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Impactos de la expansión de ilícitos y de la política de la guerra contra las drogas en el
Pacífico colombiano.
Fernando Castrillón
La expansión de los cultivos de uso ilícito en el territorio del Pacífico con el consiguiente
deterioro de la situación social y ambiental, la distorsión económica, las detenciones masivas,
el reclutamiento de los jóvenes como raspachines o como fuerzas armadas ilegales pagadas
para cuidar personas, caletas, laboratorios y realizar asesinatos y masacres, las fuertes y
crecientes medidas de represión social, las fumigaciones, entre otros aspectos, configuran una
compleja crisis de Derechos Humanos y colectivos, asociada a la política antidrogas en esta
región territorio del país. Esta situación advertida desde los inicios del Plan Colombia, fue
desestimada por las autoridades nacionales y regionales y sobre todo por las organizaciones
locales, lo cual no permitió prever los fuertes impactos sobre la vida e integridad de las
comunidades y sus territorios colectivos.
El Pacífico colombiano es una región clave para la producción de hoja y procesamiento de
pasta de coca y fundamentalmente para el tráfico de ilícitos hacia Norteamérica y Europa,
dada su inmejorable posición geoestratégica.
De acuerdo al World Drug Report 2005, en Colombia hay sembradas 80.000 hectáreas de
coca en el 2004 (50% del área sembrada en el mundo). Se destaca asimismo que el potencial
de producción se estima en 150.000 ha. Tomando como base el saldo de hectáreas establecidas
a Diciembre de 2004, la producción alcanzó las 390 toneladas métricas, que representan casi el
60% de la producción mundial.
En el año 2004, la erradicación alcanzó el pico de las 139.200 hectáreas, lo que significa que
de no haberse hecho, se contaría con más de 200.000 hectáreas de coca y una producción
mayor a las 1000 toneladas de cocaína. La ayuda norteamericana es ante estas cifras, una
barrera de contención inmediata a la enorme capacidad de producción de coca que tiene
Colombia.
De acuerdo a estas mismas cifras, la producción se centra en las regiones de Meta-Guaviare
con 28.500 hectáreas, el Pacífico con 15.800 hectáreas, la región central con 15.000 hectáreas
y el Putumayo – Caquetá con 10.000 hectáreas. Los registros sólo han considerado en el
Pacífico a los departamentos de Cauca y Nariño y de éstos dos, Nariño alcanza a tener en
producción 14.154 ha.
Si se considera que las regiones del Alto Sinú, Alto San Jorge, Urabá y parte del Bajo Cauca,
hacen parte, por extensión ecológica, del Chocó Biogeográfico, la producción total de coca en
el Pacífico, sea quizás la principal en el país. Las variaciones en la siembra de coca en la
región, muestran como se ha expandido rápidamente por los demás departamentos del Pacífico
colombiano a pesar que ésta no se ha reportado aún y que se le considera como marginal en el
aporte a la producción total. Un vistazo rápido por las subregiones del territorio del Pacífico da
cuenta que en los ríos cortos que drenan del Parque Farallones de Cali, como el Naya,
aumentan los cultivos. Pero lo mismo sucede en el Bajo Baudó, en el Medio y Bajo San Juan
y en el Bajo Atrato, en los ríos Truandó y Salaquí. Y aunque poco mencionados en los
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reportes oficiales, crecen los cultivos de coca en el Alto Uré, La Caucana, el Alto San Jorge,
el Alto Sinú y Urabá.
Pero sin dudas el asunto que particularmente preocupa a las comunidades y sus organizaciones
tiene que ver con el significado del territorio del Pacífico como ruta para la comercialización
de coca, en la medida que ofrece cercanía con el canal de Panamá y es una región-bisagra que
conecta a los océanos Atlántico y Pacífico. Esto a su vez es fortalecido por un gran número de
puertos naturales protegidos y la elevada cantidad de personas que se disponen a realizar
tareas de alto riesgo, entre otros factores. Un hecho sencillo que muestra la magnitud del
problema es el crecimiento de la llamada “pesca blanca” o faenas para la captura en los hileros
y en las zonas de pesca de los embarques naufragados de coca, que son rápidamente
recuperados por los narcotraficantes. Paradójicamente en muchos pueblos y caseríos el
pescado no se consigue.
