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¿QUÉ POLITICAS DISTRIBUTIVAS PARA MÉXICO?
De la re-distribución a la pre-distribución del ingreso
AUTOR: BRUNO SOVILLA
AGRADEZCO LA COLABORACIÓN DE GARCÍA RAMOS IRMA NATALIA, HERNANDEZ BARAJAS JOSÉ
SANTIAGO, MOCTEZUMA SANABRIA ANDRES, MORALES JIMENEZ MARTHA ANGELICA, NIETO
MARTINEZ ALEJANDRA DANIELA, ALUMNOS/AS DE LA UAM XOCHIMILCO, EN LA BUSQUEDA DE
LOS DATOS, LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y GRÁFICAS UTILIZADAS EN EL TRABAJO.
“The outstanding faults of the economic society in which we live are its failure to provide
for full employment and its arbitrary and inequitable distribution of wealth and incomes”
(Keynes J.M., The General Theory of Employment, Interest and Money, Harcourt Brace
Jovanovich, New York and London, 1936 p.372).
“An effective mínimum wage program must guarantee that jobs are available to all at the
mínimum wage” (Minsky H.P., Stabilizing an Unstable Economy, New Haven and London:
Yale University Press, 1986, p.345).
Resumen
La desigual distribución del ingreso en México y sus consecuencias es un problema actual
muy debatido en el país. Las políticas re-distributivas propuestas, no toman en cuenta su
viabilidad política y el poder de una elite político-económica de evitar medidas que afecten
sus intereses. Por esta razón consideramos que la reducción de la desigualdad solo es
posible con instrumentos no convencionales, que modifiquen los incentivos laborales
interviniendo por el lado del gasto público, sin esperar que el producto se realice para luego
redistribuirlo a través de impuestos y transferencias.
Concretamente proponemos combinar el incremento del salario mínimo según las líneas
trazadas en la propuesta Mancera y una creación de empleo formal por parte del estado.
Distribución del ingreso en México
El éxito editorial del trabajo de Piketty (2013) demuestra que el problema distributivo es
percibido como muy relevante por la opinión pública en los países desarrollados. La
tendencia a la concentración del ingreso y de la riqueza que el sistema capitalista
“naturalmente” produce, obliga a una reflexión sobre las maneras más convenientes de
introducir en el sistema esos granitos de arena que detengan las fuerzas del mercado1. En
finanzas públicas se reconoce que el problema distributivo indica un fallo del mercado que
solo la intervención pública puede controlar, sin embargo en mi opinión el texto de Piketty
es un gran paso adelante para entender la entidad de ese fallo, los mecanismos sistémicos
que lo generan y su fuerza, en pocas palabras la gravedad del problema.
La siguiente gráfica resume los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (ENIGH) a partir de 1994. En este periodo el 10% de mayor ingreso ha
acumulado el 37% del ingreso nacional.
Gráfica 1. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN MÉXICO
100%
90%
80%
38.12 38.11 37.83 40.28 36.79 37.05 37.85 34.15 36.86 34.58 35.67
X
IX
70%
VIII
60%
VII
VI
50%
V
40%
IV
30%
III
II
20%
I
10%
0%
1.61
1.50
1.52
1.49
1.61
1.63
1.62
2.27
1.52
1.62
1.65
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2005
2006
2008
2010
2012
Fuente: Elaboración propia con datos del ENIGH
La gráfica anterior muestra cierta mejoría en la distribución del ingreso en México en los
últimos 20 años, sin embargo no permite analizar que sucede dentro del decil alto (el 10%
de mayor ingreso), por ejemplo estimando el porcentaje del ingreso poseído por el 1% más
rico. El problema es que México aún no está en el World Income Database (WID) utilizado
por el grupo de investigadores que han apoyado a Piketty en su trabajo2, logrando
estimaciones de la concentración del ingreso que llegan no solo al 1% más rico sino
1
Es conocida como “Tobin tax” (Tobin, 1978).
