Download ¿Se está convirtiendo en un estado monopartidista?

 La República
Dominicana
¿Se está convirtiendo en un estado monopartidista?
AUTOR
Carl Meacham
Un informe del Programa Américas del CSIS
NOVIEMBRE DE 2013
La República Dominicana
¿Se está convirtiendo en un estado monopartidista?
Autor
Carl Meacham
Un informe del Programa Américas del CSIS
Noviembre de 2013
ROWMAN & LITTLEFIELD
Lanham • Boulder • Nueva York • Toronto • Plymouth, GB
Sobre el CSIS—en su 50º aniversario
Por 50 años el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS en inglés) ha
desarrollado soluciones a los retos políticos más grandes del mundo. A medida que
celebramos este hito, los investigadores del CEEI están desarrollando una percepción
estratégica y soluciones de política bipartidistas para ayudar a los ejecutivos a delinear un
curso hacia un mundo mejor.
El CSIS es una organización sin fines de lucro con oficinas en Washington, DC. El Centro,
con un personal de 220 personas trabajando a tiempo completo y una extensa red de
investigadores afiliados conducen sus investigaciones y análisis y desarrollan iniciativas
políticas que miran hacia el futuro y anticipan el cambio.
Fundado en el punto más álgido de la Guerra Fría por David M. Abshire y por el Almirante
Arleigh Burke, el CSIS fue dedicado a encontrar maneras de sostener la prominencia y
prosperidad americanas como fuerzas para el bien en el mundo. Desde 1962 el CSIS se ha
convertido en una de las instituciones internacionales más preeminentes, enfocado en la
defensa y la seguridad, estabilidad regional, y retos transnacionales que van desde la
energía y el clima hasta la salud global y la integración económica.
El ex senador de los EE.UU. Sam Nunn ha sido el presidente de la Junta de consejeros del
CSIS desde 1999. El ex subsecretario de defensa de los EE.UU., John J. Hamre se convirtió
en presidente y oficial ejecutivo en jefe del centro en abril de 2000.
El CSIS no toma posiciones políticas específicas; en consecuencia, todas las opiniones
expresadas aquí deben ser comprendidas solamente como las del (los) autor(es).
© 2013 por el Center for Strategic and International Studies. Todos los derechos
reservados.
Center for Strategic and International Studies
1616 Rhode Island Avenue, NW
Washington, DC 20036
202-887-0200 | www.csis.org
Rowman & Littlefield
4501 Forbes Boulevard
Lanham, MD 20706
301-459-3366 | www.rowman.com
Contenido
Reconocimientos
IV
Sumario ejecutivo
V
La República Dominicana: ¿Se está convirtiendo en un estado monopartidista? 1
Trasfondo
1
Estado de la ley, autoridad judicial y partidos políticos
en la República Dominicana
2
La corrupción y sus efectos
5
Los retos encarados por la relación dominico-americana
Predicciones y conclusiones
Apéndice: Lista de reuniones
Sobre el autor
12
11
10
8
Reconocimientos
El autor quisiera agradecer a la asistente de personal de Programa Américas,
Jillian Rafferty, por su ayuda en preparar el borrador inicial del informe. La
Sra. Rafferty y el coordinador del programa, Michael Graybeal, también
proveyeron valiosa ayuda investigativa y logística a través del proyecto, y
ayudaron a manejar el viaje de investigación a Santo Domingo. La asistente de
personal Michelle Sinclair proveyó asistencia en manejar la agenda para el viaje
de investigación. Finalmente, el autor quisiera reconocer la ayuda de James
Dunton, director de publicaciones del CSIS, y de Alison Bours, director creativo
del CSIS, por guiar la preparación final del informe.
Sumario Ejecutivo
Introducción: El proyecto
Este informe es la culminación de un esfuerzo de seis meses para evaluar el
estado de la ley, la corrupción y la independencia judicial en la República
Dominicana. Los partidos de oposición del país han lanzado abundantes
acusaciones sobre la dominación cuestionable del partido en el poder, y existen
preocupaciones internacionales cada vez mayores sobre el estado de la
democracia dominicana. Por lo tanto, un equipo del Programa Américas del
CEEI viajó a la República Dominicana, para encontrarse con depositarios y
practicantes de todos los trasfondos—el gobierno, la oposición, el partido en el
poder, la sociedad civil, el sector privado, miembros corrientes y anteriores del
poder judicial, y los medios de comunicación—para evaluar la situación.
