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MÁS DE MEDIO DE MILLÓN DE EMPLEADAS DEL
HOGAR, SIN DERECHO A PARO NI A VACACIONES
PAGADAS POR EL ATASCO DE UNA LEY
No hay obligación de hacerles un contrato; trabajan una media de 12 horas
cuando se les paga por la mitad y la gran mayoría no llega ni al salario mínimo
interprofesional. En 2007 el Gobierno prometió para antes de que acabara esta
legislatura una ley que mejorara las condiciones de este colectivo, que en su
mayoría subsiste en la economía sumergida. Hoy el PNV lleva al Congreso una
iniciativa para denunciar la "semiesclavitud" de estas trabajadoras.
Cuando contratamos los servicios de un fontanero un albañil para cualquier
‘chapuza’ en casa, estamos obligados a pagar –otra cosa es que lo hagamos-–
los impuestos correspondientes por sus servicios. Pero cuando necesitamos
de una señora que nos limpie en casa o cuide de nuestros hijos no tenemos
que rendir cuentas a la Seguridad Social a no ser que trabaje 19 horas por
semana en nuestro domicilio.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay unas
800.000 empleadas del hogar –la mayoría mujeres- de las que sólo 280.000
están afiliadas a la Seguridad Social. El resto –cerca de 520.000- subsisten en
la economía sumergida con salarios míseros y unas condiciones laborales que
no se corresponden con el siglo XXI.
La normativa vigente, que data de principios de los años 70, no obliga a realizar
un contrato a una asistenta o una cuidadora con el que poner por escrito sus
condiciones laborales. Y aunque hayan cotizado lo suficiente, el Régimen
Especial de las empleadas del hogar no reconoce el derecho a paro, ni a
jubilarse anticipadamente ni la misma cobertura que el resto de trabajadores
en caso de enfermedad.
Se les reconoce 30 días de vacaciones al año, pero de ellos sólo pueden
disfrutar 15 seguidos y en ningún caso remunerados.
La explotación de los 'sin papeles'
Pero hay más. Según datos de la Asociación de Empleadas del Hogar, el 71%
de las empleadas del hogar ‘contratadas’ en 2010 eran mujeres extranjeras, de
los cuales el 52% son ‘sin papeles’ que “tienen una necesidad imperiosa de
ganar dinero y aceptan lo que sea. Se les ofrece 800 euros por trabajar de
lunes a viernes y 1.000 si trabajan todo el fin de semana. Se trata de una
auténtica explotación ya que trabajan casi 48 horas más por 200 euros de
diferencia”, explica Isabel Otxoa, abogada de esta asociación. “El 30% de las
internas no tiene ni un día de descanso pese a lo legal sería un día y medio”,
añade.
En 2007 el Gobierno prometió que antes de que acabara la legislatura estaría
lista una ley que les reconocería el derecho a paro y a vacaciones
remuneradas y a la vez hacer frente a un importante nicho de la economía
sumergida. Pero tres años después, esta promesa electoral duerme en el
sueño de los justos. El objetivo era integrar de forma gradual a este colectivo
en el Régimen General de la Seguridad Social para equiparar sus condiciones
laborales a la del resto de trabajadores.
Para Otxoa dos son las razones de que esta ley esté “atascada” en la mesa del
diálogo social. Primero porque es un tema que afecta fundamentalmente a
mujeres: “Si se tratara de electricistas o fontaneros, los sindicatos ya hubieran
tratado de poner firme al Gobierno de turno”, añade Otxoa. Y segundo porque
esta norma ya no es una prioridad en un momento de crisis: “Ya no estamos en
época de gasto social”, concluye.
La mitad no llega al salario mínimo
Hoy el PNV recordará al Gobierno el incumplimiento de esta promesa electoral
y otras injusticias de este colectivo que "rozan la semiesclavitud", en palabras
de Emilio Olabarría. Este diputado del Grupo Parlamentario Vasco defenderá
este martes una proposición no de ley a favor de regular el servicio doméstico
para poner freno a injusticias como que la mitad de las empleadas del hogar no
cobre ni el Salario Mínimo Interprofesional ( 633, 30 euros) “porque del sueldo
total se les puede descontar un 45% por ofrecerles alojamiento y alimentos".
Olabarría también denuncia que como muchas de estas empleadas son
internas, aunque se les paga por 8 horas, en realidad trabajan una media de 12
o 14 horas por lo que el PNV exige que “se regulen los tiempos de
descanso” y que se permita a estas trabajadoras afiliarse a la Seguridad
Social “sin un límite de horas” porque así saldrían de la economía sumergida
“un elevado número de ‘sin papeles’ que por el hecho de trabajar podrían
regularizar su situación”.
Mejorar la inspección a las agencias de colocación y que la Inspección de
Trabajo realice un estudio sobre las condiciones laborales de las empleadas
del hogar completan la lista de exigencias que recoge la iniciativa del PNV.