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“CRECIMIENTO ECONOMICO, RELACIÓN SALARIAL, CRISIS, Y POBREZA
EN MEXICO.
Víctor M. Soria
Ponencia presentada en el II CONGRESO NACIONAL DE SOCIOLOGIA DEL
TRABAJO, 28-30 DE Octubre de 1998, Xalapa, Veracruz.
INTRODUCCION.
Esta comunicación se ha dividido en cinco secciones: en la primera se constata que las
elevadas tasas de crecimiento económico durante la etapa sin crisis estructural 1934-1971,
crecimiento que se prolonga en medio de crisis hasta 1981, fueron de la mano con el
aumento en el número total de pobres, a pesar de la baja en su peso relativo, y que durante
la etapa de crisis y política económica neoliberal, el nivel de pobreza ha retrocedido más
atrás de 1960. En la segunda sección se analizan brevemente los determinantes de la
pobreza y del empobrecimiento y se aclara que en este trabajo sólo se analizará la
influencia de las formas institucionales (FI) políticas sobre los salarios, el empleo y la
inflación, como determinantes más directos del empobrecimiento. En la tercera sección se
analizan las FI del presidencialismo y del partido político de Estado y su influencia en la
regulación de la relación salarial y de la articulación agricultura/industria. En seguida, en
la cuarta sección, se analizan por periodos, las lineas generales de la regulación política del
empleo, los salarios y la inflación. Finalmente, en la quinta sección se efectúa una síntesis a
manera de conclusión.
La finalidad de este trabajo es la de examinar el comportamiento de la pobreza en México,
tanto durante el amplio periodo de crecimiento económico sostenido como durante la crisis
estructural que comienza en 1971 y perdura hasta la fecha 1. Algunos estudiosos de la
pobreza han corroborado que el crecimiento económico se puede acompañar de una
desigualdad creciente del ingreso y ésta puede coexistir tanto con un aumento como con
una disminución del nivel de pobreza (Cf. Salama y Valier 1994: 8). En América Latina,
aunque han existido periodos de crecimiento sostenido y disminución del nivel de pobreza,
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A diferencia de las crisis cíclicas, las cuales generalmente son absorbidas por el sistema económico en el corto plazo, las
crisis estructurales o grandes crisis, requieren el cambio del patrón de acumulación y/o del modo de regulación. En México
la actual crisis estructural afloró en 1971 y ha tenido tres explosiones mayores, la de 1976-1977, la de 1982-1987 y la de
1994-1996.
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la experiencia de estos países lleva a la conclusión de que la pobreza bajó tan sólo en
términos relativos, y que durante los periodos de crisis ha aumentado con gran velocidad,
contrarestando los progresos logrados.
México experimentó un largo periodo de crecimiento entre 1934 y 1970, sin crisis de gran
envergadura, el cual se alarga con altas y bajas hasta 1981, no obstante, la pobreza en
términos absolutos siguio creciendo en casi todo el periodo. Esto nos llevó a la hipótesis de
que es muy posible que las relaciones de poder sean las que han influido de manera
determinante en el reparto desigual de los frutos del crecimiento. En otras palabras, en
México ha existido una regulación de la pobreza a través de las instituciones políticas
fundamentales vinculadas al control social de la población trabajadora durante el periodo
de crecimiento sostenido. Aun cuando dichas instituciones han entrado en crisis y han
agudizado los problemas económicos e incrementado la pobreza, subsisten todavía en la
actualidad algunos de sus rasgos de control sobre los principales determinantes del
empobrecimiento, además de que han surgido instituciones de control temporal, sobre todo
para la regulación de los salarios.
Las instituciones regulatorias, tanto las políticas como las económicas, son formas
estructurales o formas institucionales (FI) que pueden definirse como “la codificación
social de una o varias relaciones sociales fundamentales que caracterizan el modo de
producción dominante de una formación social” (Boyer 1986: 48). Las FI políticas son las
que aglutinan a las FI económicas por medio de formas estructurales orientadas al control
social. El conjunto de FI que conforman un modo de regulación, coadyuvan a reproducir
las relaciones sociales fundamentales dentro del modo de producción capitalista, a sostener
y orientar el patrón de acumulación en vigor, así como a asegurar la compatibilidad
dinámica de un conjunto de decisiones descentralizadas, sin que sea necesaria la
interiorización por lo actores económicos y sociales de los principios de ajuste del sistema (
Boyer 1986: 54-55).
Las FI siguen una lógica de institucionalización que emana de las propias relaciones
sociales, por lo que no son sólo específicas al Estado, aunque este sea el que le da cohesión
al conjunto de ellas (Théret 1988:30). Al conformarse en la arena de la confrontación
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social, las FI tienen un contenido mayormente político, aun cuando su función regulatoria
pueda estar orientada mayormente a las relaciones económicas o a las relaciones políticas.
Las FI, sobre todo las relacionadas con la regulación de las relaciones entre el capital y el
trabajo (la relación salarial), se ven apoyadas u obstaculizadas por las creencias, hábitos, y
representaciones simbólicas alrededor de factores que inciden en la regulación de la
pobreza. Esta no se puede concebir como una regulación voluntarista, sino que es producto
de la organización clasista de la sociedad y el modo en que produce su vida material y su
vida cultural. Si bien, se pueden identificar a los actores sociales, las acciones que estos
toman están enmarcadas dentro del conflicto social, por lo que la regulación de la pobreza
es un producto de la lucha de clases.
Los intereses económicos y el conflicto que estos generan, han llevado a las clases
dominantes y a sus instituciones a las concepciones del “buen pobre” o del “mal pobre”,
para apoyar el establecimiento de políticas económicas restrictivas para el empleo,
salarios, y protección social de los pobres. De acuerdo con Lautier (1993: 16), tanto para el
Estado como para algunas instituciones internacionales (e.g. el Banco Mundial), “el pobre
“malo” es aquel que reclama una ayuda como un deber sin contrapartida social, que juega
sobre su capacidad política en un periodo de democratización, y que pone en acción el
registro de la ciudadanía para alimentar su pereza. El “buen” pobre, como en el siglo
pasado, es aquel que por una parte acepta la idea de una fatalidad económica y, por otra,
intenta salir de ella, o al menos trata de que sus hijos logren salir” 2
Existen otros ángulos vinculados a la regulación de la pobreza que a menudo se olvidan. En
países como México, la “pobreza indígena” ha jugado un papel central no sólo en la
reproducción de la indigencia, sino también en la legitimación del Estado. “El hecho de
que esta pobreza sea masiva y principalmente rural, entra en contradicción con el papel que
los indígenas han jugado en la historia nacional y en la legitimación del Estado, que los
presenta como los descendientes de las gloriosas civilizaciones precolombinas”(Lautier
1993: 17). Sin embargo, en los hechos el apoyo económico aprobado no llega a las
2
A este respecto, el Banco Mundial declara sin ambages: “the evidence also shows that the poor tend to benefit
disproportionately from investments in basic services, such as primary schools and primary health care centers. Since the
better-off are tipycally already fully served by basic services, incremental services tend to benefit the poor more than
proportionately to their share in the population. Furthermore, since the poor tend to have larger families, services that
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comunidades indígenas, sino que se estanca en los filtros de la burocracia federal y de los
políticos locales, tal como lo atestigua la precaria situación de la población indígena en
Chiapas y otros estados del país, donde el gasto social no fluye hacia los pobres.
1. Crecimiento económico y pobreza.
El objetivo de esta primera parte es el constatar que, a pesar del crecimiento sostenido sin
crisis estructural que por treinta y seis años alcanzó México, entre 1934 y 1970, la pobreza
total continuó creciendo lo cual refleja la insuficiencia del crecimiento económico, por sí
sólo, para desactivar los factores que alimentan el empobrecimiento. Si bien la pobreza
disminuyó en términos porcentuales de manera casi continua desde los años sesenta hasta
principios de los ochenta, el total de pobres siguió una trayectoria ascendente, salvo el
corto periodo del “boom” petrolero. La primera explosión de la crisis estructural en 19761977 marca la iniciación de un control salarial y de la crisis financiera de las instituciones
de protección social que, en la siguiente década desembocan en la baja del nivel de
bienestar social de la mayoría de la población. Así, a partir de la segunda explosión de la
crisis estructural en 1982, la aguda contracción de la actividad económica da paso a un
creciente desempleo, y el comienzo de la era neoliberal con sus dramáticos ajustes
macroeconómicos, lleva a una flexibilización a ultranza de la relación salarial y a un
cambio en la tendencia de la pobreza en términos relativos.
La gran crisis mundial que comienza en 1929 y se extiende a lo largo de los años treinta,
tuvo una incidencia relativamente corta en México, ya que la recuperación comienza en
1933 y en el siguiente año se inicia un crecimiento económico que se consolida en los años
cuarenta y cincuenta y continua con gran fuerza en la década de los sesenta. La
consolidación del Estado capitalista mexicano a partir de la administración de Lázaro
Cardenas, reflejada en un sistema político centralizado y autoritario, capaz de aglutinar las
fuerzas productivas del país, contribuye a explicar el despegue económico. El reinicio del
reparto agrario, una política social decidida, la nacionalización del petróleo y el
fortalecimiento del sistema financiero, fueron acciones importantes para facilitar la
inversión productiva y la expansión del empleo. No obstante, el avance en el nivel de
bienestar de la población trabajadora fue muy bajo, en vista de que los salarios reales caen
benefit children tend to benefit the poor more” (Banque Mondiale 1993:11, citado por Lautier op.cit.). Se pasaría, así, se
4
5
dramáticamente desde 1939 y no recuperan su nivel anterior sino hasta 1965. El despegue
de la economía en los años cuarenta y cincuenta se finca en parte sobre la significativa baja
de los salarios reales. Véase el Cuadro 6.