Hallazgos: Sobre el terreno en la República Dominicana
El partido político en el poder, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
ahora mismo controla el poder ejecutivo y tiene una mayoría tanto en el
Congreso como en el Consejo Nacional de la Magistratura, el cuerpo que designa
a los jueces y fiscales del país. La fe de la población en el sistema judicial se está
erosionando gradualmente, a medida que los alegatos de influencia ejecutiva
sobre el poder judicial se hacen cada vez más numerosos—y mejor
documentados. Con un poder judicial visto como fuertemente influenciado por
el PLD, una cultura de impunidad ha echado raíces en esta isla del Caribe, a
medida que más y más ciudadanos recurren a medios extrajudiciales para
resolver disputas y manejar conflictos. El Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), la principal oposición del PLD, todavía no se ha reunificado, luego de
que un pacto político del 2009 entre los líderes del PRD y el PLD dividiera al
partido y lo dejara incapaz de presentar una plataforma coherente en oposición
al PLD.1
____________________________
Vale la pena hacer notar aquí que algunos ven un significado adicional en el pacto. El presidente del PRD, Miguel Vargas
Maldonado, firmó este supuesto “pacto de las corbatas azules” con el entonces presidente Leonel Fernández, pero la
naturaleza controversial del acuerdo puede entonces haber impactado sus funciones en las elecciones primarias del PRD que
llevarían a las elecciones presidenciales del 2012. Aunque la convención hubiese sugerido que Vargas Maldonado sería el
candidato de la plana del PRD en las elecciones, fue sacado por el ex presidente Hipólito Mejía, quien entonces perdió ante
Fernández en las elecciones generales. La campaña de Vargas Maldonado se quejó de los resultados de las primarias,
alegando que el PLD apoyó financieramente la campaña de Mejía y envió a grupos de sus seguidores al final del día a votar
por Mejía, a quien el liderazgo del PLD creía que sería más fácil de derrotar en las elecciones generales de más tarde, ese
mismo año.
1
Informes de soborno generalizado, corrupción y lavado de dinero plagan las
percepciones públicas del gobierno—pero, a falta de una alternativa viable, el
apoyo electoral del PLD continúa siendo alto. La dominación de un solo
partido, aunada a un poder ejecutivo cada vez más poderoso, ha dejado muy
poco fuera de la esfera de influencia presidencial, amenazando
fundamentalmente las instituciones democráticas del país. La aplicación
desigual de las leyes a favor de los aliados del gobierno, unida a la corrupción
que ha invalidado el sector formal de la economía, ha llevado a una inflación de
los sectores informales y públicos y ha creado brechas para la infiltración de
organizaciones criminales internacionales—particularmente en el campo del
tráfico de drogas.
Las relaciones dominico-americanas permanecen fuertemente enfocadas en el
libre comercio a través del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República
Dominicana (CAFTA-DR o TLC), la inmigración hacia el norte, el tráfico de
drogas y el estado de los haitianos que viven dentro de las fronteras
dominicanas. Y con la cuestión controversial del estado de los inmigrantes
haitianos en la República Dominicana y la desigualdad sistémica y persistente
en todos los niveles de la sociedad dominicana, el gobierno encara un grupo de
urgentes y sobrecogedores retos domésticos en su curso hacia adelante.
Recomendaciones: Reparar un sistema dañado
En vista de lo que hemos encontrado a través de nuestra evaluación,
recomendamos lo siguiente:
1. Una conversación inclusiva y multipartidista sobre el estado del poder
judicial dominicano y los retos particulares que encara en el campo de
la independencia y la influencia partidista.
2. Una revisión de la “Ley de Partidos” y sus implicaciones para la salud
de la democracia dominicana; y
3. Una discusión inclusiva sobre cómo el PRD se moverá hacia adelante,
dadas sus corrientes desunión e inhabilidad de presentar una oposición
viable al partido en el poder.
Conclusiones: Reto, promesa y el futuro de la democracia dominicana
La historia de corrupción y el pobre estado del derecho en la República
Dominicana es larga—muchos hasta se refieren a una “cultura de corrupción”
que caracteriza al sistema político del país. Sin embargo, a pesar de los giros
inesperados que hayan aparecido en la experiencia del país con la corrupción, no
se puede negar que el problema ha crecido—y rápidamente—en los últimos
años.
Aunque la corrupción pudiera—por sí sola—no parecer excepcional, al
momento que las prácticas corruptas, aunadas con complicidad, permean y
comienzan a erosionar los cimientos democráticos de un país, todo eso cambia.
La dominación del PLD a través de todo el gobierno dominicano está, en su
menor expresión, acercándose a esa línea—todo en el contexto de cimientos
económicos cada vez más débiles, resultado en su mayoría del clientelismo que
ha crecido con el poder del PLD.