El dr. F. Alvaredo, uno de los colaboradores de Piketty, me ha informado que están trabajando a la
inserción de México en el database, y que la publicación de los resultados no tardará, sin embargo no me ha
precisado en que tiempos consideran que las estadísticas distributivas en México serán accesible al público.
2
también al 1%0. Sin embargo el informe de G. Esquivel para Oxfam (Esquivel Hernández,
2015), que acaba de salir, empieza a usar (aunque de forma indirecta) el “método Piketty”
para México, dando los primeros resultados.
Esquivel señala que el 1% de la población en México hoy en día concentra al menos el 21%
del ingreso total3; asimismo, la riqueza de las 16 familias más ricas en México creció de
1996 hasta el 2014 en un 458.2%, y la riqueza de los 4 mexicanos más ricos que en 2002
representaba el 2% del PIB, en el 2014 había alcanzado el 9%.
Frente a una situación tan extrema, las políticas redistributivas tradicionales no han
funcionado en México. Si en Europa es complicado aplicar el impuesto patrimonial que
Kalecki (1977, p.46) consideraba el más adecuado para realizar una operación
redistributiva, y más complicado aún un impuesto patrimonial “progresivo” como sugiere
Piketty (2014), en México se discute como introducir el IVA (impuesto regresivo que
alarga la brecha entre ricos y pobres) sobre medicamentos y alimentos de primera
necesidad, y se ha neutralizado el único impuesto progresivo que había permitido una
redistribución del ingreso en el periodo del desarrollo estabilizador, o sea el impuesto sobre
la renta (ISR). La tasa marginal más alta ha sido reducida del 60% al 35% entre 1986 y
2014, convirtiendo el ISR en un impuesto casi proporcional, o sea neutral (no
redistributivo).
La siguiente gráfica muestra como México tiene la tasa máxima de ISR más baja en la
OCDE, también se observa la reducción que tuvo la tasa marginal en todos estos países,
incluyendo a México, entre 1981 y 2013.
3
Ros (2015) estima que la atribución al 1% más rico del 21.3% del ingreso es una estimación conservadora, y
el valor puede llegar al 30.2%.
Gráfica 2: TASA MÁXIMA DEL ISR (1981 y 2013)
Fuente: G. Esquivel (2015, p.24).
La política re-distributiva que a través de impuestos progresivos ha logrado financiar el
welfare europeo, incrementando el nivel de vida del sector más pobre, en México y
América Latina ha sido totalmente ineficaz. La graf.3 muestra que el coeficiente de Gini
disminuye sensiblemente en los países de la OCDE, comparando el valor de este índice de
desigualdad antes y después de impuestos y transferencias, mientras que en México se
mantiene casi invariado ¿Por qué?
GRÁFICO 3: Coeficiente de Gini (2009)
Fuente: OCDE (2009)
Simplificando: México se encuentra enredado en el círculo vicioso de las élites. La élite
política responde a la élite económica (a veces coinciden), que la perpetúa en el poder4.
¿Es posible romper el círculo vicioso? La vía pre-distributiva representa nuestra propuesta.
Políticas pre-distributivas
Un camino más viable para reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, es actuar
por la vía del gasto público e introducir cambios normativos que modifiquen el
funcionamiento del mercado laboral, en favor de los trabajadores más débiles. Se trataría de
intervenir sobre todo por el lado de la demanda de trabajo, orientando las políticas
económicas hacia un objetivo final: el pleno empleo. Al mismo tiempo, se sugiere eliminar
las condiciones de pobreza laboral (los “working poors”), incrementando el salario mínimo,
garantizando un nivel de vida digno a los trabajadores menos pagados.
En 1943 M. Kalecki (1977) advertía que la clase capitalista, en búsqueda de maximizar sus
ganancias, no apoyaría jamás una política de pleno empleo, sobre todo si se implementara a
través del gasto público, a pesar que las ganancias en su conjunto serían mayores en esta
situación que en cualquier otra, en la cual una parte de la fuerza de trabajo disponible
resultaría desempleada.
