Download Protocolo para el procedimiento de desahucio

Gizarte-Ekintza \ Accion Social
Avda. El Minero, 2
48500 Abanto-Zierbena, Bizkaia
Tel. 94 636 20 00 | Fax 94 636 01 98
PROTOCOLO PARA EL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO
AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA
1.- OBJETO.
Con este protocolo el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena, tiene la finalidad de
FIC/CIF: P-4800200-J
gestionar los posibles casos de desahucios de vivienda habitual que se generen
en el ámbito de este municipio.
2.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
La
actual
situación
de
crisis
económica
agrava
el
problema
del
sobreendeudamiento de las personas, sobretodo por la rapidez con que se ha
producido y por la falta de legislación eficaz para resolver las situaciones que se
producen.
La capacidad de las personas para hacer frente a los préstamos hipotecarios se ha
visto disminuida por esta situación de crisis, y por la coyuntura económica.
Quienes se encuentran en estas circunstancias no pueden solventar sus deudas
una vez vencidas. Cada vez son más frecuentes los casos de viviendas que por la
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bajada de precios valen menos que la deuda hipotecaria. Aumentan los
desahucios y con ello, el riesgo de marginación social. Como es bien sabido,
según el sistema legal vigente la persona deudora no se libera con la entrega de
la vivienda. Rige el principio de la responsabilidad patrimonial universal y tras la
ejecución hipotecaria y la pérdida de la vivienda, se mantiene la parte de deuda
no satisfecha. A su vez, la inclusión de las personas desahuciadas en los registros
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de morosos produce su exclusión financiera. Surge así el desarraigo y el riesgo de
la falta de integración social.
En los últimos cuatro años y como consecuencia de la crisis económica se ha
producido un incremento notable de las ejecuciones hipotecarias hasta el punto
que hoy se registran cinco veces más que en el inicio de la crisis y el peor dato
es que la tendencia sigue siendo al alza.
Durante el primer trimestre de 2012 se produjeron en la CAV 968 desahucios,
según datos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV): En Bizkaia se
produjeron 281 pérdidas de vivienda y 312 desahucios por vía judicial, más un
centenar ejecutados en este trimestre, aunque su proceso se inició anteriormente,
lo que deja la cifra en 700 desahucios.
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En total, el número de desahucios ha aumentado un 10.12% en la CAV durante el
primer trimestre del presente año.
Estos datos evidencian el fuerte ascenso en el número de personas que, ante la
imposibilidad de hacer frente a la deuda contraída por el banco, han acabado
perdiendo la vivienda.
Es un principio rector de la política social y económica, el derecho a una vivienda
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digna y adecuada: “Todos los personas tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando
la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la
especulación”. Es un derecho social imprescindible para desarrollar otros como el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad y, en
suma, el derecho a la libertad. Esta conexión entre el derecho a la vivienda y
otros derechos sociales hace que el carácter “digno y adecuado” de la misma
deba definirse a partir de su relación con el resto de derechos tutelados por el
ordenamiento y con las diferentes declaraciones y convenios sobre derechos
humanos. Es un derecho que se configura a través de las más diversas
perspectivas jurídicas (civil, hipotecaria, urbanística, financiera, fiscal, etcétera).
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Otros de los aspectos que hay que considerar es que en el estado español se han
suicidado 119 personas por los problemas originados con los desahucios y en
este sentido es importante señalar el derecho a la vida y a la integridad física
donde la legislación hace referencia explícita a lo siguiente “el derecho a la vida y
la integridad física y moral son los derechos más básicos y primarios de todos los
reconocidos en la medida en que la afirmación de los demás solo tiene sentido a
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partir del reconocimiento de éstos. Si por un lado, resulta evidente que el
derecho a la vida es el antecedente o supuesto ontológico sin el cual los
restantes derechos, fundamentales o no, no tendrían existencia posible, por otro
lado nos encontramos con que el derecho a la integridad personal, en su doble
dimensión en cuanto garantiza la plena inviolabilidad del ser humano y sienta las
bases de su construcción individual y social.”
En atención a las circunstancias excepcionales, se ha aprobado el Real DecretoLey 27/2012 de 15 de noviembre de medidas urgentes para reforzar la protección
a los deudores hipotecarios (BOE nº 276 de 16 de Noviembre de 2012). En el
citado Decreto se dispone la suspensión de los
lanzamientos sobre viviendas
habituales de colectivos especialmente vulnerables.
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En el ámbito internacional, el derecho a la vivienda viene recogido en el artículo
25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948 y en
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. La Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) del año 2000, no consagra
el derecho a una vivienda digna y adecuada, sino “una ayuda a la vivienda para
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garantizar una existencia digna a toda persona que no disponga de recursos
suficientes”, cuyo alcance queda sujeto a “las modalidades establecidas por el
derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales” (artículo 34.3).
