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 Ponencia sobre una visión nacional y territorial de solución al problema de las drogas
ilícitas
PRESENTADO POR LA FEDERACION NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA
–FENSUAGRO-CUT.
INTEGRANTE DE LA MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA.
MESA NACIONAL AGROPECUARIA, POPULAR Y DE ACUERDO – MIA.
VIA CAMPESINA.
CLOC.
AL FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS
ILÍCITAS.
Bogotá D.C 24 al 26 de septiembre del 2013. En el marco de los acuerdos de negociación
entre el l gobierno Colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC-EP,
que se llevan a cabo en la Habana –Cuba.
1. UN MODELO DE DESARROLLO QUE PRIVILEGIA LA GRAN AGRICULTURA
COMERCIAL Y MINERA.
Desde hace muchas décadas Colombia ha desarrollado una economía basada en la
dependencia del gran capital internacional. Su papel designado por el fondo
monetario internacional, el banco mundial, el Banco interamericano de Desarrollo
BID, está dirigido a la producción de materia prima, la explotación de sus recursos
naturales renovables y no renovables en particular de carácter minero.
La implementación del modelo neoliberal y su profundización a partir de los años 90, a
acelerando el desmonte de la institucionalidad publica, entre ellas las que apoyaban a
la población rural Colombiana.
Al mismo tiempo este modelo ha declarado inviable al campesinado, a su vez ha
fortalecido la reconcentración de la propiedad de la tierra, generando en combinación
con la violencia narcoparamilitar de los más recientes años, grandes oleadas de
desplazamientos sucesivos. El “nuevo” modelo de desarrollo rural que impulsa el
Estado Colombiano y su gobierno de turno giran alrededor de las alianzas estratégicas
productivas que no son más que una estrategia de interrelación con el latifundio
especulativo y mafioso y los grandes megaproyectos mineros, de plantaciones
forestales, la producción de agro-combustibles, de agro-negocios, todos orientados a
la exportación de materia prima hacia los países desarrollados.
La aprobación de los tratados de libre comercio con los EEUU, Canadá y la Unión
Europea y su entrada en vigencia coloca en mayores desventajas a los pequeños y
medianos productores agrícolas de nuestro país, lo que profundizará las brechas de
desigualdad campo ciudad. Es de anotar que en este nuevo escenario los únicos
productos agropecuarios de pequeña escala competitivos son precisamente los de
uso ilícito.
2. LOS CULTIVOS DE COCA, MARIHUANA Y AMAPOLA EN COLOMBIA.
La presencia de estos cultivos de uso ilícito en Colombia tienen varias motivaciones
entre las cuales podemos mencionar algunas:
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Aumento de consumo de drogas psicoactivas en los EE.UU y Europa en la
década de los años 70 y que hoy continua con niveles de demanda que
favorecen el comercio internacional de esta producción.
Desplazamiento de antiguos cultivos de marihuana en México, como efecto de
los programas de erradicación y fumigación orientados desde los EE.UU. en la
década de los años 60 y 70 del siglo pasado.
La introducción de semillas y apoyo financiero por parte de empresarios
ilegales a campesinos pobres del norte Colombiano que vieron una opción de
supervivencia en la plantación de marihuana y otros cultivos como la coca o la
amapola.
La creciente marginalidad de la población rural Colombiana y la carencia de
políticas del Estado dirigidas a resolver el problema estructural que
históricamente ha vivido el campo Colombiano.
La continuación y existencia del latifundio especulativo y mafioso, lo que ha
conllevado a gran concentración de la propiedad de la tierra por antiguos capos
narcoparamilitares y testaferros al servicio de grandes latifundistas.
El desarrollo de grandes megaproyectos y la penetración de transnacionales
que han forzado al desplazamiento de comunidades, cuyo objetivo es despejar
el camino para el saqueo de los bienes naturales.
El desarrollo de políticas anticampesinas y de violencia que han favorecido los
planes de colonización del Estado, que a su vez han llevado a la marginalidad
social de vastas poblaciones fuera de la frontera agrícola.
La falta de políticas de precios de sustentación y comercialización de la
producción de economía campesina.
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La no concreción de una política de reforma agraria de carácter estructural que
permita la democratización de la propiedad rural al interior de la frontera
agrícola, permitiendo a su vez el cierre de la exportación territorial agrícola del
país.
