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Memorando de los sindicatos de la troika España-Bélgica-Hungría para la
presidencia de la Unión Europea
Los sindicatos de los tres países han decidido presentar un memorando
conjunto en el marco del trío de Presidencias previsto por el nuevo Tratado de
Lisboa e inaugurado por la Presidencia española de este primer semestre
2010. Al hacerlo, los sindicatos de los tres países, en plena cooperación con la
Confederación Europea de Sindicatos, quieren potenciar la continuidad y la
cooperación para avanzar en la Europa social durante los 18 meses de
presidencia de sus países.
1) El marco general para Europa: un modelo de crecimiento
sostenible y socialmente justo.
El empleo es y sigue siendo nuestra principal preocupación en el corto, medio y
largo plazo. Por lo tanto estamos a favor de una estrategia que combine las
respuestas rápidas y urgentes a la crisis, como un plan de recuperación, con
respuestas a medio y largo plazo en el marco de la estrategia Europa 2020.
El principio rector de la nueva Estrategia de la Europa 2020 debe ser un
enfoque equilibrado entre los derechos económicos, sociales y ambientales. El
crecimiento y el empleo solo se pueden garantizar mediante el fortalecimiento
del pilar social. Los sindicatos de la troika creen que estos tres pilares pueden y
deben reforzarse mutuamente. Europa debe desarrollar una política europea
ambiciosa para mejorar la calidad del trabajo, con objetivos concretos,
utilizando como referencia los indicadores de calidad del empleo de Laeken, y
una evaluación de los progresos de los Estados miembros hacia estos
objetivos. La cohesión social y la reducción de la pobreza también deben tener
su lugar en la nueva estrategia y establecer objetivos cuantificados y
ambiciosos. Recordamos que la lucha contra la pobreza y la exclusión social
será el tema central del año europeo 2010.
Europa debe reforzar de manera general la protección social, para satisfacer
las necesidades de los trabajadores que han perdido sus empleos durante la
crisis y las necesidades de una población que envejece.
La crisis ha debilitado la industria europea y ya sabemos que una parte de esta
industria no se recuperará. Por otra parte, los países de la UE se
comprometieron a reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto
invernadero en diez años. Diez años es un plazo muy corto para una
reorientación de nuestra economía que evite el cambio climático y al mismo
tiempo preserve la industria en Europa. El clima por lo tanto debe ser un
objetivo central que debe alcanzarse mediante una política industrial clara y
reflexiva, coordinada a nivel europeo.
Desde la perspectiva de las cuestiones medioambientales, el equilibrio debe
preservarse: la lucha contra el cambio climático supondrá la creación de
nuevos "empleos verdes" decentes y el "reverdecimiento" de puestos de
trabajo en los sectores tradicionales. Las adaptaciones de puestos de trabajo,
la pérdida de empleos en algunos sectores y la creación de puestos de trabajo
en otros requerirán el apoyo de los trabajadores. Europa debe defender el
concepto y la aplicación de una transición justa. Esto implica:
• Un buen nivel de protección social para facilitar la aceptación del cambio;
• Los empleos de calidad;
• Una política industrial ambiciosa, coherente con los desafíos del
desarrollo sostenible;
• Una buena anticipación de los cambios (estudios de los impactos
económicos y sociales, la anticipación de la competencia);
• Apoyo a la reconversión profesional y la formación de los trabajadores.
• De manera general, un diálogo institucionalizado entre las autoridades
públicas, a todos los niveles, y los interlocutores sociales.
Por último, la Unión Europea debe ser capaz de integrar las herramientas que
le permitan hacer frente de una manera efectiva al desafío de un crecimiento
sostenible y socialmente justo en sus políticas internas, en su política de
comercio exterior favoreciendo la transición a una economía baja en carbono y
garantizando que se integren el trabajo decente y el respeto a las normas
fundamentales de la OIT en las políticas exteriores de la Unión Europea.
Para combinar estas consideraciones a corto plazo con la necesidad de poner
fin a la crisis, los sindicatos de la Troika apoyan un plan de recuperación
equivalente al 1% del PIB de la UE, que favorezca el empleo de los jóvenes en
los sectores vinculados a las tecnologías verdes y a la economía baja en
carbono. El plan debe llegar a ser el embrión de un fortalecimiento de la
gobernanza económica de Europa.
