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Lenguaje de la crisis argentina (historia y léxico)
Una lectura al margen
Luis Dapelo
(Università di Génova)
« ... Es importante abrir el debate para poder
defendernos de los falsos ‘consensos’
que nos engañan desde las metrópolis imperiales.”
Celso Furtado
1. Premisas ante una crisis en tiempos de la globalización
Introducción
La última crisis económica argentina (2001-2002) ha tenido fuertes efectos en la sociedad
y en la cultura argentinas. Dada su naturaleza “cíclica”, este fenómeno es,
lamentablemente, parte integrante de la realidad latinoamericana. Los efectos
devastadores de la crisis en Argentina han provocado una verdadera aceleración de los
acontecimientos, que se traduce en los vertiginosos cambios políticos y en el modo
diferente de representar el contexto. Nuevos actores, nuevos sujetos, nuevos proyectos,
nuevas respuestas han surgido con inusual dinamismo de una sociedad polarizada que se
despertó bruscamente después de los años de la “fiesta menemista” y de la “plata dulce” y
de mixtificaciones o distorsiones provocadas por el relato de la política escrito por el
neoliberalismo vernáculo. Esta crisis nos deja ver también hasta qué punto lo artificial del
gobierno de la economía puede desencadenar daños de vastas proporciones en un país y
en una sociedad. Asimismo reactualiza las relaciones de poder entre las metrópolis del
capital y la periferia porque desenmascara las contradicciones y falacias de la
“globalización” con su carga conceptual pseudopositiva e inclusiva. Nos actualiza otro de
los problemas que caracteriza la vida económica de América Latina: su dependencia del
así llamado “Primer Mundo” y las “lógicas” de dominación que se traducen en relaciones
asimétricas con los organismos financieros del capitalismo internacional y representan los
factores desencadenantes de este problema. Nos obliga a repensar la democracia, el
Estado, las formas de representación política, los partidos, las clases dirigentes.
Asimismo, uno de las problemáticas perennes de las sociedades latinoamericanas, el de
la desigual distribución de la riqueza, el de la inestabilidad política con la consecuente
violación de los derechos humanos hacen muy frágiles las realidades políticas del
subcontinente exponiéndolas, por consiguiente, a los vaivenes especulativos del
capitalismo internacional y a ciertas nefastas aventuras de gobierno. A este propósito es
indicativo el balance hecho por el sociólogo José Nun sobre el subcontinente:
“...resulta innegable que América Latina en su conjunto cerró el siglo XX como la zona más
desigual de la tierra, con bastante más de un tercio de la población por debajo de los niveles de
subsistencia usualmente estimados como mínimos y con casi una cuarta parte de sus habitantes
carentes de educación.”1
1
José Nun, Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 2001, pág. 123.
2
La salida o agotamiento de la postmodernidad ha producido un fenómeno que todos
denominan “globalización”, “mundialización”, “liberalización” que representan al mundo
como “gran aldea global” y otras amenidades conceptuales, etc. La globalización, junto
con el “pensamiento único”, no han tenido un balance positivo ni favorable en estos 20
años en América Latina. Uno de los resultados más evidentes de la globalización y del
“pensamiento único” ha sido el neoliberalismo, que ha coincidido con una grave y severa
crisis del Estado latinoamericano y de las políticas económicas con las que gobernaron
las dictaduras militares y unos pocos gobiernos civiles con rasgos autoritarios antes de la
así llamada “normalización democrática” o retorno de las democracias en América Latina
durante los años 802.
