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DESARROLLO DE UNA CULTURA DE LEGALIDAD EN MÉXICO
La cultura de la legalidad es el conjunto de creencias, valores,
normas y acciones que promueve que la población crea en el
Estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. Es el
soporte del Estado de derecho e implica que el carácter o espíritu
fundamental de la cultura (ethos) favorece el estado de derecho 1 .
Es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social,
que exige por parte de los ciudadanos una cierta armonía entre el
respeto a la ley, las propias convicciones morales y las tradiciones
y convenciones culturales2.
INTRODUCCIÓN
El alto número de actos delictivos que ocurren en México día a día -desde robos
pequeños hasta sobornos mayores, secuestros y asesinatos-, sumado a la baja
tasa de denuncias y a la pasividad general de la población ante el cambio, nos
hablan de una corrupción generalizada y de la poca convicción que tienen los
ciudadanos de poder controlar lo que les sucede 3.
La corrupción, la delincuencia en general, la falta de ley y de un “Estado de
derecho”4, resultan en enormes costos sociales, políticos y humanos; y si bien
1
Adaptado de Godson, R. (2000) Symposium on the Role of Civil Society in Countering Organized Crime: Global
Implications of the Palermo, Sicily Renaissance. Palermo, Italy.
2
Adaptado de la definición de cultura ciudadana. La Cultura Ciudadana en Bogotá (2002).Reporte de resultados de la
primera aplicación del sistema de medición. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
3
Datos como los resultados de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup), que
señalan que 63.3% de los mexicanos opinaba, en 2003, que las leyes se aplican para lograr tan sólo el beneficio de unos
cuantos, y que 10.6% está de acuerdo en que si una ley le parece injusta a una persona, ésta puede desobedecer dicha
ley, corroboran esta situación. www.inegi.gob.mx/est/contenidos/español/proyectos/metadatos/encuesta
4
El Estado de Derecho, conforme lo define es Nacional Strategy Information Center (2005):
Es un sistema donde la ciudadanía participa en la formulación y defensa de las leyes y donde la ley se aplica a todos
por igual, incluidos los gobernantes.
Es un mecanismo que propicia que los ciudadanos participen en el diseño y cambio de las leyes.
Tiene la característica de que las leyes protegen los derechos de los individuos y también de la sociedad como un todo.
Propicia una aplicación igualitaria de la ley, sin importar el nivel económico, el estado social o la posición política de
las personas.
Provee de derechos tanto para las víctimas como para los acusados.
Cuenta con un sistema formal para determinar al culpable y al inocente, garantiza derechos para las víctimas y los
acusados y brinda mecanismos correctivos.
son las víctimas del crimen quienes pagan los costos más tangibles, otras
personas deben vivir con la desesperanza de oportunidades perdidas o
inexistentes y, por qué no, hasta con miedo.
El Banco Mundial estima que, a nivel mundial, se paga más de un trillón de
dólares anuales en sobornos. Para poner el dato en perspectiva, dicha cantidad
de dinero representa, aproximadamente, el tamaño de la economía de Rusia o
España.5 El costo de esta conducta delictiva no se limita a lo que se gasta en
sobornos; también se derivan de ella la disminución de la inversión privada y la
erosión del Estado de derecho, con sus consecuentes resultados para la
población.
La corrupción puede acabar con una sociedad ya que, entre otras cosas,
disminuye la capacidad y calidad de acción de los servicios públicos de
educación, de salud y de procuración de justicia- vitales para la población menos
privilegiada. Además, mina el desarrollo político de un país, -en este caso
México- dañando la confianza de la población en sus gobernantes y en el
gobierno en general.
A nivel internacional, existe una tendencia generalizada de reconocer que para
que exista una democracia efectiva, debe existir un Estado de derecho. La
experiencia ha demostrado que el Estado de derecho no puede existir sin
participación y convencimiento de la ciudadanía apoyándose exclusivamente en
el fortalecimiento y reforma de las instituciones gubernamentales, como –en este
caso- las de la procuración de justicia y del poder judicial. No importa qué tan
bien estén diseñadas y administradas, estas instituciones no pueden trabajar en
un vacío, necesitan el apoyo de la sociedad 6.
Ninguna democracia funciona adecuadamente si no cuenta con el apoyo de
ciudadanos que entiendan y estén convencidos de sus bases o fundamentos: el
dónde y el porqué de sus conceptos, instituciones y prácticas. Las democracias
tampoco funcionan si los ciudadanos no saben exigir y asegurarse de que el
gobierno encargado de representarlos tome en cuenta sus problemas,
necesidades y aspiraciones. Cambiar el aparato de gobierno no basta; los
ciudadanos de las nuevas democracias deben evolucionar y pasar de ser
sujetos pasivos del estado a participantes activos de SU sociedad7.
