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XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 4 - 7 nov. 2008 Formación de políticas públicas para la transformación en Venezuela: necesidad de avanzar en la articulación institucional Haydée Ochoa Henríquez Introducción El estudio de la desarticulación o fragmentación del aparato estatal ha sido identificado por algunos autores (Holloway, 1982: 51-52), como un tema relevante para comprender la organización interna del Estado y en el plano práctico para conocer las posibilidades de una gestión pública planificada. La distancia entre políticas formuladas y ejecutadas es un tema reiterado en los estudios sobre la gestión pública, la explicación va desde el señalamiento de los planes como la causa de esa desviación, dejando intacta la gestión como posible explicación, hasta el señalamiento de los procesos de implementación, entre los cuales se destacan problemas de capacitación, dejando intactos los planes como causa de los problemas. Los problemas pueden estar en ambos procesos, es lo más probable que siempre sea así, por ello es importante en la evaluación de las desviaciones que se producen en la implementación de las políticas públicas, poner en tensión ambos procesos y sus productos: las políticas formales y las políticas reales. La desarticulación de las instituciones internas del Estado, es un problema que pocas veces se le pone atención como una dimensión que incide de modo importante en las desviaciones entre las políticas formuladas y las implementadas. Es un problema que no sólo causa lentitud en los procesos, sino que también con bastante frecuencia, ni siquiera se producen los procesos que deben permitir el logro de los resultados previstos, a lo cual es necesario agregar que este problema dificulta cualquier intento de planificación a mediano y largo plazo, como lo sugiere Holloway (1982). El tema se hace más complejo cuando asistimos desde fines de los noventa a un proceso de transformación llevado adelante con el apoyo de las grandes mayorías sociales, como es el caso venezolano, pero con fuerte oposición de los sectores a los cuales el nuevo proyecto les afecta viejos privilegios, contradicción que se expresa al interior del aparato estatal, en cuyo caso los problemas de desarticulación sectorial e institucional tienen un fuerte componente político y todos los sectores e instituciones se vuelven altamente complejos. Los conflictos al interior del aparato estatal no solo son expresión de la oposición al proyecto de transformación que se impulsa actualmente, también la burocracia comprometida con este proyecto se resiste a la realización de cambios que afectan sus intereses, rutinas y en general sus prácticas administrativas, como lo ha señalado Therborn (1987), la administración adquiere tal autonomía, que se niega a realizar cambios frente a cualquier nuevo proyecto. En este trabajo nos proponemos hacer algunas reflexiones sobre la desarticulación institucional en el aparato público venezolano, los esfuerzos para atacar ese problema y el déficit aún existente y finalmente realizar algunas reflexiones sobre ¿qué hacer? para avanzar en la articulación de las instituciones de la administración pública. El Estado ha realizado importantes esfuerzos de integración de sus instituciones, no obstante persisten 1 XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 4 - 7 nov. 2008 problemas que alejan a la administración pública de las políticas formalmente definidas a través de diversos instrumentos: constitución, leyes, programas, proyectos etc. , 1. Las políticas públicas que requieren articulación institucional Venezuela transita desde fines de los noventa por un proceso de transformación expresado en nuevas orientaciones en todos los planos: económico, político, social, científico-técnico etc. definidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), aprobada en 1999, en un conjunto de leyes elaboradas en el marco de esta carta magna y programas y proyectos para impulsar este nuevo marco institucional. Se trata de nuevas orientaciones que han pasado por cambios en la política petrolera, económica, social, educativa, de salud, científico-técnica y en general en todos los ámbitos, teniendo como propósito fundamental el bienestar, la justicia y la equidad social. Son parte de esta política transformadora: a) La política petrolera la cual cambia profundamente, en relación a la que se venía implementando. Como parte de ésta, Lander (2004:5) identifica cinco orientaciones clave: Se incrementa considerablemente la regalía petrolera que las empresas explotadoras del crudo deben pagar al Estado venezolano, incluyendo la