En el ordenamiento estatal, es un derecho social que según los límites a su
exigibilidad establecidos por el artículo 53.3 de la CE, sólo puede ser alegado ante
la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo
desarrollen. Pero ello no es óbice para que los poderes públicos estén obligados
por el reconocimiento del artículo 47 de la CE en todas las políticas y decisiones
que adopten en materia de vivienda.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco en el artículo 9.2 atribuye a los poderes
públicos vascos
adoptar medidas dirigidas a promover las condiciones y a
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remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad de las personas y de
los grupos en que se integran sean efectivas y reales.
La Ley del País Vasco de Servicios Sociales, 12/2008, de 5 de diciembre, recoge
las competencias en materia de servicios sociales y expone el desarrollo de una
política social que posibilite el acceso de toda la población a la plena ciudadanía,
la promoción de la justicia social y el abordaje de las causas estructurales de la
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exclusión social.
En cuanto a competencia municipal en la materia, la ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local (RBRL), establece en su artículo 25 que el Municipio ejercerá
competencias en materia de promoción y gestión de viviendas.
Ante esta situación excepcional, el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena plantea
este Protocolo de Coordinación como instrumento de actuación ante
situaciones de desahucio de las personas vecinas de este municipio:
El objetivo general es dar soluciones integrales para la persona o familia que
presenta una situación de riesgo de insolvencia por un sobreendeudamiento que
pone en peligro mantener su vivienda habitual, y por tanto, encontrarse en
situación de exclusión social. En todo el proceso se trataría de buscar una
solución de vivienda, bien mediante negociación con la entidad para conseguir la
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permanencia de la familia en su vivienda, o bien gestionando una vivienda
pública en régimen de alquiler social conforme a la disponibilidad, y en su caso,
facilitando la concesión de ayudas económicas.
3. PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN EN CASOS
DE DESAHUCIOS.
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El procedimiento se iniciaría a partir de la Orden de Lanzamiento que el Juzgado
remite al Ayuntamiento. Junto con la orden, el Juzgado enviará en su caso, el
documento de consentimiento de la familia para que éste facilite sus datos
personales para ponerse en contacto con ella.
El departamento de Acción Social se pone en contacto con la familia apercibida
de desahucio al objeto de ofrecer acompañamiento y atención a su situación.
Si la familia no da su consentimiento, finaliza el protocolo en este punto.
Si la familia da su consentimiento, se le dará cita en el departamento de Acción
Social con carácter de Urgencia.
En esta cita, se le informará de la importancia de la acción coordinada con los
distintos Departamentos del Ayuntamiento con el objeto de poder atender con la
mayor eficacia la demanda que nos plantea y adoptar las posibles soluciones.
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La Responsable Técnica del Departamento de Acción Social realizará una
convocatoria de reunión con los siguientes objetivos:
□ Analizar la situación
□ Planificar las acciones
a) Establecer los objetivos
b) Establecer los procedimientos adecuados
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c) Asignar los recursos apropiados
d) Establecer los plazos.
El seguimiento y finalización del proceso de intervención con la familia dependerá
de la situación en la que se encuentre la misma, de las necesidades que se
planteen y la resolución que se adopte; los cuales se extraigan de una reunión
anterior.
ACTUACIONES POR ÁREAS:
ALCALDÍA
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□ Convocatoria de Junta de Portavoces.
□ Nombramiento de la Técnica del Departamento de Acción Social, la
responsable de coordinación de este protocolo.
□ Comunicado prensa.
□ Mediación con la entidad financiera : petición a la entidad financiera para
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que reconsidere el procedimiento de desahucio mediante su paralización
y/o mediante alquiler social.
□ Mediar con las entidades públicas
al objeto de facilitar en orden
preferente el alquiler de una vivienda social.
□ Convenio con el Juzgado
competente para que con la orden de
lanzamiento remitan al ayuntamiento, un permiso por escrito de las
personas desahuciadas, para establecer contacto desde el ayuntamiento. (Si
no es posible un convenio con el Juzgado, Servicios Sociales del
Ayuntamiento activará todos los medios disponibles para ponerse en
contacto con la familia).
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL
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□ Elaboración de documento informativo sobre los recursos existentes y las
medidas adoptadas por el ayuntamiento.
□ Comprobar si la persona/familia es usuaria de los servicios sociales
□ Asignarle profesional responsable de caso.
□ Primera entrevista que tendrá por objeto prestarle apoyo, informarle y
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asesorarle sobre la disponibilidad de recursos existentes y encauzar su
problemática:
□ Recursos:
A) Supramunicipales:
A.1) Servicio de Ayuda al sobreendeudamiento familiar del Gobierno Vasco
□ Asesoramiento Jurídico y económico.
Evaluación de la situación de la persona consumidora a la hora de contratar
un préstamo hipotecario.
□ Mediación con la entidad financiera.
