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Las negociaciones del clima
Yvette Aguilar (*)
SAN SALVADOR - Los negociadores de El Salvador ya están en Polonia participando en las negociaciones de un
nuevo régimen internacional del clima post-2012. Dicho proceso inició en diciembre 2007 con la adopción del Plan de
Acción de Bali, y concluye en diciembre 2009 en Dinamarca, con la negociación de un acuerdo global que evite cambios
de gran escala en el sistema climático de la tierra.
El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) plantea que un incremento de la temperatura
media mundial igual o mayor a 2oC desencadenaría perturbaciones peligrosas en el sistema climático de la tierra,
amenazando la existencia de las sociedades humanas y diferentes formas de vida, tal como las conocemos
actualmente. Para estabilizar las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel
asociado a un rango de riesgo de “muy bajo a bajo” de que la temperatura media mundial tenga un incremento igual o
mayor a 2oC con respecto a 1750; dicho nivel tendría que ser igual o menor a 400 ppm CO2-e (partes por millón de los
gases de efecto invernadero en unidades equivalente de dióxido de carbono). Lo anterior significaría acordar una meta
global de reducciones para los países desarrollados de 90% en 2050 y de 81-71% para todos los países, en ambos
casos con respecto a 1990.
A pesar de que el cambio climático ya se manifiesta en todas las regiones de la tierra, observándose que la
temperatura media mundial se ha incrementado al menos 0.76oC, y en el caso de las latitudes altas se registran
incrementos de 3 a 4oC con respecto a 1750; las emisiones de los países desarrollados han aumentado 11% en 2005
con respecto a 1990. Dichos países no han cumplido sus compromisos ante la Convención, de lograr una reducción del
conjunto de sus emisiones de 20% en 2005 y de 50% en 2020 con respecto a 1990. A pesar de que el Protocolo de
Kyoto les facilitó el cumplimiento de sus metas cuantificadas de reducción de emisiones a través de los mercados de
carbono; el grado de cumplimiento actual es precario y gran parte de las medidas realizadas no generan reducciones
reales, permanentes ni adicionales, ya que se rigen por la lógica del lucro inherente a cualquier mercado.
Dentro de las negociaciones en curso, los países desarrollados están condicionando el cumplimiento de sus
compromisos y la adopción de futuros compromisos, a la aceptación por parte de los países en desarrollo de un esquema
perverso a nivel mundial, encaminado a que sean los países en desarrollo los que les cumplan los compromisos para
que ellos se los acrediten a su favor contra un pago por absorber carbono o reducir emisiones, mediante la concesión de
sus territorios como plataforma para que mediante opciones forestales, reservas de carbono, agrocombustibles y
reducción de gases industriales, ayuden a los países industrializados para que puedan continuar con el ritmo creciente de
sus emisiones y mantener su estilo de vida de consumismo, derroche energético, uso insostenible de los recursos de la
tierra y dominación económica sobre los países en desarrollo.
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Dentro de ese contexto internacional, los gobiernos de Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y Nicaragua, han
oficializado su posición política ante las negociaciones iniciadas esta semana en Polonia, mediante una propuesta titulada
“El Plan de Acción de Bali: sugerencia para hacer avanzar el proceso”; planteando opciones eminentemente economicistas
y adoptando que el criterio único para definir la magnitud del incremento de la temperatura media mundial que las
sociedades humanas estarían dispuestas a asumir, es que los niveles de reducción de emisiones sean económicamente
justificables. La propuesta apoya un escenario de estabilización de concentraciones de 450 ppm CO2-e, lo cual implicaría
45-86% de probabilidad de que el incremento de la temperatura media mundial supere 2oC, y 20% de probabilidad de
que supere 3oC; y no explican por qué consideran que dicho escenario es económicamente justificable, a pesar de que
incluiría perturbaciones climáticas de gran escala, como el derretimiento irreversible de Groenlandia.
El grupo de cinco gobiernos centroamericanos declara que está dispuesto y listo para asumir compromisos nacionales
cuantificados de reducción de emisiones, ofreciendo los territorios de Centroamérica para que los países desarrollados
los utilicen para el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones, mediante la reducción de emisiones
provenientes de la deforestación y degradación de bosques, así como el fortalecimiento de la conservación y las reservas
forestales de carbono y el manejo sostenible de bosques. Las opciones forestales para la mitigación del cambio climático
son totalmente inefectivas, dada su naturaleza temporal y las incertidumbres asociadas a su seguimiento y evaluación.
Los altos riesgos de desplazamiento de la deforestación y de la no permanencia de las reservas de carbono por
incendios, plagas, enfermedades y tala, entre otros factores, han sido ampliamente estudiados y reconocidos; sobre
todo, bajo las condiciones de cambio climático proyectadas, con un ciclo del carbono más acelerado. Los beneficios
locales y las vulnerabilidades asociadas a los sistemas y reservas forestales pueden beneficiarse de políticas, medidas y
financiamiento dentro del abordaje de la adaptación al cambio climático, sin necesidad de vincularlas a los compromisos
de reducción de emisiones absolutas de los países desarrollados y mucho menos a la lógica de lucro de los mercados de
carbono.
Ante el reto actual que representa la amenaza del cambio climático, cuyo ritmo e intensidad actuales difícilmente
permitirían que los sistemas humanos y naturales se adapten a los cambios proyectados; los gobiernos y sociedades
centroamericanas deberían exigir a sus gobiernos y organismos del sistema regional responsables del tema, que definan
las posiciones que van a negociar sobre la base de un conocimiento a fondo de las sustentación científico-técnica y de
las consecuencias sociales, económicas, ambientales y políticas de las políticas y medidas que se negocian a nivel
internacional y se adoptan a nivel nacional, tanto para la reducción de las emisiones como para la prevención o abordaje
de los efectos adversos del cambio climático.
Las sociedades centroamericanas deberían vigilar y exigir a los gobiernos que las representan en las negociaciones
internacionales del clima, que definan sus posiciones de negociación sobre la base de una amplia divulgación,
sensibilización, análisis, discusión y consultas a la población, a fin de asegurar que los planteamientos políticos que llevan
corresponden y responden a la realidad de altos riesgos climáticos y vulnerabilidades crecientes del istmo
centroamericano. La negociación de mayores compromisos de reducción de emisiones post-2012, deberá regirse por el
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reconocimiento de la cuota de responsabilidad en las causas históricas y contribuciones actuales al cambio climático; y
de las capacidades humanas y materiales diferenciadas para enfrentarlo en términos de las causas y efectos.
(*) Ambientalista y colaboradora de ContraPunto
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