Quizás estos asuntos parecerían ser menos urgentes si no fuera por la increíble
promesa de la República Dominicana. La economía más grande de Centro
América y el Caribe y desde hace mucho el beneficiario de su propio sistema
democrático relativamente estable, el país estaría en buena posición para tomar
un papel de liderazgo en la región, expandiendo su perfil internacional mucho
más allá del Gran Caribe. Pero mientras el status quo persista—y ciertamente si
la situación empeora—la República Dominicana continuará deteniendo su
propio progreso.
Su potencial es impresionante—pero darse cuenta del mismo podría parecer
sobrecogedor, particularmente con los retos que el país encara ahora mismo. La
pregunta que queda es: ¿Qué pueden los políticos dominicanos hacer para volver
a poner el país en orden?
La República Dominicana
¿Se está convirtiendo en un estado monopartidista?
Autor
Carl Meacham
Trasfondo
Desde el comienzo del milenio, la República Dominicana ha visto tres jefes de
estado: Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.
Hipólito Mejía, miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD),
asumió la presidencia en agosto de 2000. Aunque presidió sobre las peores crisis
económica, bancaria, y de la tasa de intercambio de divisas, los esfuerzos de
Mejía en empujar el desarrollo dominicano se enfocaron en distribuir el acceso a
los recursos y servicios del gobierno a miles de comunidades rurales a través del
país, antes que concentrarlos en los principales centro urbanos. Su
administración estableció el primer sistema de retiro al estilo de seguridad
social, proveyendo así una red de seguridad por vez primera en la República
Dominicana.
Aunque la administración de Mejía fue, al principio, culpada del colapso del
segundo banco comercial privado más grande del país sobre la base de
corrupción empedernida, ninguna evidencia ha podido unir a Mejía o a sus
consejeros más cercanos con esta corrupción. Aunque hay informes de
corrupción gubernamental durante su presidencia, ni las percepciones públicas
ni la evidencia sólida sugieren que llegó a los niveles más altos del gobierno,
permaneciendo más bien como un fenómeno de bajo nivel antes que un
problema a través de todo el gobierno.
Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) derrotó al
presidente Mejía en las elecciones del 2004, habiendo servido ya como presidente
a finales de la década de los 1990. Fernández dirigió el gobierno dominicano por
dos términos consecutivos, en el curso de los cuales se enfocó mayormente en el
desarrollo tecnológico e infraestructural y en la estabilidad macroeconómica y
monetaria. Él asumió la presidencia al final de una profunda crisis económica
que comenzó bajo la administración de Mejía—y aunque estabilizó
exitosamente la economía del país, su política económica, en contraste con la de
Mejía, fue vista como desatenta a los problemas sociales y a la desigualdad
socioeconómica.
El segundo gobierno de Fernández fue notable por su “pacto de las corbatas
azules” y las reformas judiciales y constitucionales que fueron propiciadas por
él. El pacto, un acuerdo entre Fernández y el presidente del PRD, Miguel
Vargas Maldonado—a quien Fernández derrotó en las elecciones presidenciales
de 2008—aseguraba cooperación bipartidista a través del proceso de reforma.1
Fue durante este segundo término que las percepciones de Fernández
comenzaron a mudar, con el presidente cada vez más vilipendiado—
particularmente por el PRD ya profundamente fracturado—y visto como
responsable de los problemas de la oposición y de la aparentemente creciente
corrupción, el debilitamiento del estado de derecho, la consolidación del poder
del PRD, y la erosión de la independencia judicial.
La segunda presidencia de Fernández también fue caracterizada por
preocupaciones cada vez mayores en el campo del tráfico de drogas y el impacto
de las organizaciones criminales trasnacionales en el estado del derecho
dominicano.
Danilo Medina, ex Secretario de Estado de Fernández y su confidente más
cercano, ganó las elecciones presidenciales en 2012. Sin embargo, el primer año
de su presidencia ha sido caracterizado por una mayor confianza pública en su
liderazgo transparente que en el de su predecesor—y hasta la oposición
generalmente respeta su presidencia y sus prioridades. A pesar de eso, es visto
como heredero de un sistema ya amañado a favor suyo y del PLD, quizás
permitiéndole así beneficiarse de un sistema torcido sin encarar la culpabilidad
por haberlo creado. Y aunque aspectos de la presidencia de Medina han sido
bien recibidos por el público dominicano, los problemas de la creciente presencia
de organizaciones criminales trasnacionales y el tráfico de drogas sólo han
crecido en los últimos años. En la primera mitad de 2013, el 14 por ciento de los
envíos de cocaína a los EE.UU.—unas 42 toneladas en total—eran canalizados
a través del Caribe, con la República Dominicana emergiendo como centro
regional para tales actividades.
