Download trabajo y economia.indd - Generamos IGUALDAD ¿y tú?

trabajo empleo co
rreponsabilidad protección social política
fiscalpresupuestoscrisisecono
mica género trabajo reproductivo concilia
ción globalizacion desarrollo trabajo empleo
correponsabilidad protección social po
lítica fiscal presupuestos crisis ecoLa subordinación económica de las mujeres y las
nomica desigualdades
género
trabajo
reproductivo con ci
económicas consecuentes se asientan en
la persistente división sexual del trabajo, que se instaló
liación globalizacion
desarrollo traba jo
durante la revolución industrial: la asignación del
trabajo productivo –y remunerado- en el ámbito público
empleo correponsabilidad protección so
a los hombres y del trabajo reproductivo –y no remunerado- en el ámbito privado a las mujeres.
cial política fiscal
presupuestos cri
sis economica género trabajo reproductivo conciliación globalizacion desarrollo
trabajo empleo correponsabilidad protec
ción social política fiscal presupues
tos crisis economica género trabajo
reproductivo conciliación globalizacion desa
rrollo trabajo empleo correponsabilidad pro
teal política fiscal presupuestos cri
sis economica género trabajo reproducti
y economía
TRABAJO
globalizacion
vo conciliación
desarrollo
Genera perspectiva
La economía es neutral al género. Este argumento persiste todavía hoy en las visiones dominantes en el análisis y políticas económicas,
a pesar de los aportes que desde los años 90
las economistas feministas han hecho para
mostrar los vínculos sistémicos entre género y
economía.
La subordinación económica de las mujeres y
las desigualdades económicas consecuentes
se asientan en la persistente división sexual del
trabajo, que se instaló durante la revolución industrial: la asignación del trabajo productivo –y
remunerado- en el ámbito público a los hombres y del trabajo reproductivo –y no remunerado- en el ámbito privado a las mujeres.
La llegada masiva de las mujeres al mercado
laboral en las últimas décadas sin haberse producido un reparto equitativo de las tareas y
responsabilidades reproductivas (cuidado de
las familias y el hogar) entre hombres y mujeres
coloca a las mujeres en una situación de desventaja permanente en el mercado laboral.
Los efectos: discriminación salarial, segregación ocupacional y las dobles y triples cargas
de trabajo para cubrir las necesidades del entorno laboral y familiar, pero también en una
mayor situación de vulnerabilidad antes las crisis y los efectos negativos de la globalización.
Superar esto pasa por transformar la organización laboral y del cuidado de nuestras sociedades en aras de una verdadera corresponsabilidad social y familiar, donde se materialice
el derecho a cuidar y ser cuidado. Pasa por
instaurar modelos económicos de crecimiento
sostenible que coloquen las necesidades de
hombres y mujeres en el centro del desarrollo,
que reconozcan y valoren el aporte de unas y
otros y garanticen igualdad de oportunidades
en el acceso y control de los recursos y de los
beneficios del desarrollo.
Hacer esto posible requiere de un fuerte compromiso por parte de los gobiernos, en la línea
de los acuerdos alcanzados en el Consenso de
Quito en 2007 y el Consenso de Brasilia en 2010.
El reconocimiento del valor social y económico
del trabajo no remunerado, la equiparación en
la legislación laboral del trabajo de las emplea-
das domésticas que en muchos países viven en
condiciones de casi esclavitud y la asunción
por parte del Estado, de las empresas, pero
también de los hombres, de su responsabilidad
en las tareas de cuidado son algunos de los
desafíos que enfrenta la región. A esta lista se
suma la urgencia de desarrollar políticas económicas, laborales y de seguridad social con
enfoque de género que permitan eliminar las
brechas (salariales y ocupacionales, la falta de
acceso a la tierra y los recursos naturales) que
mantienen en desventaja económica a las mujeres.
Si quieres conocer más, hemos organizado este
tema en las siguientes secciones:
•Trabajo y economía
•Globalización y desarrollo
•Conciliación y protección social
•Presupuestos y política fiscal
•Género y Crisis
¿Qué está haciendo el PNUD?
La Reducción de la pobreza y las desigualdades y el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio es una de las cuatro áreas de trabajo
del PNUD. La Estrategia de Igualdad de Género
2008-2013 “Empoderadas e iguales” plantea el
enfoque de trabajo en esta área y las principales metas en este periodo.
En América Latina y el Caribe, el PNUD ha planteado como una prioridad el fortalecimiento
de capacidades de los gobiernos para el desarrollo de políticas sociales y económicas que
reduzcan la pobreza y la desigualdad y promuevan la inclusión, particularmente para los
grupos excluidos, y en específico el análisis de
la articulación entre mercado laboral y economía del cuidado. Esto se concreta en el trabajo
que se está haciendo en los diferentes países y
a nivel regional.
-Visita nuestro mapa de iniciativas para ver
los proyectos que se están llevando a cabo
en este tema en los diferentes países: (http://
www.americalatinagenera.org/es/index.
php?option=com_content&view=article&id=13
56&Itemid=459).
-A nivel regional, el Área Práctica de Género
del PNUD está enfocando sus esfuerzos a fortalecer las capacidades nacionales para transversalizar la perspectiva de género en las políticas sociales y económicas y planes nacionales
de desarrollo, así como en los mecanismos y
sistemas institucionales de implementación. Y
está desarrollando las siguientes líneas de trabajo:
oooEconomía del cuidado en el centro de las
polít icas de desarrollo.
ooo Protección social integral con perspectiva
de género.
ooo Estrategias de reducción de la pobreza.
ooo Sistemas de Gestión de Equidad de Género en las empresas.
ooo Coordinación con otras agencias.
ooo Desarrollar productos de conocimiento y
materiales audiovisuales sobre la temática
Esta información se actualiza continuamente,
si quieres saber más visita nuestro portal:
http://www.americalatinagenera.org
Otras voces:
Declaración del Foro de Organizaciones Feministas de América
Latina y el Caribe en la 11ª Sesión de la Conferencia Regional sobre
la Mujer para América Latina y el Caribe
Reunido en Brasilia el 13 de julio de 2010, el Foro de Organizaciones Feministas de
América Latina y el Caribe denunció la exclusión de las mujeres del desarrollo por parte
de los actuales modelos económicos, las condiciones de precariedad en las que
siguen trabajando y la falta de reconocimiento del valor social del trabajo doméstico
remunerado y del trabajo gratuito que las mujeres desarrollan en la esfera reproductiva.
En esta línea reiteraron a los gobiernos que el Estado democrático:
•Debe tener un papel central en la provisión de servicios que libere a las mujeres de la
responsabilidad exclusiva del trabajo de cuidado y promueva la corresponsabilidad.
Los Estados deben ratificar y asegurar el efectivo cumplimiento de la Convención 156
de la OIT.
