Download Sigue cayendo el gasto en I+D

2/12/2015
Sigue cayendo el gasto en I+D | ORBYT
RAFAEL PAMPILLÓN OLMEDO
02/12/2015 Pág. OPINIÓN
Sigue cayendo el gasto en I+D
El autor analiza la evolución del gasto público y privado en Investigación y
Desarrollo en España y propone cambios para que sea más efectivo.
Esta semana el INE ha publicado los datos del gasto español en Investigación y Desarrollo (I+D)
del año 2014. El gasto en I+D se contrajo un 1,5% con respecto a 2013. Una caída que es
preocupante porque el gasto en I+D lleva cuatro años seguidos descendiendo. En 2014, la
principal reducción del gasto se produjo en las empresas (­1,8%), aunque también ha disminuido
el del sector público (­1,1%).
El año pasado, en España, se destinaron a la I+D 12.821 millones de euros, lo que representa el
1,23% del PIB. Inferior, por tanto, al 1,26% del año 2013 y alejado del 1,4% del año 2010, en que
el gasto en I+D alcanzó su máximo histórico. Esta caída continuada es consecuencia de los
recortes que como consecuencia de la crisis económica han realizado las empresas y las
Administraciones Públicas (AAPP). Una situación lamentable que a medio plazo se dejará notar
en una menor capacidad de nuestra economía para producir innovaciones. Conviene recordar
que la inversión en I+D, junto con la introducción de tecnología extranjera y la mejora del capital
humano, es la fuente principal para mejorar los niveles de productividad de nuestro tejido
empresarial.
COMPARACIÓN INTERNACIONAL
Si comparamos la situación de España con la de otros países, el resultado sigue siendo poco
halagüeño. Las últimas cifras de la OCDE disponibles muestran cómo el gasto en I+D en España,
medido en porcentaje del PIB (1,23%), es bastante menor al de otras economías desarrolladas
como Francia (2,23%), Gran Bretaña (2,73%), Austria (2,95%), Estados Unidos (2,73%), Japón
(3,4%), Alemania (2,85%), Suecia (3,3%) y Finlandia (3,31%). Como media, los países de la
OCDE gastan el 2,36% del PIB.
Como consecuencia de este menor gasto, la competitividad internacional de España es mucho
más limitada que la de otros países desarrollados. El World Economic Forum sitúa a nuestro país
en la posición número 33 del ránking mundial de competitividad y en el puesto 55 en capacidad
de innovación; mientras que los países que más gastan en I+D como porcentaje de su PIB
(Alemania, Japón, EEUU, Suecia y Finlandia) se encuentran entre los diez países más
competitivos del mundo.
A la baja cuantía del gasto hay que sumar su mala distribución del mismo. Mientras las empresas
españolas realizaron el 53% del gasto total en I+D, las AAPP (incluidas las universidades
públicas) gastaron el 47% restante. Esto difiere bastante de la tendencia seguida por otros
países desarrollados, como Alemania, Francia, Finlandia, Corea del Sur, Reino Unido o Estados
Unidos, en los que el gasto empresarial ha ido aumentando hasta superar el 65% del gasto total
en I+D. Esta proporción diferente de España pone de manifiesto la mayor dificultad que, con
respecto a otros países desarrollados, tiene el sector empresarial español para desarrollar
tecnología propia.
CAMBIOS DE POLÍTICA TECNOLÓGICA
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/PaginaNoticiaImprimir.aspx?id=12785096&sec=Expansi%C3%B3n&fecha=02_12_2015&pla=pla_3634_N…
1/3
Sigue cayendo el gasto en I+D | ORBYT
CAMBIOS DE POLÍTICA TECNOLÓGICA
2/12/2015
De ahí la necesidad de una política tecnológica que aumente la innovación tanto en el sector
privado como en el sector público. En este sentido, el sector público investigador podría orientar
en mayor medida sus gastos en I+D a la obtención de resultados que fueran más útiles a las
empresas. Para ello es necesario que el sistema científico público tenga una dirección clara y
estable. Es decir, para la mejora de la competitividad de nuestro aparato productivo es preciso
que la política científica y tecnológica mantenga un rumbo y unos objetivos definidos que
generen certidumbre y estabilidad en los diferentes actores del sistema científico y tecnológico.