Entre 1934 y 1956 el Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa media anual del
5.61%, mientras que la población aumentó a una tasa del 2.5%, dando por resultado un
crecimiento del PIB per cápita del 3.11% anual, tasa que se puede considerar como
elevada. Véase el Cuadro 1.No obstante, a partir de 1940 y hasta 1955, la inflación creció a
una tasa media anual del 10.6% (Guillén 1984: 26-28), provocando una caída sustancial en
los salarios reales 3. Es por ello que la distribución del ingreso en la década de los
cincuenta, muestra una gran desigualdad reflejada en el hecho de que el 80% de las
familias percibía ingresos por debajo de la media nacional (Hernández-Laos y Córdova
1982: 71). Véase el Cuadro 2.
La etapa en la que la tasa media anual de crecimiento del PIB llegó al máximo fue la de
1956-1970, en la que alcanzó un 6.77%. Aunque en este periodo la tasa media anual de
aumento de la población también llegó a su máximo (3.20%), la tasa media anual del PIB
per cápita ha sido la más elevada (3.57%). Véase el Cuadro 1. Esta etapa ha sido
denominada “desarrollo estabilizador”, en la que se dió énfasis a la estabilidad monetaria y
cambiaria bajando la inflación a 4.22% en promedio anual. Sin embargo, aunque se logró
dominar la inflación, persistió el desequilibrio externo el cual siguió una tendencia
creciente.
Cuadro 1. México. Producto Interno Bruto Total y Per Cápita,
1934-1982.
Año
1934
1956
1970
1976
1982
1
PIB1
53,757
178,706
444,271
635,831
903,839
T.Crec.2
5.61
6.77
6.04
6.03
Millones de pesos a precios de 1970.
Poblac.3
17,731
30,935
48,225
56,584
65,811
2
T.Crec.2
2.50
3.20
2.80
2.70
PIB p.c.4
3,031
5,776
9,212
10,258
12,360
T.Crec.2
3.11
3.57
3.24
3.33
Tasa de crecimiento media anual.
pregunta Lautier, de la “década perdida” a la “generación sacrificada” ?
3
En el periodo 1940-1955 el gasto público alentó el crecimiento mediante obras públicas y la financiación se hizo a través
de la emisión monetaria, en lugar de incrementar los impuestos o recurrir a la deuda pública. Con excepción de los años de
la segunda guerra mundial (1940-1945) y los de la guerra de Corea (1949-1950), la cuenta corriente operó con déficit, por
lo que se decidió devaluar el peso en 1948-1949 así como en 1954 (Guillén 1984: 26-28).
5
6
3
Miles de habitantes. 4 Pesos a precios de 1970.
Fuente: INEGI, Estadísticas històricas de México, Tomo I, México, 1986, Cuadro 9.1
El tipo de cambio se mantuvo como objetivo de política económica en 12.50 pesos por
dólar, y en lugar de devaluar se recurrió a la inversión extranjera directa (IED) y a los
préstamos externos. La política fiscal favoreció a las empresas a través de
subsidios,franquicias fiscales y tarifas bajas de bienes y servicios públicos, sobre todo en la
rama de energéticos.
Durante el periodo de desarrollo estabilizador continuó una desigual distribución del
ingreso, a pesar de que el porcentaje de familias con ingresos medios inferiores a la media
nacional bajó de 80% a 70%. De todas maneras, la concentración del ingreso en los deciles
altos se incrementó, tal como lo muestra el coeficiente de Gini, el cual subió de 0.450 en
1958 a 0.526 en 1968. Véase el Cuadro 2. A partir de 1960 se cuenta con mediciones del
nivel de pobreza, las cuales muestran que si bien el porcentaje de pobres con respecto a la
población total bajo de 76.4% en 1960 a 72.6% en 1968, el número absoluto de pobres
aumentó de 27.5 a 32.8 millones. Véase el Cuadro 3.
Cuadro 2. México. Indicadores Seleccionados de la
Distribución del Ingreso.
Concepto
1950
1958
1963
1968 1
Coeficiente Gini
0.516
0.450
0.527
0.526
Ingreso medio familiar mensual 2
645.3
835.6
1072.5
1312.3
Ingreso per cápita anual 2
1407.8
1823.1 2340.0
2863.3
Familias con ingreso medio inferior a la
80%
80%
70%
70%
media Nacional.3
1
Información del Banco de México revisada por la Secretaría de la Presidencia.
2
Pesos de 1958. 3 Aproximadamente.
Fuente: Enrique Hernández Laos y Jorge Córdova, La distribución del ingreso en
México, Centro de Investigación para la Integración Social, México, 1982, Cuadro
II.3, p.71.
A partir de 1971, con la iniciación de la crisis estructural del patrón de acumulación por
sustitución de importaciones, se produce una inflexión en la tasa media anual de
crecimiento del PIB. Entre 1970 y 1976 la tasa media anual de aumento del PIB bajó a
6.04%. En 1975, con el agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos, la tasa de
incremento del PIB bajó a 5.74% y en 1976, con la primera explosión de la crisis
estructural, cayó a 4.42%; esta caida continuó en 1977 en que la tasa bajó a 3.4%. La crisis
política de 1968, junto con el agotamiento del patrón de crecimiento por sustitución de
6
7
importaciones expresado en los desequilibrios macroeconómicos, presiona a la
administración de Luis Echeverría a proponer las reformas fiscal, educativa y de la
protección social, las cuales fueron tajantemente rechazadas por el sector privado, el cual
en los hechos efectúa una especie de huelga de inversiones y al final del sexenio lo lleva a
sacar parte de sus capitales del país. Esto explica en buena medida la declinación de la tasa
de crecimiento. Sin embargo, la política salarial orientada a mantener el nivel de salarios
un poco arriba de la tasa de inflación, conjuntamente con la política de desarrollo social,
llevan a una disminución de la pobreza relativa para 1977, lo cual, sin embargo no es
suficiente para contener el número total de pobres el cual aumentó cerca de 4 millones
entre 1968 y 1977. Véase el Cuadro 3 (Incidencia de la pobreza 1960-1990).
El PIB entre 1976 y 1982 crecio a una tasa media anual de 6.03%, la cual es muy similar a
la del periodo 1970-1976 y paralelamente el PIB per cápita alcanzó una tasa media anual
de 3.33%, ligeramente arriba de la de 1970-1976, probablemente debido a la disminución
en la tasa de crecimiento de la población. Como se indicó arriba en 1976 y en 1977 la tasa
de crecimiento del PIB bajó considerablemente; en cambio, entre 1978 y 1981 creció por
arriba del promedio, pero en 1982 la tasa fue negativa (-0.6%). Entre 1977 y 1981 la
pobreza relativa disminuyó un 9.5%, mientras que la pobreza extrema declinó 7.9% y la
no-extrema un 1.6%. La declinación de la pobreza, sobre todo la extrema, se explica por el
aumento en el empleo que se dio durante el periodo del “boom” petrolero. Llama la
atención el crecimiento de los no-pobres, los que aumentaron un 37.5% entre 1977 y 1981,
lo cual indica que las clases medias continuaron en estos años su tendencia de crecimiento,
tal como
Concepto
Pobres
Extremos
No-Extremos
No-Pobres
Población Total
Pobres
Extremos
Cuadro 3. Incidencia de la Pobreza en México, 1960-1990
Millones de personas y Porcentajes
1960
1963
1968
1977
1981
1984
Millones de Personas
27.5
29.8
32.8
36.7
34.6
44.6
20.4
26.7
25.6
21.5
18.6
22.8
7.1
3.1
7.2
15.2
16.0
21.7
8.5
8.6
12.4
26.6
36.7
31.6
36.0
38.4
45.2
63.3
71.3
76.2
Porcentajes
76.4
77.5
72.6
58.0
48.5
58.5
56.7
69.4
56.7
34.0
26.1
29.9
7
1988
1990
46.1
22.0
24.1
32.1
78.2
63.3
55.5
7.8
17.9
81.2
59.0
28.2
77.9
68.3
8
19.7
8.1
15.9
24.0
22.4
28.6
30.8
9.6
No extremos
23.6
22.5
27.4
42.0
51.5
41.5
41.0
22.1
No-Pobres
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Población Total
Fuente: para 1960, Consejo Consultivo del PRONASOL (1987: 2); 1963 a 1988, Hernández-Laos
(1992: 108-109, Cuadro 3.2); para 1990, Boltvinik 1994: 87, Cuadro 11.3). La población total según el
Censo de 1990, tomada de Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, INEGI (1994:
Cuadro 2.1.)
se venía dando desde los años sesenta. Esta tendencia creciente se torna decreciente a partir
de 1982, al sobrevenir la crisis financiera, el desempleo y la inflación. Véase el Cuadro 3.
El periodo 1982-1988 ha sido bautizado como el “sexenio del crecimiento cero”, en vista
de que la economía mexicana permaneció estancada, ya que apenas creció a una tasa media
anual de 0.17%. En vista de que la población subió en ese periodo a una tasa media anual
del 2.69%, se puede apreciar que el PIB per cápita retrocedió casi a la misma velocidad que
la tasa de incremento demográfico. En términos globales el PIB per cápita retrocedió un
13.8% entre 1981 y 1988. En estos años el número de pobres aumentó en 11.5 millones,
por lo que porcentualmente la pobreza se elevó un 10.5%, mientras que los no-pobres
vieron reducidas sus filas en 4.6 millones de personas. Véase el Cuadro 3.
