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Colonización privada y tenencia de la tierra en La Pampa.
Poder económico y provincialización
IX Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Universidad
Nacional de Córdoba, Córdoba, 2003
Pese a existir voces precursoras de la provincialización de los territorios
nacionales desde la misma sanción de la ley 1532 que los creó en 1884, los
movimientos autonomistas en La Pampa registran una fecha fundacional :
el 24 de noviembre de 1907. En la convención que sesionó ese día en Santa
Rosa, se produjo un velado enfrentamiento social entre los latifundistas que
desalentaban toda experiencia autonómica y la joven burguesía urbana que
la propiciaba en todos sus términos, reflejo de un choque de clases que
tenía su equivalencia política a nivel nacional. Con los años sobrevinieron
otras organizaciones, todas con el mismo resultado : la negativa del
Congreso Nacional siquiera a tratar en recinto los proyectos de
provincialización, algunos de los cuales tuvieron por fuente al mismo
presidente Yrigoyen. Detrás de estas maniobras negadoras estaba la mano
de los terratenientes, con la excusa de que provincia era equivalente a
mayores impuestos y “el secreto y la base del progreso sorprendente de La
Pampa es precisamente la falta de esos impuestos”, como afirmara en una
declaración la Sociedad Rural pampeana en diciembre de 1907. Todo este
accionar buscó su legitimación en el librecambismo como sostén del
“progreso” y en las críticas a todo vestigio de “injerencia” estatal en la
economía.
Nos interesa, entonces, indagar cómo se construyó este poder en La
Pampa y su equivalencia en otros territorios nacionales, el tipo de tenencia
de la tierra, de colonización y de poblamiento que se impulsó de manera
funcional al modelo dominante, como asimismo la acción del Estado
Nacional en consolidar este proceso. Para ello, el recorte temporal
comprenderá los primeros veinticinco años del siglo XX.
Sabido es que los beneficiarios de la legislación agraria en la zona
pampeana fueron los suscriptores del empréstito de 1878, derivado de la
ley dictada para subvencionar la Campaña del Desierto, los que se cobraron
en tierra pública su inversión con suma rapidez.
Un fuerte suscriptor del empréstito fue Ataliva Roca, hermano de
Julio A., que de ese modo accedió a 180.000 hectáreas en la zona central de
La Pampa. Por esa vía, también recibieron inmensos predios los Alvear,
Iraola, Castex, Anchorena, Cambaceres, etc. (1). Pero también se sumó a la
nómina de suscriptores una cantidad importante de inversores ingleses. En
1
ocasiones, estas propiedades podían cambiar de mano, como fue el caso de
Antonio Devoto, que formó la sociedad anónima Estancias y Colonias
Trenel, sobre la base de las 327.500 hectáreas que compró en 1905 a la
Compañía Sud Americana de Tierras, cuyo directorio residía en Londres.
Por otra parte, las leyes con cierta intención antilatifundista fueron
desnaturalizadas, en función de una de las mayores rigideces del modelo -la
propiedad de la tierra- y el mismo Estado se encargó de hacerlo. Sobre
estas bases, experiencias colonizadoras como las de Santa Fe o Entre Ríos
quedaron reducidas a la mínima dimensión económica y geográfica. Esto
significa que no existió una oferta abierta de tierras a bajo costo para los
nuevos colonos y "ésta es una de las características distintivas de la
colonización argentina, así como que los nuevos territorios se distribuyeron
en enormes extensiones entre los antiguos propietarios, los grandes
financieros o los especuladores" (Cortez Conde y Gallo,1973). A partir de
esta concentración, se produjo un aumento desproporcionado del precio de
la tierra con respecto a los rendimientos de explotación. Esto explica que
"la inversión en ella solo sería ventajosa para quien la poseyera,
imposibilitando el acceso a la tierra a nuevos sectores..." (2). El Estado era
corresponsable de los valores ficticios que tenían los campos en el
territorio, al poseer aún miles de leguas fiscales en las que no permitía
explotación ni poblamiento. El aumento vegetativo de la hacienda en
campos particulares hacía que se estreche el margen de los disponibles, a su
vez muy demandados (3). Entonces, los precios "inverosímiles" eran su
consecuencia lógica .
