Download República de Costa Rica Ministerio de Ambiente, Energía y Mares

República de Costa Rica
Ministerio de Ambiente, Energía y
Mares (MINAE)
Hacia una agenda en la gestión
ambiental pública para la
ciudadanía
Carta al personal del MINAE
San José, Costa Rica
Agosto, 2015
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
Contenido
Presentación ........................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Principios orientadores de la gestión pública ambiental .................................................................. 9
Ejes de trabajo ..................................................................................................................................... 13
1. Reorganización de la gestión pública ambiental ..................................................................... 13
1.a) Rectoría y dirección política: .......................................................................................... 15
1.b) Modernización Institucional: ......................................................................................... 15
1.c) Seguimiento de la Política Ambiental y su implementación en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo: ......................................................................................................... 17
2. Ordenamiento territorial responsable (continental, costero y marino a nivel nacional,
regional y local............................................................................................................................. 17
2.a) Política y Plan de Ordenamiento Territorial Continental y Oceánico ............................. 19
2.b) Acompañamiento a los Planes Reguladores Municipales .............................................. 20
3. Cambio Climático Global ......................................................................................................... 21
3.a) Desarrollo y cambio climático ........................................................................................ 22
3.b) Política Nacional de Cambio Climático ........................................................................... 23
4. Conservación y mejoramiento del patrimonio natural como base para el desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza. ................................................................................. 24
4.a) Biodiversidad ................................................................................................................ 25
4.b) Recursos Hídricos ........................................................................................................... 26
4.c) Recursos Geológicos y Mineros ...................................................................................... 27
4.d) Recurso Forestal ............................................................................................................. 27
4.e) Recursos Marino - costeros ............................................................................................ 28
4.f) Áreas Protegidas ............................................................................................................. 29
5. Producción sostenible y consumo racional de energía .........................................................31
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
5.a) Política energética .......................................................................................................... 32
5.b) Eficiencia energética ...................................................................................................... 33
6. Transporte eficiente, solidario y ambientalmente sostenible ...............................................33
7. Calidad Ambiental y Asentamientos Humanos ....................................................................35
7.a) Evaluación de Impacto Ambiental .................................................................................. 35
7.b) Gestión de Residuos ....................................................................................................... 36
7.c) Salud y Ambiente............................................................................................................ 36
7.d) Gestión Pública de la calidad ambiental ........................................................................ 36
8. Transparencia, rendición de cuentas, participación y control ciudadano de la calidad y la
gestión ambiental ......................................................................................................................37
A manera de conclusión .................................................................................................................. 38
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
DESPACHO MINISTERIAL
Ministro:
Dr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta
Vice-Ministra de Ambiente:
Lic. Patricia Madrigal Cordero
Vice-Ministra de Energía:
Ing. Irene Cañas Díaz
Vice-Ministro de Aguas, Mares,
Costas y Humedales:
M.Sc. Fernando Mora Rodríguez
Jefe de Despacho:
Lic. Leonardo Chacón Rodríguez
Oficial Mayor:
M.Sc. Diego Mora Valverde
Asesores:
Lic. Paola Vega Rodríguez
Lic. Maricé Navarro Montoya
Este documento es producto del trabajo conjunto en mi despacho con las viceministras Irene Cañas
y Patricia Madrigal y el viceministro Fernando Mora. Igualmente, Leonardo Chacón y Paola Vega
hicieron contribuciones sustantivas. Agradezco también a Ricardo Ulate, colaborador ad-honorem,
por sus siempre atinadas observaciones. A todos, muchas gracias.
Edgar E. Gutiérrez Espeleta
Ministro del MINAE
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
Estimado funcionario y funcionaria del MINAE:
El desarrollo nacional, presente y futuro, se debe fundamentar en la conservación,
protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales respetando el ejercicio y
el goce de los derechos humanos.
El desarrollo sostenible tiene una visión de bienestar y de seguridad integral para las
presentes y futuras generaciones, garantizando la equidad y respetando la diversidad,
desarrollada con responsabilidad ciudadana participativa, estimulando modelos de
gobernanza local que apoyan al Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades.
El enorme desafío de lograr generar una nueva forma de gobernar es inherente a todas
las áreas en las que el Estado interviene en la generación de políticas públicas. Así, el
área ambiental, en particular, no escapa de la necesidad de gestionar nuevas y mejores
condiciones de gobernanza que contemplen tanto los actuales retos en la materia como
la urgencia cada vez mayor de entender el proceso de la política pública desde una
perspectiva amplia, que supere el gastado esquema unidireccional e incorpore en la
misma a todos los actores políticos involucrados de forma directa e indirecta en la
misma.
La gobernanza ambiental, entendida como una intervención gubernamental en la
generación de políticas ambientales que logre incorporar en el desarrollo de las mismas
todo el espectro de complejidad que compete a la administración de los recursos
naturales, su carácter social, económico y cultural y el involucramiento de las
comunidades, la sociedad civil organizada, los territorios y poblaciones y los grupos de
interés económico, se convierte en el mayor reto de la presente Administración y su
abordaje requiere de importantes cambios en la tradicional forma con que se ha
desarrollado la política ambiental.
Conceptos clave como descentralización, desconcentración, participación ciudadana,
modernización estatal, eficiencia institucional, gobierno abierto y similares; han sido
ampliamente desarrollados a nivel teórico, pero ha habido un letargo en su aplicabilidad
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
práctica a la hora de gobernar y desarrollar políticas institucionales. Justamente, la
incorporación de dichos conceptos en las principales acciones a desarrollar por la
Administración es una de las principales tareas para la consecución de una gobernanza
eficiente.
Lo anterior, no debe dejar de lado uno de los mayores desafíos nacionales que es la
consecución de un equilibrio permanente entre el desarrollo económico y la
conservación ambiental, evitando caer en paradigmas polarizados sea de extractivismo
o preservacionismo puros; sino por el contrario lograr el adecuado balance entre el uso
sostenible, aprovechamiento racional y conservación de nuestros recursos naturales,
sabiéndoles escasos e importantes para las futuras generaciones.
Establecer una relación armónica entre el desarrollo económico y social y el medio
ambiente en Costa Rica implica ser consecuentes con el anhelo que el país abrazó hace
décadas de alcanzar un modelo de desarrollo humano sostenible.
Esto implica
armonizar las metas sociales y ambientales del país con el crecimiento económico
requerido, anteponiendo el bienestar humano como elemento esencial del desarrollo
nacional.
Para esto, se torna necesaria la generación de políticas públicas y acciones integrales
dirigidas a conseguir un crecimiento en la productividad de la actividad humana y en la
equidad en la distribución de los beneficios y pérdidas que esta conlleva, pero al mismo
tiempo, la resiliencia de la sociedad debe acrecentarse así como la sostenibilidad en el
uso de los recursos naturales disponibles, es decir, evitando la degradación de estos. Solo
así, se podría caminar por la senda de un desarrollo humano sostenible.
