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Las organizaciones armadas paramilitares permanecen vigentes a pesar de la tan
sonada desmovilización que surgió tras la negociación entre los mandos de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Bloque Central Bolívar (BCB) con
el pasado gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El Putumayo y Nariño, los llanos orientales, el Catatumbo, el Sur de Bolívar, el
Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia y todas sus montañas,
Córdoba, Urabá, el Valle, Chocó y el Eje Cafetero, son zonas donde día a día
estas organizaciones se movilizan libremente, despliegan sus intereses
económicos relacionados con la tierra que despojaron y que siguen despojando,
regulan estructuras económicas legales (juegos de azar, venta de propiedades,
ganadería extensiva, infraestructura, agroindustria), se especializan en el control
de muchas formas de criminalidad (impuestos obligatorios, vacunas y extorsión,
micro-tráfico, prostitución, robo de autos) y se nutren de las economías del
narcotráfico y de la minería ilegal.
Es precisamente la diversidad y cantidad de regiones que controlan lo que les
permite acomodarse a las formas económicas locales y tejer redes y alianzas con
sectores políticos y de la Fuerza Pública. Es así como esta gran red a la que hoy
equivocadamente le llaman “Bacrim”, no es otra cosa que la configuración de un
proyecto armado, político y económico a gran escala que ha permitido la
legalización del despojo de tierras, el establecimiento de la economía minera de
gran escala, la regulación del sistema electoral bajo la opresión armada y la
reconfiguración del sistema político, penal y judicial.
El Estado colombiano ha venido siendo mediado y ha sido constituido en las
regiones a través del uso de la violencia política, la eliminación de la diferencia y
la participación de grupos armados y élites económicas, políticas y militares
locales.
Con un panorama como éste cabe preguntarse ¿Quiénes son los Urabeños?
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Es una organización que desde el 2008 ha estado presente en muchas zonas del
país y que en enero de este año con la declaratoria de un paro armado, tras la
muerte de alias Giovanni, logró frenar las actividades económicas y sociales de
gran parte del país, además es un hecho consumado: se pelean cuadra a cuadra
algunos sectores de Medellín y ahora buscan instalarse en la U de A.
Esta organización armada es producto del poder armado que construyó el Bloque
Elmer Cárdenas y el Bloque Bananero en el Urabá y el Norte del Chocó, pero
recoge a su vez a cientos de combatientes de las ACCU en Córdoba y de las
estructuras armadas del Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar en el Bajo
Cauca y el Nordeste antioqueño, que tras la desmovilización, no encontraron
alternativas en la vida civil o simplemente nunca participaron en la falsa “entrega”
de armas.
Estas zonas del norte colombiano (Urabá, Norte del Chocó, Córdoba, Bajo Cauca
y Nordeste) fueron objeto de fuertísimas disputas que decantaron en una
hegemonía armada y en el control del grupo armado sobre extensos territorios de
los que posteriormente se apropiaron empresarios agroindustriales (caso
Curbaradó y Jiguamiandó) o sobre el que se exacerbaron las dinámicas de
explotación ilegal y legal de la minería (Nordeste, Bajo Cauca).
A su vez dichos territorios se configuraron en zonas estratégica de retaguardia,
de inversión y lavado de dineros y como rutas y pasos que conectan zonas de
producción y tráfico de drogas.
Los Urabeños, cuyo nombre se debe básicamente a esta zona del país, deben su
reputación al lugar de donde han salido miles de jóvenes combatientes a
alimentar las filas del paramilitarismo desde mediados de los 90´s y que fueron
vendidos y enviados a los Llanos Orientales, al Caquetá y otras zonas del país.
Como puede comprobarse, de hecho fueron combatientes del Urabá los enviados
a Mapiripán y Caño Jabón para ejecutar las masacres (Ver:
http://www.verdadabierta.com/el-sec...).
Durante esta expansión y exportación del modelo paramilitar, de hombres
armados que exterminan, masacran, despojan y dejan el campo libre para la
inversión tanto legal como ilegal, es demasiado importante la figura de Daniel
Rendón Herrera alias “Don Mario”, quien contribuye a la organización de los
Bloques Centauros y Capital y quien tras el asesinato del Miguel Arroyave huye
hacia el Urabá donde su hermano Freddy Rendón alias “El Alemán”, quien
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además le da cupo para que se desmovilice con el Bloque Elmer Cárdenas. Pero
en los llanos quedaron las bases de una organización vinculada al narcotráfico y
que fue funcional a las élites políticas y económicas casanareñas y del Meta que
pasó a ser conocida como ERPAC.