A partir de 1988 la economía mexicana entra en una etapa de recuperación modesta, la cual
se extiende hasta 1994, en vista de que el PIB creció a una tasa media anual del 3.1%, y
tomando en cuenta que el crecimiento poblacional alcanzó una tasa media anual del 2.49%,
el PIB per cápita tan sólo se elevó ligeramente arriba de un medio por ciento (0.58%).
Véase el Cuadro 4 que contiene las tasas de crecimiento anual del PIB y de la población
entre 1982 y 1997. Sumado esto al incremento en la concentración del ingreso y a la
profundización de los cambios estructurales, el empobrecimiento continuó su vertiginoso
camino. De acuerdo con la exhaustiva investigación realizada por Boltvinik (1994)
utilizando la información del Censo de 1990, el total de pobres había subido a 77.9% de la
población, de los que los pobres extremos constituían el 68.3% y los no extremos el 9.6%.
Véase el Cuadro 3. Tal parece que la información sobre la pobreza, derivada del Censo de
1990, reveló que muy probablemente las cuantificaciones anteriores estuvieron
subestimadas.
8
9
Entre 1989 y 1994, el ingreso corriente de los hogares se ha concentrado en los dos deciles
más altos, como puede apreciarse en el Cuadro 5. Sumando los deciles I a VII, que son los
más pobres, siguiendo la proporción de pobres encontrada por Boltvinik en 1990, se puede
observar que en 1992 apenas les correspondía poco más de la tercera parte del ingreso total
de los hogares. El decil VIII apenas sobrepasa el 11%, tendiendo a bajar ligeramente entre
1989 y 1994; el decil IX pasa de 15.62% a 16.11%, y el decil X sube de 37.93% a 38.42%
en ese mismo periodo.
Cuadro 4. México. Producto Interno Bruto Total y Per Cápita, 19821997
1
2
Año
PIB
T.Crec. Poblac.3 T.Crec.2 PIB p.c.4 T.Crec.2
1982
4,831.7
65,811
73.42
1983
4,628.9
-4.20
67,594
2.71
68.48
-6.73
1984
4,796.1
3.61
69,425
2.71
69.08
0.88
1985
4,920.4
2.59
71,286
2.68
69.02
-0.08
1986
4,735.7
-3.75
73,189
2.67
64.70
-6.25
1987
4,823.6
1.86
75,136
2.66
64.20
-0.77
1988
4,883.7
1.25
77,134
2.66
63.31
-1.39
1989
5,047.2
3.35
79,185
2.66
65.43
3.35
1990
5,271.5
4.44
81,250
2.60
64.88
-0.84
1991
5,462.7
3.63
83,297
2.52
65.58
1.08
1992
5,616.0
2.81
85,321
2.43
65.82
0.36
1993
5,649.6
0.45
87,326
2.35
64.70
-1.70
1994
5,857.5
3.67
89,3675
2.32
65.54
1.30
1995
5,494.3
-6.20
91,1206
2.20
60.16
-8.21
1996
5,773.9
5.09
93,250p
2.10
61.92
2.92
p
p
1997
6,178.1
7.00
95,115
2.00
64.95
4.89
1
Millones de nuevos pesos a precios de 1980. 2 Tasa de crecimiento anual.
Miles de habitantes. 4 Nuevos pesos a precios de 1980. 5 Cifra al tercer trimestre de
1994. 6 INEGI, Conteo de población y vivienda 1995 al 5-XI-95 p Cifras Preliminares.
Fuente: PIB 1982-1994, INEGI, Anuario estadístico 1995, México, 1996, Cuadro 10.12, p.
245; PIB 1995-1996, Nacional Financiera, El mercado de valores, México, enero de 1998.
Población, INEGI, XI Censo general de población y vivienda, 1990. Perfil
sociodemográfico, México, 1992; INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y gastos de los
hogares 1994, México, 1995; INEGI, Conteo de población y vivienda 1995, México, 1996.
3
En 1993, Carlos Salinas en su quinto informe de gobierno, aseveró que la pobreza había
disminuido entre 1989 y 1992, sobre la base de un estudio del INEGI/CEPAL, por lo que
Boltvinik, uno de los estudiosos más conocedores del fenómeno de la pobreza en México,
con argumentos sólidos, se encargó de mostrar la imposibilidad de dicha afirmación (La
9
10
Jornada, 10 de febrero de 1995, p.47 y 17 de febrero de 1995, p.51). Las razones vertidas
por Boltvinik fueron: 1) que el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso aumentó
de 0.4694 a 0.4749 entre 1989 y 1992 (véase el Cuadro 5); y 2) en las encuestas de ingresos
y gastos de 1989 y 1992, “cerca del 80% del ingreso no monetario está compuesto por el
alquiler imputado de la vivienda propia y los regalos en especie recibidos por el hogar”.
Procediendo a corregir esta imputación tramposa, Boltvinik muestra que “el ingreso total
por hogar en los deciles V, VI y VII, se reduce entre 1989 y 1992 en 3.1%, 2.7% y 1.6%,
respectivamente. Por lo tanto la proporción de personas pobres entre 1989 y 1992 aumentó
cuando menos en dos por ciento”.
No es posible que entre 1989 y 1992 la pobreza extrema y la moderada hayan disminuido
en conjunto un 40.63%, como pretendía el estudio del INEGI-CEPAL, esgrimido por el
presidente Salinas. Si la clase trabajadora perdió, a través de la inflación, entre 1989 y 1992
un equivalente anual promedio de 17.7% del PIB a precios de 1980 (Soria 1996: 37) y la
profundización de la apertura económica llevó a la desaparición de miles de empresas
medianas y pequeñas creando desempleo, es falso que la pobreza haya disminuido.
Cuadro 5. México. Ingreso Corriente Total de los
Hogares por Deciles, 1989-1994
Porcentajes
Deciles
1989
1992
1994
Total
100.00
100.00
100.00
I a VII
35.03
34.45
34.13
VIII
11.42
11.37
11.34
IX
15.62
16.02
16.11
X
37.93
38.16
38.42
Coef. Gini
0.4694
0.4749
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares, 1989, 1992 y 1994, México, 1992, 1993
y 1995.
2. Los determinantes de la pobreza y del empobrecimiento 4.
En el contexto del devenir histórico, la pobreza, de acuerdo con Salama y Valier (1994:
10-11), tiene orígenes profundos los cuales se pueden situar a la vez dentro del fondo
cultural de un país, así como en su historia y en la inserción de su economía dentro de la
4
Esta sección se apoya en Soria (1997: 329-331).
10
11
economía mundial. Siguiendo a estos autores (1994:25) habría que distinguir la pobreza del
empobrecimiento: “el primer término consigna las condiciones sociales de reproducción
de los individuos y, el segundo, las condiciones de vida de estos. Aunque ambos pueden
sufrirse con la misma intensidad por la población, es conveniente distinguirlos con el fin de
medirlos”. En otras palabras, la pobreza generalmente se estima como un stock en un punto
de tiempo, mientras que el empobrecimiento se constituye como un flujo alimentado por la
crisis económica, la inflación, las políticas económicas y sociales restrictivas así como por
la agudización del conflicto distributivo entre las clases sociales.
Sin pretender restarles valía a los estudios de medición de la incidencia de la pobreza para
efectos del diseño de políticas de lucha contra ella, cabría decir que parten de un enfoque
microeconómico de la satisfacción de las necesidades básicas de una persona u hogar, el
cual necesita complementarse con un diagnóstico macroeconómico de las causas de la
pobreza. Los estudios de medición de la pobreza se hacen en un punto de tiempo, es decir,
tienen un carácter estático, por lo que se necesita complementarlos con un estudio de los
factores que afectan el empobrecimiento y su dinámica. Entre los fenómenos económicos
más importantes se encuentran los siguientes:
1)
Los conectados a la crisis económica, como el del desempleo que corta de tajo el
ingreso familiar, y la inflación que merma el salario.
2)
Insuficiencias de variables económicas y de la política gubernamental que obstaculizan
la recuperación y el crecimiento económicos, entre los que resaltan la insuficiencia de
inversión productiva, la ausencia de políticas agropecuaria e industrial eficaces, la falta
de infraestructura de apoyo y el estancamiento científico y tecnológico.
3)
Las políticas económicas y problemas que agravan el conflicto distributivo entre el
trabajo, el capital y el gobierno, tales como las altas tasas de interes que han expropiado
a las clases medias, los bajos salarios reales, el tipo de cambio ficticio que propicia
devaluaciones, y las políticas de gasto público y de impuestos que restringen el ingreso y
frenan la actividad económica.
4)
El nivel de empobrecimiento también está ligado a la política de gasto en desarrollo
social que siguen tanto el gobierno como las empresas, e igualmente a la capacidad y
calidad de las instituciones educativas y de protección social. En el caso de México, el
11
12
desplome del gasto social durante las crisis de 1982-1988 y de 1994-1996, la
desestructuración de las instituciones de seguridad social y la agudización del
asistencialismo del sector de atención a la salud han llevado al aumento de la
privatización de la medicina social, a la carencia de servicios, a la caida del nivel de
calidad, los cuales han desembocado en la desnutrición y el aumento de la
morbimortalidad.
