipios, al aire libre o bajo toldos / techo.
Programa Especial en Áreas Rurales y en Comunidades Indígenas: Esta destinado al mayor
porcentaje de pequeños productores y comunidades con alta carga familiar. Estos no
producen en cantidad y variedad los productos suficientes para cubrir sus requerimientos de
alimentación y nutrición, por lo que las modalidades de Bodegas y Móvil MERCAL permitirán
alcanzar los objetivos del programa: darle soporte a la conformación de un sistema de
reservas estratégicas alimentarias, con adecuada distribución espacial; fortalecer la
integración de las ONG a la red de ejecución y control del programa, de manera efectiva.
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Concertación de Precios: Esta modalidad tiene la finalidad de eliminar a los intermediarios
mediante la compra de grandes volúmenes para obtener grandes descuentos para el
beneficio de un segmento grande de consumidores.
Convenios: son realizados entre le Ministerio de Agricultura y Tierras, Asociaciones de
Productores y Agroindustria, aplicados actualmente en rubros como el arroz, harina
precocida de maíz, leche y leguminosas. Esta modalidad controla el origen de la materia
prima, lo cual permite dar prioridad de los pequeños y medianos productores nacionales del
rubro. Implica la realización de asamblea con asociaciones de productores, agroindustria y la
participación del ministerio, el gobierno nacional y regional para lograr un precio justo por la
cosecha, un pago oportuno al productor y un precio menor por el producto que se coloca en
la red.
Estructura de Funcionamiento.
Los Centros de Acopio: Son establecimientos creados por entes adscritos al programa
(Gobernación, Alcaldías y PROAL Nacional) concebidos como medios de enlace entre los
Proveedores y los Bodegueros adscritos al Programa, los cuales son provistos de capitales
de trabajo previamente, que han de ser destinados a productos que maneja el PROAL. Otras
Acciones de PROAL son: la movilización de alimentos en momentos de emergencia,
cooperación con otros entes y programas en el plan sobre marcha 2000-2001, programa de
incremento de rubros, Mega Mercados.
Programa de Extensión Agrícola.
El Programa de Extensión Agrícola es un instrumento de Desarrollo Rural dirigido a los
pequeños y medianos productores y sus familias, con escasos recursos de tierra y capital,
quienes derivan sus ingresos mayoritariamente de la producción agrícola.
Es Estado Venezolano, a través de este programa que ejecuta la Fundación de
Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA) contribuye con el alivio de la
pobreza de las familias rurales y con la seguridad alimentaria de la población, mediante la
aplicación de estrategias de desarrollo local en las comunidades rurales del país. Así
tenemos, por una parte, el fomento del capital humano mediante la capacitación y
transferencia de tecnologías adecuadas, que inciden en una mayor eficiencia en los procesos
agros productivos, lo que incrementa la productividad agrícola así como la disponibilidad y el
acceso a los alimentos. Por otra parte, fomenta el capital social mediante estímulo a la
organización comunitaria, lo que genera capacidades para la autogestión y facilita el acceso
por demanda a otros servicios y bienes comunales, tales como agua potable, sistemas de
riego, servicios sanitarios, de educación, etc. Todos estos aspectos constituyen elementos
básicos para el desarrollo rural integral y el bienestar de las comunidades.
Aún más, el programa de extensión agrícola es un instrumento de desarrollo rural
dirigido a los pequeños y medianos productores y sus familias, con escasos recursos de
tierra y capital, quienes derivan sus ingresos mayoritariamente de la producción agrícola.
En resumidas cuentas, el proyecto de economía social del gobierno de Chávez no es
solamente una medida anti-pobreza, sino que constituye un elemento claramente central en
el “Proyecto Bolivariano” del Presidente.
El proyecto esta diseñado solo para disminuir la pobreza, y a la vez se trata de un
elemento central para crear una sociedad más igualitaria, más democrática y más solidaria.
Quienes analizan la política gubernamental sobre economía social la definen incluyendo los
siguientes elementos:
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La economía social es una alternativa económica donde se ejercen las prácticas
democráticas y de autogestión. Dentro de la misma, la Misión MERCAL es una red para
distribuir alimentos a través del país, ligeramente por debajo de los precios de mercado en
supermercados respaldados por el Gobierno. El concepto de este programa surgió en parte
como resultados de la huelga general promovida por la patronal de diciembre de 2002, que
paralizo en gran medida la distribución de comida. Como consecuencia de ello, el gobierno
Hugo Chávez decidió establecer una red de distribución de alimentos patrocinada por el
Estado. Sin embargo, el gobierno ha venido acelerando la construcción de estos
supermercados, y han duplicado la cantidad he incrementado diez veces los
establecimientos.
La oposición por supuesto critica también este programa, aduciendo que los mercados
MERCAL menoscaban el sector privado. Este es probablemente el caso en situaciones
donde un mercado MERCAL es situado junto a un supermercado normal. No obstante, al
igual que los programas barrio adentro, los mercados MERCAL están ideados para atender
áreas desatendidas actualmente por el sector privado. Así, el impacto de estos tendrán en el
sector privado probablemente no será tan grande.
La comisión de seguridad humana sostiene que el funcionamiento adecuado de los
mercados, al igual que es establecimiento de instituciones fuera de ellos, son clave para la
erradicación de la pobreza en Venezuela. Es preciso intensificar los esfuerzos por asegurar
niveles de vida sostenibles y seguridad, basada en el trabajo, para todos.
3.- Conclusiones
Si estudiamos el sistema político venezolano, como estructura generadora de políticas
destinada a enfrentar retos y resolver problemas, podremos comprender las limitaciones,
pero también los procesos de intervención pública para que la democracia pueda
profundizarse o mejorarse. En este sentido evaluando la eficiencia de la democracia
podemos saber cómo producir políticas promotoras de bienestar social generalizado.
