Download Pleno 13-10-2015 - Ayuntamiento de Alfafara
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AYUNTAMIENTO DE ALFAFARA Plaza Espanya nº 1 03838 ALFAFARA (Alicante) Telef. 965510082 - Fax. 965510271 [email protected] ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. En Alfafara a trece de octubre de dos mil quince, siendo las diecinueve horas treinta minutos, se reúnen en sesión ordinaria, en primera convocatoria previamente realizada al efecto, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los señores Concejales que a continuación se indican: Asistentes: Alcalde Presidente Dª. Raquel Vicedo Vicedo. Teniente Alcalde Dª. Luz D. Beneito Ferre. Dª Patricia González Satorres Concejales D. Antoni Vicedo Belda Dª Mª Amelia Pascual Miro Secretaria Interventora Accidental Dª Mercedes Pascual Belda. No asiste D. Manuel Calbo Vicedo quien excusa su ausencia por motivos de trabajo y D. Juan Pedro Salas Arqueros. Bajo la Presidencia de la señora Alcaldesa Presidenta Dª. Raquel Vicedo Vicedo, asistida de la señora Secretaria Interventora Accidental, se abre la sesión, procediéndose a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Se da cuenta del acta de la sesión anterior, de carácter extraordinario celebrada el día 28 de julio de 2015, la cual es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes, que forman la mayoría absoluta de los que de derecho integran la Corporación Municipal. 2.- PROPUESTA APROBACION PLAN ECONOMICO FINANCIERO. Visto el resultado de la liquidación correspondiente al ejercicio económico 2014, en la cual se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. Considerando lo dispuesto en el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 9.2 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, y 116 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación a la redacción y elaboración del correspondiente Plan Económico Financiero. Seguidamente se da cuenta del motivo por el cual el resultado del ejercicio 2014 incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y es debido a que por este Ayuntamiento se procedió a adquirir un inmueble urbano situado en C. Filiberto Marti nº 7, para lo cual se tuvo que solicitar un crédito con la finalidad de financiar parte del importe de la adquisición indicada. Visto expediente instruido en relación a la formación de un Plan Económico Financiero 2015/2016 que se presenta por incumplimiento del objetivo de la regla del gasto en la liquidación del presupuesto de 2014. Con motivo del informe de la liquidación de 2014 de fecha 5 de marzo de 2015 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, y en base a la ley orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se puso de manifiesto el incumplimiento del objetivo de la regla de gasto en esta liquidación para el año 2014. En el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas para el período 2014-2016 y el límite del gasto no financiero del presupuesto del estado para 2014 fija la tasa de variación de gasto computable en un 1,5 % para el 2014, por lo que tal y como se detalla en la tabla 1 existe un incumplimiento del objetivo de la regla del gasto en 6.780,33 €, es decir, la tasa de variación del gasto computable es del 2,89 % frente al 1,5 % establecido por el Consejo de Ministros de ahí la formulación del Plan Económico-financiero de conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 9 de la Orden 21/05/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Tal y como detalla en las correspondientes tablas NO se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo que esta Entidad Local formula un Plan Económico-financiero de conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 9 de la Orden 21/05/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La información que contiene el Plan Economico Financiero que se presenta viene establecida en el apartado 2 del artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), y en el punto cuatro de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF. En el referido Plan se adoptan medidas de contención del gasto y, en cuanto a ingresos, se preve un considerable incremento en el ingreso del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana como consecuencia de la regularización catastral que se aplicará en el presente año 2015 y 2016, con lo que se espera que en la liquidación del ejercicio 2015 se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto. Tras deliberación y, por unanimidad de los asistentes que forman la mayoría absoluta de los miembros que de derecho integran la Corporación Municipal, se acuerda: PRIMERO.- Aprobar el Plan Económico Financiero 2015/2016 presentado por incumplimiento del objetivo de la regla del gasto en la liquidación del presupuesto del año 2014, de conformidad con los datos obrantes en el expediente tramitado al efecto y las medidas correctoras adoptadas. SEGUNDO.- Ordenar la remisión del presente acuerdo a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana y la comunicación a traves de la página virtual de coordinación con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. TERCERO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa Presidenta para suscribir cuantos documentos resulten necesarios en la tramitación del expediente referido. 3.- PROPUESTA APROBACION ORDENANZAS FISCALES: . DE NUEVA IMPOSICION - ORDENANZA REGULADORA DE LA DECLARACION RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES. - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. - ORDENANZA REGULADORA DE LA INSPECCION, CONSERVACION Y REHABILITACION DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ALFAFARA. . REVISION DE LAS EXISTENTES - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL. LA Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de las Ordenanzas municipales de nueva imposición siguientes: • Ordenanza reguladora de la declaración responsable para la ejecución de obras y actividades. • Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de Naturaleza Urbana. • Ordenanza reguladora de la inspección, conservación y rehabilitación de los inmuebles del municipio de Alfafara. Considerando asimismo el interés en la revisión y actualización de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de Piscina Municipal. Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de las referidas Ordenanzas. Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Alfafara, de las Ordenanzas indicadas, solicitado por Providencia de Alcaldía y recibido en este Ayuntamiento en fecha 7 de octubre de 2015. El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por unanimidad de los asistentes que forman la mayoría absoluta de los miembros que de derecho integran la Corporación Municipal, ACUERDA PRIMERO. Aprobar inicialmente la imposición y revisión de las Ordenanzas municipales siguientes: "ORDENANZA REGULADORA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS (reforma de edificios, construcciones o instalaciones y obras menores) Y ACTIVIDADES. TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1. Objeto El objeto de la presente ordenanza es regular los requisitos, condiciones y procedimiento de comprobación de los actos sujetos a declaración responsable que permitan la ejecución de obras de mera reforma de edificios, construcciones o instalaciones y obras menores, así como de actividades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 214 y 222 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en los artículos 66 y siguientes de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, así como en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos; todo ello en virtud de la competencia reconocida en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en consonancia con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. La intervención del Ayuntamiento en las actuaciones referidas en el apartado anterior se somete a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo pretendido y la eliminación de trabas injustificadas, de conformidad con lo exigido en el Directiva 2006/123 CE y en la legislación estatal y autonómica de desarrollo. ARTÍCULO 2.Concepto La declaración responsable es un documento suscrito por el promotor, o su representante, en el que se manifiesta, bajo su exclusiva responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Estos requisitos estarán recogidos de manera expresa y clara en la correspondiente declaración responsable. TÍTULO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE OBRAS ARTÍCULO 3. Actos sujetos a Declaración Responsable Esta Ordenanza se aplicará a los actos sujetos a Declaración Responsable relacionados a continuación: a) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase y la reparación de conducciones en el subsuelo, solo en suelo urbano y siempre que no afecte a dominio público. a.1. Reparación y Mantenimiento de Redes Eléctricas y Telefónicas a.2. Colocación de antenas de telefonía móvil. b) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior e interior de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso, que no supongan ampliación ni obra de nueva planta. b.1. Reforma o rehabilitación del edificio que afecte parcialmente a la estructura, sin cambio del uso principal. b.2. Obras de reforma interior en dos o más viviendas de un edificio. c) Las obras de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni afecten a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de mantenimiento de la edificación que no requieran colocación de andamiaje en vía pública. c.1. Renovación de instalaciones de fontanería, electricidad, calefacción o saneamiento en una vivienda. d) La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la edificación, así como el segundo y siguientes actos de ocupación de viviendas. d.1. Primera y ulteriores ocupaciones de una vivienda. ARTÍCULO 4. Documentación El documento de declaración responsable, presentado en modelo normalizado (Anexo I), se acompañará, además de los datos establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común, de los siguientes: a) Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación. b) Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física, así como proyecto suscrito por técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de la obra, con sucinto informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento de la normativa exigible. c) Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda. d) Indicación del tiempo en que se pretende iniciar la obra y medidas relacionadas con la evacuación de escombros y utilización de la vía pública. ARTÍCULO 5. Procedimiento y Efectos El interesado, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de que cumple todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras, y presentada ésta ante el Ayuntamiento, en modelo normalizado, junto con toda la documentación exigible, estará habilitado para el inicio inmediato de las obras. Los Servicios competentes del Ayuntamiento de Alfafara podrán verificar la efectiva adecuación y conformidad a la legislación vigente de los elementos y circunstancias puestas de manifiesto mediante la presentación de la declaración responsable, así como, en su caso, de la documentación aportada por el interesado. La comprobación se realizará en relación a la manifestación expresa, clara y precisa por parte del interesado de que cumple los requisitos exigibles para ejecutar las obras y de que dispone de la documentación que así lo acredita. La presentación de la declaración responsable, efectuada en los términos previstos en esta disposición, surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante la administración competente de esta, determinará la imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. La resolución administrativa que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente; todo ello sin perjuicio de la tramitación, en su caso, del procedimiento sancionador correspondiente. La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las declaraciones responsables serán los que estén vigentes en el momento de su presentación. ARTÍCULO 6. Protección de la legalidad urbanística 1. Los Servicios competentes del Ayuntamiento de Alfafara emitirán los informes técnicos necesarios que verifiquen la conformidad de los actos ejecutados con el contenido de la declaración responsable y con la legalidad y el planeamiento urbanístico aplicable. 2. El Alcalde podrá actuar en defensa de la legalidad urbanística conforme a lo previsto en los artículos 231 y siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, cuando se advierta la realización de actos sujetos a declaración responsable y ésta se haya omitido, o cuando se pretendan ejecutar en dicho régimen obras sujetas a licencia, o cuando las obras ejecutadas o en ejecución mediante declaración responsable, cuando ésta sea exigible, se aparten del proyecto adjunto a dicha comunicación o no se ajusten plenamente a la ordenación urbanística. TÍTULO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL ARTÍCULO 7. Ámbito de Aplicación Se incluyen en el régimen de declaración responsable ambiental las actividades que no estén sometidas, atendiendo a su escasa incidencia ambiental, ni al régimen de autorización ambiental integrada ni de licencia ambiental, y que no puedan considerarse actividades inocuas, conforme a la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana: a) El inicio y desarrollo de las actividades no sujetas a licencia ambiental. Estarán sujetas a licencia ambiental, las categorías de actividades señaladas en el Anexo II de la Ley 6/2014] a.1. Talleres de relojería, orfebrería, óptica, ortopedia, y otros afines a los anteriormente indicados. a.2. Instalaciones para cría o guarda de perros o gatos, susceptibles de albergar como máximo 20 perros ó gatos mayores de tres meses. a.3. Comercios y grandes almacenes de superficie comercial superior a 2.500 m2. a.4. Consultas médicas cuya altura de evacuación sea inferior a 20 metros o la superficie total construida sea menor de 2.000 m2. a.5. Centros de día cuya altura de evacuación sea inferior a 28 metros o la superficie total construida sea menor de 1.500 m2] b) Actividades que no cumplan alguna de las condiciones establecidas en el Anexo III de la Ley 6/2014 b.1. Actividades inocuas en las que se instalen equipos de aire acondicionado cuando las unidades compresoras se ubiquen en el exterior del local, o cuando la potencia instalada sea superior a nueve caballos de vapor. ARTÍCULO 8. Contenido y procedimiento La declaración responsable ambiental (Anexo IV) deberá presentarse ante el Ayuntamiento antes de inicio de la actividad; una vez acabadas las obras e instalaciones eléctricas, acústicas y de seguridad industrial y demás que resulten procedentes en función de la actividad a desarrollar, así como haber obtenido las autorizaciones o formuladas las comunicaciones que sean legalmente exigibles por la normativa sectorial aplicable a la actividad. 2. En lo que se refiere al contenido de la declaración responsable ambiental, irá acompañada de la siguiente documentación: — Memoria técnica descriptiva de la actividad. — Certificación suscrita por técnico competente, debidamente identificado mediante nombre y apellidos, titulación y documento nacional de identidad, acreditativa de que las instalaciones cumplen con todas las condiciones técnicas y ambientales exigibles para poder iniciar el ejercicio de la actividad. El ayuntamiento podrá incluir en el contenido de la declaración responsable ambiental la manifestación expresa de cumplimiento de otros requisitos que, aunque no estrictamente ambientales, vengan legalmente exigidos para el funcionamiento de la actividad, sin perjuicio de lo que establezca la normativa sectorial de aplicación. — Declaración, (en el caso de no estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) y no ejercer la actividad, que recogerá el epígrafe(s) en el que se encuadrará) o copia del alta en el mismo si ya ejerce la actividad, o de alta en el Censo. — Certificado final de obra y de instalación (en cada caso) emitido por técnico competente (visado por el correspondiente Colegio Profesional en los supuestos de obra nueva o modificación del uso característico del edificio) — Planos actualizados y visados si se han realizado modificaciones. — Certificados de homologación de los elementos, materiales o instalaciones utilizados en su caso en la obra emitidos por la empresa instaladora. — Certificados de cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones. — Acta de comunicación a los trabajadores o sus representantes de haber solicitado la licencia de inicio de Actividad. — Impreso de autoliquidación de los siguientes tributos, según proceda: · Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. · Tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. · Autoliquidación de la tasa por la realización de las actividades administrativas de control. · Garantía por Gestión de Residuos de la Construcción. 3. La presentación de la declaración responsable ambiental con la documentación indicada permitirá al interesado la apertura e inicio de la actividad, transcurrido el plazo máximo de un mes desde dicha presentación. Durante este plazo el Ayuntamiento podrá requerir al interesado la subsanación de deficiencias, así como efectuar visita de comprobación. — Si de los resultados de la visita se detectasen deficiencias que no tengan carácter sustancial, se requerirá al interesado para que en el plazo que determine el técnico que gire la visita de inspección subsane los defectos advertidos. Transcurrido el plazo otorgado, se efectuará nueva visita de comprobación con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos de subsanación indicados. — En caso de incumplimiento del requerimiento de subsanación, o en el supuesto de haberse detectado en la visita de comprobación deficiencias insubsanables, el Ayuntamiento dictará resolución motivada de cese de la actividad, previa audiencia del interesado. 4. Transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la declaración responsable ambiental sin efectuarse visita de comprobación o, realizada ésta, sin oposición o reparo por parte del Ayuntamiento, el interesado podrá proceder a la apertura e inicio de la actividad. Si con anterioridad al vencimiento de dicho plazo se efectuase comprobación por los servicios técnicos municipales levantándose acta de conformidad, la declaración responsable surtirá efectos desde dicha fecha. 5. El interesado podrá solicitar el certificado de conformidad con la apertura. El Ayuntamiento deberá emitirlo en el plazo máximo de un mes. ARTÍCULO 9. Efectos La falta de presentación ante la administración, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable ambiental, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se constaten tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, conforme a lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. TÍTULO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS ARTÍCULO 10. Ámbito de Aplicación El presente apartado será de aplicación a la celebración de espectáculos públicos, actividades recreativas y apertura de establecimientos públicos que se desarrollen o ubiquen en este municipio, con independencia de que los titulares o prestadores sean entidades públicas, personas físicas o jurídicas, tengan o no finalidad lucrativa, y en concreto, resultará de aplicación a todas aquellas actividades que se encuentren incluidas en el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos del Anexo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. Como exclusión absoluta para ser tramitada por esta vía de la declaración responsable, aquellas actividades que requieran la autorización a que se refiere el artículo 10 de la Ley 14/2010, y en concreto, los espectáculos públicos y actividades recreativas que se realicen en establecimientos públicos con un aforo superior a las 500 personas, en aquellos en que exista una especial situación de riesgo o en aquellos en que así se indique expresamente. Así visto, se considerará que existe una especial situación de riesgo cuando el establecimiento, de acuerdo con lo indicado en la normativa técnica en vigor, disponga de algún recinto catalogado de riesgo alto o de una carga térmica global elevada. ARTÍCULO 11. Definición y Documentación Se considerará como declaración responsable en este ámbito, al documento suscrito por un titular o prestador en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para la organización de un espectáculo público o actividad recreativa y/o para la apertura de un establecimiento público, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de aquéllos. Así, para desarrollar cualquiera de dichas actividades será necesaria la presentación, ante el ayuntamiento del municipio de que se trate, de una declaración responsable (Anexo III) en la que, al menos, se indique la identidad del titular o prestador, ubicación física del establecimiento público, actividad recreativa o espectáculo público ofertado y manifieste bajo su exclusiva responsabilidad que se cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en la normativa vigente para proceder a la apertura del local. Junto a la declaración responsable citada se deberá aportar, como mínimo, la siguiente documentación: — Proyecto de obra y actividad conforme a la normativa vigente firmado por técnico competente y visado, si así procediere, por colegio profesional. — En su caso, copia de la declaración de impacto ambiental o de la resolución sobre la innecesariedad de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, si la actividad se corresponde con alguno de los proyectos sometidos a evaluación ambiental. — Asimismo, en el supuesto de la ejecución de obras, se presentará certificado final de obras e instalaciones ejecutadas, firmados por técnico competente y visados, en su caso, por el colegio oficial correspondiente, acreditativo de la realización de las mismas conforme a la licencia. En el supuesto de que la implantación de la actividad no requiera la ejecución de ningún tipo de obras, se acompañará el proyecto o, en su caso, la memoria técnica de la actividad correspondiente. — Certificados expedidos por entidad que disponga de la calificación de organismo de certificación administrativa (OCA), por el que se acredite el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa en vigor para la apertura del establecimiento público. Reglamentariamente, se determinarán las condiciones y requisitos exigibles a las entidades que se constituyan como organismos de certificación administrativa (OCA). Alternativamente, certificado emitido por técnico u órgano competente y visado, si así procede, por colegio profesional, en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para la realización del espectáculo público o actividad recreativa de que se trate. — Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro, en los términos indicados en el artículo 18 Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, y conforme a las cuantías previstas en el artículo 60 del Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell. — Copia del resguardo por el que se certifica el abono de las tasas municipales correspondientes. ARTÍCULO 12. Procedimiento 1. La celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas y la apertura de establecimientos públicos requerirá la presentación de una declaración responsable por parte del interesado, junto a la documentación exigible, no pudiendo ejercerse la actividad hasta transcurrido un mes desde la presentación de dicha declaración y previa comunicación, salvo que por el Ayuntamiento se conceda en dicho plazo la licencia de apertura. 2. El Ayuntamiento, una vez recibida la declaración responsable y la documentación anexa, procederá a registrar de entrada dicha recepción en el mismo día en que ello se produzca, entregando copia al interesado. 