Si aplicamos el concepto anterior al tema de la corrupción, podemos decir que,
aunque para combatir la corrupción se necesita del peso de la ley, también se
necesita un cambio fundamental en los valores y la conducta de la sociedad. Es
necesario que ésta favorezca una cultura de la legalidad, que exista una
convicción ciudadana de respeto a la ley, del Estado de derecho, para que los
sistemas reguladores y de procuración de justicia funcionen de manera más
5
Dobriansky, P. (2004). Remarks on Culture of Lawfulness. Georgetown University, Washing D.C., USA.
Grant, H. (2005). Carpeta del Simposio de Cultura de la Legalidad de MUCD. Ciudad de México, México.
7
Adaptado de página web de CIVITAS.
6
eficiente. De esta manera y en términos generales, aquellos que violen la ley
serán condenados no solamente por las autoridades de procuración de justicia,
sino también por amplios sectores de la sociedad. 8
Revertir el proceso de una cultura de ilegalidad a una cultura de la legalidad no
es una tarea fácil ni a corto plazo, ya que la ilegalidad, la falta de gobierno y la
corrupción, frecuentemente son el resultado de usos y costumbres sociales
históricos. Cuando la única manera de hacer negocios o de llevar a cabo
actividades de la vida cotidiana –que son legales en principio- es mediante la
corrupción, ésta se convierte en algo aceptado por la sociedad como un “mal
necesario”. Además, para muchas personas los beneficios inherentes a la
cultura de la legalidad no son tan obvios, como tampoco lo es el papel que
pueden desempeñar dentro de la misma. La mayoría de la gente está ocupada
con su trabajo y su familia y no piensa en las implicaciones de sus acciones o de
su falta de acción.
Por otro lado, muchos tienden a pensar que la procuración de justicia es
responsabilidad absoluta del gobierno. Sin embargo, y en palabras de Leolucca
Orlando, el alcalde de Palermo que fue figura determinante en la erradicación de
la mafia siciliana9, la procuración de justicia es sólo una de las ruedas de la
carreta del estado de derecho; la otra rueda es la cultura de la legalidad.
La cultura de la legalidad beneficia a la democracia y a las personas. En primer
lugar, promueve el empoderamiento de los ciudadanos y, en segundo, aumenta
la efectividad de la procuración de justicia. El proceso de empoderamiento
comienza con la concientización de los ciudadanos sobre su responsabilidad en
los procesos de procuración de justicia (a través de la información clara y
confiable) y continúa con la promoción del desarrollo de habilidades o destrezas
psicosociales10 que propiciarán su participación en los mismos. En la medida en
que aumentan su participación, los ciudadanos van “aprendiendo” que el Estado
de derecho es la mejor opción para asegurar sus derechos humanos, la sana
convivencia social en su beneficio y sus aspiraciones democráticas, lo que
propicia mayor participación. Consecuentemente, la sociedad se apropia de su
derecho y responsabilidad para con una cultura de legalidad, acotando el apoyo
con que cuentan los elementos criminales y corruptos para planear y llevar a
cabo sus actividades ilegales.
En la medida en la que aumenta el apoyo de los ciudadanos al Estado de
derecho, sustentado por la cultura de la legalidad, se margina el comportamiento
8
Godson, R. (2000) Symposium on the Role of Civil Society in Countering Organized Crime: Global Implications of
the Palermo, Sicily Renaissance. Palermo, Italy.
9
Orlando, L. (2003) Hacia una Cultura de la Legalidad: La Experiencia Siciliana. Universidad Autónoma
Metropolitana, Ciudad de México, México.
10
Las habilidades o destrezas psicosociales, también llamadas habilidades para la vida, son aquellas destrezas que
promueven que las personas participen y tengan mayor control de su vida, con el consecuente efecto positivo sobre su
bienestar. Incluyen la capacidad de comunicación asertiva, de negociación pacífica, de solución de problemas de
manera creativa y de toma de decisiones.
ilegal-delincuencial. Los ciudadanos comunes dejan de ser observadores
neutrales y se vuelven partícipes del Estado de derecho al denunciar los delitos
y al evitar las prácticas de corrupción. Así, la procuración de justicia y el poder
judicial se pueden concentrar en los criminales profesionales y en la corrupción a
niveles más altos. El operar con la ayuda de la ciudadanía le permite a la
procuración de justicia proporcionar una vigilancia menos intrusa y más barata.
Al mismo tiempo, la policía, reclutada por la sociedad, tiene que cumplir con sus
obligaciones de mantener el Estado de derecho y se enfrenta a las expectativas
públicas de respetar los principios democráticos y los derechos humanos.
