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14 de mayo de 1989.
Inicio de la segunda década infame
El 14 de mayo de 1989 gana las elecciones el Dr.
Carlos Menen dando así inicio a lo que muchos han
llamado “La segunda década infame”. Si bien el
ciclo neoliberal en la Argentina tuvo su inicio con la
dictadura militar que ocupó el gobierno de la Nación
en marzo de 1976 , su auge fue durante la
presidencia de Carlos Menem que en su discurso
afirmaba la ineficiencia del Estado y que todas las
medidas proteccionistas sociales y laborales eran la
causa del estancamiento económico y la crisis,
afirmaba esto porque su visión política entendía que
tales protecciones no incentivaban las inversiones
de capital y desmejoraban la voluntad de trabajo de
los asalariados. Además, la seguridad social y las
políticas sociales universales (entre ellas, las de educación y salud) habrían sido los responsables del incremento de los
gastos fiscales a un nivel imposible de solventar. Por lo tanto el eje principal de su mandato fue reducir el gasto público y
que el Estado se reduzca todo lo posible.
Principales medidas de política implementadas en la década menemista
 Medidas económicas
Durante la década de los ’90 se produjeron fuertes cambios en el país, especialmente de tipo económico, los que
indiscutiblemente adquirieron un fuerte correlato en el contexto social.
Estos cambios económicos estuvieron caracterizados por un alejamiento del Estado de la economía en su rol de
productor, regulador de los mercados e impulsor de la actividad económica.
 Medidas de política presupuestaria y fiscal
Disciplina presupuestaria: el rol del Estado como impulsor de la economía a través del gasto público, esto es, dinero
público destinado a obras públicas (viviendas, carreteras, etc.) y servicios públicos (salud, educación, etc.) fue recortado.
Por ejemplo, el presupuesto destinado a salud fue reducido, afectando negativamente la construcción de centros, la
compra de insumos, etc. Algo similar sucedió con la educación pública. Es importante mencionar que los principales
usuarios de estos servicios públicos son las familias de más bajos ingresos de la población.
Reforma tributaria: con la finalidad de obtener mayores ingresos fiscales, se gestaron nuevos tributos, y se incrementó
la alícuota de otros ya existentes. Un ejemplo emblemático de esto es el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA),
que afecta a todos los bienes y servicios de consumo final, cuya alícuota se incrementó un 62% a principios de la década.
Esto sin dudas afectó preponderantemente a la población de menores recursos, quienes destinaban una mayor
proporción de su ingreso a consumo, reforzando así el carácter regresivo de este impuesto. Durante la segunda parte de
la década se implementaron nuevas medidas tributarias que se encontraban en el mismo estilo regresivo.
Privatizaciones: esta década estuvo marcada por una fuerte política de venta y privatización de bienes y servicios
públicos, la que tuvo como punto de inicio la sanción de la Ley de Reforma del Estado, en 1989. Bajo el argumento de
reducir la ineficiencia del Estado en cuanto a la administración de servicios públicos, y también con claros fines
recaudatorios, se procedió a privatizar prácticamente todos los servicios que estaban en manos del sector público, como
trenes, telefonía, gas, combustibles, etc. Estas medidas tuvieron graves falencias de diseño e implementación, ya que no
contaban con un marco regulatorio claro en cuanto al establecimiento de tarifas, prestación de servicios y calidad
asociada a los mismos, patrones de inversión, entre otros aspectos relevantes en la materia.
 Medidas de política monetaria y financiera
Tipo de cambio poco competitivo: a principios de la década de los ’90 se determinó por ley que el tipo de cambio debía
ser fijo, y que la relación con el dólar debía ser de un peso por dólar (conocida como Ley de Convertibilidad). Si bien la
ley cumplió con uno de sus principales propósitos, que fue el de lograr la estabilidad de precios internos de la economía,
el tipo de cambio estaba claramente sobrevaluado en relación a otras monedas, lo que generó fuertes efectos
colaterales, como por ejemplo un déficit de la balanza comercial del país (a grandes rasgos, se importaba mucho más de
lo que se exportaba), lo que trajo aparejado que en la economía existiera una demanda constante por moneda
extranjera para hacer frente a estos compromisos.
Liberación del comercio exterior: muchos impuestos al comercio exterior fueron eliminados y otros fueron fuertemente
reducidos. Esto, sumado a un tipo de cambio muy poco competitivo, resultó en la entrada casi indiscriminada (y
consumo) de productos importados, generando déficit de la balanza comercial, erosionando la producción y las ventas
de las empresas locales. Esto último lógicamente afectó el nivel de empleo mantenido por dichas empresas.
Liberación del mercado financiero local: dada la situación de déficit en la balanza comercial, surge la necesidad de
obtener superávit en su contraparte financiera, es decir, la balanza por cuenta de capital. Para atraer capitales
extranjeros era necesario ofrecer altas tasas de interés. Esto, desde luego, tuvo fuertes implicancias no sólo en el sector
financiero, sino también en el sector real de la economía (producción de bienes y servicios). En el sector financiero
porque, si bien se produjo el ingreso de divisas, se incrementó el nivel de endeudamiento externo del país. En el sector
real porque la tasa de interés representa el costo del crédito destinado a inversión, por lo cual esta última se vio
negativamente afectada. Adicionalmente, los fondos extranjeros que ingresaron al país se caracterizaron por ser del tipo
especulativo, es decir, su ingreso/salida del país dependió exclusivamente de la diferencia entre la tasa de interés
nacional y las tasas de interés internacionales.
Medidas de política laboral
Con la finalidad de generar empleo, reducir la duración del desempleo y promover la competitividad de las firmas locales
en un contexto de competencia externa, el gobierno implementó, en los primeros años de la década, un conjunto de
medidas que tuvieron como centro al mercado laboral.
En este sentido, puede decirse que a partir de 1991 se crearon cuatro modalidades de contratación temporaria de
personal con la excepción parcial o total de las contribuciones empresariales a la seguridad social. Adicionalmente, se
redujo el periodo de preaviso de despido, y se incrementaron las situaciones en las que se eximía a los empresarios del
pago de indemnización en tales casos. Por otra parte, el sistema previsional fue privatizado a través de la instauración de
las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Todas estas medidas de carácter laboral no sólo no cumplieron sus objetivos, sino que facilitaron el despido de
trabajadores, quienes vieron sus derechos laborales claramente recortados, padeciendo además las consecuencias de
un sistema de seguridad social inexistente.