estatal petrolera, en oposición a la política petrolera basa en el impuesto sobre la renta, que cada vez se reducía más, vinculado esto a la ineficiencia de la industria favorecedora de intereses trasnacionales. Se reafirma la propiedad de la República sobre los yacimientos de hidrocarburos. Se define el papel rector del Ministerio de Energía y Minas para la industria petrolera. Se da prioridad a la formación de capital y capacidades nacionales en hidrocarburos y se le imponen límites a la industria petrolera estatal para las asociaciones con capital privado. b) La vuelta a la política social universalista, lesionada con el proyecto neoliberal en los noventa, que dejó como saldo un gran retroceso en el bienestar social de las grandes mayorías sociales. La política universalista garantiza a todos los venezolanos, constitucionalmente, educación y salud gratis, orientación a todas luces en contradicción con las orientaciones de los noventa, sustentadas en principios neoliberales. Buxton (2003:163), señala la correspondencia de las medidas sociales con “la visión popular según la cual los venezolanos debían disfrutar por igual los beneficios provenientes de la industria petrolera nacional”. c) El freno a la privatización en curso desde fines de los ochenta y más recientemente la nacionalización de empresas privatizadas en la década de los noventa, entre las cuales se encuentran la productora del servicio telefónico, la de producción de acero cuya creación se da en el marco de la economía por sustitución de importaciones, privatizada en el contexto neoliberal. Se trata de una nueva orientación respecto a la intervención directa del Estado en la economía, en clara oposición con la reducción de las actividades del Estado como lo recomiendan las receta neoliberales. d) La promoción de una democracia participativa, considerada por algunos autores (Lander, 2004:3), uno de los cambios más significativos de la CRBV. A través de esta política se vienen ensayando diversas estrategias, como parte de las cuales se llega al modelo aprobado en 2006, con la promoción de los Consejos Comunales. e) El derecho de los campesinos a la tierra y la meta de eliminación del latifundio, 2 XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 4 - 7 nov. 2008 política altamente polémica, considerada por algunos autores (Lander, 2004), como una de las que junto con la política petrolera y la de protección de pesca artesanal potenciaron grandes conflictos políticos, que pasaron por un golpe de Estado, un para económico y un paro petrolero, con efectos perversos para la economía del país, que marcaron los momentos críticos de la oposición a estas políticas. f) La protección a la pesca artesanal y restricciones a la pesca industrial, apuntalando a la protección de los pescadores de producción a pequeña escala, el respeto al ecosistema y la prioridad al mercado nacional, y entre otras orientaciones alternativas a las que venían predominando, g) La promoción de la economía social, como política que abre un espacio alternativo a la economía privada, es decir, más allá del uso de formas organizativas de la economía social, como estrategia para resolver problema laborales y de búsqueda de legitimación del Estado. Se pasa de 820 cooperativas en 1999 cuando Chávez llega al poder, a 108.000 cooperativas en 2006, lo cual no significa que funcionen como está previsto, justamente uno de los problemas que las ha obstaculizado, es el tema que nos ocupa en este trabajo. El proceso de formulación de estas políticas formales ha sido altamente conflictivo, por cuanto ha significado modificación en la estructura de poder instalada en el país desde hace cincuenta años y la que se venía conformando desde los noventa. Los resultados de los conflictos han sido en definitiva la profundización de políticas públicas, alternativas a las tendencias neoliberales que se observaron a lo largo de la década de los noventa en el país. Los avances en el cumplimiento de estas políticas son significativos, pero lejos está aún el Estado de poder dar cumplimiento a esas nuevas políticas públicas, a pesar de los profundos avances en la construcción de un proyecto alternativo, que Lander (2004) acertadamente denomina contrahegemónico. La explicación podría estar desde una perspectiva incrementalista, conservadora, en la nueva política, al considerarla sin viabilidad técnica y especialmente política para llevarla adelante, entre estos argumentos se encuentra la escasa consulta que ha existido, no obstante es un tema sobre el cual no existe consenso, para algunos autores, el proceso de formulación de las leyes ha tenido como característica fundamental la