Ahora bien la anterior se suma la apuesta en ejecución de las locomotoras del desarrollo y la
entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá y la
Unión Europea.
Todas estas políticas de privilegio al gran capital e inversionistas rurales se constituyen en el
fondo en políticas anticampesinas, que empujan a nuevas masas campesinas a la miseria y
a nuevas colonizaciones, que en última favorecen y fortalecen los ciclos de la economía
ilícita.
3. LA POLITICA ANTIDROGAS EN LOS EE.UU EN COLOMBIA, “SOLUCION AL
PROBLEMA” JUSTIFICACION PARA EL INTERVENCIONISMO.
Terminada la guerra fría, los EE.UU han continuado con el intervencionismo y
agresión militar contra los pueblos del mundo, que se oponen a la política global del
imperio del norte y sus aliados europeos, orientadas al saqueo, la sumisión y la
dependencia. En este sentido la supuesta lucha contra las drogas ilegales ha sido
justificada en Colombia con un carácter intervencionista en sus asuntos internos, por
ello la política antidrogas se conjuga con la guerra al terrorismo, que después del 11
se septiembre de 2002 se convirtió en la principal bandera de agresión imperialista. El
desarrollo de estrategias regionales como: el plan panamá, la iniciativa plan dignidad,
el plan Colombia, el plan patriota, la iniciativa regional andina Ira, entre otros. Han
fortalecido la militarización de la región cuyo principal fin no es la erradicación del
narcotráfico, sino la defensa de los intereses del país del norte en el corredor andino y
particularmente en Colombia.
Según algunos datos extraoficiales en los últimos 30 años, EE.UU ha gastado más de
40 mil millones de dólares, principalmente en la llamada guerra antidrogas, política
que está alejada de cualquier acción hacia un desarrollo sostenible regional, ni mucho
menos para reducir la propia demanda de narcóticos en su territorio. Valga
preguntarse ¿si la fuerte presencia militar en la región es solo por el problema de las
drogas o es por el control estratégico que representa la región andina? Como
procesadora de insumos, bienes naturales y una gran riqueza de biodiversidad
principalmente en la selva amazónica.
4. PROPUESTA PARA SUPERACION DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS CULTIVOS
ILICITOS; HACIA UNA POLITICA DE SUSTITUCION GRADUAL, DE PREVENCIÓN
DEL CONSUMO Y SALUD PUBLICA, QUE POSIBILITE LA SOLUCION DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE NARCOTICOS.
4.1. Reformulación integral de la política nacional sobre drogas tipificadas como
ilícitas; con base en los principios de soberanía, corresponsabilidad,
multilateralidad, transparencia, sentido social, respeto a los derechos humanos y
campesinos (as) aprobados por las naciones unidas, la protección del medio
ambiente. A partir de estos criterios Colombia redefinirá sus relaciones multi y
bilaterales con los países centro de demanda y con los conjuntos de naciones que
comparten una problemática similar de producción de cultivos de uso ilícito y tráfico
de estupefacientes.
4.2. Nuevo diseño institucional que garantice desarrollar las políticas concertadas
con las comunidades involucradas en la producción de cultivos de uso ilícito.
Creación del instituto de coordinación de programas para la prevención, sustitución
y ejecución de los proyectos de desarrollo local, departamental y regional que
incluye programas alternativos y de industrialización de la hoja de coca y otros
cultivos de uso ilícito.
4.3.
Reconocimiento de la legalidad del cultivo de la hoja de coca por parte de las
comunidades indígenas, campesinas y afro-descendientes para usos ancestrales,
de tipo religioso, curaciones tradicionales, comunitarias y medicinales.
4.4.
Concertación con el movimiento campesino y sus organizaciones de una ley
de tierras, de reforma agraria y desarrollo rural, que garantice la democratización y
distribución de la propiedad de la tierra rural. Esta ley tendría como prioridad la
afectación del latifundio al interior de la frontera agrícola, bajo los criterios de
fortalecimiento de la economía campesina, la recuperación de la soberanía
alimentaria de los colombianos, la participación democrática de los pequeños y
medianos productores agropecuarios en el diseño y ejecución de las políticas
agropecuarias del país. .