Anteriormente J.M. Keynes, en su estilo más narrativo, había hecho la misma reflexión:
“The conservative belief that there is some law of nature which prevents men from being
employed, that it is “rash” to employ men and that it is financially sound to maintain a tenth
of the population in idleness for an indefinite period is crazily improbable-the sort of thing
no man could believe who had not his head fuddled with nonsense for years and
years…Our main task, therefore, will be to confirm the reader’s instinct that what seems
sensible is sensible, and what seems nonsense is nonsense. We shall try to show him that
the conclusion, that if new forms of employment are offered more men will be employed, is
as obvious as it sounds and contains no hidden snags; that to set unemployed men to work
on useful tasks does what it appears to do, namely, increases the national wealth; and that
the notion that we shall, for intricate reasons, ruin ourselves financially if we use this means
to increase our well-being, is what it looks like- a bogy” (Keynes, cit. en Wray 2012,
p.233).
Han pasado muchos años, y el problema del pleno empleo es hoy más vigente que nunca.
En la UE la tasa de desempleo es mayor de la que Keynes consideraba inaceptable (10%),
encontrándose entre el 12-13%, alcanzando valores del 25%-30% en España y Grecia. En
estos países entre los jóvenes la tasa supera el 50%, uno de cada dos que buscan trabajo no
lo ha encontrado en el momento de aplicación de la encuesta. En Italia, un país fundador de
la UE, se está acercando a ese valor.
4
El prof. Tello (2014, p.403), quién fue gobernador de Banxico, retoma este concepto: “…la concentración
de la riqueza y del ingreso en el país durante décadas…da a unos cuantos poderosos un enorme margen de
influencia en las decisiones que los gobiernos toman”, justificando así la baja presión fiscal en México.
En México la tasa abierta de desempleo es el 4.2%, uno de los niveles más bajo en la
OCDE. Sin embargo un análisis más detallado del mercado laboral demuestra que la
mayoría de la PEA que se encuentra ocupada trabaja en la economía informal, casi siempre
con muy bajos salarios y en condiciones de severa explotación. A veces los ocupados ni
siquiera reciben un salario por el trabajo realizado (graf.4).
Fuente: Elaborado por Javier Mendoza Solís y Elmar Morales Sánchez, con datos ENOE.
Gráfico 4: Poblacion Ocupada por nivel de ingresos
(porcentaje)
No reciben ingresos
Un salario minimo
1-2 salarios minimos
2-3 salarios minimos
3-5 salarios minimos
Más de 5 salarios mínimos
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
No especifi-cado
La pobreza laboral es una consecuencia de las políticas de estabilización macroeconómica
que empezaron en la década de 1980 (después de la crisis de la deuda externa) y que
tuvieron su mayor expresión en el pacto de solidaridad en 1987, con el cual se pretendía
controlar la tasa de inflación. El salario mínimo llegó a ser la variable crucial para llevar a
cabo la política antinflacionaria (graf.5).
Grafico 5. SALARIO MINIMO REAL (pesos 2010):1982-2015
300
250
246.34
200
150
100
59.73
50
0
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
La estrategia antinflacionaria basada en la reducción del salario mínimo real (reforzada en
el periodo salinista por la apreciación cambiaria), recargó sobre los trabajadores más
pobres. El poder de compra de sus salarios se redujo paulatinamente, hasta los niveles
miserables que en 2015 se registran.
En el siguiente grafico se compara el salario mínimo en México con 3 países de la OCDE
de altos nivel de desarrollo. Se hace evidente la gran diferencia que ha aumentado en el
tiempo en el periodo de las políticas neo-liberales.
Grafico 6. COMPARACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO EN
MÉXICO CON EL RESTO DEL MUNDO
30000
25000
20000
Bélgica
15000
Francia
10000
Japón
5000
México
0
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE.