3. En caso de que no se hubiera presentado por el interesado un certificado emitido por un Organismo de Certificación Administrativa (OCA), en el plazo máximo de un mes desde la fecha del registro de entrada, el Ayuntamiento inspeccionará el establecimiento para acreditar la adecuación de éste y de la actividad al proyecto presentado por el titular o prestador. En cambio, si la documentación contuviera el certificado de un OCA, la apertura del establecimiento podrá realizarse de manera inmediata y no precisará de otorgamiento de licencia municipal. Sin perjuicio de ello el Ayuntamiento podrá proceder, en cualquier momento, a realizar inspección. En caso de que se realice esta inspección, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, si se comprobara en ese momento o en otro posterior la inexactitud o falsedad de cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial presentado o que no se ajusta a la normativa en vigor, el ayuntamiento decretará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. 4. Una vez girada la visita de comprobación y verificados los extremos anteriores, el ayuntamiento expedirá el acta de comprobación favorable que posibilitará la apertura del establecimiento con carácter provisional hasta el otorgamiento por el ayuntamiento de la licencia de apertura. En caso de que la visita de comprobación no tuviera lugar en el plazo citado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.5 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, el titular o prestador podrá, asimismo, bajo su responsabilidad, abrir el establecimiento, previa comunicación al órgano municipal correspondiente. Esta apertura no exime al consistorio de efectuar la visita de comprobación. ARTÍCULO 13. Instalaciones Eventuales, Portátiles o Desmontables El presente apartado será de aplicación al ejercicio de todas aquellas actividades recreativas o espectáculos públicos que, por su naturaleza, requieran la utilización de instalaciones eventuales, portátiles o desmontables de carácter no permanente, entendiendo por tales las reguladas en el Título V del Decreto 52/2010 de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. Asimismo, precisarán de declaración responsable, los espectáculos y actividades que con carácter temporal pretendan desarrollarse en instalaciones portátiles o desmontables. Junto con la declaración responsable deberá presentarse aquella documentación que justifique el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el artículo 4 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, así como la disponibilidad del seguro obligatorio en términos análogos a lo indicado para instalaciones fijas. La declaración responsable no podrá ejercerse hasta transcurrido un mes desde la presentación y previa comunicación, salvo que por el Ayuntamiento se conceda en dicho plazo la licencia de apertura. Lo dispuesto en el apartado anterior, quedará sin efecto cuando se aporte junto a la declaración responsable, el certificado de Organismo de Certificación Administrativa (OCA), en cuyo supuesto se podrá iniciar directamente la actividad. La omisión de alguno de los documentos indicados anteriormente, tendrá como consecuencia la no legitimación para el inicio de la actividad hasta tanto por este Ayuntamiento se acepte expresamente dicha declaración. El Ayuntamiento podrá exigir la constitución de una fianza, en la cuantía prevista en el artículo 44, en relación con el artículo 103, ambos del Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, con el fin de que los titulares o prestadores respondan de las posibles responsabilidades que pudieren derivarse. En este caso, la fianza será devuelta, previa solicitud, a los interesados cuando cesen en la actividad para la que se otorgó la licencia y tras la comprobación de la no existencia de denuncias fundadas, actuaciones previas abiertas, procedimientos sancionadores en trámite o sanciones pendientes de ejecución. TÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE CONTROL POSTERIOR CAPITULO I. CONTROL POSTERIOR EN MATERIA URBANÍSTICA ARTÍCULO 14. Objeto 1. En cualquier momento el Ayuntamiento podrá inspeccionar la ejecución de los actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo a fin de comprobar que se realizan de conformidad con el contenido de la declaración responsable y, en todo caso, con arreglo a la legalidad y el planeamiento urbanístico aplicables. A tal fin, podrá comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan en relación con los actos objeto de la presente Ordenanza, sin perjuicio de las potestades que correspondan a este Ayuntamiento o a otras Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que resulte aplicable. 2. En particular, la inspección o control posterior, que se llevará a cabo por los servicios municipales, tiene los siguientes objetivos: a) Comprobar que los actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo se realicen según las condiciones exigidas para su realización, así como su adecuación a la legalidad y al planeamiento urbanístico exigible. b) Determinar la eficacia de las medidas de prevención y corrección que, en su caso, se hayan fijado en los distintos actos de control. ARTÍCULO 15. Procedimiento 1. Los inspectores municipales, designados por el órgano municipal competente, acreditarán su condición mediante documento oficial expedido por el Ayuntamiento y gozarán, en el ejercicio de las funciones que les son propias, de la consideración de agente de la autoridad. 2. Las visitas de comprobación para la adecuación de las actuaciones a la legalidad vigente se realizarán previa cita con el titular. 3. Las actuaciones realizadas por la inspección se recogerán en Actas que tendrán en todo caso, la consideración de documento público y con valor probatorio en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los propios administrados. 4. El acta consignará, al menos, los siguientes extremos: a. Lugar, fecha y hora de formalización. b. Identificación del personal inspector. c. Identificación del titular del derecho o de la persona o personas con las que se entiendan las actuaciones expresando el carácter con que intervienen. d. Sucinta descripción de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias se consideren relevantes. e. Manifestaciones del interesado en caso de que se produzcan. f. Otras observaciones que se consideren pertinentes. Para una mejor acreditación de los hechos recogidos en el acta, se podrán anexionar a ésta cuantos documentos, planos, fotografías u otros medios de constatación se consideren oportunos. 5. El acta se extenderá por triplicado y se cumplimentará en presencia, en su caso, de las personas ante las que se extiendan. Será firmada por el personal inspector actuante, y en su caso, por la persona o personas ante las que se extienda, quedando la misma notificada en dicho acto mediante copia de la misma con levantamiento de la correspondiente diligencia de notificación. Téngase en cuenta que la firma del acta no implica la aceptación de su contenido ni la asunción de la responsabilidad en la que hubiera podido incurrir el presunto infractor, salvo cuando así se lo hubiera reconocido expresamente. 6. El resultado de la actuación inspectora, contenido en el acta correspondiente, podrá ser: a) Favorable: en el caso de que la actuación comprobada, inspeccionada o controlada se realice conforme a la normativa de aplicación en vigor. b) Condicionado: en el caso de que se aprecie la necesidad de adoptar determinadas medidas correctoras. c) Desfavorable: en el caso de que la actuación comprobada, inspeccionada o controlada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de suspenderla hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran posibles. En caso contrario se propondrá al órgano competente el cese definitivo de la actuación urbanística. 7. En el supuesto de que se adviertan irregularidades o deficiencias en el ejercicio de una actuación urbanística, derivándose una acta condicionada o desfavorable, ésta será motivada y notificada a los interesados según lo establecido en el artículo anterior, determinándose por los Servicios competentes el plazo[1] para la adopción de las medidas correctoras propuestas, salvo casos especiales debidamente justificados. Transcurrido el plazo concedido sin que por los requeridos se hayan adoptado las medidas ordenadas, se dictará, siempre que las circunstancias lo aconsejen y no se perjudique el derecho de terceros, por el órgano competente, resolución acordando la suspensión del ejercicio de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras ordenadas. 8. La adopción de las medidas contempladas en este artículo es independiente de la incoación, cuando proceda, del correspondiente procedimiento sancionador. ARTÍCULO 16. Derechos y obligaciones del titular 1. El titular del derecho o la persona que lo represente tiene los derechos siguientes: a) Estar presente en todas las actuaciones y firmar el acta de comprobación o inspección. b) Efectuar las alegaciones y manifestaciones que considere convenientes. c) Ser informado de los datos técnicos de las actuaciones que se lleven a cabo. d) Ser advertido de los incumplimientos que se hayan podido detectar en el momento de realizar el control. 2. El titular está obligado a soportar los controles previstos en esta ordenanza, dentro de los plazos que correspondan. 3. El titular, asimismo, está obligado a facilitar la realización de cualquier clase de actividad de comprobación. En particular, está obligado a: a) Permitir y facilitar el acceso a sus obras, edificaciones o instalaciones al personal acreditado de este Ayuntamiento. b) Permitir y facilitar el montaje del equipo e instrumentos que sean precisos para las actuaciones de control que sea necesario realizar. c) Poner a disposición de este Ayuntamiento la información, documentación, equipos y demás elementos que sean necesarios para la realización de las actuaciones de control. d) Tener expuesto a la vista de cualquier interesado el documento acreditativo de Declaración Responsable. APÍTULO II. CONTROL POSTERIOR EN MATERIA DE ACTIVIDADES ARTÍCULO 17. Competencia El Ayuntamiento será el órgano competente para adoptar las medidas cautelares, así como para ejercer la potestad sancionadora y para garantizar el cumplimiento de los objetivos de esta Ordenanza y la normativa básica en materia de prevención y control ambiental de actividades. ARTÍCULO 18. Procedimiento de Inspección 1. Los inspectores municipales, designados por el órgano municipal competente, acreditarán su condición mediante documento oficial expedido por el Ayuntamiento y gozarán, en el ejercicio de las funciones que les son propias, de la consideración de agente de la autoridad. 2. Las visitas de comprobación para la adecuación de las actuaciones a la legalidad vigente se realizarán previa cita con el titular. 3. Las actuaciones realizadas por la inspección se recogerán en Actas que tendrán en todo caso, la consideración de documento público y con valor probatorio en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los propios administrados. 4. El acta consignará, al menos, los siguientes extremos: a. Lugar, fecha y hora de formalización. b. Identificación del personal inspector. c. Identificación del titular del derecho o de la persona o personas con las que se entiendan las actuaciones expresando el carácter con que intervienen. d. Sucinta descripción de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias se consideren relevantes. e. Manifestaciones del interesado en caso de que se produzcan. f. Otras observaciones que se consideren pertinentes. Para una mejor acreditación de los hechos recogidos en el acta, se podrán anexionar a ésta cuantos documentos, planos, fotografías u otros medios de constatación se consideren oportunos. 5. Se entregará una primera copia del Acta al interesado o persona ante quien se actúe y otro ejemplar será remitido a la autoridad competente para la iniciación del procedimiento sancionador, si procede. Téngase en cuenta que la firma del acta no implica la aceptación de su contenido ni la asunción de la responsabilidad en la que hubiera podido incurrir el presunto infractor, salvo cuando así se lo hubiera reconocido expresamente. 6. En el supuesto de que la persona o personas ante quienes se cumplimente el acta se nieguen a firmarla, o a recibir su copia, se hará constar este hecho mediante diligencia en la misma, con expresión de los motivos aducidos y especificando las circunstancias del intento de notificación y en su caso, de la entrega. En cualquier caso, la falta de firma de la diligencia de notificación del acta no exonerará de responsabilidad, ni destruirá su valor probatorio. 7. El resultado de la actuación inspectora, contenido en el acta correspondiente, podrá ser: a) Favorable: en el caso de que la actuación comprobada, inspeccionada o controlada se realice conforme a la normativa de aplicación en vigor. b) Condicionado: en el caso de que se aprecie la necesidad de adoptar determinadas medidas correctoras. c) Desfavorable: en el caso de que la actuación comprobada, inspeccionada o controlada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de suspenderla hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran posibles. En caso contrario se propondrá al órgano competente el cese definitivo de la actuación urbanística. 8. Cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento de que una actividad funciona sin declaración responsable ambiental: a) Previa audiencia al titular de la actividad por plazo de quince días, acordar el cierre o clausura de la actividad e instalaciones en que se desarrolla. b) Requerir al titular de la actividad o de la instalación para que regularice su situación de acuerdo con el procedimiento aplicable para el correspondiente instrumento de intervención conforme a lo establecido en la Ley 6/2014, en los plazos que se determinen, según el tipo de actividad de que se trate. 9. En los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, el Ayuntamiento podrá adoptar alguna de las siguientes medidas provisionales: a) La suspensión temporal, total o parcial, de la actividad, proyecto en ejecución, del espectáculo público o actividad o recreativa. b) La parada o clausura temporal, parcial o total de locales o establecimientos. c) El precintado de aparatos o equipos, retirada de productos, o decomiso de los bienes relacionados con el espectáculo o actividad. d) La exigencia de fianza. e) En su caso, retirada de las entradas de la reventa o venta ambulante. f) La imposición de medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño. ARTÍCULO 19. Derechos y obligaciones del titular 1. El titular del derecho o la persona que lo represente tiene los derechos siguientes: a) Estar presente en todas las actuaciones y firmar el acta de comprobación o inspección. b) Efectuar las alegaciones y manifestaciones que considere convenientes. c) Ser informado de los datos técnicos de las actuaciones que se lleven a cabo. d) Ser advertido de los incumplimientos que se hayan podido detectar en el momento de realizar el control. 2. El titular está obligado a soportar los controles previstos en esta ordenanza, dentro de los plazos que correspondan. 3. El titular, asimismo, está obligado a prestar al personal de inspección toda la asistencia necesaria para facilitar el mejor desarrollo posible de su función, y para que puedan llevar a cabo cualquier visita del emplazamiento, así como toma de muestras, recogida de datos y obtención de la información necesaria para el desempeño de su misión. CAPÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR ARTÍCULO 20. Infracciones y Sanciones 1. Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en la presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes dictados en aplicación de la misma, sin perjuicio de las infracciones y sanciones determinadas en las demás normas municipales o en la legislación sectorial aplicable. 2. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida en los artículos siguientes, sin perjuicio de lo que establezcan las diferentes normas aplicables en la materia respecto de la clasificación de infracciones en las que recaiga sobre la Administración municipal la competencia para sancionar. 3. Las sanciones contenidas en este Título se entienden sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda reclamar, en su caso, las indemnizaciones por los daños sufridos por su patrimonio como consecuencia de actos cometidos con ocasión de las actividades reguladas en la presente ordenanza. ARTÍCULO 21. Tipificación Infracciones 1. En relación a los procedimientos de declaración responsable en materia urbanística, se consideran infracciones muy graves: a) La ejecución del acto o inicio de la actuación sin la presentación de la correspondiente declaración responsable. b) El incumplimiento de la orden de suspensión de la actuación previamente decretada por la autoridad competente. c) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves. Se consideran infracciones graves: a) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado. b) El ejercicio de las actuaciones declaradas excediéndose de las limitaciones fijadas en la declaración responsable, así como la modificación sustancial de las actuaciones sin la correspondiente toma de conocimiento. c) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves. Se consideran infracciones leves: a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales. b) No encontrarse en el lugar de actuación el documento acreditativo de la toma de conocimiento correspondiente. d) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y disposiciones reglamentarias a las que se remita, siempre que no esté tipificado como infracción muy grave o grave. 2. En relación a los procedimientos de declaración responsable ambiental, se consideran infracciones muy graves: a) Incumplir las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 102 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. b) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves. Se consideran infracciones graves: a) Ejercer una actividad sometida a declaración responsable ambiental, o llevar a cabo una modificación del establecimiento que implique un cambio entre esos instrumentos de intervención sin la presentación previa del documento al Ayuntamiento donde se vaya a ubicar la instalación, siempre que se haya producido un daño o deterioro para el medio ambiente o se haya puesto en peligro la seguridad y salud de las personas. b) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección o control Se consideran infracciones leves: a) Ejercer alguna de las actividades incluidas en el régimen de declaración responsable ambiental o llevar a cabo una modificación en la instalación que implique cambio entre estos instrumentos de intervención sin la presentación previa de dichos documentos al ayuntamiento donde se vaya a ubicar la instalación, siempre que no se haya producido un daño o deterioro para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas. b) El incumplimiento de las prescripciones establecidas en esta Ordenanza cuando no esté tipificado como infracción muy grave o grave. 3. En relación a los procedimientos de declaración responsable para el ejercicio de una actividad de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, se consideran infracciones muy graves: a) La celebración de los espectáculos y actividades expresamente prohibidos en el artículo 3 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. b) Negar el acceso al establecimiento o recinto a los agentes de la autoridad o funcionarios inspectores que se encuentren en el ejercicio de su cargo, así como la negativa a colaborar con los mismos en el ejercicio de sus funciones. Se consideran infracciones graves: a) Realizar, sin efectuar oportuna declaración responsable, modificaciones sustanciales en los establecimientos o instalaciones cuando dichas modificaciones presupongan el otorgamiento de una nueva licencia, certificación del OCA o la presentación de la oportuna declaración responsable ante el órgano competente. b) La dedicación de los establecimientos e instalaciones a actividades distintas de las indicadas en la licencia, declaración responsable o documento certificado por el organismo de certificación administrativa (OCA). Se consideran infracciones leves: a) El mal estado de los locales o instalaciones que produzca incomodidad manifiesta. b) La falta de cartel en lugar claramente visible que prohíba la entrada de menores, cuando proceda. ARTÍCULO 22. Sanciones Las infracciones de esta ordenanza podrán ser objeto de las sanciones que procedan de acuerdo con lo establecido en los artículos 247 y 248 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana; en el artículo 95 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, así como en el artículo 54 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos y en los artículos 16 y siguientes de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios; todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las responsabilidades penales o de otro orden que pudieran concurrir. La imposición de sanciones a los presuntos infractores, exigirá la apertura y tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, con arreglo al régimen previsto en el título IX, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. DISPOSICIÓN FINAL La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local." "ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA ARTÍCULO 1. Fundamento Legal Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 en concordancia con el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 104 y siguientes del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal. ARTÍCULO 2. Naturaleza Jurídica El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un Tributo directo, que no tiene carácter periódico. ARTÍCULO 3. Hecho Imponible El hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana está constituido por el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana, que se pone de manifiesto a consecuencia de: — La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título. — La constitución o transmisión de cualquier Derecho Real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. Se considerarán sujetas al impuesto toda clase de transmisiones, cualesquiera que sea la forma que revistan, comprendiéndose por tanto, entre otros actos cuya denominación pueda quedar omitida, los siguientes: — Contratos de compraventa, donación, permuta, dación en pago, retractos convencional y legal, transacción — Sucesión testada e intestada. — Enajenación en subasta pública y expropiación forzosa — Aportaciones de terrenos e inmuebles urbanos a una sociedad y las adjudicaciones al disolverse. — Actos de constitución y transmisión de derechos reales, tales como usufructos, censos, usos y habitación, derechos de superficie. ARTÍCULO 4. Terrenos de Naturaleza Urbana Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: a) Suelo urbano. b) Suelo urbanizable o asimilado por contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la Legislación urbanística aplicable. c) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además, con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público. d) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. e) Los terrenos que se fraccionan en contra de lo dispuesto en la Legislación agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario. ARTÍCULO 5. Supuestos de no Sujeción No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de Sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la Disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima. En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado. ARTÍCULO 6. Exenciones Objetivas Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes: a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de Derechos Reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. En estos supuestos, la solicitud de exención deberá acompañarse de la documentación que acredite la realización de las obras de conservación, mejora o rehabilitación, así mismo, se presentará licencia de obras, documentos que acrediten el pago de la tasa por la licencia tramitada, certificado de finalización de las obras. Asimismo, se presentarán los documentos que acrediten que el bien se encuentra dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico. ARTÍCULO 7. Exenciones Subjetivas Asimismo, están exentos de este Impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho Impuesto recaiga sobre las siguientes personas o Entidades: a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las que pertenezca el Municipio, así como los Organismos Autónomos del Estado y las Entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas Entidades Locales. b) El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales integradas o en las que se integre dicho Municipio, así como sus respectivas Entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos Autónomos del Estado. c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes. d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas. f) La Cruz Roja Española. g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales. ARTÍCULO 8. Bonificaciones No se establece ninguna bonificación de la cuota íntegra del Impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de Derechos Reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. ARTÍCULO 9. Sujetos Pasivos 1. Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente: a) Transmisiones gratuitas. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de Derechos Reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el Derecho Real de que se trate. b) Transmisiones onerosas. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de Derechos Reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el Derecho Real de que se trate. 2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el Derecho Real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. ARTÍCULO 10. Base Imponible 1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4. 2. Para determinar el importe exacto del valor del terreno en el momento del devengo, se deben distinguir las siguientes reglas: a. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de Valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del Impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. b. En la constitución y transmisión de Derechos Reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. c En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. d En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el siguiente porcentaje anual: a) Período de uno hasta cinco años: 3,4% [máximo 3,7]. b) Período de hasta diez años: 3% [máximo 3,5]. c) Período de hasta quince años: 2,8% [máximo 3,2]. d) Período de hasta veinte años: 2,8% [máximo 3]. Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes: 1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor. 3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.ª, solo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. ARTÍCULO 11. Tipo de Gravamen. Cuota Íntegra y Cuota Líquida El tipo de gravamen del impuesto será Ordenanza Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana no podrá exceder del 30 por ciento. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo 8 de la presente Ordenanza ARTÍCULO 12. Devengo del Impuesto El Impuesto se devenga: a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, ínter vivos o mortis causa, en la fecha de la transmisión. b) Cuando se constituya o transmita cualquier Derecho Real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de transmisión: a) En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del documento público. b) Cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. c) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. d) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del Auto o Providencia aprobando su remate. e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del Acta de ocupación y pago. f) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por Entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la protocolización del Acta de reparcelación. ARTÍCULO 13. Devoluciones Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por Resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del Derecho Real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la Resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se liquidará el Impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior. ARTÍCULO 14. Gestión 14.1. El Impuesto podrá gestionarse en régimen de declaración o de autoliquidación, facultando la Ley al Ayuntamiento para establecer el sistema que estime más adecuado. A) DECLARACIÓN 1. Los sujetos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento correspondiente la declaración, según modelo determinado por el mismo. 2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto: a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición. 3. Con independencia de lo dispuesto en el punto anterior de este artículo, están obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: a) En los supuestos del artículo 9.a) de la Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el Derecho Real de que se trate. b) En los supuestos del artículo 9.b) de la Ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituye o transmita el Derecho Real de que se trate. Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. B) AUTOLIQUIDACIÓN El Impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación salvo en el supuesto contenido en el artículo 5.1 in fine de esta Ordenanza (que el terreno no tenga asignado valor catastral). El sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de la misma en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto: a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el Ayuntamiento correspondiente solo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del Impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas. Los sujetos deberán presentar en las oficinas de este Ayuntamiento la autoliquidación correspondiente, según modelo determinado, relacionando los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e ingresar su importe. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición. Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán igualmente justificarse documentalmente. Dicho ingreso se realizará en las oficinas municipales o en las Entidades bancarias asignadas al efecto. 14.2. Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, estos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. ARTÍCULO 15. Comprobaciones La Administración tributaria podrá por cualquiera de los medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria comprobar el valor de los elementos del hecho imponible. ARTÍCULO 16. Inspección La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. ARTÍCULO 17. Infracciones En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. DISPOSICIÓN FINAL La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2015 , entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa." “ORDENANZA REGULADORA DE LA INSPECCION, CONSERVACION Y REHABILITACION DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ALFAFARA. TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1. Objeto de la Ordenanza. 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto concretar y desarrollar el deber de los propietarios de terrenos, edificios y construcciones, de realizar los trabajos y obras precisas para conservar y rehabilitar en ellos las condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo que permitan obtener la licencia administrativa de ocupación para el destino que les sea propio, manteniéndolos en condiciones de seguridad y salubridad tanto de las personas como de las cosas, accesibilidad, ornato público y decoro, con la conservación del patrimonio inmobiliario y el paisaje urbano o natural. 2.- A estos efectos, se regulan en la presente norma los procedimientos encaminados a hacer efectiva la exigencia del deber de conservación de los inmuebles, lo que incluye la realización del informe de evaluación de las edificaciones y las declaraciones de ruina, en su caso, de conformidad con Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, así como con lo dispuesto en la Ley 8/2013, por la que se aprueba la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. ARTÍCULO 2. Participación ciudadana. 1.- Los órganos responsables de la tramitación de los procedimientos a que se refiere esta ordenanza facilitarán la participación de los vecinos a través de sus entidades representativas. A tal efecto, las asociaciones vecinales que estén debidamente inscritas en el Registro Municipal correspondiente tendrán la consideración de interesados, desde su personación, en cualquiera de los expedientes regulados en esta Ordenanza que afecten a su zona de influencia, siempre que se garantice lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal. ARTÍCULO 3. Control de los deberes de conservación y rehabilitación. 1.- El órgano municipal que tiene atribuida la competencia tramitará los procedimientos incoados de oficio o a solicitud de persona interesada. 2.- La vigilancia y control del cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de los inmuebles, dentro del término municipal de Alfafara, corresponde a la Concejalía de Urbanismo, la Alcaldía y los Servicios Técnicos en aquellos terrenos en los que se esté desarrollando una actuación urbanística y aquellos inmuebles con licencia de edificación otorgada, en tanto que la misma se mantenga en vigor. Todo sin perjuicio de las modificaciones que pueda efectuar el Alcalde en ejercicio de sus competencias. ARTÍCULO 4. Registro de expedientes tramitados en materia de conservación de inmuebles. 1.- Se llevará un registro de los expedientes tramitado sobre edificios, construcciones y solares, con el objeto de controlar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Ordenanza. 2.- En el citado programa y a efectos de registro, se irán incluyendo los edificios, construcciones y demás inmuebles, de los que se tenga constancia como consecuencia de expediente incoado al efecto. 3.- Asimismo, se harán constar, respecto de cada inmueble, los siguientes datos, actos y resoluciones: a) Emplazamiento del inmueble, con Referencia de parcela catastral y en su caso, el nivel de protección del edificio o construcción. b) Fecha de construcción o reestructuración general o total o, en su defecto, año aproximado. c) Resultado de las inspecciones técnicas realizadas. En el caso de ser desfavorable, deberá indicarse a cuál de los apartados del artículo 16 de la presente Ordenanza afecta. d) Acreditación de subsanación de deficiencias detectadas. e) Resolución, en su caso, exigiendo el cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación y fecha de la notificación de la resolución a los propietarios o sujetos pasivos obligatorios. f) Multas y sanciones impuestas. g) Resolución por la que se declara el incumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación y fecha de la notificación de la resolución a los propietarios o responsables. h) Medidas adoptadas ante el incumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación. i) Resolución de la declaración de la situación legal de ruina y ruina física inminente. j) Fecha de la próxima inspección técnica del edificio o construcción objeto de la misma que se vea obligada por aplicación de la Ordenanza. k) Fecha del último informe de inspección técnica realizado y registrado, con indicación del resultado y de la necesidad de realizar obras de intervención urgente, en su caso. l) Fecha del certificado acreditativo de la realización de las obras de intervención urgente recomendadas en el último informe. 4.- El Registro participa de naturaleza jurídica administrativa y será público a los efectos estadísticos e informativos de conformidad con la normativa de protección de datos. Los ciudadanos podrán solicitar información sobre las inscripciones contenidas en dicho Registro, siendo las normas que regulan el acceso al mismo las previstas en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 5.- Los datos obrantes en el Registro podrán ser modificados o corregidos de oficio o a instancia de parte interesada, una vez comprobada y acreditada fehacientemente la inexactitud de los mismos o el error material, en su caso, por parte de los servicios municipales competentes. TÍTULO II. LOS DEBERES DE CONSERVACIÓN Y REHABLITACIÓN CAPÍTULO I. DEBER GENERAL DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN ARTÍCULO 5. Contenido del deber. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios, así como demás sujetos obligados conforme a lo establecido en el artículo 14 de esta Ordenanza, tienen el deber de, mantenerlos en las condiciones legalmente exigibles de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, en los términos del artículo 9.1 del RDL 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, debiendo realizar, a tal efecto, los trabajos y obras necesarias para conservarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para su habitabilidad, seguridad, funcionalidad o uso efectivo, que permitirían obtener la licencia administrativa de ocupación para el destino que les sea propio, estando obligados a sufragar o soportar el coste de las obras de conservación y rehabilitación que dichas construcciones precisen para cumplir lo dispuesto en los artículos recogidos en el presente título, hasta el importe determinado por el límite del deber normal de conservación. ARTÍCULO 6. Actuaciones de conservación y rehabilitación Las actuaciones de conservación tendrán por objeto mantener los edificios y construcciones de manera que se garanticen los siguientes conceptos: a) Seguridad: Condiciones mínimas de seguridad estructural que deberá cumplir un inmueble, de tal forma que no se produzcan en el edificio o partes del mismo, daños o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, vigas, forjados, muros de carga, escaleras u otros elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio, evitando riesgos para las personas y los bienes. Asimismo, deberán ser reparadas las fachadas (interiores y exteriores), así como los elementos en ellas integrados (tales como balcones, miradores, aleros, etc.), así como otros elementos cuyo estado suponga un riesgo para la seguridad de las personas, tales como chimeneas, falsos techos, cornisas, salientes, vuelos o elementos ornamentales o de acabado. b) Salubridad: Condiciones mínimas que deberán cumplir los inmuebles, de forma que no atente contra la higiene y la salud pública, de manera que no se produzcan filtraciones de agua a través de la fachada, cubierta o del terreno y se mantengan en buen estado de funcionamiento las redes generales de fontanería y saneamiento, de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas. Todo ello sin perjuicio de las atribuciones propias de la Concejalía de Sanidad. • Ornato público y decoro, de modo que la fachada de los edificios y construcciones así como el estado de los solares no afecte negativamente a la imagen urbana, por lo que se deberá mantener adecentada, mediante limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento, eliminación de elementos añadidos, tales como cartelería, iluminación, cableado, etc.). ARTÍCULO 7. Alcance del deber de conservación y rehabilitación. 1.- Se entenderá que las obras mencionadas en el artículo anterior exceden del límite del deber normal de conservación cuando su coste supere la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la preexistente, realizada con las condiciones imprescindibles para autorizar su ocupación. En caso de no tratarse de un edificio, sino de otra clase de construcción, dicho límite se cifrará, en la mitad del coste de erigir o implantar una nueva construcción de iguales dimensiones, en condiciones de uso efectivo para el destino que les sea propio. 2.- Cuando una administración ordene o imponga al propietario la ejecución de obras de conservación o rehabilitación que excedan dicho límite, el obligado podrá exigir a aquélla que sufrague, en lo que respecta al exceso, el coste parcial de las obras, constitutivo del mismo, salvo que opte por la demolición del inmueble, en el que caso de que no esté catalogado. ARTÍCULO 8. Determinación del coste de los trabajos y obras a realizar (C). 1.- El coste de los trabajos y obras a realizar en los edificios y construcciones se determinará por aplicación del Cuadro de Precios del Instituto Valenciano de la Edificación. 2.- Con carácter complementario, se podrán aplicar otros cuadros de precios emitidos oficialmente por los órganos competentes, como pudieran ser los Colegios Profesionales. 3.- El coste de los trabajos (C) se obtiene como resultado de aplicar al coste de ejecución material de dichas obras, los gastos generales, beneficio industrial, al margen de honorarios profesionales, impuestos y tasas. ARTÍCULO 9. Determinación del valor de sustitución del edificio o construcción (V). El valor de sustitución del edificio o construcción de nueva planta se obtendrá: a.- Para edificios de uso residencial, aplicando el método para la obtención del coste unitario de ejecución establecido por el Instituto Valenciano de la Edificación. b.- Para edificios destinados a otros usos, dicho valor unitario se corregirá aplicando el coeficiente de uso (CE) que se establece en las Normas Técnicas de Valoración y Cuadro Marco de Valoraciones del Suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes de naturaleza urbana de la Consellería competente. El coste de ejecución material (CEM) del edificio se obtendrá multiplicando el coste de ejecución unitario por la superficie construida, según los distintos usos. El valor de sustitución (V) del edificio es el resultado de aplicar al coste de ejecución material los correspondientes gastos generales, beneficio industrial, al margen de honorarios profesionales, impuestos y tasas. ARTÍCULO 10. Determinación del límite del deber normal de conservación. A los efectos de determinar si el coste de los trabajos y obras a realizar supera el 50 por 100 del valor de sustitución del edificio o construcción, se utilizará la siguiente fórmula: • Pr = C x 100/V Siendo: • “Pr” el porcentaje que sobre el valor del inmueble supone el coste de los trabajos y obras a realizar. • “C” el coste de los trabajos y obras a realizar, obtenido en los términos señalados por el artículo 8 de la presente Ordenanza. • “V” el valor de sustitución del edificio o construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la existente, obtenido en los términos señalados por el artículo 9 de la presente Ordenanza. CAPÍTULO II.- DEBER DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS CATALOGADOS. ARTÍCULO 11. Determinación del deber. 1.- Se entenderá por edificios protegidos, a los efectos de este capítulo aquellos edificios incluidos en algún grado de protección en un plan o catálogo aprobado, así como aquellos Bienes de Interés Cultural (BIC) o Bienes de Relevancia Local (BRL) que gozan de protección aún estando en trámite de declaración. 2.- Los propietarios y demás sujetos obligados, con respecto a los edificios y construcciones declarados protegidos conforme a lo anterior tienen el deber de rehabilitarlos a fin de recuperar o mejorar las condiciones de habitabilidad, la seguridad y el uso efectivo, según lo establecido en la correspondiente ficha de catálogo. A tal efecto, el Ayuntamiento incluirá en sus Presupuestos generales una partida específica, destinada a ello. Cuando el Excmo. Ayuntamiento ordene o imponga a los sujetos obligados, la ejecución de actuaciones de rehabilitación cuyo importe rebase la mitad del valor del edificio o construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la existente, excluido el valor del suelo, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinada al uso que le sea propio, los sujetos pasivos responsables podrán requerir al Ayuntamiento que sufrague el exceso del deber normal de conservación, así como solicitar la demolición de aquellas partes de la edificación que no se encuentren expresamente catalogadas 3.- Cuando la intervención afecte a BIC o BRL, la intervención corresponderá, en el ejercicio de sus atribuciones, al órgano competente en patrimonio histórico, cuya legislación será de obligada observancia. ARTÍCULO 12. Actuaciones de conservación y rehabilitación. Las actuaciones tendrán por objeto procurar el acondicionamiento de los edificios y construcciones para recuperar o mejorar las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro en los términos señalados por la presente Ordenanza, con sujeción al régimen de protección establecido en el plan o catálogo respectivo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 190y 191 de la ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. CAPÍTULO III.- ESPECIFICIDADES DEL DEBER DE CONSERVACIÓN DE TERRENOS, PARCELAS Y SOLARES ARTÍCULO 13.- Deberes específicos en terrenos, parcelas y solares. 1.- Los propietarios de solares, parcelas y terrenos deberán observar en todo momento los preceptos establecidos en la Ordenanza municipal de limpieza, con la obligación, a tal efecto, de mantenerlos libres de matas, matorrales, basuras, deshechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, salubridad, seguridad y ornato público. Todo ello sin perjuicio de las acciones que, en materia de desinfección de los mismos, ordene periódicamente el órgano municipal competente. 2.- En desarrollo de lo previsto en el PGOU, las actuaciones de conservación en los terrenos y solares tendrán por objeto: a) Vallado: En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3.1 de este artículo. b) Tratamiento de la superficie: Se protegerán o eliminarán los pozos, desniveles, así como todo tipo de elementos que puedan ser causa de accidente. c) Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanentemente limpio, sin escombros o enseres, y desprovisto de cualquier tipo de vegetación espontánea. 3.- Se entiende por solar las parcelas que reúnan las características establecidas en el artículo 177 de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana. Todo solar, deberá disponer de cierre provisional hasta su edificación, con cerramiento, estable sito en la alineación oficial (que incluirá una puerta de acceso), cuyo dimensionado y ejecución serán adecuados para garantizar su estabilidad y correctas condiciones de conservación, debiendo guardarse en su composición las debidas condiciones de dignidad y armonía con el entorno, con el debido cumplimiento de las siguientes condiciones mínimas con respecto al vallado del mismo: 3.1.- Todo solar deberá estar cerrado mediante una valla. El vallado no impedirá que el solar sea visible desde la vía pública de modo que sea posible realizar la inspección municipal. El vallado tendrá una altura máxima de 2,50 metros y se realizará a base de cerca vegetal, tela metálica o reja de hierro o acero, no pudiendo ser cubierto con lonas, plásticos, cañizo o materiales similares. Dispondrá de un zócalo de fábrica que asegure su estabilidad y evite que se produzcan arrastres superficiales de tierra con una altura mínima de 0,50 metros y una altura máxima de 1,5 metros. Las vallas correspondientes a los linderos podrán ser de fábrica y opacas en su totalidad hasta su altura máxima de 2,50 metros o seguir las características anteriores. La obra de fábrica podrá alcanzar la altura máxima cuando la longitud no exceda de 20 metros. El diseño y ejecución de las cercas armonizarán con el de las edificaciones de la propia parcela. Asimismo, deberá dotarse de una puerta con una altura mínima 1,90 metros y anchura mínima 0,80 metros de paso libre, de reja, malla o cualquier otro material no opaco que permita la adecuada y necesaria observación visual de la limpieza, higiene y salubridad del interior del solar. En cualquier ámbito, salvo que las condiciones especiales del uso a desarrollar en la correspondiente parcela impusieran características determinadas, se prohíben soluciones de cercado con elementos que puedan causar daño a personas o animales tales como alambre de espino, cascote de vidrio en la coronación de fábricas y otras análogas. Se exceptúan de esta obligación aquellos solares que, previa autorización municipal, se habiliten para usos provisionales como establecimiento de vehículos, quioscos y similares. En estos casos, la correspondiente autorización se impondrá las condiciones de adecuación que el solicitante habrá de implantar en el solar para el ejercicio del uso o actividad pretendido. 3.2.