Toda decisión del Estado, como parte de un proyecto democrático racional, debe
involucrar planes de vida para un universo amplio de ciudadanos, sin hacer discriminación
alguna, por lo tanto, toda decisión producida en este espacio debe estar sometida al
conocimiento y al debate para otorgar legitimidad a una decisión. Si consideramos que el
régimen democrático se mantiene y se legitima ante la sociedad a partir de sus políticas
públicas, un refuerzo a la estabilidad del régimen y de los actores decisores depende
también de lo que sectorialmente se pueda hacer con la política agroalimentaria. El objetivo
está en evitar una situación de conflicto, y por añadidura lograr las metas propuestas de un
modo eficaz. Esto explica, entre otras cosas una alternativa para Venezuela en momentos de
crisis, como las vividas por la población con la aplicación de los programas económicos
neoliberales, carentes de políticas efectivas de compensación social sostenidas por el Estado.
Por otra parte, la disminución presupuestaria determinó un mayor deterioro en la calidad de
vida de la población de bajos recursos, al no tener precisión en que los problemas a resolver
eran urgentes y la ejecución de programas sociales "focalizados” debería partir del combate
a la pobreza extrema.
Aunque todavía es muy temprano para juzgar la efectividad a largo plazo de estos
programas para luchar contra la pobreza, es un hecho generalmente reconocido entre los
estudiosos del tema que la redistribución de alimentos, y la provisión de oportunidades puede
ayudar a la gente a salir de la pobreza.
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La alterativa de la política social de la Venezuela reciente, seguida a través del
Programa MERCAL, tiene como objetivo fundamental resolver los problemas de emergencia
de la problemática alimentaria de la población venezolana, siguiendo una política pública que
pretende extenderse hacia espacios, nacional, regional y local. Estas políticas trascienden el
ámbito de los misterios de agricultora e involucran a instancias de los sectores de industria,
comercio y economía, dentro de un enfoque de desarrollo rural, para alcanzar objetivos de
bienestar y calidad de vida, especialmente en las zonas deprimidas.
Entendemos que existen restricciones de orden político y económico, pero el
planteamiento democrático de luchar contra la pobreza en definitiva justifica la aplicación
urgente del mencionado programa, porque reivindica las esperanzas de llenar las
expectativas de eliminación de las contradicciones sociales derivadas del mal uso
administrativo del poder en el país, y al propio tiempo asume que las decisiones de cobertura
de las necesidades básicas tienen como sentido estratégico la seguridad de Estado.
No olvidemos el rol determinante de pequeños grupos de poder económico, que
cumpliendo con el objetivo de la expandir sus intereses, han tratado afianzar el poder
hegemónico del capital sobre la mayor parte de la sociedad en nuestros países. Es en este
caso donde se precisa la intervención del Estado, en respuesta a las inequidades que
amenazan la estabilidad de la democracia, al propiciar conflictos por acceso a los bienes de
primera necesidad, más cuando estamos ante una globalización mal concebida que presiona
las decisiones de los gobiernos, en su intento de liberalizarse de cualquier compromiso a
responsabilidad con el verdadero sentido de justicia social de la economía.
En la agroindustria también se esperan transformaciones de fondo, y el cambio
principal parece orientado a disminuir la concepción clientelar, buscando mayores beneficios
sociales. El cambio hacia un enfoque agroindustrial requiere por lo tanto de mayor desarrollo
y de una mejor articulación con las políticas del Estado, aunque en el caso de Venezuela no
estamos seguros si la capacidad es suficiente en cuanto a logros efectivos y calidad de
resultados. Por lo tanto, al lado de las políticas de operación, mecanismos de planificación,
de consulta, y financiamiento flexible, se deben definir mecanismos que permitan el
desarrollo, una mayor capacidad para asimilar este tipo de relación.
Como en todo proyecto humano estamos conscientes de que se requiere un seguimiento
pormenorizado de estos programas, y un mayor avance organizacional para romper el círculo
perverso de la ineficiencia. Aunque con esa finalidad el nuevo marco institucional del país
busca un manejo de información que involucre a las comunidades, en la evaluación del
impacto social y la prestación de los servicios derivados del área, para mejorar en aquellos
punto débiles de la política agroalimentaria.
Esta no es la única vía para avanzar hacia la soberanía alimentaria, pero se trata de una
gran alternativa para impulsar el cambio social en Venezuela, y terminar con la irracionalidad
económica de las políticas liberales del mercado, que atentan contra la inclusión de las
mayorías, y propician solamente las relaciones de tipo utilitario, liquidando cualquier
esperanza de cumplir con la metas sociales de la democracia.
Bibliografía
D´Elia, Y. (2002). Estrategia de promoción de calidad de vida. La construcción
de
políticas publica. Caracas, MSDS/GTI.
Pasquino, Gianfranco, y Mateucci, Nicola (1988). Diccionario de política. México, Siglo
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XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Ciudad de Guatemala, 7 - 10 Nov. 2006
XXI.
Stambouli, Andrés (1980). Hipótesis sobre la evaluación de políticas Publicas. Caracas,
CONICIT.
Reseña biográfica
Nombre: Juan Medina
Nacionalidad: venezolano.
Profesión: Licenciado.
Teléfono (0212) 5454491
ESTUDIOS PROFESIONALES
Pregrado: Instituto Universitario Metropolitano. Caracas
Postgrado, Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL).
Universidad de los Andes, Mérida Venezuela.
Título Obtenido: Magíster en Ciencias (2005).
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Asesor de la Alcaldía de Caracas.
Director de Funda Caracas.
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