La necesaria armonización de esfuerzos que deriva de esta conceptualización integral
del desarrollo humano debe por ende orientarse a una reactivación conjunta de la
organización social, de la economía y de la producción mediante el impulso de un
modelo de desarrollo orientado a estimular la base social empresarial, la inversión
extranjera socio-ambientalmente responsable, el comercio justo, la inversión social y los
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
encadenamientos y redes productivas dirigidas al desarrollo nacional. Asimismo, deben
conjuntarse los esfuerzos claros y directos por reducir la desigualdad social, eliminar la
pobreza extrema y reformar la institucionalidad del país en aras de incrementar la
participación ciudadana, la transparencia y la eficiencia estatal.
Conceptualizar un medio ambiente sano como indicador clave del bienestar social,
estimular el aprovechamiento -directo e indirecto-de los recursos naturales de forma
sostenible como columna vertebral de la productividad nacional, generar modelos de
gestión participativa en el uso, aprovechamiento y distribución de beneficios derivados
de la naturaleza y fortalecer los márgenes de conservación ambiental de una forma
planificada y con visión a largo plazo, son los principios básicos que deben regir una
política nacional ambiental enfocada a resultados efectivos y de largo alcance.
Por esta razón, desde el Ministerio de Ambiente, Energías y Mares (MINAE),
Administración Solís Rivera 2014-2018, generamos este esfuerzo orientado a marcar
las pautas y líneas de acción de la política pública nacional en materia ambiental con el
fin único de direccionar las acciones del Ministerio a garantizar el derecho
constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la mano de un alto
nivel de desarrollo económico que sea socialmente inclusivo y equitativo.
Desde la rectoría que lidero en el Sector Ambiente, Energía, Aguas, Mares y
Ordenamiento Territorial y el MINAE, me avocaré por implementar una gestión
ambiental responsable que promueva el crecimiento económico inclusivo y equitativo,
garantizando la sostenibilidad, que brinde servicios oportunos, pertinentes y de calidad.
Las decisiones que se tomen y las acciones que se desarrollen en el MINAE considerarán
los tres pilares de la Administración Solís Rivera:
1. La erradicación de la pobreza;
2. La promoción del crecimiento económico;
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
3. La lucha contra la corrupción por medio de la rendición de cuentas y la
transparencia.
En el mismo sentido, los proyectos, iniciativas y acciones promoverán el trabajo
interinstitucional e intersectorial; la participación de la ciudadanía activa; la igualdad y
equidad, con enfoque de género -considerando el rol fundamental de las mujeres en la
producción, consumo, distribución de los alimentos y acceso de los recursos, y la
inclusión para los diferentes sectores etarios (niños, jóvenes, adultos mayores y
personas discapacitadas).
En las siguientes páginas leerá aquellos temas que consideramos fundamentales y que
guía el quehacer nuestro durante lo que falta de este cuatrienio. Estamos conscientes de
la incapacidad real de realizarlo todo, pero al menos, nuestra ambición marca un
horizonte al cual queremos aproximarnos. Espero que con su lectura, usted comparta
este horizonte y se una a la hermosa tarea de construir una nueva democracia y una
Patria nueva.
Dr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta
Ministro
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
Principios orientadores de la gestión pública ambiental
Nuestro marco de acción es la aspiración de un país con significativos niveles de
bienestar humano, que se traduzcan de un adecuado binomio entre productividad y
equidad social, y que contemple como puntos de partida las condiciones óptimas de
seguridad humana, es decir, la resiliencia social y ecosistémica y la estabilidad en el uso
de los recursos.
Aspiramos a un país seguro, solidario y equitativo, en el cual las estrategias, políticas y
acciones que se formulen, consideren los elementos vitales de desarrollo para garantizar
la sostenibilidad del patrimonio natural, humano y social y emanen de una gestión
pública transparente, eficiente, eficaz, responsable y descentralizada.
Asimismo, consideramos medular que las acciones gubernamentales integren en todas
sus etapas el pleno respeto a los derechos humanos y a la participación inclusiva y
género-sensible, como condición indispensable para garantizar el bienestar real de las
presentes y futuras generaciones.
Desde la rectoría del Sector Ambiente y Energía y desde el Ministerio de Ambiente,
Energía y Mares (MINAE), nos avocaremos a implementar una gestión ambiental
responsable y compatible con el desarrollo humano y los objetivos y metas de desarrollo
sostenible, con miras a brindar servicios oportunos, pertinentes y de calidad.
Con miras a lo anterior, los siguientes principios servirán como marco orientador de la
gestión institucional y de su relación estrecha con la participación ciudadana:
1. Calidad de vida óptima para la ciudadanía
Nos comprometemos al reconocimiento pleno del derecho universal a un medio
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y con el deber del Estado de
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
desarrollar todos los esfuerzos para garantizarlo, con la participación solidaria de
todos los sectores y actores productivos y sociales.
Asimismo, consideramos vital promover la protección y mejoramiento de la
calidad ambiental en los asentamientos humanos y territorios indígenas como
elemento orientador en la definición de políticas y planes de ordenamiento
territorial, para lo que se desarrollarán programas adecuados de prevención y
control de la contaminación y de la degradación de los recursos.
2. Reconocimiento clave de recursos estratégicos
Consideramos de fundamental importancia el reafirmar que la existencia de
recursos estratégicos y del Patrimonio Natural del Estado son de dominio e interés
público, son inalienables y ameritan una responsabilidad ardua del Estado en su
conservación y protección.
La defensa de la aplicación del principio precautorio a nivel nacional e
internacional cuando las condiciones e incertidumbre ameriten abogar por
protección de los recursos naturales de la Nación y bienes globales, es por ende
una línea orientadora básica en la materialización de esta protección de recursos.
3. Complementariedad
entre
el
desarrollo
socioeconómico
y
la
sustentabilidad ambiental
Debemos procurar que el crecimiento económico requerido para alcanzar la
sostenibilidad del modelo de nuestro desarrollo nacional debe comprometerse a reducir
la huella ecológica bajo un marco de responsabilidad, solidaridad y coherencia nacional
e internacional con los principios del desarrollo sostenible
Para ello, creemos en la promoción de una economía sostenible anclada en
instrumentos estratégicos como las cuentas nacionales y política fiscal verdes,
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
incentivos positivos (como los Pagos por Servicios Ambientales), derogación de
incentivos perversos, certificación y estándares en producción limpia, reciclaje y
manejo de los desechos sólidos; esto último en apoyo complementario al
Ministerio de Salud que tiene la Rectoría sobre dicho tema.
Asumimos el compromiso con un modelo de desarrollo bajo en emisiones de gases
de efecto invernadero y resiliente ante el cambio climático.
4. Equidad social y superación de la pobreza
Consideramos vital, además, reafirmar que el patrimonio natural (recursos,
ecosistemas y los servicios ambientales que brindan) constituye la base para
alcanzar el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. En consecuencia,
es responsabilidad del Estado promover su conservación, recuperación, mejora y
buen uso, con la plena participación de los diversos sectores y actores.
Las seguridades básicas (alimentaria, climática, hídrica, sanitaria, ambiental,
energética) deben ser promovidas como objetivos del desarrollo nacional
5. Estado transparente, eficiente y solidario.
Establecemos una responsabilidad con el impulso de las reformas institucionales
necesaria que procuren la modernización del aparato estatal de cara a formas de
gestión y gobernanza más eficientes para la ciudadanía y más efectiva en el rol
institucional que la normativa y los desafíos actuales demandan.