El neoliberalismo, junto con el “pensamiento único”, animados en el “Primer Mundo” por
experiencias de gobierno en Estados Unidos (Reagan 1980-88) e Inglaterra (Thatcher
1979-93), sirvió de paradigma para la aplicación de las políticas económicas en América
Latina aunque con un cierto “gap” cronológico. Un caso atípico en el subcontinente es el
de Chile que aplicó con ortodoxia las políticas económicas neoliberales, inspiradas en
Friedman, durante la dictadura de Pinochet.3 El caso chileno representa uno de los
primeros laboratorios o “bancos de ensayo” en el área. Y resultan muy claras las
reflexiones del historiador Eric J. Hobsbawm sobre esta problemática:
“Tras 1974 los partidarios del libre mercado pasaron a la ofensiva, aunque llegaron a dominar las
políticas gubernamentales hasta 1980, con la excepción de Chile, donde una dictadura militar
basada en el terror permitió a los asesores estadounidenses instaurar una economía ultraliberal,
tras el derrocamiento, en 1973, de un gobierno popular. Con lo que se demostraba, de paso, que
no había una conexión necesaria entre el mercado libre y la democracia política.”4
La crisis del Estado latinoamericano se convierte en terreno fértil para la inserción y
hegemonía del neoliberalismo que, por lo que se refiere a las políticas económicas, es
más bien una realidad “teledirigida” por los centros de poder de los grandes organismos
financieros internacionales (F.M.I, Banco Mundial), que una auténtica elaboración local.
Cuando el neoliberalismo pretende transformarse en la “única política posible” para
gobernar la economía, las democracias latinoamericanas apenas restauradas se ven
también sumergidas en una crisis que aún dura y que vuelve extremadamente precarios
los equilibrios de la sociedad extendiéndose, en modo considerable, a muchos ámbitos
(crisis de representatividad, nula satisfacción de las expectativas reales de los
electorados, deslegitimación de los gobiernos y de los partidos políticos, surgimiento de
movimientos sociales “alternativos” a las organizaciones políticas tradicionales, etc.). La
crisis del Estado latinoamericano se inserta en la fase de agotamiento de las dictaduras
militares. Sin embargo, no es nueva y se puede decir que viaja casi parelalemente a la
crisis de la Economía. Está motivada también por el crecimiento desmesurado de sus
aparatos (burocracia, intervencionismo en la economía y en la sociedad, proteccionismo,
elevada corrupción, ineficiencia, etc), por el agotamiento de prácticas paternalistas o
2
Cabe recordar que los años 60 y 70 el conflicto social y político en las sociedades latinoamericanas fue muy intenso.
Las opciones de cambio o de transformación social fueron duramente neutralizadas por la política de las
administraciones norteamericanas dentro de la lógica de la Guerra Fría y de su acción contra el comunismo. El
Departamento de Estado junto con las burguesías latinoamericanas apoyaron golpes de Estado militares que se
difundieron en todo el subcontinente.
3
Son los llamados “Chicago Boys”, economistas chilenos formados por la Universidad Católica de Chile que fueron
enviados a Chicago a perfeccionarse con Friedman y sus colaboradores de la escuela monetarista. A su regreso a Chile
constituyen el equipo económico fundamental de la dictadura de Pinochet.
4
Eric J. Hobsbawm, Historia del siglo XX, Madrid-Buenos Aires, Crítica, 1995 citado en Pablo Gerchunoff y Lucas
Llach, El ciclo de la desilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas, Buenos Aires, Ariel, 2ª
ed., 2003, p.356.
3
populistas. El Estado que entra a gobernar el proceso democrático se caracteriza por una
situación de casi parálisis e ineficiencia.
