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Temas Parlamentarios
mayo 20133
AUDIENCIA PÚBLICA POR EL
BLANQUEO DE CAPITALES
INTERBLOQUE DE DIPUTADOS
NACIONALES DEL FAP
Temas Parlamentarios
Mayo 2013
PRESENTACIÓN
CRISTINA GARCIA
Las distintas modalidades delictivas del crimen organizado no son fenómenos
de las últimas décadas en el mundo. Si, es más novedosa la magnitud que
alcanzan sus operaciones, sus niveles de internalización, y la aparición de un
sector muy profesionalizado y adaptado a las nuevas condiciones de la
globalización.
Los estados han sufrido cambios frente al proceso de globalización, han
perdido capacidad de regulación y han visto reducidir su poder de control del
espacio nacional. Esto ha generado condiciones propicias para que crezcan los
espacios de la economía ilícita, pero esta no crece aislada, lo va a hacer
entremezclada con la economía legal. Así crece fuertemente la inmigración
ilegal a la sombra de la legal, el comercio ilícito con el lícito, los movimientos
financieros con el lavado de dinero. Este contexto es el que ha facilitado el
crecimiento de la economía del crimen organizado.
Las organizaciones del crimen organizado se adaptaron y se beneficiaron con
las nuevas condiciones internacionales: adoptaron nuevas modalidades, se
fortalecieron y crecieron, distinguiéndose en el aumento de la violencia, en la
profesionalización de sus integrantes y una mayor internacionalización de sus
acciones.
De las aproximadamente 23 ramas que se reconocen (entre otras; contrabando
de bienes y servicios, extorsión, falsificaciones varias, piratería, drogas, trata de
personas, lavado de dinero, falsificación de documentos, lavado patrimonial,
trafico de armas, de cigarrillo, de personas, pornografía) hay dos que además
de ser una actividad en sí misma, son indispensables para el desarrollo de las
demás. Nos referimos al tráfico de armas y al lavado de dinero.
Todas las acciones de estos grupos, necesitan del acceso a las armas para su
funcionamiento y también, en la medida que se desarrollen, de los mecanismos
de lavado de dinero para tener sus ganancias a salvo. Recordemos que el
objetivo final de toda organización del crimen organizado es tener altas tasas
de ganancias, si una de estas actividades pierde rentabilidad es abandonada.
La rentabilidad de una actividad está directamente relacionada con los costos
de no ser descubiertos y condenados (influencias, sobornos, garantías,
conseguir leyes más favorables, etc.), es decir con el sostenimiento de la
complicidad policial, judicial y política que necesitan.
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El lavado puede ser realizado por un sector del propio grupo pero cuando se
trata de organizaciones internacionales a gran escala, ya requieren de un
expertisse mucho mayor y fundamentalmente que sean personas integradas a
la economía legal. Requieren también de legislaciones “amigables” y menos
curiosas del origen de los fondos.
Lo anterior tuvo la intención de colocar el proyecto de blanqueo que estamos
analizando en un contexto más amplio.
En cuanto al proyecto en sí mismo, algunas consideraciones.
Sin duda, toda acción de blanqueo, es una mala señal hacia el futuro.
Desalienta a quienes cumplen con sus obligaciones y reduce el riesgo del
incumplimiento porque se puede confiar en que en algún momento se
brindaran condiciones para salir de esa situación.
En general los blanqueos están ligados a necesidades de recaudación y tienen
que ver con altos niveles de incumplimiento fiscal. Son una convocatoria a que
se incorporen al sistema, con un costo menor si fueran detectados. Pero
plantean un costo, una cierta penalidad que deben pagar por la renuncia que el
estado por anular el delito que han cometido, además de tener que regularizar
su situación tributaria.
En Argentina después del retorno de la democracia se realizaron 4 blanqueos.
El primero en 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsin destinado a la
repatriación de capitales y estuvo ligado a paliar las primeras dificultades que
presentaba el Plan Austral. Tuvo un neto corte de mejorar la recaudación.
El segundo, fue en 1992, durante la época de Menem, con D. Cavallo como
ministro que rigió por cuatro años y estuvo destinado a que se blanqueara la
riqueza existente fuera del país, pudiéndose también hacerlo con la existente
en el país pero con mayores limitaciones. En este caso, el costo del blanqueo
aumentaba en el tiempo.
El tercero fue realizado en el gobierno de CFK en el 2009, fue más amplio
porque incluía también una moratoria impositiva. Además se daban concluidas
luego del pago, las causas penales si las hubiera. En este caso, el costo
específico del blanqueo dependía de las acciones posteriores, iban del 8% si
se dejaba la plata afuera del país a variaciones entre el 6 al 1% según el uso
de ese dinero si se lo traía al país.
Podemos acotar que se esperaba un blanqueo de alrededor de 20000 millones
de dólares alcanzando solo la cifra de 4.000 millones, de los cuales una parte
muy mayoritaria opte por mantener los capitales afuera.