- En caso de que el solar presente desnivel, el vallado de cerramiento de los solares en su fachada a espacios públicos deberá ajustarse a los siguientes criterios: a) Si la rasante natural del terreno estuviese por encima o por debajo de la rasante de calle, con diferencia de cota superior a 0,80 metros, deberá disponerse muro o elemento de fábrica para contención de tierras hasta la coronación de los mismos, sobre el cual se situará la tela metálica, cerca vegetal o reja de hierro o acero, hasta alcanzar 2,50 m de altura total mínima sobre la cota de la acera. b) Si la rasante natural del terreno fuese sensiblemente igual a la rasante de calle, o difiriese de esta última una distancia inferior a 0,80 m, la tela metálica o reja se colocará sobre mureta de fábrica de 0,50 metros de altura mínima, hasta alcanzar la altura total mínima de 2,50 metros sobre la cota de la acera. c) Si el cerramiento de parcela/solar se efectuase con elementos vegetales vivos, se realizará la obra descrita en el apartado anterior, si bien se podrá prescindir de la tela metálica o reja, alcanzando en este caso la obra de fábrica una altura mínima de 1.00 metros. d) En todos los casos, el muro, fábrica o mureta sobre el que, en su caso, se asiente la reja o tela metálica deberá cumplir las características técnicas, de cimentación y de ejecución para su fijo, autoportante, y cumplir adecuadamente las funciones de contención que se mencionaron en los apartados anteriores, y situarse con ajuste a la alineación oficial a espacio público, sin invadir el mismo. Su superficie exterior deberá ser acabada adecuadamente, mediante enfoscado, maestreado o cualquier otro tratamiento superficial permanente, que permita su fácil limpieza. 4.- Las parcelas podrán cerrarse con las condiciones que a continuación se indican, salvo que por el uso al que se destinen se requiriesen a otras condiciones: En el medio urbano se realizarán con las mismas condiciones que los solares. En parcelas sitas en suelo no urbanizable, no es obligatorio el vallado. No obstante, siempre que las dimensiones de la parcela permita el vallado según la normativa en vigor, podrá vallarse respetando una altura máxima de 2,50 metros, debiendo situarse la valla en los linderos de la parcela, sin perjuicio de los retranqueos que puedan imponerse por las servidumbres. Si la parcela contase con vallado preexistente al Plan General y no ajustado a planeamiento, deberán mantenerse condiciones mínimas de seguridad, estabilidad y decoro, pudiendo realizar únicamente obras de reparación y mejora sobre dicho vallado. A tal efecto, y sin perjuicio de las atribuciones que ostentan las diversas concejalías en virtud de sus distintas competencias especialmente la Concejalía de Atención Urbana en el caso de vertederos y la Concejalía de Urbanismo, en lo referente a la concesión de las licencias de actividad y las sanciones que procedan, en su caso. Los propietarios de suelo no urbanizable tienen los siguientes deberes: • Conservar el suelo manteniendo su masa vegetal conforme al equilibrio medioambiental en su uso y en las condiciones precisas para que no se incremente el riesgo de erosión, incendio, inundación y contaminación, ni se produzca peligro para la seguridad o salud pública, evitando cualquier otra perturbación medioambiental o daños o perjuicios a terceros o al interés general. • Mantener las construcciones o edificios en condiciones de seguridad, salubridad, y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservar o rehabilitar en ellos las condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo que les sea propio, en los términos previstos en la legislación urbanística, de ordenación de la edificación y de patrimonio cultural. • No tolerar los vertidos ilegales e incontrolados que existan en los terrenos de su propiedad, colaborando con los poderes públicos en su detección y posterior restauración del medio ambiente perturbado. CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS DEBERES DE CONSERVAR O REHABILITAR ARTÍCULO 14.- De los sujetos obligados. 1.- Serán sujetos obligados, a efectos de la exigencia de los deberes previstos en este Título: - Los propietarios singulares de los inmuebles objeto de la presente ordenanza, siendo su responsabilidad solidaria cuando concurran varios propietarios, en cuanto a la propiedad particular de la que son titulares y mediante responsabilidad a prorrata, respecto a los elementos comunes del edificio, sin perjuicio de que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 b) de la Ley de Propiedad Horizontal, los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse en vía administrativa. - Las comunidades de propietarios legalmente constituidas. - Las Administraciones Públicas, en los términos previstos en la Ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, así como en lo que respecta a aquellos inmuebles de su titularidad. A tal efecto se incluirá en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento una partida específica destinada a la conservación, rehabilitación y mantenimiento de los inmuebles municipales. 2.- Las órdenes de ejecución se dirigirán y notificarán a la propiedad del inmueble, según documentación obrante en los Registros Públicos, a cuyo efecto podrá requerírseles de oficio, cuando sea necesario, para que informen sobre la titularidad de derechos reales de quienes dependa la disponibilidad del inmueble. 3.- En los inmuebles protegidos por la legislación de Patrimonio Histórico, también estarán obligados por las órdenes de ejecución los poseedores y demás titulares de derechos reales de quienes dependa la disponibilidad del inmueble. ARTÍCULO. 15. Iniciación del Procedimiento. 1.- El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de cualquier interesado. 2.- La iniciación de oficio del procedimiento se llevará a cabo como consecuencia de: a) Propia iniciativa del órgano competente: - En virtud de los informes evacuados por los servicios técnicos municipales en el marco de las inspecciones que se realicen. - En virtud de los informes técnicos, resultantes del correspondiente Informe de Evaluación de edificios, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II de este Título, una vez acreditado en el correspondiente Informe, el incumplimiento total o parcial de las actuaciones ordenadas en aquél. b) Petición razonada de otros Órganos: En virtud de la actuación de los distintos Servicios municipales, que detecten la existencia de un incumplimiento de los deberes de conservación o rehabilitación o la existencia de riesgo para las personas derivado de la situación de las edificaciones. c) Por denuncia, poniendo los hechos en conocimiento del Ayuntamiento. 3.- La incoación del procedimiento se acordará cuando, una vez efectuadas las actuaciones previstas en el artículo siguiente, se aprecie la necesidad de exigir a los propietarios el cumplimiento de sus obligaciones, en lo que se refiere a la reparación, conservación y rehabilitación de edificios deteriorados o en condiciones deficientes para su utilización efectiva, lo que podrá conllevar, asimismo, la limpieza, vallado, retirada de carteles u otros elementos impropios del inmueble. ARTÍCULO 16. La Inspección Municipal. 1.- Cuando concurra cualquiera de los supuestos previstos en el artículo anterior y con anterioridad al acuerdo que, en su caso, dé lugar a la incoación del procedimiento, los servicios municipales de inspección, deberán girar visita de inspección a los inmuebles, a fin de comprobar de manera fehaciente la situación y estado físico de los mismos. 2.- De cada visita de inspección se emitirá el correspondiente Informe técnico, en el que, al tiempo de describir las circunstancias propias del inmueble, se deberá dejar constancia suficiente de los datos identificativos del mismo y de los hechos comprobados y resultados de la actuación. El Informe técnico, tendrá, a todos los efectos, la consideración de documento público administrativo, gozando los hechos constatados en el mismo de presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los interesados. 3.- El informe técnico sobre el estado del inmueble deberá contener, al menos, los siguientes extremos: a) Situación del inmueble afectado por la actuación a realizar acompañado de plano de emplazamiento. b) Descripción del edificio dejando constancia de su año de construcción, indicando los daños o deficiencias que presenta, indicando, en su caso, las posibles causas. c) Actuaciones necesarias para determinar y/o subsanar los daños o deficiencias detectadas, y plazo de duración aproximada de los trabajos y obras necesarios, con indicación expresa del presupuesto estimado de cada uno de los trabajos y obras. d) Situación urbanística del inmueble, de conformidad con lo dispuesto en las normas urbanísticas del Plan General, determinado si el inmueble está sujeto a algún régimen de protección. Asimismo deberá indicarse si está declarado bien de interés cultural o histórico o de relevancia local. e) Determinación relativa a si la entidad de la obra exige proyecto técnico y/o dirección facultativa. f) Determinación del plazo para el cumplimiento de la orden de ejecución dictada. g) Indicación de la medida propuesta para la ejecución forzosa de la resolución, en caso de incumplimiento. h) Indicación de las medidas provisionales de carácter cautelar que, en su caso, sea preciso adoptar para evitar riesgos inminentes, y plazo para ejecutarlas. 4.- Tendrán, a los efectos de la inspección municipal, plena validez, entendiéndose por cumplimentado el trámite de inspección, los informes de evaluación de edificios, a los que se podrán remitir expresamente las correspondientes órdenes de ejecución. ARTÍCULO 17. Instrucción del procedimiento de orden de ejecución. 1.- El decreto de incoación de la orden de ejecución deberá detallar, con la máxima precisión posible, en virtud de los informes técnicos que le sirven de fundamento y sin perjuicio de las eventuales modificaciones que resulten de la instrucción del procedimiento, los siguientes extremos: - Las obras, trabajos y demás actuaciones para mantener o reponer las condiciones necesarias, en los términos establecidos en la presente Ordenanza. - El presupuesto estimado del coste de las actuaciones ordenadas. -El plazo otorgado para cumplirlas, en atención a su entidad y complejidad. -Determinación del medio de ejecución forzosa propuesto a priori, en caso de incumplimiento de la futura resolución en la que se acuerde la orden de ejecución. - Medidas provisionales de carácter cautelar que sea preciso adoptar, en su caso, para evitar riesgos inminentes. 2.- El decreto de incoación del procedimiento deberá notificarse a los sujetos obligados y demás interesados, conteniendo trascripción íntegra de los informes técnicos que le sirven de fundamento o adjuntando copia de los mismos. Cuando se afecte a un Bien de Interés Cultural declarado o en proceso de declaración, deberá obrar en el expediente el informe evacuado por el órgano competente en materia de patrimonio cultural, del que se dará, asimismo, traslado a los interesados. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.3 de esta Ordenanza. 3.- El decreto de incoación otorgará a los interesados un plazo de 10 días a efectos de que puedan aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretendan valerse, apercibiendo a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo y no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la posterior resolución otros hechos ni otras alegaciones ni pruebas que las aducidas por el interesado, se tendrá por efectuado el trámite de audiencia y la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución. En caso de presentar alegaciones, se dará contestación a las mismas elevando propuesta de resolución por parte del instructor del procedimiento, otorgando plazo de audiencia por 10 días. 4.- Durante el plazo de audiencia otorgado y sin perjuicio de interponer posteriormente los recursos procedentes, los propietarios obligados podrán, mediante propuesta formulada a través del Registro General del Ayuntamiento: a) Proponer Alternativas Técnicas que garanticen el cumplimiento del objeto de la orden. b) Solicitar la declaración de ruina. c) Solicitar razonadamente la concesión de una prórroga. d) Solicitar ayudas económicas a que tengan derecho aún el régimen de protección del inmueble. 5.- La aceptación de cualquiera de las anteriores propuestas deberá adoptarse, en su caso, mediante resolución expresa, cuando quede debidamente justificado. En los casos citados en las letras a) y b) del apartado anterior se suspenderá el procedimiento, que se reanuda a partir de la notificación de la resolución por la parte que se acepte o rechace la propuesta o solicitud. 6.- En el momento de notificar la iniciación del procedimiento, se apercibirá a los obligados que el incumplimiento de la orden de ejecución en el plazo otorgado para ello en la resolución que ponga fin al procedimiento, facultará al Ayuntamiento para acordar su ejecución subsidiaria o la imposición de multas coercitivas, en ambos casos hasta el límite del deber normal de conservación, así como, en su caso, a la convocatoria de procedimiento de ejecución sustitutoria, lo que se determinará expresamente en el decreto de resolución del procedimiento, a cuyo efecto será determinante la prioridad de las distintas medidas, en virtud de las justificaciones contenidas en el Informe técnico correspondiente. Todo ello sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, cuando proceda. ARTÍCULO 18.- Medidas provisionales. 1.- Una vez iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver podrá, en cualquier momento y de manera motivada, adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas de carácter provisional que, con carácter urgente, se estimen necesarias para asegurar la seguridad e integridad de las personas o bienes, que deberán adoptarse por parte del sujeto obligado y a su costa, en el plazo otorgado al efecto en el decreto de incoación del procedimiento. 2.- Cuando de informes posteriores, expedidos durante la instrucción del expediente, se determine la existencia de amenaza de ruina inminente de la totalidad o parte del edificio, que ponga en peligro la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico catalogado, siendo identificado expresamente del riesgo y motivada la perentoriedad de las circunstancias en el pertinente informe técnico, se seguirá respecto a aquellas partes del edificio afectadas por dicha situación, la tramitación prevista en el Título II de esta Ordenanza, sin perjuicio de que, en su caso, se continúe el procedimiento de orden de ejecución ya iniciado con anterioridad, para aquellas partes de edificio no afectadas por la amenaza de ruina inminente. 3.- Lo previsto en los precedentes apartados no podrá implicar en ningún caso la demolición, ni siquiera parcial, de Bienes de Interés Cultural o de relevancia local, declarados o en proceso de declaración, así como de inmuebles catalogados o en proceso de catalogación. ARTÍCULO 19.- Resolución del procedimiento de orden de ejecución. 1.- En el plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha de incoación del procedimiento, el órgano municipal competente resolverá, bien ordenando la ejecución de las obras de conservación o rehabilitación necesarias para subsanar los daños o deficiencias que presente el inmueble en los términos y plazos establecidos en el informe técnico que sirve de fundamento a la resolución, bien archivando el expediente, en caso de que durante la instrucción del mismo se hayan subsanado de manera voluntaria por parte de los sujetos obligados todos y cada uno de los aspectos relacionados en el decreto de iniciación del procedimiento. 2.- El decreto de resolución del procedimiento deberá notificarse a los sujetos obligados, conteniendo o adjuntando los informes técnicos evacuados al efecto, así como lo argumentación jurídica que le sirven de fundamento. Cuando se afecte a un Bien de Interés Cultural o bien de relevancia local declarado o en proceso de declaración, deberá obrar, asimismo, en el expediente, el informe evacuado por el órgano competente en materia de patrimonio cultural,, del que se dará, asimismo, traslado a los interesados. 3.- El decreto de resolución de la orden de ejecución deberá concretar, una vez concluida la instrucción del procedimiento, con la máxima precisión posible y en virtud de los informes técnicos que le sirven de fundamento, los siguientes extremos: - Las obras, trabajos y demás actuaciones necesarias para mantener o reponer las condiciones necesarias, en los términos establecidos en esta Ordenanza. - El presupuesto definitivamente estimado del coste de las actuaciones ordenadas. - El plazo otorgado para iniciar las obras y actuaciones, así como plazo establecido para su completa ejecución, que será establecido atendiendo a su entidad y complejidad. - Determinación definitiva del medio de ejecución forzosa a que dará lugar, en su caso, dicho incumplimiento, en virtud de lo establecido en los informes técnicos que motivan la resolución. 4.- Las obras y demás actuaciones señaladas en las órdenes de ejecución deben realizarse con cargo a los propietarios de los inmuebles afectados y demás sujetos obligados, salvo cuando su importe supere el límite del deber de conservación, en cuyo caso el obligado podrá optar por la demolición del inmueble, salvo que esté catalogado, o por exigir al Ayuntamiento que sufrague, en lo que respecta al exceso, el coste parcial de las obras, constitutivo del mismo. 5.- En el momento de notificar la resolución, se apercibirá a los obligados de que en incumplimiento de la orden de ejecución en el plazo otorgado para ello, dará lugar a la ejecución forzosa de la resolución a costa del obligado hasta el límite del deber normal de conservación, determinando expresamente si se optará por la imposición de multas coercitivas o por la ejecución subsidiaria, en virtud de lo establecido en los informes técnicos que motivan la resolución. 6.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se comunicará la resolución del procedimiento a la Concejalía de Urbanismo a fin de que considere, dentro del ámbito de sus atribuciones, la procedencia de convocar un concurso de programa de actuación aislada en sustitución del propietario, en los términos previstos en los artículos 185 y 186 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana. 7.- Se dará la debida publicidad de la resolución, a los efectos previstos en el artículo 185 de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, mediante el tablón de anuncios y la página web municipales, así como dando traslado a los registros públicos administrativos existentes. Asimismo, el acto firme de aprobación de la orden administrativa de ejecución que corresponda, determinará la afección real, directa e inmediata, por determinación legal del inmueble, al cumplimiento de la obligación del deber de conservación. Dicha afección real se hará constar, mediante nota marginal, en el registro de la Propiedad, con referencia expresa a su carácter de garantía real y con el mismo régimen de preferencia y prioridad establecido para la afección real, al pago de cargas de urbanización en las actuaciones de transformación urbanística. CAPÍTULO V.- CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE EJECUCIÓN. ARTÍCULO 20. Comunicación de realización de las obras ordenadas. Las resoluciones que impongan la realización órdenes de ejecución, deberán cumplirse en sus propios términos, debiendo formalizarse su cumplimiento de conformidad con el siguiente trámite: 1.- Con carácter general, antes del comienzo de las obras y/o trabajos, deberá aportarse: a) Hoja de encargo o documento análogo, acompañado de declaración responsable, en el que conste la localización del inmueble, las obras a realizar y la identidad de la dirección facultativa que será un técnico competente según lo dispuesto en la LOE. No siendo obligatorio el visado colegial en el caso anterior, los servicios municipales que tramitan los correspondientes procedimientos deberán comprobar la identidad y habilitación profesional del autor del trabajo. Una vez efectuada la comprobación se incorporará copia de la información obtenida del Registro. En caso de que dichos datos no se encuentren disponibles por no estar operativo el citado Registro, los servicios municipales solicitarán al colegio profesonal correspondiente una certificación acreditativa de la identidad y habilitación profesional del técnico autor del trabajo. No se realizará consulta o solicitud cuando el proyecto o documento se hubiese visado voluntariamente, o se hubiese expedido por parte del Colegio correspondiente una certificación acreditativa. b) En el caso de que se hubiera exigido el proyecto técnico de edificación que indica el artículo 2. b) y c) de la LOE, éste deberá de estar visado al encuadrarse en el epígrafe a) del Art.2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, suscrito por técnico competente o volante colegial de presentación del mismo. No se consideraran conclusas las obras que requieran de la dirección facultativa de técnico competente en tanto no se haya aportado el certificado final de obra visado de las mismas. 2.- No obstante, cuando así conste en el correspondiente informe técnico municipal, se podrá exigir el correspondiente informe, firmado por técnico competente, acompañado de declaración responsable, relativo a cuestiones tales como el estado de la red de saneamiento, estructura del edificio, elementos particulares de la estructura, etc., así como del grado de ejecución de las obras, en el caso de solicitud de prórroga por parte de los interesados. 3.- En el caso de que las obras ordenadas, no requieran la supervisión de técnico competente, será suficiente con la presentación de un escrito acompañado de documento fotográfico, acreditativo de los hechos manifestados, que podrá ser aprobado de oficio. 4.- En el caso de limpieza y vallado de solares o parcelas, será suficiente la presentación a través del registro General del Ayuntamiento de instancia acompañada de documentación gráfica, que justifique la realización de los trabajos realizados. En el caso de que se hubieran exigido labores de desratización o de tratamiento con herbicidas en solares, se adjuntará justificante de la empresa que lo ha realizado. 5.- En aplicación de lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas y ambientales y figuras afines, del Excmo. Ayuntamiento de Alfafara, el cumplimiento de las órdenes de ejecución no estará sujeto a la licencia urbanística o ambiental. ARTÍCULO 21. Verificación de la subsanación de las deficiencias detectadas. 1.- Una vez concluidas las obras, los obligados deberán acreditar la subsanación de las deficiencias, así como la descripción de los trabajos y obras realizados, mediante la presentación de una copia del certificado final de obras de edificación, acompañado de acreditación de capacidad profesional o, en aquellos casos en que así lo exija el Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto, visado por el colegio correspondiente, o en el caso de no precisar proyecto técnico de obras, un certificado de idoneidad de las mismas, acompañando en ambos casos relación valorada de las obras ejecutadas. 2.- Los servicios municipales verificarán que las obras y trabajos efectuados, así como que la documentación aportada se ajustan a lo ordenado, reflejándolo en el correspondiente informe técnico, en el que se indicará expresamente, bien la necesidad de acometer las medidas correctoras que se estimen necesarias, bien su adecuación al contenido de la orden de ejecución. 3.- Cuando se hubiere exigido proyecto técnico y dirección facultativa, según lo indicado en el Art.2.1 de la LOE, no se considerarán conclusas las obras en tanto no se haya aportado el certificado final visado de las mismas, que deberá aportarse en el plazo de 10 días, a contar desde la finalización de las obras. 4.- En los supuestos en que no proceda la exigencia de dirección facultativa, como en el caso de limpieza y vallado de solares y parcelas, el cumplimiento de lo ordenado se comprobará de oficio, una vez comunicada por el sujeto obligado la finalización de las obras, lo que deberá realizar en un plazo no superior a 10 días a contar desde la finalización de las mismas. ARTÍCULO 22. Ejecución forzosa de la resolución. 1.