Conducir la gestión pública ambiental con transparencia, accesibilidad, rendición
de cuentas y control ciudadano en la formulación, implementación y evaluación de
las políticas públicas es uno de los principios orientadores de nuestra gestión.
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
6. Participación Ciudadana
Colocar la participación ciudadana como una herramienta central en la
gobernanza ambiental de forma tal que se implementen los mecanismos
necesarios para conseguir una participación real y efectiva, que sea inclusiva,
equitativa, diversa, intergeneracional y género-sensible.
De la mano de estos mecanismos, se deben desarrollar programas educacionales
para incentivar una mayor responsabilidad ciudadana en la adopción de patrones
de consumo sostenibles, en la prevención y reparación de los daños ambientales;
así como diseñar procesos responsables que permitan a la población auditar y
controlar las acciones gubernamentales.
7. Responsabilidad ante la comunidad internacional
Creemos en la necesidad de mantener consistencia con los compromisos
internacionales que el país ha suscrito en materia de ambiente y desarrollo
sostenible
Para ello debemos generar las condiciones necesarias para la implementación
activa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda de Desarrollo Post2015 como parte de las estrategias nacionales de desarrollo, incluyendo la revisión
del marco institucional para promover su ejecución.
Asimismo, es fundamental promover la participación activa en los procesos
nacionales e internacionales relevantes (Convenciones, Agenda de Desarrollo
Sostenible, Derechos Humanos) que enriquezcan la gestión ambiental sostenible.
Estos principios orientadores nos guían en el quehacer y desarrollo de los ocho ejes de
trabajo
que
nos
hemos
señalado
y
que
se
presentan
a
continuación.
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
Ejes de trabajo
1. Reorganización de la gestión pública ambiental
Costa Rica debe avanzar hacia una gestión pública ambiental responsable, efectiva,
eficiente e integral para lograr un verdadero desarrollo sostenible en el que los recursos
ambientales y económicos permitan atender los requerimientos de una sociedad más
inclusiva en el acceso a los beneficios derivados, de manera que se reduzcan las brechas
sociales y se atienda la necesidad de erradicar la pobreza.
Desde la Cumbre de Río en 1992 existe un consenso internacional en que los temas de la
política ambiental y de desarrollo sostenible van de la mano por su naturaleza
transversal.
Allí quedaron sentadas las bases conceptuales y el marco político fundamental que
indica la necesidad de generar un equilibrio entre el desarrollo sostenible y la
consecución del desarrollo humano y erradicación de la pobreza; no obstante en la
gestión pública se sigue abordando el tema de manera desarticulada, privilegiando
viejos esquemas jurídico-institucionales que responden a concepciones ya superadas de
la organización de la política y el servicio público.
Un enmarañado espectro de interpretaciones de leyes emitidas para regular sectores,
subsectores o actividades, y sus respectivos referentes institucionales, prevalecen en un
entorno de descoordinación y hasta competencias indebidas entre entes que deberían
orientarse al logro de objetivos comunes.
Lo anterior, deriva en una ineficacia e ineficiencia de la gestión, en amplios niveles de
insatisfacción ciudadana y frustración de los funcionarios públicos, y en la omisión
sistemática de principios de las gestión pública fundamentales como la planificación
intersectorial.
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
De conformidad con el marco legal vigente, el Ministro del MINAE cumple dos roles
distintos y complementarios que deben ser claramente comprendidos: uno, como titular
del Ministerio con relaciones de autoridad jerárquica para ejercer el Poder Ejecutivo en
su ramo respectivo; otro, como rector de un sector donde prevalecen las relaciones de
dirección “entre órganos”, en el que ejerce para garantizar la transversalidad de la
gestión pública en materia de ambiente y desarrollo sostenible.
En ambos casos, debe contar con las herramientas apropiadas para el ejercicio político
y operativo de sus responsabilidades, que están definidas en el primer caso, pero han
estado ausentes en el segundo, hasta la reciente promulgación del Decreto sobre el
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo No. 38536-MP-PLAN, publicado el 20 de
agosto del 2014.
Es claro, que si la cartera principal del Sector no cuenta con las herramientas técnicas,
administrativas y políticas necesarias para un direccionamiento integral de este en su
conjunto entonces muchas de sus competencias reguladoras y de rectoría política
seguirán mostrando una gran fragmentación e ineficacia y no agregarán valor alguno a
las competencias que emanan de los demás órganos e instituciones que le conforman.
Por su propia gestación histórica,
el MINAE no está orgánica ni funcionalmente
articulado a lo interno. El ejercicio de las distintas competencias que su Ley Orgánica y
que otras le asignan, presenta contradicciones hacia los preceptos de una organización
integralmente concebida en cada nivel de dirección o unidad superior. Tampoco existen
planes estratégicos institucionales que impongan una unidad de visión que subsane las
debilidades legales y orgánicas. A pesar de lo anterior, el MINAE está llamado a jugar un
papel protagónico en los diferentes ámbitos o dimensiones complementarias:
a. Cumplir eficazmente con sus propias competencias legales específicas.
b. Articular sus políticas en conjunto con los de otros ministerios y entes del Sector.
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
c. Apoyar el respaldo técnico directivo requerido al Ministro como rector del
Sector.
d. Apoyar las acciones de la Secretaria de Planificación Estratégica del Sector
Ambiente en los distintos subsectores para cumplir con la transversalidad de la
temática ambiental en temas de políticas, programas y acciones, enfocadas en el
bienestar de las personas y la salud de los ecosistemas.
Para lograr corregir las falencias existentes nos proponemos las siguientes líneas de
trabajo:
1.a) Rectoría y dirección política:
1. Consolidar la rectoría política del Ministro de Ambiente, Energía y Mares en el
Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial como responsable
de la dirección, coordinación y ejecución de los procesos de política ambiental.
2. Activar, fortalecer y garantizar el funcionamiento regular del Consejo Nacional
Ambiental conforme las disposiciones de la Ley Orgánica del Ambiente.
3. Consolidar la integración y operatividad del Ambiente, Energía, Mares y
Ordenamiento Territorial, bajo la rectoría del Ministro de Ambiente y Energía,
por medio de una Secretaría de Planificación Estratégica del Sector Ambiente,
incluyendo entidades de aplicación de la ley. Elaborar la Política Sectorial
Ambiental.
4. Identificar superposición y contradicciones en las funciones y responsabilidades
de los diferentes Consejos y demás órganos de coordinación y planificación
regional o local existentes conforme distintos marcos legales y proponer un
esquema que logre su racionalización y eficiencia en la prestación de servicios;.
1.b) Modernización Institucional:
1. Elaborar un plan de acción para la
racionalización administrativa de
competencias y servicios del Ministerio y sus entes en aras de evitar
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
duplicidades e identificar vacíos; y realizar una revisión de la estructura orgánica
y funcional del MINAE con miras a facilitar y clarificar la dirección y
responsabilidad política de las mismas.
2. Desconcentración regional y municipal de servicios integrados del sector
ambiente, con creación de capacidades para fomentar participación ciudadana.
3. Establecer formalmente un mecanismo de gestión y coordinación al interior del
Ministerio mediante el trabajo conjunto y constante entre Directores de las
diversas dependencias y la definición de reglamentos y protocolos de operación.
