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LAS LUCHAS DEL CAMPESINADO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y
POR LA CONSTRUCCIÓN DE OTRA ECONOMÍA EN COLOMBIA
Eje temático: Eje 4. Economía social y solidaria
Autor: Freddy Ordóñez Gómez*
Palabras clave: Luchas campesinas. Soberanía alimentaria. Zonas de reserva campesina.
Mercados campesinos. Reforma agraria.
Autorizo a los organizadores la publicación de la ponencia, si así se dispusiere.
INTRODUCCIÓN
Colombia es un país con un irresuelto problema agrario de orden estructural. Lo anterior, se
evidencia en que el acceso, tenencia y uso de la tierra, según diversos autores (Ruiz, 2006;
Moncayo, 2006; Fajardo, 2006; Roldán, 2003; Palacios, 2011),ha estado ligado a las
veinticinco guerras nacionales y alrededor de 60 regionales, que se dieron en los pasados
185 años y que generaron una gran movilidad poblacional; confrontaciones que estuvieron
relacionadas con esquemas de acumulación y desarrollo económico contrapuestos,
estrechamente conectados con la concentración de la tierra y el papel de lo rural (Ruiz,
2006), al punto que, los procesos de acaparamiento de tierras por medios ilícitos, como la
usurpación, fueron comunes en las guerras civiles, y se dieron con la aquiescencia y
tolerancia de las autoridades, quienes “mediante la gestión de rábulas y leguleyos, han
cohonestado el despojo, lo cual es una herencia colonial” (Patiño, 2002, 109).
En línea con lo anterior, el actual conflicto social y armado que vive el país 1, especialmente
en áreas rurales, está intrínsecamente relacionado con el problema agrario, por ejemplo, las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP, son una
organización guerrillera de origen campesino, con una fuerte base de su militancia
conformada por este sector social; de otra parte, el recientemente anunciado inicio de
* Investigador social vinculado al Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos,
ILSA. Dirección: Calle 38 No. 16-45 Bogotá, Colombia. Telf. 57-1-2884772. E-mail: [email protected]
1
Este conflicto se remite a mediados de la década del 80, particularmente con la irrupción del
paramilitarismo como organización de proyección nacional y con el fracaso de los diálogos de la Uribe,
Meta. Sus orígenes más remotos, se encuentran en la mitad del siglo XX, con el asesinato de Jorge Eliecer
Gaitán (9 de abril de 1948) y el surgimiento de las FARC-EP (1964).
diálogos entre Gobierno y FARC-EP, tienen como primer punto de la agenda de discusión
una política de desarrollo agrario integral.
Esa centralidad del problema agrario significó la puesta en escena durante todo el siglo
anterior de iniciativas políticas y económicas orientadas a la proletarización del
campesinado, la industrialización de la producción agroalimentaria, el impulso al
latifundismo ganadero, entre otras, que además se correspondían con el ejercicio de la
violencia como motor de los diferentes procesos de acumulación de capital, especialmente
de la llamada “contrarreforma agraria”. Lo anterior, igualmente implicó la puesta en escena
y el surgimiento de diferentes luchas y reivindicaciones campesinas, las cuales, hasta la
década de 1970, se centraron principalmente en el acceso a la tierra, créditos para
producción y reforma agraria. Pero a partir de 1980 incorporan nuevos elementos como la
formación personal, la paz, los derechos humanos y la defensa de la vida (Tobasura, 2005),
a las que se suma la erradicación concertada de cultivos de uso ilícito, reivindicaciones que
se mantienen hasta finales del siglo.
Con la finalización del siglo XX, llega la Constitución Política de 1991. Esta implicó la
concepción de Colombia como un Estado Social de Derecho, destacándose la estipulación
de un amplio catálogo de derechos y mecanismos para su protección. Lamentablemente la
Constitución del 91 no reconoció expresamente al campesinado como sujeto especial de
derechos, al punto que no figuran en ésta acciones afirmativas para el campesinado, no se
les reconoce la tenencia y propiedad de la tierra –individual o colectiva-, ni la posibilidad
de construcción y definición de territorios. El campesino como sujeto figura una sola vez en
la Carta equiparándose a éste con el trabajador agrario2, lo que se puede entender como
una precaria presencia, o si se quiere exclusión, del marco constitucional.