- El incumplimiento de las órdenes de ejecución en el plazo otorgado para ello, faculta al Ayuntamiento para aprobar, mediante resolución expresa, la ejecución forzosa de la resolución en la que se establecen aquellas, bien mediante su ejecución subsidiaria a costa del obligado, bien mediante la imposición de multas coercitivas, en virtud del apercibimiento efectuado al interesado en la resolución del procedimiento de orden de ejecución, siendo en ambos casos, la cuantía valorada, exigible a los sujetos obligados hasta el límite del deber legal de conservación. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de convocar el procedimiento de ejecución sustitutoria, en los términos previstos en el Capítulo IV de este Título. 2.- Si el informe técnico que fundamenta la resolución valorase que el incumplimiento de la orden de ejecución pudiere dar lugar a la existencia de riesgo inmediato para la seguridad de personas o bienes, de deterioro del medio ambiente o del patrimonio natural y cultural o la existencia cualquier causa otra de interés general que lo motive, se optará prioritariamente por la ejecución subsidiaria, con adopción, en su caso, de las medidas provisionales oportunas. 3.- En la resolución del procedimiento de orden de ejecución, se determinará expresamente, dando conocimiento a los obligados, de la medida de ejecución forzosa que se impondrá en caso de incumplimiento de aquella, detallando en el informe técnico incorporado a la resolución, el coste estimado de las obras, trabajos y actuaciones a realizar, que vinculará la posterior imposición de multas coercitivas, o la adopción de ejecución subsidiaria, en su caso. En virtud de las motivaciones contenidas en los distintos informes técnicos que se incorporen al expediente, la medida de ejecución forzosa propuesta en la incoación del procedimiento podrá ser modificada en la resolución del mismo. 4.- Los costes de la ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución y el importe de las multas coercitivas que se impongan, en su caso, en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo, podrán exigirse, en caso de impago voluntario, mediante el procedimiento administrativo de apremio. ARTÍCULO 23.- De la imposición de multas coercitivas. 1.- Las multas coercitivas pueden imponerse hasta lograr la total ejecución de lo dispuesto en las órdenes de ejecución, con un máximo de diez multas sucesivas impuestas con periodicidad mínima mensual, por un importe máximo equivalente, para cada una de las multas, del 10% del valor de las obras ordenadas. 2.- El importe acumulado de las multas no debe rebasar el límite del deber de conservación, definido en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana. 3.- La imposición de las sucesivas multas coercitivas se aprobará mediante resolución del órgano municipal competente, adoptada en ejecución forzosa de la resolución que ponga fin al procedimiento, especificando la cuantía periódica mensual de las sucesivas multas coercitivas. 4.- En los correspondientes decretos por los que se resuelva la imposición de las sucesivas multas coercitivas, se informará a los obligados de la posibilidad de acometer voluntariamente, en cualquier momento, las actuaciones ordenadas. 5.- Cuando el obligado manifieste su voluntad de realizar las actuaciones ordenadas en la resolución de orden de ejecución, deberá comunicarlo mediante escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento, dirigido al Departamento de Conservación de Inmuebles, comprometiéndose expresamente a su ejecución en el plazo ordenado para la realización de las obras, junto con la documentación relacionada en el artículo 20 de esta Ordenanza, lo que dará lugar, previa comprobación documentada en el correspondiente informe técnico de que se ha procedido al inicio efectivo de las obras, a la suspensión del procedimiento de imposición de multas coercitivas durante el plazo de ejecución de las obras. Si concluido el plazo establecido para la finalización de las obras, trabajos y actuaciones ordenadas, el informe de inspección concluye que no se ha procedido a la ejecución de las mismas en los términos establecidos en la correspondiente orden de ejecución, se continuará el procedimiento de imposición de multas coercitivas, sin más trámite. 6.- Una vez aportada la documentación requerida, comunicando que se han ejecutado las obras y comprobada, por los servicios técnicos municipales, su efectiva ejecución, se procederá al archivo del expediente sin más trámite, lo que no conllevará la revocación o anulación de las multas coercitivas ya impuestas con anterioridad. ARTÍCULO 24. De la ejecución subsidiaria. 1.- El órgano competente en la resolución del procedimiento, podrá optar por la ejecución subsidiaria a costa de los sujetos obligados y bajo la supervisión de los técnicos municipales, cuando se considere la medida ejecutiva más adecuada, a tenor de lo establecido en los informes técnicos que justifican la resolución. Cuando en los expresados informes técnicos se constatase que existe riesgo inmediato para la seguridad de personas o bienes, o de deterioro del medio ambiente o del patrimonio cultural, el Ayuntamiento deberá optar, en cualquier caso, por la ejecución subsidiaria. 2.- Aún cuando se hubiera optado, en primer término, por la imposición de multas coercitivas como medida de ejecución forzosa, el órgano competente podrá, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, previa resolución aprobada al efecto, motivada en los pertinentes informes técnicos emitidos con posterioridad, especialmente por la concurrencia de cualquiera de los supuestos previstos en el apartado primero de este artículo, adoptar la medida de ejecución forzosa para dar efectivo cumplimiento a la resolución acordada, lo que no supondrá la revocación o anulación de las multas coercitivas anteriormente impuestas. 3.- El importe de la valoración de las obras a realizar mediante ejecución subsidiaria, podrá ser liquidado a cuenta, y requerido el pago con antelación, a reserva de la liquidación definitiva. Dicha valoración se realizará según se establece en el Artículo 9 de la presente Ordenanza, sin perjuicio de que una vez adjudicada la contratación de las obras, proceda el reintegro del diferencial del precio valorado en un primer momento y el precio efectivo resultante del procedimiento de contratación. 4.- Cuando por causas imputables a la propiedad o a los ocupantes del edificio, ajenos al normal desarrollo de las obras, estas se vieran suspendidas o paralizadas, el aumento del coste de los medios auxiliares o cualquier otro que de la suspensión se derivase, será con cargo a los sujetos responsables, una vez demostrada la existencia de los daños causados como consecuencia ilícita de los responsables. Llos gastos a que se refiere este número y los precedentes se liquidarán en capítulo adicional al de la ejecución material de las obras. 5.- Cuando se adopten las medidas provisionales previstas en el artículo 18, que en virtud de la urgencia de la medida, debidamente motivada en el pertinente informe técnico, justifiquen la realización inmediata de obras, serán, asimismo, a costa de los sujetos obligados. TÍTULO III.- DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFCIOS. ARTÍCULO 25. Objeto del Informe de Evaluación de Edificios. 1.- Se establece le obligación de realizar un Informe de evaluación periódico de los edificios, que deberá consignarse en el correspondiente certificado, con el objeto de acreditar la situación en que se encuentran los mismos, reflejando, al menos, el estado de conservación del edificio, con indicación del cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, debiendo incluir, la valoración relativa al grado de eficiencia energética de los mismos. El informe deberá determinar las deficiencias observadas en el estado de conservación que deben ser subsanadas y si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación. Regeneración y Renovación urbanas. 2.- El Informe de Evaluación de Edificios podrá servir de fundamento para la iniciación del oficio del procedimiento de Orden de ejecución de los deberes de conservación y rehabilitación previstos en los Capítulos I y II del presente Título, así como de los procedimientos recogidos en el Título II de esta Ordenanza. 3.- El sometimiento al control derivado del Informe de Evaluación de Edificios no podrá suponer, en modo alguno, una exención, limitación o exclusión al deber de conservación al que los propietarios están sujetos, en todo momento, como consecuencia de causas sobrevenidas con posterioridad a la fecha de redacción del informe. ARTICULO 26. Ambito de aplicación del Informe de Evaluación de Edificios. 1.- Están sujetos a la realización del primer Informe de Evaluación, todos los edificios con una antigüedad igual o superior a cincuenta años, así como los edificios catalogados y edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas. Dicho informe deberá llevarse a cabo, a cargo de los sujetos obligados, teniendo obligación de realizarlo y presentarlo en el Registro General del Ayuntamiento desde el momento en que venz el año en su caso, desde la fecha de terminación total de una intervención que haya supuesto una rehabilitación integral del edificio, lo que deberá quedar debidamente acreditado mediante el correspondiente documento técnico. 2.- Los informes de evaluación tendrán una vigencia de diez años, debiendo efectuar, periódicamente y sucesivamente los siguientes informes, una vez transcurrido dicho plazo a contar desde la fecha del informe inmediatamente anterior. 3.- A efectos de lo previsto en la presente Ordenanza, se entiende como edad de antigüedad de la edificación, el tiempo transcurrido desde la fecha de terminación total de las obras de construcción, que se acreditará mediante certificado final de obra, licencia de primera ocupación o cualquier otro medio de prueba admisible en derecho. En el caso de existir dicha documentación, el Ayuntamiento estimará la edad basándose en cualquier dato fechaciente que lo justifique, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que la antigüedad de construcción del edificio es la que figure en el Registro del Catastro Inmobiliario, entendiéndose, salvo especificación expresa al respecto, que la fecha se corresponde con el 31 de diciembre del año reflejado en dicho Registro. No obstante, cuando se trate de intervenciones que supongan una rehabilitación integral del edificio, el plazo de presentación del informe de Evaluación, así como el de las sucesivas renovaciones comenzará a contar a partir de la fecha de terminación de las referidas obras. Para el cómputo de la edad de la edificación, en aquellos casos en que resulte imposible materialmente determinar la fecha exacta de terminación de las obras, bastará con tener en cuenta el año que se determine con carácter estimativo en el informe técnico que deberá evacuarse al efecto. 4.- En el caso de que la edificación cuente con Inspección Técnica de Edificios en vigor o Informe de Conservación de la Edificación, el informe resultante de aquél se integrará como parte del informe regulado en esta Ordenanza, entendiéndose éste último por producido, en todo caso, cuando el ya realizado haya tenido en cuenta las exigencias que debe contener, en virtud de lo establecido en la presente Ordenanza el Informe de Evaluación de Edificios. Asimismo, cuanto el ITE o ICE tuviera una antigüedad superior a 10 años, deberán realizar en todo caso el Informe de Evaluación de la Edificación. ARTICULO 27. Sujetos obligados. 1.- Serán sujetos obligados al cumplimiento de los deberes establecidos en el presente Capitulo, los sujetos señalados en el artículo 14 de esta Ordenanza. 2.- Los expresados sujetos están obligados a remitir el correspondiente certificado, en el que se consignará el informe resultante al Ayuntamiento, mediante su presentación en el Registro general municipal. 3.- El Ayuntamiento podrá exigir de los propietarios obligados, en cualquier momento, la exhibición de los certificados actualizados de Inspección de Evaluación de Edificios, siendo susceptible en caso de incumplimiento de la obligación, previo requerimiento al sujeto obligado, su realización de oficio meidante ejecución subsidiaria, a costa del mismo. ARTICULO 28. Facultativos competentes para efectuar el Informe de Evaluación. 1.- El Informe de la Evaluación de los Edificios podrá ser suscrito tanto por los técnicos facultativos competentes como, en su caso, por las entidades de inspección registradas que puderan existir en las Comuidades Autónomas, siempre que cuenten con dichos técnicos. A tales efectos se considera técnico facultativo competente el que reúna los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, atendiendo a los criterios que establezca, en su caso, la Orden del Ministerio de Industria, Energia y Turismo y del Ministerio de Fomento, para determinar las cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de Evaluación de Edificios, así como los medios de acreditación. De otra parte, la capacitación para suscribir la Certificación de eficiencia energética de un edificio existente, como parte integrante del IEE corresponderá a los técnicos habilitados para ello por la normativa vigente, según los artículos 1, 8 y Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. El Informe de Evaluación de la Edificación deberá certificarse por un único técnico competente, que será responsable de la totalidad del documento. 2.- Cuando se trate de edificioes pertenencientes a las Administraciones Públicas podrán suscribir los Informes de Evaluación, en su caso, los responsables de los correspondientes servicios técnicos que, por su capacitación profesiones, puedan asumir las mismas funciones a que se refiere el apartado anterior, siendo supervisados por el organismo de control técnico que corresponda. 3.- Las deficiencias que se observen en relación con la evaluación de la edificación, se justificarán en el Informe bajo el criterio y la responsabilidad del técnico competente que lo suscriba. 4.- Los sujetos obligados encargarán al técnico titulado que libremente determinen, la realización del Informe de Evaluación del edificios de su propiedad. 5.- A efectos de garantizar la idoneidad del personal técnico y la calidad del Informe técnico resultante, el Ayuntamiento podrá suscribir los convenios de colaboración que estime oportuno, con los respectivos colegios profesionales. ARTICULO 29. De las inspecciones. 1.- La inspección, a efectos de la redacción del Informe de evaluación, se desarrollará ocularmente “in situ” por el técnico habilitado y abarcará todos aquellos elementos de edificio a los que se haya tenido acceso. 2.- Cuando los datos obtenidos en la inspección ocular no sean suficientes para la calificación de las deficiencias observadas, o se detectaran indicios de patologías que requieran la realización de pruebas, ensayos o peritaciones adicionales, que sobrepasan el alcance de la inspección ocular realizada, el técnico encargado de la misma deberá indicarlo en el informe y proponer a la propiedad del inmueble efectuar catas o una diagnosis adicional mediante un estudio detallado del elemento o elementos constructivos afectados, así como las demás pruebas que considere necesarias. 3.- Se realizará la división en unidades de inspección, al objeto de garantizar la coherencia documental y técnica de las actuaciones de inspección, tal y como dispone el artículo 180.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat. A tal efecto, se entiende por unidad de inspección, a los efectos de la elaboración del informe previsto en este Título: • Una vivienda, independientemente de su superficie construid y del número de niveles en que se desarrolla. • Un local de uso comercial, de garaje u otro uso en un mismo nivel y de hasta 125 m2., de superficie construida o fracción. • Una zona de elementos comunes de hasta 125 m2., de superficie construida o fracción independientemente del número de niveles consecutivos en que se desarrolla. En todos ellos, la unidad de inspección está constituida por el espacio accesible y cubierto, delimitado por el pavimento, así como por los paramentos, cerramientos y elementos estructurales verticales y por el forjado superior inclusive. En el caso de existencia en planta baja de un forjado sanitario con espacio accesible por su parte inferior, dicho espacio se considera como un nivel independiente. El número de unidades de inspección que deben revisarse se realizará conforme al Decreto 132/2006 del Consell por el que se aprueba el Documento Reconocido DRB 04/06, en los siguientes términos: Los trasteros no computarán a efectos de unidad de inspección. El número mínimo de unidades de inspección que deben revisarse para que sea validado el informe será el siguiente: • Elementos de inspección global: La totalidad de las fachadas y medianeras. La totalidad de las cubiertas, siempre que sea posible su inspección, ya sea desde el propio edificio (con la posibilidad de realizar pequeñas catas en el falso techo, bajo el criterio del técnico responsable, si este impide la visión de la estructura de la cubierta) ya desde edificios colindantes de mayor altura, de manera que se posibilite la visualización de su estado. La totalidad de los zaguanes. La totalidad de las escaleras. La totalidad de los sótanos. - Elementos con inspección por muestreo: Corresponde inspeccionar las unidades, dependiendo de las unidades de inspección existentes. El criterio de selección de las unidades a inspeccionar lo deberá marcar exclusivamente el técnico que realice la inspección. Para ello, intentará seleccionar las unidades más distintas entre sí por su naturaleza, situación, y sobre todo, tras la correspondiente investigación, las que intuya que puedan ser más significativas y mejor puedan reflejar las patologías del edificio y concretarán en el apartado correspondiente cuales han sido las unidades inspeccionadas. ARTICULO 30. Condiciones del edificio que debe evaluar el Informe de Evaluación. 1.- Deberá presentarse un informe de evaluación de la edificación por cada edificio. 2.- El informe deberá evaluar el estado de conservación de los edificios, consignando expresamente los resultados de la inspección y describiendo, al menos, los desperfectos apreciados en el inmueble, sus posibles causas y las medidas prioritarias recomendables para asegurar su estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para mantener o rehabilitar sus dependencias en condiciones de habitabilidad o uso efectivo según el destino propio de ellas y dejando constancia del grado de realización de las recomendaciones expresadas con motivo de la anterior inspección periódica. A tal efecto deberá comprobar, al menos, que se satisfacen las siguientes condiciones básicas de edificación: • La seguridad estructural, examinando si el edificio, o partes del mismo, se encuentra afectado por daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, siempre que sea posible, así como los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. • La salubridad, que comprende: la higiene, salud y protección del medio ambiente, debiendo considerar, al menos, los siguientes aspectos: • La protección frente a la humedad, atendiendo a que se limite el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos. • La red de suministro de agua, comprobando que los edificios dispongan de la instalación adecuada para suministrar el equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible. • La evacuación de aguas, examinando que los edificios dispongan de medios adecuados para extraer las aguas residualles generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. c) La seguridad en las instalaciones comunes de electricidad del edificio. 3.- El informe evaluará, asimismo, las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de las edificaciones, de acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, en los términos establecidos en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 4.- El Informe de Evaluación incorporará también la certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante el procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente y con independencia de su venta o alquiler, en todo o en parte. ARTICULO 31.- Contenido de los Informes de Evaluación. 1.- Como consecuencia de la inspección realizada, se cumplimentará el correspondiente Informe de Evaluación del Edificio, que deberá certificar el resultado de la misma, indicando inequívocamente, bien si el edificio reúne las condiciones establecidas en el artículo 30 de esta Ordenanza, bien si, por el contrario, el mismo no las reúne, con descripción de las deficiencias apreciadas, ordenandas por orden de prioridad, así como sus posibles causas y las soluciones planteadas. 2.- Los Informes de Evaluación consignarán, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, al menos, los siguientes extremos: a) Nombre, apellidos, razón social o denominación completa y NIF de los propietarios. b) Fecha de construcción del bien inmueble con indicación en su caso de si está catalogado. c) Fecha de las Inspecciones Técnicas realizadas con anterioridad. d) Nombre y apellidos del facultativo actuante en la inspección y colegio profesional al que pertenece. e) Fecha y descripción de las intervenciones realizadas con anterioridad, planos de situación y fotografias del exterior e interior del edificio, expresivas del contenido del informe. f) Descripción de los trabajos previos ejecutados para realizar la inspección en el caso de que hayan sido necesarios para determinar los daños de la edificación, con indicación expresa del plazo estimado de duración de las obras, así como fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución de las mismas. g) Indicación de la dirección del edificio y número de referencia catastral, acompañando plano de situación, plano parcelario del emplazamiento, a escala mínima 1:1000 y en formato DIN-A4, donde se definan gráficamente tanto los límites de la parcela como las edificiaciones y unidades de inspección. h) Fotografias del esterior y zonas comunes del interior del edificio, expresivas del contenido del informe, en las que se aprecien, en su caso, las deficiencias detectadas y los elementos reparados o sobre los que se haya actuado. i) Descripción detallada de las condiciones generales del edificio que se divide en las siguientes partes: - Evaluación del estado de conservación del edificio que comprende: . Estado general de la estructura y cimentación, ya en los casos en que la inspección visual haya sido posible (en caso de no serlo, se dejará constancia de las partes que no ha sido posible inspeccionar), ya cuando existan indicios de lesiones en la cimentación o la estructura, al observar síntomas indirectos en los distintos elementos del edificio. . Estado general de las fachadas interiores, exteriores y medianeras del edificio, en especial de los elementos que pudieran suponer un peligro para las personas, tales como cornisas, salientes, terrazas, vuelos o elementos ornamentales, cubiertas y azoteas. . Estado general de conservación de cubiertas y azoteas, ya en los casos en que la inspección visual haya sido posible ya sea desde el propio edificio o desde los edificios colindantes (en caso de no serlo, se dejará constancia de las partes que no ha sido posible inspeccionar), ya cuando existan indicios de lesiones en la cubierta al observar síntomas indirectos en los distintos elementos del edificio. . Estado general de suministro de agua y fontanería y la red de saneamiento del edificio. . Estado de los elementos de accesibilidad del edificio. . Plano de situación. . Fotografias del exterior e interior del edificio, expresivas del contenido del informe. • Evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de las edificaciones, de acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, así como del diseño y calidad de las viviendas. • Certificado de eficiencia energética, con el contenido y mediante el procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente y que servirá como certificado de eficiencia energética de cada una de las viviendas que integran el edificio en el caso de su venta o alquiler. Además, esta información también podrá servir para el establecimiento de medidas de mejora de la eficiencia energética de las edificaciones, sin que en ningún caso pueda tener efectos para el resultado, favorable o desfavorable, de la inspección. • La calificación del resultado de la inspección, en los términos establecidos en el artículo 32 de la presente Ordenanza. • Firma del facultativo y del propietario o, en su caso, del presidente de la Comunidad de Propietarios. ARTICULO 32. Resultado del Informe de Evaluación de los Edificios. 