¿Fumigaciones o política de guerra contra la drogas?
La política antidrogas se estructura en los Estados Unidos desde hace 34 años, y se
fundamenta en la erradicación en las fumigaciones de las áreas sembradas, en la extradición
de los jefes de cartel, en el control al lavado de activos, en el establecimiento de bases
militares en Colombia y los países vecinos y en menor grado la interdicción aérea, acciones
que se asumen como las medidas más efectivas para enfrentar el problema, con un objetivo de
grado mayor que es la reducción de la oferta. Esto en conjunto, con la denominada
certificación, y la injerencia permanente en los asuntos políticos en los países de donde
provienen los psicotrópicos, se denomina la política de la guerra contra las drogas y se
caracteriza por la obligada aceptación por parte de los gobiernos de turno a las imposiciones
del gobierno norteamericano.
La política de guerra contra las drogas debe analizarse en el marco de la acción global de los
Estados Unidos y no se reduce simplemente al control de áreas sembradas en coca en
Colombia. En el marco de esa política Colombia pasa a ocupar un papel geoestratégico
respecto a otros países, de tal modo que algunas iniciativas políticas, económicas y militares
orientadas a intervenir en Venezuela por parte de los Estados Unidos tienen en Colombia el
mejor aliado, cuestión que se explica en función de ejercer control sobre las riquezas
petroleras de ese país, que en los últimos años ha impulsado una política independiente de los
ordenamientos norteamericanos, pero que a la vez es una fuente importante de abastecimiento
de ese recurso para el mercado del norte.
Otra de las facetas de la política para enfrentar las drogas es la de inscribirse en la estrategia de
guerra contrainsurgente, definida en el ámbito de la lucha antiterrorista, pero que para el caso
colombiano, se constituye en fórmula para satanizar y neutralizar las demandas de sectores
campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Esta política de lejos, se ha aplicado de manera asimétrica con gran costo económico, social,
político y ambiental para los países productores. El problema no se ha resuelto y por el
contrario se han creado otros. Colombia, principalmente, ha asumido no solo altos costos
ambientales por las fumigaciones de vastas áreas de su territorio y probablemente lo hará en
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los parques naturales, sino que ha visto también emerger una grave crisis en el campesinado,
que ha sido sometido al desplazamiento forzado de sus lugares de asentamiento, significando
uno de los mayores flujos de desplazados internos en el mundo. El efecto colateral de tal
estrategia contra las drogas ha potenciado el conflicto armado, pues a un cartel violento, lo
sucede otro, luego la guerrilla, los paramilitares y de manera creciente, como aparece a diario
en la prensa hablada y escrita, la vinculación de la fuerza pública.
Sin embargo el mercado de drogas se mantiene como factor dinámico de la economía mundial
y representa un 8% del comercio global (40 billones de dólares). Esta economía ha fortalecido
la delincuencia organizada, los gobiernos corruptos, la violencia, la distorsión económica y
sobre todo los valores morales. No obstante las guerras para reprimir su producción han sido,
no solo ineficientes, sino costosas. Más aún, como lo afirman personalidades y estudiosos de
este fenómeno, “la guerra global contra las drogas está hoy día causando más daño que el
mismo consumo”1,
En constraste la venta de agroquímicos y precursores tanto para la producción agronómica,
como para la síntesis de la pasta y las propias fumigaciones, ha proporcionado una
rentabilidad creciente para las empresas norteamericanas. Colombia, ha sido igualmente, una
enorme oportunidad para las empresas contratistas norteamericanas como la Dyncorp y la
Halliburton del vicepresidente Cheney, entre otras, que se encargan de suministros,
entrenamientos bajo la figura de mercenarios y capacitación al ejército colombiano el cual
queda permanentemente comprometido con violaciones a los Derechos Humanos.
La política ha resultado inefectiva y desacertada, lo que se expresa en medidas tangibles como
el incremento de la pureza de la cocaína, a una leve disminución, por no decir imperceptible,
en las cantidades que llegan a las calles de las ciudades de Estados Unidos y a una
disminución de precios allí mismo.