4.5. Promoción de acuerdos ambientales multisectoriales, entre el Estado, las
comunidades locales, para la protección, reestructuración y adecuada racionalidad
en la intervención de los ecosistemas. La conservación de cuencas hidrográficas y
bosques altos andinos y la selva húmeda tropical, permitirá la aplicación efectiva
del principio de corresponsabilidad por parte de los países industrializados y
consumidores de alucinógenos, principales responsables de la destrucción de la
capa de ozono, la aceleración del cambio climático y la extinción de miles de
especies vegetales y animales.
4.6. Suspensión definitiva, al sistema de erradicación agroquímica, biológica o
forzosa, que por su carácter invasivo, forzoso e indiscriminado afecta la
estabilidad de las comunidades, la biodiversidad, las fuentes de agua, la economía
lícita y la salud de la población.
4.7. Generación de un clima de confianza entre el Estado y las comunidades
involucradas en los cultivos de uso ilícitos que permitan adelantar los proyectos de
desarrollo alternativo y los planes de vida en un contexto de participación,
concertación y corresponsabilidad.
La legitimidad estatal pasa por el reconocimiento a los campesinos productores
como sujetos sociales válidos para interlocución con el Estado, y por el
cumplimiento estricto de los acuerdos que suscriban en materia de desarrollo
regional y la solución a las causas que han originado el conflicto de los cultivos de
uso ilícito.
4.8. Propiciar acuerdos locales de gobernabilidad que permitan reconstruir el tejido
social, que garanticen una real participación de las comunidades en el diseño y
ejecución de los programas de sustitución, industrialización y comercialización de
la producción de los cultivos de uso ilícito.
4.9. Desarrollo de una política de complementación así: reforma urbana, cobertura
en salud gratuita y universal para todos/as los colombianos/as, fomento en la
cobertura de educación en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y
universitaria, acceso al agua potable, a empleos dignos y pensiones, recreación y
apoyo a la iniciativa empresarial y micro-empresarial.
4.10. Creación del fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la
sustitución y el apoyo de programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas
alternativas y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana, el cual
será financiado con la destinación del 10% anual del presupuesto total nacional y
contará con la participación mayoritaria de delegados representantes de las
comunidades beneficiarias del programa de sustitución, industrialización y
comercialización de la hoja de coca y marihuana.
4.11. Control e impuestos a los capitales golondrinas, estos últimos serán destinados
al fondo nacional para la sustitución y el fomento de programas de desarrollo de
vida alternativa y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana.
4.12. Apoyo a la organización autónoma de las comunidades campesinas, indígenas
y afro-descendientes. Cese de la estigmatización, señalamientos y judicialización
de los dirigentes y comunidades insertas en la producción de cultivos de uso
ilícitos. En todo caso ningún productor en pequeña escala de hoja de coca o
marihuana podrá ser señalado o considerado como narcotraficante.
4.13. Mientras se implementan las diferentes políticas y programas concertadas con
el estado y el gobierno colombiano, este último comprara la producción de hoja de
coca y marihuana, u otorgará un subsidio mensual equivalentes a dos salarios
mínimos legales mensuales.
4.14. Se pondrá fin a la actual política antidrogas impuesta por los EEUU y se
formulará una política de cooperación de mutua reciprocidad con todos aquellos
países interesados ,que tenga como elementos de compromisos aquellos dirigidos
al lavado de activos, a desactivar los paraísos fiscales, al control y tratamiento de
salud pública al consumo de drogas en los países consumidores, la expropiación
de bienes a narcotraficantes los cuales serán traspasados al fondo nacional para el
fomento de la economía campesina, la sustitución y el apoyo de programas de
desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de
industrialización de la hoja de coca y marihuana.
Por últimos queremos exponer que solo será posible poner fin a este conflicto social en que
hoy se encuentran miles de familias que subsisten de la producción de los cultivos de uso
ilícito, si se erradican las causas que le dieron origen en Colombia a esta problemática social.
Como vemos en nuestras propuestas no se trata de legalización y justificación del
narcotráfico, que en última son grandes magnates nacionales e internacionales “que
posiblemente jamás conoceremos” pero que tal vez muchas veces han sido los primeros en
hablar de fumigaciones y lucha contra las drogas ilícitas.
Bogotá D.C.
Septiembre 24 de 2.013.