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LA PAZ DESDE
LOS TERRITORIOS
COMITÉ DE INTEGRACIÓN DEL MACIZO COLOMBIANO (CIMA)
RICARDO FERNÁNDEZ, Coordinación Regional CIMA
COMITÉ DE INTEGRACIÓN DEL MACIZO COLOMBIANO (CIMA)
• Es una Organización Campesina, asentada en el suroccidente Colombiano,
exactamente en el sur del Cauca y el norte de Nariño.
• Incide en 17 municipios del sur de Cauca, y en 8 municipios del norte de Nariño.
• Es una organización que se viene movilizando desde el año 85 del siglo anterior,
donde ha reivindicado por todo el tiempo los derechos de las comunidades
campesinas, y a denunciado el desconocimiento por parte del estado, las difíciles
situaciones que puedan garantizar una vida digna, la violación de los derechos
humanos y su participación de forma indirecta en el conflicto armado que vive el país
por mas de 50 años.
• Situaciones que nos ponen en el centro de la discusión frente al tema de la paz y
nuestras apuestas para enfrentar el desconocimiento estatal, y nuestra construcción
permanente para la consecución de la verdadera PAZ, la PAZ con Justicia Social.
¿Que es la paz para el CIMA?
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Para el CIMA la paz se condensa en:
Que los planes de vida de los territorios se concreten.
Que la justicia social y la vida digna, sean los ítem principales de la negociación de paz.
Que el campesinado sea reconocido como sujeto social y de derechos, y así nuestra
participación sea real y vinculante.
Que los productos que cultivamos y cosechamos, sean reconocidos como un eje fundamental
de la economía del país, y así se reconozca nuestra economía propia.
Que nuestras dinámicas de vida desde nuestros territorios se reconozca teniendo en cuenta
nuestra construcción cultural y de identidad con este.
Que las causas estructurales que han generado el conflicto se discutan y se solucionen.
En fin nos reconocemos como constructores de paz, desde nuestro principio hemos luchado
por la paz con justicia social.
Y por todo esto, estamos seguros que la paz se construye desde los territorios, desde
nuestras dinámicas y desde nuestros esfuerzos.
La negociación en la Habana, y el acuerdo
del tercer punto "Cultivos de Uso ilícito”
• Creemos que el hecho histórico de un cese bilateral, de un desescalamiento del
conflicto armado y la terminación total debe ser un paso importante en la
construcción de la tan anhelada paz.
• Porque estamos seguros que hasta no solucionar las causas estructurales que han
hecho que se mantenga esta guerra eterna, no habrá paz y nuevos escenarios de
violencia florecerán de acuerdo a las necesidades.
• Con estos elementos apoyamos, abrazamos y respaldamos la negociación entre el
gobierno y las FARC, e instamos al gobierno, al ELN y al EPL, a que se abra
inmediatamente la mesa de discusión política.
• Y exigimos al gobierno que genere una mesa de discusión real y de participación de
la sociedad organizada donde se toquen los temas estructurales que afligen a las
mayorías del país y abramos un escenario de debate real frente a la Colombia que
queremos y necesitamos.
El tercer punto “Cultivos de Uso Ilícito”
• Desde La Habana y en el anuncio del acuerdo se dieron a conocer tres puntos
básicos: sustitución de cultivos ilícitos en el que se hace gran énfasis, programas de
prevención del consumo, y solución al fenómeno de producción y comercialización.
• Los garantes internacionales compromete al Estado a que desarrolle tres programas
puntuales: uno de sustitución de cultivos, otro de desminado -en el que la guerrilla
deberá colaborar con información-. y otro de atención al consumo.
• En la mesa se acordó que para lograr la paz es necesario encontrar una solución
definitiva al problema de las drogas ilícitas, “incluyendo los cultivos de uso ilícito y
la producción y comercialización de drogas ilícitas”.
Los puntos:
• En el primer subpunto se acordó que Gobierno Nacional creará y pondrá en marcha un nuevo
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
• Acordaron que la sustitución se dará con consentimiento de las comunidades de manera
manual para generar empleo. Las medidas de apoyo por parte del programa estarán
condicionadas al cumplimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los
cultivadores en el marco de los acuerdos de sustitución y no resiembra.
• Ojo: Si se da el caso que comunidades no colaboren en la sustitución de cultivos ilícitos o
incumplan los compromisos adquiridos, podrá haber otro tipo de erradicación incluido el la
aspersión
de
glifosato,
pero
se
trataría
de
un
caso
extremo.
• En otro de los ítems se habló del desminado, lo que contempla que la puesta en
marcha de un programa “de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido
afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar”.
• En el segundo de los subpuntos, programas de prevención del consumo y salud
pública, los negociadores acordaron que el Gobierno creará el Programa Nacional de
Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto
nivel. Este programa tendrá un enfoque de derechos humanos y de salud pública.
• Para garantizar la revisión del programa el Gobierno creará una instancia nacional
con representantes de las autoridades con competencia en el tema, instituciones
científicas.