1.- La evaluación del estado de conservación del edificio se realizará con las especificaciones establecidas en el apartado 5 de este artículo. El informe deberá señalar, a tal efecto: a) La valoración del estado de conservación del edificio, significando expresamente y de manera inequívoca si el resultado es favorable, por cumplir el edificio o construcción las condiciones establecidas en el artículo 30 de esta Ordenanza. b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de las edificaciones, de acuerdo con la normativa vigente, establecerá si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad. c) El certificado de eficiencia energética, a titulo meramente informativo, expresando las inversiones en materia de eficiencia energética que requiera el edificio, si bien las mismas no serán consideradas a efectos de evaluar la posible declaración de ruina legal. d) En el supuesto de que el resultado de la inspección, referente a la valoración del estado de conservación del edificio sea desfavorable, deberá reflejarse además, el siguiente contenido: - Descripción y localización de los desperfectos y deficiencias apreciados, por orden de importancia, con indicación de, al menos, los siguientes apartados relativos a la seguridad constructiva de la edificación: . Seguridad, estabilidad y consolidación estructurales, con indicación de si el edificio o construcción o parte de los mismos sufren daños que tengan su origen o afecten a cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales que puedan comprometer la resistencia mecánica y estabilidad del edificio o construcción. . Seguridad relativa a fachadas interiores, exteriores y medianeras de edificio o construcción, en especial de los elementos que puedan suponer peligro para la vía pública o zonas interiores de la edificación tales como frentes de forjado, cornisa, aplacados, etc. . Estanqueidad, indicando el estado general de cubiertas, azoteas, paramentos y carpinterias exteriores. . Estado general de las redes de fontanería, saneamiento y electricidad. • Posibles causas de todos los desperfectos o deficiencias apreciados. • Indicación de las medidas, trabajos, obras y demás actuaciones necesarias para solventar las deficiencias y desperfectos apreciados en el inmueble, así como para mantener sus dependencias en las condiciones establecidas en el artículo 30 de la presente Ordenanza, según el destino propio de ellas, con indicación, asimismo, de un orden de prioridades para la ejecución de los mismos, haciendo expresa referencia a los plazos, tanto de inicio como de posterior ejecución de las obras. • Presupuesto estimativo de las medidas, trabajos y obras necesarias. • En el supuesto de emisión del segundo y sucesivos informes de Inspección Técnica de Edificaciones, indicación del grado de ejecución y efectividad de las medidas, trabajos y obras realizados para cumplimentar las recomendaciones señaladas en los informes de inspección técnica anteriores. • Sin perjuicio de lo anterior, el informe de Inspección de Evaluación de la Edificación deberá describir, en su caso, las medidas inmediatas de seguridad de los ocupantes, vecinos, colindantes y transeúntes, adoptadas de forma cautelar y urgente anta una situación de riesgo inminente, que debieron comunicarse, previamente al inicio de las mismas al órgano municipal competente, mediante informe justificativo suscrito por el facultativo competente, a efectos de la adopción de las medidas provisionales oportunas. 2.- En el caso de que el técnico encargado de realizar la inspección, detectara desperfectos o deficiencias en la edificación que supusieran un riesgo inminente para seguridad de las personas, dará parte de forma inmediata del resultado de la inspección, mediante un informe urgente, tanto a los propietarios como al SPEIS como al Departamento de Conservación de inmuebles del Ayun tamiento, con anterioridad a la remisión del informe técnico debidfamente formalizado, para que tomen las medidas urgentes necesarias, resultando de aplicación lo previsto en el artículo 18 de esta Ordenanza. Sin perjuicio de lo anterior, y con posterioridad a la comunicación urgente mencionada, el técnico deberá elaborar el informe técnico de inspección del edificio, debidamente formalizado de conformidad con lo previsto en esta Ordenanza. La recepción por parte del órgano municipal competente del expresado informe de urgencia dará lugar a la inspección inmediata del edificio por los servicios municipales competentes, en los términos previstos en el artículo 16 y la posterior incoación del expediente de orden de ejecución o de ruina, en su caso. 3.- El contenido técnico y el formato de la certificación que contiene el informe de evaluación del edificio habrán de cumplimentarse según los modelos normalizados elaborados al respecto, que viene desarrollado, asimismo, en la Aplicación Informática para la elaboración del IEE del Ministerio de Fomento en la Aplicación Informática ICE win, de aplicación en la Comunidad Valenciana, completado con las aplicaciones CE 3 y CE 3x, de certificación energética. 4.- La determinación y detalle de las deficiencias detectadas en los diversos elementos constructivos del edificio en el informe de evaluación de los edificios, debe incluir detalle y la calificación de su gravedad, debiendo realizarse de la forma siguiente: • Deficiencias muy graves. Son aquellas que por su importancia afecten gravemente a la estabilidad del edificio y representan un peligro de seguridad para las personas. • Deficiencias graves. Son las que, por su importancia, se deben subsanar en los plazos indicados. En caso de que representen un riesgo para las personas es necesario indicarlo expresamente y detallar las medidas urgentes de seguridad a adoptar previas a la ejecución de las obras. • Deficiencias leves. Son las que, sin ser graves, hacen necesaria la realización de trabajos de mantenimiento específicos y determinados para evitar el deterioro del edificio o de una parte del mismo. 5.- La calificación del estado general del edificio, según el tipo, la gravedad y la generalización de las deficiencias detectadas, se efectuará de la forma siguiente: • Informe con calificación favorable, que procederá cuando el edificio o construcción reúna las condiciones de seguridad, accesibilidad, ornato público y decoro establecidas en esta Ordenanza, debiendo especificar la concurrencia de los siguientes supuestos: . Cuando el estado general del edificio se califica como sin deficiencias. . Cuando el estado general del edificio se califica como con deficiencias leves. Cuando se detecte la existencia de deficiencias de escasa entidad producidas por falta de conservación que no son determinantes para la calificación desfavorable del informe. Se deberá expresar la necesidad de efectuar trabajos de mantenimiento específicos y determinados para evitar el deterioro del edificio o de una parte del mismo. • Informe con calificación Desfavorable, que procederá en los siguientes supuestos: • Cuando el técnico actuante califique el estado del edificio como muy grave. Por la existencia generalizada de deficiencias que por su importanci afecten gravemente a la estabilidad del edificio y representan un peligro de seguridad para las personas. En ese caso, el informe debe especificar las medidas de seguridad que se deben adoptar con carácter inmediato, las deficiencias que se deben reparar y el plazo para hacerlo. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo de este artículo, en atención a la urgencia que determine el facultativo. • Cuando el técnico actuante califique el estado del edificio como con deficiencias graves. Por la existencia no generalizada de deficiencias que por su importancia de deben enmendar. El informe de la inspección técnica de edificios debe especificar las deficiencias que se deben reparar y el plazo para hacerlo. En caso de que las deficiencias comporten riesgos para las personas, se deben describir las medidas urgentes de seguridad a adoptar, previas a la ejecución de las obras. 6.- La emisión del certificado de evaluación del edificio, se debe ajustar a los principios de imparcialidad, objetividad e independencia del facultativo redactor del mismo, así como al de presunción de veracidad de las manifestaciones que contenga. ARTICULO 33. Forma y plazo de presentación del Certificado de Informe de Evaluación. 1.- El Informe de Evaluación se consignará en un certificado, cumplimentándose según los modelos normalizados que vienen desarrollados en la Aplicación Informática para la elaboración del IEE del Ministerio de Fomento de aplicación en la Comunidad Valenciana, completado con las aplicaciones CE 3 y CE 3x, de certificación energética, junto con declaración responsable del técnico autor del informe. 2.- Los obligados deberá realizar y presentar copia del certificado en el Registro General del Ayuntamiento dentro del plazo establecido. Los sucesivos informes de Evaluación deberán efectuarse durante el año de vencimiento del periodo de diez años a contar desde la emisión del informe inmediatamente anterior, debiendo presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, en un plazo no superior a tres meses desde la realización del mismo. Dicho plazo se contará desde la fecha del vencimiento de cada informe, con independencia de la fecha de su presentación ante el Ayuntamiento. Se deberán aportar, a tal efecto, dos copias del Informe de Evaluación, una de ellas en formato papel y la otra en formato electrónico. 3.- Los obligados adjuntarán en el Libro del Edificio una copia del certificado que contenga el informe de Evaluación presentado o, en su defecto, en la documentación técnica existente, siendo responsables de su custodia. 4.- En el supuesto de que el certificado de Informe de Evaluación se presente sin los requisitos formales esenciales o sin ajustarse al contenido establecido en la presente Ordenanza, se requerirá al interesado para la subsanación de defectos observados en la documentación, concediéndose a tal efecto un plazo no inferior a diez dias, advirtiéndose que, en caso de no aportar la documentación requerida, que se considerará el informe como no presentado. 5.- Sin perjuicio de lo anterior, si de la documentación requerida se deduce la existencia de daños que puedan implicar un incumplimiento del deber de conservación, se pondrá de forma inmediata en conocimiento de los servicios municipales competentes en la materia, para que actúen de la forma que proceda según lo establecido en la presente Ordenanza. 6.- Una vez presentado el Informe de Evaluación, el órgano municipal competente procederá a la publicación de los datos básicos contenidos en el informe, de manera abreviada, con sujeción a la normativa sobre protección de datos. 7.- En caso de que se considere necesario, el Ayuntamiento podrá realizar cuantos requerimientos se estimen convenientes para completar, explicar y/o justificar el contenido de los documentos presentados. 8.- Finalizado el plazo establecido para realizar el Informe de Evaluación, sin haberse acreditado su realización con la presentación del certificado resultante, se considerará como incumplimiento del deber de realizar el Informe de Evaluación, que tendrá la consideración de infracción urbanística. 9.- Los propietarios de los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas con el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética, no podrán acogerse a las mismas en tanto que se formalicen las obligaciones que con respeto al Informe de Evaluación se establecen en este Titulo. ARTICULO 34. Efectos del Informe de Evaluación de Edificios en función de su resultado. 1.- Los Informes de Evaluación de los Edificios tendrán plena validez y eficacia como base y documentación técnica de las órdenes de conservación y rehabilitación que acuerde el Ayuntamiento. A tal efecto, las órdenes de ejecución podrán remitirse a lo dispuesto en dichos informes. 2.- El Informe de Evaluación realizado por encargo de la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios, que se refiera a la totalidad de un edificio o completo inmobiliario, extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas existentes. 3.- Cuando el Informe de Evaluación no detecte deficiencias, se tendrá por cumplimentada la oblitgación de formalizar el Informe de Evaluación de Edificios, regulado en este Título, trasladando la obligación de realizar el siguiente informe en el plazo de 10 años. 4.- Cuando el Informe de inspección técnica de edificios contenga una calificación del estado general del edificio detecte únicamente deficiencias leves, será suficiente para la justificación del cumplimiento del deber legal de conservación la comprobación en la siguiente inspección periódica de la realización efectiva de las obras y los trabajos de conservación requeridos para mantener el inmueble en el estado legalmente exigible. La constatación, en el siguiente informe de inspección, de la no subsanación de las deficiencias señaladas, dará lugar a la incoación del procedimiento de orden ejecución, o de ruina en su caso, previstos en esta Ordenanza. 5.- Los contenidos del Informe de Inspección técnica del edificio relativos a efeciencia energética, accesibilidad y habitabilidad tienen carácter informativo con respecto a la normativa actual, por lo que las deficiencias señaladas en estos aspectos, no se consideran determinantes a efectos de justificar el cumplimiehnto del deber legal de conservación, si bien deberán ser tenidas en cuenta en el caso de iniciar la rehabilitación del edificio. 6.- Cuando el Informe de Evaluación tenga la calificación de desfavorable, el Ayuntamiento incoará el procedimiento de orden de ejecución, en virtud del procedimiento establecido en el Capítulo III del Título II de esta Ordenanza, salvo que se reúnan los requisitos previstos en el Título IV, en cuyo caso procederá la ini8ciación del procedimiento de declaración de ruina de la edificación. 7.- Sin perjuicio del contenido del informe relativo al estado de conservación del edificio, cuando el edificio fuera susceptible de realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad, éstos deberán realizarse dentro del plazo establecido por la normativa vigente, debiendo comunicar al Ayuntamiento su realización. 8.- El Ayuntamiento procederá a la anotación del informe y posterior certificado de comprobación, en su caso, en el Registro de Edificios y construcciónes, pudiendo dar traslado del Informe de Evaluación del edificio al Departamento competente de la Generalitat Valenciana a los efectos de tratamiento estadístico. Asimismo, el Ayuntamiento remitirá una copia del certificado, legitimada por el Secretario del Ayuntamiento, para su depósito en el Registro de la Propiedad. 9.- El Ayuntamiento facilitará a aquellos propietarios que presenten el Informe de Evaluación debidamente cumplimentado y posterior certificado acreditativo de ejecución de las obras ordenandas, en su caso, un distintivo en el que conste la fecha del Informe y la fecha de la siguiente inspección técnica, que deberá colocarse en un lugar visible del portal del edificio. ARTICULO 35. Incumplimiento de realización de la Inspección de Evaluación del Edificio. 1.- La no presentación, ante el Ayuntamiento, del certificado de Informe de Evaluación del Edificio, conforme al modelo normalizado, procedimiento y plazos establecidos en los artículos precedentes, dará lugar a la incoación del procedimiento de ejecución forzosa de la obligación de la realización de inspecci`´on técnica del edificio, que se resolverá declarando el incumplimiehnto de dicha obligación y otorgando a los propietarios obligados un plazo de 15 dias, a efectos de que presenten en el registro general del Ayuntamiento el Informe de Evaluación, lo que dará lugar al archivo del expediente de ejecución forzosa. En caso de que el sujeto obligado no presente el Informe de Evaluación en el plazo otorgado al efecto, procederá, bien la imposición de sucesivas multas coercitivas, bien la ejecución subsidiaria del Informe de Evaluación del Edificio por parte del Ayuntamiento, cuando así se determine en el informe técnico, a costa del obligado. 2.- En el supuesto de que la resolución imponga la ejecución subsidiaria del Informe de Evaluación, en caso de incumplimiento, el Ayuntamiento deberá encomendar la realización del Informe de Evaluación a técnico competente o a entidades de inspección autorizadas y registradas de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza. En la notificación de la resolución deberá señalarse la fecha en la que la inspección se vaya a iniciar, la identidad del técnico facultativo competente o entidad de inspección contratada para su realización, la referencia del contrato suscrito con el municipio y el importe de los honorarios a percibir por este concepto. Dichos importes, podrán ser liquidados de forma provisional y con antelación a la realización de la misma, a reserva de la liquidación definitiva. Si hubiese oposición, de los propietarios o moradores, a la práctica de la inspección, se solicitará el correspondiente mandamiento judicial para la entrada y realización del Informe de Evaluación. 3.- El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, exigir de los propietarios la exhibición de los certificados actualizados de los Informes de Evaluación del Edificio, y si constatare que éstos no se han efectuado, podrá iniciar el procedimiento contemplado en el apartado primero de este artículo. 4.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los propietarios que no efectuaran la inspección periódica de construcciones, estarán sujetos a las responsabilidades en materia sancionadora. La sanción que proceda en su caso, será independiente de la liquidación que proceda por la ejecución subsidiaria de la Inspección Técnica del Edificio por parte del Ayuntamiento, o multas coercitivas impuestas, en su caso. ARTICULO 36. Registro de inmuebles sujetos al Informe de Evaluación de Edificios. 1.- Se procederá a la creación de un registro, al que se dará publicidad mediante la página web del Ayuntamiento, en el que con una periodicidad anual se inscribirán y mantendrán actualizados los edificios obligados por la presente Ordenanza al Informe de Evaluación de Edificios, conforme se vayan incorporando los correspondientes certificados, en el que constarán al menos los siguientes datos básicos: . Ubicación del inmueble. . Referencia catastral. . Año de construcción. . Grado de catalogación, en su caso. 2.- Los datos obrantes en el Registro podrán ser modificados o corregidos de oficio o a instancia de parte, cuando se compruebe la inexactitud de los mismos por parte de los servicios municipales. En cualquier momento se podrá proceder a la incorporación al Registro de todos aquellos inmuebles que no hubiesen sido inscritos inicialmente en el censo y de los cuales por cualquier causa se tenga conocimiento. 3.- Los datos básicos incorporados a dicho registro, serán públicos, abreviadamente, a efectos de su consulta por cualquier interesado a través de la página web municipal, con sujeción a la normativa sobre protección de datos. TITULO IV.- DE LA RUINA ARTÍCULO 37. Supuestos de situación legal de ruina. 1.- Procederá la declaración de la situación legal de ruina de una edificación o construcción en los siguientes supuestos: a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a una construcción o edificio, manifiestamente deteriorado, la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para restaurar en ellas las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo, supere el límite del valor del deber normal de conservación. No se considerará, a estos efectos, el coste de la realización de obras relativa a la accesibilidad o a la restitución de la eficiencia energética en los términos exigidos por la legislación estatal. b) Cuando el propietario acredite haber cumplido puntualmente el deber de inspección periódica, realizando diligentemente las obras recomendadas, al menos, en dos ocasiones consecutivas, y el coste de éstas, unido al de las que estén pendientes de realizarse, supere el límite del deber normal de conservación, apreciándose una tendencia constante y progresiva en el tiempo al aumento de las inversiones necesarias para la conservación del edificio. 2.- No hay incumplimiento del deber de conservación si la ruina legal es causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, ni cuando el dueño trate de evitarla con adecuado mantenimiento y cuidadoso uso del inmueble, reparando sus desperfectos con razonable diligencia, constatada por técnico competente. 3.- A los efectos establecidos en este artículo, el valor del deber normal de conservación se entenderá constituido por el equivalente a la mitad del valor de un edificio o construcción de una nueva planta con similares características e igual superficie útil que la existente, excluido el valor del suelo, realizada con las condiciones imprescindibles para autorizar su ocupación. Si no se trata de un edificio, sino de otra clase de construcción, dicho límite se cifrará, en todo caso, en la mitad del coste de erigir o implantar una nueva construcción de iguales dimensiones, en condiciones de uso efectivo para el destino que le sea propio. El cálculo del valor de la construcción de nueva planta señalada en el párrafo anterior, se realizará en la forma indicada en el artículo 10 de esta Ordenanza. 4.- En las zonas o entornos sujetos a protección ambiental, así como en los edificios catalogados en el plan general o planes parciales, sólo pueden realizarse las obras expresamente autorizadas por licencia de intervención o dispuestas por orden de ejecución municipal, siendo preceptivo contar, adicionalmente con el previo informe de la Conselleria competente, cuando se trate de Bienes de Interés Cultural (BIC) o Bienes de Relevancia Local (BRL). ARTÍCULO 38.- Sujetos responsables e interesados en el procedimiento. 1.- Tendrán la consideración de interesados en el procedimiento los titulares de derechos sobre el inmueble que consten en los registros públicos, así como los ocupantes legítimos de la construcción y los órganos competentes cuando resulte afectado el patrimonio histórico. A tal efecto, a la iniciación del procedimiento se solicitará certificación registral, cuya expedición se hará constar por nota marginal. 2.- El propietario será responsable del incumplimiento del deber legal de conservación cuando dicha circunstancia se determine en el correspondiente informe técnico, en los términos previstos en el artículo 14.1 de esta Ordenanza, estando obligado a facilitar la relación de moradores del inmueble y a adoptar, bajo dirección facultativa, las medidas de seguridad necesarias, que se ordenen por el órgano competente, para evitar cualquier daño o perjuicio a personas o bienes, así como el deterioro incontrolado del inmueble hasta que recaiga resolución definitiva o hasta que conste la demolición, reparación o rehabilitación del inmueble. ARTÍCULO 39.- Incoación del procedimiento de declaración de situación legal de ruina. 1.- El procedimiento contradictorio de Declaración de Ruina Legal, se podrá incoar de oficio o como consecuencia de denuncia formulada por cualquier interesado, mediante decreto, adoptado, en ambos casos por el órgano municipal competente: A).- Incoación de Oficio. Procederá la incoación de oficio del procedimiento, cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: a) Propia iniciativa del órgano competente: - En virtud de los informes evacuados por los servicios técnicos municipales en el marco de las inspecciones que se realicen, programadas por el Servicio municipal competente. -En virtud de los resultados contenidos en el Informe de Evaluación del edificio. b) Petición razonada de otros Órganos: En virtud de la actuación de los distintos servicios municipales, que detecten la existencia de un incumplimiento de los deberes de conservación o rehabilitación. c) Por denuncia presentada por cualquier persona que no tenga consideración de interesado, poniendo los hechos en conocimiento del órgano competente. B).