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RELIGIÓN EN LA ESCUELA, DE ENTRADA NO
José Luis GARCÍA SIGUERO
Durante los últimos meses del año 2006, hemos asistido a un nuevo capítulo de
la historia de las formas de presencia de la religión católica dentro de la escuela
española. El Gobierno, en el cumplimiento de sus competencias, está procediendo al
desarrollo de la L.O.E., y la manera como parece que se solventará el asunto en esta
ocasión, recuerda demasiado a los anteriores planteamientos, que tan insatisfechos
tenían a los sectores laicistas de la sociedad española
El ciudadano español ha visto cómo su sistema democrático, desde que echó a
andar y año tras año, ha sido socavado en sus fundamentos, una y otra vez, con reformas
legales, consensos entre partidos de muy oscura gestación y otros procedimientos que,
unidos a la colaboración de los medios de comunicación, han escamoteado a la
discusión pública asuntos determinantes para su fortalecimiento. En esta tarea, han
colaborado casi todos los sectores del panorama político parlamentario, incluida la
izquierda, y los sindicatos tradicionalmente mayoritarios, que han renunciado a la lucha
en aspectos que eran esenciales para la defensa de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
La consecuencia directa de esta situación ha sido el crecimiento entre los
españoles de una sensación de impotencia en cuanto a la posibilidad de construir un
verdadero sistema democrático. A esto hay que añadir que las nuevas políticas dirigidas
por organismos supranacionales, cuyos centros de decisión se sitúan lejos de lo tangible,
nos están quitando muchos de los derechos cívicos y políticos que, hasta ahora, nos
parecían incuestionables.
El tema de la presencia de la religión en la escuela española ilustra de forma
palmaria este modo de practicar la política por parte de los poderosos, y, por tanto, no
puede ser considerado como un asunto más o menos puntual, sino como un síntoma de
un problema de concepción del estado democrático. La Iglesia Católica ha conseguido
permanecer dentro del Estado español como un poder al margen de la discusión
democrática y, en no pocas ocasiones, al margen del orden constitucional (al menos de
hecho). Las causas de su enorme poder recorren toda nuestra historia. Es necesario
recordar que esta asociación civil apoyó el golpe de estado de 1936, que tras la victoria
de los alzados, contribuyó a la persecución de los defensores del orden constitucional
republicano de una forma cruel y sistemática, y que, para “rematar la faena”, se
responsabilizó durante la dictadura franquista de realizar funciones de vigilancia de la
población, a fin de eliminar cualquier movimiento democrático de resistencia política o
sindical.
La peculiar transición española a la democracia tuvo que realizar “necesarias
concesiones” para poder caminar, o al menos así es como nos “han vendido la moto”, y
por ello no se tocó “demasiado” el poder que la Iglesia había acumulado durante la
dictadura franquista.
Desde el momento en que llegó “la victoria”, la instrucción católica de niños y
jóvenes, dentro y fuera de la escuela, se extendió por todo el territorio nacional sin
excepción. La omnipresencia de obispos y sacerdotes en la vida pública era permanente;
incluso, tenían atribuciones legales que les permitían controlar el ejercicio de los
derechos civiles de los españoles (a la hora de buscar trabajo, salir al extranjero, etc.).
La clase de religión era obligatoria en todos los centros educativos, el
adoctrinamiento en esta materia, junto con la asignatura de Política, debía servir para
fortalecer el espíritu nacional entre las nuevas generaciones, por utilizar el léxico de la
época.
Tras la muerte del dictador, arrancó la “transición” y, con ella, la esperanza de
que pudiésemos alcanzar un sistema político que funcionase democráticamente, pero las
luchas de los trabajadores, y de la población en general, siempre se vieron enfrentadas
con los planes de los gobernantes de impedir que se fuese demasiado lejos por este
camino. Para ello contaban con la inestimable ayuda del Vaticano y de la Iglesia
Española. Que esta asociación de piadosos quería funcionar al margen de la nueva
legalidad lo indica el hecho, ofensivo y prepotente, de que la revisión del famoso
“Concordato”, entre el Estado del Vaticano y el Estado Español, se firmara a los pocos
días de que se aprobara en referéndum la Constitución Española. Si se supone que este
acuerdo debía enmarcarse dentro del nuevo marco legal, ¿por qué quisieron demostrar
tan palpablemente que su redacción se había hecho antes de aprobada la Constitución?
