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XIV International Economic History Congress (Helsinki, Finland, 21 to 25 August 2006)
Session 55: The modernization of tax systems in Latin America and the Iberian
Peninsula: a comparative perspective
Jorge SABORIDO
(Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional de La Pampa, Argentina)
[email protected]
Ponencia
UNA ELITE ASEDIADA. LOS PROPIETARIOS ANTE EL INTENTO DE
SANCIONAR UN IMPUESTO A LA RENTA NORMAL POTENCIAL DE LA
TIERRA (1967–1969).
RESUMEN:
La República Argentina es un país que, prácticamente desde la construcción de su aparato
de estado, se ha caracterizado por la regresividad de su sistema impositivo. Esta situación,
soportable durante el período de prosperidad que se extiende desde fines del siglo XIX
hasta 1930, cuando los impuestos al comercio exterior eran suficientes para la provisión de
servicios por parte del gobierno. Esto se transformó en un problema cuando “el granero del
mundo” comenzó a experimentar dificultades en su patrón de crecimiento. Sin embargo, los
propietarios de la tierra, sector dominante, lograron mantener una posición de privilegio en
el ámbito fiscal. El texto ilustra una situación puntual, el intento del gobierno de Juan
Carlos Onganía (1966-70) de implantar un impuesto a la renta potencial de la tierra, y
aspira a mostrar las estrategias desarrolladas por los propietarios para neutralizar el
proyecto oficial y mantener el sistema fiscal sin modificaciones.
1
Paper
A BESIEGED ELITE. LANDOWNERS BEFORE THE GOVERNMENTAL ATTEMPT
TO TAX THE POTENTIAL RENT OF THE LAND (1967-1969)
ABSTRACT:
The Argentinean Republic is a country which, since the construction of the state apparatus,
has been characterized by a regressive tax system. Such a situation was tolerable during the
prosperous period, from the end of the XIXth century up to 1930, when taxes to foreign
trade were enough for the state to provide public services. This reality became a problem
when “The Breadbasket of the World”, began to suffer problems in its economic model of
growing. In consequence, government needed more resources through the tax system; it
seemed necessary to introduce changes in the tax system. However, landowners, the
dominant social sector, were able to keep their privilege position. The paper illustrates a
particular moment, the attempt of Juan Carlos Onganía government to implement a tax over
the potential rent of the land. In addition, it tries to show the strategies developed by
landowners to counteract the official project and keep the regressive tax system.
2
Presentación
Los temas fiscales no han sido objeto de atención significativa por parte de los
estudiosos de la historia económica argentina del siglo XX. Las referencias vinculadas con
estas cuestiones ocupan muy poco espacio en las obras de conjunto, e incluso el abordaje de
la historia reciente, en la que los desequilibrios presupuestarios constituyeron uno de los
factores importantes de la crisis, ha sido preferentemente realizado desde la crítica –
orientada por un sesgo ideológico que es muy difícil disimular- al abusivo e ineficiente
gasto público, que en general se ha acreedor a la misma con creces. Se cita entonces, sólo
de pasada y sin ahondar en el análisis, el tema de la baja presión fiscal y su injusta
distribución entre los diferentes sectores de la sociedad. Al respecto, podemos encontrar
expresiones como las de Roberto Cortés Conde, uno de los más importantes estudiosos de
la historia económica argentina, quién refiriéndose a las características del sistema fiscal
implantado en las últimas décadas del siglo XIX, basado en un impuesto indirecto, los
gravámenes a las importaciones, sostiene que si bien el mismo era un mecanismo regresivo,
dado que se centraba en el consumo, hubo “un pacto fiscal entre el gobierno y los
contribuyentes y un amplio consenso sobre las cargas fiscales, que permitió la
gobernabilidad de la sociedad...”1.
El hecho de que en esos años el régimen no se modificara creemos que no autoriza a
afirmar que hubo un pacto fiscal; se trató de una situación de hecho en la que la prosperidad
ocultaba una situación de injusticia.