Podemos suponer que ésta fue la base material de los grandes
propietarios, mayormente residentes en Buenos Aires, que desde la
Sociedad Rural de La Pampa tuvieron éxito en impedir la autonomía,
tejiendo una alianza de los latifundistas "legales" con los "usurpadores", los
que tendrían que probar la legalidad de sus posesiones en una futura Pampa
Central provincializada (4). Una señal de la existencia de esta categoría de
"intrusos" también entre los grandes hacendados, nos la ofrece una nota que
en octubre de 1890 envió el titular de la Oficina Central de Tierras y
Colonias a su superior, el Ministro del Interior. Firmado por Nicasio
Oroño, el texto alude a documentos sobre derechos posesorios en los
territorios nacionales, en estos términos : "Al examinar dichos expedientes
ha podido llamar mi atención la informalidad con que en todos o en la
mayor parte de los casos se ha procedido al producir la prueba testimonial,
sobre la que por rara excepción la ley permite basar el reconocimiento de
derechos reales" (5).
También es posible alimentar la idea de que una base material/social
diferente en La Pampa equivalía a desarmar ese poder en base a una
política colonizadora en gran escala y dirigida por el Estado. Pero también
pudimos observar que el librecambismo y la exaltación de la iniciativa
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privada -y la consecuente depreciación de toda actividad estatal- era uno de
los supuestos que bajaban incólumes desde las más altas esferas oficiales,
ya sean éstas del "régimen" o de la "causa". En este terreno, el radicalismo,
más que substituir, complementa la tarea iniciada en la década del 80 (6).
Si hasta algún momento prevaleció la colonización oficial, el ingreso
de La Pampa al escenario nacional se produjo cuando la decisión de
impulsar la colonización privada, sobre todo en tierras marginales, estaba
ya tomada. "Sucedió que luego de la Conquista del Desierto -explica M.
Rapoport- las mejores tierras estaban ya repartidas y el desarrollo agrícola
tomaría un camino diferente al de los Estados Unidos, basándose en
sistemas de tenencia precaria de la tierra" (7).
Las consecuencia sociales de este proceso tuvieron gravitación en
ciertas actitudes de los poseedores de la tierra frente a la provincialización
y las que tuvieron aquellos que se podrían categorizar ampliamente como
"no poseedores". Nos estamos refiriendo a que la extrema concentración de
la propiedad de la tierra y el predominante sistema de arrendamiento,
imposibilitaría la existencia de una clase media rural que, como en los
Estados Unidos o en Canadá, había sido "el actor central de la
democratización política y de la transformación productiva del país" (8).
Cabe preguntarse : si la formación de la clase media rural fue débil, por las
causas apuntadas y tampoco los estratos medios pudieron formarse
urbanamente sobre la base de una industrialización que no existió, ¿cómo
se formó la clase media argentina en este período? Varios estudios prueban
que el crecimiento de los sectores medios urbanos dependió mucho más de
las actividades administrativas que de las industriales (J.C.Tedesco,1975),
es decir que se formaron a la sombra del Estado (9).
En La Pampa, la nación operó con un sistema de vender grandes
extensiones a precio venal. Así, tierras adquiridas a ocho pesos la hectárea
fueron vendidas parceladas a cien con plazo de seis años y con un interés
del ocho por ciento anual. El propietario vendedor percibía así, en los
intereses de un solo año, el valor del costo de su tierra. Algunos colonos
pudieron hacer frente y otros tuvieron que devolver la tierra, perdiendo los
pagos parciales realizados.