A la precaria presencia constitucional se le suma la constante violación a los derechos de
los campesinos, principales víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras,
2
Coincidimos con Rocío Rubio cuando señala: “la definición de la población campesina como trabajadora
agraria crea una restricción que aunque sutil, funciona. Si bien el campesino puede ser un trabajador en
términos generales, su modo de producción y ethos cultural no necesariamente se asimila al de un
asalariado” (Rubio, 2002).
despojo y desplazamiento que han permitido configuraciones no campesinas de lo rural,
adecuando hoy “el campo a la nueva interrelación entre el latifundio especulativo y la
inversión transnacional en infraestructura, especialmente vías de comunicación e industrias
extractivas, agrícolas o forestales” (Mondragón, 2008). De igual forma, ha sido perjudicial
para el campesinado el aumento de la importación de alimentos y la inserción nacional al
libre comercio alimentario (vía TLC), así como la destinación de las tierras colombianas
para la ganadería extensiva y los cultivos requeridos en el extranjero.
Es así como el acceso, tenencia y uso de la tierra en Colombia, es un problema estructural
irresuelto, en palabras de Marco Palacio (2011:24) “mayúsculo y espinoso”, que tiene como
soporte central u origen la anulación social del campesinado y la dinámica de acumulación
en la ruralidad, campesinado que a pesar del escenario complejo de lo rural en el país, ha
generado propuestas orientadas a su reconocimiento social y mantiene y replantea sus
luchas y reivindicaciones, las cuales podemos señalar, pasan de la lucha por la tierra y la
reforma agraria a una lucha territorial y por la soberanía alimentaria.
En efecto, el campesinado colombiano ha creado, en el periodo reciente, apuestas basadas
en la soberanía alimentaria 3, destacándose: las Zonas de Reserva Campesina, los Mercados
Campesinos en el centro del país y el Proyecto alternativo de Ley de Tierras y Reforma
Agraria. Estas han implicado la comprensión de la soberanía alimentaria como: el eje de la
territorialidad rural alternativa a la territorialidad del capital; el principio rector que debe
guiar las políticas agrarias; y el vértice de nuevos modelos de producción y
comercialización de alimentos. Este texto aborda estos desarrollos que se levantan como
alternativas al capitalismo agroalimentario. Para ello, en primer lugar, se hace un
acercamiento al contexto de la ruralidad nacional; luego, se identifican las construcciones
organizativas del campesinado; seguidamente, se hace el abordaje de las lecturas
campesinas sobre la soberanía alimentaria y la economía social, y la materialización de
éstas en los casos señalados; finalmente se esbozan algunas conclusiones.
3
Otro tipo de luchas que se han desarrollado por parte del campesinado no son objeto de análisis de este
texto, como son aquellas basadas en la protección del ambiente, la participación política electoral, la
oposición al libre comercio, el rechazo a la guerra, etc. De igual forma desborda los objetivos y límites de
este estudio el abordar las luchas campesinas y agrarias en el siglo XX, sin embargo haremos algunas
referencias puntuales a parte de ellas.
1. CONTEXTO ACTUAL DE LA RURALIDAD, LO AGROALIMENTARIO Y
EL CAMPESINADO EN COLOMBIA
Según el documento Bases para el Plan Nacional de Desarrollo, en el año 2009 el
porcentaje de población pobre por carencia de ingresos en Colombia fue del 45,5% y el de
pobreza extrema fue del 16,4%. En ese mismo año, el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) señaló que el porcentaje nacional de pobreza era del 17,7% y el de
miseria del 4,7%. Otros indicadores confirman el panorama. El índice de pobreza
multidimensional (IPM) establece que el 29% de la población está en condiciones de
pobreza, y el coeficiente de Gini señala una desigualdad media de 0,57. La riqueza ha
seguido concentrándose en el país, como lo muestra la no proporcionalidad presente entre
crecimiento de la pobreza y el del PIB per cápita (DNP, 2011).
Todas las cifras tienden a ser peores en las zonas rurales. Es así como la brecha entre el
campo y la ciudad, en cuanto a pobreza, se ha mantenido o ha aumentado (DNP, 2011). El
documento Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. II Informe de Seguimiento 2008,
publicado por el Departamento Nacional de Planeación (2010), señala como en cuanto a
pobreza extrema “En el área rural […] se observa un retroceso en los últimos años. En 2008
se alcanza un nivel similar (32,6%) al observado en 2002 (32,5%), después de haber
logrado niveles entre 27% y 29% en los años intermedios. La información disponible a
2008 indica un porcentaje de personas en pobreza extrema (indigencia) en la zona rural del
país de 32,6%, frente al 13,1% estimado para la cabecera. En cuanto a pobreza el informe
indica que la zona rural para el 2008 presenta un 65,2% de personas en pobreza, mientras
que el área urbana tiene un 39,8%. El texto señala como la brecha entre el área urbana y la
rural no sólo se ha mantenido, sino que se ha ampliado entre el 2002 y el 2008.