____________________________
1 Aunque el “Pacto de las corbatas azules” aseguró la cooperación PRD-PLD a través del proceso de reforma, también
generó escepticismo sobre las intenciones políticas de Miguel Vargas Maldonado, ya que muchos dentro de su propio partido
vieron mal su estrecha labor con sus principales rivales políticos.
Estado del derecho, autoridad judicial y partidos políticos
en la República Dominicana
La continua dominación del PLD ha dado lugar a un número de preocupantes
por el gobierno del país, su independencia judicial y legislativa y el estado de la
democracia dominicana. Al abordar estas preocupantes, observamos lo
siguiente:
El dominio del PLD: Éxito electoral, una oposición débil y “democracia
monopartidista”
El PLD tiene la abrumadora mayoría de los puestos en el gobierno dominicano.
Aunque el ciclo electoral legislativo más reciente, el cual tuvo lugar en 2010, vio
al PRD ganar el 41.7 del voto popular, sin embargo la elección trajo también a
31 senadores del PLD (de 32 puestos en el senado) y una mayoría de casi el 60
por ciento para el PLD en la Cámara de Diputados. La reforma constitucional
de 2010, la cual reestructuró al poder judicial en su totalidad, proveyó que los
jueces de las cuatro cortes supremas fueran designados por el Consejo Nacional
de la Magistratura—un cuerpo compuesto por el presidente, los líderes de ambas
cámaras del Congreso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un segundo
juez de la Suprema corte, y un representante adicional del partido que no está
en el poder de cada una de las cámaras congresuales. Dada la actual influencia
del poder del PLD en todas las ramas del gobierno, la mayoría del consejo es
probable que garantice el apoyo de los candidatos del partido.
El dominio del PLD es aumentado por una oposición fraccionada, cuya falta de
cohesión genera cada vez más escepticismo sobre el estado de la democracia
dominicana. Cuando explican el dominio de su partido, el liderazgo actual del
PLD cita el estado caótico y dividido del PRD como la razón de sus propios
poderes amplios y éxito electoral. Un alto consejero del presidente Medina
expresó su preocupación por el aspecto de la democracia, cuando no hay un reto
significativo al partido en el poder, reconociendo las amplias críticas que el
gobierno controlado por el PLD encara por su dominio sobre todas las ramas del
gobierno. Cualquiera que sea el efecto sobre las percepciones de democracia, la
falta de cohesión del PRD puede ser trazada en su mayoría al tal “pacto de las
corbatas azules,” firmado en 2009 y promovido por el entonces presidente
Leonel Fernández del PLD, y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado.
El pacto, el cual aseguraba la cooperación bipartidista en amplias reformas
constitucionales y judiciales, dividió al PRD—y el partido, hasta ahora, no ha
podido reunificarse.
Figura 1. Representación corriente de los partidos en la legislatura dominicana
Legisladores del PRD
35%
Legisladores del PLD
63%
Legisladores del PRSC
2%
También hay preocupantes de que por medio de su prejuiciada interferencia en
los asuntos del partido, el Tribunal superior electoral (TSE) ha asegurado la
desunión continua del PRD. Dado su involucramiento discrecional en preservar
la presidencia de Miguel Vargas Maldonado en el PRD—y su decisión de no
meterse en la expulsión del ex presidente del partido Hipólito Mejía—algunos
temen que el TSE está jugando un papel indebido y decisivo en invalidar la
oposición primaria del PLD. El pacto del 2010, visto mayormente como el
movimiento de Miguel Vargas Maldonado para aliarse con el PLD en el poder,
en conjunto con el alegado prejuicio del TSE, juntos crean la impresión de una
oposición dividida intencionalmente—para beneficio del partido en el poder.
A pesar de la explicación del PLD de que la oposición débil erosiona solamente
la apariencia de democracia, parece que las instituciones democráticas mismas
en la República Dominicana son a su vez amenazadas cada vez más por la
dominación de un solo partido. Para estar seguros, la República Dominicana
tiene todas las instituciones distintivas de la democracia. Pero las reformas
promulgadas por los gobiernos recientes han levantado dudas, cuestionando la
legitimidad misma y la naturaleza democrática de las instituciones. De acuerdo
a la oposición, el PLD usó la reforma constitucional de 2010 para ganar control
sobre el poder judicial y sobre el proceso de designación de los fiscales, a través
de la reestructuración tanto de las cortes como la designación de jueces y
fiscales. De los cinco jueces designados al tribunal electoral, por ejemplo, tres
son vistos como directamente susceptibles a ser influenciados por el PLD, y los
otros dos se cree que tienen lazos con el partido así como con sus líderes. Esta
aparente disminución de la independencia judicial se alega que hizo lugar para
la expansión del poder ejecutivo, volviendo al estado en una clase de
organización, motivada por los poderosos intereses creados del partido en el
poder. Un poder ejecutivo en crecimiento, aunado a la ausencia (supuestamente
ayudada por el PLD) de una oposición significativa, ha dejado muy poco fuera
de la esfera de influencia ejecutiva.