En recientes foros, sectores públicos, la academia, la Contraloría General de la Nación,
ONG´s, y organizaciones sociales y políticas han expresado su preocupación y solicitan un
cambio sustancial en la política, a partir de las siguientes consideraciones:
1. Colombia es el único país del mundo donde se fumiga. Ni Afganistán aceptó hacerlo.
2. El programa de interdicción aérea, reactivado desde agosto de 2003 y que pudiera ser
una de las mejores estrategias, apenas ha interceptado 14 aviones de 390 que se
presumían sospechosos y en uno sólo de los casos decomisó cocaína. La falta de
coordinación entre la Fuerza Aérea y la Policía, ha hecho fracasar una inversión
cercana a los 100 millones de dólares.
3. El efecto globo, ha demostrado que la producción de coca, simplemente se expande
por todo el país.
4. El creciente ataque y señalamiento de narcocultivadores a campesinos pobres en
contraste a la enorme laxitud con los grandes narcotraficantes.
1
Álvaro Camacho Guizado. Algunos notables y la guerra a las drogas. El Espectador, 16-20 de octubre de 2005.
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5. La inestabilidad institucional, la corrupción y la criminalidad, como objetivos adjuntos
de la política punitiva y de la intervención de Estados Unidos en la región Andina, no
se han mejorado y por el contrario se vuelven elementos más comunes.
6. De las 100.000 familias dedicadas a la actividad de producción de hoja y pasta de coca,
sólo 8.000 han sido beneficiadas por el programa de Naciones Unidas sobre Drogas y
delitos.
7. Los narcotraficantes se han apoderado de 4,4 millones de hectáreas, lo que ha
conllevado al aumento de la pobreza rural, el desplazamiento, el crecimiento de los
grupos armados, el uso indebido del suelo y el aumento mismo de los cultivos ilícitos.
Tanto los gobiernos de los Estados Unidos como el de Colombia, defienden e insisten en los
logros de la estrategia antinarcóticos, considerando además que es una manera de combatir la
financiación del terrorismo. La verdad es que las áreas sembradas no disminuyen
significativamente, y si bien la fumigación puede contraer el área transitoriamente en
Colombia, ésta se compensa con la ampliación de siembras en los países andinos. La verdad
sobre las cifras de siembras son contradictorias, el contraste de diferentes fuentes enseña que
ellas son manipuladas y se usan según la política que se quiere agenciar.
La pregunta de fondo es si los logros compensan de algún modo los enormes costos que
asume la sociedad colombiana, especialmente la rural. El llamado, cada vez más insistente,
para que el gobierno de Colombia y los Estados Unidos, lleven una política antidrogas
enfocada en un esfuerzo desde la ciencia, la salud pública, el respeto por el medio ambiente y
los derechos humanos se hace aún más vigente.
Los impactos locales en el Pacífico colombiano.
El pacífico colombiano es considerado una de los “Hot spots” o puntos calientes de la
biodiversidad. Es decir, una verdadera reserva de vida en el Planeta al ser un área ampliamente
destacada como una ecoregión de elevado endemismo de especies y alta diversidad biológica,
especialmente para plantas (Gentry 1982a), aves (Terborgh & Winter 1982) y mariposas, por
lo cual esta región fue incluida dentro de las ecorregiones de máxima prioridad para la
conservación a nivel global (Dinerstein et al. 1995).
Stattersfield et al. (1998) compendiaron las áreas de endemismos para aves a nivel mundial
con el fin de priorizar la conservación de la biodiversidad. Para el Chocó biogeográfico, estos
autores determinaron seis EBAS’s (Endemic Bird Areas) que aproximadamente coinciden con
las ecorregiones mencionadas por Dinerstein y colaboradores (1995). Entre estas resalta la
EBA Chocó, con 62 especies endémicas, ocupando el segundo lugar mundial en endemismo
luego del grupo de las islas Salomón con 79 especies.2
Asimismo se destaca que la región es un singular espacio de diversidad cultural, expresado en
la heterogeneidad de rasgos diferenciados de procedencia y africanía de las comunidades
2
http://www.natureserve.org/latinamerica/prioritySites/chocodarien.jsp
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negras que lo habitan, como también la presencia de los pueblos indígenas Embera Eyabidá,
Embera Oibidá, Embera Chamí, Embera Dobidá, Eperara Siapidaara, Nonam, Tule, Senú,
Nasa, y Awá, que están establecidos actualmente en la zona.