Muy probablemente, querían hacer una demostración de poder para establecer de forma
rotunda un texto que modificaba de facto algunos artículos de la Carta Magna y que,
además, atentaba contra uno de los principios de toda democracia, la igualdad de los
individuos ante la ley, pues se privilegiaba definitivamente a la Iglesia y se eliminaba
todo peligro de que el nuevo sistema político caminase hacia un Estado laico. Tal como
dice Francisco Delgado1, el laicismo no es una ideología, sino que “es la devolución de
la potencia pública a todos sus individuos, sin distinción. Es una base potencial que
sustenta la democracia. Para algunos autores es la base de la democracia”.
La tortuosa historia de la regulación de la asignatura de “Religión” en el horario
escolar, así como las materias “alternativas” a ella asociadas, es una demostración
palpable de cómo se intenta mantener situaciones injustas e irracionales a costa de
violar, de forma más o menos disimulada, los principios democráticos definidos en la
propia Constitución. El primer gobierno de UCD introdujo la asignatura de Ética como
materia alternativa, que era evaluable y se impartía en las mismas condiciones que la
asignatura confesional; se trataba de cumplir con la recién aprobada Constitución. El
asunto causó cierta conmoción, pues estábamos en una situación en la que incluso
todavía había capillas en algunos centros educativos. El primer gobierno del PSOE
eliminó el carácter evaluable de la alternativa, a la que pasó a denominar “Sociedad
Cultura y Religión”; era un paso adelante, pero insuficiente para las aspiraciones
democráticas de los ciudadanos. Los contenidos de esta alternativa sufrieron múltiples
cambios, dado que el Tribunal Supremo sentenció en varias ocasiones en contra de lo
legislado y que incluso, en algunos casos, se llegó a cambiar la denominación de este
extraño ente, al que no se podía denominar asignatura, y no sabemos bien si materia.
La raíz de todo el problema, sobre el papel, estaba en que no se podía
discriminar a los alumnos que acudían a clase de religión confesional, cosa que ocurriría
si en “la alternativa” se impartieran contenidos que pudiesen mejorar la calificación en
otras asignaturas. El tema se iba a complicar mucho, dado que las comunidades
autónomas, con las transferencias de educación ya realizadas, se decidieron por distintas
soluciones para solventar el problema, a lo que había que añadir que la indeterminación
del asunto provocaba que continuamente cada centro e, incluso, cada profesor, optara
por hacer lo que le apeteciese o, simplemente, por no hacer nada, mientras que la
inspección prefería no entrar en el tema. ¿Y todo esto para qué? Para que los alumnos
que no fueran a religión permaneciesen como rehenes de este estado de cosas. En
efecto, la Iglesia necesita que los que no quieran recibir su adoctrinamiento lo pasen lo
suficientemente mal como para que sus clientes cautivos no se lo piensen y se sigan
apuntando en las clases de sus proselitistas. En juego está el mucho dinero que reciben
sus allegados vía salarios y el poder que tienen los obispados sobre ellos, y el estar,
además, con capacidad de decisión dentro del sistema educativo público, pues los
profesores de “Religión” tienen plenos derechos a la hora de pertenecer a los órganos de
gobierno, tanto unipersonales como colegiados.
Considerando el asunto con seriedad, tenemos que concluir que la situación era
realmente insostenible. La Ley de Calidad que salió del gobierno del PP, que no llegó a
implantarse en este punto, pretendía acabar con ese absurdo estado de cosas, volviendo
a un planteamiento muy similar al de los tiempos de la UCD: haciendo de “la
alternativa” una asignatura evaluable y consiguiendo que se impartiese en las mismas
condiciones que la de “Religión”.