Tras la desmovilización (2003-2006) la MAPP-OEA, que es la encargada de
vigilar el proceso de paz y los acuerdos, informó sobre la presencia de grupos
que no se desmovilizaron o que se reorganizaron. Mientras tanto, en las regiones
y sus periferias comenzaban a volar las Águilas Negras y a su paso seguían
cayendo líderes, lideresas y jóvenes; amenazando procesos civiles de
resistencia, de defensa de los Derechos y retorno a las tierras despojadas.
Las Águilas son grupos que siguen reorganizando los territorios y manteniendo el
poder establecido por el paramilitarismo “desmovilizado”. En Octubre del 2008
aparecieron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con un sonado despliegue
mediático, panfletos y video. Las AGC lograron constituir una nueva organización
que agrupaba tanto las expresiones de Águilas Negras y Urabeños en Antioquia,
Córdoba y Chocó: así por los tres nombres son conocidos en varias regiones del
país, siendo el de Urabeños el que más utilizan.
Los Urabeños, las Águilas Negras o las Autodefensas Gaitanistas, son una
organización armada con especializaciones urbanas y rurales. Se destacan en
zonas urbanas de ciudades intermedias como Apartadó, Segovia, Riosucio
(Chocó), Tarazá, Arboletes, Caucasia, Montería; son jóvenes que participan en
redes de inteligencia en las que se valen de teléfonos celulares y armas cortas,
con jerarquías poco visibles pero férreas, que implantan horarios y toques de
queda y mantienen un fuerte control social sobre las actividades organizativas
locales como las JAC (Juntas de Acción Comunal).
En zonas rurales son predominantemente militares, con estructuras que pueden
variar de los 30 a 100 hombres armados, uniformados, con insignias y con armas
largas; tienen campamentos de entrenamiento donde llegan las y los jóvenes
reclutados forzosamente o que se vinculan voluntariamente en veredas y
ciudades; tienen una amplia movilidad y en algunas ocasiones donde se
traslapan las territorialidades entran en combate con la guerrilla de las FARC,
provocando desplazamientos forzados y constantes amenazas, como se
demuestra en varios sectores del Urabá (San José de Apartadó) y el Nordeste
Antioqueño (Remedios, Segovia).
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El pasado reciente.
La jerarquía se reorganiza tras la falsa desmovilización, y en el Urabá, el
Nordeste y el Bajo Cauca se forman alianzas para mantener lo ganado tras la
guerra (tierras, economías y distinción). Los Urabeños se expandieron hacia otras
zonas del país entrando algunas veces en disputa con otras organizaciones que
también surgen del paramilitarismo y que históricamente han exhibido formas
violentas de resolución de conflictos con la consabida regulación de las
economías mafiosas y criminales que se complementan –también para los
urabeños- con una estrategia contrainsurgente funcional a sectores políticos y
militares.
La Oficina de Envigado es quizá la más representativa de estas organizaciones,
pues había participado activamente en la guerra contra Pablo Escobar,
consolidando un poder mafioso sin precedentes en Medellín y manejando a su
antojo sectores enteros de la economía local, incidiendo incluso en el incentivo de
políticas y ofertas para la inversión económica en la ciudad y la construcción
discursiva de Medellín como una ciudad en posconflicto (lo que se conoció
popularmente como la DonBernabilidad que le permitió a los gobiernos locales
impulsar la inversión extranjera para hacer de Medellín un centro de negocios).
La Oficina también logró articular en su red a cientos de combos y bandas de las
comunas centro orientales y occidentales tras la guerra que sostuvo a través del
Bloque Cacique Nutibara contra el Bloque Metro, y participó activamente de
masacres, asesinatos selectivos y amenazas contra líderes y lideresas sindicales,
barriales, estudiantiles y defensores y defensoras de Derechos Humanos de la
ciudad (Ver: Caso Santoyo, y General Pedreros).
