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La tierra en Colombia
La tierra y la economía
Durante el período 1992-2006 las actividades económicas relacionadas con la tierra
contaron con una participación promedio del 63,7% en las exportaciones, tendencia que
no se espera cambie sustancialmente en los próximos años. Estas actividades fueron
especialmente relacionadas con la producción de café, petróleo, carbón y ferroníquel.
Los bienes industriales provenientes de la tierra sólo aumentaron 4,1% en 15 años, las
principales destinaciones fueron EEUU y la Unión Europea con 81,6% y 85,6%
respectivamente de bienes primarios. García señala que “las exportaciones de productos
industriales, hacia los países industrializados se concentran principalmente en productos
con insumos agrícolas o minero, intensivos en recursos naturales y de bajos salarios, en
general con bajo contenido tecnológico” 1 .
El Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional ha señalado
que este patrón de crecimiento para la economía no es sostenible, es tan sólo una
medida de corto y mediano plazo puesto que las exportaciones primarias pueden caer en
cualquier momento y sólo se aprovecha una bonanza temporal de estos productos con
respecto a China e India.
Actualmente, la dinámica de la producción y el mercado internacional marca nuevos
ritmos de los cuales resultan muy importantes los siguientes:
•
•
•
Se ha promovido la ampliación de hectáreas sembradas de aquellos productos
ajustados a la demanda internacional aprovechando ventajas comparativas, lo
que en el caso colombiano significa la siembra de palma africana para
biocombustibles y de bosques para captura de CO2 y maderables.
Existe una tendencia a modificar los usos del suelo para plantar principalmente
cultivos extensos, de larga duración y de materias primas.
Los tratados de libre comercio son reconfigurados con productos que modifican
la nueva demanda, como el caso de la palma africana cuyo potencial se dice es
más apropiado para agrocombustibles que para aceites comestibles.
Una de las características centrales del uso de la tierra en Colombia tiene que ver con
los cultivos permanentes, especialmente de banano y plátano, que ocupan el 27,65% y
de oleaginosos el 9,223% de la superficie cultivada. Se debe tener en cuenta que el área
cultivada ha disminuido en 197500 ha entre 1990 y 2005.
Con estas observaciones, se podría sostener que la multifuncionalidad de la tierra,
visión predominante en las políticas actuales del gobierno y de las lógicas
internacionales se ve desdibujada puesto que el sector primario sólo representa el
16,81% del PIB y el 63,7% de las exportaciones.
1
García, 2007. p 261. Citado por C. Salgado.
Tierra y desplazamiento
Bajo la reciente ley de Justicia y Paz, producto de los diálogos entre las AUC y el
gobierno Uribe, han sido entregadas por parte de los paramilitares 4754,2 ha mientras
que se calcula que esta cifra corresponde entre el 0,07 y 0,18% de las tierras
abandonadas por parte de los desplazados, casi 6,8 millones de ha. Al analizar los
recursos destinados para la población desplazada y el asunto de recuperación de tierras
se observa un aumento de los recursos de 5.600 millones en 2005 a 40.000 millones en
2008.
Durante el período 2005-2011 se ha destinado un monto de 5,7 billones de para atención
a población desplazada, un total de 1.842.262 según cifras gubernamentales. De este
rubro el 18,17% se destina a tierras. Por otra parte, en el año 2005 fueron entregadas
2119 ha a 137 familias y en el 2006 783 ha sin especificar el número de familias.
El tratamiento de la tierra
Existen dos visiones predominantes sobre la función que cumple la tierra como recurso
vital para la existencia humana. La primera considera que es un recurso productivo de
primer orden, perspectiva particularmente predominante durante los años 60 y 70, en
medio de un modelo de industrialización fordista que dio lugar a una desvalorización
del campesinado. Esta visión fue modificada por los procesos de globalización y la
política de apertura en Colombia desde finales de la década de 1980 y principios de
1990, que dieron lugar a un sistema de producción segmentado y diferenciado en el cual
la tierra pasó a cumplir múltiples funciones de producción.
