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PRONUNCIAMIENTO
CONSEJO ACADÉMICO
Tras casi ocho meses de prolongadas deliberaciones en torno de la propuesta de Reforma a la Ley
30 de 1992, que rige la Educación Superior del País, y luego de la presentación oficial del proyecto
sin que se hubieran acogido muchos de los cambios sustantivos planteados desde diferentes
instancias de análisis a la primera iniciativa que se hiciera pública, el escenario hoy es de un
incremento de las protestas, la parálisis de la actividad de pregrado del Sistema Universitario
Estatal, incluida la Universidad de Antioquia, y una profusa campaña mediática del Gobierno
Nacional para tratar de legitimar el proyecto presentado.
Ante la compleja situación enunciada, el Consejo Académico de la Universidad de Antioquia
considera necesario reconstruir brevemente el camino recorrido y fijar su posición en calidad de
máxima autoridad académica de la Alma Máter.
Un día después de que el Gobierno Nacional hiciera pública su propuesta de reforma a la Ley de
Educación Superior, el Rector y el Consejo Académico asumieron la responsabilidad de estudiar,
de analizar y de contribuir con sus aportes críticos a un proceso indispensable de regulación de la
educación superior en Colombia, sobre unas premisas nuevas diferentes de las que inspiraron la
ley vigente, habida cuenta de las transformaciones acaecidas en el seno de la educación superior
del país, y de las problemáticas suscitadas por un sinnúmero de asuntos que no fueron previstos
en ese momento. Como fruto de este compromiso, se realizaron periódicos debates internos con
voceros autorizados y con el acompañamiento crítico de diversos grupos de profesores que, desde
sus áreas de especialidad, aportaron a los análisis y a las discusiones en el contexto local y
nacional; los elementos de juicio y los materiales de reflexión derivados de dichas actividades
fueron llevados a las reuniones y talleres de trabajo del Sistema Universitario Estatal –SUE– y de la
Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN–, así como, también, a los foros y reuniones
convocados desde el Ministerio de Educación.
Esta Corporación advirtió sobre la inconveniencia política de presentar un proyecto de tal
sensibilidad en un año típicamente electoral, además de la falta de claridad en sus propósitos, de
la ausencia de coherencia, y del desatino de cambiar una ley sin que la que se propone como
sustituta la supere en coherencia normativa, en finalidades precisas y en eficacia material.
El intenso trabajo de la comunidad universitaria dio lugar a la producción de un cúmulo de
documentos, reconocidos en el ámbito nacional por la seriedad de los argumentos y por el
llamado permanente a ejercer el derecho a la crítica y al disenso en el marco del respeto y de la
observancia de las norma, e incidió en posicionar en la opinión pública los temas principales que
debe abordar una reforma a la educación superior. Sin referenciar en detalle toda la
argumentación y la inmensa cantidad de variables que han sido objeto de análisis, la posición
doctrinal de las directivas de la Universidad fue la de reiterar que la Educación Superior constituye
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un Derecho Fundamental, y que asiste una obligación de legislar en concordancia con esa
jerarquía jurídica.
Con vehemencia argumentada, el Consejo Académico expresó la inconveniencia de la propuesta
sobre las universidades con ánimo de lucro, sobre la necesidad de reconocer una adecuada
tipificación de las instituciones de Educación Superior en función del rol y de la especialidad que
cada una debe cumplir dentro de un sistema de educación, y de su preocupación sobre la
necesidad de preservar y fortalecer los temas relativos a la calidad educativa y a la autonomía de
las universidades. Hoy la discusión no se ha agotado, como es el caso de la tipología de las
llamadas IES (Instituciones de Educación Superior) en el proyecto de ley, dado que esa
denominación invisibiliza la necesidad real de contar con tres clases de institución con objetos
misionales y académicos diferentes, que por supuesto demandan asignaciones presupuestales
específicas. El acceso ampliado o universal a la educación superior no se garantiza con la fórmula
de los “créditos con cero intereses”, ya que, como lo muestra dramáticamente el caso chileno, el
traspaso de esa responsabilidad, a los esfuerzos individuales y al presupuesto familiar, lo único
que logra es pauperizar aún más las ya menguadas economías de la mayor parte de la población,
pues la deuda siempre habrá que pagarla, y así el Estado se descarga de su obligación de
garantizar este derecho humano fundamental.