5)
Fenómenos internacionales relacionados con el sector externo, que influyen, a nivel
macroeconómico, en el empobrecimiento indirecto de la población, tales como el
elevado servicio de la deuda externa que merma el fondo de recursos invertibles; las
remesas al exterior de la inversión extranjera directa por beneficios, intereses;
tecnología y transferencias de precios; los términos de intercambio desfavorables entre
exportaciones e importaciones; la especulación financiera internacional de corto plazo;
así como la mayor capacidad competitiva de los Estados Unidos y de su poder de
negociación (y a menudo de imposición) frente a México.
En este trabajo, no se pretende estudiar todos estos determinantes del empobrecimiento,
sino tan sólo hacer hincapié en las líneas generales de la regulación política respecto al
desempleo, los bajos salarios y la inflación, como determinantes más directos del
empobrecimiento.
3. La regulación política de las relaciones de trabajo.
Dos han sido las FI básicas en las que se finca el sistema político mexicano (SPM), las que
también sirvieron de base al modo de regulación “burocrático-corporativo” 5 (Cf. Soria
1997)
el que, a su vez, hizo posible el periodo de crecimiento sostenido sin crisis
estructural entre 1934 y 1970: una es el presidencialismo, cuyos antecedentes se remontan
al siglo pasado y cuyo perfil se hizo explícito en la Constitución de 1917; otra es la
coalición revolucionaria y el partido político de corte monopólico vinculado con el
Estado; este último nace en 1929 y ha perdurado hasta nuestros días, mientras que la
5
Este modo de regulación político-económico en México, se designa como burocrático, en vista de que la intervención
estatal ha sido autoritaria y ejercida “desde arriba” por la presidencia de la República sustentada, ésta última, en una élite
política cohesionada por la “ideología revolucionaria”, inhibiendo el desarrollo de instituciones democráticas. Se denomina
también como corporativo, porque la estructura en la que está montado está conformada por un sindicalismo oficialista
12
13
coalición se resquebrajó con las explosiones de la crisis estructural de 1976 y 1982. Tanto
el presidencialismo, como el partido de Estado están en crisis, pero ambas han mostrado
una gran resistencia al cambio.
El presidencialismo en México tiene sus raíces en las reformas a la Constitución de 1857
realizadas en 1874, así como en la dictadura de Porfirio Díaz, que agregaron facultades
legales al presidente, las cuales fueron confirmadas y aumentadas en la Constitución de
1917. Los
regímenes gubernamentales posrevolucionarios agregaron tanto facultades
legales como extralegales a la institución presidencial. Durante el régimen cardenista
quedó establecida la jerarquía presidencial formal sobre cualquier otro liderazgo formal o
informal.
La fuerza institucional del presidencialismo ha sido generada por la configuración
centralizada del poder político y realimentada por la concentración económica, lo cual se
ha operacionalizado por medio de las amplias facultades legales y extralegales del poder
Ejecutivo. Sus funciones son las de liderar y cohesionar el bloque en el poder, darle
dirección a la política económica y social, así como la creación simbólico-ideológica que
apoya la integración, la legitimidad, la estabilidad política y la gobernabilidad del país 6.
El partido de Estado (Partido Nacional Revolucionario, PNR) fue fundado por el
presidente Calles en 1929 para buscar la estabilidad del sistema y para resolver el problema
de la sucesión presidencial. Durante la administración del presidente Cárdenas, el partido
cambió su nombre al de Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en 1938.
Posteriormente, en 1946, el PRM se transformó en el Partido Revolucionario Institucional
(el PRI) a instancias del presidente Alemán, nombre que conserva hasta hoy en día. El
partido de Estado ha sido el centro formal de la alianza entre los dirigente políticos y los
dirigentes sindicales, instrumento de incorporación y encuadramiento de las masas
populares, aparato ideológico y órgano electoral, que subordinó ampliamente a los
sindicatos campesinos y obreros al Estado (Garrido 1986: 463).
La coalición revolucionaria, conocida también como “familia revolucionaria”, aglutinó el
bloque en el poder a través del liderazgo presidencial, estando conformada por los
corporativizado cohesionado por un partido de Estado de corte monopólico, así como por una burguesía representada por
cúpulas corporativo-clientelistas.
6
Para una caracterización más amplia del presidencialismo, véase Soria (1997).
13
14
expresidentes, los líderes militares, los grandes jerarcas de las centrales obreras y
campesinas, los dirigentes del partido oficial, así como los representantes de las grandes
empresas (Hansen 1971: 142, da cuenta de la estructura interna de la coalición). Las
funciones principales de la coalición fueron: a) el control del sistema político mediante el
partido oficial; b) mantener la estabilidad política y económica del país por medio del
partido oficial y su estructura corporativa, y c) mantener la ideología de la Revolución
mexicana, con fines de integración y control social 7.
Las dos FI mencionadas han sido el eje de la regulación del sistema político en México y
sus funciones reguladoras han estado íntimamente ligadas al sostenimiento de las FI de
carácter mayormente económico que sostuvieron el patrón de crecimiento por sustitución
de importaciones 8. Ahora bien, tanto las FI políticas como las económicas han contribuido
a la regulación de factores que estan vinculados a la pobreza, especialmente a través de las
formas corporativas y el clientelismo. Sobresalen dos de las FI económicas, vinculadas a la
regulación del empleo y los salarios, las cuales han incidido significativamente sobre la
continuidad de la pobreza en nuestro país. Estas son a) la articulación de la economía
campesina y de la agricultura comercial a la industria y, b) las relaciones entre el capital y
el trabajo, las que los regulacionistas han denominado como la relación salarial.
3.1 La articulación agricultura-industria.
En México se ha conformado desde tiempos de la Colonia una articulación que ha
perdurado hasta la fecha, aunque con formas distintas de explotación de las comunidades
agrarias. La fuerza presidencial y el control corporativo fueron fundamentales para articular
las comunidades campesinas a la agricultura capitalista. Por el lado de la economía esto se
efectuó tanto por medio de los subsidios a los insumos y de la creación de infraestructura,
como mediante la política de precios. La agricultura comercial no sólo posee las tierras
más fértiles, sino que también ha sido favorecida por el crédito agropecuario 9, la irrigación,
7
Para un examen más específico del partido oficial y la coalición revolucionaria, véase Soria (1997).
En vista del espacio disponible y que el objeto principal de este trabajo es el de relacionar los aspectos centrales de la
regulación política con el fenómeno de la pobreza, no se examina aquí como se vinculan las FI económicas a dicha
regulación, con excepción de algunos aspectos relevantes de la articulación agricultura-industria y de la relación salarial que
pueden ejemplificar su influencia en la distribución del ingreso y el empobrecimiento.
9
Para movilizar el excedente agropecuario a los centros urbanos el Estado creo el Banco Ejidal como un sistema de crédito
racionando a las áreas con alto potencial productivo, y privilegiando las zonas de riego con cultivos de exportación. Se
8
14
15
el abastecimiento de insumos, y la inversión para crear infraestructura, lo cual ha
contribuido a incrementar la productividad y a disminuir los costos de producción. En
cambio, las comunidades indígenas poseen las tierras de menor calidad y extensión, sin
riego, con baja capacidad para absorber crédito e insumos modernos, insuficientes para su
manutención, por lo que ha sido necesario vender su fuerza de trabajo a los empresarios
agropecuarios 10. Es aquí donde incide principalmente la articulación de la economía
indígena a la agricultura capitalista, ya que la reproducción de la fuerza de trabajo
campesina corre mayormente a cargo de las comunidades, y la política estatal garantiza la
provisión de mano de obra a precios menores de su valor.
La política de “precios de garantía” al maíz, frijol y trigo aplicada por el gobierno regula el
nivel del costo de alimentos para los obreros urbanos y las materias primas para la
industria, que se mantuvieron en niveles bajos, desembocando en la transferencia de valor a
la industria y en perjuicio sobre todo de los campesinos 11. Esta política no afectó
igualmente a los empresarios agrícolas, ya que incorporan las ventajas arriba mencionadas
para obtener costos menores, pero principalmente porque cultivan otros productos distintos
de los granos básicos que van a la exportación, y también ha introducido otros cultivos
vinculados a la ganadería.
La crisis de la economía agrícola se inicia con la disminución de la inversión pública en
obras de riego desde 1960, así como la introducción de cultivos más valorizados en el
mercado, como han sido el sorgo y la soya, los cuales acaparan tierras antes destinadas al
maíz, y con ello millones de horas de trabajo antes ocupadas por la economía campesina.
El incremento de la demanda urbana de carnes reforzó el incremento de nuevos cultivos y
liberó el ganado en pie para la exportación a Estados Unidos. Los precios de garantía del
maíz no fueron compensados con mejores rendimientos físicos, además el cultivo del
ajonjolí y la producción de manteca, carne de cerdo, el pollo y el huevo, productos
impide, en esencia, que en las buenas tierras irrigadas o de temporal se recreen economías de autoconsumo (Díaz 1984:
167).
10
Más bien hay una doble explotación: la comunidad indígena es explotada por la comunidad campesina, y esta última lo es
por el modo capitalista de producción, tal como Castaingts (1980) analiza en su trabajo sobre la articulación de modos de
producción no capitalistas con el capitalista. Esta articulación se puede considerar como una forma institucional o
estructural mediante la cual se opera la transferencia de recursos de la economía indígena y campesina a la agricultura
capitalista y a la economía industrial.
15
16
tradicionales de la oferta campesina, no resistieron los incrementos de productividad de las
empresas capitalistas, por lo que los campesinos se empobrecieron cada vez más (Díaz
1984: 176-177).