Servicio
que
aborda
el
problema
del
sobreendeudamiento
familiar,
garantizando a través de la mediación las mejores condiciones para la
liquidación de la deuda contraída por las personas afectadas. Intervienen antes
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de la subasta y después que la persona interesada haya hablado con el banco.
Los requisitos son los siguientes: que sea la vivienda habitual, que no se
disponga de ninguna otra vivienda y que el préstamo no supere los 350.000€.
□ Desahucios:
o El Servicio de Vivienda, obras Públicas y Transportes facilitará cuanto
antes una vivienda de alquiler protegido a aquellas personas y
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familias a las que la pérdida de su domicilio habitual como
consecuencia de una ejecución hipotecaria sitúa en grave riesgo de
exclusión social. Las personas integrantes de la citada unidad
pagarán lo establecido normativamente en función de su renta.
o Vivienda Protegida: El Gobierno Vasco comprará la vivienda,
cancelará la deuda y liberará al propietario, en su caso, la diferencia
entre el precio de la vivienda y la deuda contraída. Las personas que
resulten liberadas de su deuda hipotecaria podrán acceder de forma
preferente a los programas de vivienda en alquiler de Gobierno
Vasco.
B) Municipales :
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□ Servicio de asesoramiento jurídico: se podría atender una primera
entrevista, con el servicio jurídico que actualmente tiene el servicio de
igualdad, con lo cual las personas tienen una primera explicación con base
legal de la situación jurídica en la que se encuentran y especialmente se
comprobará si se encuentra en la situación de especial vulnerabilidad- Real
Decreto 27/12 de 15 de noviembre de medidas urgentes para reforzar la
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protección a las deudas hipotecarias.
□ Ayudas de emergencia social para las necesidades primarias,
arrendamiento, préstamos hipotecario y otros conceptos valorados de
primera necesidad. Se resolverían en un plazo máximo de una semana.
□ Ayudas locales que podrían complementar la cuantía de las ayudas de
emergencia social y/o cubrir las necesidades no contempladas en la
normativa. Se resolvería en un plazo máximo de una semana.
□ Intervención y seguimiento
- ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y SANIDAD.
a) Impulsar con las entidades públicas para que se adjudique a la mayor brevedad
posible una vivienda en alquiler social a las personas afectadas por desahucio.
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- ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR, POLICÍA LOCAL Y SERVICIOS GENERALES.
No colaborar con las órdenes de lanzamiento de procedimientos de desahucios.
- ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS, MEDIO RURAL, EMPLEO Y FORMACIÓN,
COMERCIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA.
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a) Preferencia en la participación en programas de empleo a personas afectadas
por desahucio.
b) Facilitar los traslados y/o el almacenamiento de los enseres en las órdenes de
lanzamiento ejecutadas.
5.- COORDINACION GENERAL DEL PROTOCOLO LOCAL
Nombramiento:
Se nombrará a la Concejala-Delegada de Acción Social e Igualdad como
coordinadora del protocolo local de desahucios . Se nombrará, asimismo
una
persona sustituta.
Funciones
□ Dirección política que apoye e impulse el protocolo local de desahucios
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□ Tomar
las
decisiones
que
deriven
de
una
actuación
pública
del
Ayuntamiento.
□ Dirección política referente a instituciones públicas o privadas
□ Promover los recursos municipales necesarios para la adecuación del
protocolo a las necesidades reales.
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□ Promover y facilitar la coordinación interdepartamental
6.- COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
La eficacia de las actuaciones con el principio de mínima victimización de la
familia y/o persona desahuciada.
Nombramiento
□ Se nombrará una persona técnica que se responsabilizará de
la
convocatoria y orden del día de las reuniones.
□ Se nombrará una persona técnica por área implicada.
Funciones
□ Formar parte de las reuniones técnicas de coordinación.
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□ Como
figura
referente
del
Departamento,
responsabilizarse
de
las
actuaciones que le correspondan.
7.- PRONUNCIAMIENTOS Y ACCIONES PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Abanto-Zierbena realizará una serie de acciones en rechazo a
las situaciones de desahucio. Para ello, procurará dar una respuesta adecuada a
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las diferentes situaciones de desahucio que se conozcan en el municipio:
□ Manifiesto público de rechazo a los casos de desahucio y el apoyo a las
personas/familias desahuciadas.
□ Elaboración de comunicado tras una orden de desahucio
8- LEGISLACIÓN
□ Estatuto de Autonomía País Vasco 1979
□ Ley 12/2008 de Servicios Sociales del País Vasco
□ Constitución Española 1978
□ Real Decreto -Ley 27/2012 medidas urgentes para reforzar a deudores
hipotecarios.
□ Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 2000.
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□ Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local , aprobada por Ley 7/1985,
de 2 de abril, modificada por la Ley de Medidas para la Modernización del
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Gobierno local, aprobada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre
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