Uno de los intentos de poner freno o prevenir situaciones de este tipo
provino del diputado Castellanos, quien en 1903 redactó un proyecto de ley
creando un impuesto especial sobre los latifundios, entendiendo por tal
todo terreno de propiedad con una extensión superior a las diez mil
hectáreas. Lo que aquí interesa son los datos relevantes del acaparamiento
de propiedades que argumentó el autor del proyecto. En los territorios
nacionales, las propiedades de 10.000 a 40.000 has. sumaban 929.000 has.;
las de 40.000 a 80.000 sumaban 2.800.000 has. y mayor aún era el espacio
que ocupaban las propiedades de más de 80.000 has. Todas estas enormes
extensiones permanecían improductivas en gran medida, en poder de
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terratenientes y pagando apenas ochenta mil pesos de contribución
territorial.
Este impuesto, aplicado en territorio pampeano, "es abonado en la
casi totalidad de los casos en la Capital Federal donde residen los más de
los propietarios rurales", afirmaba la Memoria de la Gobernación publicada
en 1905. Y prosigue : "Se abona sobre la base de una evaluación que no
solo es reducidísima sino que data de muchos años atrás, es decir de
cuando los campos de la Pampa Central eran desconocidos y reputados
poco menos que improductivos". A esta inequidad se sumó la presión de
los terratenientes -y el esfuerzo legal de sus abogados- por evitar que los
municipios en La Pampa graven los somovientes, en ejercicio de las
facultades que les acordaba la ley 1532. La gestión de la Sociedad Rural de
La Pampa por evitar que los impuestos a las guías se apliquen en Victorica
y Quemú, tuvo por destinatario directamente al Ministerio del Interior. Y
esto pasaba en 1915, luego de extensos conflictos por el mismo motivo en
años anteriores.
Otro elemento a considerar era la maniobra de las grandes casas
exportadoras que imponían severas condiciones para comprar el cereal,
negando en los hechos - muy tempranamente y por todo lo expresado- la
idea del “derrame” hacia los sectores de menores ingresos del progreso
resultante de la libertad del mercado.
La privatización del poblamiento
Descartada entonces la colonización dirigida y asistida desde el
Estado, lo que suponía la "protección" y "seguimiento" tanto del colono
como de su producción, La Pampa se convirtió en un gran escenario de
remates de “pueblo y colonia” en torno de las estaciones de ferrocarril.
El negocio de grandes firmas rematadoras y compañías
colonizadoras no pesaba en grado dramático sobre los colonos, en cuanto a
su subsistencia como tal, mientras se dieran buenas cosechas o la
productividad de la tierra más razones climáticas permitieran, como en
1904, que La Pampa fuera galardonada con el primer lugar por sus cultivos
de alfalfa. Pero fue suficiente que se desataran casos de sequía prolongada
en departamentos sureños en 1910 para que quede al desnudo todo el
sistema. En materia de estimulación y fomento, se ponía como ejemplo a
los EE.UU. donde en veinte años "el solitario far west se convirtió en un
semillero de pueblos" (10). Sin embargo, la Dirección de Inmigraciones se
limitaba a recibir inmigrantes, "despacharlos" y abandonarlos a su suerte.
Los enfrentamientos entre terratenientes y colonos que no pudieron
cumplir con sus contratos y con sus deudas con el comercio en 1912,
tuvieron por epicentro a Uriburu y dieron lugar al nacimiento de la Liga
Agraria de La Pampa. Esa confrontación tuvo por objetivo evitar los
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embargos y desalojos y se propagó a Macachín. Luego se apagó tras varios
meses de conflicto, pero las condiciones quedaron intactas para su
reanudación. Tal es así que en junio de 1913 numerosos colonos de La
Pampa enviaron una nota al diputado Alfredo Palacios denunciando que
habían perdido todo el capital invertido y que nunca pudieron pagar las
semillas entregadas por el gobierno tres años atrás con motivo de la sequía.