4. Identificar y optimizar inversiones provenientes de presupuestos públicos,
sector privado y cooperación internacional conforme con prioridades de la
política ambiental.
5. Procurar mejorar los mecanismos de justicia ambiental mediante el
fortalecimiento del papel del Tribunal Ambiental Administrativo y una eficiente
coordinación con los entes encargados de la aplicación de la legislación ambiental
(Poder Judicial, cuerpos policiales, Procuraduría General de la República).
6. Realizar acciones tendientes a la agilización de trámites y la accesibilidad como
ventanillas únicas de servicios en aras de mejorar la competitividad del país y
facilitar los trámites para las empresas, ciudadanos y entidades.
7. Integrar un espacio institucional permanente de diálogo político y participación
de sectores de la sociedad civil en materia de política ambiental así como diseñar
mecanismos para el ejercicio de auditorías ciudadanas.
8. Fortalecer y dinamizar la Contraloría Ambiental como componente clave en
recepción, tramitación, gestión y seguimiento de denuncias ambientales.
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
1.c) Seguimiento de la Política Ambiental y su implementación en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo:
1. Posicionar el Patrimonio Natural (ecosistemas, bienes y servicios ambientales) y
la sostenibilidad ambiental como ejes centrales de la gestión pública y promover
la creación de las cuentas ambientales en el sistema de contabilidad nacional.
2. Promover un comercio nacional e internacional justo y ambientalmente
sostenible y revisar, de conformidad a ello, las políticas públicas e incentivos
dirigidos a la producción e importaciones.
3. Garantizar la articulación superior de los objetivos ambientales con la estrategia
nacional de desarrollo mediante la gestión de una agenda estratégica en el marco
del Consejo Nacional Ambiental.
4. Promover una economía social y una integración de pequeños productores en
torno a bienes y servicios generados por el patrimonio natural, fortaleciendo la
asistencia técnica y la extensión para producción orgánica y sostenible, en
coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
5. Ampliar la cobertura del ecoturismo sostenible y aumentar oportunidades de
participación de las comunidades rurales menos favorecidas en los servicios
derivados de las Áreas Silvestres Protegidas.
6. Promover la generación de nuevos servicios ambientales y su internalización en
las tarifas y precios, como parte de una nueva política de inversiones verdes
como por ejemplo el pago por servicios ambientales (PSA’s).
2. Ordenamiento territorial responsable (continental, costero y marino a nivel
nacional, regional y local)
Un elemento central en los desafíos nacionales de desarrollo y que evidentemente
contribuye a agravar la problemática ambiental consiste en la ausencia de procesos o
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
marcos regulatorios consistentes de ordenamiento del territorio tanto continental
como marino-costero. Ante esta debilidad y a pesar de que no han faltado esfuerzos en
este campo, cada sector o institución ha desarrollado procesos de ordenamiento parcial
y esquemas de organización regional que responden a sus propios intereses y objetivos
y que en general no se articulan con las exigencias de un modelo de desarrollo nacional
integrado. El principal factor que explica esta situación es la falta de formalización
política, institucional y operativa del rol de rectoría sectorial y jerarquía política que le
asigna la Ley General de Administración Pública al Ministro de Ambiente, Energía y
Mares, en su condición de órgano constitucional superior de la Administración, y en
concordancia con las disposiciones de la Ley Orgánica del Ambiente sobre la materia.
El ordenamiento del territorio es esencial para garantizar la articulación de políticas
públicas ambientales en general, pero particularmente en las labores de dirección
política en el sector. No queda duda de las interrelaciones entre los temas ambientales
con la salud, la seguridad alimentaria en un marco de producción sostenible, en el
turismo; etc., los cuales son fundamentales en el avance hacia el desarrollo humano
integral. Asimismo, es esencial atender, desde la perspectiva del ordenamiento
territorial, las necesidades específicas de orden regional que resultan de los desafíos que
impone el cambio climático y la necesidad de avanzar hacia una gestión del paisaje
donde coexisten armónicamente actividades de producción y conservación y el de
articular estos esfuerzos, de mayor escala, con las necesidades de los gobiernos y
comunidades locales, en particular los pequeños productores que son quienes en mayor
medida están propensos a los riesgos climáticos y socioeconómicos.
En consecuencia, el ordenamiento territorial debe visualizarse y convertirse en un
instrumento de desarrollo económico en la perspectiva de armonizar la división político
administrativo y las realidades que se viven en todos los órdenes de la vida nacional,
regional y local. Es necesario ordenar y racionalizar los criterios de descentralización y
regionalización de entidades y programas en torno a una propuesta país lo
suficientemente flexible para atender también las necesidades específicas de las diversas
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
instituciones, lo cual debe traducirse en instrumentos y criterios técnicos uniformes.
Debemos concebir el ordenamiento territorial como un proceso social encadenado a la
planeación nacional, a los planes de desarrollo regional y local, de tal forma, que permita
articular los propósitos nacionales con las necesidades y realidades regionales y locales.
El ordenamiento territorial implica además de
dirección y voluntad política, una
robusta coordinación y mecanismos de toma de decisiones entre instancias territoriales
y sectores, lo cual puede conllevar un proceso de largo plazo que requiere concertación
y ajuste de acuerdo con las circunstancias políticas y socioeconómicas, cuyas bases al
menos deben quedar sentadas, y que requieren de una política que sustente las
estrategias.
En este eje nos proponemos las siguientes líneas de trabajo:
2.a) Política y Plan de Ordenamiento Territorial Continental y Oceánico
1. Incorporar el Ordenamiento del Territorio como eje transversal del Plan
Nacional de Desarrollo.
2. Revisar y actualizar la política nacional de ordenamiento del territorio emitida en
el 2012 y elaborar su respectivo plan de acción.
3. Operacionalizar, por medio de reglamentación, los lineamientos y criterios
técnicos establecidos en la Ley Orgánica del Ambiente como marco orientador
del ordenamiento territorial.
4. Realizar un diagnóstico participativo para articular esfuerzos en curso en esta
materia, incluyendo el rescate y la articulación de los esfuerzos del Programa de
Regularización del Catastro y el Registro Nacional,
el PRUGAM y el
ordenamiento forestal y ambiental del territorio, entre otros.
5. Adecuar la gestión de recursos del territorio a la vocación de uso del suelo y las
prioridades de desarrollo humano.
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
6. Incorporar el enfoque de cuenca hidrográfica, la gestión del riesgo y el cambio
climático (adaptación y mitigación) en los planes de ordenamiento territorial, así
como el enfoque ecosistémico.
7. Garantizar, por medio de la Secretaría de Planificación Estratégica del Sector
Ambiente, la coordinación interinstitucional e intersectorial para la gestión
integrada y sostenible del paisaje.
2.b) Acompañamiento a los Planes Reguladores Municipales
1. Impulsar la revisión, actualización y el desarrollo de planes reguladores
articulados con la política nacional de Ordenamiento Territorial y agilizar el
trámite de aquellos pendientes de aprobación.
2. Promover el fortalecimiento de las capacidades municipales en gestión ambiental
y ordenamiento del territorio de manera articulada con la política ambiental
nacional.
3. Cuantificar las necesidades nacionales de catastros municipales y definir un Plan
Integral de Actualización y Mantenimiento de Catastros Municipales.