•Debe garantizar el acceso de las mujeres al trabajo remunerado con calidad y pleno
respeto de los derechos laborales.
•Debe reconocer el valor social y económico del trabajo doméstico y equipararlo
jurídicamente en la legislación laboral.
•Debe garantizar el derecho de las mujeres a la tierra, a los recursos naturales y el reconocimiento de los territorios indígenas y afrodescendientes.
•Debe garantizar la seguridad y previsión social universal y pública a todas las mujeres,
en el marco de un nuevo modelo de redistribución de la riqueza que todas y todos
producimos.
.
Globalización,
desarrollo y género
La globalización es un proceso económico,
tecnológico, social y cultural a gran escala,
que consiste en la creciente comunicación e
interdependencia entre los distintos países del
mundo unificando sus mercados, sociedades y
culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que
les dan un carácter global. Está basada en un
aumento del comercio exterior que ha sido favorecido por la apertura y la liberalización de
los mercados y por el impacto de la revolución
tecnológica sobre las comunicaciones, tanto físicas (transportes) como electrónicas (información). Si bien la globalización ha traído grandes
avances, también se ha configurado como un
mecanismo que acentúa las desigualdades sociales y de género.
Las políticas aplicadas en las últimas décadas,
como los programas de ajuste estructural implantados en los años ochenta por el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial,
entre otros, no cumplieron su promesa de disminuir la pobreza y las desigualdades. Por el
contrario, los efectos negativos de estas políticas de austeridad fiscal y limitación del gasto,
tuvieron un fuerte impacto sobre diversos grupos en situación de mayor vulnerabilidad y especialmente sobre las mujeres.
La privatización de los servicios públicos condujo a la pérdida de empleos en los sectores
donde había más mujeres, como salud, educación, etc. La desaparición de los servicios sociales de protección dificultaron la ya de por sí
difícil conciliación entre el trabajo y la familia,
afectando especialmente la asistencia escolar de las niñas. La eliminación o reducción de
subvenciones sobre elementos básicos como
alimentos, electricidad, agua o combustibles
incrementó la presión doméstica para garantizar el abastecimiento de los hogares. La flexibilización laboral aumentó la precariedad
del empleo, especialmente el femenino, y las
prácticas discriminatorias basadas en el papel
reproductivo de las mujeres. El fenómeno migratorio a los países desarrollados se ha ido feminizando progresivamente, de tal modo que
en la actualidad más de la mitad de las y los
migrantes son mujeres. Finalmente, el impacto
ambiental de la globalización y su influencia en
el cambio climático y la generación de amenazas y vulnerabilidades perjudican también
de forma diferenciada a mujeres y hombres
(Lamarca, s/a).
Las economistas feministas han cuestionado la
ceguera de género de las políticas de liberalización comercial, contribuyendo con sus análisis a mostrar los efectos de la apertura de las
economías en el empleo femenino, en la sobrecarga de trabajo de las mujeres, etc. Uno
de los efectos ha sido la incorporación masiva
de mujeres al mercado de trabajo, aunque no
en condiciones de trabajo pleno y decente. Tal
y como muestran estudios en la región (CEPAL,
OIT y PNUD), las mujeres suelen ser vistas como
fuerza de trabajo relativamente más flexible, y
son más propensas a los trabajos temporales,
de tiempo parcial, sin los contratos adecuados
o el respeto a sus derechos sindicales. De hecho, el costo económico y social negativo que
han provocado los Tratados de Libre Comercio
(TLC) en los países dependientes, está recayendo fundamentalmente entre los sectores más
vulnerables, entre ellos las mujeres, que participan más activamente en el sector informal de
la economía, especialmente en las ramas de
servicio y comercio (Yllescas, 2007).
Otras voces: Feminismo y anticapitalismo
En el editorial Feminismos disidentes en América Latina y el Caribe, Ochy
Curiel (2005), Sabine Masson y Jules Falquet, reflexionan en torno al trabajo
doméstico, un tema fundamental para las mujeres por varios motivos. Primero, porque es el trabajo doméstico lo que constituye a las mujeres en clase.
Segundo, porque también es lo que las divide en “Señoras” y “muchachas”,
según líneas de clase, “raza” y nacionalidad marcadas. Tercero, porque el
trabajo doméstico es una de las actividades laborales que la evolución del
patriarcado y del capitalismo internacional desarrolla, para descargar a los
hombres y a los Estados de sus responsabilidades y para “liberar” a cierta
mano de obra femenina para el trabajo asalariado, haciéndole creer que
está alcanzando la máxima liberación en el mejor de los mundos.
Es por tanto urgente que el movimiento feminista escuche lo que dicen las
mujeres explotadas en este mercado laboral y apoye realmente a sus luchas,
cuyas dimensiones norte-sur y migratorias son hoy muy importantes.
Las trabajadoras domésticas, indígenas, afrodescendientes, emigrantes,
indocumentadas o no, constituyen de alguna manera el prototipo de la “mujer mundializada” y uno de los grupos potencialmente más lúcido sobre el
avance del neoliberalismo.
Ver más en: http://www.americalatinagenera.org/es/index.
php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=1953
Trabajo y empleo
En los últimos años las mujeres se han incorporado de forma masiva al mercado laboral en
América Latina y El Caribe, sin embargo, la tasa
de participación femenina sigue siendo inferior
a la masculina, especialmente cuando se trata de mujeres casadas con responsabilidades.
Hay sectores del mercado laboral masculinizados y feminizados. Las mujeres, por ejemplo,
son más requeridas en las áreas de desarrollo
“clave”, como zonas francas (maquila textil) o
turismo, que requieren mano de obra barata
y con poca calificación. Precariedad, informalidad, inestabilidad y menor salario que sus
compañeros hombres caracterizan el empleo
femenino en la región.
¿Trabajo o empleo? Los análisis feministas se
centraron en mostrar los efectos de la división
sexual del trabajo: la asignación del trabajo
productivo a los hombres (destinado a la producción de bienes y servicios para el mercado) y del trabajo reproductivo a las mujeres
(desarrollado en los hogares con el objetivo de
mantener y reproducir las vidas de las personas), como una forma de organización social
y económica que explica la desvalorización
del trabajo femenino y las desigualdades que
las mujeres enfrentan en el ámbito económico,
político y social. Más recientemente, el debate se ha orientado a la distinguir entre trabajo
y empleo en función de la remuneración. Esta
distinción muestra como el conjunto de actividades reproductivas y no remuneradas no se
asocian de manera directa con el mercado y
quedan excluidas del análisis económico. Este
trabajo no se contempla desde el punto de vista teórico y tampoco en la información estadística, lo que implica ignorar una gran parte
de la actividad económica realizada por las
mujeres.