Teniendo en cuenta los problemas presupuestarios de la mayoría de los
Estados miembros, estas medidas deben ser financiadas en parte mediante la
canalización de los ahorros de los ciudadanos de la UE en la inversión
productiva (emisión de Eurobonos), y por otra parte, mediante la búsqueda de
ingresos fiscales adicionales, especialmente mediante la introducción de un
impuesto sobre las transacciones financieras. Además, el plan de recuperación
también plantea la cuestión de la revisión del programa presupuestario de la
Unión Europea. Mientras que el próximo programa multianual no se iniciará
hasta 2013, la situación actual y las incertidumbres todavía numerosas sobre la
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crisis abogan por un rápido aumento de las capacidades presupuestarias
europeas.
Mantener el equilibrio entre los tres pilares implica igualmente la integración de
las diferentes estrategias europeas - la estrategia que sucederá a la estrategia
de Lisboa, la Estrategia para un Desarrollo Sostenible (en particular mediante
la elaboración de indicadores comunes cuando las estrategias traten de los
mismos temas) y una Agenda social 2011-2015 sólida. Se debe establecer un
proceso más ambicioso para desarrollar un método abierto de coordinación en
materia de cohesión e inclusión social eficaz, duradera y sostenible, con
objetivos cuantitativos y cualitativos, un calendario preciso y una evaluación
anual.
La nueva estrategia de la Unión Europea debe tomar más en cuenta las
diferentes situaciones económicas de cada Estado miembro y/o región y
realizar un mayor esfuerzo para ayudar a los que se encuentran en una
situación más difícil.
Por último, con el objetivo de reducir las cargas administrativas en un 25% en
2012, como principal medio para alcanzar los objetivos de la estrategia ha sido
identificado el «Legislar mejor» en la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y
el empleo. Si bien es evidente que es bueno para todos simplificar las cargas
administrativas innecesarias, debemos asegurarnos de que el «Legislar mejor»
no se utilice de manera abusiva para promover la desregulación desde la
perspectiva económica, social, ambiental o de salud y seguridad de los
trabajadores, ni para abolir requisitos administrativos que son esenciales para
la transparencia de las empresas, el control de la aplicación de las reglas o la
recogida de datos necesarios para la elaboración de políticas eficaces.
En los siguientes temas específicos, los sindicatos de la Troika defenderán una
posición común:
• Un protocolo de progreso social jurídicamente vinculante, añadido al
Tratado de Lisboa: el Protocolo sobre el progreso social, apoyado por
todos los sindicatos bajo el paraguas de la Confederación Europea de
Sindicatos, debe permitir evitar la competencia desleal en los salarios y las
condiciones de trabajo y la desigualdad de trato entre los migrantes y los
trabajadores locales. Teniendo en cuenta los devastadores efectos de las
sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (Laval, Viking, Rüffert y
Luxemburgo), el protocolo debe establecer que los derechos sociales
fundamentales son jurídicamente prioritarios sobre las libertades del
mercado económico.
• Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores, teniendo en
cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre el tema
(Laval, Viking, Rüffert y Luxemburgo), la Directiva no cumple con su
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objetivo primordial, a saber, la promoción de la prestación transnacional
de servicios en un clima de competencia leal y de respeto de los derechos
de los trabajadores. Se deben adoptar medidas para volver a la idea de
que la Directiva es ante todo un instrumento contra el dumping social.
• Directiva sobre tiempo de trabajo: mantener el opt-out preconizado por la
Comisión Europea no puede ser tolerado, porque conduce directamente a
una individualización del tiempo de trabajo. Un enfoque sectorial como
sugirió el gobierno español es realista y prometedor.
2) La promoción del trabajo decente
La crisis agrava las tendencias a la competencia salarial entre los Estados
miembros. Hay que promover la coordinación entre los Estados miembros, por
ejemplo en los salarios, para evitar la competencia salarial entre los países
europeos que podría incrementarse aún más con la crisis. La presidencia de la
troika podría plantear la idea de un salario mínimo relativo (que dependería de
las circunstancias nacionales) como la principal herramienta para luchar contra
la competencia salarial en Europa, y esto en estrecha colaboración con los
interlocutores sociales europeos. Una cooperación reforzada entre los servicios
de inspección social en Europa, con un organismo común europeo (una
"europol social") permitiría también luchar contra el dumping social con, entre
otras medidas, una normativa europea para el registro de los proveedores de
servicios extranjeros. Esta cooperación está estrechamente vinculada a una
aplicación correcta y eficaz de la Directiva sobre desplazamiento.