4. Crear mecanismos regionales de coordinación y análisis de desafíos ambientales
y oportunidades de coordinación.
5. Incorporar la gestión del riesgo y el cambio climático en la planificación local del
territorio y la gestión ambiental (tanto en adaptación y mitigación).
6. Establecer mecanismos para promover la rendición de cuentas y transparencia a
nivel regional y local.
7. Articular esfuerzos locales de conservación del patrimonio natural con las
políticas y estrategias nacionales, poniendo especial énfasis en la necesidad de
desarrollar balances hídricos.
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
3. Cambio Climático Global
El cambio climático global representa el mayor desafío de la humanidad y sus impactos
constituyen el obstáculo
más notorio a los anhelos de desarrollo humano.
Las
respuestas ante esta situación deben esta fundamentadas en un esfuerzo solidario a
nivel global y nacional, en el que los países con mayores responsabilidades históricas y
con mayores volúmenes de emisiones de gases de efecto invernadero deben asumir la
mayor cuota de responsabilidad por la reducción de emisiones y por garantizar flujos
financieros apropiados para apoyar los esfuerzos que los países más vulnerables
puedan adaptarse para prevenir impactos y generar capacidades que aumenten la
resilencia ante dichos embates. Las múltiples dimensiones del cambio climático global
requieren de una respuesta desde lo más alto de las decisiones políticas y por tanto debe
ser incorporado como un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo.
A pesar de que las emisiones de gases de efecto invernadero de Costa Rica no son
significativas a nivel global, nuestro país decidió hace varios años asumir
solidariamente un compromiso político con la comunidad internacional que pretende la
ambiciosa meta de avanzar hacia la neutralidad de emisiones para el año 2021,
combinando esfuerzos de reducción y compensación, en tanto se atienden esfuerzos
por mejorar la capacidad de adaptación del país. Esto se visualiza como parte de nuestro
compromiso común con la humanidad, al cual todas las naciones deben adherirse
conforme sus capacidades y necesidades de desarrollo humano sostenible. En un
contexto en el que los hallazgos científicos indican que se deben acrecentar los
esfuerzos de reducción de emisiones de manera significativa y ante la coyuntura de la
negociación de un nuevo acuerdo jurídicamente vinculante para el año 2015 en esta
materia, el país pretende de esta manera enviar un mensaje de ambición a todas las
naciones del Planeta.
21 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
El esfuerzo voluntario que el país debe realizar para alcanzar la meta de carbononeutralidad –cuyos criterios metodológicos deben ser revisados y transparentarsesignificará no sólo el diseño de nuevas políticas y una mejor articulación de las
existentes, para mejorar el desempeño especialmente en los sectores donde tenemos
mayores emisiones; sino disponer de las estrategias apropiadas para atender las
necesidades de adaptación, prevención de riesgos y aumento de la resiliencia de
infraestructura, comunidades y ecosistemas, para lo cual debería asimismo contarse con
una participación activa de la comunidad internacional, el sector privado y la sociedad
costarricense. Será de particular relevancia potenciar las capacidades naturales con que
cuenta el país para continuar aumentando sus reservas de carbono forestal, mediante
una más inclusiva estrategia de
reducción de emisiones por deforestación y
degradación forestal y una agresiva política de reducción en los sectores transporte,
energía, agropecuario, vivienda y gestión de residuos.
El papel de la ciudadanía es de suma importancia de allí que se propone mantener las
emisiones de CO2 per cápita por debajo de 2 toneladas para el 2050 y 1 tonelada para el
2100. Esta responsabilidad debe traducirse en cambios de los patrones de consumo de
todos los habitantes de forma que se privilegie el desarrollo bajo en emisiones y así
lograr el objetivo de mantener la temperatura promedio planetaria bajo la meta de los 2
oC
de diferencia de la época pre-industrial.
Las líneas de trabajo que nos proponemos en esta área son:
3.a) Desarrollo y cambio climático
1. Integración de la dimensión de cambio climático en el Plan Nacional de
Desarrollo, planes Sectoriales e Institucionales.
2. Definir metas de reducción de emisiones por sectores y planes de verificación de
cumplimiento.
3. Identificar oportunidades de financiamiento nacional e internacional para
fortalecer acciones significativas y transformacionales en sectores clave de la
22 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
economía nacional para la reducción de emisiones, la atención de riesgos y la
adaptación al cambio climático.
4. Orientar el desarrollo económico hacia actividades que sean bajas en impactos
de efecto invernadero, y con aportes preventivos en mitigación y adaptación al
cambio climático, fortaleciendo la participación de las poblaciones locales y la
gobernanza por medio de las municipalidades en materia de vialidad,
ordenamiento
territorial,
agroforestería,
eficiencia
energética,
vivienda
sostenible y gestión de residuos.
3.b) Política Nacional de Cambio Climático
1. Contar con un marco actualizado de política y su respectivo plan de acción, que
logre un balance entre mitigación y adaptación, abordando sectores críticos tales
como seguridad alimentaria y recursos hídricos, zona marino-costera,
infraestructura, resiliencia de comunidades y ecosistemas, potenciando el papel
de las soluciones naturales y fortaleciendo las capacidades municipales para
resiliencia.
2. Fortalecer los esfuerzos de mitigación en el sector de uso de la tierra
(Conservación de Paisajes Naturales Sostenibles, NAMAs agrícolas, carbono
azul), energía, transporte y manejo de residuos, generando oportunidades
económicas y de financiamiento para tales fines.
3. Convertir el Instituto Meteorológico Nacional en el Instituto Nacional sobre el
Clima (INC) como fuente de conocimiento y apoyo técnico a los esfuerzos
nacionales y locales para enfrentar el cambio climático, gestión del riesgo,
necesidades de adaptación y vulnerabilidad de ecosistemas y comunidades, así
como fuente de información meteorológica.
4. Vincular los esfuerzos nacionales en materia de cambio climático con
oportunidades en el sistema financiero nacional y mercados locales.
23 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
5. Reposicionar a Costa Rica como líder en la agenda global de Cambio Climático
promoviendo el aumento de la ambición de los países con mayores
responsabilidades históricas y mayores volúmenes de emisiones, así como la
provisión de medios de implementación para la adaptación, capacidades
tecnológicas, creación de capacidades y mejora de la transparencia internacional
en esta materia.
6. Fortalecer y apoyar el accionar de los Gobiernos Locales y el sector privado en el
abordaje del cambio climático y riesgos, así como los programas de certificación
de carbono neutralidad.
4. Conservación y mejoramiento del patrimonio natural como base para el
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
Lograr el anhelo superior de erradicar la pobreza y fortalecer el desarrollo humano
implica armonizar el crecimiento económico con las metas sociales y ambientales del
país de manera equilibrada e inclusiva. Partir del reconocimiento de la existencia de un
patrimonio natural1 es fundamental en una política pública que pretenda avanzar en los
planes de desarrollo sostenible locales y respetar los derechos establecidos en el artículo
50 de nuestra Constitución Política.