Resulta evidente que la existencia de grupos económicos que han concentrado en
sus manos un desmesurado poder que va más allá de lo estrictamente económico, tuvo un
peso determinante a la hora de frenar cualquier iniciativa destinada a modificar la estructura
del sistema fiscal. Sin embargo, constituye una realidad más difícil de explicar que los
estudios referentes al pasado descuiden este tema, directamente relacionado con el ejercicio
del poder y la manera de orientarlo en beneficio propio.
Con la idea de contribuir mínimamente a cubrir esa ausencia es que presento este
texto, cuyo único objetivo es mostrar las reacciones que generó en la República Argentina –
y aun genera, cuando la situación lo requiere- cualquier intento de encarar algún tipo de
1
Roberto Cortés Conde, Progreso y declinación de la economía argentina. Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 1998, p.22.
3
transformación del sistema fiscal, por modesto que sea. Para realizarlo he utilizado como
fuente principal, pero no exclusiva, el mensuario Anales, editado desde 1916 por la
Sociedad Rural Argentina, institución que nuclea a los más importantes propietarios de
tierras.
Una dictadura autoritaria y modernizadora.
La dictadura del general Juan Carlos Onganía, instalada a partir del golpe de estado
consumado el 29 de junio de 1966, se caracterizó por la coexistencia de un autoritarismo
político vinculado con corrientes nacionalistas de fuerte presencia en los medios castrenses,
junto a un proyecto de modernización económica encarnado en la figura de Adalbert
Krieger Vasena, ministro de Economía entre 1967 y 1969 2.
La política implementada por Krieger representaba en medida no insignificante una
continuidad respecto del desarrollismo puesto en práctica durante el gobierno de Arturo
Frondizi3. Sus propuestas estaban muy lejos del liberalismo que se le ha atribuido, y del que
hizo gala el mismo ministro en su prédica posterior.
No es el objetivo de esta ponencia estudiar aspectos concretos de la gestión del
ministro de Onganía, sino que nos referiremos a un episodio muy menor, que ni siquiera
dio por resultado medidas concretas pero que, en nuestra opinión, permite analizar algunas
cuestiones significativas vinculadas con la problemática fiscal de la Argentina. Se trata de
la propuesta, anunciada pero nunca concretada, de establecer un impuesto a la renta normal
potencial de la tierra.
El ascenso al poder de
Onganía, como en general ocurrió con los gobiernos
militares que se instalaron en el país desde 1930 –con la excepción del surgido del golpe
del 4 de junio de 1943- contó con el apoyo de los sectores conservadores. Se puede decir
más: es conocida la tesis que sostiene que las fuerzas armadas con su intervención,
afectando el funcionamiento del sistema democrático, cumplieron a falta de un partido
2
Un panorama del gobierno de Onganía puede encontrarse en Alain Rouquie, Poder militar y sociedad civil
en la Argentina. 2 vols. Buenos Aires, Emecé, 1984. Un abordaje ejemplar del tema es el del politólogo
Guillermo O’Donnell, El Estado Burocrático Autoritario Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982.
Respecto de la presencia de sectores del nacionalismo en el gobierno puede consultares el reciente libro de
Luis Beraza, Nacionalistas. Buenos Aires, Cántaro, 2005.
3
Creemos que esta cuestión no ha sido suficientemente destacada por los especialistas, y la causa nos parece
que reside en la condena generalizada, y por demás justa, que merecen todos los otros aspectos de la gestión
de Onganía.
4
conservador fuerte en condiciones de obtener triunfos electorales, el rol de custodios de los
intereses de las clases tradicionalmente dominantes.
En el caso particular de la “Revolución Argentina” –así se autodenominó el régimen
encabezado por Onganía- ésta contó para su concreción con el apoyo de amplios sectores
de la sociedad civil.