La cultura de la legalidad cambia la dinámica de la procuración de justicia,
construyendo y reforzando el Estado de derecho mediante el rechazo de la
conducta ilegal-delincuencial. En vez de aceptar la corrupción como un mal
necesario, o la delincuencia como algo inevitable, los individuos las rechazan,
rechazando así al crimen organizado y a las actividades ilícitas de las que éste
se alimenta.
Simultáneamente, los ciudadanos participan en la creación e instrumentación de
leyes que les benefician, mientras vigilan que nadie esté por encima de la ley, ni
siquiera el gobierno. De esta manera se protegen los derechos de todos con la
consecuente mejoría en la calidad de vida de la población. El resultado final es
el convencimiento sobre la cultura de la legalidad, una sociedad en la que el
ciudadano promedio cree en su sistema legal como un medio para lograr la
justicia y está convencido de que un Estado de derecho fortalecido aumenta la
calidad de vida de todos.
JUSTIFICACIÓN
Ante este panorama, México Unido contra la Delincuencia (MUCD) ha decidido
actuar de manera inmediata para promover la cultura de legalidad en la sociedad
mexicana, como el sostén del Estado de derecho al que aspiramos. Si bien es
cierto que el grueso de las personas que ha crecido en una sociedad como la
nuestra no cuenta con la información y las habilidades psicosociales para
generar el cambio, y tampoco vienen equipadas con los valores y actitudes
necesarios para darle soporte a una cultura de legalidad, el cambio es posible y
está al alcance de nuestras manos. Generalmente es suficiente educar a una
generación para que ésta se haga cargo, como lo demuestran las experiencias
de Sicilia, Hong Kong, y otras emprendidas en países latinoamericanos como
Colombia.
Debido a que los mexicanos estamos amenazados por una gran impunidad
jurídica, moral y social, en MUCD estamos concientes de que,
independientemente de impulsar la formación de los ciudadanos en una cultura
de legalidad, debemos seguir luchando contra la impunidad. Esto significa exigir
un cambio profundo desde la estructura de los esquemas de seguridad pública y
de justicia: nos queda claro que debemos aumentar la probabilidad de que
resulte castigado el que comete un delito. Sin embargo, también estamos
convencidos de que, como asociación ciudadana, podemos aportar más a la
construcción de un control social que de uno policial. Por ello es que nuestro
objetivo se centrará en impulsar una revolución de actitudes conducentes a un
cambio de conductas a favor de un ambiente de seguridad, justicia y paz.
Para ello, buscamos trabajar en la formación de ciudadanos que promuevan la
cultura de la legalidad desde sus respectivos ámbitos de influencia.
1.
2.
3.
4.
5.
ONG’s
Instituciones educativas
Sector laboral público y privado
Instituciones de seguridad pública
Medios de comunicación
CONCLUSIÓN
Como es el caso con la mayoría de las instituciones humanas, la perfección es
difícil de alcanzar, sin embargo, el Estado de derecho es la institución más
prometedora que ha desarrollado la humanidad. Su estructura promueve
constantemente un incremento en la calidad de vida en sociedad, a través de
diversos mecanismos de auto mejoría. Es por ello que su defensa –misma que
se logra a través de la cultura de legalidad- es tan importante.
Los 4 criterios del Estado de derecho
Las normas jurídicas:
Se establecen en forma democrática, a través de mecanismos formales.
Protegen los derechos individuales, en la convivencia de las personas
como parte de una sociedad.
Se aplican por igual a todos, son de carácter general, no importa la
situación económica, política, ni el rol social que se desempeñe.
Se hacen cumplir siempre, son obligatorias, las violaciones son
sancionadas a través de procedimientos y castigos preestablecidos.
10
La cultura de la legalidad
Conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la
población crea en el Estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. [1].
Creencia compartida de que cada persona tiene la
responsabilidad individual de ayudar a construir
y mantener una sociedad con un Estado de
derecho.
[1]
Adaptado de Godson, R. (2000) Symposium on the Role of Civil Society in Countering Organized Crime: Global Implications of the Palermo, Sicily
Renaissance. Palermo, Italy.
[2] Adaptado de la definición de cultura ciudadana. La Cultura Ciudadana en Bogotá (2002).Reporte de resultados de la primera aplicación del sistema de
medición. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
11
Los 4 principios de la cultura de la legalidad
1. Los integrantes de la sociedad se interesan y conocen reguladores
de conducta, en especial, normas jurídicas básicas.
2. Las personas tienen la “voluntad” de respetar las normas.
3. Las personas rechazan y condenan la ilegalidad, la delincuencia y la
corrupción.
4. Las personas apoyan a las dependencias del sistema de
procuración de justicia en un sentido de correlación.
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