consulta. Otra explicación identifica problemas en los procesos de implementación, en términos generales se señala al burocratismo como la causa de las desviaciones entre logros y resultados esperados. La hipótesis que manejamos es que, son los procesos de gestión, muchas veces subestimados, los obstaculizadores del avance de las políticas públicas transformadoras, procesos que son producto de los conflictos de la sociedad. Señalar a las políticas transformadoras como la causa del distanciamiento de éstas y la implementación es desconocer que dan respuesta a necesidades objetivas de grandes sectores de la población y además, diseñadas con diversas estrategias de participación social. Como parte de los problemas que hacen presencia en el proceso de implementación, tenemos el modelo de articulación institucional. 2. Los esfuerzos de articulación institucional en el aparato público venezolano La fragmentación institucional es un rasgo fundamental de los Estados no centralizados y ha sido una necesidad del capitalismo, intensificada en los últimos años, ello explica la descentralización político territorial en los términos que ha tenido lugar, 3 XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 4 - 7 nov. 2008 contribuyendo a una mayor desarticulación, al punto que en el marco de la descentralización político-territorial, viabilizada en los noventa, en el país la gestión de los gobiernos subnacionales anda aun por caminos contradictorios a los expresados en la nueva constitución, tal es el caso de la gratuidad de la salud. Pero la desarticulación institucional no está sólo presente entre los distintos niveles de gobierno, a lo interno de cada gobierno este problema conspira también contra las nuevas políticas públicas. Los esfuerzos del gobierno venezolano en cuanto a establecer vínculos entre las instituciones en el aparato público son importantes, un ejemplo relevante lo constituyen la organización de las Misiones, que son programas sociales, cuya coordinación “está constituida por diversas instituciones del Estado, es inter-institucional, estrategia articuladora de sectores, territorio y recursos en razón de que está conformada teniendo en consideración la participación activa de diversos espacios territoriales, distintos sectores y la disponibilidad de recursos” (Ochoa, 2008 71). El avance acelerado que ha tenido la implementación de la política universalista en materia de salud en el país, le debe mucho a esta estrategia organizativa de articulación institucional, con participación internacional del gobierno de Cuba, que ha realizado aportes importantes en el plano de la experticia socio-técnica para atender programas para la inclusión social. Otro esfuerzo relevante de articulación lo constituyen las Ruedas de Negocio, como mecanismo de encuentro entre compradores y vendedores. Fueron impulsadas por la Comisión Presidencial para las Compras del Estado, como una estrategia de vínculo regional entre las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas, con numerosos organismos del Estado en cada caso, demandantes de bienes y servicios y los organismos financieros del Estado, cuando fue necesario (ENELVEN, 2008). Es una estrategia para impulsar varias políticas importantes del gobierno, entre ellas: La sustitución de importaciones, el desarrollo endógeno, la promoción de la economía social y la innovación. Se trata de un modelo de integración diferente al de las Misiones, en éstas existe una organización inter-institucional permanente para el desarrollo de este programa. En las Ruedas de Negocios el Estado participa en un acto de encuentro como demandante y como promotor de la oferta al financiarla, conjuntamente con pequeñas y medianas empresas y organizaciones de la economía social en relaciones de cooperación sobre la base de objetivos comunes. En cada rueda de negocios los actores varían. Se trata de un modelo de articulación que podríamos ubicar en lo que Whetten (Citado por Sulbrandt et al) ha denominado redes de coordinación mediadas, en este caso, la mediación se produce por una instancia del Estado, con tendencia a una coordinación horizontal, que busca facilitar la interacción entre los miembros de la red, concretamente: diversas y numerosas instancias del Estado y del sector privado y de la economía social. La estrategia de las Ruedas de negocios constituye un importante esfuerzo de articulación llevada a cabo desde los Ministerios, que compromete a instituciones del Estado, ejecutoras de políticas públicas, por lo general entes descentralizados, en la cooperación para el avance en la implementación de las nuevas políticas públicas. No obstante el compromiso asumido en las