La tarea de desprestigiar el gobierno radical de Arturo Humberto Illía había corrido
por cuenta de parte de la prensa –tema muy conocido- pero también de las organizaciones
corporativas vinculadas a los sectores agrarios más acaudalados, como la Sociedad Rural
Argentina, que se sumaron a las campañas que acusaban a Illía y su gente de “inacción”,
“falta de ejecutividad”, etc,
contribuyendo así a crear el clima que condujo a su
derrocamiento.
De esta manera, cuando se concreta el golpe, la SRA lo saluda con inocultable
beneplácito. El entonces presidente de la institución, Faustino Fano, inauguraba la XXIII
Exposición Internacional de Ganadería el 13 de julio anunciando que “si en todos ha
renacido la esperanza tras la desgracia de vivir años de frustración y estancamiento”, ahora
es preciso que “obremos con fortaleza, sin debilidades. Echemos por la borda el desaliento
que nos poseyó...”4
Todavía un año más tarde, el 20 de julio de 1967, con motivo de la inauguración de
la 81° Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura e Industria del año siguiente, el
discurso del flamante presidente de la SRA, José María Lartirigoyen, destacaba que
“Por suerte para el país, para su recuperación y su futuro progreso, la actividad
privada se desenvuelve en un clima de orden, de libertad de iniciativa y de ley
respetada. Estas nuevas (El subrayado es mío. J.S.) condiciones que hoy
imperan...”5
Pero la situación ya no era la misma: a principios de 1967, luego de una corta
presencia al frente de la cartera de Economía de Jorge Néstor Salimei, un empresario de
raíces ideológicas social-cristianas, el nuevo ministro, Krieger Vasena inició su gestión
poniendo en marcha un plan de estabilización entre cuyos puntos principales se incluía una
fuerte devaluación que, si bien compensada por la implantación de retenciones a la
4
Anales de la Sociedad Rural Argentina. N°11-12. C, noviembre-diciembre 1966.
Anales...,. N°9. CI, septiembre 1967. Discurso pronunciado por el presidente de la Sociedad Rural
Argentina.
5
5
exportación para moderar su impacto inflacionario 6, seguía la línea tradicional de las
gestiones militares en cuanto a favorecer la posición de los sectores exportadores. Sin
embargo, la propuesta modernizadora de Krieger Vasena iba más lejos: desde mediados de
1967 comenzó a trascender en la prensa que en dependencias del ministerio de Economía se
estaba estudiando la posibilidad de aplicar un impuesto a la renta potencial de la tierra.
Por lo tanto, en el discurso citado, Lartirigoyen, luego de llamar la atención sobre el
“sacrificio” que representaba para el campo el monto de las retenciones a la exportación,
advertía que “nos preocupa el hecho de que en ciertos sectores oficiales se tomen
posiciones que indicarían la voluntad de instaurar de nuevo antiguos sistemas que podrían
crear grave depresión en el ánimo empresario” 7.
La propuesta del gobierno no constituía una novedad: ya durante el gobierno de Illia
el Secretario de Agricultura y Ganadería, Walter Kugler, se había referido en varias
ocasiones a la necesidad de gravar la renta potencial del suelo y dispuso la publicación de
algunos folletos, en su mayoría redactados por el conocido especialista en finanzas Dino
Jarach8, considerado el principal impulsor de este impuesto en la República Argentina. En
ese momento, algunas asociaciones de productores y medios de prensa como La Nación
hicieron oír su protesta llegando a definir el impuesto como “socialismo tributario”9, pero
era evidente que la debilidad creciente del gobierno radical le impidió disponer de fuerza
política para avanzar en una materia tan delicada.
Un impuesto controvertido.
Los cuestionamientos a la existencia de una estructura de la propiedad basada en el
latifundio no constituían una novedad en la Argentina. Las características que tuvo la
6
En la República Argentina, una devaluación no compensada tiene efectos instantáneos sobre los precios y
sobre la situación de los sectores asalariados, en la medida en que encarece el valor de los alimentos, base
principal de las exportaciones del país y, por supuesto, componente básico de la canasta familiar de los
trabajadores.