Este grave problema de los arrendamientos se agudizó precisamente
en proximidades de la Primera Guerra Mundial. En este momento clave, "la
modalidad de agricultura extensiva alcanzó sus límites...y no fue posible
incorporar nuevas tierras para explotar. Entonces, para proteger su nivel de
beneficios, el terrateniente, en lugar de intensificar la explotación mediante
mayores inversiones, prefirió resarcirse realizando sucesivos aumentos en
los precios de los arrendamientos" (11). Tras los reclamos de 1912, la
experiencia acumulada y el grado de organización alcanzado por los
colonos, determinó la movilización de la Liga Agraria de La Pampa en
1919 con un programa mínimo. Los cinco puntos de este programa
formaron parte de un manifiesto al pueblo argentino y de un proyecto de
legislación agraria presentado ante el Congreso Nacional. Ellos eran : 1º Arrendamientos por cinco años, renovables por cuatro años más. 2º Inembargabilidad de los útiles de trabajo, caballos, semillas y alimentación
de un año. 3º - Indemnización de las mejoras introducidas en los campos. 4º
- Nacionalización del seguro. 5º Anulación de toda cláusula en los
contratos que afecte al interés social restringiendo la producción.
Una variante de colonización privada fue la ensayada, sin resultado,
por Fortunato Anzoátegui, quien proyectó fraccionar 30.000 hectáreas en
Naicó en chacras de 100 hectáreas. La novedad era que en torno a esa
estación se levantaría un sistema de colonización que consistía en entregar
la "chacra hecha", "ya que el colono con capital de cierta importancia no es
caso frecuente en nuestra economía agrícola", como indicara el
terrateniente en una nota que envió al funcionario nacional.
Un tipo colonización donde intervino lo "confesional" fue el
desarrollado por la Jewish Colonization en el sur pampeano con un rasgo
distintivo : los colonos judíos debían constituir cooperativas. Pero la
desproporción entre contratos de arrendamiento y de venta nos lleva a
concluir que la colonización "confesional" no presentaría una alternativa
"humanizadora" a la establecida con criterio estrictamente empresarial.
Ambas tuvieron, para el poblamiento del territorio, todas las limitaciones
de la colonización privada.
Para evaluar en perspectiva este fenómeno interrelacionado de
latifundio/ferrocarriles/creación
de
pueblos/colonización,
nos
adelantaremos algunos años para conocer el panorama que El Heraldo de
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Victorica presentaba en su edición del 8 de noviembre de 1925. "Los
latifundios en el territorio cada vez se van arraigando más", afirmaba este
medio para solicitar a renglón seguido que las autoridades deben controlar
su existencia pues se propaga, precisamente, por la ausencia de
"vigilancia". Esta falta de intervención del Estado -recuérdese toda la
exaltación liberal de la iniciativa privada desde el inicio mismo del
territorio- también condujo a la formación de poblaciones "supeditadas a la
sola voluntad del propietario del terreno", el que consigue la radicación de
un vecindario que invierte su capital y su trabajo en él sin ninguna garantía
de estabilidad y sin ningún derecho. Los casos más comunes se dieron en
torno a estaciones de ferrocarril donde el arriendo de los solares tuvieron
condiciones usurarias.
Ahora bien, prosigue El Heraldo, “esta población, radicada en estas
condiciones es la que se encarga de atraer nuevos arrendatarios para
colonizar el mismo campo, al mismo tiempo que se va valorizando con su
propio esfuerzo el precio de la tierra”. Conseguido este propósito, el
propietario, para cerrar el negocio, está facultado legalmente para pedir el
desalojo judicial de los pobladores. Los ejemplos incluyen a Winifreda y a
un buen número de colonias.