La convivencia entre los grupos humanos ha sido posible en la medida que fijen como código
común el respeto por la naturaleza y coincidan en su uso, acceso y manejo ordenado de los
recursos naturales. Los recursos tienen además múltiples funciones no sólo para la satisfacción
de las necesidades físicas, sino por el valor cultural y simbólico que encierran. En esta región
se presenta esta conjunción hombre, vida y diversidad claramente enriquecida desde múltiples
visiones étnicas.
El asunto delicado que enfrentan las comunidades, que ya venían siendo afectadas por los
impactos de la minería y de la explotación forestal selectiva, es que su situación económica y
social se deteriora aún más con la expansión de los cultivos de uso ilícito y las medidas que la
contrarrestan. Vale anotar que ambas situaciones: el problema y la solución son condiciones
impuestas de manera externa en la medida que la coca para uso ilícito es una idea foránea,
como también las fumigaciones y drásticas medidas para atacar la expansión de los ilícitos.
Al estar en riesgo la biodiversidad, están en riesgo los bosques y el mar que la contienen, pero
especialmente las comunidades que la potencian. No cabe hablar de manera aislada acerca del
riesgo a la biodiversidad sin conectar el riesgo a la vida e integridad de las comunidades.
Los impactos que reciben las comunidades son múltiples y merecen conocerse teniendo en
cuenta las demandas interpuestas por las organizaciones y por los testimonios y observaciones
encontradas.
 Un importante impacto tiene que ver con el aplazamiento de los planes autónomos en los
territorios colectivos que abarca la titulación, el manejo del territorio, la aplicación de los
reglamentos para el uso y manejo de los recursos del territorio. Es decir, se afecta de
manera directa la gobernabilidad y también los sistemas de control interno. El esfuerzo por
ser gobierno propio es menoscabado en todos los casos donde aparecen los cultivos de uso
ilícito. Nuevas formas de ordenamiento territorial se imponen obedeciendo a las lógicas de
los cultivos de coca y a las rutas para mover los insumos y la pasta. Un hecho contundente
que ilustra la situación es la negativa de los campesinos que están utilizando las tierras para
la siembra de coca, en ceder éstas áreas para la ampliación del Resguardo Embera Katío
del Alto San Jorge, alegando la compra de las mejoras a precios impagables desde lo
económico y lo legal. Frente a las alteraciones de las formas propias de gobierno,
conviene tener en cuenta el caso de la Nupa, consejo comunitario del área de Nariño,
donde se denunció la presión de narcos para hacer parte de la junta del consejo.
 La desestructuración del complejo tejido social que construyeron durante centurias las
comunidades étnico–regionales. Por ser casos de familias extensas, la afectación significa
el rompimiento de las redes de solidaridad, de intercambio, de autonomía alimentaria. A
esto se suma el abandono de las prácticas tradicionales y el menosprecio al rol de las
personas que no adoptan la siembra de los cultivos de uso ilícito.
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 La distorsión económica local y microregional al generarse una “inflación” que no
corresponde a las condiciones reales de la región y que arrasa con las prácticas de
intercambio, trueque, minga y mano cambiada. Comunidades no inscritas en una economía
dependiente del dinero como sistema único de transacción se encuentran enfrentadas a la
escasez de mano de obra, al encarecimiento de los alimentos, de los arrendamientos, de los
pasajes, la gasolina. Dos situaciones particulares llaman la atención con la anormalidad de
las economías locales y que tipifican la situación actual: el valor de una unidad de plátano
en Satinga hace 2.5 años era de $ 1.500 y la falta de niños estudiantes en los grados 4 y 5
de las escuelas del Naya, al ser éstos retirados por sus padres para vincularlos al arreo de
mulas, en el caso de los niños y al despacho de trabajadores en el caso de las niñas.