7
Anales. N°9..., cit.
8
Dino Jarach (1915-1996) fue uno de los más destacados expertos en finanzas públicas de la República
Argentina. Nacido en Italia, se doctoró en Jurisprudencia en la Universidad de Turín en 1935. Llegó al país en
1941 contratado por la Universidad de Córdoba y a partir de ese momento desarrolló una intensa vida
académica y pública, publicando además una serie de libros que se constituyeron en elementos de consulta
obligada para los estudiosos del tema. Entre ellos destaca sin duda, “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”,
manual que todavía se sigue reeditando. Las publicaciones a las que se hace referencia son: D.Jarach, Bases
para un sistema de imposición de las explotaciones agropecuarias según su renta normal potencial,
Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, Buenos Aires, 1963, y Anteproyecto de ley de reforma de
los impuestos a la explotaciones agropecuarias. Ibidem, 1964.
9
Por ejemplo, La Nación, 16 de junio de 1965. Editorial: Ante un nuevo proyecto.
6
ocupación de la tierra y el uso productivo que se le dio a partir de la inserción del país en la
llamada “división internacional del trabajo” condujeron a que en la mayor parte de la
extensión de la Pampa húmeda se conformara un patrón de tenencia de la tierra dominado
por la gran propiedad, que como lógica consecuencia aseguró el predominio económico y
social de una clase, la “burguesía terrateniente”.
Estudios recientes10 tienden a mostrar que hasta la primera década del siglo XX,
momento en que se produjo la mayor afluencia de inmigrantes, la gran disponibilidad de
tierra conducía a que los conflictos entre los dueños de la tierra y quienes carecían de ella
no alcanzaran dimensiones significativas, de la misma manera que la relativa escasez de
mano de obra aseguraba altos niveles de salarios. Esta situación se modificó radicalmente
con la llegada masiva de mano de obra extranjera, deseosa de “hacer la América” en el Río
de la Plata: la nueva realidad del mercado marcó la existencia de una disponibilidad
limitada de tierra para venta o, mucho más frecuentemente, para arrendamiento, y además
brazos en abundancia para trabajar.
En esas condiciones se generalizaron los cuestionamientos a los propietarios, que
comenzaron a ser acusados de “rentistas parasitarios”, y de conformar una oligarquía
interesada exclusivamente en consolidar su poder económico a expensas del resto de la
sociedad. Se fue así creando progresivamente un escenario en el que la burguesía
terrateniente se convirtió, a los ojos de analistas –no exclusivamente enrolados en posturas
radicales- y de amplios sectores de la sociedad, en la principal responsable de los
problemas económicos experimentados por el país.
Estos cuestionamientos se agravaron a partir de la crisis de la década de 1930: a
medida que se iba desplegando el proceso de sustitución de importaciones quedaba cada
vez más claro para muchos críticos que los dueños de la tierra no mostraban dinamismo
para mejorar sus tierras e incrementar la capacidad productiva de las mismas,
contribuyendo a incrementar el aporte de divisas a través del incremento de las
exportaciones de productos agrarios. Si a esto sumamos el hecho de que se atribuía a los
grandes propietarios un gran poder político –visible en la tramitación del llamado “pacto
Roca-Runciman” firmado en 1933 con el gobierno británico- la situación los colocaba en
10
R. Hora, Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política 1860-1945. Buenos Aries,
Siglo XXI, 2002; Una síntesis de este texto es Ibidem, La burguesía terrateniente. Buenos Aires, Capital
Intelectual, 2005.
7
primera línea a la hora de buscar responsables de los problemas experimentados por la
República Argentina. En este sentido, la imagen del “oligarca”, el gran enemigo del
peronismo, fue sin duda la del propietario latifundista –en general absentista-, socio de la
Sociedad Rural Argentina, residente en el aristocrático Barrio Norte de la ciudad de Buenos
Aires. Las ideas de los economistas de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), mucho más elaboradas, por supuesto, iban en la misma dirección, impulsando en
los trabajos realizados desde la década de 1950 una reforma agraria destinada a mejorar la
productividad del sector11.