Las desigualdades en las oportunidades y resultados entre hombres y mujeres en el empleo se
han tratado de explicar desde diferentes enfoques. Algunos han puesto la atención en el
comportamiento de los empleadores a la hora
de contratar personal, tales como promover las
carreras profesionales de hombres y mujeres,
o establecer los salarios. Las explicaciones de
estas desigualdades también se han relacionado con las preferencias –u obligaciones- de
las propias mujeres antes de entrar al mercado
laboral, ya que sus opciones educativas y laborales están condicionadas entre otros factores, por la necesidad de compatibilizar horarios
con el trabajo reproductivo. Esto podría incidir
en la opción por jornada más breve o a tiempo
parcial, entre otras.
La Economía Feminista introdujo también el
concepto de economía del cuidado para dar
cuenta del espacio de bienes, servicios, actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades más básicas y necesarias para la
existencia y reproducción de las personas y la
sociedad. Si bien una parte muy considerable
de estos servicios se prestan en los hogares en
base al trabajo no remunerado de las mujeres,
también se brindan, o podrían ser brindados por
el sector público y el mercado, con lo que se
podría hacer un estimado del costo del trabajo
reproductivo de las mujeres si este fuera considerado como una actividad dentro del mercado. Se trata entonces de advertir acerca de la
responsabilidad necesariamente compartida
de los diferentes agentes –hogares, mercado,
Estado- para asegurar la reproducción social
en las mejores condiciones, atendiendo a los
objetivos de desarrollo humano (Espino / UNIFEM / PNUD, 2009).
Desde hace algunos años, las mediciones del
uso y la distribución del tiempo de hombres y
mujeres forman parte de la agenda académica y posteriormente del ámbito de las políticas
públicas en varios países de América Latina. El
objetivo de estos estudios es comprender y visibilizar el aporte de las mujeres a la sociedad y
la economía. Las estimaciones sobre el uso del
tiempo con¬tribuyen a visualizar las actividades que inte¬gran el trabajo doméstico, a calcular el volu¬men de la carga total de trabajo,
remunerado y no remunerado, y a dar cuenta
de las desigual¬dades de género en la materia, y su magnitud.
¿Qué son los Sistemas de Gestión de
Igualdad de Género para las empresas?
Los sistemas de gestión de igualdad de género para las empresas son
instrumentos innovadores de política pública que tienen como objetivo
principal cerrar las brechas de género en el ámbito laboral, al transformar las
estructuras de trabajo y la gestión de recursos humanos en procesos más justos
y equitativos
Costa Rica fue pionera en la imparable carrera de certificación para empresas
privadas, con el Sistema de Gestión en Igualdad y Equidad de Género, SIGEG,
en 2002. Siguió México con el Modelo de Equidad de Género, MEG, en 2003;
después Brasil con el Sello Pro Equidad de Género, en 2005, y finalmente en
2009, Chile con el Programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de
Género, “Sello Iguala”, Argentina con el Modelo de Equidad de Género para
la Argentina, MEGA 2009, y Uruguay con el Modelo de Gestión de Calidad con
Equidad de Género.
Otras voces: Pronunciamiento de las Trabajadoras del Hogar de
Latinoamérica y el Caribe
En 1988 se constituyó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de
Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO), que viene impulsando entre otras
cosas que el día 30 de marzo sea el Día Internacional de las Trabajadoras del
Hogar.
Las Trabajadoras del Hogar Remuneradas es un sector compuesto por millones de mujeres, niñas y adolescentes que emigran del sector rural, indígena
y semi-urbano hacia las ciudades, en busca de una mejor calidad de vida y
educación. Las necesidades de supervivencia familiar las obligan a abandonar a sus familias y culturas para adoptar otras costumbres.
Por ello, esta organización denuncia la discriminación y violencia a la que se
ven sometidas como mujeres trabajadoras del hogar y por motivos raciales,
étnicos, políticos, institucionales y de condición social. Y hace un llamamiento
a la valoración del trabajo doméstico remunerado y no remunerado; a que
los gobiernos se responsabilicen y adopten leyes que garanticen sus derechos, reconozcan y dignifiquen el trabajo del hogar y busquen la igualdad
de las condiciones para las trabajadoras, de conformidad con las normas
internacionales y; la prohibición de las peores formas del trabajo infantil doméstico, el trabajo forzoso, la migración, la trata y el tráfico de personas.
Ver más en: http://fetralpi.blogspot.com/2009/04/ronunciamiento-de-las-trabajadoras-del.html
Conciliación con
corresponsabilidad y
protección social
Las transformaciones demográficas (el envejecimiento de la población, el alto porcentaje de
población latinoamericana menor de edad, la
migración de hombres y mujeres, etc.) generan nuevas demandas de cuidado a nuestras
sociedades. Las necesidades de cuidado que
son un aspecto central del bienestar social ha
sido asumidas históricamente por las familias, y
en concreto las mujeres. En América Latina, de
media, 43 de cada 100 mujeres dedican tiempo completo a las tareas de casa (Martínez et
alt., 2009), con directas consecuencias sobre
su autonomía económica, falta de acceso a
prestaciones sociales y dificultades de ingreso
en el mercado laboral (el desempleo es siempre mayor entre mujeres que entre los hombres
-3% aproximadamente, con variaciones entre
países).
La debilidad o ausencia de políticas públicas
destinadas a conciliar con corresponsabilidad
vida familiar y vida laboral, así como la escasez de servicios de cuidado, son una constante
en la región. Frente a esta situación, se despliegan estrategias sociales, básicamente privadas (sólo accesibles para determinada clase
social), familiares y femeninas (dependencia
de otras mujeres de la familia para el cuido).
Estas consisten en intentos, generalmente extenuantes, por parte de las mujeres para articular las demandas laborales y familiares convirtiéndose ellas en puentes entre trabajo en la
esfera pública y privada. Estos puentes atraviesan distancias geográficas entre los lugares
de residencia, trabajo, cuidado y escuela, y
consumen tiempo y recursos. Son ellas las que
“ajustan” su inserción laboral, como el tipo de
ocupación o la duración de la jornada, buscan
trabajos que les permitan combinar el tiempo
destinado a los cuidados con aquel destinado
al trabajo remunerado, de forma que puedan
conciliar más fácilmente la generación de ingresos con las responsabilidades domésticas:
pueden trabajar remuneradamente menos horas; alternar un tipo de trabajo y otro a lo largo
del día y en los que muchas veces pueden tener consigo a hijos/as, sea en el domicilio o en
la calle. Para millones de mujeres, esto implica
acceder a trabajos precarios, informales y mal
remunerados.
En esa línea, en los últimos años, se han impulsado algunas políticas “de conciliación” a través
de las cuales se pretende facilitar la entrada en
el mercado laboral de las mujeres y por ende
desvincular el trabajo reproductivo de la cartera de obligaciones “asignadas” a las mujeres.