Los estudios sobre la cuestión rural en Colombia no han logrado ponerse de acuerdo
sobre una visión consensuada que permita influir en las políticas de manejo de tierra y
la cuestión agrícola, son observables dos posiciones: una precisa el carácter
fundamentalmente productivo de la tierra y su rol central en la economía mientras que,
desde otra visión, se ha ligado al análisis al conflicto y al dominio de diversos territorios
por parte de grupos armados y de narcotraficantes.
Políticas públicas sobre tierras
El producto de los estudios académicos no ha marcado de manera determinante las
políticas pero ha sido la base para el establecimiento de reformas institucionales. La
tierra es un recurso escaso para el campesinado y las políticas actuales no han logrado
revertir la tendencia de la concentración. Las reformas institucionales son orientadas por
una visión economicista y productivista con base en la idea de la multifuncionalidad de
este activo, sin embargo alrededor del 60% de las exportaciones sigue copada por la
actividad agrícola.
El Plan Nacional de Desarrollo condensa la política actual sobre la tierra y aunque es de
carácter ecléctico, contempla como primer paso el control militar de los territorios para
retarle poder a los grupos ilegales y como segundo paso la intervención institucional.
De acuerdo con C. Salgado, en el capítulo 3 del plan “Reducción de la pobreza y
promoción de la equidad” se resumen los lineamientos así: búsqueda de crecimiento,
ingresos y empleo; avanzar en ordenamiento social de la propiedad, centrado en la
adjudicación y titulación de tierras para comunidades negras e indígenas y la compra de
tierras ; los ajustes institucionales para el sector; las mejora en la capacidad para generar
ingresos: los esquemas alternativos para la ocupación lícita del territorio; los programas
para la población vulnerable, y las metas tendientes a aumentar el volumen de la
producción. Además en el aparte 4.3 se especifican las estrategias para consolidar
crecimiento y mejorar la competitividad de l sector agropecuario a partir de formas
convencionales donde el Tratado de Libre Comercio con EEUU ocupa un lugar
importante.
De forma paralela existen dos nuevas leyes que complementan lo estipulado en el Plan,
la primera es la Ley 1152, Estatuto de Desarrollo rural y la 1182 Ley de saneamiento de
la propiedad inmueble. Con respecto a estas leyes la Procuraduría General de la Nación
señala que:
• No avanza en una concepción de desarrollo rural sino que retrocede puesto que
se enmarca en una visión modernizante, empresarial y productivista, insuficiente
para el sector aunque cumpla con sus metas de crecimiento
• Promueve una línea de política centrada en la búsqueda de competitividad
animada por el desarrollo empresarial, las cadenas productivas, clusters y viejos
complejos industriales.
• El documento expresa la visión del ministerio de Agricultura sobre la cuestión
agraria donde se la interpreta como un sector atrasado, de no modernización del
campesinado, de desajuste frente a la globalización y de inoperancia de sus
organismos. Como producto de esta visión las medidas propuestas son de orden
instrumental y parciales, no reconoce la naturaleza de problema en función de
las relaciones de poder de que disfrutan ciertas élites y que serán beneficiadas
por el impulso de una noción de desarrollo empresarial.
• No promueve la redistribución de la propiedad de la tierra, pro el contrario,
demanda que el acceso a los subsidios, servicios, factores productivos y
mercados estén regidos por unos principios de costo eficiencia de los proyectos
y de bancarización de los beneficiarios que excluyen de entrada a la población
campesina.
• Introduce bastantes elementos de renuncia de la responsabilidad estatal de
asegurar el retorno de la población desplazada a sus tierras, para centrar su
acción en los fondos de tierras confiscadas.
Fuente: SALGADO, C. Propuestas frente a las restricciones estructurales y políticas
para la reparación efectiva de las tierras perdidas por población desplazada. Documento
presentado a la Comisión de Seguimiento a la política Pública sobre desplazamiento
forzado.