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DESARROLLO DE UNA CULTURA DE LEGALIDAD EN MÉXICO La cultura de la legalidad es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población crea en el Estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. Es el soporte del Estado de derecho e implica que el carácter o espíritu fundamental de la cultura (ethos) favorece el estado de derecho 1 . Es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social, que exige por parte de los ciudadanos una cierta armonía entre el respeto a la ley, las propias convicciones morales y las tradiciones y convenciones culturales2. INTRODUCCIÓN El alto número de actos delictivos que ocurren en México día a día -desde robos pequeños hasta sobornos mayores, secuestros y asesinatos-, sumado a la baja tasa de denuncias y a la pasividad general de la población ante el cambio, nos hablan de una corrupción generalizada y de la poca convicción que tienen los ciudadanos de poder controlar lo que les sucede 3. La corrupción, la delincuencia en general, la falta de ley y de un “Estado de derecho”4, resultan en enormes costos sociales, políticos y humanos; y si bien 1 Adaptado de Godson, R. (2000) Symposium on the Role of Civil Society in Countering Organized Crime: Global Implications of the Palermo, Sicily Renaissance. Palermo, Italy. 2 Adaptado de la definición de cultura ciudadana. La Cultura Ciudadana en Bogotá (2002).Reporte de resultados de la primera aplicación del sistema de medición. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 3 Datos como los resultados de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup), que señalan que 63.3% de los mexicanos opinaba, en 2003, que las leyes se aplican para lograr tan sólo el beneficio de unos cuantos, y que 10.6% está de acuerdo en que si una ley le parece injusta a una persona, ésta puede desobedecer dicha ley, corroboran esta situación. www.inegi.gob.mx/est/contenidos/español/proyectos/metadatos/encuesta 4 El Estado de Derecho, conforme lo define es Nacional Strategy Information Center (2005): Es un sistema donde la ciudadanía participa en la formulación y defensa de las leyes y donde la ley se aplica a todos por igual, incluidos los gobernantes. Es un mecanismo que propicia que los ciudadanos participen en el diseño y cambio de las leyes. Tiene la característica de que las leyes protegen los derechos de los individuos y también de la sociedad como un todo. Propicia una aplicación igualitaria de la ley, sin importar el nivel económico, el estado social o la posición política de las personas. Provee de derechos tanto para las víctimas como para los acusados. Cuenta con un sistema formal para determinar al culpable y al inocente, garantiza derechos para las víctimas y los acusados y brinda mecanismos correctivos. son las víctimas del crimen quienes pagan los costos más tangibles, otras personas deben vivir con la desesperanza de oportunidades perdidas o inexistentes y, por qué no, hasta con miedo. El Banco Mundial estima que, a nivel mundial, se paga más de un trillón de dólares anuales en sobornos. Para poner el dato en perspectiva, dicha cantidad de dinero representa, aproximadamente, el tamaño de la economía de Rusia o España.5 El costo de esta conducta delictiva no se limita a lo que se gasta en sobornos; también se derivan de ella la disminución de la inversión privada y la erosión del Estado de derecho, con sus consecuentes resultados para la población. La corrupción puede acabar con una sociedad ya que, entre otras cosas, disminuye la capacidad y calidad de acción de los servicios públicos de educación, de salud y de procuración de justicia- vitales para la población menos privilegiada. Además, mina el desarrollo político de un país, -en este caso México- dañando la confianza de la población en sus gobernantes y en el gobierno en general. A nivel internacional, existe una tendencia generalizada de reconocer que para que exista una democracia efectiva, debe existir un Estado de derecho. La experiencia ha demostrado que el Estado de derecho no puede existir sin participación y convencimiento de la ciudadanía apoyándose exclusivamente en el fortalecimiento y reforma de las instituciones gubernamentales, como –en este caso- las de la procuración de justicia y del poder judicial. No importa qué tan bien estén diseñadas y administradas, estas instituciones no pueden trabajar en un vacío, necesitan el apoyo de la sociedad 6. Ninguna democracia funciona adecuadamente si no cuenta con el apoyo de ciudadanos que entiendan y estén convencidos de sus bases o fundamentos: el dónde y el porqué de sus conceptos, instituciones y prácticas. Las democracias tampoco funcionan si los ciudadanos no saben exigir y asegurarse de que el gobierno encargado de representarlos tome en cuenta sus problemas, necesidades y aspiraciones. Cambiar el