Algunas de estas medidas han estado dirigidas
a apoyar a las mujeres trabajadoras bajo el supuesto de que son ellas las principales responsables del cuidado de la familia. Estas medidas
Tipo de medidas conciliatorias (Camacho et alt., 2006)
Las medidas conciliatorias de secuencia o alternancia entre los tiempos destinados a la vida
familiar y laboral, están destinadas a reducir las tensiones y choques entre ambos tipos de
actividades. Incluye las licencias laborales de distintos tipos, la promoción de la jornada parcial, y la flexibilización temporal y espacial del trabajo.
Las medidas conciliatorias de tipo derivativo se orientan a trasladar tareas reproductivas
que originalmente se realizaban en el ámbito familiar, tanto hacia el mercado como hacia
los servicios públicos. Incluye los subsidios para compra de servicios privados de cuidado, la
prestación subsidiada de servicios estatales de cuidado, la prolongación del horario escolar,
y los servicios subsidiados de transporte escolar, entre otras medidas.
El tercer tipo de conciliación es mediante la reorganización de roles productivos y reproductivos entre mujeres y hombres, e implica promover cambios culturales durante la educación
básica o en el ámbito familiar, así como transformaciones del mercado laboral para que
admita alternativas al modelo de “proveedor masculino” tales como las certificaciones de
calidad de equidad de género para las empresas, las licencias de paternidad o las leyes de
paternidad responsable que otorgan el poder a los jueces para ordenar pruebas de ADN a
hombres envueltos en disputas de paternidad.
han resultado insuficientes porque atienden demandas conciliatorias muy específicas, porque
suponen tipos de inserción laboral formal que
no corresponden a la realidad de la mayoría
de la población o porque fueron diseñadas
para familias que ya no son la norma. Además,
al estar orientadas a las mujeres y no a todos
los trabajadores con responsabilidades familiares, contribuyen a cimentar la falsa idea de
que contratar a mujeres es más caro para las
empresas.
Por políticas de conciliación con corresponsabilidad social entendemos aquellas que impulsan la participación de hombres y mujeres
(no sólo mujeres), y de las políticas públicas, las
empresas y las familias (no sólo las familias) en
el cuidado de las personas. En realidad, se trata de combinar un conjunto de medidas en el
corto, mediano y largo plazo que dé respuesta
a las necesidades inmediatas de conciliación
pero también a la transformación del modelo
de organización social del cuidado.
En 2007, 24 países representados en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, firmaron el Consenso de Quito
en el cual reconocen por primera vez el valor
social y económico del trabajo doméstico no
remunerado de las mujeres, el cuidado como
un asunto público que compete a los Estados,
gobiernos locales, organizaciones, empresas y
familias, y la necesidad de promover la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en
el ámbito familiar.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ha impulsado convenios a favor de los derechos de las trabajadoras y trabajadores desde
su constitución, que se han ido extendiendo en
sucesivas revisiones. A partir de la década de
los sesenta, la OIT adoptó la noción de las responsabilidades familiares, proceso que culminó
con el Convenio 156 y la Recomendación 165
sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares (1985). En ellos se menciona que el ejercicio pleno del derecho al empleo implica que
las responsabilidades familiares no constituyan
causas de discriminación, no obstruyan el mejoramiento de las condiciones de vida ni comprometan el acceso y la permanencia laboral.
Y recomienda a los Estados políticas públicas
que involucren a los hombres para una distribución más igualitaria de las responsabilidades
(Valenzuela et alt. / PNUD / OIT, 2009).
Otras voces: El impuesto productivo
La división sexual del trabajo ha sido, y aún es, funcional para los sistemas
económicos, puesto que garantiza la oferta de mano de obra subsidiada
por el trabajo de las mujeres que se hacen cargo sin costo de la producción
de bienes y servicios que de otro modo tendrían que ser provistos por el mercado o por el Estado. El acceso al mundo laboral por parte de las mujeres se
ve condicionado por lo que la economista feminista Ingrid Palmer (1992) ha
denominado “el impuesto reproductivo”, que se deriva del trabajo no remunerado que las mujeres realizan en los hogares, producto de un pacto no
escrito por el que se consagró al varón como proveedor económico universal de las familias y a las mujeres como cuidadoras. Este aporte que realizan
las mujeres, permite un ahorro en gastos de salud, cuidado de los niños y de
sus integrantes de la tercera edad, y se convierte en el origen de las desventajas que enfrentan las mujeres en su inserción laboral y en la consecución
de autonomía económica.
Ver más en: http://www.americalatinagenera.org/es/index.
php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=1884
Presupuestos, política
fiscal y género
La política fiscal tiene dos componentes: los
ingresos y los gastos. La política de ingresos
tiene por objeto obtener los recursos económicos necesarios para hacer frente a las necesidades del sector público, mientras que la
política de gasto toma su forma concreta en la
elaboración y formulación de los presupuestos.
Las decisiones en torno a éstos, se vinculan a
diversos objetivos entre los que se encuentran
la satisfacción de un conjunto de necesidades
que refieren a temas como la salud, la educación, economía, financiación, y en general, al
cumplimiento de determinadas metas sociales.
A través de los presupuestos el gobierno especifica sus decisiones respecto a la división de
los recursos públicos en las diversas funciones,
políticas y programas; determina el acceso de
la ciudadanía a bienes y servicios públicos y;
establece mecanismos distributivos y de inclusión social. Pero las decisiones políticas y las
actividades que llevan a cabo los gobiernos
no son neutrales respecto al género, porque
los hombres y las mujeres ocupan posiciones
económicas y sociales diferentes y desiguales
en la sociedad.
El compromiso con la igualdad social y de género desde la política fiscal supone también,
incluir en las prioridades presupuestales programas de reducción de los diferentes grados
de exclusión y desigualdades entre la población tomando en cuenta las necesidades diferenciadas (por sexo, edad, clase, etnia, raza,
orientación sexual, necesidades especiales,
ámbito rural o urbano, etc.). El debate entre
gastos fiscales y gastos sociales debe resolverse
contemplando su efecto desde la perspectiva
de clase social o capacidad económica de las
personas, junto al impacto de género.
La elaboración de una política presupuestaria,
en relación al gasto público y la distribución de
presupuestos con un enfoque de género implica aceptar la no neutralidad del gasto público, y reenfocar el mismo teniendo en cuenta
el diferente impacto que genera sobre mujeres y hombres. Un buen ejemplo es el trabajo
del cuidado no remunerado realizado por la
población femenina. Es decir, las decisiones
de política económica no deben dejar fuera
parte importante de la actividad económica
de un país. Así, a través de la política de gasto
público se pueden instrumentar actuaciones a
favor de las políticas de conciliación de la vida
familiar y laboral, de igualdad de oportunidades y tantas otras.