Los sistemas de educación, desde la educación básica a la educación superior,
y de formación deben ser fortalecidos para lograr el éxito y un alto nivel de
exigencia para todos. Los sindicatos de la "troika" defienden objetivos
cuantitativos para la formación del personal: los esfuerzos de formación de las
empresas deberían alcanzar el 2,5% de la masa salarial y una participación del
50% de los trabajadores. En algunos estados de Europa central y oriental, los
gobiernos recortan los presupuestos de educación para reequilibrar los
presupuestos públicos. Una política europea común es necesaria para crear un
clima propicio para la emergencia de una economía del conocimiento en todos
los Estados miembros.
La idea de la flexiguridad puede parecer atractiva: se trata formalmente de
encontrar el equilibrio entre flexibilidad en el empleo y una seguridad de carrera
profesional, gracias a un alto nivel de prestaciones de desempleo durante los
períodos de transición de un empleo a otro, el acceso a la formación para la
reconversión profesional y el apoyo en la búsqueda de trabajo. Pero todo
depende de lo que se llama un "buen equilibrio" entre los aspectos de
flexibilidad y seguridad. En la práctica, se ha privilegiado la flexibilidad, con una
mayor facilidad de despido, en detrimento de la mejora de los elementos de la
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seguridad para los trabajadores. El debate sobre la flexiguridad no puede ser
una excusa para la flexibilidad de los contratos indefinidos, sino al contrario
conducir a la seguridad en los contratos flexibles. El contrato indefinido y a
tiempo completo debe seguir siendo la norma. No se puede utilizar la
flexiseguridad para penalizar aún más a los que están desempleados o muy
lejos del mercado de trabajo.
Ahora se debe hacer hincapié en los aspectos relacionados con la seguridad: la formación a lo largo de toda la vida, políticas de acompañamiento de los
solicitantes de empleo de calidad y una verdadera protección social. Sólo los
esfuerzos hacia una mayor seguridad de los trabajadores pueden garantizar un
equilibrio de la estrategia y de ese modo la dignidad de los trabajadores y de
los ciudadanos europeos.
Para construir un mercado laboral europeo único, es indispensable armonizar
hacia arriba las normas sociales y laborales a través de una legislación social
europea. Esta es la única manera de evitar el dumping social en Europa.
3) Clima
La Troika “heredará" las consecuencias de la Conferencia de Copenhague.
Pedimos que Europa tome de nuevo la iniciativa en las negociaciones
internacionales sobre el clima y que haga todo lo posible para alcanzar un
acuerdo ambicioso y vinculante antes de finales de 2010, avanzando de
manera proactiva en el logro de sus objetivos con el fin de desempeñar un
papel ejemplar ante otros países, previniendo al mismo tiempo el riesgo de
"fuga de carbono". Europa debe aprender de Copenhague, en donde fue
apartada de las discusiones entre los Estados Unidos, China, India, Brasil y
Sudáfrica. Europa debe hablar con una sola voz y promover una estrategia
común.
Europa debe defender el concepto y la aplicación de una transición justa. En
este sentido, a nivel europeo, el papel del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización podría ampliarse para apoyar a los trabajadores afectados por
las reestructuraciones relacionadas con la lucha contra el cambio climático.
Además de este apoyo a posteriori, el Fondo podría servir como un instrumento
de financiación de apoyo ex ante (anticipación de cambio de carrera antes de la
pérdida de empleo).
4) Fiscalidad
La crisis está socavando las finanzas públicas: los déficit son cada vez
mayores, las deudas públicas se hinchan. Al mismo tiempo, hay que lanzar
nuevos impulsos presupuestarios para favorecer el crecimiento económico y la
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creación de empleo. La fiscalidad es por tanto una cuestión política importante.