Es interesante observar que acá también se presenta al latifundio
como "el más grandioso obstáculo que puede oponerse al progreso de
determinada región", pero con el agregado de que se pide la intervención
del Estado, su "control". Las referencias al Estado "ausente" no tenían en
cuenta que con su laissez faire, al contrario, estaba muy presente
facilitando este tipo de operaciones de la que participaban varios factores
de poder para contribuir, desde La Pampa, a formar el "país abanico", tal
como lo calificara Alejandro Bunge. Un testimonio sobre la gravedad de
esta situación, que afectó también a otros territorios nacionales, fue la
emigración de colonos a Australia que se produjo en Chubut y Santa Cruz
en 1915, precisamente porque en ese país podían conseguir el título de la
tierra con mayor facilidad (12).
El problema de la tenencia de la tierra y sus consecuencias en el
poblamiento no era ignorado. Más bien era soslayado. Hay informes de
gobernación donde se asume que la radicación de inmigrantes dependía de
medidas que lo fijen a la tierra y a su vez carecer de competencia para
brindar una solución (13).
Un optimismo desarrollista
Por otra parte, los sectores medios en La Pampa, cuando se referían
críticamente al latifundio, no lo incluían en un sistema de poder ni lo
relacionaban con alguna clase social en particular, sino que veían en él
actitudes individuales, personales. Este es un ejemplo : "El latifundio es
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una de las calamidades que han obstaculizado más seriamente el progreso y
la producción. Pueblos y ciudades cercados materialmente por grandes
extensiones de tierra, cuyos propietarios mantienen improductivas, se ven
detenidos en su desarrollo natural y obligados a quedar reducidos siempre a
un mismo límite porque el capricho de una persona así lo exige" (14).
Este tipo de categorizaciones fue compartida por W.Jaime Molins en
su libro “Nuestra Pampa” (1922). Allí, al latifundista se le adosa el término
"indolente", alguien para quien "el usufructo del predio está en la locación
parcelaria, fuente cómoda de sus más seguros ingresos". Para Molins, el
latifundio es un resultado del despoblamiento y no a la inversa. Entonces,
la proximidad de los grandes centros operaría como un conjuro que lo
exterminaría mediante "la subdivisión testamentaria, el ferrocarril y la
colonia". El latifundio es así presentado como una rémora feudal que no
nació ni desaparecerá por decisiones políticas, de Estado, sino por efecto de
una ley "natural" de la economía. Entonces, por peso propio, "La Pampa
feudataria se redimirá en muy corto plazo con el aumento vegetativo de su
población y el expandimiento de sus ferrocarriles". Este tipo de
conceptualización, creemos, ignora el carácter capitalista que ya tenía el
agro, extensivo a la formación social argentina en su conjunto. Es más, el
panorama que presenta El Heraldo de Victorica en 1925, cuya síntesis se
explicitó párrafos atrás, es indicativo de penetraciones capitalistas, claro
que a la medida de nuestras sociedades periféricas y dependientes.
Horacio Tarcus, desarrollando las ideas de José Boglich, sostiene que
la oligarquía terrateniente no se apropiaba de una renta feudal, sino de una
verdadera renta capitalista de la tierra, beneficiándose particularmente con
la renta diferencial que provenía de la generosa prodigalidad de las tierras
pampeanas. Y si los contratos de locación del agricultor con el terrateniente
admitían algunos vestigios feudales, estallarían con el Grito de Alcorta
(1912) y los movimientos agrarios posteriores que reclamaron el “contrato
libre” y la rebaja de los arrendamientos (15). De cualquier manera, es
interesante observar que la ubicación del latifundio en el eje
atraso/modernización que plantea Molins, está prefigurando concepciones
de la sociología funcionalista que Gino Germani desarrolló décadas
después en la Argentina.
Por de pronto, la divisoria de aguas que hace Molins en materia de
provincialización, funciona así : "Para la vieja feudalidad, la autonomía
gubernativa significaba una revisación de valores materiales que pondrían
en evidencia el máximo de ganancia sobre el mínimo de contribuciones
fiscales" y en el extremo opuesto, serían partidarios del advenimiento de la
provincia tanto el colono como el criador "rústico", para dar ejemplos,
"algún vasco analfabeto del oeste o algún italiano progresista del sur".