Las iniciativas desarrolladas en el campo de los
presupuestos pro-equidad de género -también
llamados presupuestos con enfoque de género o presupuestos sensibles al género- apuntan
a disminuir estas brechas, procurando alianzas
entre los gobiernos, el funcionariado público y
la ciudadanía, para diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas y presupuestos equitativos. Estas iniciativas no sólo revisan los mecanismos de definición presupuestaria desde
una perspectiva de género, sino también las
estructuras para la participación ciudadana, la
transparencia del proceso presupuestario, las
evaluaciones por resultados y la contribución
de estos factores a la gobernabilidad democrática.
Los presupuestos pro-equidad de género se
han desarrollado a través de dos vías: el análisis de los presupuestos existentes desde una
perspectiva de género y la praxis y propuesta
sobre los mecanismos presupuestarios, de manera que éstos conduzcan hacia un presupuesto que posibilite y favorezca la igualdad entre
hombres y mujeres (Presupuestos y género en
América Latina y el Caribe, 2009).
La implementación de estas herramientas no
tiene una única vía de actuación, sin embargo, por lo general los Presupuestos Pro-Equidad
de Género comparten una serie de características:
•No buscan formular presupuestos separados para hombres y para mujeres.
•Se centran en el análisis y la consideración de los aspectos de género, la transversalización en todas las áreas y fases de los presupuestos, y en las políticas que posibilitan.
•Promueven la participación activa de
las organizaciones de mujeres y de la sociedad
civil.
•Monitorean y evalúan con una perspectiva de género, la recaudación de recursos
y su asignación por un gobierno.
•Promueven un uso más efectivo de
los recursos, en atención a la situación de las
mujeres y hombres a quienes se dirigen, para
avanzar hacia la equidad de género, la erradicación de la pobreza y el desarrollo humano.
•Su propuesta se centra en la discusión
de opciones para priorizar el uso de los recursos existentes, y no necesariamente en el incremento del gasto e inversión de un gobierno, o
el cambio en las cantidades de recursos asignados a cada sector particular (Presupuestos y
género en América Latina y el Caribe, 2009).
Otras voces:
Una economía solidaria con igualdad para las mujeres
La economía solidaria cuestiona las formas jerárquicas de organizar la producción, y da prioridad a las interrelaciones de los seres humanos en lugar
de las mercancías. Además se basa en un conjunto de valores y principios
que se aplican tanto en la organización de las y los trabajadores, como en
los momentos de la producción, comercialización y consumo, entre ellos;
soberanía alimentaria, agro ecología, autonomía y precio justo.
Desde la perspectiva de igualdad de género, se debe transcender los principios éticos y solidarios de la economía solidaria para garantizar que las
mujeres estén presentes de forma real y concreta en todos los espacios
como sujetas de acción en la construcción de esta nueva forma de hacer
economía. Esto supone cuestionar y superar relaciones estructurales como
la división sexual del trabajo, ampliar el concepto de trabajo de forma que
comprenda el trabajo reproductivo, y el reordenamiento en la lógica de
género de espacios y tareas, que implica trasgredir los límites para asumir,
sin obstáculos ni jerarquías, tareas de producción, comercialización, gestión
financiera, negociación, incorporación de las tecnologías, acceso y manejo
del crédito.
Ver más en: http://alainet.org/active/30956
Género y crisis
La crisis económica y financiera iniciada en
los Estados Unidos a finales de 2008, se extendió afectando a las instituciones financieras y
las economías de todo el mundo. Los efectos
inmediatos se han hecho sentir en la calidad
de vida y el bienestar de las poblaciones. Sin
embargo la crisis no afecta a todas y todos de
la misma manera, ni encuentra a todas las personas en la misma situación. Las mujeres presentan una mayor vulnerabilidad ante la crisis
debido a la desigualdad de género existente
a nivel global.
Así, tanto las políticas que contribuyeron a generar la crisis, como las que se diseñan para la
recuperación, tienen impactos diferenciados
sobre mujeres y hombres y sobre los distintos
grupos sociales en función de su clase socioeconómica, origen étnico-racial, discapacidades, ámbito rural-urbano, etc. Por eso es fundamental prevenir y advertir sobre los posibles
impactos de género y proyectar políticas que
incorporen esta perspectiva tanto en su diseño
como evaluación, para evitar profundizar las
desigualdades y contribuir a la igualdad.
La participación femenina en el mercado laboral caracterizada por el subempleo, la inestabilidad, la falta de cobertura de la seguridad
social y los bajos ingresos, y sus extenuantes
dobles y triples cargas laborales, muestran el
mapa de la desigualdad en el trabajo y el empleo entre mujeres y hombres, que debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar y diseñar
medidas anti-crisis.
Los problemas estructurales como la exclusión
social, la inequidad, la pobreza, la desigualdad
de género o la deficiente capacidad del Estado, se revelan con más fuerza en las crisis económicas. En este contexto es importante tener
en cuenta que las políticas macroeconómicas
que intentan minimizar los efectos de las crisis
y fomentar la recuperación económica, tienen
impactos diferenciados sobre mujeres y hombres. El enfoque de género no debe limitarse
a las políticas sociales como si el objeto de éstas fuera amortiguar o compensar los efectos
perniciosos de las políticas macroeconómicas
(Espino / PNUD, 2009).
“Respondiendo a la crisis con
equidad de género”
fue un proceso de reflexión y diálogo
nacional y regional, impulsado
conjuntamente por la OIT, el PNUD,
UNIFEM y el COMMCA , entre ministerios de trabajo, empresas y sindicatos
sobre las medidas y propuestas para
enfrentar la crisis desde una visión de
género. Para conocer las medidas
específicas.
Ver más en: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_
content&task=view&id=905&pub_
id=1548
Los ajustes y medidas de austeridad implantadas en crisis anteriores agudizaron los índices
de pobreza y la falta de equidad en los ingresos, lo cual condujo a una polarización social
(Beneria, 2003). Las mujeres fueron afectadas
desproporcionalmente tanto en el mercado
laboral como en su vida cotidiana, a consecuencia de los recortes del gasto público y sus
efectos sobre los servicios sociales relacionados
con el cuidado, ya de por si escasos. Dado que
las mujeres han desarrollado históricamente el
trabajo reproductivo y se han responsabilizado
de la manutención y cuidado de la familia, han
hecho frente a la crisis a través de la flexibilización de su tiempo de trabajo y la consecución
de recursos para la sobrevivencia de la familia.
Por ello es importante que aprendamos de experiencias pasadas y que las políticas de corto
plazo que se diseñen para paliar los efectos de
la actual crisis, no comprometan los objetivos a
largo plazo como la igualdad de género.
La persistencia de la segregación de género
por ramas de actividad y ocupaciones genera riesgos diferenciados para mujeres y hombres. Según la OIT (2009), durante los 9 rimeros
meses de 2009, el aumento del desempleo
impactó más a los hombres que a las mujeres,
dado que los sectores más afectados fueron
la industria manufacturera y la construcción,
que son precisamente donde se concentra de
forma intensiva la mano de obra masculina.