Puede parecer poco oportuno comparar México con países tan virtuosos en la aplicación de
políticas re-distributivas, dado el distinto nivel de desarrollo entre ellos. En la siguiente
grafica la comparación es con algunos países de América Latina. México sigue ocupando
el último lugar, con diferencias obviamente menores que en el caso anterior. Parece
evidente que en estos países el salario mínimo ha aumentado constantemente, alargando la
brecha con el nivel alcanzado en México.
Grafico 7. SALARIO MÍNIMO: MÉXICO, CHILE, ARGENTINA,
COLOMBIA
7000
6000
5000
Colombia
4000
Argentina
3000
Chile
2000
México
1000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE y CEPAL.
México y Brasil: una comparación entre políticas pre-distributivas
En Brasil a la mitad de los años noventa empezó un incremento del mínimo salarial que se
acentuó en el periodo de gobierno de Lula da Silva. En la siguiente gráfica comparamos
esta política salarial con la reducción de la desigualdad, expresada a través del coeficiente
de Gini.
Grafico 8: Salario mínimo y coeficiente Gini en Brasil (1995-2007)
Fuente: OIT, Panorama Laboral 2008, p. 29
Como esperábamos, la extrema desigualdad en la distribución del ingreso en este país,
resumida por un coeficiente de Gini cercano a 0.6 en la mitad de la década de 1990, ha ido
disminuyendo constantemente, acentuándose esta tendencia cuando el incremento del
salario mínimo ha sido más notable (2000-2001 y 2005-2006).
En la siguiente gráfica comparamos la evolución del producto per cápita y del salario
mínimo en Brasil y México. Hasta la mitad de los años noventa, el salario mínimo se
reducía y eso coincidió con una etapa de muy lento crecimiento (casi estancamiento) de
las dos economías. Luego la trayectoria salarial fue opuesta en los dos países: mientras en
México se mantuvo el nivel mínimo alcanzado en la mitad de los noventa, en Brasil
empezó a crecer. A principio del 2000 el salario mínimo en Brasil crece más rápidamente,
tendencia que se hace aún más pronunciada a partir del 2005. Desde ese año se empieza a
crear una brecha también entre las dos economías, con la de Brasil que crece a una tasa
netamente superior.
Grafico 9. BRASIL Y MÉXICO: UNA COMPARACIÓN
(1982=100)
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
1980
1985
PIB percapita Brasil
1990
1995
SalarioM Brasil
2000
2005
PIB percapita México
2010
2015
SalarioM México
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial y CEPAL
Consideramos este resultado como una prueba de que ambas economías tienen una
restricción al crecimiento que opera por el lado de la demanda agregada. En las
denominadas economías “wage led” (Stockhammer, 2011), el incremento del salario
mínimo aumenta el consumo agregado y el PIB, tomando en cuenta la alta propensión al
consumo en bienes nacionales de los trabajadores pobres. A diferencia de México, Brasil
parece haber explotado esta situación, logrando un crecimiento económico estimulado por
una política redistributiva a favor de los trabajadores más pobres.
Políticas pre-distributivas: el enfoque teórico
La política pre-distributiva que proponemos, se mueve a lo largo de dos ejes: la
recuperación del poder de compra del salario mínimo, regresando por lo menos a los
valores que había alcanzado antes de la crisis de 1982, y la búsqueda del pleno empleo
como principal objetivo de la política económica.