aparato de gobierno no basta; los ciudadanos de las nuevas democracias deben evolucionar y pasar de ser sujetos pasivos del estado a participantes activos de SU sociedad7. Si aplicamos el concepto anterior al tema de la corrupción, podemos decir que, aunque para combatir la corrupción se necesita del peso de la ley, también se necesita un cambio fundamental en los valores y la conducta de la sociedad. Es necesario que ésta favorezca una cultura de la legalidad, que exista una convicción ciudadana de respeto a la ley, del Estado de derecho, para que los sistemas reguladores y de procuración de justicia funcionen de manera más 5 Dobriansky, P. (2004). Remarks on Culture of Lawfulness. Georgetown University, Washing D.C., USA. Grant, H. (2005). Carpeta del Simposio de Cultura de la Legalidad de MUCD. Ciudad de México, México. 7 Adaptado de página web de CIVITAS. 6 eficiente. De esta manera y en términos generales, aquellos que violen la ley serán condenados no solamente por las autoridades de procuración de justicia, sino también por amplios sectores de la sociedad. 8 Revertir el proceso de una cultura de ilegalidad a una cultura de la legalidad no es una tarea fácil ni a corto plazo, ya que la ilegalidad, la falta de gobierno y la corrupción, frecuentemente son el resultado de usos y costumbres sociales históricos. Cuando la única manera de hacer negocios o de llevar a cabo actividades de la vida cotidiana –que son legales en principio- es mediante la corrupción, ésta se convierte en algo aceptado por la sociedad como un “mal necesario”. Además, para muchas personas los beneficios inherentes a la cultura de la legalidad no son tan obvios, como tampoco lo es el papel que pueden desempeñar dentro de la misma. La mayoría de la gente está ocupada con su trabajo y su familia y no piensa en las implicaciones de sus acciones o de su falta de acción. Por otro lado, muchos tienden a pensar que la procuración de justicia es responsabilidad absoluta del gobierno. Sin embargo, y en palabras de Leolucca Orlando, el alcalde de Palermo que fue figura determinante en la erradicación de la mafia siciliana9, la procuración de justicia es sólo una de las ruedas de la carreta del estado de derecho; la otra rueda es la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad beneficia a la democracia y a las personas. En primer lugar, promueve el empoderamiento de los ciudadanos y, en segundo, aumenta la efectividad de la procuración de justicia. El proceso de empoderamiento comienza con la concientización de los ciudadanos sobre su responsabilidad en los procesos de procuración de justicia (a través de la información clara y confiable) y continúa con la promoción del desarrollo de habilidades o destrezas psicosociales10 que propiciarán su participación en los mismos. En la medida en que aumentan su participación, los ciudadanos van “aprendiendo” que el Estado de derecho es la mejor opción para asegurar sus derechos humanos, la sana convivencia social en su beneficio y sus aspiraciones democráticas, lo que propicia mayor participación. Consecuentemente, la sociedad se apropia de su derecho y responsabilidad para con una cultura de legalidad, acotando el apoyo con que cuentan los elementos criminales y corruptos para planear y llevar a cabo sus actividades ilegales. En la medida en la que aumenta el apoyo de los ciudadanos al Estado de derecho, sustentado por la cultura de la legalidad, se margina el comportamiento 8 Godson, R. (2000) Symposium on the Role of Civil Society in Countering Organized Crime: Global Implications of the Palermo, Sicily Renaissance. Palermo, Italy. 9 Orlando, L. (2003) Hacia una Cultura de la Legalidad: La Experiencia Siciliana. Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, México. 10 Las habilidades o destrezas psicosociales, también llamadas habilidades para la vida, son aquellas destrezas que promueven que las personas participen y tengan mayor control de su vida, con el consecuente efecto positivo sobre su bienestar. Incluyen la capacidad de comunicación asertiva, de negociación pacífica, de solución de problemas de manera creativa y de toma de decisiones. ilegal-delincuencial. Los ciudadanos comunes dejan de ser observadores neutrales y se vuelven partícipes del Estado de derecho al denunciar los delitos y al evitar las prácticas de corrupción. Así, la procuración de justicia y el poder judicial se pueden concentrar en los criminales profesionales y en la corrupción a niveles más altos. El operar con la ayuda de la ciudadanía le permite a la procuración de justicia proporcionar una vigilancia menos intrusa y más barata. Al mismo tiempo, la policía, reclutada por la sociedad, tiene que cumplir con sus obligaciones de mantener el Estado de derecho y se enfrenta a las expectativas públicas de respetar los principios democráticos y los derechos humanos. La