Sin embargo, la disminución de la actividad
de la maquila y zonas francas derivadas de
la contracción de la actividad en Estados Unidos, ha agravado la situación de desempleo
femenino, dada la especial participación de
ellas en este sector. En 2008, lo empleos direc-
tos generados por la maquila en Centroamérica eran 411.502 y al finalizar el año, la industria
textil perdió 51.538 puestos de trabajo, con una
disminución promedio del 13,5%. El 65% de las
personas que perdieron el trabajo fueron mujeres (Espino / PNUD, 2009).
Ante la caída del empleo asalariado formal, la
fuerza de trabajo ha buscado salidas en el sector informal, generando un aumento notable
en entre 2008 y 2009. Es en este sector donde
encontramos mayor número de mujeres (57.1%
de mujeres frente a 51% de hombres), debido a
la persistencia de los obstáculos que impiden el
acceso igualitario de las mujeres al empleo formal. Pero además, las mujeres se ubican en las
categorías más rezagadas y precarias del sector informal, en ocupaciones por cuenta propia
de baja productividad o en el servicio doméstico de los hogares, donde nueve de cada diez
ocupados carecen de acceso a la seguridad
social (OIT, 2009).
Diferentes Estados han fomentado la obra pública como vía para la creación de empleo,
generando impactos positivos en la mano de
obra masculina. Sin embargo, no se han regis-
trado medidas específicas dirigidas a la creación de empleo en los sectores en los que predomina femenino (CEPAL, 2009).
La desaceleración económica de Estados Unidos perjudicará a la población inmigrante de
América Latina y el Caribe, que se ha ido feminizando en los últimos años. Las mujeres han
migrado de forma independiente, llegando a
constituir la mitad de quienes migran por razones laborales y que contribuyen con sus remesas a la reducción de la pobreza de muchos
hogares de los países emisores (CEPAL, 2007).
Ellas se insertan en el sector servicios como
mano de obra no especializada y son responsables de una parte importante del trabajo de
cuidado en Norteamérica y Europa.
Es esencial involucrar a las mujeres y a todos
los grupos sociales afectados por la crisis, para
hacer frente a la misma, a través de medidas
creativas y conscientes de los diferentes impactos de género, que vayan de la mano de
los compromisos internacionales con la igualdad de género, los derechos humanos y el empoderamiento.
Otras voces. Foro Internacional de Mujeres Trabajadoras,
México, 2009; Pronuncimiento frente a la crisis
La Redge (Red Nacional Género y Economía), capítulo de REMTE en México, participó
del Foro Internacional de Mujeres Trabajadoras, en el cual elaboraron un
pronunciamiento frente a la crisis global. Demandan el diseño y la planificación de un
nuevo sistema económico, político y social que sea distribuidor de la riqueza que se
centre en la atención a las necesidades de las mujeres y los hombres trabajadores,
que respete los derechos humanos y que transversalice la perspectiva de género en
toda institución y programa de política pública; rechazan la reforma laboral y de
seguridad social y las “reformas estructurales” como las referidas a las fuentes de
energía: exigen una nueva política
económica que incluya el pleno empleo y la durabilidad que garantice salarios
suficientes para una mejor calidad de vida de mujeres y hombres; el diseño de una
política industrial centrada en la pequeña y mediana empresa que permita el
crecimiento del mercado interno y respete el medio ambiente; la reactivación de la
política agraria como sustento de la soberanía alimentaria y como forma de detener
la migración interna y externa; detener la trata de mujeres niñas y niños; exigen
justicia y denuncian la impunidad hacia los feminicidios y; convocan a construir formas
de organización y lucha de las mujeres trabajadoras en cada uno de nuestros países
y compartir estrategias que nos lleven a construir un mundo mejor donde las mujeres
alcancemos el buen vivir.
Ver más en: http://www.movimientos.org/remte/show_text.php3?key=14441
globalizacion desarrollo trabajo empleo
correponsabilidad protección social
política fiscal presupuestos crisis
economica género trabajo reproductivo conciliación globalizacion desarrollo
trabajo empleo correponsabilidad protección social política fiscal presupuestos crisis economica género
trabajo
reproductivo
conciliación
globalizacion desarrollo trabajo empleo
correponsabilidad protección social
política fiscal presupuestos crisis
economica género trabajo reproductivo conciliación globalizacion desarrollo trabajo empleo correponsabilidad
protección presupuestos crisis
economica género trabajo proteal
política fiscal presupuestos crisis
género
trabajo reproductivo conciliación
globalizacion desarrollo trabajo empleo
correponsabilidad protección social
política fiscal presupuestos crisis
economica género trabajo reproductivo conciliación globalizacion desarrollo
trabajo empleo correponsabilidad protección social política fiscal presupuestos
Algunos crisis economica gé-
compromisos
trabajo
conciliación
sobre trabajo
globalizacion
trabajo y
nero
reproductivo
desarrollo
empleo
correponsabilidad protección
social
economía
política fiscal presupuestos crisis economica género trabajo reproductivo conciliación globalizacion desarrollo trabajo empleo correponsabilidad
protección presupuestos crisis
economica género trabajo proteal
política fiscal presupuestos crisis
género
trabajo reproductivo conciliación
Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, 1951
Este convenio llama a los Estados firmantes a
promover y garantizar la aplicación a todos los
trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina
y la mano de obra femenina por un trabajo de
igual valor.
•http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.
pl?C100
Convenio 103 de la OIT sobre la Protección de
la Maternidad, 1952
Este convenio constituye la primera revisión del
Convenio sobre la Protección de la Maternidad
Nº3, el cual precisó los principios fundamentales de esta protección, tales como: el derecho
a una licencia de maternidad, a prestaciones
en dinero y prestaciones médicas, y el derecho
a la seguridad del empleo y a la no discriminación.
Estipula, entre otras cosas, que la asistencia médica deberá comprender tanto los nueve meses de embarazo, como el momento del parto
y el post-parto, también establece que las interrupciones en el horario de trabajo para efectos
de amamantar deberán contarse como horas
de trabajo y remunerarse como tales.
En este año también se adoptó la Recomendación (núm. 95) que acompaña al Convenio.
En ella se recomienda la prolongación del descanso de maternidad hacia completar un período de 14 semanas, el aumento de las prestaciones en dinero hasta equipararlas al 100 por
ciento de las ganancias de la mujer reportadas
para efectos de prestaciones, la ampliación de
la protección del empleo, la salvaguardia de
los derechos de antigüedad y el derecho de la
mujer a ser reintegrada a su puesto de trabajo.
Nueve países de la región tienen vigente la ratificación de los Convenios sobre protección de
la maternidad (103 y 183); Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala y
Uruguay.