Por lo tanto, puede concluirse que existía desde hacía mucho tiempo una extendida
opinión respecto de la ineficiencia de los grandes propietarios, creando el clima para que se
impulsara la idea de una reforma agraria que acabara con su poder económico, o por lo
menos que se implementaran medidas destinadas a disminuirlo.
Es en este contexto que surge la idea de implantar un impuesto a la renta potencial o
presunta de la tierra. La pregunta que surge es por qué durante un gobierno como el de
Onganía, con un hombre del establishment al frente de la cartera de Economía, podía
impulsarse una medida de este tipo.
La respuesta debe apuntar, sin duda, al hecho de que en la Argentina se estaban
iniciando transformaciones importantes en los sectores productivos, con fuerte incidencia,
por supuesto, sobre las estructuras de poder. Los estudios realizados sobre el denominado
“nuevo poder económico”12, si bien centrados en lo ocurrido durante la dictadura militar
que se instala en el país en1976, ubica algunos de los orígenes de esa realidad en la década
de 1960. En esta línea, el proyecto de Krieger sería el emergente de una situación en la que
grandes empresas transnacionales, grupos económicos locales y las principales empresas
del Estado se constituirían en los conductores y beneficiarios de la nueva orientación; una
tecnocracia “eficientista” conformaría, a su vez, la cabeza visible de esta “cruzada
modernizadora”. En este proyecto no había cabida para los grandes propietarios de tierras,
11
Una resumen del pensamiento de la CEPAL se encuentra en Octavio Rodríguez, La teoría del
subdesarrollo de la CEPAL. México, Siglo XXI, 1985.
12
La obra pionera sobre el tema es D.Azpiazu, M.Khavisse y E.Basualdo, El Nuevo Poder Económico en la
Argentina de los años 80. Buenos Aires, Legasa, 1986.
8
que sólo muy ocasionalmente iban a los cascos de sus estancias.
El proyecto y las reacciones
El impuesto a la renta normal potencial de la tierra puede ser definido como la
imposición que se establece a partir de la determinación objetiva de las posibilidades
productivas del terreno, lo que se concreta haciendo uso de un conjunto de datos: límites,
extensión, caracteres orográficos e hidrográficos, calidad de la tierra, distancia de
carreteras, puertos u otros lugares de la salida de los productos, producción anual según
estadísticas, precios promedio de dicha producción, promedio de gastos de la explotación,
etc. Como afirma Jarach, a quien seguimos en esta explicación, “todos estos datos, cuyo
relevamiento se registra en el catastro, pueden desembocar en la estimación de la renta
potencial de la tierra o en el valor fiscal de la propiedad inmueble” 13. Por lo tanto, es
preciso preguntarse por qué razón, como veremos seguidamente, la posibilidad de
implantar un impuesto de este tipo levantaba tanta polvareda. El mismo Jarach, con un
lenguaje técnico pero que deja las cosas bien claras, nos da la respuesta: “diferente es el
caso si los valores fiscales de las tierras se estiman sobre la base de otros elementos de
juicio, tales como el valor de venta de fracciones de tierras de la misma zona y de análogas
características...Estos valores pueden diferir en mucho de los obtenidos según el método
catastral y además los valores así determinados pueden no ajustarse en manera alguna a la
realidad por razones de evasión fiscal”14.
Al producirse entonces un desfase entre el valor de la tierra determinado por un
análisis objetivo de sus posibilidades productivas y el valor establecido en una valuación
fiscal realizada sobre otras bases, emergen de manera transparente las razones por las
cuales el impuesto es objeto de cuestionamiento: al calcularse sobre la renta normal
potencial, se puede transformar en un pesado gravamen sobre los ingresos de aquellos
productores que obtengan de sus tierras una renta menor.