De lo que podemos caracterizar a nivel general como un proceso de supresión a partir de la
globalización de la desigualdad, afectante principalmente las áreas rurales del globo, el
campesinado ha sido una de las principales víctimas, no solo porque buena parte de los
excluidos del modelo son campesinos, sino también porque el modelo se ha configurado de
manera que construye sociedades y territorios diferentes a los del campesinado y su
agricultura, condenándolos –como las anteriores cifras lo evidencian- a la pobreza, al
hambre4 y al abandono del campo: en Colombia, los porcentajes de población que habita el
campo han descendido en los últimos treinta años, situación que se asocia con el modelo
económico, particularmente con la violencia capitalista expresada en el desplazamiento
forzado, que afecta a cerca del 10% de la población nacional 5. Actualmente según el
Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, el campesinado estaría conformado por
cerca de 7,1 millones de personas (PNUD, 2011: 120), quienes cada vez más ven como sus
tierras sufren cambios sustanciales, de acuerdo con las necesidades del capital.
1.1 . Tierras para la alimentación vs. Tierras para el capital
Son notorios los cambios en las tierras para la producción agrícola en regiones como el
Valle del Cauca, la Sabana Cundiboyacense, y el Chocó en Colombia. En estas tierras se
han implementado procesos agroindustriales de producción de alimentos, agrocombustibles
o flores (en algunos bajo modalidad de invernadero, otros en latifundio), que se construyen
como territorios capitalistas diferenciados de los territorios del campesinado 6.
En el mismo sentido, ha crecido en el mundo la cantidad de tierra en manos de grandes
productores, en detrimento de la agricultura familiar. Diferentes informes señalan que en
Asia, África y Latinoamérica por lo menos 50 millones de hectáreas de buenas tierras
agrícolas fueron transferidas de los campesinos a las corporaciones tan solo en los últimos
años.
En nuestro país, la concentración en la tenencia de la tierra se evidencia en un coeficiente
de Gini cercano al 0,8 y en las cifras sobre propiedad. Un estudio publicado por Acción
Social evidencia la tendencia a la concentración de las tierras durante los últimos diez años:
“para 2009 se observa que mientras el 10,5% del total de hectáreas son microfundio y
4
El estudio Discriminación en el contexto del derecho a la alimentación (Naciones Unidas, 2010a) indica que
el 80% de las personas que padecen hambre en el mundo viven en zonas rurales. Alrededor del 50% de
quienes presentan carencias alimentarias en el planeta son pequeños agricultores que dependen sobre todo
o en parte de la agricultura para su subsistencia.
5
La cantidad de personas en situación de desplazamiento asciende, según la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento (CODHES), a 5’195.620 (CODHES, 2011).
6
Sobre las construcciones y características de estos territorios y la disputa territorial entre la agroindustria
capitalista y los campesinos ver Mançano (2009).
corresponden al 80,5% de los predios y al 78,3% de los titulares de derechos, el 52,2% de
hectáreas están en la gran propiedad y se distribuyen en el 0,9% de los predios y el 1,1% de
los propietarios” (Acción Social - PPTP, 2010, 25). Por su parte, Mondragón (2010a)
manifiesta que “el objetivo de esta acumulación no es la producción sino el alza del precio
de la tierra provocada por los grandes proyectos de inversión viales, petroleros, mineros o
hidroeléctricos o por la explotación del agua o de la biodiversidad”.
La revisión de las cifras sobre vocación y uso del suelo evidencian de manera contundente
la forma en que se privilegia el latifundio ganadero por encima de la producción agrícola de
alimentos, fortaleciendo la tesis de despojo de tierras a campesinos asociado a la actividad
pecuaria extensiva.
En Colombia, de 10,4 millones de hectáreas aptas para producción agrícola se usan
únicamente 4,2 millones, cantidad que equivale escasamente al 40%; por otra parte, los
suelos en el país aptos para ganadería representan 10,2 millones de hectáreas,
encontrándose en uso, actualmente 41,7 millones de hectáreas, es decir un 400%, cuatro
veces más, que la tierra con vocación ganadera, lo que va en contra de los derechos del
campesinado, sino además amenaza el derecho a la alimentación de los colombianos (DNP,
2005).
Asimismo,
lo
que
puede
llamarse
el
campo
sin
campesinos,
es
decir
la
“descampesinización” institucionalizada desde el gobierno colombiano, se manifiesta, en
apuestas como la Ronda Colombia 2010 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el
documento Colombia país minero. Plan Nacional para el Desarrollo minero. Visión 2019,
las proyecciones sobre implementación de agrocombustibles del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural y el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y los procesos de
acaparamiento de tierras en los antiguos territorios nacionales: cuatro grandes empresarios
del país ya han invertido capitales en la Altillanura, la suma llega a los US$600 millones,
sobre un total de 119.000 Hectáreas.
