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MENDOZA NECESITA AL BANCO NACION COMO AGENTE FINANCIERO
Con gran asombro asistimos a un no-debate acerca del agente financiero del
Gobierno de Mendoza. Salvo la opinión clara y terminante de los trabajadores
bancarios, solo se escucha o se leen presuntos encuentros y livianos argumentos.
Es por eso que vale la pena realizar algunas reflexiones:
La relación entre el Bco. Nación Argentina y el Gobierno provincial nace
como consecuencia de la caída del Banco de Mendoza. Por ende, existe
una “continuidad jurídica institucional” que le otorga al Bco. nacional un
status de preferencia, más si tenemos en cuenta el carácter de agente
financiero que la Constitución de Mendoza le otorgaba al Bco. de
Mendoza
Otra consideración importante es que el Banco Nación tiene la más
amplia red de cobertura bancaria en el territorio provincial y, por ende,
puede prestar un mejor servicio los habitantes. Y tiene una garantía de la
Nación Argentina para sus depósitos y operaciones que no lo tiene
ninguna otra entidad privada
600 trabajadores son transferidos del Bco. Mendoza sobre un total que
tiene aproximadamente el Bco. Nación de 1200 en nuestra provincia. Su
fuente de trabajo corre peligro si se sigue adelante con el proyecto
infundado de designar otro agente financiero
Debería pedirse dictamen al Asesor de Gobierno y al Fiscal de Estado por
el posible perjuicio al fisco y para analizar la constitucionalidad de la
medida.
Mendoza debería tener un representante en el Directorio del Bco de la
Nación Argentina entre sus 7 miembros por tratarse de la cuarta
economía del país y por la atención al sector agropecuario y de las
pequeñas y medianas empresas
Es conveniente que se forme una mesa de trabajo con representantes del
funcionariado del banco, del gobierno de Mendoza y de los trabajadores
para analizar cómo mejorar la relación entre ambos y contemplar la
atención de los empleados públicos
En definitiva, no es conveniente que la Provincia cambie de agente financiero
porque perdería importantes beneficios, y se pondría en peligro la fuente
laboral.
Carlos E. Abihaggle
Prof. de Economía UNCuyo