La teoría de la finanza funcional representa el marco teórico de referencia para lograr el
pleno empleo. A. Lerner (1943) afirmó que solo el estado puede gastar para que a los
precios vigentes se compren todos los bienes que se pueden producir (primera ley de la
finanza funcional). Por tanto la finanza funcional “rechaza la doctrina tradicional de la
finanza sana y el principio de tratar de equilibrar el presupuesto a lo largo de un año solar o
en cualquier otro periodo” (ib.). En otras palabras: el pleno empleo debe ser el objetivo de
política económica, y el presupuesto público es el instrumento fundamental para lograrlo. Y
para un gobierno que tiene soberanía monetaria, o sea una moneda propia que emite sin
constricciones de ningún tipo, no hay ninguna necesidad de financiar el gasto con
impuestos, ya que estos se deben introducir para contener el nivel de demanda efectiva si en
la economía existen tensiones inflacionarias.
Lerner no hacía hincapié en las distintas consecuencias de una financiación del gasto con
deuda o con impresión de dinero, limitándose a decir que depende del deseo de la población
de poseer bonus públicos o liquidez para poder gastar. En los dos casos la única limitante es
el nivel de demanda agregada y las tensiones inflacionarias que produce, que como
acabamos de afirmar, representan la señal para subir los impuestos.
Economistas adscritos a la teoría monetaria chartalista5 (Wray 1998 y 2012; Mosler, 199798; Mitchell, 1998; Forstater 1998), han aclarado los mecanismos de financiamiento del
gasto público aceptando y desarrollando la teoría de la finanza funcional de Lerner. Según
los chartalistas, el gobierno en colaboración con el banco central (las dos instituciones se
reúnen dentro de una sola que llaman “estado”) deposita el dinero correspondiente al gasto
público que se realiza, en las cuentas que los bancos comerciales tienen con el banco
central (reservas), para que estos a su vez puedan acreditar las sumas pagadas a familias y
empresas en sus cuentas corrientes abiertas en los bancos comerciales. Parte de este dinero
recorre el camino inverso, pasando de las cuentas abiertas por las familias al gobierno,
cuando este cobra los impuestos.
Por tanto la creación de dinero acompaña necesariamente el ejercicio del gasto público,
mientras que la intervención en el mercado primario o secundario de la deuda pública busca
estabilizar la tasa de fondeo e un día (“overnight”) a niveles mínimos, posiblemente
próximos al valor cero6. En los países que emiten una moneda propia, ni la aplicación de
impuestos ni la emisión de deuda pública son necesarios para financiar el gasto público.
Este precede lógicamente y temporalmente los impuestos, y el estado (gobierno y banco
central) no necesitan recaudar el dinero que gasta, pues pueden acreditar las sumas en las
cuentas de los bancos comerciales.
El estado empleador de última estancia (ELR)
Los economistas keynesianos suelen considerar el pleno empleo como un objetivo de las
políticas económicas, con distintas matices. Algunos han aceptado categorías que parecen
muy distantes del análisis del maestro, como el concepto monetarista de NAIRU. Estos
economistas definidos neo-keynesianos hacen propio el planteamiento de Friedman (1968),
que exista una tasa de desempleo que mantenga constante la tasa de inflación (NAIRU).
Simplificando: la tasa de desempleo NAIRU es necesaria para evitar que la pretensión de
5
Su denominación actual es “modern monetary theory” (MMT).
El banco central debe tomar en cuenta el contexto macro y los objetivos de política económica del
gobierno. Por ejemplo si hace falta atraer capitales, la tasa de interés no deberá acercarse a zero (Wray y
Mitchell, 2004 p.12).
6
los trabajadores sobre el ingreso nacional sea excesiva (inflacionaria)7. La conclusión es
que un cierto número de desempleados es un precio que la colectividad tiene que pagar,
para mantener la estabilidad de precios. Hay que sacrificar al dios “mercado” un grupo de
trabajadores y sus familias, en aras de mantener un sistema económico que produce riqueza
y que se puede considerar, después del colapso del “socialismo real”, el mejor (o el menor
peor) que la humanidad ha logrado crear.