De forma contraria y paralela a esta tendencia a la concentración, en el mundo se presenta
una demanda apremiante de tierras (Naciones Unidas, 2010b). Para el caso nacional, las
cifras de tierras requeridas deben leerse de la mano de la cantidad de tierras despojadas o
abandonadas y relacionadas con el conflicto armado y el desplazamiento forzado,
recientemente el Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplaza de
Acción Social afirmó que la cantidad de tierra abandonada por desplazamiento forzado es
igual a 8’056.978 hectáreas, según los registros oficiales de los últimos quince años
(Acción Social – PPTP, 2010).
1.2 . Alimentación, mercantilización y libre comercio.
Hoy en día, en Colombia, a pesar de la masiva y sistemática violación de derechos a los
campesinos, del desplazamiento forzado y del despojo de tierras, y de los planes y
desarrollos económicos que se han implementado en el campo, buena parte de la
producción de alimentos está en manos de los pequeños productores campesinos, aunque
algunos académicos en el país avalan la importación de alimentos en detrimento de la producción nacional, con el argumento de que la importación puede proveer una mejor base
para la seguridad alimentaria que la producción doméstica7. Este planteamiento evidentemente contraría la soberanía alimentaria y valida la dependencia entre países,
especialmente de los periféricos a los desarrollados, permitiendo que estos últimos
controlen la alimentación de grandes regiones del mundo en una suerte de imperialismo
alimentario. Es decir, el actual sistema alimentario es un modelo que está siendo utilizado
“como instrumento imperialista de control político, económico y social por parte de las
principales potencias económicas del Norte, como Estados Unidos y la Unión Europea (así
como de sus multinacionales agroalimentarias), respecto del Sur global” (Montagut y
Vivas, 2009).
La importación de alimentos acarrea pérdidas para el campesinado. Estas importaciones
han aumentado, en especial desde la década de los noventa, y se han ampliado notoriamente
en el caso de los cereales y las carnes. Orminso Varón, Ricardo Díaz y José Donado (2008),
en Crisis alimentaria en Colombia, indican cómo entre 1991 y 2001 aumentó en Colombia
7
Es la posición de Salomón Kalmanovitz y Enrique López. Ver: Kalmanovitz y López (2006).
el consumo aparente8 de cereales, al pasar de 2,82 a 4,05 millones de toneladas, debido al
aumento de las importaciones, que pasaron de 0,78 a 2,04 millones de toneladas. En cuanto
a carnes, el consumo pasó de 1,12 a 1,46 millones de toneladas, que es un aumento
moderado, pero si se miran las importaciones, estas aumentaron exponencialmente: de
0,021 a 0,107 millones de toneladas en el periodo señalado.
Los mismos autores hacen referencia a una duplicación del aporte de los alimentos
importados al total suministrado diariamente per cápita: de 10,1 a 19,6% entre 1991 y 2001;
y fueron más elevados los porcentajes por grupos de alimentos: 50,5% en los cereales; 42%
en aceites y grasas y 60,5% en leguminosas (Varón, Díaz y Donado, 2008).
Con la puesta en marcha de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión
Europea, se presentarán especialmente afectaciones a los derechos humanos. En el caso del
TLC con los Estados Unidos, Garay, Barberi y Cardona (2010) señalan:
Un conjunto importante de bienes agropecuarios producidos en Colombia –en el que
Estados Unidos tiene una capacidad importante de exportación, derivada entre otros
de los subsidios que otorga a sus productores– sería el más afectado con el TLC, en
consideración a que la eliminación de los aranceles traería como consecuencia una
reducción de los precios internos recibidos por los agricultores colombianos y un
incremento en las importaciones. Estos efectos se presentarían en los principales
cultivos transitorios desarrollados en el país, tales como cereales (arroz, maíz
amarillo, maíz blanco, sorgo y trigo), leguminosas (fríjol y arveja) y algunas
hortalizas (tomate, cebolla y zanahoria), así como en algunas actividades pecuarias
como las carnes de pollo y de cerdo. En estas circunstancias, es previsible esperar
que la reducción en los precios internos tenga como consecuencia una disminución
en el área sembrada y en la producción nacional de estos bienes.
8
Consumo aparente= producción + importaciones – exportaciones.
La garantía para el libre comercio alimentario se da por medio de una serie de dispositivos
normativos orientados a excluir a los campesinos y sus formas tradicionales de producción
y procesamiento de alimentos de la comercialización alimentaria.