Los orígenes de este impuesto, más allá de algunas filiaciones con el concepto de
renta diferencial de la tierra de David Ricardo y sobre todo con las ideas del georgismo
13
14
D. Jarach, Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Buenos Aires, Editorial Cangallo, 1988, p.488-89.
Ibidem, p.489.
9
respecto de la implantación de un impuesto único a la tierra 15, parecen encontrarse en los
primeros años de la segunda posguerra en Italia, a partir de la existencia de problemas
técnicos más elementales: la necesidad de establecer criterios tributarios comunes entre la
masa de pequeños propietarios a la hora de realizar su declaración de impuestos16.
Sin embargo, está claro el efecto perturbador que podía generar un impuesto con
estas características, y el mismo, por supuesto, no escapó al entendimiento de las
agrupaciones de propietarios del campo. No es casual entonces que las primeras reacciones
ante los comentarios respecto de los estudios que se estaban realizando sobre la
implantación de este impuesto provinieran de la Sociedad Rural Argentina.
Me voy a referir especialmente en este punto a un análisis realizado con todo el
ropaje de un estudio académico, publicado en Anales, en el número correspondiente a mayo
de 1967. Su título era “El Impuesto a la Renta Potencial de la Tierra”, y estaba firmado por
Víctor Luis Funes, un caracterizado socio de la SRA, de significativa presencia social17.
La base del extenso trabajo consistía en sostener:
1) que la tierra ha perdido la importancia que tenía en otros tiempos, por lo que
“Hoy, en el sector primario, las inversiones de capital por unidad de producto se
aproximan a las que requiere el sector industrial y aquellos agentes de producción
que antes influían poco en el resultado de la empresa rural o no podían aplicarse por
la ley del rendimiento decreciente, constituyen lo que el doctor Angélico llamaba
causa eficiente”18.
2) La rentabilidad de la empresa rural es por demás escasa, hasta el punto que en muchos
casos “es harto frecuente que muchísimas empresas no hayan tenido ninguna renta, e,
incluso, soporten quebrantos que no tienen más remedio que trasladar a los ejercicios
futuros, a la espera del año que los recompense” 19.
3) El gravamen propuesto afecta el derecho de propiedad y “constituye un verdadero
despojo legal (en cursiva en el original J.S.), una ´reforma agraria´ disimulada, sin
15
Las principales obras del estadounidense Henry George (1839-1897) son: Progreso y Miseria (1879), La
Cuestión de la Tierra (1881), y El problema del trabajo (1891). Una valoración actual de su obra se encuentra
en J.L.Ramos Gorostiza, Henry George y el Georgismo. Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad de Málaga, 2000.
16
Debo esta información a Alejandro Peyrou
17
Anales, Nº5, Año CI, mayo 1967.
18
Ibidem, p.13.
19
Ibidem.
10
indemnizaciones –ni siquiera bonos- ni resistencias” 20. Y va aun más lejos, bajo la
apariencia de un subsidio para el mejoramiento social, “el single tax que se proyecta es una
confiscación disimulada de parte del valor de la tierra por parte del Estado”21.
Como se puede observar, en ninguna parte del texto se aborda el núcleo de cuestión,
esto es, la subutilización de vasta extensiones de tierra por parte de los grandes propietarios.
Las referencias a la escasa rentabilidad, y otras en las que se llama la atención sobre la
situación de los pequeños y medianos propietarios, contribuía a ocultar el tema
involucrando como afectados por el impuesto que se proyectaba implantar al sector
propietario en su conjunto, sin tener en cuenta el hecho de que para numerosos propietarios,
los que desarrollaban su actividad en forma eficiente, la novedad no iba a tener efectos
perjudiciales.