- Incoación a instancia de parte. Procederá por solicitud o denuncia presentada por cualquier interesado, presentada en el registro general del Ayuntamiento, que se deberá acompañar de los siguientes documentos: a) Datos de identificación del inmueble cuya declaración de ruina se solicita. b) El supuesto o supuestos alegados de estado ruinoso del inmueble. c) Acreditación de la titularidad de derechos sobre el inmueble, mediante certificado de dominio y cargas, expedido por el Registro de la Propiedad y documentación que acredite la titularidad del mismo. d) Relación de ocupantes del inmueble, si los hubiere. e) Informe técnico expedido por facultativo competente, acompañado de acreditación de declaración responsable en el que se hagan constar los siguientes extremos: • Descripción del estado físico del inmueble, acompañado de planos debidamente acotados de planta o diferentes plantas de la finca, alzados y secciones representativas y cuadro pormenorizado de usos y superficies construidas por plantas y cuerpos constructivos. • Justificación de las causas en las que se fundamenta la solicitud de ruina invocada, en el que se manifieste la relación de daños detectados en la construcción. • Descripción y valoración de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones establecidas en el artículo 30 de esta Ordenanza, justificando que su coste excede del límite del deber legal de conservación. • Información acerca de si el inmueble reúne las condiciones de seguridad y salubridad suficientes para la permanencia de sus ocupantes, hasta que se adopte la resolución que proceda. • Certificado de la última inspección técnica realizada de acuerdo con la presente Ordenanza. La solicitud deberá cumplimentarse haciendo constar todos y cada uno de los extremos previstos en el apartado primero de este artículo, a cuyo fin procederá requerir al interesado para que en un plazo no superior a 10 días acompañe los documentos preceptivos, si la solicitud no reuniere dichos requisitos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto. 2.- En los dos supuestos previstos en el apartado anterior, el procedimiento para la declaración de situación legal de ruina se iniciará mediante decreto de incoación, que se notificará a los interesados, poniéndoles de manifiesto la documentación incorporada al expediente y dándoles traslado de copia literal y completa de los informes técnicos obrantes en él. 3.- A los efectos previstos en este artículo, se considerará interesado en el procedimiento a toda persona física o jurídica que alegue daños o peligro de daños propios derivados del estado actual de un inmueble. Como actuación previa a la incoación del procedimiento, se podrá requerir a los propietarios a efectos de que aporten la relación de moradores. 4.- Cuando el procedimiento afecte a un Bien de Interés Cultural declarado o en proceso de declaración, debe notificarse el inicio del procedimiento y las resoluciones ulteriores a la Administración competente. ARTÍCULO 40.- Instrucción del procedimiento. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio por el órgano competente para la tramitación del procedimiento, distinguiendo cuando el procedimiento hubiera sido iniciado de oficio o a instancia de interesado: 1.- Procedimiento iniciado de oficio: a) Con anterioridad a la incoación del expediente, los servicios municipales competentes deberán girar las visitas de inspección que estimen convenientes al inmueble objeto del mismo, a fin de comprobar de manera fehaciente la situación y estado físico de aquel. De cada visita se redactará el Informe técnico correspondiente, en el que entre otras circunstancias, se deberá dejar constancia suficiente de los datos identificativos del inmueble, así como de las personas intervinientes y del os hechos y resultados de la actuación. Posteriormente, en virtud del resultado de las inspecciones, se emitirá un informe técnico sobre el estado del inmueble, de cuya copia o transcripción literal y completa se dará traslado a los interesados junto con el decreto de incoación del procedimiento, otorgándoles un plazo de 15 días, a efectos de que puedan presentar los documentos, justificaciones y medios de prueba que estimen oportunos. El citado informe deberá contener, al menos, los siguientes extremos: b) Datos de identificación y situación del inmueble afectado por la actuación a realizar acompañado de plano de emplazamiento. c) Situación urbanística del inmueble, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Alfafara, determinando si el inmueble está sujeto a algún régimen de protección, en cuyo caso se especificará el nivel de protección o si está en situación de fuera de ordenación, con indicación, en su caso, sobre si el bien está declarado de interés cultural. d) Descripción del estado físico del inmueble, con referencia a los daños y deficiencias que presenta. e) Justificar la causa de la ruina invocada. f) Descripción y valoración estimada de las obras, trabajos y actuaciones necesarias para mantener o reponer las condiciones de seguridad, estabilidad, estanqueidad y consolidación estructurales del edificio o construcción establecidas en la Ley, o para restaurar en ella las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo. En caso de proponer la demolición del inmueble, deberá justificarse, asimismo, su procedencia. g) Justificación técnica de que las obras necesarias superan el límite del deber normal de conservación. h) Determinación, en su caso, del incumplimiento del deber urbanístico de conservación del inmueble o manifestación razonada de la improcedencia de ello. i) Precio estimado de las medidas propuestas, a efectos de la eventual ejecución forzosa de la resolución. j) Determinación del medio de ejecución forzosa propuesto a priori, en caso de incumplimiento de la futura resolución en la que se acuerde la orden de ejecución. k) Información acerca de si el inmueble reúne condiciones de seguridad y salubridad suficientes para la permanencia de sus ocupantes del inmueble, determinando cuando se considere oportuno la ordenación del inmediato desalojo de los mismos. l) Adoptar las demás medidas provisionales que se estimen necesarias para impedir daños a las personas o a las cosas. m) Determinación del plazo para la iniciación de las obras requeridas, así como el plazo de ejecución de las mismas. n) Pronunciamiento, en su caso, sobre la amenaza de ruina inminente que pueda presentar el edificio, proponiendo que se lleven a cabo las medidas oportunas, consistentes en el apeo, apuntalamiento o cualquier otra medida que se estime necesaria para garantizar la estabilidad y seguridad del edificio, así como para prevenir o evitar daños, como el desalojo del edificio. En caso de que la medida propuesta consista en la demolición del inmueble, motivación de la excepcionalidad de la medida, justificando su necesidad. 2.- Procedimiento iniciado a instancia de interesado: a) El decreto de iniciación del procedimiento se adoptará una vez revisada la documentación relacionada en el artículo 28.1.B) y evacuado el correspondiente informe técnico municipal sobre las circunstancias del inmueble y medidas a adoptar, en su caso, debiendo notificarse a los interesados al tiempo que se les pondrá de manifiesto dicha documentación y se les dará traslado de copia literal y completa de los informes técnicos obrantes en él, para que en un plazo de 15 días, puedan alegar y presentar los documentos, justificaciones y medios de prueba que estimen pertinentes. b) Se podrá prescindir del informe técnico señalado en el apartado anterior, cuando con anterioridad a este trámite se hubiera realizado e incorporado al expediente el Informe de Evaluación del Edificio, regulado en Capítulo III del Título I, el que se desprenda la necesidad de iniciar el procedimiento de situación legal de ruina y que servirá de fundamento a las valoraciones contenidas en el decreto de incoación del procedimiento, en cuyo caso se deberá notificar a los interesados junto con el aquel. c) La iniciación del procedimiento contendrá el apercibimiento a los interesados de que, en caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del mismo en el plazo otorgado para ello, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, teniendo por efectuado el trámite de audiencia. d) Una vez concluida la instrucción del procedimiento, y en caso de que se presenten alegaciones dentro del plazo otorgado para ello, el instructor elevará propuesta de resolución dando contestación a las alegaciones, documentos, justificaciones y pruebas aducidas, otorgando a los interesados un plazo de audiencia por 15 días, con carácter previo a la resolución del procedimiento, a efectos de que puedan presentar cuantos documentos y justificaciones estimen pertinentes. Cuando las alegaciones formuladas se refieran al contenido del informe que fundamenta la incoación del procedimiento, deberá expedirse nuevo informe técnico, que podrá consistir en la mera ratificación del informe anterior, del que se dará traslado a los interesados junto con la propuesta de resolución. e) Sin perjuicio de la forma de iniciación del procedimiento, durante la instrucción del expediente se podrán llevar a cabo cuantas inspecciones de oficio estime necesarias el órgano municipal competente, siendo susceptible en virtud de las motivaciones contenidas en los correspondientes informes que se expidan, modificar las estimaciones y valoraciones contenidas en el informe precedente, de lo que se dará traslado, en su caso, a los interesados para que en un plazo de 15 días puedan alegar y presentar los documentos, justificaciones y medios de prueba que estimen pertinentes. f) La propiedad del inmueble, los responsables y sus ocupantes deberán facilitar a los servicios municipales el libre acceso a la totalidad del mismo y, en general, adoptar las medidas necesarias para permitir a éstos la obtención de datos para la emisión de los informes técnicos que precisen. g) En los expedientes contradictorios de ruina sobre inmuebles declarados como BIC o BRL, así como sus entornos, se dará traslado de las obras y medidas propuestas en el informe técnico a la Consellería competente, a efectos de que, con carácter previo a la resolución, se informe con respecto a las mismas, en un plazo no superior a 10 días. Cuando se trate de bienes inscritos en el Inventario General de Patrimonio Valenciano o en trámite de inscripción, se dará traslado del informe técnico municipal elaborado al efecto, al órgano competente en materia de patrimonio histórico, para que, en los términos previstos en el artículo 190 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, realice las intervenciones que procedan, en el ámbito de sus atribuciones. ARTÍCULO 41.- Amenaza de ruina inminente. 1.- Procederá declarar la amenaza de ruina inminente de una edificación o parte de la misma, cuando del informe evacuado por los servicios técnicos municipales se desprenda que el estado del inmueble pone en peligro la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico catalogado como Bien de Interés Cultural o en proceso de catalogación. El expresado informe que les sirve de fundamento, deberá pronunciarse sobre todos y cada uno de los extremos indicados en el apartado 1 del artículo 29. 2.- Durante la tramitación del expediente contradictorio de situación legal de ruina o de un procedimiento de orden de ejecución del deber de conservación, el órgano municipal competente para resolver podrá acordar, en cualquier momento, la situación de amenaza de ruina inminente del edificio o de las partes del mismo que resulten afectadas. Asimismo, la emisión de un informe por parte de los servicios técnicos municipales competentes para ello, del que se desprenda, motivadamente, la amenaza de ruina inminente de un edificio, con anterioridad a la incoación de un procedimiento contradictorio de declaración de situación legal de ruina, dará lugar a la incoación automática de dicho procedimiento contradictorio, ordenándose en el propio decreto de incoación las medidas cautelares que se estimen necesarias como consecuencia de la amenaza de ruina inminente, en virtud de lo establecido en el apartado siguiente. 3.- La declaración de amenaza de ruina inminente facultará al órgano municipal competente para la adopción, al objeto de evitar los efectos derivados de dicha situación, de cualquiera de las siguientes medidas cautelares, ordenando al obligado a que proceda, en el plazo otorgado para ello a cualquiera de las actuaciones: a) El apeo, apuntalamiento o cualquier medida que se estime necesaria para garantizar la estabilidad y seguridad del edificio. b) El desalojo del edificio, el cerco de fachadas, el desvío del tránsito de personas y del tráfico rodado o la adopción de cualquier medida urgente y necesaria para prevenir o evitar daños en los bienes públicos o en las personas. c) Excepcionalmente, la demolición de parte o la totalidad del edificio, cuando ésta fuera imprescindible para impedir mayores perjuicios, salvo que se trate de edificios catalogados. Procederá en todo caso la demolición cuando se den los siguientes supuestos: - Que la gravedad, evolución y extensión de los que le afectan sean de carácter irreversible. - Que la ejecución de las medidas de seguridad para el mantenimiento de la construcción resulte inútil o arriesgada. - Que la previsible demora en los trabajos de aseguramiento o demolición implique un peligro real para las personas. 4.- La declaración de amenaza de ruina inminente del edificio obligará al Ayuntamiento, durante el período en que persista dicha situación, a realizar inspecciones periódicas del inmueble afectado por las medidas cautelares adoptadas, a efectos de comprobar si se mantienen las circunstancias que las motivaron o si se aprecian otras nuevas que aconsejen adoptar una decisión diferente. 5.- La ejecución de las medidas cautelares ordenadas, deberá llevarlas a cabo la propiedad del edificio, dentro del plazo otorgado al efecto, corriendo a su costa cuantos gastos se deriven de las obras, trabajos actuaciones necesarias, prescindiendo de trámite de audiencia en lo que respecta a su obligado e inmediato cumplimiento, dada la urgencia y peligrosidad de la situación declarada, sin perjuicio de que, en el marco del procedimiento contradictorio de declaración de situación legal de ruina, los interesados puedan presentar, en el plazo otorgado para ello y con carácter previo a la resolución del procedimiento, cuantas alegaciones, documentos, justificaciones y medios de prueba estimen pertinentes. Cuando la extrema gravedad de la situación del edificio así lo justifique, quedando motivado en el informe técnico que fundamenta la declaración de amenaza de ruina inminente, que es susceptible de causar daños inminentes en la integridad de las personas o de los bienes públicos, podrán adoptarse de oficio las medidas previstas en el apartado 3.a) de este artículo, aún con anterioridad de la notificación del decreto de incoación del procedimiento, repercutiendo posteriormente los correspondientes costes en los sujetos obligados. 6.- El propietario obligado deberá presentar, dentro del plazo otorgado, la documentación técnica correspondiente, elaborada por facultativo competente, en los términos previstos en el informe técnico incorporado a la resolución, con indicación de la dirección facultativa bajo cuya dirección se llevarán a cabo las obras. 7.- La declaración de amenaza de ruina inminente de todo o parte de un inmueble, se notificará al propietario, así como a los ocupantes y moradores del aquél, comunicándose asimismo, al Servicio de Acción Social municipal, en caso de que fuese necesario el desalojo de los moradores. 8.- En el supuesto de que la propiedad de la finca no iniciara las obras y trabajos ordenados en el plazo otorgado para ello, se podrá adoptar la medida de ejecución subsidiaria de las obras necesarias, en los términos establecidos en el artículo 24 de esta Ordenanza, repercutiendo el coste de las mismas a notificarle la amenaza de ruina inminente. Asimismo, habrá lugar a la ejecución subsidiaria, cuando el obligado hubiere manifestado de manera expresa su renuncia o imposibilidad de hacerlo. 9.- El informe técnico que fundamenta la declaración de amenaza de ruina inminente podrá determinar la necesidad del desalojo del edificio por sus ocupantes y moradores, con carácter temporal o definitivo, lo que deberá efectuarse en el plazo otorgado para ello bajo el control correspondiente, en colaboración, en su caso, con los servicios sociales municipales y con el auxilio, si fuere preciso, del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). Si hubiere oposición al desalojo por alguno de sus ocupantes, se solicitará el correspondiente mandamiento judicial para la entrada en el inmueble, a efectos de garantizar su efectividad. 10.- La adopción de las medidas cautelares ordenadas por motivo de la amenaza de ruina inminente, no presuponen la declaración de la situación legal de ruina del inmueble, que procederá efectuar, en su caso, en virtud de lo que resulte de la instrucción del expediente contradictorio, en la resolución que resulte de la instrucción del expediente contradictorio, en la resolución que ponga fin al procedimiento. La expresada resolución se pronunciará, asimismo, sobre los extremos previstos en el artículo 31 de esta Ordenanza. ARTÍCULO 42.- Resolución del procedimiento de declaración de situación legal de ruina. 1.- La resolución del procedimiento contendrá, motivadamente, alguno de los siguientes pronunciamientos: a) Denegar la declaración del estado de ruina. En tal caso, la propia resolución ordenará la ejecución de las obras de conservación o rehabilitación y demás medidas necesarias para reponer las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, en los términos previstos en el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título I. b) Declarar la situación legal de ruina. En tal caso la resolución ordenará al propietario la rehabilitación o la demolición del inmueble, a su elección. A tal efecto, en la resolución del procedimiento se otorgará a los propietarios o del inmueble, el plazo de un mes a contar desde su notificación, al objeto de que se pronuncien acerca de su elección en uno u otro sentido, debiendo acompañar a la instancia donde manifiesten dicho extremo, la licencia urbanística correspondiente a la demolición o rehabilitación del edificio, así como el resto de documentación técnica complementaria que pudiera serle exigida en el informe técnico incorporado a la resolución. Asimismo, en la propia resolución, se apercibirá a los sujetos obligados de que, en caso de no presentar dicha documentación en el expresado plazo, el órgano municipal competente podrá acordar, mediante la correspondiente resolución, la ejecución subsidiaria a costa de los sujetos obligados de aquella alternativa, entre las dos otorgadas, que en virtud de la valoración estimada del coste de las obras contenido en el informe técnico que fundamenta la resolución, resulte menos onerosa. La resolución deberá contener, asimismo, el informe comprensivo de las obras y medidas necesarias para asegurar la integridad física de los ocupantes y de terceros, con determinación estimativa del coste de las actuaciones ordenadas, distinguiendo los supuestos alternativos de rehabilitación o demolición, respectivamente, así como el plazo otorgado para iniciar las obras y actuaciones y el plazo establecido para su compleja ejecución, que será establecido atendiendo a su entidad y complejidad. Finalmente, deberá concretarse definitivamente el medio de ejecución forzosa a que dará lugar, en su caso, dicho incumplimiento, en virtud de lo establecido en los informes técnicos que motivan la resolución. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30, en el caso de que concurriera la amenaza de ruina inminente del edificio. c) Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración o de inmuebles catalogados con un nivel de protección que impida la demolición, la resolución debe ordenar la ejecución de las obras de conservación o rehabilitación y demás medidas necesarias para reponer las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, teniendo en cuenta el régimen de protección del inmueble y el plazo en el que debe solicitarse la licencia correspondiente. En este supuesto, la resolución no podrá ordenar la demolición, ni si quiera parcial de la edificación, pudiendo concertar el Ayuntamiento con el propietario su rehabilitación. d) Declarar el estado de ruina parcial. Procederá cuando concurriendo los requisitos previstos en el artículo37.1 de esta Ordenanza, la situación de ruina no se refiera a la totalidad del edificio, habiendo partes diferenciadas del mismo que, en virtud de las valoraciones técnicas efectuadas, no se vean afectadas por dicha situación. En tal caso la resolución debe ordenar la ejecución de las medidas citadas en la letra a) del presente apartado, respecto de la parte no declarada en ruina, y respecto de la parte afectada debe atenerse a lo dispuesto en las letras b) o c), según proceda. 2.- En todo caso, la declaración de la situación legal de ruina, debe disponer las medidas necesarias para evitar eventuales daños físicos. 3.- La resolución deberá, asimismo, proponer la declaración de incumplimiento por el dueño de su deber urbanístico de conservación o manifestar razonadamente, la improcedencia del mismo. 4.- La resolución del procedimiento de declaración legal de ruina se notificará a todos los propietarios, ocupantes y titulares de derechos reales sobre el inmueble, así como a cuantas personas hayan sido parte en el procedimiento en calidad de interesados. 5.- La resolución adoptada se notificará, asimismo, a los moradores de los que se tenga constancia, aunque no se hubieren personado en el mismo. 6.- Cuando la resolución implique la declaración de ruina total o parcial, el Ayuntamiento deberá comunicarla al Registro de la Propiedad con la finalidad de que se haga constar mediante el asiento correspondiente, así como al Registro de edificios y construcciones para su inscripción. A tal efecto, todos los gastos en que incurra el Ayuntamiento por la inscripción en el Registro de la Propiedad serán repercutibles en el propietario, poseedor o responsable del inmueble, en vía administrativa. 7.- Las obras, demoliciones y demás actuaciones ordenadas en el decreto de resolución deben realizarse con cargo a los propietarios de los inmuebles afectados, salvo cuando su importe supere el límite del deber de conservación, correspondiendo en tal caso el exceso al Ayuntamiento. 8.- En el momento de notificar la resolución, se apercibirá a los obligados de que el incumplimiento de la resolución en el plazo otorgado para ello, dará lugar a la ejecución forzosa de la resolución, siendo la misma a costa del obligado hasta el límite del deber normal de conservación, determinando expresamente en la resolución si se optará por la imposición de multas coercitivas o por la ejecución subsidiaria, en virtud de lo establecido en los informes técnicos que motivan la resolución. ARTÍCULO 43. Plazo para resolver. La resolución debe notificarse dentro de un plazo de seis meses desde la fecha de la solicitud cuando el procedimiento se haya iniciado a instancia de parte, o desde la fecha del acuerdo de inicio cuando se haya iniciado de oficio. Transcurrido dicho plazo, en el primer caso la solicitud debe entenderse estimada, y en el segundo caso el procedimiento caducado, con los efectos establecidos, en ambos casos, en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. ARTÍCULO 44. Efectos de la resolución declarando la situación legal de ruina. 1.- La declaración de ruina legal de un edificio, salvo que esté catalogado o sea objeto de un procedimiento de catalogación, determina para su propietario la obligación de rehabilitarlo en los términos y condiciones establecidos en la resolución del procedimiento, o demolerlo, a su elección, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.1 b) de esta Ordenanza. 