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Es necesaria una reforma hacendaria promotora del crecimiento,
la inversión y el empleo
Ante la inminente presentación de la iniciativa de reforma
hacendaria del Gobierno de la República, el Consejo Coordinador
Empresarial manifiesta los principios y criterios que considera
esenciales para concretar una reforma que realmente pueda
impulsar un saneamiento de fondo de las finanzas públicas y, sobre
todo, ser factor de un desarrollo económico más acelerado y
sostenible, en beneficio de todos los mexicanos.
El sector empresarial presenta su visión, posturas e inquietudes con
el ánimo de dar paso a un diálogo franco y constructivo que privilegie
las coincidencias para facilitar los acuerdos.
La desaceleración de la economía en el primer semestre ha llevado
la expectativa de crecimiento para el presente año a 1.8%, de
acuerdo con el pronóstico oficial, lo cual confirma nuestra visión
sobre la urgencia de cambios que realmente ataquen de raíz las
causas del estancamiento económico que vive México desde hace
décadas, con soluciones de fondo y una perspectiva de largo plazo.
El país transita por un periodo clave, en el que hay que tomar
decisiones trascendentes e impostergables. La disyuntiva está entre
prolongar la situación actual, que no resuelve las carencias de los
mexicanos, o abrir la perspectiva de un nuevo dinamismo que dé
mayor proyección a la economía nacional.
En la coyuntura presente, si se toman decisiones inadecuadas, como
sería una reforma meramente recaudatoria, corremos el riesgo de
que la desaceleración derive en una recesión económica con
consecuencias de largo plazo.
Sobre estas bases planteamos cuatro ejes prioritarios sobre los que
consideramos debe construirse la reforma hacendaria que
requerimos para mejorar la calidad de vida de los mexicanos,
generar mejores condiciones para la multiplicación y el desarrollo de
las empresas, y fortalecer al Estado mexicano ante los desafíos y
oportunidades que plantea el contexto nacional e internacional:
1. Una reforma de fondo y estructural
No más misceláneas fiscales o ajustes provisionales que sólo
prolongan un sistema hacendario con vacíos y contradicciones que,
por el lado de la recaudación, propicia: evasión, elusión, corrupción,
informalidad, inequidad e incertidumbre, y por la parte del gasto
público: ineficiencia, opacidad y falta de rendición de cuentas.
2. Una reforma integral
La hacienda pública, por definición, se compone de dos partes
constitutivas: por un lado, elaborar los presupuestos y ejercer el
gasto e inversión del gobierno; por otro, la recaudación de los
ingresos necesarios para tales fines.
Es inaceptable una reforma que sólo se concentre en la parte
recaudatoria y que exija una mayor aportación de los contribuyentes
cautivos, si no se plantea un esquema viable para aumentar la base
de contribuyentes y que en la misma medida haya un compromiso
para que el gasto del gobierno, en sus tres órdenes, sea eficiente y
transparente, señalando desde el proyecto a qué se destinará y, una
vez aprobada, proporcionando bienes y servicios públicos de mayor
calidad para los ciudadanos.
De igual forma, en el marco del federalismo, una reforma hacendaria
integral implica redefinir las responsabilidades y atribuciones fiscales
a nivel Federal, Estatal y Municipal, tanto en la parte de la
recaudación como en el gasto, lo que implica un nuevo y más
eficiente acuerdo de coordinación fiscal.
También es indispensable que los órganos creados para el combate
a la corrupción sean eficientes e independientes a fin de que los
ciudadanos estemos enterados de cualquier desvío y su sanción
3. Una reforma promotora del crecimiento y la competitividad, con
estabilidad macroeconómica
México compite en una economía global. Se requiere que las tasas
impositivas y la carga administrativa de las obligaciones fiscales sean
competitivas en relación con las de otros países para fomentar una
mayor inversión, facilitar la creación de empleos formales y el
desarrollo de las empresas y actividades productivas.
Hay que generar incentivos y estímulos para detonar sectores clave
para el desarrollo, como lo están haciendo otras economías, para
tener un marco de fomento económico más efectivo.
Un sistema fiscal competitivo tiene que ofrecer certeza jurídica, con
impuestos justos, equitativos, de fácil cálculo y pago, que no estén
sujetos a cambios constantes y repentinos.
Los problemas estructurales del sistema fiscal de México no se
limitan a la insuficiencia de recursos del Estado para cumplir con sus
obligaciones elementales y ser un promotor del progreso social. El
sistema vigente inhibe el desarrollo de los agentes económicos
debido a causas como la inequidad en la carga impositiva y la
complejidad de las obligaciones tributarias, que generan altos costos
administrativos y pérdida de tiempo para los contribuyentes.
4. Una reforma con equidad, que promueva la formalización y la
responsabilidad social
Todos los mexicanos tenemos que contribuir para sufragar el
sostenimiento de un Estado que vele por el interés colectivo y el
progreso de la nación, de acuerdo con las capacidades de cada quien
y bajo los principios de equidad, solidaridad y subsidiariedad. Bajo
estos criterios, es indispensable aumentar la base de contribuyentes
para que la carga fiscal deje de recaer en unos cuantos.
Un requisito para lograr estos fines, es que la reforma hacendaria sea
consecuente con dos puntos fundamentales: primero, la
formalización de todas las actividades económicas, lo cual exige una
simplificación exhaustiva de las obligaciones tributarias; segundo,
una reingeniería del gasto público y social, que garantice que los
recursos se utilicen con eficiencia, transparencia, honestidad y con
base en resultados.
Los subsidios, apoyos y prestaciones sociales deben focalizarse y
beneficiar directamente a quienes más lo necesitan, de tal forma que
haya un aumento tangible de su poder adquisitivo y nivel de
bienestar.
La reforma hacendaria no debe ser postergada una vez más. La
ventana de oportunidad está abierta y no debemos desaprovecharla,
a riesgo de que las soluciones se tornen más difíciles y costosas.
Exhortamos a los poderes de la Unión, partidos políticos y a toda la
sociedad a impulsar y participar en un diálogo abierto, responsable,
que propicie, por la vía democrática, la transformación que México
requiere.
Hoy, el sector empresarial está aún más comprometido a seguir
contribuyendo al desarrollo del país, con el objetivo primordial de
mejorar el nivel de vida de los mexicanos.