Mantener y recuperar ese patrimonio natural nacional es fundamental para el
cumplimiento del compromiso de responsabilidad intergeneracional y requiere de
apropiados mecanismos de contabilización y seguimiento, así como la generación de
nuevos mecanismos de financiamiento para garantizar su sostenibilidad en el largo
plazo. Para ello debemos mejorar los instrumentos económicos que favorezcan
patrones de consumo y producción sostenibles y desestimulen aquellas suntuosas o
insostenibles, incluyendo la eliminación de incentivos perversos y la internalización de
1
Conformado por una serie de bienes, servicios y ecosistemas estratégicos que son del dominio e interés público, y en consecuencia inalienables (Zona Marítimo
Terrestre, recurso hídrico, océanos, biodiversidad, patrimonio forestal del Estado, recursos geológicos, etc.).
24 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
los costos ambientales de diversos bienes y servicios. Asimismo, se requiere encontrar
mecanismos que garanticen una distribución más equitativa de los beneficios derivados
de nuestro patrimonio natural, en particular para favorecer a las poblaciones más
deprimidas y que tienen mayor dependencia de los recursos naturales.
Las líneas de trabajo en este eje son:
4.a) Biodiversidad
1. Velar por la plena aplicación de la legislación vigente y la Estrategia Nacional de
Biodiversidad con miras a promover la implementación del marco estratégico de
la Convención de Diversidad Biológica y el logro de las metas de Aichi.
2. Fomentar el conocimiento y la conservación de la biodiversidad silvestre y
domesticada como base para garantizar la seguridad alimentaria y la
distribución equitativa de beneficios.
3. Consolidar el Fondo para la Biodiversidad Sostenible como mecanismo de
financiamiento a largo plazo para la biodiversidad amenazada y en peligro;
4. Mejorar la gestión de manejo, monitoreo y control, investigación y protección del
patrimonio natural;
5. Aplicación plena del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad;
6. Fortalecer y ampliar programas de Pago por Servicios Ambientales para la
gestión sostenible e integrada de los recursos naturales y para fortalecer el
desarrollo rural (paisaje) y la plena participación de pueblos indígenas y
comunidades rurales;
7. Promover la adaptación basada en ecosistemas para reducir vulnerabilidad y
aumentar resiliencia de comunidades y hábitats, en particular en las zonas
marino-costeras más vulnerables.
25 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
4.b) Recursos Hídricos
1. Consolidar acceso al agua como derecho humano constitucionalmente
reconocido.
2. Elaborar política y estrategia de gestión integrada del recurso hídrico con amplia
participación ciudadana.
3. Lograr la gestión integral del agua por cuenca hidrográfica sobre la base de
balances hídricos mejorados y actualizados.
4. Promover la aprobación Ley de Gestión Integrada del recurso hídrico y su
expedita reglamentación.; así como preparar los requerimientos operativos para
promover la pronta implementación de un nuevo marco normativo
5. Dar una protección prioritaria a las fuentes de agua para consumo humano.
6. Avanzar fuertemente en el fortalecimiento y actualización de los mecanismos de
cobro eficiente de los cánones relacionados con el recurso hídrico (agua,
vertidos).
7. Asegurar tratamiento de aguas residuales previa descarga mediante el
fortalecimiento del desarrollo de soluciones tanto técnicas como naturales, y con
participación responsable de la ciudadanía y el sector privado.
8. Establecer mecanismos efectivos para el control ciudadano de la calidad de agua y
de la gestión hídrica.
9. Fortalecer gestión comunitaria del agua y saneamiento, en particular mediante el
fortalecimiento de las ASADAS y la capacidad de dirección y apoyo técnico de
parte del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados en la materia.
10. Formular la Política Nacional de Humedales y desarrollar la Política Nacional de
Gestión Hídrica como herramientas centrales de ordenamiento hídrico.
26 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
4.c) Recursos Geológicos y Mineros
1. Resaltar que la conservación y uso sostenible de los recursos geológicos y del
suelo son de importancia estratégica y se incorporen plenamente en la política
ambiental.
2. Modernizar la Dirección de Geología y Minas con miras a constituir un Servicio
Geológico Nacional (gestión y manejo, investigación y planificación, etc.).
3. Promover mediante el Estado la investigación, el monitoreo y control del uso y
calidad de los recursos minerales, así como el estricto cumplimiento de las
normas de impacto ambiental, con participación de la auditoría ciudadana.
4. Incorporar, en el otorgamiento de concesiones (público y privado) para la
explotación de recursos geológicos y mineros estudios de los impactos
acumulativos por cuenca, medidas de prevención y control de riesgos sociales y
ambientales, incluyendo riesgos climáticos, así como medidas de reducción de la
vulnerabilidad y reparación del daño.
5. Mantener la Moratoria Nacional a la explotación de petróleo y reglamentar la Ley
8904 “Ley para Declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo
abierto.”
4.d) Recurso Forestal
1. Revisar y socializar el Plan Nacional Forestal y desarrollar mecanismos de
asistencia técnica para manejo del paisaje agroforestal, en estrecha
coordinación con el MAG (fincas integrales).
2. Consolidar el traspaso de las tierras al Patrimonio Forestal del Estado y mejorar
las capacidades de acción de la Autoridad Forestal del Estado para garantizar su
integridad.
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
3. Apoyar el desarrollo y la implementación de la estrategia de Conservación de
Paisajes Sostenibles como elemento central del Plan Nacional de Desarrollo y el
Plan Nacional Forestal.
4. Crear o fortalecer nuevos mecanismos para beneficiar a poblaciones indígenas,
así como pequeños y pequeñas campesinos/as, mediante una gama ampliada
de modalidades de manejo del paisaje rural y financiamientos diversos que
permitan el manejo integral de la unidad productiva.
5. Robustecer el Inventario Forestal Nacional y la Estrategia de control de tala ilegal,
la Estrategia de Control de incendios forestales y otras causas de la deforestación
y degradación de los recursos forestales (conversión).
6. Fomentar procesos de arborización urbana y en derechos de vía, tendiendo al
rescate de las especies nativas y a la mejora de las reservas de carbono forestal
del país;
7. Promover el manejo forestal sostenible conforme con los principios, criterios e
indicadores de sostenibilidad incluyendo la aplicación de mecanismos más
exigentes de trazabilidad del origen de los productos forestales.
8. Fomentar programas de reforestación en todo el país y la reactivación de la
actividad forestal.
9. Promover el uso de la madera de fuentes sostenibles con miras a contribuir al
mejoramiento del valor de las plantaciones forestales, bosques y sus bienes y
servicios derivados, y como material alternativo a otros insumos altamente
contaminantes, a la vez que se contribuye a la fijación de carbono.
4.e) Recursos Marino - costeros
1. Formular de forma participativa e intersectorial un plan de ordenamiento
espacial marino, así como la definición de roles institucionales y el plan de acción
28 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
de la política nacional del mar una política y plan de acción para los mares y
costas con participación de gobiernos locales y Consejos Regionales.
2. Promover la conservación, uso sostenible y óptima distribución de los beneficios
de los recursos marino-costeros con objetivos socio-ambientales respetando
criterios de empleo digno, equidad y sostenibilidad.
3. Fortalecer la participación de productos de pesca y acuicultura en la soberanía
alimentaria del país garantizando la integridad ambiental.
4. Formular la Política Nacional del Mar, integrando en su Plan de Acción el cambio
climático en los ecosistemas marino-costeros (mitigación, adaptación,
instrumentos financieros), estimulando la potenciación de dichos ecosistemas
para la mitigación y adaptación al cambio climático.