3.2 La relación salarial burocrático-corporativa.
La relación salarial está centrada en las relaciones entre el capital y el trabajo, cuyo núcleo
es el uso productivo y la reproducción de la fuerza de trabajo (FT). Se manifiesta en la
codificación de FIs vinculadas al proceso de trabajo, a la contratación colectiva, a las
formas de protección social de los trabajadores, a la formación de los salarios y al
funcionamiento del mercado de trabajo.La importancia de esta relación es que su análisis
está vinculado a la identificación de los principales mecanismos de la regulación de
conjunto (Aboites, Miotti y Quenan 1995: 467).
Hemos visto en lineas generales como el SPM tendió a la centralización comandado por la
coalición revolucionaria y el presidencialismo e instrumentado por la operación
corporativa del partido de Estado, y que en relación a los movimientos obreros y
campesinos trató de eliminar la lucha de las organizaciones independientes. Así, lo que
Gutiérrez (1985: 33-38) denomina como el movimiento de los “obreros de formación
antigua”, personificados por los mineros, ferrocarrileros, electricistas, petroleros,
telefonistas, telegrafistas y maestros, constituyeron el sujeto histórico de los años cuarenta
y cincuenta a través de grandes huelgas y manifestaciones, que fueron violentamente
reprimidas por el poder público, para dar vía a la “codificación de una forma política en el
seno de las organizaciónes de masas: el charrismo sindical”, que cristaliza las formas de
mediación y control
corporativo-clientelistas a la que estarían sometidas las
organizaciones de masas vinculadas al PRI.
La regulación de la relación salarial en este periodo de acuerdo con Gutiérrez (1985) se
subdivide en dos etapas, la primera que va desde 1934 a 1961 con una formación de
11
El precio de garantía del maíz, por ejemplo, permaneció constante (800 pesos por tonelada) entre 1960 y 1962, así como
entre 1963 y 1973 (940 pesos por tonelada), mientras que el índice de precios de otros productos agrícolas y
manufacturados subió en esos periodos (Aboites 1989: 82).
16
17
salarios de tipo “competitivo” 12 y la segunda de tipo “monopólico” y que va de 1962 hasta
finales de 1982 en que se inicia la flexibilización de la relación salarial. En la primera
etapa se observa una dramática caida del salario mínimo real en la década de los cuarenta
que llegó a 55%, recuperándose en la siguiente década un 25%. El salario mínimo recuperó
los niveles de 1940 hasta mediados de los sesenta. Véase el Cuadro 6. Para contrarrestar los
efectos de la inflación en el salario real, el gobierno funda en los años cuarenta una serie de
instituciones que comienzan a influir en el salario indirecto. En la primera mitad de los
cuarenta se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Compañía Nacional
Distribuidora y Reguladora (precursora de la CEIMSA y posteriormente de la
CONASUPO) para abaratar la alimentación popular, y el Comité de Control y Vigilancia
de precios.
La tendencia a la homologación salarial que se inicia entre las ramas al principio de los
años sesenta, se dio a nivel político a raíz de la derrota de los “obreros de formación
antigua” y del charrismo sindical a nivel de las relaciones industriales. Sin embargo, no
fue sino hasta 1962 que se legisló sobre la homologación de los salarios mínimos. Con la
nueva legislación se tendió a homologar y globalizar los salarios de oficio y de trabajadores
calificados. La legislación de 1962 también abandona la fijación del salario mínimo por
municipio y se establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que centraliza en 111
zonas los más de dos mil comités que existían a nivel municipal. En 1966 se creo el
Congreso del Trabajo en el cual estaban representadas las grandes centrales obreras, “cuyo
objetivo fue crear formas de conciliación institucional que concertaran a priori la
formación de los salarios y de las ganancias, en el marco de un pacto social explícito sobre
el destino del nuevo valor creado. Es decir, se trataba de institucionalizar una nueva forma
de consumo que garantizara la realización de la producción” (Gutiérrez 1988: 140).
De esta manera se codificó una nueva relación salarial de tipo monopolista, la cual operó
poco después de iniciado el llamado desarrollo estabilizador incorporando a la mayoría de
la población urbana al consumo interno, garantizando la rentabilidad de las empresas,
promoviendo la elevación de los salarios reales y estableciendo un aumento de las
12
Si bien se puede observar cierta competitividad en los salarios de las distintas ramas de actividad, quizá sería más
conveniente hablar de una regulación “semi-competitiva” de la formación de salarios, ya que en la industria manufacturera
la forma institucional del “charrismo sindical” los mantuvo por detrás de las otras ramas.
17
18
prestaciones sociales. En la regulación monopolista influye más el dinamismo de la
demanda agregada de la economía que la tendencia sectorial como sucedía con la
regulación semicompetitiva. La estructura oligopólica de los principales sectores
económicos, conjuntada con la operación de las centrales obreras, consolidan la tendencia
a la homogeneización salarial, o sea que se trata de sentar las condiciones a nivel
macropolítico y económico congruentes con la dinámica de la producción y las necesidades
de su realización. A este efecto, se indizan los salarios a los aumentos de inflación y al
progreso de la productividad para mantener la demanda agregada. A través del salario
mínimo como guía en la fijación de salarios y la contratación colectiva, como FI operadas
por el sindicalismo de control se regulaba la formación de los salarios y la negociación de
tiempos y condiciones de trabajo. De esta manera, se conjunta tanto un aumento general y
sostenido de los salarios reales desde 1955 hasta 1976, así como una homogeneización
salarial; así para 1970 el salario medio más elevado tan sólo llegó a ser un 50% más alto
que el salario medio de la industria manufacturera (Gutiérrez 1988: 154).
Cuadro 6. Salario Mínimo General 1939-1983
(En viejos pesos por día de 1978)
_____________________________________________________________________________________
Año
SMG
Año
SMG
Año
SMG
Año
SMG
1939
63.5
1953
33.0
1967
76.6
1981
95.8
1940
63.3
1954
35.8
1968
88.9
1982
84.6
1941
58.5
1955
31.1
1969
78.2
1983
70.5
1942
49.0
1956
34.4
1970
86.5
1943
37.0
1957
32.8
1971
82.1
1944
32.2
1958
34.2
1972
92.7
1945
27.5
1959
32.5
1973
87.5
1046
27.9
1960
39.6
1974
94.9
1947
25.8
1961
38.0
1975
96.5
1948
31.3
1962
47.5
1976
107.5
1949
28.4
1963
47.3
1977
106.9
1950
29.6
1964
60.6
1978
103.0
1951
24.1
1965
64.5
1979
101.5
1952
31.8
1966
75.0
1980
94.4
_____________________________________________________________________________________
Fuente: de 1939 a 1964, Esthéla Gutiérrez (1988, p.153); de 1965 a 1 983, Carlos Salinas de Gortari, Sexto Informe de
Gobierno 1994, p.569. De 1939 a 1964, los salarios fueron deflactados de acuerdo con el Indice de Precios al Menudeo en
la Ciudad de México preparado por el INEGI, Estadísticas Históricas de México, T.II, México, 1986, p.767, Cuadro 20.12.
De 1965 a 1983 se deflactaron de acuerdo con el Indice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México.
_____________________________________________________________________________________
18
19
La regulación monopolista no sólo vincula la participación de los salarios, a nivel de
actividad macroeconómica, al incremento de la productividad y a la inflación, sino que
también se establece un salario indirecto o social conformado por una serie de
prestaciones sociales a través del sistema educativo, la seguridad social, los programas de
vivienda y los subsidios a la alimentación principalmente en los centros urbanos. En 1950
“las prestaciones sociales representaban el 8.6% del total de las remuneraciones para
alcanzar el 22.3% en 1975. Para el caso de los obreros manufactureros los rasgos son más
acentuados: el salario indirecto representaba el 33% en 1966 y alcanzó el 44% en 1980”
(Gutierrez 1988: 156).
Las FIs que el presidencialismo y la coalición revolucionaria/partido de Estado trataron de
controlar políticamente de manera directa y eficaz fueron la articulación de la agricultura
al crecimiento industrial y la relación salarial, mediante la estructura corporativoclientelista manejada por los tres niveles constitutivos del bloque en el poder conformados
por la coalición. Un control indirecto se ejerció sobre las organizaciones empresariales a
través de las franquicias fiscales, los subsidios y los contratos con el sector público. Las
relaciones monetarias y fiscal-financieras, así como las relaciones internacionales, fueron
manejadas por la presidencia a través del gabinete económico y la consulta con el primer
nivel de la coalición. Las FIs políticas tuvieron la fuerza para crear y promover las
instituciones que materializaron las formas concretas de las relaciones sociales que
permitieron el manejo de la economía.
El ferreo control corporativo-clientelista permitio que la agricultura campesina
contribuyera con 40% de la producción a bajos costos para proporcionar alimentos baratos
a los trabajadores de las áreas urbanas, y para que la agricultura capitalista pudiese contar
con trabajadores temporales con bajos salarios y fuera capaz de exportar. La política de
precios de garantía apoyó la reproducción del nivel de bajos ingresos de la población
campesina, y favoreció la transferencia de recursos a las áreas urbanas por la vía de la
alimentación. Paralelamente la agricultura comercial fue apoyada con infraestructura de
riego, subsidios a fertilizantes y a otros insumos así como crédito barato, que unido a la
19
20
falta de apoyo a la economía campesina en esos rubros y al desplazamiento hacia cultivos
vinculados a la agroindustria, ahondó cada vez más la brecha entre ambas.