Los directivos de la Universidad insisten en la necesidad de una profunda y sostenible reforma a la
Educación Superior, en consonancia con su calidad de Derecho Fundamental, y no sólo una
reforma a la Ley 30 de 1992. Reiteramos que en esa discusión se debe incluir a todos los sectores
sociales que, desde dentro y desde fuera de las universidades, tienen relación con la Educación
Superior, y ahora llaman la atención para que se incluya también a los electos mandatarios
regionales quienes, a partir de enero próximo, asumirán la presidencia de los consejos superiores
de las instituciones de educación superior estatales. Todo este esfuerzo se debe realizar por la
convicción de que los resultados de la discusión deben ser traducidos en una ley que represente la
expresión de una política de Estado sobre la Educación Superior, y no solamente una política
pública del gobierno en turno.
Aparte de otras consideraciones filosóficas y políticas, y ante el inicio de una nueva vigencia fiscal,
para efectos prácticos insistimos en la necesidad de separar temporalmente la discusión sobre el
presupuesto para 2012, de la discusión sobre la estructura y el contenido de la propuesta de
reforma, para que ésta no termine influida por la coyuntura de aprobación de recursos para el
próximo año, o para un período corto. Hemos defendido con toda fortaleza la idea de que el
presupuesto para las universidades públicas que propone el gobierno es completamente
insuficiente en relación con las demandas que el mismo proyecto establece sobre calidad y
cobertura, y ante el desfinanciamiento estructural de las universidades.
Por ello, mientras se discute el proyecto de ley con la profundidad que se ha pedido, se ha
propuesto que de manera transitoria se asignen, en la Ley del Presupuesto General de la Nación
de 2012, recursos adicionales, y tratar así de asegurar un incremento en la base presupuestal en
un porcentaje superior al aumento del índice de precios al consumidor, al menos de tres puntos
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porcentuales, pues la situación financiera de nuestras universidades es crítica e insostenible. Esta
última posición adquiere sentido porque los directivos, el Comité Rectoral y el Consejo Académico
consideran que la Universidad de Antioquia debe mantener con firmeza su autonomía en relación
con los resultados del trámite legislativo, sin atarse a acuerdos previos o a prebendas en el
presupuesto, o a las posibilidades de participar de las regalías, que coarten su autonomía
académica.
En todo este proceso de discusión crítica al proyecto original y al que se encuentra en trámite
legislativo, se ha sido respetuoso de los gremios y de los estamentos de la Universidad. De hecho,
se reconoce que las movilizaciones pacíficas constituyen expresiones legítimas de un ejercicio
democrático por parte de una ciudadanía universitaria activa. Desde el comienzo de todo esta
actividad, hemos estado dispuestos a trabajar en unidad porque consideramos que existen
importantes puntos de encuentro, pero no estamos de acuerdo con las posiciones que tienden a
ver, en cualquier diferencia, a un enemigo.
Igualmente, los directivos tenemos la obligación de emprender las acciones que mantengan una
Universidad viva, y eviten los dañinos efectos colaterales de las vías de hecho, como el paro o las
asambleas permanentes. Los costos económicos de un paro terminan minando las finanzas de la
Institución y, en consecuencia, aminoran ostensiblemente las posibilidades de muchos jóvenes
para el acceso a una educación superior de calidad, y truncan los anhelos de un futuro profesional
digno, y las expectativas personales y familiares, en franca paradoja con el propósito de ampliar el
goce del derecho fundamental a la educación. Los costos sociales de un paro se manifiestan en la
deserción, en el desánimo y en la apatía, que representan el cultivo en el que crece una
generación sin futuro, aun antes de comenzar sus primeras clases en la Universidad. Y,
paradójicamente, un paro termina socavando la capacidad de movilización crítica y efectiva
porque decrece el número de participantes, y aumentan la apatía, la indiferencia y las actitudes
reactivas contrarias al propósito inicial del movimiento de protesta.
Finalmente, el Consejo Académico reitera su voluntad de propiciar espacios para la deliberación
en torno de la reforma de la educación, sin unanimismo y con pluralismo; por lo tanto hacemos un
llamado a los líderes estudiantiles y profesorales para que, en defensa de la Universidad,
atendiendo al clamor de la comunidad universitaria, y con respeto, entre todos mantengamos
nuestra esencia como centro de estudios, retornemos a todas las actividades académicas, que no
es incompatibles con la deliberación y la movilización, y contribuyamos con la crítica, con las
propuestas y con la acción ciudadana, a la construcción de una política de Estado que convierta en
realidad el derecho a la educación.
Medellín, 04 de Noviembre de 2011