Autores como Blanchard, aceptando el terreno de confrontación propuesto por los
neoclásicos (dinero exógeno, disciplina fiscal), consideran que las políticas expansivas de
estímulo a la demanda agregada pueden ser útiles en un periodo de contracción de la
economía, pero producen tensiones inflacionarias, antes de llegar a garantizar un empleo
para todos los que lo buscan y están en condición (físico-psíquica y legal) de poder trabajar.
Lerner había criticado estas políticas definidas “pump priming”, sin embargo observó:
“there are very few pump-primers left now”, conclusión que más de 70 años después parece
fue por lo menos apurada.
Dentro de la corriente post-keynesiana y precisamente en el enfoque “Modern money
theory” (MMT) mencionado, se propone que el gobierno garantice el empleo, instituyendo
oficinas públicas donde los desempleados encuentran propuestas de trabajo a un salario
determinado, al menos igual al salario mínimo. El gobierno garantiza una curva de
demanda horizontal de trabajo a este salario, para que todos los que están dispuestos a
trabajar tengan la oportunidad de hacerlo, alcanzando el pleno empleo (Wray y Mitchell,
2003; Forstater, 2005; Mosler, 1997). Se considera que este programa, denominado Estado
empleador de última instancia (ELR por su sigla en inglés), sustituya casi todos los
programas sociales de corte asistencialistas a favor de los desempleados y probablemente
todo tipo de gasto social que vaya a beneficiar las familias más pobres (más adelante
regresaremos a este punto). Según esta corriente post-keynesiana, es por tanto técnicamente
posible y sostenible (compatible con la estabilidad macroeconómica) una política de pleno
empleo dentro de una economía capitalista.
Que el programa ELR sea técnicamente posible es evidente, máxime si aceptamos la
primera ley de la finanza funcional propuesta por A. Lerner8. El problema de la
sostenibilidad, fuera de este enfoque requiere una mayor argumentación. Es también
evidente que cada país que adopta una moneda propia puede financiar el gasto público y
una política de pleno empleo, creando dinero, pero “the more usual objection is that it is too
easy to finance the budget déficit (in the monetarist approach by printing money)” (Sawyer,
2005).
7
Friedman (1968) no utilizó el acrónimo NAIRU para indicar la tasa de desempleo natural. Algunos años más
tarde Modigliani y Papademos (1975, p.142…) la introdujeron y desde entonces se utiliza en el debate
macroeconómico. Los autores la denominaron NIRO, “noninflationary rate of unemployment”.
8
Las economías centralmente planificadas alcanzaban el pleno empleo con estabilidad de precios,
eliminando las relaciones de mercado y la propiedad privada de los medios de producción. En esos sistemas
los desequilibrios macro se manifestaban en la creación de una economía sumergida (mercado negro) que
era al mismo tiempo reflejo y causa de la baja productividad e ineficiencia en la economía formal.
Objeciones post-keynesianas al ELR: un análisis crítico
Algunos autores postkeynesianos (Sawyer 2003 y 2005; López Gallardo, 2000;
Seccareccia, 2004) han manifestado sus dudas sobre la conveniencia y viabilidad del
programa ELR.
Las críticas de Sawyer al programa ELR se pueden resumir en dos aspectos. El primero es
la teoría monetaria chartalista: “My disagreement with much of the ELR literatura comes
from the tax-driven money (TDM) view with which it has become associated” (Sawyer,
2005 p.10). El segundo es el temor que la creación de empleo público pagado con el salario
mínimo, causaría una contracción salarial en los empleos públicos que dan servicios
asimilables a los empleos ELR.
López Gallardo advierte tanto de un posible impacto inflacionario de las políticas
expansivas que buscan el pleno empleo en la estrategia ELR, que del déficit del sector
externo, como consecuencia de las mayores importaciones.
Seccareccia y Sawyer concuerdan que el pleno empleo debe priorizarse en la agenda
política, pero son escépticos en relación al ELR como el camino deseable para lograr el
objetivo.