Con la aparición de las AUC en 1997, la Oficina realizó varias alianzas y se valía
de éstas para acceder a zonas estratégicas que le garantizaban el control de la
economía del narcotráfico en el Urabá, en Córdoba y el Pacifico Chocoano. A su
vez ingresó como actor legítimo al proceso de desmovilización armando tres
Bloques: el Héroes de Granada, el Cacique Nutibara y el Héroes de Tolová.
Las décadas de control y acción de la Oficina dieron como resultado una
dinámica urbana del conflicto donde aparecen múltiples actores que responden a
diversos factores, pero que se relacionan por el uso sistemático de la violencia
donde afloran gravísimos Conflictos entendidos éstos como un sinnúmero de
problemáticas sociales de expresión local (política local, economía local, ejercicio
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del poder armado a nivel local) así como barrial (problemas familiares, controles y
acciones de grupos delincuenciales y dinámica de la confrontación política
armada).
Sin embargo, los lazos construidos comienzan a romperse con la extradición de
los paramilitares y la “Oficina” decide incursionar directamente sobre territorios
controlados por las Águilas Negras o Urabeños, a través del grupo armado
conocido como Los Paisas, quienes hegemónicamente controlan el Valle de
Aburrá.
Tras la salida de Don Berna, dos facciones se disputan el control sobre la Oficina
entre el 2009 y el 2011, Valenciano que hace una alianza estratégica con los
Urabeños y Sebastián que fortalece a los combatientes de Los Paisas. La Oficina
busca nuevos espacios y exporta su modelo de “empresa criminal” hacia la costa
Atlántica hacia donde también comienzan a moverse los Urabeños y donde
también existen organizaciones regionales y locales que controlan la economía
local ilegal.
Sin embargo tras las capturas de Valenciano, quien entregó Medellín (ya que
tenía garantías para mantener la economía narcotraficante en el norte del país), y
de Sebastián (quien había constituido a Los Paisas como una estructura armada
militar altamente equipada), los poderes vuelven a reorganizarse y los intereses
de los Urabeños por la ciudad se hicieron más evidentes.
La entrada de los Urabeños a Medellín se había iniciado desde el 2009 y las
oportunidades de expansión económica que ofrece la ciudad les seducen con
poder: un empresarismo que permite a la vez la reproducción de economías
ilegales, además de las garantías que pueden obtener con una institucionalidad
fácilmente cooptable, son el sustento de la iniciativa de esta organización por
tomarse la ciudad.
Sin embargo la lectura debe ser más cuidadosa en tanto que no solamente están
en disputa formas de control de la economía narcotraficante, sino otras redes de
la economía local y las alianzas que tanto uno como otro grupo puedan tener con
sectores de la Fuerza Pública que les llevan a mantener la estrategia
contrainsurgente. Ya que estos grupos siempre mantienen vigente dentro de sus
acciones la noción de “orden” con la cual controlan sectores sociales, mantienen
el sistema violento impuesto y reprimen todo tipo de resistencia civil con prácticas
punitivas colectivas y subjetivas donde la diferencia (política, subjetiva, sexual) es
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exterminada.
Lo que están haciendo los Urabeños hoy en la Universidad de Antioquia lo había
venido haciendo también la Oficina de Envigado, con el cobro de impuestos, las
redes de inteligencia, las amenazas y el control contra las organizaciones
barriales y estudiantiles.
Medellín entra entonces en otra etapa de competencia violenta, su cercanía con
sectores rurales, la infraestructura económica que permite el blanqueo de dineros
con inversión en capitales y bienes raíces y la demanda de cientos de
combatientes y jóvenes que han crecido con un arma entre las manos, son
factores que permiten el advenimiento de una guerra en la que habrá una nueva
fragmentación social local y donde no solamente se disputan intereses
económicos sino ideológicos.
No es ajeno entonces que el miedo y el clima que crean estos grupos sirva para
que se “legalice” de manera amplia y abierta prácticas policivas cuyas
experiencias (que se apoyan en alianzas y mecanismos conniventes: Ver por
ejemplo caso del General Marco Antonio Pedreros), se juntan para implantar
medidas de fuerza concretas, hacer olvidar actos de corrupción y antidemocracia,
y ejercer control –“Inteligencia”- sobre expresiones organizativas protegidas por el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución Política de
Colombia y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Alianza informativa Desde el 12 Prensa Estudiantil y Plano Sur Comunicaciones
Fuente: PCC , 30 de noviembre de 2012
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