•http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/
convenios/convoit-C103.htm
Convenio 111, Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958
“Todo Miembro para el cual este Convenio
se halle en vigor se obliga a formular y llevar
a cabo una política nacional que promueva,
por métodos adecuados a las condiciones y
a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y
ocupación, con objeto de eliminar cualquier
discriminación a este respecto”. A los efectos,
se entiende como discriminación, “cualquier
distinción, exclusión o preferencia basada en
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión
política, ascendencia nacional u origen social
que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo
y la ocupación”.
•http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_108_es.pdf
Convenio 122 de la OIT sobre la política del empleo, 1964
“De acuerdo con la Declaración de Filadelfia
incumbe a la Organización Internacional del
Trabajo examinar y considerar los efectos de
las políticas económicas y financieras sobre
la política del empleo, teniendo en cuenta el
objetivo fundamental de que “todos los seres
humanos, sin distinción de raza, credo o sexo,
tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de
libertad y dignidad, de seguridad económica y
en igualdad de oportunidades”.
Por ello, los países firmante “deberán formular
y llevar a cabo, como un objetivo de mayor
importancia, una política activa destinada a
fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido” con el objetivo “de estimular el
crecimiento y el desarrollo económicos, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema
del desempleo y del subempleo”.
•http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.
pl?C122
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, 1967
Esta declaración señala en su artículo 10 que
los Estados deberán adoptar “todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, casada o no, los mismos derechos que al hombre
en la esfera de la vida económica y social, y
en particular: a) El derecho, sin discriminación
alguna por su estado civil o por cualquier otro
motivo, a recibir formación profesional, trabajar, elegir libremente empleo y profesión, y
progresar en la profesión y en el empleo; b) El
derecho a igual remuneración que el hombre
y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor; c) El derecho a vacaciones
pagadas, prestaciones de jubilación y medi-
das que le aseguren contra el desempleo, la
enfermedad, la vejez o cualquier otro tipo de
incapacidad para el trabajo; d) El derecho a
recibir asignaciones familiares en igualdad de
condiciones con el hombre.
•http://www.rosario.gov.ar/sitio/desarrollo_social/ddhh/declaracion_mujer.pdf
Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, 1979
Esta convención destaca el hecho de que en
situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de
empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades. Por eso exigen a los Estados Partes
que adopten “todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a
la mujer, en condiciones de igualdad con los
hombres, los mismos derechos.
•http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/c_elim_disc_mutxt.htm
Convenio 156 y la Recomendación 165 de la
OIT sobre Trabajadores con Responsabilidades
Familiares, 1981
En estos instrumentos se menciona que el ejercicio pleno del derecho al empleo implica que
las responsabilidades familiares no constituyan
causas de discriminación, no obstruyan el mejoramiento de las condiciones de vida ni comprometan el acceso y la permanencia laboral.
Recomienda a los Estados políticas públicas
que involucren a los hombres para una distribución más igualitaria de las responsabilidades.
La región presenta una de las tasas más altas
de ratificación del Convenio 156 de la OIT, el
cuál provee una serie de regulaciones para
proteger a trabajadores y trabajadoras con
responsabilidades familiares y permitir la conciliación. Son diez los países que han ratificado
este convenio: Argentina, Belice, Bolivia, Chile,
El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y nueve países de la región
tienen vigente la ratificación de los Convenios
sobre protección de la maternidad (103 y 183);
Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba,
Ecuador, Guatemala y Uruguay.
•http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.
pl?C156
•http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.
pl?R165
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de
Beijing, 1995
La Declaración aprobada en esta Conferencia
exige a los Estados en su artículo 26 “promover
la independencia económica de la mujer, incluido su empleo, y erradicar la carga persistente y cada vez mayor de la pobreza que recae sobre las mujeres, combatiendo las causas
estructurales de esta pobreza mediante cambios en las estructuras económicas, garantizando la igualdad de acceso a todas las mujeres,
incluidas las de las zonas rurales, como agentes
vitales del desarrollo, a los recursos productivos,
oportunidades y servicios públicos.”
Además, la Plataforma de Acción (programa
encaminado a crear condiciones necesarias
para la potenciación del papel de la mujer en
la sociedad) señala que se debe establecer
el “principio de que mujeres y hombres deben
compartir el poder y las responsabilidades en
el hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel más
amplio, en la comunidad nacional e internacional.”
•http://www.uneca.org/daweca/Documents/
Beijing%20Declaration%20&%20Platform%20
for%20Action%20SPANISH.pdf
Convenio 183 de la OIT sobre Protección de la
maternidad, 2001
Este convenio constituye la segunda revisión
del Convenio sobre la Protección de la Maternidad Nº3, el cual precisó los principios fundamentales de esta protección, tales como: el
derecho a una licencia de maternidad, a prestaciones en dinero y prestaciones médicas, y
el derecho a la seguridad del empleo y a la no
discriminación.
En este sentido, la 88ª Conferencia lnternacional del Trabajo, celebrada en junio del 2000, revisó el Convenio 103 y dio paso a la adopción
del Convenio l83. Este mantiene los principios
fundamentales de la protección de la maternidad, y entre otros cambios amplia su campo
de aplicación a todas las mujeres empleadas;
la protección no solo a las enfermedades que
sean consecuencia del embarazo o parto sino
también a las complicaciones que puedan derivarse de estos; prevé un período de protección al empleo más largo y; que todo Miembro
debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una
causa de discriminación en el empleo.
•http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/
convenios/convoit-c183.htm
Cumbre del Milenio + 5, 2005
En setiembre de 2005, en las Naciones Unidas
se realizó la Cumbre del Milenio +5 con el objetivo de evaluar el progreso de las Metas de la
Declaración del Milenio de la ONU, aprobada
por 150 jefes de estado en la Cumbre del Milenio realizada en setiembre de 2000.
En el documento final de esta Cumbre se reafirma la importancia de promover la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de la
mujer, y se insta a eliminar la omnipresente discriminación por motivos de género. En otras
medidas se destaca; “Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria
y secundaria a la mayor brevedad posible y en
todos los niveles de enseñanza para 2015; Garantizar el derecho libre e igualitario de la mujer a poseer y heredar bienes y garantizando
la tenencia segura de bienes y vivienda por la
mujer; Asegurar la igualdad de acceso a la salud reproductiva; Promover la igualdad de acceso de la mujer a los mercados de trabajo, al
empleo sostenible y a una protección laboral
adecuada y; Asegurar la igualdad de acceso
de la mujer a los bienes y recursos productivos,
incluidos la tierra, el crédito y la tecnología”.
•http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/
ga/59/hl60_plenarymeeting.html
X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: Consenso de Quito, 2007
En 2007, 24 países representados en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe, acordaron el Consenso de
Quito en el cual reconocen el valor social y
económico del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, el cuidado como un
asunto público que compete a los Estados,
gobiernos locales, organizaciones, empresas y
familias, y la necesidad de promover la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en
el ámbito familiar. Para ello se comprometen a;
incluir el trabajo no remunerado en las cuentas
nacionales; desarrollar medidas de corresponsabilidad que se apliquen por igual a hombres
y mujeres; formular políticas de empleo de calidad y seguridad social, incentivos económicos dirigidos a garantizar el trabajo decente
remunerado a mujeres sin ingresos propios y la
igualdad de condiciones y derechos laborales
y; fomentar que los Estados asuman la repro-
ducción social, el cuidado y el bienestar de la
población como objetivo de la económico y
responsabilidad pública indelegable.