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Estamos entonces frente al cuarto blanqueo, casi uno por presidencia. Pero
con algunas diferencias: los tres primeros mostraban un interés recaudatorio
que no está presente en el cuarto. En este, no solo no se deben aclarar el
origen de los fondos, sino que no deben abonar ningún costo y se los libera de
la carga impositiva anterior, llegando incluso a eximirlos de pagar el impuesto a
los débitos y créditos bancarios que deberían incurrir al depositar las divisas en
el banco. Estas últimas características son lo que eximen a este blanqueo del
objetivo recaudacionista.
¿En qué consiste y a qué responde este blanqueo?
El proyecto convoca a los capitales en divisas que están en el exterior o a los
que están en Argentina pero fuera del sistema financiero, a exteriorizar la
tenencia de divisas sin aclaración de sus orígenes y sin costo a través de dos
instrumentos financieros que se crean para esta situación: un bono de deuda a
financiar el desarrollo del plan energético (BAADE) y certificado para
inversiones inmobiliarias (CEDIN).
La primera consideración es que por primera vez el gobierno reconoce cuatro
problemas que fueron causados por ellos mismos y plantean una alternativa no
explicitada…Nos referimos, por un lado,
a la crisis del sector de la
construcción como consecuencia de la política de pesificación del mercado
inmobiliario que se había iniciado 18 meses atrás (y que incluso horas antes
del anuncio había sido enfáticamente defendida por el diputado oficialista
Carlos Heller).
Por el otro lado, se acepta que YPF en su situación jurídica actual no tuvo
posibilidad de conseguir financiamiento internacional a pesar de estar en un
contexto donde abundan los créditos, especialmente aquellos destinados a la
producción de commodities y las petroleras. Con este bono el gobierno asume
una deuda en dólares a tres años y se compromete al pago del 4% anual en
dólares y al reintegro, en igual moneda, en el 2016 a quienes tomen esta
opción. No solo es un blanqueo sin costo sino que retribuye a los fondos con
una tasa superior a la internacional para los depósitos. Posiblemente se quiere
pagar la confianza de creer en tres años van a recibir los dólares billetes. Se
vuelve al camino desandado de dolarizar la deuda pública.
En cuanto al CEDIN, el mecanismo es a quien opta por este camino, se le da
un certificado que tendrá carácter cancelatorio de deuda para operar en el
mercado inmobiliario o de la construcción. Es decir ser un medio de pago en
dólares, que puede será emitido con certificados de distinto monto. Una vez
certificada la compra de un inmueble, el vendedor de ese bien recibirá los
dólares en efectivos correspondientes. Este fondo estará en custodia en el
BCRA y no puede usarse para otros fines. Acá aparece el tercer
reconocimiento tácito al problema de la caída de reservas.
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Pero, este certificado podrá además comercializarse en el mercado secundario
de bonos y se podrá comprar en pesos por terceros agentes que no son los
que trajeron los fondos.
Dos consideraciones: se reconoce la dolarización del sector (y por ende el
fracaso de la pesificación) pero además se estarían emitiendo cuasi-dólares, o
patacón verde como se lo denominaba en algunos lados para juntar la historia
de las cuasimonedas de principio de siglo con esto.
Este mercado secundario de bonos tiene no solo un objetivo de facilitar la
transacción inmobiliaria sino también de crear un instrumento financiero que
compita con el dólar blue o paralelo y así acotar la incidencia o el volumen de
este mercado fruto del cepo cambiario. Es el cuarto error que se intenta
corregir.
Ante la desinhibición legal y ética que el Secretario de Comercio de la Nación,
a quien se le atribuye parte de la autoría de este proyecto, ha mostrado en su
accionar, ¿podríamos estar seguros de que solo se emitirán certificados por la
cifra exacta de fondos que se hayan orientado a los mismos? ¿No saldrá una
orden desdoblada para la casa de la moneda y otra para Cicchone
nacionalizada? La orden ¿no será emitir certificados en la cantidad que sean
necesarios para bajar el mercado paralelo? Si así se hiciera, quedará para otro
momento el tema de que cobrará quien se presente a la ventanilla del BCRA
cuando en algún momento la operación inmobiliaria se concrete.
Y finalmente para unir las dos puntas de este relato. Frente a una etapa de un
gobierno que ha desarrollado un sistema de corrupción estructural que
prácticamente no ha dejado nada fuera de su accionar, con la configuración de
un grupo de capitalistas amigos que han visto desarrollar sus fortunas de
manera geométrica e injustificable y en un momento en que paralelamente
crecen fuertemente en el país actividades del crimen organizado como drogas,
trata y armas, por qué no pensar que este blanqueo es muy funcional a toda
esta economía que surge del delito y también una invitación, en un momento
que se van logrando consensos mínimos a nivel internacional para controlar el
flujo de divisas provenientes de ilícitos, a ser un plaza de blanqueo
internacional. Recordemos que en el proyecto se le otorga al Poder Ejecutivo,
la posibilidad de prorrogarlo sin límite de tiempo.
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