cultura de la legalidad cambia la dinámica de la procuración de justicia, construyendo y reforzando el Estado de derecho mediante el rechazo de la conducta ilegal-delincuencial. En vez de aceptar la corrupción como un mal necesario, o la delincuencia como algo inevitable, los individuos las rechazan, rechazando así al crimen organizado y a las actividades ilícitas de las que éste se alimenta. Simultáneamente, los ciudadanos participan en la creación e instrumentación de leyes que les benefician, mientras vigilan que nadie esté por encima de la ley, ni siquiera el gobierno. De esta manera se protegen los derechos de todos con la consecuente mejoría en la calidad de vida de la población. El resultado final es el convencimiento sobre la cultura de la legalidad, una sociedad en la que el ciudadano promedio cree en su sistema legal como un medio para lograr la justicia y está convencido de que un Estado de derecho fortalecido aumenta la calidad de vida de todos. JUSTIFICACIÓN Ante este panorama, México Unido contra la Delincuencia (MUCD) ha decidido actuar de manera inmediata para promover la cultura de legalidad en la sociedad mexicana, como el sostén del Estado de derecho al que aspiramos. Si bien es cierto que el grueso de las personas que ha crecido en una sociedad como la nuestra no cuenta con la información y las habilidades psicosociales para generar el cambio, y tampoco vienen equipadas con los valores y actitudes necesarios para darle soporte a una cultura de legalidad, el cambio es posible y está al alcance de nuestras manos. Generalmente es suficiente educar a una generación para que ésta se haga cargo, como lo demuestran las experiencias de Sicilia, Hong Kong, y otras emprendidas en países latinoamericanos como Colombia. Debido a que los mexicanos estamos amenazados por una gran impunidad jurídica, moral y social, en MUCD estamos concientes de que, independientemente de impulsar la formación de los ciudadanos en una cultura de legalidad, debemos seguir luchando contra la impunidad. Esto significa exigir un cambio profundo desde la estructura de los esquemas de seguridad pública y de justicia: nos queda claro que debemos aumentar la probabilidad de que resulte castigado el que comete un delito. Sin embargo, también estamos convencidos de que, como asociación ciudadana, podemos aportar más a la construcción de un control social que de uno policial. Por ello es que nuestro objetivo se centrará en impulsar una revolución de actitudes conducentes a un cambio de conductas a favor de un ambiente de seguridad, justicia y paz. Para ello, buscamos trabajar en la formación de ciudadanos que promuevan la cultura de la legalidad desde sus respectivos ámbitos de influencia. 1. 2. 3. 4. 5. ONG’s Instituciones educativas Sector laboral público y privado Instituciones de seguridad pública Medios de comunicación CONCLUSIÓN Como es el caso con la mayoría de las instituciones humanas, la perfección es difícil de alcanzar, sin embargo, el Estado de derecho es la institución más prometedora que ha desarrollado la humanidad. Su estructura promueve constantemente un incremento en la calidad de vida en sociedad, a través de diversos mecanismos de auto mejoría. Es por ello que su defensa –misma que se logra a través de la cultura de legalidad- es tan importante. Los 4 criterios del Estado de derecho Las normas jurídicas: Se establecen en forma democrática, a través de mecanismos formales. Protegen los derechos individuales, en la convivencia de las personas como parte de una sociedad. Se aplican por igual a todos, son de carácter general, no importa la situación económica, política, ni el rol social que se desempeñe. Se hacen cumplir siempre, son obligatorias, las violaciones son sancionadas a través de procedimientos y castigos preestablecidos. 10 La cultura de la legalidad Conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población crea en el Estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. [1]. Creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado de derecho. [1] Adaptado de Godson, R. (2000) Symposium on the Role of Civil Society in Countering Organized Crime: Global Implications of the Palermo, Sicily Renaissance. Palermo, Italy. [2] Adaptado de la definición de cultura ciudadana. La Cultura Ciudadana en Bogotá (2002).Reporte de resultados de la primera aplicación del sistema de medición. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 11 Los 4 principios de la cultura de la legalidad 1. Los integrantes de la sociedad se interesan y conocen reguladores de conducta, en especial, normas jurídicas básicas. 2. Las personas tienen la “voluntad” de respetar las normas. 3. Las personas rechazan y condenan la ilegalidad, la delincuencia y la corrupción. 4. Las personas apoyan a las dependencias del sistema de procuración de justicia en un sentido de correlación. 12