En síntesis el panorama del campo colombiano se presenta como lesivo para el
campesinado. Las apuestas político-económicas no tienen una visión u orientación
campesina y por el contrario se orientan a la conversión de este grupo social en obreros
rurales, o en “microempresarios” dependientes de grandes inversionistas, quienes serían los
grandes beneficiarios de la agricultura capitalista que se propone. La tierra no es vista como
derecho de los campesinos y a éstos no se les reconoce su importancia social y política
nacional.
Aun con este panorama desfavorable, el campesinado tiene una gran importancia social,
principalmente en la alimentación de la población nacional y en la garantía de la soberanía
alimentaria.
2. CAMPESINADO, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y OTRA ECONOMÍA
Como se refería anteriormente, las organizaciones campesinas han planteado en diferentes
épocas apuestas y reivindicaciones centrales, que han guiado su quehacer y que se han
traducido en propuestas y acciones implementadas. Es imperativo señalar que las
organizaciones campesinas –hoy en día articuladas a nivel nacional e internacional a
plataformas sociales- han tenido en el periodo reciente un carácter más activo y propositivo.
Una de las reivindicaciones, que a manera de paradigma ha guiado las luchas agrarias,
llegando ha convertirse en la agenda política (Gascón, 2011) de los movimientos
campesinos en indígenas es la soberanía alimentaria.
En efecto, como señala Jordi Gascón (2011) los movimientos agrarios del siglo pasado en
América Latina, que iniciaron con la revolución mexicana y se extendieron hasta finales de
la década de los 80, centraron su accionar en la reivindicación de la reforma agraria –que se
traducía en la simple distribución y entrega de tierras-, sin mayores elaboraciones
conceptuales sobre la misma 9. En el caso nacional, se presentó la misma tendencia que en
el resto de Latinoamérica. A partir de la última década del siglo XX se inició un desarrollo
cualitativo de los movimientos sociales y las organizaciones campesinas a nivel
internacional, lo que se tradujo en la constitución de la Vía Campesina 10, y para el caso
nacional, en la articulación en las luchas del movimiento social, y en la generación de
plataformas políticas, agendas de lucha o programas mínimos, del campesinado, cuya
máxima expresión lo constituye el Mandato Agrario, emanado del proceso que llevó a la
realización del Congreso Nacional Agrario de 200311. Estas propuestas no se limitaban a la
reivindicación de tierras y reforma agraria, sino que sus objetivos eran la posibilidad del
desarrollo y la vida digna de las comunidades rurales del país.
El desarrollo de los puntos del Mandato Agrario ha sido desigual, destacándose la lucha por
la Soberanía Alimentaria, como el punto que mayores alcances y progresos ha tenido. La
Soberanía Alimentaria surge paralela a la Cumbre del 96, y se origina en los habitantes de
la ruralidad, particularmente en los millones de campesinos y campesinas, pequeños y
medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de
todo el mundo. Muchos de ellos organizados en el movimiento internacional Vía
Campesina, plataforma que definió la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos
9
En el año 2010 el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Olivier De Schutter, se pronunció
sobre el tema de las reformas de la tenencia de la tierra, indicando que los debates y propuestas se han
orientado a dos vertientes, en primer lugar, la reforma agraria centralizada o dirigida por el Estado,
efectuada mediante la adquisición de tierras por parte del Estado compensadas a precios por debajo del
mercado, y en segundo lugar, la reforma agraria descentralizada, basada en criterios de mercado y en el
principio de un comprador voluntario y un vendedor voluntario. Frente a las dos modalidades, afirma que la
primera ya no es tan común hoy en día, primando la segunda, ya que “desde el decenio de 1990, se ha
observado una tendencia hacia la reforma agraria basada en el mercado, como lo demuestran programas
como el proyecto Cédula da Terra, puesto en marcha en el Brasil durante el período 1996-2001 y renovado
desde entonces; el programa colombiano elaborado conforme a la Ley 160 de 1994 sobre la reforma agraria;
el Programa de Reconstrucción y Desarrollo de Sudáfrica, puesto en marcha en 1994; el proyecto de
desarrollo de tierras rurales de base comunitaria en Malawi; y el plan de transferencia voluntaria de tierras
en Filipinas” (Naciones Unidas, 2010b). El Relator, en el citado informe, es claro al señalar que estas políticas
que llamaremos reforma agraria de mercado, como la colombiana, no son las más adecuadas para resolver
las desigualdades de acceso a la tierra y por el contrario en algunos casos han llevado a nuevos procesos de
concentración de tierras.