La victoria del PSOE en las últimas elecciones abrió la posibilidad de que se
introdujesen criterios de racionalidad en el funcionamiento de la vida pública. El equipo
que formaba la nueva cúpula dirigente no parecía estar demasiado lastrado por
compromisos históricos y, pensábamos, podría afrontar muchas tareas legislativas
necesarias para la modernización del Estado; además, esa había sido la línea
fundamental de su campaña electoral. La salida de las tropas españolas de Irak o la
regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo, por poner dos ejemplos,
parecían señalar que la apuesta por las libertades civiles era definitiva. En asuntos de
educación, la determinación del gobierno del PSOE de paralizar la implantación de la
LOCE, manifiestamente contraria a la enseñanza pública, hizo que algunos tuviésemos
esperanzas de que se afrontase el tema de la Religión en la escuela de una forma más
racional. No creíamos que la nueva ley se atreviese a tocar el tema fundamental de la
escuela concertada, que tanto daño hace a la escuela pública, pero sí pensábamos que, al
menos, se llegaría a una situación en la que nadie tuviese que sufrir daños por el hecho
de que algunas personas quisieran asistir a clases de proselitismo religioso. En uno de
los primeros borradores que dieron lugar a la L.O.E., se situaba a la Religión fuera del
currículum, y, si bien no creíamos que se fueran a decidir por echar a la Iglesia del
sistema educativo, como sería lo racional, sí pensábamos que, al menos, se liberaría a
los alumnos de una obligación generada por el ejercicio del dudoso derecho de unos
pocos. Traducido a términos concretos, pensábamos que los alumnos que no se
matriculasen en Religión podrían quedarse en sus casas, pues esa “asignatura” se
pondría fuera del horario escolar, aunque fuera dentro de los centros públicos, o, al
menos, en primeras y últimas horas de la jornada escolar. Pero el gobierno socialista ha
optado por una solución en la que mantiene todo el absurdo que hasta ahora hemos
disfrutado, e incluso lo amplía, pues, según la nueva reglamentación, a fin de mantener
a la asignatura confesional, tendrán que sincronizarse los horarios de tres o más
profesores. La situación quedará de la siguiente manera: los alumnos podrán optar por
asistir a clase de “Religión” o por no hacer nada; en el primer caso, también deberán
optar por asistir a clases de religión confesional (normalmente católica) o por estudiar
historia de las religiones, y, en el segundo caso, tendrán que estar acompañados por
algún profesor que los vigile.
El altísimo poder de la Iglesia se nos escapa a los que no estamos cerca de los
círculos dominantes, pero los últimos acuerdos sobre financiación de la Iglesia, el buen
clima sobre la extensión de los centros concertados (en su mayoría religiosos), y el
mantenimiento del Concordato con el Vaticano, pese a su manifiesta
inconstitucionalidad, son todos índices de la magnitud del problema en que nos
encontramos.
En fin, que, aunque uno cree que ya está curado de espanto, siempre ocurren
cosas que nos sorprenden; el encaje de bolillos que esta “solución rocambolesca”
atestigua, indica que de nuevo el PSOE claudica ante la Iglesia y así traiciona,
nuevamente, el espíritu de lo dicho en la campaña electoral. Este modo de proceder,
antidemocrático y desmovilizador, de los partidos de la izquierda “socialdemócrata”
europea se está convirtiendo en una de las constantes de su manera de gobernar.
La situación recuerda a cuando, a los pocos meses de ganar el PSOE las
primeras elecciones, y con Felipe González como Presidente, el gobierno socialista
traicionó su mensaje de NO A LA OTAN al provocar que tampoco saliésemos de la
Alianza Atlántica. El lema de su papelón en aquel referéndum, OTAN, DE ENTRADA
NO, presagiaba el cambio antidemocrático e inmoral de su posición política. Hoy,
después de que los actuales gobernantes se presentasen como defensores de las
libertades públicas, y de rechazar el confesionalismo del Estado, resulta que, contra todo
pronóstico democrático, tampoco lo eliminan, manteniendo, de forma humillante para
los votantes y vergonzosa para los que gestionan el gobierno, situaciones que atentan
gravemente contra la libertad de conciencia y los derechos constitucionales.
1
Francisco Delgado Hacia una escuela laica, (Pág. 24, Edt. Laberinto, Madrid 2006