Es necesario relanzar algunos objetivos claros, tales como:
• La introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras. Nos
referimos a un impuesto limitado a Europa de 0,05% (50 céntimos por
1000 euros) que generarían unos ingresos de alrededor del 2% del PIB de
la UE;
• Establecimiento de un tipo mínimo efectivo consistente del impuesto de
sociedades (especialmente en el contexto del debate sobre el nuevo
estatuto de la sociedad privada europea) y una base imponible
armonizada;
• La introducción de la fiscalidad medioambiental y socialmente justa a
escala de la UE (en particular mediante el establecimiento de un impuesto
sobre el carbono);
• Fortalecimiento de la Directiva del ahorro y su extensión a otros
productos de inversión y al conjunto de los operadores económicos
(personas físicas y jurídicas);
• Más cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el
fraude fiscal y la evasión fiscal, entre otros, contra los paraísos fiscales y
el secreto bancario.
• Una mayor progresividad de los sistemas fiscales en Europa.
5) La regulación de los mercados financieros
Europa debe seguir invirtiendo en una adecuada preparación de las cumbres
del G-20 sobre la regulación financiera, donde no tendrá peso a no ser que
hable con una sola voz. Debe hacerlo para la próxima cumbre del G-20 que se
celebrará en junio de 2010, y también en el G-20 de los Ministros de Trabajo en
Washington en abril de 2010. Europa tiene un papel crucial que desempeñar en
esta oportunidad para defender nuestro modelo social, nuestra visión de la
globalización y defender los logros del Pacto Mundial para el Empleo de la OIT
y la necesidad de implicar a los interlocutores sociales y la propia OIT en el
proceso.
Por otra parte, la crisis financiera no ha terminado, algunos observadores,
como el FMI, creen que los bancos todavía tienen un gran número de
productos tóxicos en sus balances. Se han tomado algunas decisiones políticas
en relación con la política macroprudencial, pero todavía no son aplicadas.
Además, también debemos considerar si las medidas políticas ya adoptadas no
deben ser completadas.
Los sindicatos de la troika demandan con la coalición "Europeos para la
reforma financiera”, que incluye entre otros a la CES y UNI Global Union, la
reforma de los mercados financieros para que estén al servicio de la economía
y el empleo real a través de:
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• La democratización de las finanzas y el reconocimiento y toma en
consideración del papel central de los trabajadores en el sector financiero.
Los colegios de supervisores deberían incluir sistemáticamente en sus
evaluaciones de riesgos las experiencias y las informaciones recogidas
por los trabajadores de las instituciones financieras sobre el impacto de
las prácticas comerciales internas (como la estructura de incentivos
financieros) en el perfil de riesgo de las empresas.
• Control y limitación de los salarios y las bonificaciones de los ejecutivos y
los accionistas.
• Regulación de los fondos especulativos, como los fondos de inversión de
alto riesgo (hedge funds) y los fondos de inversión de capital, y una
legislación completa, que supervise de manera efectiva a todos los
agentes financieros.
• Protección de los consumidores contra los productos financieros tóxicos
y los préstamos abusivos
6) Los servicios públicos
Los servicios públicos, como garantes del interés general, tienen que
desempeñar un papel crucial en Europa en la conservación y promoción del
modelo social europeo.
La crisis también ha puesto de relieve la importancia de los servicios públicos
como un amortiguador social y económico contra los choques externos y
elemento preponderante contra la creciente desigualdad. También es un
elemento clave en la lucha por una mayor igualdad entre hombres y mujeres.
Los servicios públicos tienen un papel que desempeñar, no sólo como un factor
de solidaridad y justicia social, sino también como un factor de amortiguación
de las crisis futuras. Deben ser protegidos y desarrollados y nunca pueden ser
una variable de ajuste para hacer frente a dificultades presupuestarias.
Desde los años 90, la Unión Europea ha puesto en marcha un amplio programa
de liberalización (sobre todo en correos, ferrocarril, energía y
telecomunicaciones), que está lejos de haber alcanzado los objetivos
anunciados (mayor competencia, mayor eficacia, servicios de calidad a precios
más bajos, en beneficio de los consumidores). Conviene que Europa haga una
evaluación objetiva y rápida en estos sectores del impacto de la liberalización
sobre el empleo, las condiciones de trabajo, el medio ambiente y los
consumidores antes de continuar por esta vía. Nos oponemos, en cualquier
caso y desde ahora a cualquier plan de liberalizar el sector del agua en Europa.