Para que eso se cumpla es imprescindible que la política tecnológica sea una política de Estado,
consensuada por todos los partidos políticos con el fin de que no dependa del Gobierno de turno.
El resultado de ese pacto serían cambios tanto en la cantidad como en la calidad de la I+D con el
fin de que produzca mayor efecto sobre el tejido productivo de la economía. Entre esos cambios
destacaría tres que afectan directamente al sector público investigador.
En primer lugar, fortalecer las relaciones entre los investigadores del sector público y las
necesidades de las empresas. Para competir en los mercados internacionales, las empresas
deben innovar, y dado que el 47% del gasto en I+D en España lo realiza el sector público, se
deben estrechar los vínculos entre las universidades y otros centros públicos de investigación
con el sector empresarial. Esto favorecería la innovación en las pymes que, por su escasa
dimensión, carecen de departamentos de I+D.
Conseguir ese cambio de orientación en el sector público investigador no es un camino sencillo,
pero sí necesario para aumentar la competitividad de las empresas. No se debe olvidar que las
exportaciones están siendo la base para el crecimiento económico y del empleo en España. Para
contribuir a ese proceso los centros públicos de investigación, especialmente los departamentos
de las universidades públicas, deben conseguir una mayor cercanía con las empresas que les
permita conocer sus necesidades tecnológicas.
Segundo, mejorar la formación de la mano de obra y atraer y retener a la más cualificada. En el
año 2010, España tenía 222.022 empleados en actividades de investigación y desarrollo
(medidos en equivalencia a jornada completa): desde entonces, se han perdido 21.789 (de ellos,
3.377 corresponden al año pasado). Los que nos gobiernan deben desincentivar la llamada
“fuga de cerebros” impulsando con más intensidad programas de formación doctoral y
posdoctoral de alta calidad o favorecer los intercambios con centros de investigación
internacionales. Poner todos los medios a su alcance para retener y atraer investigadores y
tecnólogos que aumenten la plantilla científica e innovadora del país.
Tercero, cambiar la manera de remunerar a los trabajadores de los centros públicos de
investigación, vinculando una parte variable de sus ingresos a objetivos relacionados con la
transmisión o venta de sus innovaciones a las empresas. Se trataría de introducir incentivos para
aumentar la producción científica. En este sentido, la cultura de lo variable, aunque introduce
cierta inseguridad en el profesorado, garantiza un mayor esfuerzo y en consecuencia una mayor
productividad, lo que siempre sería positivo para la economía del país.
Además, y aunque en un principio los trabajadores de un centro o un departamento público de
investigación puedan pensar que la cultura de lo variable les perjudica, en el medio­largo plazo
puede resultar favorable a sus intereses personales, pues se les remunerará en función de su
esfuerzo y no de lo que hagan los demás. La cultura de lo variable no revierte negativamente
sobre los derechos de los trabajadores sino positivamente. Una medida que, en todo caso,
requiere rigor y transparencia.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/PaginaNoticiaImprimir.aspx?id=12785096&sec=Expansi%C3%B3n&fecha=02_12_2015&pla=pla_3634_N…
2/3
2/12/2015
Sigue cayendo el gasto en I+D | ORBYT
Los sucesivos recortes en I+D tanto públicos como privados han mermado considerablemente la
capacidad española de innovación. De ahí la necesidad de implementar una política científica y
tecnológica que impulse mucho más la inversión en I+D con el fin de obtener una mayor calidad
y cantidad de innovaciones.
Se podría mejorar la orientación del gasto público en I+D para adecuarlo mejor a las
necesidades de nuestro país. El resultado sería una mayor producción de conocimiento, mejora
de la competitividad de las empresas, más crecimiento económico y un aumento del empleo
duradero a largo plazo.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/PaginaNoticiaImprimir.aspx?id=12785096&sec=Expansi%C3%B3n&fecha=02_12_2015&pla=pla_3634_N…
3/3