En la etapa de consolidación del crecimiento y de sustitución difícil de importaciones, se
logra el crecimiento del mercado interno, mediante cambios en las políticas monetaria y
fiscal para controlar la inflación, lo cual refuerza el crecimiento de los salarios reales. La
ampliación del sistema educativo proporcionó técnicos a las empresas y abasteció el
liderazgo burocrático del Estado. La reestructuración de la banca se vinculó a la promoción
del crecimiento mediante la banca de desarrollo para apoyar a las grandes empresas tanto
del campo como de la industria. Las FI de la protección comercial fueron ampliando su
radio de acción a medida que la sustitución de importaciones progresaba, pero esto a su vez
trajo como consecuencia el incremento de la inversión extranjera directa (IED), sobre todo
a través de las empresas transnacionales (ETs) norteamericanas que tenían garantizada su
rentabilidad mediante una elevada protección del mercado interno. La concentración
industrial se consolida en los primeros años sesenta proveyendo a una regulación
oligopólica de los mercados de productos, y se combina con una mayor centralización de
las grandes organizaciones obreras adcritas al partido oficial para establecer la regulación
monopolista de la relación salarial. así como el paso a la sustitución de importaciones de
bienes de consumo durable y algunos bienes de capital e intermedios, que lleva aparejado
el crecimiento de las clases medias.
4. Lineas generales de la regulación política de las relaciones de trabajo por periodos.
4.1 Periodo 1934-1940.
En este periodo se desarrollan toda una serie de instituciones políticas y económicas que
fueron sustento del despegue económico que se da a partir de los años cuarenta. En el
sexenio 1934-1940 se realizan importantes reformas estructurales (reforma agraria,
expropiación petrolera, nacionalización de los ferrocarriles, fundación de la Comisión
Federal de Electricidad y reorganización del sistema bancario), conjuntamente con la
reestructuración del PNR, el nacimiento de la CTM y la CNC como instituciones clave
para la regulación política de obreros y campesinos y tambien se creo la Confederación
20
21
Nacional de Cámaras de Comercio e Industria para establecer vínculos corporativos con el
empresariado.
Entre 1934 y 1940 el PIB per cápita creció a una tasa media anual del 2.7%. La población
ocupada creció a un tasa media anual del 1.26%, mientras que la PEA creció a una tasa
media anual del 1.3%; los precios crecieron a una tasa media del 6.3% anual y los salarios
al 3.6% (Ayala 1988: 214-245). En síntesis, la PEA y el empleo crecieron a tasas similares,
pero los salarios reales bajaron un 2.7%. El periodo 1934-1940 fue de paz social, a juzgar
por la drástica disminución del número de huelgas, comparadas con las de los años de la
crisis 1929-1933. No existen datos sobre la distribución del ingreso, pero es probable que el
nivel de pobreza se haya modificado muy poco en el periodo, a juzgar por los datos
anteriores.
4.2 El periodo 1941-1955.
En esta etapa se empieza a desarrollar un estilo de crecimiento que privilegia la
industrialización y se apoya en la agricultura comercial a través del llamado
“neolatifundismo”. Se apuntala el despegue económico mediante una importante baja en
los salarios reales a través de la inflación, sobre todo de los trabajadores rurales 13. El
control corporativo del movimiento obrero se empezó a ejercer a través de la institución del
llamado “charrismo” sindical, el cual traía por detrás una buena dosis de violencia con la
intervención del ejército y la policia, tal como se evidenció contra los petroleros y
ferrocarrileros.
Se inaugura, en este perido, una marcada política social en favor de las áreas urbanas y en
detrimento del campo, la cual fue reforzada con la creación de las instituciones de
seguridad social y de distribución de alimentos subsidiados, que amortiguó ligeramente la
baja de los salarios reales urbanos y apoyó el consumo de alimentos y productos de la
industria manufacturera tradicional. La seguridad social significó un beneficio para los
trabajadores organizados y al mismo tiempo ahondó la brecha de bienestar con los no
organizados sobre todo los de áreas rurales.
13
La reforma agraria cayó en el reparto de tierras de baja calidad a los campesinos, mientras que se creaban los
neolatifundios a través de la simulación de la pequeña propiedad y las influencias político-económicas. El progreso de los
ejidos no fue suficiente para contener la creciente población rural; el éxodo de habitantes del campo a las ciudades
mexicanas se calcula en 1.1 millones en las décadas de los cuarenta y cincuenta, mientras que la emigración de braceros a
21
22
La inflación se elevó a una tasa media anual de 10.6% y el costo de la alimentación subió a
una tasa media anual del 11.8%. El salario mínimo general bajó significativamente de 63.5
pesos en 1939 (con base 100 en 1978) a 31.1 pesos en 1955, o sea una caida del 51%,
mientras que la productividad en el sector industrial creció cerca del 50%entre 1939 y 1952
(Bortz y Sanchez 1985: 50), lo cual indica que la tasa de explotación creció de manera
extraordinaria. El salario real de 1939 no se recupera sino hasta 1965. La tasa media anual
de crecimiento de la población ocupada entre 1940 y 1955 fue del 3.3%, mientras que la
población creció a una tasa media anual del 3.2%, por lo que la economía fue capaz de
crear empleo para los entrantes al mercado de trabajo, de manera que el impacto en el
empobrecimiento vino principalmente por la caida salarial.
4.3 El periodo 1956-1970.
Esta etapa está caracterizada por la voluntad política de estabilización de precios, del tipo
de cambio y de la esfera financiera, al mismo tiempo que se profundiza la industrialización.
No obstante el esfuerzo estabilizador, se agudiza la heterogeneidad estructural en la
industria y se ahonda la polarización entre la agricultura comercial y la campesina 14. El
Estado cede en parte su papel dinamizador del crecimiento económico a la inversión
extranjera, la cual comienza a apropiarse de los sectores más dinámicos y promueve la
concentración industrial, mientras que por el lado de la regulación del movimiento obrero,
el sistema político se vuelve cada vez más autoritario y excluyente, desembocando en la
represión abierta de los sindicatos de maestros, ferrocarrileros, telegrafistas, electricistas y
trabajadores del sector salud, culminando en 1968 con la matanza de estudiantes en
Tlatelolco. El Estado autoritario mexicano, al verse retado por los “obreros de formación
antigua” y por el movimiento estudiantil, respondio como el depositario, en última
instancia, de la violencia legal y extralegal, para aplastarlos. Esta derrota del movimiento
obrero daría paso a una regulación de la relación salarial de tipo monopólico.
Estados Unidos ascendió a cerca de un millón anual durante los años cinuenta (Campos 1995: 185). A pesar de que la
producción agrícola se triplicó, la proletarización de los campesinos los sujetó a niveles de vida cada véz más bajos.
14
El patrón de tenencia de la tierra y de la producción en la agricultura hacía 1968, nos muestra el abismo entre las
unidades de producción modernas y las tradicionales y de subsistencia. Mientras que el 7.4% de las unidades correspondía a
las primeras, el 40.1% a las tradicionales y el 52.5% a las de subsistencia, las modernas tenían un ingreso anual medio 4.6
veces más grande que las segundas y 11 veces más elevado que las terceras (Hernández-Laos/Córdova 1982: 68).
22
23
En vista de la estabilidad de precios (inflación media anual del 4.22%), los salarios reales
tendieron al aumento, paralelamente a una elevación de la productividad ligeramente
menor que el incremento salarial (Bortz y Sánchez 1985: 51). Hacia 1968 el salario real
apenas logra el nivel obtenido en 1939, por lo que el incremento del bienestar realmente
fue marginal. La represión del movimiento obrero en los años cincuenta y sesenta impidió
una verdadera reivindicación de los salarios reales. Aunque la pobreza, en términos
relativos, bajó un 3.8% entre 1960 y 1968, el número total de pobres aumentó en 5.3
millones, la mayoría de los cuales se ubicaban dentro de la pobreza extrema. Véase el
Cuadro 3.
4.4 El periodo de crisis estructural.
4.4.1 Periodo 1970-1987
Los graves desequilibrios entre las áreas rurales y urbanas, el incremento de la
heterogeneidad estructural en la industria, la incapacidad para contender con la pobreza
global, y en general el agotamiento del patrón de acumulación por sustitución de
importaciones, así como el abierto rechazo del sector privado de la propuesta
gubernamental de reforma fiscal, educativa y de la atención a la salud, reflejan el inicio de
la crisis estructural de la formación económica mexicana. La tensión política proveniente
de la protesta estudiantil de 1968, aumentada con el desacuerdo del sector privado a la
política económica, llevaron al gobierno a buscar el apoyo de las organizaciones obreras y
campesinas, y a establecer una política de aumentos salariales para resarcir a los
trabajadores de los efectos de la inflación. La creación de empleo estuvo en consonancia
con el aumento de la población activa, pero no pudo contender con el rezago proveniente
de periodos anteriores. Si bien el número de pobres extremos bajó de 25.6 millones a 21.5
millones entre 1968 y 1977, el de pobres no extremos pasó de 7.2 millones a 15.2 millones,
resultando como saldo, un aumento del total de pobres cercano a los 4 millones.
Los desequilibrios sectoriales fueron en aumento, en vista del creciente déficit fiscal como
resultado del incremento de la formación de capital para mantener la acumulación global
obstaculizada por la declinación de la inversión privada. La sobrevaluación del peso, la
crisis del sector exportador agropecuario, el creciente peso del servicio de la deuda, así
23
24
como la fuga de capitales, exacerbaron la vulnerabilidad del sector externo, sobreviniendo
la devaluación del peso frente al dolar en 1976 y la generalización de la crisis. En este año
interviene el Fondo Monetario Internacional, promoviendo una política de saneamiento
fiscal, de austeridad monetaria y de topes salariales.