2.- Si el edificio fuera catalogado u objeto de un procedimiento de catalogación, el propietario deberá adoptar las medidas urgentes e imprescindibles para mantenerlo en condiciones de seguridad, pudiendo concretar la Administración con el propietario su rehabilitación, o en su defecto ordenar que la misma la efectúe el propietario, otorgándole la ayuda que proceda, en su caso. 3.- La declaración administrativa de la situación legal de ruina legal o la adopción de medidas de urgencia adoptadas por el Excmo. Ayuntamiento, no eximirá a los sujetos obligados de las responsabilidades de todo orden en que hubiesen podido incurrir o les pudieran ser exigidas por negligencia o incumplimiento del deber de conservación que les corresponda. 4.- La resolución que declare la situación legal de ruina deberá cumplirse en sus propios términos, pudiendo proceder el Ayuntamiento a la ejecución subsidiaria de las medidas dispuestas a costa del obligado, siendo de aplicación a tal efecto, las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título II de esta Ordenanza, o bien a resolver la sujeción del inmueble al régimen de venta forzosa, previa inscripción en la Sección de Solares y Edificios a Rehabilitar. Los gastos e indemnizaciones que satisfaga el Ayuntamiento serán exigidos a los propietarios, mediante el procedimiento administrativo de apremio hasta el límite del deber legal de conservación, pudiendo dicho importe liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. 5.- La declaración de ruina no exime al propietario del inmueble del deber de solicitar licencia urbanística para la ejecución de la demolición o de las obras de conservación o rehabilitación que se ordenen. En tal caso la licencia debe contemplar todas las actuaciones que deban realizarse en el inmueble y el resultado final de las mismas, pudiendo concretarse a través de la misma las condiciones previstas en el planeamiento urbanístico para salvaguardar los valores que sean objeto de protección. REGIMEN SANCIONADOR 1.- Tipificación de infracciones. • Sin perjuicio de la tipificación establecida en la LUV y, al amparo de su artículo 42, esta ordenanza regula el régimen disciplinario de las obligaciones contenidas en ella. Se consideran infracciones graves en materi de seguridad de los edificios las siguinetes acciones u omisiones: . Incumplir o no atender las órdenes de ejecución o prohibición dictadas por las autoridades municipales, referidas al deber de conservación de las edificaciones en condiciones de seguridad. . Incumplir las condiciones impuestas a las licencias de obras y órdenes de ejecución en relación a la seguridad o salubridad, si se crea un riesgo para personas o bienes. . Obstruir o negarse a suministrar datos necesarios para las funciones de información, vigilancia o inspección. . No realizar o no entregar el certificado ITE en los casos en que sea exigible según esta Ordenanza. . No realizar las obras establecidas en el Certificado de ITE, cuando su omisión cree un riesgo para las personas. . Ocultar o alterar los datos del certificado ITE. . Reincidir en infracciones leves de las tipificadas en el siguiente punto de este artículo. Se consideran infracciones leves las siguientes acciones u omisiones: . Incumplir las órdenes de ejecución en materia de salubridad, ornato público, habitabilidad o accesibilidad, si no se crea un riespo para personas. . Incumplir las condiciones impuestas a las licencias de obras y órdenes de ejecución en relación a la seguridad, si no se crea un riesgo para personas o bienes. . Incumplir los plazos de inicio o de finalización de las obras incluidas en una orden de ejecución. . No realizar las obras establecidas en el certificado ITE, cuando su omisión no cree un riesgo para las personas. 2.- Potestad sancionadora y organos competentes. El ejercicio de la potestad sancionadora municipal en cuanto a las infracciones tipificadas en esta Ordenanza corresponde al Alcalde o al Pleno de la Corporación Municipal, según la tipificación de la infracción, que la pueden delegar de acuerdo con la normativa vigente. Todo ello sin perjuicio de las competencias de la Generalitat, de acuerdo con la normativa vigente. 3.- Cuantía de las subvenciones. • La cuantía de las sanciones a imponer por el Ayuntamiento se ajustará a los límites establecidos por la legislación urbanística aplicables. Para el caso de la no realización de las inspecciones técnicas periódicas el artículo 251.2 de la LUV regula de manera especifica que la cuantía de la sanción será entre 600 y 6.000 euros. Para el resto de infracciones se estará a las siguientes tablas: . Infracciones leves. De 300 a 3.000 euros. . Infracciones graves. De 3.001 a 30.000 euros. • En ningún caso la infracción puede comportar para el infractor un beneficio, por lo cual, los importes de las sanciones podrán incrementarse en estos casos hasta el importe equivalente al beneficio obtenido. • Las sanciones impuestas son independientes y autonómas respecto del deber de resarcimiento de los daños y perjuicios que la actuación infractora hubiese producido a la administración. Los gastos e indemnizaciones que, si a caso, satisfaga el Ayuntamiento por la adopción de las medidas de protección son a cargo de la persona propietaria del edificio. 4.- Circunstancias agravantes y atenuantes. Para la graduación de las sanciones, se tendrán en cuenta las circunstancias que pueden agravar o atenuar la responsabilidad de los infractores: . La trascendencia de la infracción desde el punto de vista del riesgo creado y la repercusión social de los hechos. . El beneficio derivado de la actividad infractora. . El grado de intencionalidad de la persona infractora. . Los perjuicios ocasionados. . La reincidencia en la infracción. . La viabilidad de la legislación de la infracción cometida. 5.- Personas responsables de las infracciones. . Son responsables de las infracciones las personas propietarias o usuarias de los edificios, o promotores de las obras, casa uno según su participación en la comisión de la infracción y en el ámbito de sus obligaciones. . Si la infracción se imputara a una persona jurídica, pueden ser consideradas también como responsables las personas que integren sus organismos rectores o de dirección, en el caso que así se establezca en las disposiciones reguladoras del régimen jurídico de cada forma de personificación. . Cuando el incumplimiento de las obligaciones legalmente previstas correspnda a diversas personas conjuntamente, esta responderán de forma solidaria de las infracciones que, si es el caso, cometan y de las snaciones que se impongan. 6.- Destino de las sanciones y multas coercitivas. El importe de las multas y sanciones se destinará a actuaciones de fomento y ayudas para la conservación y mejora de edificios. 7.- Prescripción de las infracciones. Las infracciones graves prescriben al cabo de cuatro años y las leves prescriben al cabo de un año. El plazo de prescripción fijado por el anterior apartado comenzará a contar el día en que se ha cometido la infracción, excepto los casos en que se persista de una manera continuada en la conducta constitutiva de infracción o en los casos en que el hecho único constitutivo de infracción se prolongue en el tiempo. En estos casos el plazo de prescripción se computa a partir del final o el cese de la actividad ilícita. Cuando se trate del incumplimiento de realización de la ITE, el plazo comenzará a contar a partir de la fecha en que expire el plazo para su presentación, de acuerdo con la antigüedad del edificio o, en su caso, la fecha de inscripción o última renovación en el registro de ITE. En los casos de incumplimientos de los deberes de conservación, el plazo deberá iniciarse desde la fecha en que se declare dicho incumplimiento por parte de la administración, ya sea por causa de una ITE desfavorable o por causa de una inspección municipal de los Servicios Técnicos. La incoación del expediente interrumpe el plazo de prescripción. Disposición Transitoria Primera.- Creación del Registro municipal de solares y edificios a rehabilitar. La Concejalía competente creará y adaptará, en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la publicación de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, el Registro inmuebles sobre los que conste incumpliendo de los deberes de conservación y rehabilitación, previsto en la presente Ordenanza. Disposición Transitoria Segunda.- Régimen de los expedientes ya iniciados. Los expedientes en tramitación iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza conservarán los trámites realizados, pero los subsiguientes se efectuarán de acuerdo con la misma. Disposición Final.- Entrada en vigor. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de 15 días, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. REVISION. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL. En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 7 de octubre de 2015, el informe técnico-económico del coste de los servicios y actividades administrativas, por lo que respecta a las tasas por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local. Considerando dicho informe, que fue emitido en fecha 7 de octubre de 2015, y vistas las causas alegadas para dicha modificación que son las siguientes: el haber transcurrido varios años desde su última modificación y haberse incrementado en dicho periodo los gastos de limpieza, conservación, mantenimiento y honorarios del Socorrista. Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Alfafara, de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en la Piscina Municipal e Instalaciones Deportivas al aire libre. Se propone la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en la Piscina Municipal e instalaciones Deportivas al aire libre en su artículo 6º, según se transcribe literalmente: TEMPORADA TIPO BONO PRECIO Bono familiar hasta 16 años 50,00 euros. Bono Familia Numerosa, hasta 21 años 50,00 euros. Bono individual jove (de 8 a 16 años) 25,00 euros. Bono individual (mayores de 16 años) 35,00 euros. ENTRADAS TIPO PRECIO Mayores de 18 años. 2,50 euros. Menores de 18 años 1,50 euros. Bono pack de 15 entradas. 25,00 euros. Bono pack 15 entradas hasta 16 años. 15,00 euros. SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir los documentos relacionados con este asunto. 4.- MOCION CON MOTIVO DEL REPUNTE DE ASESINATOS MACHISTAS OCURRIDOS EN LOS ULTIMOS MESES. Seguidamente se da cuenta de la moción en relación con el repunte de asesinatos machistas ocurridos en los últimos meses EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Con ese convencimiento nació la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de las mejores leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o ex compañero sentimental. Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género, y el número de asesinatos se mantiene en cifras escalofriantes. En los últimos meses, la violencia de género ha segado la vida de mujeres y menores conmocionando a todo el país. La sociedad española ha padecido un repunte de asesinatos machistas, convirtiendo el verano de 2015 en un periodo trágico, en el que se han registrado el mayor número de asesinatos desde 2010. Una violencia ante la que no podemos ni queremos permanecer impasibles. Para el PSOE, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. El reconocimiento que hace la Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político tiene que traducirse en la plena consideración de las mujeres como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada y frecuentemente se encuentra en entredicho. Frente a ello, es necesario reforzar y promover los mecanismos que la garanticen y la alejen del vaivén de las coyunturas políticas. Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo. La situación de violencia que sufren las mujeres nos exige avanzar hacía el cumplimiento del convenio de Estambul, ratificado por España y que aborda de manera integral la violencia contra las mujeres. Nos exige avanzar hacía un gran acuerdo por una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres que implique a toda la sociedad y los poderes públicos para luchar desde todos los ámbitos contra la Violencia de Género, que no escatime esfuerzos, medios y recursos. Por todas estas razones, lo elevamos al Pleno, instando al Gobierno a adoptar y promover un Acuerdo Social, Político e Institucional Contra la Violencia de Género para construir una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres con los siguientes puntos: ACUERDOS • Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. En los presupuestos Generales del Estado 2016 multiplicar por cinco la partida destinada a la Delegación del Gobierno para la violencia de género. • Creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en cada CCAA • Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. • Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. • Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. • Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. • Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivosexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas. • Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género. • Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar su puesto, formación específica en la materia impartida por una institución acreditada. • Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado. Tras breve deliberación y, por unanimidad de los miembros asistentes que forman la mayoría absoluta de los que de derecho integran la Corporación Municipal, se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la moción presentada en todos sus términos y ordenar la expedición de certificado del presente acuerdo y su remisión a los organismos implicados en la materia referida. SEGUNDO.- Autorizar a la sra. Alcaldesa Presidenta para que suscriba cuantos documentos resulten necesarios en la tramitación del presente acuerdo. 5.- MOCION ADHESIÓN DECLARACION DEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA ANTE LA SITUACION DE EMERGENCIA DE PERSONAS EXILIADAS Y REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA. Seguidamente se da cuenta de la moción en relación a la situación de emergencia de personas exiliadas y refugiados que llegan a Europa. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 4.000.000 de personas según ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de 2.000.000. Líbano, Irak, Jordania, Egipto y otros países norteafricanos acogen casi la totalidad del resto. Algunos refugiados han preferido continuar camino, por eso, entre otras nacionalidades, muchos sirios forman parte de las 264.500 personas que han llegado a territorio de la Unión Europea a través del Mediterráneo desde enero hasta el 14 de agosto de este año 2015, según ACNUR. La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, en la que murieron 368 personas, marcó un desgraciado hito en la Unión Europea. Las reacciones de los dirigentes comunitarios y nacionales nos indujeron a pensar que se pondrían en marcha soluciones para que no volviera a repetirse una tragedia humana de esas dimensiones. Por desgracia, dos años después seguimos asistiendo a muertes no sólo en el Mediterráneo, sino en todo el territorio europeo, de personas inocentes cuyo único propósito es huir de la guerra o de la miseria. Hoy la tragedia es que miles de personas desesperadas que huyen de la muerte, están dispuestas a arriesgar su vida y, en demasiadas ocasiones, perderla. No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que viven los refugiados ni las muertes de personas que se ahogan en el Mediterráneo o se asfixian encerrados en un camión. No los podemos dejar a merced de los traficantes de personas sin escrúpulos en el camino hacia un futuro mejor, porque si no tienen otra alternativa en su huida, seguirán arriesgando sus vidas. Aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor número de refugiados en esta crisis humanitaria, lo cierto es que las capacidades de muchos países se están viendo desbordadas. En esta crisis, la ruta de entrada a Europa se encuentra lejos de España. Mayoritariamente, las vías de entrada con destino a los países del Norte se hallan en Grecia e Italia. Sin embargo, la crisis está poniendo a prueba a todos los dirigentes europeos porque casi todos ellos se están viendo afectados por ella en una u otra medida. La dimensión de la crisis es inabordable por ningún país en solitario. En estas circunstancias es necesario que todos los países se involucren al máximo en buscar soluciones a los problemas y desde la Comisión europea se han hecho propuestas para que todos los países de la Unión actúen conforme al principio de solidaridad. Sin embargo, el Gobierno de España, junto a otros, parece más interesado en desvincularse de un problema que hoy no le afecta de lleno que en tener una actitud proactiva y solidaria. Desde luego que no existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones que es necesario abordar para mitigar un problema que resulta de máxima complejidad en su raíz y en sus derivadas. Son necesarias medidas nacionales, europeas e internacionales, medias a corto, medio y largo plazo, planes y perspectivas nuevas para un problema que se ha manifestado como nunca lo había hecho. Los socialistas queremos contribuir con decisión, con iniciativa y desde la mejor disposición al diálogo, en la aportación de algunas propuestas que van en la línea de dar pasos adelante. Debemos apartarnos del ensimismamiento o la resignación que no conducen más que a la repetición de los problemas y, por supuesto, debemos de abandonar una posición que no está en consonancia con el sentir mayoritario de una ciudadanía española que sí es solidaria. Aún está viva en la memoria la solidaridad que otros mostraron con quienes también tuvieron que huir de España por motivos de la guerra y posterior persecución que vivió nuestro país. Dar la espalda a quienes hoy lo necesitan es injusto en sí mismo, y además, un torpe precedente ante futuras situaciones de crisis que sí puedan poner en cuestión la capacidad de nuestro país. Seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables, pero sí consideramos que son los mínimos para comenzar a trabajar en la buena dirección. Tras breve deliberación y, por unanimidad de los miembros asistentes que forman la mayoría absoluta de los que de derecho integran la Corporación Municipal, se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la moción presentada en todos sus términos y ordenar la expedición de certificado del presente acuerdo en los términos siguientes: 1.- Mostramos nuestra adhesión a la declaración del Consell de la Generalitat ante la situación de emergencia de las personas asiladas y refugiadas en el seno de la Unión Europea que manifiesta: a) Su solidaridad con el sufrimiento de las personas y familias desplazadas forzosas. b) Su disponibilidad a colaborar solidariamente con el resto de comunidades autónomas en la acogida del mayor número de personas refugiadas y asiladas que le sea posible y la solicitud al Gobierno español de coordinar esta acción colectiva de las diferentes comunidades autónomas y municipios. c) Para ello, es necesario que el Gobierno de España inste a la Unión Europea a la apertura de un corredor humanitario para que las personas desplazadas puedan llegar desde los países de entrada a Europa, especialmente Grecia, Macedonia y Servia, a los países de acogida y que las ONG puedan proporcionar durante todo el trayecto alimentos y otros elementos indispensables para su supervivencia. d) Su compromiso para la creación de una Red de Ciudades valencianas de Acogida de personas refugiadas y solicitantes de asilo, con un registro de las familias acogedoras, organizadas por las agencias de atención a personas migrantes, en estrecha colaboración con las Diputaciones provinciales y la Federación Valenciana de Municipios y provincias, ofreciendo las instalaciones públicas que estén a su alcance. e) El compromiso de crear una amplia red de albergues y residencias para personas refugiadas y asiladas, así como impulsar le manera urgente la colaboración con entidades públicas y privadas y ONG para la cesión del uso de instalaciones de forma provisional para el acogimiento de personas refugiadas o peticiones de asilo. f) La voluntad de impulsar la vocación solidaria de la ciudadanía valenciana en el acogimiento de personas refugiadas, con el soporte de las entidades que tradicionalmente han protegido los derechos humanos de las personas desplazadas. Por eso, el Consell de la Generalitat hace un llamamiento a la entidades de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a sumarse a la acogida colectiva, con el objetivo de poder mejorar la situación de las personas que huyen de la guerra y, mostrar la solidaridad, dignidad, humanidad y justicia de nuestro pueblo estando a la altura de este drama humanitario. Por todo ello, el Ayuntamiento de Alfafara manifiesta su compromiso para formar parte de la red de ciudades valencianas de acogida de personas refugiadas y solicitantes de asilo con la creación en el municipio de un registro de familias acogedoras en colaboración con la Conselleria de Bienestar Social, la Diputación Provincial y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. SEGUNDO.- Autorizar a la sra. Alcaldesa Presidenta para que suscriba cuantos documentos resulten necesarios en la tramitación del presente acuerdo. 6.- CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS VARIOS. Por la Sra. Alcaldesa Presidenta se procede a informar de la conveniencia de suscribir un contrato en concepto de utilización de locales municipales por parte de los grupos musicales y asociaciones de la localidad cuya sede radique en edificios de titularidad municipal indicando que se incluirá una cláusula en la que se especifique la contraprestación y colaboración en la realización de actividades diversas que se organizen en la localidad por parte de los grupos y asociaciones beneficiarios de la utilización de locales de titularidad municipal. Que se han recibido diversas quejas en relación al grupo de usuarios del local situado en C. Serra Mariola bajo, motivo por el que se propone la regulación en la utilización de los locales municipales y la contraprestación y colaboración que están dispuesto a prestar. El Pleno queda enterado y está conforme con la propuesta. La Sra. Alcaldesa informa de la realización el próximo domingo, dia 18 de octubre, de la Volta a la Mariola, con la visita a la Cova el Bolumini y alrededores. Asimismo informa que se ha iniciado el expediente de declaración en ruinas de dos inmuebles propiedad de D. Emilio Cabanes Vidal, ante el inminente peligro que supone el actual estado de los inmuebles. La Sra. Alcaldesa informa en relación al Convenio a suscribir con el Instituto de Bellas Artes para la realización de prácticas de un alumno en esta localidad, con la propuesta de realizar grafitis en diversos edificios y parajes de la localidad, se propone el Frontón, Centre Social y otros parajes pendientes de asignación. Continua informando en relación a la organización de la Fireta de Santa Cecilia, comunica que se ha realizado el cartel divulgativo, que está pendiente de finalizar el programa de actos de la festividad de la Patrona y que hará falta incentivas a la gente para que colaboren como voluntarios para la realización de los actos programados. Por la Concejala Luz D. Beneito Ferre se informa en relación al estudio que se está realizando para la instalación de equipos en la Solana para captación de wi-fi en toda la localidad. Por la sra. Alcaldesa se solicita la colaboración de toda la Corporación para que se comuniquen los desperfectos que se observen, para su gestión y proceder a la reparación o reposición correspondiente. El Pleno queda enterado y conforme con la información recibida. 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No se formularon. Y no habiendo más asuntos que tratar y, transcritas las incidencias ocurridas durante la sesión, por el señor Alcalde Presidente se declaró terminada a las veintiuna horas, quince minutos, de todo lo cual yo, la Secretaria en funciones, doy fe.