ruedas de negocios y la participación de los altos niveles de gobierno, persiste la resistencia de los entes descentralizados a realizar negocios con las pymes y con la economía social, bajo diversos y numerosos obstáculos, aferrándose la 4 XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 4 - 7 nov. 2008 burocracia a viejas relaciones de poder con proveedores nacionales y muy particularmente internacionales que lesionan las políticas que promueven las ruedas de negocios. Desde el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, también se ha impulsado la coordinación entre instituciones de diversos tipos, como estrategia que promueve el acercamiento para impulsar la nueva política científico-técnica que prioriza la innovación. Entre las estrategias utilizadas se encuentran la promoción de las Redes de Innovación productivas, de proyectos multi-institucionales, de articulación de becarios con las instituciones formadoras de talento. En general se trata de promover la coordinación como estrategia mediada o cooperación organizada, que busca la ejecución de las políticas públicas formalmente definidas. En general desde el aparato público venezolano existen importantes esfuerzos de búsqueda de articulación de las organizaciones del Estado y de éste con otras organizaciones, como una necesidad de promover políticas públicas alternativas, que luchan con viejas políticas y prácticas de gestión que las obstaculizan. 3. Persistencia del déficit de articulación institucional A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno en torno a la integración institucional del aparato público venezolano, para implementar las políticas públicas que se promueven desde fines de los noventa, la desarticulación institucional o falta de unidad, es un problema que persiste y le resta eficacia a las políticas públicas para la transformación social. Estamos de acuerdo con Holloway (1982: 54), para quien “la anarquía de la sociedad se reproduce a lo interno del Estado”. Dicha anarquía toma expresión en el aparato público, en los sistemas y procesos administrativos, como parte de éstos, los de coordinación, más claramente los de descoordinación entre instituciones. En este contexto la solución de los problemas administrativos y como parte de éstos la desarticulación no resuelve estructuralmente los problemas de implementación, pero sí permite avanzar en el desarrollo de las nuevas políticas y si vemos la relación políticaadministración como procesos dialécticos que se modifican mutuamente, los cambios administrativos presionan por las transformaciones. Los problemas se presentan en: 1. Escaso seguimiento que se realiza a los acuerdos realizados en el marco de la estrategia de coordinación mediada. Si los acuerdos tuvieron la necesidad de mediación, no hay nada que nos indique que el cumplimiento de los acuerdos no requiere de una coordinación mediada, por el contrario, la práctica revela que es necesaria la mediación a lo largo del proceso de ejecución de los acuerdos. Dejar el resto del proceso a la voluntad de las instituciones al estilo de redes voluntarias propias del mercado (Lechner, citado por Fleury, 2002: 225), es a nuestro juicio desconocimiento de los conflictos de poder que involucran los procesos de implementación, problema que se intensifica cuando se trata de impulsar políticas públicas que lesionan viejos intereses. Lograr que los procesos de implementación se acerquen a las políticas formuladas es siempre un proceso complejo, con mayor razón cuando se trata de impulsar políticas públicas que atentan contra la estructura de poder establecida. Refiriéndose a la articulación en el sector salud, señala Castell (2002) que “hablar de modelo es notablemente fácil, pero llevarlo a la práctica enfrenta contradicciones entre intereses, poderes, puntos de vistas, políticas, grupos sociales y necesidades, solo para mencionar algunos”. 5 XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 4 - 7 nov. 2008 En el caso venezolano, es muy común que la burocracia, tanto la weberiana, como la populista y la tecnocrática frenen bajo diversos argumentos, nuevos sistemas y procesos administrativos que pongan en tensión los viejos, no por un problema de generación de sistemas y procesos, sino por conflictos de poder. El mejor ejemplo de los obstáculos a la aplicación de nuevos criterios en los procesos de producción de bienes y servicios, lo constituye la posición de la tecnocracia petrolera, aún instalada en la estatal petrolera, la cual se niega, muchas veces sutilmente, bajo diversos argumentos a contratar directamente con las organizaciones de la economía social promovidas por el gobierno, siendo que históricamente estas organizaciones han prestado servicios para la industria en referencia, a las grandes empresas que contratan directamente. Igualmente en el marco de las políticas de innovación , son recurrentes los obstáculos que pone la tecnocracia petrolera, para la incorporación de los desarrollos tecnológicos promovidos por el gobierno. 