Figura 2. Representación corriente de los partidos en el senado dominicano
Senadores del PRSC
3%
Senadores del PRD
0%
Senadores del PLD
97%
Independencia judicial: Las cortes supremas, aplicación de la ley, y la cultura de
impunidad
Los miembros corrientes de la judicatura del país llegan a los mayores extremos
para afirmar su sentido de independencia—tanto de los partidos políticos como
de los demás poderes del gobierno. Muchos citan la naturaleza bipartidista
inherente en el proceso de reforma judicial, una consecuencia del “pacto de las
corbatas azules” del PRD-PLD, como evidencia de un sistema democrático en
funcionamiento. A pesar de ello, las designaciones judiciales, como resultado de
ese pacto, no están sujetas a escrutinio legislativo. El poder del Consejo
Nacional de la Magistratura, compuesto por los oficiales elegidos más altos del
país, a propósito no es dejado en las manos un solo partido. Pero el dominio
corriente del PLD a través de todo el gobierno asegura que el consejo—y, de
acuerdo a la oposición, los jueces que designa—son leales al partido en el poder.
Corrupción política corrosiva a un estado de derecho efectivo, independencia
legislativa y judicial, y un robusto sistema multipartidista han existido por
mucho tiempo en la República Dominicana, aunque en grados diferentes. Sin
embargo, a pesar de años de clientelismo post dictatorial desde la caída de
Joaquín Balaguer, muchos en la República Dominicana ven los eventos de la
década anterior como una expansión sin precedentes de prácticas previamente
mantenidas fuera de las operaciones centrales del gobierno. Una tal “cultura de
la corrupción”, en muchas maneras, ha tomado el lugar de un sistema político
previamente sólo tocado por prácticas corruptas. Parece que hay poco interés (si
es que lo hay) en negar la presencia de la corrupción bajo gobiernos anteriores—
pero parece, a su vez, que pocos en la oposición disputarían las extremadas
amplitud y profundidad del poder presidencial en los últimos años de gobierno
del PLD.
La “cultura de corrupción” también parece aplicarse cada vez más al poder
judicial. La separación e independencia de los poderes gubernamentales,
consagrados desde la caída de la dictadura y la institucionalización de la
democracia, no fueron vistas como una amenaza hasta principios de la década
del 2000. Bajo el presidente Mejía, por ejemplo, las cortes supremas del país
eran vistas en su mayoría como los protectores dedicados y legítimos de la
constitución—muy parecidas a sus homólogas de los Estados Unidos. Sin
embargo, esta confianza en el poder judicial comenzó a erosionarse bajo los
subsiguientes gobiernos de Leonel Fernández. Tras la reestructuración del poder
judicial en 2010, la autonomía de esa institución parece haber disminuido
progresiva y continuamente—y así mismo también la confianza tradicional del
dominicano en el sistema judicial. Como aseveró un ex juez: “El asunto más
serio es que el pueblo está perdiendo su fe en la autoridad judicial—y cuando la
confianza en la autoridad judicial se ha perdido, todo—independencia,
legitimidad, democracia—se pierde junto con ella.”
Las cuestiones que rodean al sistema judicial avanzan una contradicción
adicional en que se alega que hay muchas leyes en los libros que son raramente
aplicadas. Aunque hay una legislación extensa para asegurar un gobierno
apropiado, por ejemplo, los miembros de los medios de comunicación del país
expresaron su seguridad de que esas leyes son raras veces aplicadas (si es que lo
hacen) por el sistema judicial del país. Lo que es más, las conversaciones con los
líderes del partido levantaron acusaciones de que oficiales de alto nivel del
partido y del gobierno recibían pagos de parte de criminales—entre ellos
traficantes de drogas—para asegurarse de que permanecerían fuera del alcance
de la ley.2 A medida que la fe en la habilidad o la voluntad del sistema judicial
de aplicar las leyes decae, más y más dominicanos cuestionan los motivos detrás
de hasta las más profundas decisiones que el gobierno haga. Cada vez más hay
una preocupación real de que la gente recurrirá a método extrajudiciales—
traficantes de drogas, mafias o corrupción, por ejemplo—para resolver
problemas, de este modo minando aún más el estado y creando una cultura de
impunidad.