En estos análisis también hay una preocupación recurrente, es decir que los programas
sociales existentes vengan reemplazados por el programa ELR, y eso afectaría a sectores
muy vulnerables, los pobres extremos, que por distintas razones podrían no ser
beneficiados por este programa y perderían los subsidios que reciben.
En este artículo no puedo entrar en una discusión sobre el TDM, teoría que se ha ganado
bastante crédito en el ambiente académico, también por parte de economistas keynesianos
que fueron inicialmente muy críticos en relación a ella, como M. Lavoie y P. Krugman. Me
limito a discutir los principales argumentos que los economistas post-keynesianos señalan
en contra del ELR, considerada una estrategia poco eficaz y mejorable con políticas
keynesianas más convencionales.
Sawyer observa que fijando un salario mínimo al cual emplear todos los que lo requieran se
introduce una presión hacia la baja en los salarios del sector público. Considero que no es
un fuerte argumento en contra del ELR, sobre todo en países todavía en vía de desarrollo
como México, donde el sector público es muy limitado y el acceso al mismo poco
meritocrático y a veces clientelar. El ELR puede ser el eje principal de una política social,
que dé la oportunidad a los trabajadores pobres (sobre todo extremos) de salir de la
marginación. Las personas más interesadas, en el contexto mexicano, no son trabajadores
desempleados con medio-alto nivel profesional, que pueden “permitirse el lujo” del
desempleo manteniéndose en la búsqueda de un trabajo satisfactorio, sino las masas que
viven en la pobreza extrema, beneficiarias (a veces) de la asistencia pública que los
mantiene con vida. Estos trabajadores no compiten con los empleados públicos, tienen
pocas habilidades y una formación escasa que no les permite ser competitivos en el
mercado laboral.
Según López Gallardo el ELR sería una política expansiva por el lado de la demanda, que
podría producir presiones inflacionarias y un desequilibrio externo. En relación al primer
punto me remito a Wray (2012) para una clara explicación de las causas profundas del
fenómeno inflacionario, ya que el ELR, fijando un precio importante como el salario de
estos trabajadores, permitiría lograr con mayor facilidad la estabilidad de precios. En
relación al desequilibrio externo que el incremento de demanda puede generar, este puede
ser controlado en un país monetariamente soberano, que adopte un tipo de cambio flexible.
Además el programa ELR puede ser financiado (al menos en parte) con la emisión de vales,
con los cuales se pagarían los trabajadores que entran en el programa. Estos vales se
podrían gastar solo en tiendas abiertas para este fin (lo cual crearía una demanda adicional
de trabajo ELR, para todos los servicios que se requieren en estos establecimientos
comerciales), donde habría solo productos nacionales que estimularían además un consumo
más sano entre la población pobre, normalmente más sujeta a enfermedades derivadas de
malos hábitos alimenticios como por ejemplo la diabetes. De esta manera se puede evitar, al
menos inicialmente, el desvío de demanda hacia importaciones, aunque no en toto, por el
efecto multiplicador que inevitablemente se desencadena.
La posible desaparición de los programas sociales a favor de los pobres más vulnerables no
es un argumento en contra del programa, pues los pobres marginados que por varias
razones (extrema indigencia, enfermedades físicas y psíquicas, dependencia de drogas etc.)
no puedan trabajar, seguirán recibiendo transferencias que les permitan sobrevivir, y que no
competirán con los salarios ELR, para que estos empleos se mantengan atractivos.
Análisis crítico de la propuesta Mancera y políticas pre-distributivas para México
En 2014 el jefe de gobierno del Distrito Federal dio a conocer una propuesta para
incrementar el salario mínimo, que se conoce como la propuesta Mancera.
Preparada por académicos de reconocido nivel, se centra en el incremento del SM paulatino
hasta llegar en 2018 a 171$ diarios, 2.4 veces la suma actual. El documento recuerda que el
SM no cumple con el mandato constitucional (véase gráfica 10), y que en comparación al
nivel máximo alcanzado en 1976, su poder de compra se ha reducido de tres cuartas partes,
siendo actualmente el más bajo no solo en la OCDE sino en el continente latinoamericano.