Es importante destacar que una de las consecuencias negativas a las que hace
referencia Funes en su trabajo es “una caída artificial de los precios en el mercado de
tierras” 22, justamente uno de los objetivos de quienes defendían la aplicación de este
gravamen:
“El impuesto a la renta normal potencial de la tierra tiene el efecto de aumentar la
oferta de tierras en el mercado, abaratando su precio y abriendo así el acceso a la
propiedad de nuevos adquirentes con mayores perspectivas de utilización racional
de la tierra”23.
Ésta era justamente la cuestión que más perturbaba a los grandes propietarios, en
tanto ponía en peligro las bases económicas de su hegemonía en la sociedad.
Alrededor de un año y medio más tarde, la concreción de la iniciativa del gobierno
bajo la forma de un gravamen al patrimonio rural, generó un nuevo artículo con la firma de
Víctor Luis Funes, titulado “Impuesto, Producción y Eficiencia” 24. En el mismo insiste en
los mismos argumentos ya esgrimidos en el trabajo antes citado, aunque utilizando en
20
Ibidem.
Ibidem, p.14.
22
Ibidem, p.13.
23
D.Jarach, Finanzas Públicas...,op.cit., p.490.
24
Anales. N°5, CIII, mayo 1969.
21
11
algunos casos expresiones más fuertes del tipo de: “el gravamen en cuestión es un
expediente socializante, cuyos objetivos son exclusivamente políticos” 25.
A su vez, las críticas formuladas por las instituciones agrarias en sus expresiones
públicas apuntaban fundamentalmente en otra dirección, y la coincidencia entre los
pronunciamientos de la Sociedad Rural Argentina y de Confederaciones Rurales Argentinas
no parece casual. En documentos dados a conocer simultáneamente en noviembre de 1968,
momento en que recrudecieron los comentarios respecto de la posibilidad de aplicar el
impuesto, sus posiciones y argumentos se expresaron de manera que no deja lugar a dudas
o a interpretaciones erróneas.
La Sociedad Rural Argentina, luego de destacar la voluntad del campo “de sumarse
al proceso de transformación y modernización del país26, destacaba que no puede exigírsele
al propietario “un sacrificio mayor para satisfacer las necesidades del presupuesto cuyo
equilibrio es posible lograr sin recurrir a la creación de nuevos impuestos”27. Por tanto,
como al país le es imprescindible el desarrollo de la producción agropecuaria, “destruirla
con nuevos gravámenes afectaría seriamente la economía nacional” 28.
Confederaciones Rurales Argentinas, por su parte, también afirmaba que era objeto
de preocupación la existencia de “iniciativas oficiales que tenderían a resolver los
problemas de presupuesto en el orden nacional y provincial mediante la imposición de un
gravamen a la tierra o a su renta normal presunta o potencial” 29. Sin embargo, agregaba
otro argumento significativo: “el sector oficial se equivoca gravemente cuando piensa que
existe en el ámbito rural una capacidad contributiva que no está proporcionalmente
gravada...”30. Toda reforma fiscal, sostienen, debía “inspirarse en el principio de una
equitativa distribución de las cargas impositivas”31.
Por supuesto, ninguna de estas asociaciones podía olvidar un tema crucial: las
retenciones a las exportaciones impuestas por el plan de Krieger Vasena que, como se ha
comentado, buscaban contrarrestar la importante devaluación realizada como parte de su
25
Ibidem, p.7.
La Nación, 9 de noviembre de 1968. Preocupa un probable impuesto a la tierra.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
26
12
estrategia. Como queda absolutamente claro, todas las medidas que favorecían al sector
agropecuario eran consideradas por sus integrantes como decisiones justas con
independencia del impacto que produjeran en el resto de la economía, mientras que la sola
amenaza de un impuesto que pudiera desnudar su falta de productividad generaba airadas
reacciones.
Comentarios.