•http://www.eclac.cl/publicaciones/
xml/9/29489/dsc1e.pdf
XI Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe:
Consenso de Brasilia, 2010
Ministras y representantes de los Mecanismos
de igualdad de América Latina y El Caribe se
dieron cita en Brasilia entre el 13 y 16 de julio de
2010 con el objetivo de discutir el tema de los
logros y desafíos para alcanzar la igualdad de
género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres.
El consenso de Brasilia recoge las líneas de acción para las políticas en pro del logro de la
igualdad en la Región que se han acordado
en la Conferencia. Los acuerdos alcanzados se
refieren a desarrollar acciones para conquistar
una mayor autonomía económica e igualdad
en la esfera laboral; fortalecer la ciudadanía
de las mujeres; ampliar la participación de las
mujeres en los procesos de toma de decisiones
y en las esferas de poder; facilitar el acceso de
las mujeres a las nuevas tecnologías y promover medios de comunicación igualitarios, democráticos y no discriminatorios; enfrentar las
formas de violencia contra las mujeres; promover la salud integral y los derechos sexuales y
reproductivos; realizar actividades de capacitación e intercambio y difusión, que permitan
la formulación de políticas públicas basadas en
los datos del observatorio de igualdad de género de América Latina y El Caribe, y promover
la cooperación internacional y regional para la
equidad de género.
Siguiendo en la línea del consenso de Quito,
repite la necesidad de incorporar en las cuentas nacionales el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado que llevan a
cabo las mujeres, y de Impulsar y profundizar,
en el sector público y privado, en la adopción
de sistemas de gestión de igualdad de género
que promuevan la no discriminación de las mujeres en el empleo, la conciliación de la vida
profesional, privada y familiar, y la prevención
y erradicación de todas las formas de violencia
de género en el ámbito laboral.
•http://www.eclac.org/mujer/noticias/paginas/5/40235/ConsensoBrasilia_ESP.pdf
globalizacion desarrollo trabajo empleo
correponsabilidad protección social
política fiscal presupuestos crisis
economica género trabajo reproductivo conciliación globalizacion desarrollo
trabajo empleo correponsabilidad protección social política fiscal presupuestos crisis economica género
trabajo
reproductivo
conciliación
globalizacion desarrollo trabajo empleo
correponsabilidad protección social
política fiscal presupuestos crisis economica género trabajo reproductivo conciliación globalizacion desarrollo trabajo empleo correponsabilidad
protección presupuestos crisis
economica género trabajo proteal
política fiscal presupuestos crisis
Bibliografía
género
trabajo reproductivo conciliación
Bibliografía:
BENERÍA, Lourdes (2003): Gender, Development
and Globalization: Economics as if All People
Mattered, Nueva York: Routledge.
CAMACHO, Rosalía et alt. (2006): “Género, políticas conciliatorias y presupuesto público: una
aproximación al caso de América Latina y el
Caribe” en Cohesión social, políticas conciliatorias y presupuesto público: una mirada desde
el género.
CEPAL (2009): Cumbre de las Américas 1994-2009,
Puerto España. [En línea]: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_
content&task=view&id=905&pub_id=1894
CEPAL (2007): El aporte de las mujeres a la
igualdad en América Latina y el Caribe,
Chile. [En línea]: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_
content&task=view&id=905&pub_id=1884
CURIEL, Ochy et alt. (2005): “Feminismos disidentes” en Nouvelles Questions Féministes, 2: 4-11.
ESPINO, Alma / PNUD (2009): El impacto de
las medidas anticrisis en Centroamérica: Posibles impactos en el empleo de las mujeres y
en la conciliación entre el trabajo en el hogar
y el mercado, Costa Rica: OIT, PNUD, UNIFEM,
COMMCA, INAMU. [En línea]: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_
content&task=view&id=905&pub_id=1548
LAMARCA, Chusa: Ella para él, él para el estado
y los tres para el mercado: Globalización y género, España [En línea]: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_
content&task=view&id=905&pub_id=439
MARTINEZ, Juliana (2009): “¿Es posible des-encadenar la desigualdad de género en América
Latina?” en Genero y empleo.
MORA, Luís et alt. (2006): Cohesión social, políticas conciliatorias y presupuesto público: una
mirada desde el género, México, UNFPA / GTZ.
OIT (2009): Panorama laboral 2009, Perú.
[En
línea]:
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_
content&task=view&id=905&pub_id=1896
OIT (2008): Tendencias mundiales del empleo
de las mujeres, Ginebra. [En línea]: http://www.
americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_
content&task=view&id=905&pub_id=926
Valenzuela, María Elena et alt. / PNUD / OIT
(2009): Trabajo y Familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad
social, Chile. [En línea]: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_
content&task=view&id=905&pub_id=1035
SEN, Gita (1998): “El empoderamiento como
un enfoque de pobreza” en Arriagada y Torres
(ed.): Género y Pobreza. Nuevas Dimensiones,
Chile: ISIS Internacional.
ESPINO, Alma / UNIFEM / PNUD (2009): Trabajo que no se mira ni se cuenta. Aportes para
una nueva relación entre el género y la Economía. Cuaderno de Desarrollo Humano n° 7,
San Salvador. [En línea]: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_
content&task=view&id=905&pub_id=1897
YLLESCAS, Martha et alt (2007): El acuerdo de asociación entre la Unión Europea
y Centroamérica: su posible impacto en la
vida de las mujeres centroamericanas. Informe final de investigación, Nicaragua:
CAWN. [En línea]: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_
content&task=view&id=905&pub_id=1898
Webgrafía:
Presupuestos y género en América Latina y el
Caribe (10/03/2010)
http://www.presupuestoygenero.net/
globalizacion desarrollo trabajo empleo
correponsabilidad protección social
política fiscal presupuestos crisis
economica género trabajo reproductivo conciliación globalizacion desarrollo
trabajo empleo correponsabilidad protección social política fiscal presupuestos crisis economica género
trabajo
Octubre 2010
América Latina Genera
reproductivo
conciliación
RSCLAC
PNUD
globalizacion desarrollo trabajo empleo
correponsabilidad protección social
política fiscal presupuestos crisis economica género trabajo reproductivo conciliación globalizacion desarrollo trabajo empleo correponsabilidad
protección presupuestos crisis
economica género trabajo proteal
política fiscal presupuestos crisis
Se permite la reproduccion total o parcial de estos contenidos
citando la fuente
género
trabajo reproductivo conciliación