2. A pesar del señalamiento del Estado Venezolano como un Estado centralista, es evidente la inexistencia de esfuerzos de articulación mediados por el Estado, para que se produzca articulación de las instituciones del gobierno entre instituciones públicas o con éstas y organizaciones de otros sectores, en materias clave para avanzar en el proyecto de transformación. El caso paradigmático lo constituye la concesión de créditos a pequeñas y medianas empresas del sector privado y a organizaciones de a economía social, concretamente cooperativas, sin que se creen formas de articulación de las organizaciones del Estado y las referidas organizaciones productivas, a pesar de que los créditos son concedidos creando expectativas, a los productores potenciales, de consumo por parte del Estado, todo esto en el marco de la política de sustitución de importaciones y la promoción de la economía social. En materia de financiamiento en gran medida se deja la necesidad de articulación a la voluntad de las unidades de la oferta con la demanda, hecho que se dificulta profundamente por las mismas razones que se evaden acuerdos iniciales con la articulación realizada con mediación del gobierno. Las consecuencias de este problema, son la dedicación de recursos financieros a proyectos con bastante probabilidad de fracaso, por cuanto se diseñaron sobre la base de apoyo de las instituciones del Estado en la compra de los bienes y/o servicios. Son muchos los ejemplos de falta de coordinación institucional sin acciones de articulación por parte del estado. Además del mencionado, referido al otorgamiento de financiamiento, encontramos la inexistencia de esfuerzo de coordinación, para el uso del sistema de salud prestado por el Estado, con sus instituciones, las cuales continúan contratando servicios privados a pesar de los avances del servicio de salud de Barrio Adentro. Un problema para avanzar en el logro de las políticas públicas formalmente definidas está entonces, en la existencia de estrategias de articulación mediadas por el Estado pero que no completan todo el proceso de implementación bajo el seguimiento del Estado y la ausencia de sistemas de articulación de las decisiones que involucran la participación de varias y diversas instituciones. 4.¿Qué Hacer? Lo primero que es necesario destacar es que el Estado venezolano está obligado a garantizar en todo el aparato público el proceso de transformación previsto en la constitución y leyes. La CRBV perfila al Estado venezolano como un Estado con obligaciones en diversos 6 XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 4 - 7 nov. 2008 planos, en el económico, social, político, etc., expresamente la nueva constitución le asigna obligaciones, deberes, garantías etc. que debe cumplir, razón por la cual y teniendo en consideración la existencia de un contexto altamente conflictivo, el Estado debe ser mediador en la articulación de acciones entre sus instituciones, para dar cumplimiento a las políticas públicas. La tesis que manejamos es que en el marco de políticas transformadoras, con profundos obstáculos para su implementación, tanto por la resistencia “natural” de la burocracia a todo proceso de cambio como por las resistencias propias de oposición al proyecto de transformación que modifica la estructura de poder, se requiere que el Estado programe y ejecute acciones de articulación de sus instituciones en la ejecución de las políticas públicas, dejando de lado la coordinación a la voluntad de las instituciones del Estado, que es muy propia del contexto neoliberal, que deja al Estado subordinado a modelos propios de la economía de mercado, los cuales hacen presencia en el aparato público. La mediación del Estado no niega las propuestas de creación de incentivos de los cuales nos hablan los neoinstitucionalistas, sin embargo es un tema con el cual hay que tener mucho cuidado por cuanto dichos incentivos generalmente se levantan sobre el criterio de competitividad y no en el de cooperación que constituye un principio de la CRBV. En todo caso los incentivos deben producirse en el marco de la mediación del Estado, en otras palabras para viabilizarla. Los incentivos parecen no funcionar cuando están de por medio políticas públicas que rompen con los esquemas que tradicionalmente han manejado las organizaciones. Cuando