Los desequilibrios estructurales que contribuyeron a la crisis de 1976-1977, no pudieron
corregirse a pesar de los ingresos proporcionados por el boom petrolero mexicano. Se
profundizó la crisis agropecuaria tanto que el país tuvo que importar 8.8 millones de
toneladas de granos en 1981; se observa una polarización entre los bienes de consumo
durable, demandados crecientemente por las clases medias, y los bienes-salario no
ofertados suficientemente; la política de liberación de importaciones impulsada por el FMI
agravó el desequilibrio externo y la deuda externa creció exponencialmente. La caída de los
precios internacionales del petróleo agudizó los problemas del sector externo y del déficit
fiscal, dando paso a recortes presupuestales en 1981, a una creciente desconfianza del
sector privado, a la fuga de capitales, y finalmente a la devaluación en febrero de 1982, la
cual detona la crisis general.
El gobierno de Miguel de la Madrid promueve un cambio estructural para llevar a un nuevo
régimen de acumulación orientado hacia las exportaciones manufactureras, comenzando
por un drástico desmonte de las FI de la relación salarial, la creación de un sistema
financiero paralelo a la banca y, posteriormente, la liberalización comercial. La
reorganización “neocorporativa” de las relaciones de trabajo, como sintetiza certeramente
Ortega (1996: 21) consistió en un reordenamiento:
“…del trabajo del sector manufacturero, paraestatal y central, a través de la reconversión industrial, la
privatización y los despidos generalizados, los programas de retiro voluntario, jubilatorio y pensionatorios, la
descentralización y la desconcentración administrativa, la privatización de la materia de trabajo y la
transformación de los puestos de base en puestos de confianza. Dejando de ser los sindicatos, instrumento de
defensa del empleo y su estabilidad; aceptando la reducción del personal sindicalizado; y pasando a ser, en
muchos casos, la organización del personal con menor calificación técnica y profesional. Se sostuvo por medio
de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión
Intersecretarial del Servicio Civil, una política de control salarial que impactó negativamente los salarios
mínimos, el salario burocrático, y los salarios contractuales”.
Los efectos de la crisis sobre el empleo fueron agudizados por la política de cambio
estructural y de austeridad fiscal-financiera, y la espiral inflacionaria disminuyó
24
25
rápidamente el poder adquisitivo de los trabajadores. El shock neoliberal tuvo una rápida
respuesta en el aumento tanto de la pobreza relativa, 9.5% entre 1981 y 1988, como del
número total de pobres, el cual aumentó en cerca de 11.5 millones de personas.
4.4.2 La regulación de los precios y los salarios a través de los Pactos durante la
administración salinista.
La crisis de la regulación de la relación salarial monopolista, la cual sufre una violenta
flexibilización a partir de la crisis de 1982, muestra la incapacidad del sindicalismo
corporativo para continuar con el control social de los trabajadores, afectando a su vez la
anterior solidéz del partido de Estado (PRI) para seguir hegemonizando la fuerza de
trabajo. Es entonces que tanto el Estado como el capital comienzan a ensayar nuevos
arreglos político-económicos para tratar de regular las relaciones con los trabajadores. Tal
fue el caso del “pacto de solidaridad económica” (PSE), iniciado en diciembre de 1987.
Desde 1976 se empiezan a generar fisuras en la regulación de la relación salarial, las
cuales se agravan desde 1980. La inflación, cuyo nivel ya era elevado desde 1970, se
agudizó a partir de 1981 alcanzando una tasa media anual de 85.04% entre ese año y 1987,
no obstante la drástica política monetaria ortodoxa aplicada por el gobierno. 15 Es a partir de
1988 por medio de una política heterodoxa sobre la base de un compromiso
institucionalizado (CI), el PSE, que se logró bajar significativamente la espiral
inflacionaria. Así, al final de 1988, la variación acumulada del indice nacional de precios al
consumidor (INPC) fue de 51.7%, en 1989 descenció a 19.7%, y para 1993 dicha variación
acumulada había bajado a 8%.
Desde principios de los años ochenta el capital financiero se había convertido en la
fracción hegemónica, influyendo de manera significativa sobre el gabinete económico del
gobierno y, como resultado de la crisis económica y el problema de la deuda externa que
debilitaron las finanzas públicas, había logrado que el Estado rompiese el pacto social con
el sindicalismo corporativo y que se flexibilizara la relación salarial, como una manera de
15
De acuerdo con Juan Castaingts (1986), las tensiones más importantes para explicar la inflación en México son: 1) los
diferenciales entre las tasas de ganancias de las distintas ramas de producción y entre el sector industrial y el de circulación;
2) El diferencial entre los pagos y ganancias del sector de circulación y el excedente generado por el sector industrial; 3) la
incapacidad del mercado de capitales para absorber el déficit gubernamental y el déficit del sector de circulación; y 4) las
tensiones originadas en la estructura de precios, las cuales tienden a ser acumulativas. Además habría que incluír la vieja
hipótesis de la CEPAL acerca de las causas estructurales de la inflación, así como el círculo vicioso causado por el servicio
25
26
restaurar la tasa de ganancia. Sin embargo, la amenaza de una espiral inflacionaria
incontrolable, el crack de la Bolsa de 1987 y la porosidad del Estado, llevaron a este último
y al capital a buscar una concertación política para acceder a la recuperación económica y a
la estabilidad social.
El Pacto con el gran capital se consolidó con la reprivatización total de la banca
nacionalizada. Este acuerdo debe situarse, sin embargo, dentro del cambio estructural hacia
otro régimen de acumulación (de tipo secundario-exportador iniciado en 1983), ya que
entre los compromisos impuestos al régimen gubernamental por el sistema hegemónico
liderado por el capital monopólico-financiero, están el dar prioridad al mercado como
mecanismo regulador, la disminución del gasto público, la desregulación de la economía y
la privatización de la banca nacionalizada y las empresas públicas. La cúpula empresarial, a
su vez, aceptó dar apoyo a la apertura comercial frente a Estados Unidos iniciada en 1985,
como punta de lanza de la conformación de un nuevo régimen de acumulación con
vocación exportadora, y que con dicho respaldo derivó en la aceptación de las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio con E.U. y Canadá.
El PSE se basó en la regulación de los precios clave de la economía: la moderación en el
aumento de los salarios y las ganancias, el control de precios de los bienes básicos, la
realineación de los precios del sector público, la moderación pero con cierta flexibilidad de
aumento para los precios de otros bienes, y la sobrevaluación del tipo de cambio al
mantenerlo primero fijo y después con un desliz menor a la tasa de inflación. El PSE se
convirtió en diciembre de 1988 en el pacto para el crecimiento y la estabilidad económica
(PECE) y finalmente en el pacto para la estabilidad, la competitividad y el empleo con las
mismas siglas. El Pacto estuvo vigente desde diciembre de 1987 hasta el final de la
administración de Carlos Salinas, aunque empezó a perder fuerza desde 1993.
La eficacia del Pacto se explica principalmente por el compromiso del gran capital para
aceptar menores tasas de ganancia y la debilidad del sindicalismo que tuvo que aceptar la
contención salarial; la sobrevaluación del tipo de cambio también
jugó un papel
importante. Si bien las ganancias de las empresas se moderaron, la mayoría de los
trabajadores vió deteriorado su nivel de ingreso durante el Pacto. Además, hay otros
de la deuda externa e interna. Algunas de estas tensiones se presentaron en la década de los setenta y todas el conjunto en la
26
27
factores que incidieron en el control de la inflación: la inmensa transferencia de recursos al
sector privado via la deuda interna, pemitió el aumento de la inversión y el consumo
reforzando el decaido mercado interno. La drástica apertura comercial que desembocó en
el incremento de las importaciones fue un freno para el aumento de los precios de los
bienes producidos internamente. El sector informal absorbió buena parte del desempleo del
sector formal, lo cual evitó el colapso del consumo privado. La renegociación de la deuda
externa y el apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos, así como el regreso al país
de una parte del capital que había huido, también fueron elementos de apoyo para mantener
un tipo de cambio sobrevaluado y controlar la inflación.
Sin embargo, el Pacto tuvo su principal limitante por el lado de los deprimidos salarios, lo
cual fijó a su vez límites para la recuperación de la demanda efectiva. La restrictiva política
monetaria y fiscal para bajar la inflación mantuvo un bajo nivel de actividad económica
que impidió absorver l nueva población activa y generó límites para la expansión del
capital. El Pacto no pudo deterner el vertiginoso aumento de la pobreza que en 1990 había
alcanzado al 77.9% de la población. No contamos con datos posteriores a 1990 del nivel de
pobreza en México, pero a juzgar por la distribución del ingreso, lo deciles I-VII que
contienen a la población pobre, disminuyeron de 35.03 del ingreso en 1989 a 34.45% en
1992 y a 34.13% en 1994, mientras que el decil X aumentó de 37.93% en 1989 a 38.16 en
1992 y a 38.42% en 1994.
La crisis financiera de 1994-1995 y la inflación de 51.92% en 1995, de 27.70% en 1996 y
15.72% en 1997 (El Mercado de Valores 1/1998: 67), así como el aumento de la tasa de
desempleo abierto entre 1994 y 1996 de 3.7% a 5.5%, y de subempleo (menos de 35 horas
de trabajo semanal) de 22.1% a 25.3% (INEGI 1997: 2-4) en esos mismos años, indican
que el empobrecimiento ha continuado y que el nivel de pobreza sigue elevándose.
5. Síntesis a manera de conclusión.
Partiendo de la constatación de que durante la etapa de crecimiento sostenido 1934-1971
sin grandes crisis, y su extensión a 1981 (con tasas menores) ya dentro del periodo de crisis
estructural, el número total de pobres fue en aumento. Y de que a partir de la crisis de
crisis financiera de 1982.