Producción de drogas ilícitas
• En el tercer punto se acordó la intensificación de la lucha contra el crimen organizado
y sus redes de apoyo. La idea es desarticular el crimen organizado y las redes de estas
organizaciones. Para ello, el Gobierno Nacional pondrá en marcha una estrategia de
política criminal.
• Para combatir los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos.
“Gobierno Nacional revisará y establecerá estrictos controles estatales sobre la
producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos”
CONTEXTO
• Las comunidades rurales del Cauca y del país viven el abandono, la marginalidad y
persecución fruto de la inexistencia de políticas autónomas de desarrollo agropecuario y de
las erróneas políticas antidrogas impuestas desde la doble moral de los gobiernos y
economías hegemónicas tanto nacional como internacional, tratando de manera diferencial
de acuerdo al estrato socieconómico y del país donde se aplican, sea criminalizando en
nuestro caso, o legalizando y brindando asistencia social en el de los europeos y
estadounidenses.
• Un caso representativo ha sido el del Municipio de Mercaderes-Cauca, declarado en el año
1965 “Capital Maicera de Colombia” por el Ministerio de Agricultura dados sus “niveles de
productividad”, hoy focalizado para la erradicación forzosa de coca. Su decadencia la
debemos desde que en 1990 el Gobierno de Gaviria Trujillo aprueba la Apertura Económica,
como base del Modelo de entrega del Mercado Interno a multinacionales de la alimentación,
favoreciendo la importación masiva de productos en particular de cereales como el maíz, y
la planta “Milagro de América” junto a las comunidades que hacían de ella su sustento y
base esencial de sus ingresos se fue al traste.
• A esto se sumó en los 80, la crisis del pacto mundial del café y la caída del precio del
grano. A la vuelta de 3 años, el sur del Cauca y de Colombia estaba cubierto de
cultivos de coca para subsistencia en los microfundios campesinos y en zonas de
colonización presionando la ampliación de la frontera agrícola.
• En 10 años (2000-2010), se obtiene como resultado perverso, no la reducción de los
cultivos sino la integración de la “cadena ilegal de la cocaína” concentrando la
producción de hoja, la agroindustria, la distribución y la comercialización de
cocaína, más cerca de los insumos importados del norte, del flujo de capitales y de
armas vinculados con las rutas por el Pacífico, reduciendo costos, traslados y riesgos
para sus promotores e inversionistas
• Los Acuerdos y Pactos incumplidos por el estado colocan en evidencia la falta de seriedad y
de soberanía del gobierno nacional en el tratamiento de estas problemáticas y su
compromiso con intereses extranjeros para expulsar a los productores del campo, para
generar dependencia alimentaria con los Tratados Comerciales firmados, a los que se suman
las normas sanitarias y de control a las semillas criollas y de la economía campesina en su
conjunto, criminalizando la producción de pequeños productores y sometiéndolos en
condiciones desventajosas a la quiebra.
• Las comunidades rurales que en el Cauca representamos el 62% de la población,
persistimos en la lucha y en la recuperación de la Economía Propia como alternativa
a los ilícitos, para garantizar la alimentación de colombianos-as.
• Pero, “El acceso a la tenencia y propiedad de la tierra es una de las variables
fundamentales respecto a la equidad entre los colombianos y base de la soberanía
alimentaria nacional.”
En consecuencia, hemos planteado desde nuestros Planes de Vida,
Asambleas Permanentes y Movilización Comunitaria, iniciativas y
propuestas en tres niveles de acuerdo a las propias experiencias:
• En primer lugar, la Recuperación y Promoción de los usos culturales, alimenticios y
medicinales de la coca incluso con inversión pública en la transformación lícita
(alimenticia, farmacéutica, cosmética, etc.);
• En segundo lugar, la Diversificación de los cultivos de coca con cultivos de pancoger y
de renta asociados a la soberanía alimentaria y al desarrollo autónomo del país;
• Y por último, la sustitución gradual y concertada con garantías de ingresos y
desarrollo agropecuario.
• Todas estas posibilidades requieren de voluntad para construir las políticas de tierras
y de desarrollo rural con el compromiso de implementar programas integrales que
incluyan: Reconocimiento al campesinado como Sujeto de Derechos, a su
Territorialidad, Planes de Vida y Jurisdicción Propia, la democratización de la
propiedad rural, restitución-retorno de poblaciones de desplazados-as con plenas
garantías, titulación y entrega de tierras a campesinos-as pobres y colonos, inversión
en infraestructura para el campo, inversión en proyectos productivos autóctonos con
asistencia técnica pública, apoyo a la distribución, comercialización y transformación
de productos agropecuarios, y en cumplimiento de la “Política de Seguridad
Alimentaria y Nutrición-SAN” realizar COMPRAS PÚBLICAS a campesinos para proveer
los programas alimentarios del ICBF, de MinSalud y del MinEducación en los Municipios
y Departamentos generando economías locales y regionales.