nos referimos a coordinación mediada por el Estado, estamos hablando de coordinación controlada y no coordinación espontánea. El déficit de control del aparato público, al aparato público está causando distanciamiento de los resultados en relación a lo esperado, por supuesto que la necesidad de control, nunca es un asunto técnico, siempre es un político, de allí la importancia de la contraloría social como parte del sistema de control. La desarticulación institucional es un problema que va más allá del incumplimiento de las normas administrativas existentes, es decir del control de normas existentes, quizás el problema mayor es que no se ha creado institucionalidad para la articulación a lo interno del aparato público, lo esfuerzos que hasta ahora existen, son más producto de iniciativas de algunas instituciones que de política estatal. La salida por lo tanto es crear las condiciones institucionales para la integración del aparato público. 5. A modo de conclusión Generalmente los problemas de desviación de los procesos de implementación, de las políticas que deben orientarlos, son atribuidos a ausencia o débil capacitación de los funcionarios públicos y particularmente de los niveles directivos. Consideramos que este es un problema que limita profundamente el desarrollo de la gestión pública, pero en Venezuela no es el problema fundamental, la cultura del modelo instalado a lo largo del período democrático en la cual se priorizan intereses ajenos a las reglas del juego establecidas por y para el Estado, es la que prevalece, lo cual tiene lugar en el marco del conocimiento por parte de los funcionarios, de formas de actuar diferentes, recomendadas por la tecnología administrativa, es decir hay un problema cultural que trasciende los niveles de capacitación. 7 XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 4 - 7 nov. 2008 En menor medida se atribuyen los problemas a los procesos existentes y menos aún a los inexistentes como sucede con los procesos de articulación institucional. Las relaciones institucionales buscando dar cumplimiento a las políticas públicas es un tema que ha preocupado a diversas instituciones del Estado venezolano en el marco de la necesidad de avanzar en la aplicación de políticas públicas alternativas, sin embargo ha sido un tema que se aborda de modo asistemático, por la voluntad de algunas instituciones del Estado y no como política estatal. Frente a las grandes responsabilidades que el marco institucional da al Estado venezolano, la desarticulación de sus unidades organizativa, problema propio de todo estado capitalista, debe ser abordada como política de Estado y no dejarla a la voluntad de las organizaciones como lo recomiendan las orientaciones del mercado. Se trata entonces de una articulación controlada, en la cual caben perfectamente las propuestas de contraloría social, que tanto potencial tienen para que el aparato público se ponga a tono con las políticas y más allá de éstas, con las necesidades sociales, pero que en la práctica tiene escasa aplicación. RESEÑA BIOGRÁFICA Haydée Ochoa Henríquez, es Lic. en Administración de la Universidad del Zulia (Venezuela), con Maestría en Empresas Públicas en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (Venezuela) y Doctora en Estudios del Desarrollo del CENDES-UCV. Se desempeña como investigadora en condición de profesora emérita, en el Centro de Estudios de la Empresa de la Universidad del Zulia en el área de gestión pública. Autora de numerosas publicaciones publicadas en revistas científicas nacional e internacionales. Reconocida en el Programa de Promoción al Investigador (PPI), nivel IV. Actualmente se desempeña además como Coordinadora de investigación y postgrado en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), sede Zulia. Tel: (58261) 74280881 y (58416) 5606432. Email: [email protected] BIBLIOGRAFÍA Buxton, Julia (2003). Política económica y ascenso de Hugo Chávez al poder. En: Ellner, Steve y Hellinger, Daniel (Editores). La Política Venezolana en la Época de Chávez. Nueva Sociedad. Caracas. Castell Florit-Serrate, Pastor (2003). La Intersectorialidad. Conceptualización. Panorama Internacional y de Cuba. Escuela Nacional de Salud Pública. La Habana ENELVEN (2008). Plan de Compras del Estado. En: www.enelven.com Consulta realizada en junio. Fleury, Sonia (2002). El desafío de la gestión de las redes de políticas. Revista Instituciones y Desarrollo No. 12.13. Institut Internacional de Gobernabilidad de Catalunya, Barcelona, España. Holloway K., John (1982). Fundamentos teóricos para una crítica marxista de la Administración Pública. 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