27
28
1982, el nivel de pobreza aumenta dramáticamente, se hizo la hipótesis de que existe una
especie de regulación de la pobreza, la cual se efectúa mayormente a través de las FI
políticas, i.e. el presidencialismo y la coalición revolucionaria/partido de Estado. La
coalición revolucionaria, expresión del bloque en el poder se fracturó a partir de la crisis
de 1982, mientras que el presidencialismo y el partido de Estado todavía siguen
funcionando aun cuando están en crisis, sobre todo el último.
Estas dos FI, le dieron cohesión a las formas estructurales económicas vinculadas al
crecimiento sostenido (1934-1970), sobre todo aquellas ligadas a la regulación de las
relaciones entre el capital y el trabajo, a través del “pacto social revolucionario”, por medio
de la organización corporativa de los trabajadores, de prácticas clientelistas y, en última
instancia, mediante la violencia estatal. Las FI económicas que hemos analizado -la
relación salarial y la articulación agricultura-industria- operadas por las organizaciones
corporativas, desde su origen instituyeron mecanismos y prácticas que limitan los ingresos
y la protección social de los trabajadores y apoyan el cumplimiento de políticas
económicas que a menudo afectan negativamente el nivel de empleo y el poder adquisitivo
de los trabajadores. Es aquí, donde reside, en buena parte,
la explicación del
empobrecimiento y la persistencia de la pobreza.
En la etapa cardenista se perfecciona el sistema regulatorio con la reestructuración del
partido de Estado (PRM) y el inicio de una estrecha vinculación con el corporativismo
sindical. Las instituciones jurídicas de la dominación, como apunta Ortega (1996:21),
tuvieron su origen en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo de
1931 16, las cuales permitieron operacionalizar el control político de la fuerza de trabajo. La
cohesión social se completó con la creación de las cámaras de comercio y de industria,
como corporaciones que apoyarían el desarrollismo, a cambio del beneficio económico de
sus miembros, quienes se marginaron, por un buen tiempo, del activismo político.
En la etapa de despegue de la economía (1940-1955), la política inflacionaria ocasionó una
baja del salario real cercana al 50%, utilizándose la organización corporativa sindical para
16
De dichos ordenamiento jurídicos nacieron las Juntas de Conciliación y Arbitraje y el Departamento del Trabajo, el cual
se convirtió más tarde en Secretaría de Estado. La Juntas, constituidas por patrones, obreros y gobierno, quedaron
facultadas, dado el arbitraje obligatorio, a tomar decisiones sobre las demandas obreras, mientras que una de las funciones
importantes del Departamento del Trabajo fué el reconocimiento y registro de los sindicatos. Estas instituciones hicieron
del Estado un “arbitro inapelable” de los derechos de los trabajadores.
28
29
mantener en calma a la fuerza de trabajo, mientras que los movimientos de los trabajadores
de “formación antigua”, que se salieron del control corporativo en los años cuarenta y
cincuenta, fueron reprimidos duramente por los gobiernos de la Revolución. En este
periodo nace el IMSS, se fortalece el sistema hospitalario del sector de atención a la salud
aunque no deja de tener un carácter asistencialista-represivo, y se favorece la transferencia
de recursos del campo a la ciudad, mediante la articulación agricultura-industria,
originando un progresivo empobrecimiento de los campesinos. A pesar de que la creación
de empleo fue similar a la tasa de crecimiento de la PEA, la política mencionada y la
concentración del ingreso, llevaron a un empobrecimiento de la población, estimándose
que el 80% de las familias tenían ingresos inferiores a la media nacional.
Durante los años del “desarrollo estabilizador” (1956-1970) se alcanzaron las tasas de
crecimiento del PIB más elevadas del periodo 1934-1982, y la inflación fue muy baja, por
lo que los salarios se recuperaron gradualmente. Crecieron los sistemas de educación y de
seguridad social, aunque el sistema asistencialista-represivo todavía era mayoritario y se
mantuvo la política que favoreció la transferencia de recursos del campo a la ciudad. El
Estado reprimió duramente los movimientos que se salieron del control corporativo e
inaugura, a principios de los años sesenta, una regulación de las relaciones salariales de
tipo monopólico, que homologó los salarios y estableció una orientación de moderadas
alzas salariales por medio de los salarios mínimos y de la contratación colectiva,
promovidas y controladas a través de una cada vez más centralizada estructura sindical,
sobre todo a partir de la creación del Congreso del Trabajo en 1966.
Si bien la creación de empleo pudo contender con el incremento de la PEA, y que mejoró
un poco la distribución del ingreso, bajando a 70% el número de familias por debajo de la
media nacional del ingreso y por lo tanto disminuyendo el grado de pobreza relativa, los
desequilibrios sectoriales por el agotamiento del régimen de acumulación, la brecha
campo-ciudad y el creciente peso de la población inactiva, el número total de pobres
aumentó en poco más de cinco millones de personas entre 1960 y 1968.
Con el comienzo de la crisis estructural en 1971, el crecimiento económico tendió a bajar,
presentándose explosiones de la crisis en 1976-1977 y 1982-1987. Aunque en el periodo
1971-1976 se mantuvo el nivel salarial mediante una política de aumento de acuerdo con la
29
30
inflación, el país continuó con el aumento total de pobres a la vista de los rezagos
anteriores,
el
peso
de
la
población inactiva y los crecientes desequilibrios
macroeconómicos. En el periodo 1976-1982, después de poco más de un año de crisis se
recupera la economía y el boom petrolero apoyó el mantenimiento del nivel de empleo, de
salarios y de gasto social hasta el shock petrolero de 1981. Si bien los años 1977-1981
constituyen el único periodo donde tanto la pobreza relativa como el total de pobres
bajaron, la articulación agricultura-industria se había ido deteriorando llevando a una
creciente dependencia alimentaria del exterior y se observaba ya en 1980 un estancamiento
industrial, que sumado al creciente desequilibrio externo y al masivo servicio de la deuda
externa, la caída de los precios internacionales del petróleo en 1981 da paso al comienzo de
la crisis y a un rápido deterioro de las relaciones de trabajo y de la protección social y el
regreso a un creciente empobrecimiento.
A partir de finales de 1982, con la entrada de la administración de Miguel de la Madrid, se
inaugura en México la etapa llamada neoliberal, durante la cual se vuelve abrumadora la
influencia externa, ampliamente aceptada por el gobierno mexicano, que empuja y legitima
las políticas económicas y sociales de austeridad centradas en drásticos ajustes
macroeconómicos que afectaron a la clase trabajadora, y llevaron a la privatización de
empresas e instituciones públicas, la apertura económica y la desregulación.
La flexibilización de la relación salarial en México ha estado orientada por la visión
“tecno-liberal”, la cual está vinculada estrechamente con el “consenso de Washington” y la
visión neoliberal del Banco Mundial, sobre todo en el campo de la política social y de la
pobreza. Así, el ataque contra los sindicatos, las politicas que han llevado a una
precarización del trabajo asalariado; el asistencialismo y la focalización de políticas contra
la pobreza, con una orientación represiva contra los pobres “malos” y promoción de los
pobres “buenos”, son algunas de las influencias negativas provenientes del Banco
Mundial 17.
17
Lautier (1993: 20-28), menciona que el desmantelamiento de la protección social, a nombre de la lucha contra los
privilegios de las clases medias, como lo promueve el Banco Mundial, ataca un buen número de “no-privilegiados” que
dependen de los asegurados. El asistencialismo para poblaciones focalizadas tiene por detrás un carácter represivo, ya que
se trata de una reeducación económica y de servicios primarios. La privatización de las pensiones somete a los trabajadores
a la capitalización individual y los hace presa de la inflación y los altos costos administrativos. La privatización de los
servicios médicos amenaza a los trabajadores a quedar ubicados en el último escalón de la atención médica. El único campo
30
31
En este contexto, en 1983 se inaugura en México un nuevo régimen de acumulación
orientado a las exportaciones, por lo que la economía se somete a un shock de cambio
estructural, en el que se entra en guerra abierta con las FI de la relación salarial. Entre
1982 y 1988 con el abrumador aumento del desempleo, la hiperinflación y con las políticas
laboral y de protección social represivas, el empobrecimiento sube significativamente,
sumándose 11.5 millones de personas a la pobreza. Los sucesivos fracasos de la política
antiinflacionaria y el crack bursatil de 1987, abonaron el camino para establecer los
“Pactos” tripartitas para regular el crecimiento de los salarios, de los precios y de las
ganancias, siendo los primeros los que en lugar de subir bajaron en términos reales, por lo
que el aumento del empobrecimiento siguió su vertiginosa carrera.
La medición de la pobreza realizada por Boltvinik (1994) sobre la base del Censo de 1990,
no sólo confirmó el dramático aumento del empobrecimiento, sino que también cuestionó
las estimaciones de años anteriores. Boltvinik encontró que el nivel de pobreza en 1990
había aumentado dramáticamente hasta abarcar el 77.9% de la población total, es decir que
se retrocedía más allá de 1960 cuando el nivel alcanzó el 76.4%. La devaluación del peso
frente al dolar en 1994-1995 apuntaló una inflación de 52% en 1995 y de 28% en 1996, que
unido a la política de ajuste macroeconómico, aumentó el desempleo y la precarización del
trabajo, desembocando en una espiral del empobrecimiento, de la delincuencia, y en el
incremento del autoritarismo estatal y el conservadurismo empresarial.
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