Los servicios públicos son la piedra angular del modelo social europeo y
Europa debe proponer una directiva marco sobre servicios de interés general
que dé a los servicios públicos la garantía de un marco jurídico estable, una
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financiación adecuada, de conformidad con el principio de universalidad, de
continuidad y de igualdad de acceso.
Creemos, en particular, que los servicios sociales en la UE necesitan reglas
claras para garantizar a todos la continuidad del funcionamiento y el acceso
equitativo. Los servicios sociales de interés general deben ser de calidad, ser
accesibles a todos a un precio asequible y estar sujetos a control democrático y
a la obligación de rendir cuentas implicando tanto a los consumidores como a
los trabajadores de estos sectores cruciales.
Del mismo modo, la atención sanitaria debe asumirse desde la esfera pública y
no del mercado y ser considerada como servicios de interés general que, como
lo estipula el Tratado de Lisboa (§ 14, Protocolo 9), son competencia exclusiva
de los Estados miembros con respecto a la definición, organización y
financiación. La salud no puede ser considerada un bien o servicio para el
consumo general. El acceso a la atención sanitaria debe estar garantizado a
todos.
7) En el plano internacional
El nuevo Tratado de Lisboa y, en particular la creación del puesto de Alto
Representante para Asuntos Exteriores y de una representación diplomática en
el extranjero debe ser una oportunidad para reforzar y difundir la imagen del
modelo social europeo, para reforzar la dimensión social de la globalización y el
papel de la OIT en el paisaje institucional internacional - especialmente en la
promoción internacional del concepto de trabajo decente - y para defender la
aplicación práctica de los convenios 87 y 98 de la OIT también dentro de la UE
o en los países candidatos.
La dimensión social y el trabajo decente deben promoverse en la Cumbre
Europa-América Latina en mayo de 2010, la Cumbre de la Unión para el
Mediterráneo en junio 2010, la Cumbre Asia-Europa en octubre 2010 y la
Cumbre Europa-África en noviembre 2010. Los interlocutores sociales deben
participar en estas Cumbres.
Europa debe poner su política comercial al servicio de la creación de trabajo
decente en el mundo. Debe desempeñar un papel destacado en la defensa de
un libre comercio regulado, que respete las normas sociales y
medioambientales, teniendo en cuenta los intereses de los países en desarrollo
y protegiendo a los servicios públicos de cualquier intento de liberalización.
8) La gobernanza
En materia de gobernanza y para aumentar la legitimidad de las políticas a
aplicar, los interlocutores sociales deben participar sistemáticamente en la
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elaboración, el seguimiento y la evaluación de las medidas adoptadas en los
planes de reforma. Abogan por el desarrollo de un diálogo social eficaz y
efectivo en todos los niveles: nacional, europeo y sectorial en los Estados
miembros. El diálogo social debe ser promovido y respetado como un
instrumento de gobernanza y aplicación de las políticas tanto a nivel nacional
como europeo.
Por último, en lugar de debilitarse, el método abierto de coordinación debería
ser fortalecido como un proceso de aprendizaje y apropiación de la estrategia
europea para el empleo y de la política social con indicadores pertinentes y con
plena participación de los interlocutores sociales y de los parlamentos
nacionales y europeo.
También es urgente reforzar la gobernanza económica en Europa. La Unión
Europea debe contar con herramientas eficaces para luchar contra la
inestabilidad financiera que desestabiliza la Unión Económica y Monetaria y la
economía europea en general. La situación en Grecia, cuyos problemas de
presupuesto se ven agravados por movimientos especulativos en los mercados
financieros, y también las crisis experimentadas por otros miembros de la
Unión Europea desde el inicio de la crisis, como Hungría, ilustran esta
necesidad urgente de instrumentos europeos. Una gobernanza económica
europea es también necesaria para desarrollar y poner en marcha una acción
coordinada a escala europea en el marco de la estrategia a medio plazo
Europa 2020 (política industrial europea, Europa social, protección del
medioambiente).
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