Corrupción y sus efectos
Parte integral del dominio político del PLD y su aparente influencia a través del
gobierno dominicano es su creciente papel fuera del sistema político partidista
del país. Aunque la mayoría del partido en ambas cámaras del Congreso
ciertamente contribuye a la naturaleza extrema de su poder, los líderes de la
oposición alegan que los líderes del PLD están sentados encima de una vasta red
de clientela que se ha desarrollado a través del curso de la década pasada,
trayendo consigo una multitud de implicaciones en detrimento de la economía
dominicana. Nuestras observaciones son las siguientes:
Clientelismo: Lavado de dinero, FUNGLODE y alegatos de acciones inapropiadas
A través de las reformas que comenzaron en 2010 y la supuesta red de clientela
que gradualmente ha crecido en las últimas tres administraciones presidenciales,
el PLD se alega ha asegurado que cada rama del gobierno responda
directamente al poder ejecutivo—asegurando así el lugar del partido en la cima
____________________________
2 Un ejemplo semejante es la alegada donación de US$3,000,000 a la campaña presidencial de 2012 del presidente del partido
PRD, Miguel Vargas Maldonado, por el traficante de drogas puertorriqueño José David Figueroa Agosto. Léase “Político
dominicano recibió dinero de narco,” El Nuevo Herald, enero 5, 2013,
http://www.elnuevoherald.com/2013/01/05/1378123/politico-dominicano-recibio-dinero.html.
de la política dominicana. De acuerdo a los miembros del movimiento antiPLD, quienes han compilados vastas cantidades de evidencia para este fin, a
través de su Fundación Global para la Democracia y el Desarrollo
(FUNGLODE), el presidente Fernández y sus aliados han sido acusados de
lavar enormes cantidades de dinero en efectivo—para asegurar la concesión de
contratos gubernamentales.3 Y, a medida que el partido consolida su control, la
población dominicana se encuentra cada vez más en una posición de relativa
impotencia. Los líderes de los negocios del sector privado citan estos contratos y
los sobornos que los mismos conllevan como una fuente de frustración
primaria—e ineficiencia económica—para beneficio únicamente del partido en
el poder.
Efectos distorsionantes: Desigualdad sistémica, un sector privado sufrido y la
economía dominicana
La corrupción y el clientelismo, que han crecido en los últimos años, parecen, a
su vez, haber distorsionado la economía dominicana. Ahora mismo, de acuerdo
a los miembros del sector privado dominicano, el sector informal constituye casi
la mitad de la economía del país, con la corrupción del estado y la añadidura de
“pagos y licencias” cuestionables, requeridos para las operaciones formales
proveen poco incentivo para operar dentro del sector formal. A modo de
ilustración, el empleo en el sector privado (formal) creció sólo en un 5 por ciento
en la última década, mientras que el empleo en el sector público creció por un
abrumador 35 por ciento—aparentemente mostrando tanto los efectos de la
política del PLD sobre la economía y el exagerado crecimiento del gobierno
nacional.
El aumento en el gasto público—resultado de los esfuerzos por estimular la
economía como resultado de la crisis de 2008 y el gasto gubernamental cada vez
mayor durante las elecciones presidenciales de 2008 y 2012—ha creado un
amenazante déficit fiscal en los últimos años. El presupuesto errático (el cual
depende del ciclo electoral) implica serias debilidades en la economía
dominicana. Y con el déficit acercándose cada vez más (y se espera que pronto
____________________________
3 Para más información, véase el caso llevado ante los tribunales penales dominicanos por Guillermo Moreno y su abogado,
Cristóbal Rodríguez, sobre la alegada prevaricación, perjurio y lavado de dinero de Leonel Fernández por medio de
FUNGLODE. Los procesos judiciales que rodearon el caso fueron en sí mismos una fuente de más controversia aún, con
Moreno y Rodríguez quejándose del manejo del caso por parte de los tribunales—y sugiriendo que este supuesto mal manejo
del caso fue el resultado de la lealtad del poder judicial a Fernández y al PLD.
lo exceda) al 50 por ciento del PNB—generalmente visto como una señal de
duras condiciones económicas para progresar—el gobierno probablemente no
podrá recaer en una economía estable y de crecimiento rápido en el futuro
inmediato y encarará una habilidad cada vez menor de tomar dinero prestado.