Como es sabido, acontecimientos sociales de extrema trascendencia condujeron a la
crisis y al derrocamiento del gobierno de Onganía: el “Cordobazo” de mayo de 1969 fue el
principio del fin. Una de sus consecuencias fue el relevamiento del cargo de Krieger
Vasena y a partir de allí la ambiciosa propuesta autoritaria de la “Revolución Argentina”,
destinada a disciplinar a la sociedad argentina y a hacer más eficiente su economía fue
perdiendo aire; sin embargo, la idea quedó flotando en esferas gubernamentales, ahora bajo
la forma de un impuesto a la renta media de la tierra32, generando nuevas reacciones en la
SRA. Todavía en octubre de 1969 el nuevo presidente, Luis J. Firpo Miró al inaugurar la
Exposición de la Sociedad Rural de Saladillo, afirmó rotundamente en su discurso que
“...el impuesto a la renta real media , tenemos todo el derecho a pensar que se trata
de un paso previo, por la filosofía que encierra, a la expropiación fría, es decir, un
ataque a la propiedad privada y a la libre iniciativa individual, fuertes pilares en los
que se apoya nuestra civilización cristiana y democrática” 33.
Con el derrumbe de la Revolución Argentina, el proyecto quedó sin efecto. Sin
embargo, la idea quedó en el aire: cuando se produjo el triunfo del Frente Justicialista de
Liberación en 1973. El presidente Héctor José Cámpora hizo referencia a la implantación
de ese impuesto en el discurso que inauguraba su gestión, y el Plan Trienal elaborado por
los vencedores en la contienda electoral lo incluía en su apartado de política agraria. Como
bien han sostenido quienes salen al paso de las acusaciones de “setentismo”que se le
formulan al gobierno de Néstor Kirchner desde sectores de derecha, una propuesta que en
ese momento fue considerada moderada, difícilmente asumible por quienes –la izquierda
32
La diferencia entre el impuesto a la renta normal potencial de la tierra y el impuesto a la renta media reside
en el que el primero se gravan rentas teóricas y en el segundo niveles medios reales, determinados antes de los
resultados finales.
33
Anales. N°10, CIII, octubre 1969.
13
peronista- querían llegar mucho más lejos en sus objetivos, no tiene correlación alguna con
las propuestas de quienes en la actualidad se encuentran al frente del Poder Ejecutivo.
A modo de cierre, creo que si el modesto y limitado estudio que he realizado tiene
alguna utilidad, ésta reside en llamar la atención sobre un tema muchas veces abordado: las
dificultades que existen en la República Argentina para realizar una reforma
fiscal
modernizadora. Un trabajo periodístico de divulgación más que reciente34 ilustra respecto
de la baja presión impositiva –comparada con Europa y Estados Unidos, pero también con
Brasil- y de la regresividad del sistema fiscal argentino: el desmedido peso de los impuestos
indirectos y la notable evasión constituyen factores que hacen de nuestro país uno de los
más atrasados en este terreno. Además son bien conocidas las frecuentes alusiones al tema
del conocido tributarista italiano Vito Tanzi, en su momento funcionario del Fondo
Monetario Internacional y hombre muy poco sospechoso de progresismo, quien enfatiza
que los ciudadanos argentinos reclaman un estado de perfil “europeo” con un sistema fiscal
y una evasión de perfil “africano”.
Sin embargo, puede verificarse casi de manera cotidiana el rechazo de los sectores
más beneficiados por esta situación a cualquier modificación que los afecte en esta realidad
en la que están posicionados de manera privilegiada. Los medios de prensa afines a estos
sectores se encargan de manera sistemática de ocultar la realidad aprovechando para su
beneficio la natural resistencia del ciudadano medio a pagar impuestos. La idea, de estricta
justicia, de que el aparato impositivo debe recaudar la mayor parte de sus recursos de
gravámenes establecidos en proporción a las rentas, tal como se lleva a cabo en los países
desarrollados, se desdibuja frente a los reclamos que se le formulan a un Estado “voraz”,
que además no cumple eficientemente con su cometido.
34
Clarín, 9 de octubre de 2005. Impuestos: el sistema que todos critican pero que nadie cambia.
14