Graf. 10: CANASTA BÁSICA VS SALARIO MÍNIMO REAL
120
Salario Minimo
Canasta Basica Total
100
80
60
40
20
0
Fuente: Elaboración propia con datos de la Coneval y CONASAMI
Con un análisis bastante apurado (la versión publicada en internet presenta errores bastante
inusuales considerando el prestigio académico de sus redactores), los expertos consideran
que esta política salarial, tachada por sus detractores de inflacionaria, perturbadoras del
libre mercado y destructora de empleo formal, ha dado resultados positivos en América
Latina, en países como Brasil cuyas economías presentan desequilibrios iguales o mayores
a la mexicana.
La propuesta es un paso importante porque ha abierto un debate, sin embargo considero
que solo dentro de un programa ELR puede tener eficacia. Veamos porque.
Tratando de determinar los beneficiarios del aumento del salario mínimo, en el documento
Mancera se hace referencia en la ENOE a la población ocupada que recibe hasta un salario
mínimo, calculada en 6 millones y medio. Sin embargo, construyendo el perfil de estos
ocupados pobres, se afirma que la mitad son trabajadores por cuenta propia (siendo no
asalariados por definición no serían beneficiados), y solo 2.9 millones trabajan en la
economía formal (más de la mitad son informales).
Es evidente que solo los trabajadores asalariados pueden recibir un incremento salarial, por
tanto hay que excluir los cuentapropistas. Además los asalariados informales no vienen
remunerados en términos de salarios mínimos, por lo tanto este no ejerce un “efecto faro”
sobre ellos. Esta afirmación puede aparecer excesiva, sin embargo las características de las
relaciones laborales en México indica que un aumento del salario mínimo puede tal vez
ejercer un “efecto faro” dentro del sector formal, lo cual también debería demostrase. Por
ejemplo la evolución distinta del salario medio contractual real y del salario mínimo real,
parecen indicar que el “efecto faro” tampoco sea tan relevante en el sector formal.
El incremento del salario mínimo, rebus sic stantibus, beneficiaría a menos de 2.9 millones
de trabajadores formales, o sea una parte minoritaria de los “working poors” mexicanos.
Por tanto solo la creación de empleo por parte del estado según el programa ELR, puede
hacer efectivo el incremento del salario mínimo propuesto por Mancera. Dentro del
enfoque funcionalista de finanzas públicas esta masiva creación de empleo es
perfectamente sostenible, siendo financiado en moneda nacional. Como explicamos en la
discusión sobre este programa, el impacto inflacionario se puede controlar anclando un
precio fundamental como el salario mínimo nominal, así como los posibles desvíos de
demanda hacia importaciones pueden reducirse, pagando por ejemplo en vales que se
pueden gastar solo en tiendas nacionales.
En conclusión: un informe reciente del FMI (Ostry et al., 2014) demuestra que la
desigualdad representa no solo un problema ético, sino resulta ser un obstáculo al
crecimiento económico. Sin embargo el mismo informe evidencia la dificultad de reducir la
desigualdad con políticas re-distributivas convencionales, o sea a través de las
transferencias públicas. México es un país de extrema desigualdad, que las transferencias
públicas reducen solo mínimamente.
Por esta razón en este trabajo mostramos como la acción redistributiva requiere el uso de
instrumentos menos convencionales, que ataquen a la raíz el problema antes que el ingreso
se genere. Estas políticas pre-distributivas consisten en el incremento del salario mínimo,
combinado con una creación directa de empleo formal por parte del estado, según el
programa ELR.
Esta política es realizable dentro del enfoque monetario chartalista, en el cual la política
fiscal expansiva no tiene que ser financiada con impuestos o con emisión de deuda pública,
aplicando la teoría funcionalista de A. Lerner.
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