5. Eliminar incentivos perversos a las actividades marino costeras y fortalecer
incentivos positivos especialmente para comunidades prioritarias;
6. Garantizar integridad de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y generar diálogos
para atender los desafíos económicos, sociales y legales;
7. Desarrollar regulaciones e instrumentos para incorporar
compromisos y
herramientas de aplicación sostenible y voluntaria al manejo de los recursos
marino-costeros con fines sociales y ambientales;
8. Fortalecer acciones conjuntas con el sector privado y no gubernamental en la
gestión de recursos marino-costeros, con especial énfasis en los ecosistemas de
manglar.
4.f) Áreas Protegidas
Para la consolidación de las áreas silvestres protegidas requerimos de las siguientes
acciones:
29 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
1. El levantamiento de información territorial (registral, catastral, ecológica, y
socioeconómica).
2. La identificación clara de las propiedades que deben ser pagadas por el Estado.
3. La información sobre la ocupación en áreas silvestres protegidas y en
patrimonio natural del Estado y la regularización de poseedores que valoraciones
socioeconómicas y ambientales así lo requiera.
4. Los estudios jurídicos sobre ocupantes que tengan viabilidad de titulación.
5. La delimitación del patrimonio natural del Estado.
6. La revisión de la metodología para clasificar los terrenos de aptitud forestal.
7. La delimitación y amojonamiento de las áreas silvestre protegidas.
8. Consolidar el traspaso de las tierras al Patrimonio Forestal del Estado y mejorar
las capacidades de acción de la administración forestal del Estado para garantizar
su integridad.
9. Atender y aplicar los compromisos derivados del marco estratégico de la
Convención de Diversidad Biológica y las metas de Aichi, garantizando la
integridad de las Áreas Silvestres Protegidas continentales y marinas y su
adecuado financiamiento.
10. Reposicionar el papel de las Reservas de la Biosfera en las estrategias nacionales
de desarrollo y manejo del paisaje.
11. Fomentar un diálogo nacional sobre los alcances legales, ambientales, sociales,
culturales y económicos de las diferentes categorías de manejo de las Áreas
Silvestres Protegidas (ASP), así como de otras zonas especiales (ZMT, islas,
territorios indígenas, etc.) y dimensionar su papel en la generación de
beneficios socioeconómicos locales, incluyendo la facilitación del co-manejo de
recursos con fines de desarrollo sostenible.
12. Identificar y promover oportunidades de generación de ingresos adicionales
(tarifas, timbres, cánones, entre otros) y beneficios para gobiernos locales y
comunidades aledañas o dependientes de las ASP bajo criterios de integridad
ambiental (p.e. Vida Silvestre, Impuesto Forestal).
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Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
13. Fortalecer los programas de análisis, prevención y control de incendios, tala ilegal,
pesca ilegal y otras causas de la deforestación y degradación en Áreas Silvestres
Protegidas.
14. Procurar recursos de fuentes multilaterales para el pago de tierras en Áreas
Silvestres Protegidas.
15. Fortalecer la capacidad de gestión del SINAC para garantizar eficiencia en la
protección de las Áreas Silvestres Protegidas.
16. Identificar y aplicar oportunidades de manejo participativo con poblaciones
indígenas y locales interesadas.
5. Producción sostenible y consumo racional de energía
Costa Rica cuenta con un rico patrimonio natural para la generación de energía de
fuentes sostenibles. Además, del acervo de recursos hidroeléctricos, geotérmicos,
eólicos, solares y biomásicos, hay potencial para la generación de hidrógeno; sin
embargo seguimos dependiendo de la importación de combustibles fósiles tanto para
suplir las necesidades del sector transporte e industrial, como para atender las
demandas estacionales de bunker y diésel para generación de energía eléctrica, que ha
venido creciendo de manera preocupante, sobre todo por los periodos extendidos de
sequias. Algunas de las limitaciones actuales a la generación de energía sostenible se
originan en la inexistencia de espacios de diálogo abiertos y transparentes que
permitan a nuestra sociedad definir los esfuerzos nacionales más apropiados desde la
perspectiva integral del desarrollo sostenible, incorporando y respetando los derechos
de las comunidades locales y pueblos indígenas; errores que no pretendemos seguir
cometiendo.
En este campo, se debe estudiar, evaluar y acrecentar el potencial de las fuentes de
energía renovables que se usan actualmente para la producción de electricidad bajo los
principios de responsabilidad social, planificación a largo plazo, protección del
ambiente,
estudio de impactos acumulativos, eficiencia técnica, económica y de
31 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
consumo, utilizando tecnología de punta. Asimismo, se requiere del diseño de
instrumentos que permitan proveer incentivos económicos al uso de equipos más
eficientes y apoyar acciones orientadas a la importación o fabricación de equipos
eléctricos más eficientes, mediante una estrecha coordinación entre el MINAE y el
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio y el sector empresarial a
toda escala. En la misma línea fomentaremos el establecimiento de alianzas públicoprivadas, en toda la cadena de valor de la industria energética, motivando a importadores
de equipos energéticamente más eficientes, distribuidores comerciales, financistas
comprometidos con los mercados verdes, y desde luego, a los usuarios quienes se ven
motivados a administrar mejor su facturación energética.
Las líneas de trabajo al respecto son:
5.a) Política energética
1. Formular una política de uso racional y eficiente de la energía, que incluya la
revisión de instrumentos económicos y el diálogo nacional sobre modelo
energético a largo plazo.
2. Fortalecer el modelo universal y solidario del suministro eléctrico.
3. Promover el desarrollo de fuentes locales y domiciliarias de energía renovable;
4. Decidida política de promoción del uso de energía solar y otras fuentes
renovables como la geotermia, la eólica, biomásica, y otras.
5. Incorporar criterios de estricta prevención, control y retribución del impacto
socio-ambiental del desarrollo energético.
6. Desarrollar el VII Plan Nacional de Electricidad con plena participación de los
actores involucrados.
32 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
5.b) Eficiencia energética
1. Promover el uso, desarrollo e importación de maquinaria y equipos eléctricos
más eficientes, incluso mediante instrumentos económicos.
2. Valorar opciones de modelos de energía distribuida y su conexión al sistema
interconectado nacional.
3. Promover nueva ley de eficiencia y conservación energía.
4. Optimizar uso de combustibles para transporte mediante regulaciones técnicas
rigurosas, límites a la importación ineficiente de vehículos y mejoras en
infraestructura.
5. Promover el uso de etiquetas de eficiencia energética en electrodomésticos,
luminarias y vehículos.
6. Desarrollar campañas de ahorro y uso eficiente de la energía en todos los
sectores (residencial, comercial, industrial y público).
7. Implementar la Directriz de Eficiencia Energética en el Sector Público Nº 011MINAE publicada en la Gaceta Nº 163 del 26 de agosto del 2014.