10
Vía Campesina comprende 150 organizaciones locales y nacionales en 70 países de África, Asia, Europa y
América. En total, representa a alrededor de 200 millones de campesinos y campesinas. Es un movimiento
autónomo, pluralista y multicultural, sin ninguna afiliación política, económica o de cualquier otro tipo (Vía
Campesina, 2011).
11
Sobre el Mandato Agrario véase: VALENCIA, Reina (Coord) (2010).
a alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así
como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. Se fundamenta en
el desarrollo de un modelo de producción campesina sostenible que favorezca a las
comunidades y su ambiente, y sitúa las aspiraciones, las necesidades y las formas de vida
de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los
sistemas alimentarios y de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de
mercados y empresas. La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y el consumo
local de alimentos, proporciona a un país el derecho de proteger a sus productores locales
de las importaciones baratas y de controlar la producción, y garantiza que los derechos de
uso y gestión de tierras, territorios, agua, semillas, ganado y biodiversidad estén en manos
de quien produce alimentos y no del sector empresarial (Vía Campesina, 2011).
Dentro de los elementos esenciales que presenta la soberanía alimentaria y que son
intrínsecos de ésta, se encuentra la posibilidad de tomar decisiones en materia alimentaria
sin la intervención, injerencia o subordinación a poderes –políticos y/o económicos- ajenos
al propio pueblo, comunidad o país sujeto del derecho a la alimentación. Así como defender
la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales –sin que niegue el
comercio internacional- que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de
métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables (Vivas,
2011).
La evolución conceptual que ha presentado la Soberanía Alimentaria en estos más de diez
años de haber sido formulada, ha implicado que está no sea entendida como
Un mero pliego de reclamaciones o un recetario de buenas prácticas, sino que es el
constructo teórico de una propuesta que integra todos los elementos que participan
en el proceso productivo agropecuario y en la vida rural […] y lo hace reclamando
el reconocimiento de derechos […], y sólo secundariamente capital para la
producción. Y es que se trata de una propuesta política, y no de un modelo
productivo o de una estrategia destinada a acceder a recursos financieros públicos
(Gascón, 2011: 237).
Es así como la Soberanía Alimentaria ha pasado a ser el eje de la territorialidad rural
alternativa a la territorialidad del capital; el principio rector que debe guiar las políticas
agrarias; y el vértice de nuevos modelos de producción y comercialización de alimentos.
La Soberanía Alimentaria ha estado ligada, en el caso nacional, a la construcción de otros
modelos económicos, especialmente en lo relacionado a la compra-venta de alimentos y
productos agrícolas, como es el caso de las economías alternativas, sociales, solidarias, de
la pobreza, comunitarias o populares, entre otras denominaciones, que representan
iniciativas de producción, comercialización, consumo y crédito que mejoran las
condiciones de vida de las clases populares y constituyen embriones de otra economía más
justa, democrática y sostenible, una economía entendida en un sentido substantivo, es decir,
como la producción y distribución de los bienes y servicios necesarios para una vida digna,
teniendo en cuenta las limitaciones de la naturaleza (Laville y García, 2009). Un grueso de
las organizaciones campesinas que hacen presencia en la región central han participado de
proceso de comercialización de alimentos que no operan bajo las lógicas del capital, y cuya
finalidad no es la reproducción ampliada de capital sino la reproducción ampliada de la
vida.
El paradigma de la Soberanía Alimentaria ha orientado diferentes procesos y apuestas del
campesinado como son los Mercados Campesinos, las Zonas de Reserva Campesina y el
proyecto de Ley Alternativo de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, los cuales se trataran a
continuación.
2.1. Las Zonas de Reserva Campesina
La propuesta de Zonas de Reserva Campesina, ZRC, surge de procesos de luchapor la
tierra adelantados por colonos y pequeños propietarios en la región del Caguán y del
Parque Natural Serranía de la Macarena, a mediados de la década del 80, siendo la figura,
una idea de las comunidades campesinas de ordenamiento y estabilización territorial, en
zonas que se caracterizaban por ser ecológicamente frágiles, de gran biodiversidad,
propensas a la implementación de cultivos de uso ilícito y pobres para la actividad
agropecuaria, idea que se fue complejizando hasta llegar a ser parte de la Ley 160,
consagrándose en su capítulo XIII “Colonización, Zonas de Reserva Campesina y
Desarrollo Empresarial” y se ha reglamentado a través del Decreto 1777 de 1996 y de
Acuerdos de la Junta Directiva del Incoder. En la Ley, la figura se entiende como una
herramienta para delimitar la propiedad de la tierra, y estabilizar a campesinos y colonos
en zonas de amortiguación de parques naturales y reservas forestales (España, 2001),
siendo así concebida en su origen como una estrategia productiva y ambiental (Fajardo,
2000).