Como parte del déficit fiscal de 2012, preparado por el gobierno, el gobierno
regido por el PLD aumentó masivamente el gasto estatal en la fase previa a las
elecciones presidenciales—y, no es de sorprender, el déficit explotó, llegando a
casi el 8 por ciento del producto bruto doméstico (PBD). Aunque, de acuerdo a
los líderes de la sociedad civil, tal aumento sin previa aprobación congresual
está en violación directa de las reglas fiscales del país, el poder judicial obvió la
repartición de consecuencias para el gobierno del PLD—visto por la oposición
como evidencia de la influencia del partido sobre los fallos judiciales. Y a
medida que el presupuesto gubernamental se hunde más aún en el déficit, sus
efectos negativos sobre la economía contrarrestan sus esfuerzos formales para
empujar la productividad del sector privado, augurando malos presagios para la
economía dominicana de ahí en adelante.
Millones de RD$
Figura 3. Déficit gubernamental en la República Dominicana, 2004-2012
Ingreso total
Gasto total
Déficit
Los intentos del gobierno por estimular la economía, además, no han podido
resolver la desigualdad sistémica del país, la cual es particularmente notable en
el espectro del estatus socioeconómico. De acuerdo a la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 20% superior de la población
dominicana controla más del 60 por ciento de los ingresos del país, mientras que
el 20 por ciento inferior recibe poco menos del 3 por ciento—solidificando el
lugar de la República Dominicana entre los países más desiguales de la región.
Figura 4. Distribución de los Ingresos y la desigualdad económica en América Latina
País
Años
Primer
Quintil
Segundo
Quintil
Tercer
Quintil
Cuarto
Quintil
Quinto
Quintil
Posición
Honduras
Brasil
República
Dominicana
Colombia
Bolivia
Paraguay
Panamá
Chile
Costa Rica
Nicaragua
México
Ecuador
Perú
El Salvador
Uruguay
Venezuela
Los retos que encara la relación dominico-americana
En el contexto de los retos domésticos que encara la República Dominicana, es
crucial considerar cómo estos retos afectarán las relaciones del país con su socio
más importante: los Estados Unidos. Los asuntos más centrales al futuro de las
relaciones dominico-americanas son el comercio, el tráfico de drogas, la
inmigración y Haití. En ese tema, observamos lo siguiente:
La República Dominicana juego un importante papel en varios asuntos
bilaterales en sus relaciones con los Estados Unidos—incluyendo su promoción
de exportaciones a los Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio
Centro América-República Dominicana (CAFTA-DR) y su papel como socio
importante de los EUA en reconstruir y estabilizar a Haití. Aún así, la
residencia de los haitianos nacidos en el país permanece siendo un asunto
controversial, que podría intensificarse más aún. Y el papel potencial de la
nación del Caribe como una futura fortaleza de los EE.UU. en la lucha para
reducir el flujo de drogas caribeño desde México, Colombia y Venezuela, podrían
muy bien definir la relación bilateral de ahora en adelante.
Cooperación bilateral: La geografía dominicana y los esfuerzos antinarcóticos
La “fragilidad” inherente en la posición geográfica de la República
Dominicana—en el Caribe, en la ruta directa desde Colombia y Venezuela al sur
de los Estados Unidos—la pone en una perceptible desventaja, ya que los
carteles que operan en la región usan cada vez más la mal protegida costa del
país como punto de tránsito. La posición estratégica de la isla, en el medio del
flujo ilegal de drogas caribeño (así como de mercancías y personas), hacen de la
administración efectiva de la justicia un asunto de riesgo mucho mayor aún—
particularmente cuando la independencia judicial y la confianza en los
tribunales continúan deteriorándose. Con México y sus vecinos
centroamericanos como ejemplos de los devastadores efectos del tráfico
generalizado de drogas sobre hasta los más robustos sistemas políticos
democráticos, la estabilidad democrática y la cooperación antinarcóticos son de
gravísima importancia para los Estados Unidos en sus relaciones con la
República Dominicana de ahora en adelante.
Lazos familiares: La migración y la relación dominico-americana
Debido a las estrechas relaciones y la proximidad geográfica entre los Estados
Unidos y la República Dominicana, la migración entre los dos países es
esencialmente una puerta giratoria—dados los lazos familiares, las
oportunidades de empleo y la simple facilidad legal de movimiento. De acuerdo
a las investigaciones de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY),
más de 1,5 millones de dominicanos viven en los Estados Unidos, lo que hace de
ellos la cuarta nacionalidad latinoamericana más grande en el país. En 2000,
sólo 90.000 de estos dominicanos no tenían estatus legal. El alto número de
ciudadanos de descendencia dominicana (570.000), residentes permanentes
(530.000) y ciudadanos naturalizados (400.000), habla de facilidad de
movimiento entre los dos países—y por tanto, del potencial para que los
ciudadanos dominicanos vean la migración como una opción viable—una
válvula de escape, esencialmente, si las condiciones políticas y económicas
empeoran en el país. Estos lazos migratorios hacen el futuro movimiento de
personas entre los dos países, central en la relación bilateral por el futuro
previsible.