6. Transporte eficiente, solidario y ambientalmente sostenible
El sector transporte representa uno de los mayores retos para la economía nacional. La
infraestructura de baja calidad es insuficiente para atender las necesidades de un
crecimiento económico dinámico, los sistemas de transporte son insostenibles, tanto
para mercancías como para la población. Estos problemas contribuyen a que el sector
sea el que genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero y se pierda
eficiencia y competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Sistemas de
transporte público ineficientes y con predominio del uso individual del transporte
33 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
agravan la situación. Es por ello que promoveremos sistemas de transporte colectivo
urbano y rural que sean costo-eficientes que procuren un ambiente local más limpio,
incentiven el uso masivo bajo criterios de eficiencia y calidad, que a su vez permitirán
colaborar en la mitigación del calentamiento global.
Las líneas de trabajo, en coordinación con el MOPT y el MIVAH, son:
1. Impulsar un moderno Plan de Transporte Urbano e Interurbano, sostenible e
intermodal, para disminuir el consumo y la dependencia energética, mejorar la
calidad del servicio y del aire con fuentes energéticas de menor impacto
2. Asegurar la estabilidad estructural del sistema vial en la GAM y Ciudades
principales basados en criterios técnicos (Lanamme)
3. Desarrollar políticas e infraestructura para promover el uso de la bicicleta como
medio de transporte urbano
4. Reorganizar, integrar y profesionalizar el sistema de apoyo administrativo al
sistema de transporte
5. Establecer un programa que permita incentivar la adquisición de automotores de
tecnologías de punta, altamente eficientes en el uso de combustibles y de baja
emisiones de carbono. Además, reciclar automóviles con más de 15 años de
antigüedad.
6. Modernizar los puertos y buscar un modo de integración de los sistemas de carga
7. Promover el mantenimiento y recuperación de la red vial nacional
8. Desarrollar un marco de incentivos a la transición de la matriz de energía.
9. Fortalecer las campañas de educación vial y prevención de accidentes en
carreteras
34 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
10. Avanzar en el diseño y puesta en operación de soluciones de transporte masivo
(autobuses, microbuses, trenes y tranvías) sobre la base de energía limpia
7. Calidad Ambiental y Asentamientos Humanos
Materializar el principio constitucional del derecho a un medio ambiente sano se
constituye en uno de las principales tareas pendientes de esta Administración. En esa
lógica, trabajar arduamente para que la gestión pública ambiental garantice una calidad
de vida idónea para las y los costarricenses es una de las prioridades institucionales y
sectoriales.
Armonizar elementos como la salud pública y el medio ambiente sano amerita la
introducción de reformas elementales en dependencias clave como la Secretaría Técnica
Nacional Ambiental (SETENA) y la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA);
pero además supone asumir con compromiso el carácter precautorio en materia
ambiental como base para una gestión ambiental responsable con las presentes y
futuras generaciones.
En este eje las principales líneas de acción son:
7.a) Evaluación de Impacto Ambiental
1. Respetar marco legal vigente y fortalecer la Evaluación Ambiental Estratégica en
los planes e inversiones públicas, integrando prevención de riesgos y cambios
climáticos.
2. Fortalecer SETENA y su Comisión Plenaria con representantes permanentes y
técnicamente competentes y que funcione como un órgano técnico y no
politizado.
35 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
7.b) Gestión de Residuos
1. Aplicar responsablemente la política de gestión integral de residuos con
participación ciudadana y de los gobiernos locales, incluyendo incentivos y
responsabilidades por recuperación de desechos generados, en especial los más
nocivos para el ambiente y la plena aplicación de la Ley de Gestión Integral de
Residuos. Todo esto en coordinación con el Ministerio de Salud.
2. Asegurar el tratamiento de aguas servidas previa descarga en conjunto con el
Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
3. Asegurar que un alto porcentaje de empresas se comprometa al reciclaje,
reutilización y reducción de desechos.
7.c) Salud y Ambiente
1. Crear y fortalecer Comisiones Institucionales y Sectoriales de Salud y Ambiente y
sus respectivos planes de trabajo para tutelar el derecho a la salud y a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, incluyendo la salud ocupacional y
dignidad de los empleos.
7.d) Gestión Pública de la calidad ambiental
1. El Sector Público en su conjunto debe velar por el respeto pleno de la legislación
ambiental vigente, estableciendo políticas y mecanismos de acceso a la
información y rindiendo cuentas sobre su accionar en materia de gestión
ambiental. El Sistema Nacional de Información Geo-Ambiental consolidará la
información resultante.
2. Crear y mejorar capacidades de gestión en el sector público
3. Reducción de impactos propios del quehacer de instituciones públicas, en
cumplimiento de la normativa ambiental vigente, promoviendo la eficiente
energética, el uso eficiente de recursos y apoyando la meta país de C-N (por
medio de los PGAI).
36 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
4. Asegurar la gestión integral de residuos y el tratamiento de aguas residuales.
Implica la aplicación efectiva de la Ley 8839 por parte de instituciones y
municipios (en coordinación con el MS); así como el tratamiento de aguas
residuales (coordinación con el AyA).
5. Consolidar el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).
7.e) Impulso al consumo sustentable
1. Impulsar patrones de consumo de bienes y servicios de menor impacto en la
sociedad y en el mismo sector público.
2. Fortalecer comisiones interinstitucionales en esta temática.
8. Transparencia, rendición de cuentas, participación y control ciudadano de la
calidad y la gestión ambiental
Trabajar la gestión ambiental tomando la participación ciudadana como herramienta
nuclear de la formulación e implementación de políticas es uno de los objetivos centrales
del ejercicio sectorial e institucional. Para eso, es vital y urgente generar mecanismos
permanentes e institucionalizados para lograr acceso a la información expedita,
transparencia en la gestión, participación real y directa, control y auditoria ciudadana y
rendición de cuentas permanente del Ministerio y el sector ambiente.
En esta temática, las principales líneas de acción que nos proponemos son:
1. Constituir una Comisión Nacional Consultiva como espacio permanente de
diálogo sobre política y gestión ambiental y desarrollo sostenible
2. Organizar un Foro anual de rendición de cuentas y retroalimentación de
prioridades de gestión pública
37 | P á g i n a
Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública
3. Establecer unidades de resolución alternativa de conflictos socio-ambientales en
las Casas de Justicia del Ministerio de Justicia y Paz
4. Desconcentración de servicios estatales de gestión ambiental mediante ventanilla
única regional
5. Fortalecimiento de la formación ambiental activa tanto formal como informal
6. Control de la gestión y los impactos ambientales por parte de auditoría ciudadana
a toda escala (local, regional, nacional)
7. Acceso público a la información del SINIA a través de internet
8. Aumentar aplicación de principios de gobierno digital a la gestión ambiental en
el sector público
A manera de conclusión
A partir de estos lineamientos se espera que nuestra gestión responda a una visión
integral del tema ambiental así como a un ejercicio sostenido de ordenamiento en la
función pública, dirigido especialmente a garantizar una oferta de calidad a la
ciudadanía, una tutela del medio ambiente responsable y comprometido con nuestra
legalidad y orientaciones claras sobre la sostenibilidad ambiental.
Avanzar en una Agenda Ciudadana en Materia Ambiental en la que el Gobierno, la
Administración y la ciudadanía puedan armonizar esfuerzos de cara a la consecución de
metas ambiciosas es el primer paso para colocar el país en la ruta de garantizar un
mejor futuro para las generaciones venideras.
Esperamos que el compartir de estos derroteros nos sirva para encontrarle un mejor
sentido al quehacer de cada uno de nosotros dentro del contexto del MINAE.
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