Esta particular forma de considerar las relaciones sociales, llevó a
Molins a opinar que los intentos provincialistas como el de la convención
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de 1907 tuvieron un pecado original : eran "prematuros", es decir que
estaban bien intencionados pero el ambiente pampeano era "feudal".
Luego, la introducción del capitalismo agrario brindaría sí los
merecimientos necesarios. Por tal motivo afirma que "la razón
provincialista surge después con la incorporación de nuevos pueblos,
colonias, el expandimiento de la industria agropecuaria". Un optimismo
desarrollista.
El "máximo de ganancia" a que alude Molins no sería una estrategia
de la "vieja feudalidad" sino un estilo de crecimiento que, sobre otros,
eligió la gran burguesía argentina. A. Pucciarelli señaló sobre tal estilo que
"la búsqueda de ganancias extraordinarias relativamente seguras, subordinó
totalmente a otras estrategias de acumulación basadas en la innovación
tecnológica, en las inversiones de riesgo, en la multiplicación de las
actividades económicas y en la ampliación de los mercados" (16). Si
relacionamos el juego de estas opciones con la provincialización,
observamos que para una dirigencia político-parlamentaria consustanciada
con ese "estilo" o al menos no dispuesta a alterarlo, la presencia de La
Pampa y de todos los territorios nacionales en el Congreso o en las
elecciones nacionales era irrelevante, aunque en algunos casos la causa
provincialista les haya resultado simpática y curiosos sus defensores.
NOTAS
(1) Amieva, Evar Orlando. El Parque Luro. Fondo Editorial Pampeano, Santa Rosa. 1996. En
las tierras de Ataliva Roca, su yerno Pedro Luro construyó su “castillo” y coto de caza.
(2) Cortez Conde, Roberto y Gallo, Ezequiel. La Formación de la Argentina Moderna. Paidos.
1973.
(3) Diario La Capital de Santa Rosa. 8.8.1903.
(4) Esta categoría de latifundistas "intrusos" la introdujo I. Orizaola Roldán en su Historia del
Provincialismo en La Pampa. 1934
(5) Semanario La Pampa Central de Gral. Acha. 9.11.1890.
(6) Cortez Conde, Roberto - Gallo, Ezequiel. Op.cit.
(7) Rapoport, Mario. Historia Económica, Política y Social de la Argentina. Edic.Macchi. 2000.
(8) Este concepto pertenece a Lucio Castro en Auge y Caída de un Proyecto de Nación. La
política exterior argentina 1860-1930, citado por Mario Rapoport, Op.cit.
(9) Tedesco, Juan Carlos. La Educación Argentina entre 1880 y 1930. Crecimientos y
desequilibrios. Centro Editor de América Latina. 1975.
(10) Diario La Nación de Buenos Aires. 24.11.1907.
(11) La cita está extraída de Los Forjadores del Cereal de Liliana Kusnir de Winkler en Historia
Integral de la Argentina. CEAL. 1980.
(12) Archivo General de la Nación. Fondo Ministerio del Interior. Expte. 6391.
(13) Informe del gobernador Arturo Algañarás al presidente de la Comisión de Territorios
Nacionales de la Cámara de Diputados, Francisco Riú, en 1918. Archivo Histórico Provincial de
La Pampa
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(14) Diario La Autonomía de Santa Rosa. 17.1.1916. En la misma nota se pide a los diputados
que recuerden a Rivadavia, quien obligó a los latifundistas, mediante grandes impuestos, a
subdividir sus propiedades.
(15) Boglich, José - La Cuestión Agraria. Claridad. Bs.As. 1937.
(16) Pucciarelli, Alfredo. Argentina en la paz de dos guerra 1914-1945. Biblos. 1993, edición
compartida con Waldo Ansaldi y José C. Villarruel
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