Entre los años 1997 y 2002 se constituyeron formalmente seis ZRC: Guaviare, PatoBalsillas, Sur de Bolívar, Cabrera, Bajo Cuembí y Comandante, y Valle del río Cimitarra.
La mayoría de éstas solicitadas de forma directa por organizaciones campesinas y se
ubican en los límites de la frontera agropecuaria, en regiones altamente afectadas por la
dinámica de la confrontación armada, ausentes de la presencia estatal, con grandes
problemáticas socioeconómicas y presencia de cultivos de uso ilícito.
La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra impulsó un proceso organizado de
gestión alrededor del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva del Valle del río
Cimitarra, dirigido a su ejecución a través de fondos de la cooperación internacional. Este
proceso de gestión de recursos e implementación parcial del Plan de Desarrollo Sostenible,
estuvo acompañado de la exigencia del levantamiento de la suspensión sufrida entre 2003
y 2011. Igualmente el trabajo desarrollado por la ACVC y por CAHUCOPANA12, en el
caso de la ZRC del Valle del río Cimitarra, deja ver que la Zona puede ser objeto de un
enfoque más amplio que simplemente el de una figura de control de la extensión de la
propiedad rural, de ordenamiento territorial rural y ambiental –lo que contempla la Ley
160-, como lo es el ser garantía de la apropiación campesina del espacio, produciéndolo y
manteniéndolo a partir de sus relaciones sociales y de sus lecturas sobre el poder, llegando
a considerarse la propuesta en el Valle del Cimitarra como un territorio campesino, en los
planteamientos realizados por el investigador Bernardo Mançano 13.
12
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño. Organización
campesina defensora de derechos humanos que se suma a la lucha por la reserva campesina.
13
Ver Mançano (2009).
La ACVC ha desarrollado mediante la figura de la Zona de Reserva, una serie de apuestas
orientadas a garantizar la soberanía alimentaria de la comunidad, siendo así la producción
local, a pequeña escala, diversificada, ambientalmente sostenible, soportada en la mano de
obra familiar y campesina; y el consumo local de alimentos, los principales fines trazados a
la hora de distribuir y organizar el territorio comprendido en el Valle del río Cimitarra,
ejercicio que se ha presentado también en otras zonas de reserva, y que significa el control
de la agricultura y la alimentación por parte de los campesinos, implicando la gestión del
territorio, a partir de la garantía del derecho a la alimentación adecuada y la soberanía
alimentaria.
Es así como la Zona de Reserva Campesina, pasa de ser una forma de orientar y regular la
colonización –desde una lectura estrecha-, sino como propuesta contenida en la política
agraria en clave de soberanía alimentaria y reforma agraria, de organización territorial
rural, y ordenamiento ambiental (Méndez, 2011; España, 2001; Hurtado, 2000; Ordóñez,
2012). La Zona de Reserva del Cimitarra, es una propuesta territorial orientada por la
soberanía alimentaria. Pudiéndose concluir que la Soberanía Alimentaria es el eje de la
territorialidad rural alternativa a la territorialidad del capital.
2.2. Mercados Campesinos en la región central del país.
Mercados Campesinos es un proceso constituido en el 2004, por siete organizaciones
campesinas y comunales de la región central del país, del que participan por lo menos 4000
personas, de 70 municipios de cuatro departamentos (Boyacá, Cundinamarca, Tolima y
Meta), que se plantea “como una alternativa socio-económica que buscacontribuir en la
construcción de unapolítica de seguridad y soberaníaalimentaria para Bogotá, la región
central y el país en sutotalidad” (Ordóñez et al., 2011). El elemento central y distintivo del
proceso ha sido la comercialización de alimentos de origen campesino en términos de
justeza y paridad entre productor y comprador. Cada quince días, en 10 parques de Bogotá,
se desarrolla el ejercicio de compra-venta de alimentos. Pero este no es el único campo de
acción de MC, otra de sus líneas de trabajo lo constituye la incidencia política del
campesinado en las políticas agroalimentarias.
De hecho, el origen de MC, se encuentra en la incidencia política: cuando se formulaba en
el año 2004 la política de abastecimiento y seguridad alimentaria para Bogotá, se dejaba
por fuera a un actor fundamental del proceso agroalimentario, el campesino.
Las ventas, por tonelaje, de alimentos en un año, fácilmente han sobrepasado las 400
Toneladas, y han llegado a significar ganancias para el campesinado del orden de los 5 mil
millones de pesos. En cuanto a incidencia política este componente ha logrado la inserción
en la política pública municipal de por lo menos 50 acuerdos de apoyo a la economía
campesina. Así como la construcción de un permanente canal de diálogo con la
administración distrital.