Figura 5. Desglose de porcentajes de dominicanos-americanos en los Estados Unidos
Residentes indocumentados 5%
Residentes
Permanentes
34%
Nacidos en los
EUA
36%
Ciudadanos
Naturalizados
25%
Predicciones y conclusiones
La trayectoria de la política dominicana de ahora en adelante será determinada
por un número de factores, que probablemente incluyen el futuro del dominio
del PLD, la economía, el crimen trasnacional y el tráfico de drogas, las
relaciones con Haití, la inmigración y la desigualdad sistémica. El amenazante
déficit fiscal y el fracaso del gobierno dominicano en solucionar la desigualdad
del país, son también dos serias debilidades en la economía del país.
La historia de la corrupción y del pobre estado del derecho en la República
Dominicana es larga. Pero a pesar de todos los altibajos que ha tenido la
experiencia del país con la corrupción, no se puede negar que el problema ha
crecido—y rápidamente—en los últimos años.
Aunque la corrupción, por sí sola, podría no parecer excepcional, al momento
que prácticas corruptas se cuelen y comiencen a erosionar los cimientos
democráticos de un país, todo eso cambia. El dominio del PLD a través y más
allá del gobierno dominicano está, por decirlo así, llegando a ese límite—todo en
el contexto de cimientos económicos cada vez más débiles, resultado cada vez
más del clientelismo que ha crecido con el poder del PLD.
Quizás estos asuntos parecerían ser menos urgentes si no fuera por la increíble
promesa de la República Dominicana. La economía más grande de Centro
América y el Caribe y desde hace mucho el beneficiario de su propio sistema
democrático relativamente estable, el país estaría listo para tomar un papel de
liderazgo en la región, expandiendo su perfil internacional mucho más allá de la
Española y del Gran Caribe. Pero mientras el status quo persista—y ciertamente
si la situación empeora—la República Dominicana continuará deteniendo su
propio progreso.
Apéndice: Lista de reuniones
Fausto Rosario Adames, Director, Acento.com.do
Henry Molina, Viceministro de la Presidencia de la República Dominicana
Roberto Álvarez, Coordinador general, Grupo Participación Ciudadana
Francisco “Ito” Domínguez Bisonó, Diputado, Cámara de Diputados
Orlando Jorge Mera, Secretario general, Partido Revolucionario Dominicano (PRD)
Guillermo Caram, Dirigente, Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)
Guillermo Moreno, Fundador, Alianza País
Cristóbal Rodríguez, Jurista experto en derecho constitucional, Tribunal Constitucional
Jorge Subero Isa, Ex presidente, Suprema Corte de Justicia
Luís Abinader, Presidente, Centro de Estudios de Políticas Públicas
H. Alexander Henegar, Jefe de la Unidad Política, Embajada de EUA en Santo
Domingo
Brian Quigley, Consejero para asuntos económicos y políticos, Embajada de EUA en
Santo Domingo
Hipólito Mejía, Ex presidente, República Dominicana
José Monegro, Subdirector, El Día
Milton Ray Guevara, Presidente, Tribunal Constitucional de la República Dominicana
Mariano Américo Rodríguez Rijo, Miembro titular, Junta Central Electoral
Sobre el autor
Carl Meacham es el director del Programa América del CSIS. Vino al CSIS desde
el Comité del Senado para Relaciones Exteriores (SFRC), donde sirvió en el
personal profesional del senador Richard Lugar (Republicano-Indiana) por más
de una década. Fue alto consejero para Latino América y el Caribe en el comité,
el más alto puesto del personal del Senado Republicano para esta región. En esa
capacidad, viajó extensamente a la región para trabajar con gobiernos
extranjeros, organizaciones del sector privado y grupos de la sociedad civil. Fue
también responsable del manejo de las relaciones del comité con el
Departamento de Estado en cuanto al hemisferio occidental y supervisaba un
presupuesto de 2 mil millones de dólares.
Antes de unirse al SFRC, Meacham trabajó con el personal de dos senadores
demócratas. Antes de trabajar en el senado. Sirvió en el Departamento de
Comercio como asistente especial del Subsecretario de Comercio, en la Oficina de
Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, y en la Embajada de los EUA
en Madrid. Meacham habla español con fluidez nativa y en parte fue criado en
Chile, el país natal de su madre. Recibió su licenciatura en la Universidad
Estatal de Nueva York en Albany, Nueva York, y tiene maestrías de La
Universidad Americana y de la Universidad Columbia.