 La afectación de los ecosistemas que significa el cambio de la cobertura boscosa para ser
sembrada por cultivos de elevada densidad, con un fuerte paquete de aplicación de
agroquímicos, contaminación de fuentes hídricas y vertimientos de residuos de la síntesis
de la pasta de coca.3
 El incremento de acciones criminales ligadas al narcotráfico o de atropellos basados en el
control del procesamiento y tráfico de pasta. Buenaventura y Tumaco se convirtieron en
dos escenarios fuertes de violencia ligada a los cultivos ilícitos y prueba de esto son las
múltiples masacres, asesinatos y desapariciones que se han vivido en los últimos años. La
pastoral afrocolombiana, denunció como en Buenaventura, las muertes violentas asociadas
a este flagelo superan el centenar en lo que va corrido del año, siendo la población juvenil
la más afectada. Cabe anotar que no todas las situaciones de violación de los Derechos
Humanos se encuentran asociadas al tráfico y producción de coca, pero si muchas de las
agresiones a la población civil son amparadas o justificadas por la fuerza pública estatal en
relación a esta problemática.
En el Alto Naya se observaron densidades de 14.000 plantas por hectárea y una aplicación mínima de 8
productos para la producción de hoja únicamente que incluyen herbicidas, fertilizantes foliares y radiculares,
fungicidas
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La región del Pacífico colombiano se integra en la lógica de los mercados asociados a los
cultivos de coca a partir de los inicios de la presente década, aunque anteriormente ya
existían cultivos establecidos en algunos puntos, sin embargo se caracterizaban por ser
acciones aisladas y con impacto restringido. Es a partir del avance en la implementación del
Plan Colombia en el piedemonte amazónico y la fumigación sistemática en las áreas de
mayor concentración de cultivos, el momento en el que se produce el desplazamiento de tal
actividad hacia el Pacífico, con la consecuente migración del entorno de guerra que se
asocia a este tipo de economía.
Hacia el sur, en el departamento de Nariño en el conjunto de ríos que tributan a la costa se
sucede la primera gran ola de colonización de cultivos ilícitos y de establecimiento de los
aparatos militares que desarrollan su tradicional confrontación entorno al dominio
territorial por áreas de cultivo, corredores para el control de los mercados de insumos, de
pertrechos para la guerra y de exportación hacia el mercado internacional. Ya hacia el año
2004 las áreas cubiertas con parcelas de coca representaban una cifra aproximada al 22%
del total de los cultivos de todo el país y una extensión cercana a las 16.000 hectáreas, cifra
que significa en el plano ambiental por la deforestación que implica, pero también por la
contaminación derivada de los agroquímicos usados para la producción y por la fumigación
sistemática como mecanismo de control. Hacia los años 2002 y 2003 las fumigaciones
realizadas en Nariño llegan a una cifra promedio de 33.000 hectáreas, en tanto para el 2004
el área fumigada llega a 57.000 hectáreas.
La colonización por cultivos ilícitos no se queda reducida a la zona sur, igual se extiende a
lo largo de la región del Pacífico, se establece en el sinnúmero de ríos que se desprenden
hacia la costa en los departamentos del Cauca, Valle y Chocó. Los territorios colectivos de
comunidades negras y los resguardos indígenas se convierten en el escenario donde
guerrilla y paramilitares imponen su dominio y articulan esas áreas en su propia lógica
económica, política y militar.
Si bien el impacto ambiental del nuevo uso que se hace de la selva húmeda se constituye en
verdadera hecatombe, no lo es menos el que se sucede en el orden social y cultural. A las
formas de autoridad tradicional les sucede el control que se ejerce por la vía de las armas, a
los sistemas de producción que generaban seguridad alimentaria a las comunidades les
sucede el modelo dependiente respecto a mercados externos. Verdadera ruptura es la que se
sucede entorno al ordenamiento y manejo del entorno territorial, cambio que se expresa de
forma dramática en el destierro o desplazamiento forzado de la población.
La colonización por cultivos ilícitos genera un espectro amplio de prácticas ilegales, las
cuales no sólo se relacionan con el mercado de coca, también fundamenta la extracción
forestal ilegal o la expropiación de los territorios a las comunidades. Al norte, en la cuenca
media y baja del río Atrato, los grupos paramilitares constituyen las áreas de bosques
naturales en su empresa: economía extractiva que se realiza a partir del desplazamiento
forzado de las comunidades propietarias, como igual se establecen cultivos de palma
aceitera en los territorios colectivos de Jiguamiando y Curbaradó.
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