Esta propuesta de comercialización alternativa de alimentos, soportada en campesinos, en
clave de justeza, de proximidad, con mínimos impactos ambientales, diversificada, que
propone la identificación del campesinado como sujeto central para el ejercicio del derecho
a la alimentación adecuada, tiene como vértice a la Soberanía Alimentaria y sin duda,
representa la experiencia más grande en América Latina de lo que se conocen como ferias
campesinas.
2.3. El proyecto alternativo de Ley de Desarrollo Rural y Reforma Agraria.
Las organizaciones campesinas vinculadas a la Mesa de Unidad Agraria, MUA, han
formulado una proyecto de Ley Alternativa de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, la cual
tiene como objetivo central la soberanía alimentaria, considerando el estado crítico en el
que se encuentra la alimentación en Colombia y la tendencia a empeorar a partir de la
implementación de los TLC y los demás componentes del modelo agroalimentario que se
esta imponiendo en el país. Esta propuesta esta siendo concertada con organizaciones
campesinas e indígenas y se enmarca dentro de las luchas internacionales por el
reconocimiento de los derechos de las campesinas y campesinos.
El proyecto de ley consta de XVIII títulos y 242 artículos, tiene 37 objetivos y su objeto
es establecer el marco normativo e institucional para el efectivo cumplimiento de
los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, cuyo precepto impone, como
deber del Estado, garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte
de las comunidades rurales, la priorización del Estado hacia la producción de
alimentos como única garantía del derecho de toda persona a una alimentación
adecuada y un ejercicio pleno del poder soberano del pueblo; estableciendo las
bases para un desarrollo rural, armónico, sustentable y sostenible entre la población
y el medio rural, procurando de manera progresiva el mejoramiento de la calidad de
vida y el desarrollo integral de los hombres y mujeres del sector, y la equidad social,
en el marco de una justa redistribución de la tierra y una adecuada distribución por
los recursos del territorio, basados en una planificación estratégica y democrática,
participativa, con plena observancia y respeto por la dignidad humana, la
conservación de la biodiversidad y protección ambiental (Art. 1. Proyecto de Ley
Alternativa).
Importante que el proyecto de Ley además de tener como objetivo central la soberanía
alimentaria, presenta una definición de ésta, presentándola como:
el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de
producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la
alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana protección,
respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros
e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los
espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental (Art. 8.
Proyecto de Ley Alternativa)
Esta iniciativa legislativa se presenta como novedosa, en el entendido de que son los
campesinos quienes se han pensado la política agraria y han generado una propuesta propia,
soportada y centrada en la soberanía alimentaria, con una construcción discursiva de la
misma, que incluye el entendimiento de la soberanía alimentaria como principio que
permite la gestión del espacio rural. Esta iniciativa goza del respaldo de 22 organizaciones
y 6 plataformas campesinas. Sin duda, un hito en las luchas agrarias colombianas.
Como se observa, estas diferentes iniciativas adelantadas por el campesinado en Colombia
tienen como centralidad la Soberanía Alimentaria, la cual como agenda política campesina
ha venido desarrollándose conceptualmente y direccionando el accionar del movimiento
social rural en el país, lo que se traduce en un quehacer mucho más elaborado y cualificado
de las organizaciones.
CONCLUSIONES
El problema agrario en Colombia tiene un fuerte componente relacionado con el acceso,
tenencia y uso de la tierra, y lo que ha sido la concentración de ésta, la no distribución
equitativa de la misma, representa la exclusión social y política del campesinado. Lo
anterior se evidencia como un problema estructural del país.
No obstante lo anterior, el campesinado ha desarrollado un fuerte proceso de movilización
y reivindicación a lo largo de la historia del siglo XX, en cada momento orientado a la
solución de demandas específicas. En el periodo reciente las luchas han estado
direccionadas por el paradigma de la soberanía alimentaria, el derrotero más importante de
las iniciativas rurales actuales.
Las propuestas campesinas tienen no sólo tienen en común el estar orientadas por la
soberanía alimentaria, sino que se piensan como apuestas parte de un modelo alternativo de
economía (en clave de otra economía) diferenciado de las lógicas de acumulación y
reproducción de capital. Además las experiencias evidenciadas son complementarias e
interrelacionadas. Se proponen desde la agenda política que significa la soberanía
alimentaria otra forma de producción y consumo de alimentos, así como un modelo distinto
de comercialización y de sistema agroalimentario, que tiene como soporte central el
campesinado y el consumidor, los dos eslabones más fuertes y esenciales del Sistema.
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