La deuda externa, acumulada sin control, con la lógica perversa de los préstamos para
pagar los intereses, representa la hipoteca más pesada que los países latinoamericanos
tienen y les deja poco o nulo margen de maniobra en la negociación de condiciones más
favorables para el desarrollo y administración de la economía. Políticamente, la deuda es
un arma muy eficaz de dominación y recorte de soberanía, por lo cual, logra condicionar
de manera notable las realidades latinoamericanas. En torno a la deuda se constituyen
aparatos de presión que retrasan o neutralizan cualquier tentativa de desarrollo de las
economías. Ergo, resulta imposible, gracias a las actuales características del “nuevo
orden mundial de la globalización”, quebrar esta circularidad perversa y las sociedades
latinoamericanas están desestabilizadas y desarticuladas por los efectos de este
fenómeno.5 La deuda es la antítesis del desarrollo y, a este respecto, los resultados
abundan y son harto conocidos. Durante los años 80 surgieron voces opositoras de parte
de dirigentes políticos latinoamericanos que manifestaron, con posturas radicales y
diferentes, la imposibilidad del pago de la deuda (Fidel Castro) o de la reducción del
porcentaje del PBI para el reembolso de los intereses sobre la deuda (Alan García). Sin
embargo, este problema quedó solamente en las buenas intenciones ya que los grandes
organismos del capital decidieron sabotear estas iniciativas o cualquier reconsideración
del problema que estableciera bases más equilibradas. Así las cosas, cobró un
desmedido protagonismo y reforzó su hegemonía el FMI y el Banco Mundial junto con sus
otros acreedores y socios que se convirtieron, lamentablemente, en árbitros y
gobernantes de los países latinoamericanos, condicionando los partidos y su radio de
acción, manifestando su aprobación o desaprobación de los programas políticos y
económicos de las democracias, interviniendo sin pudor ni recato en la política, dictando
recetas de recorte de presupuesto en las que severamente se dejaba sin efecto cualquier
política social (educación, salud, pensiones), eligiendo ministros de Economía y
Presidentes dóciles, acríticos y funcionales a sus intereses. Es por ello y mucho más que
no resulta errado ni exagerado hablar de “gobierno del FMI” 6.
La recepción de la ideología neoliberal se transformó en una realidad concreta porque
encontró el terreno fértil en un espacio de crisis permanente y empezó una radical obra de
desmantelamiento y deslegitimación del Estado y de sus instancias, ya que, este proyecto
tenía que conllevar a cumplir con uno de los dogmas claves del neoliberalismo: la
reducción del Estado. “Menos Estado y más Mercado” era y es el lema. Con menos
Estado se debían cumplir a rajatabla los diseños de ahorro del gasto social y de pérdida
de capacidad de regulación y vigilancia que tendrían que ser sus funciones. Esto se
traducía en un modelo de Estado con meras y mínimas funciones legislativas, siempre y
cuando no tocaran los “supremos” intereses del capital. Así las cosas, el Estado perdería
también su función de tutela de los intereses de sus ciudadanos en favor de una
omnipresente y omnisciente acción del Mercado. Este “fetichismo del Mercado” pretendía
hacerse de toda o casi toda la actividad económica y regular también la política social. El
sociólogo y politólogo Atilio A. Borón, razonando sobre el capitalismo y las democracias
latinoamericanas, nos expone sus lúcidas críticas al neoliberalismo imperante y dice que:
“En la coyuntura actual y bajo la fenomenal hegemonía político-ideológica del neoliberalismo, el
mercado se convierte en ‘la verdad de la economía’ y en su único criterio de realidad; la
5
A este propósito, es útil recordar la desestructuración y desarticulación de las sociedades con regímenes como el de
Fujimori en Perú, el del PRI en México y el de Menem en Argentina, etc.
6
El caso de Fujimori es paradigmático y representaba un hombre confiable y buen pagador de la deuda. Por
consiguiente, Perú volvió a ser “elegible” , después del descalabro económico de Alan García, ante los organismos del
capital internacional.
4
democracia liberal, con las limitaciones que le conocemos no sólo en la experiencia
latinoamericana sino también en los países avanzados, se transforma en la modesta verdad de la
política, y su imperativo deja de ser la justicia y pasa a ser la gobernabilidad...”7
Y otro de los dogmas que habían de aplicarse era la así llamada “flexibilización del
mercado de trabajo” que no es otra cosa que la institucionalización de la precariedad y el
final de las garantías y los derechos en el mundo del trabajo. La flexibilización del
mercado de trabajo comenzó a realizarse como prioridad absoluta desarticulando la
acción de los sindicatos, puesto que, con este sistema, carecían de sentido la negociación
y las reivindicaciones salariales y laborales. El “fetiche Mercado” dictaba normas, salarios
y decidía qué y cuántos puestos de trabajo había que administrar.
La reducción del Estado se traducía en la presunta “desburocratización” de sus aparatos y
en el despido de miles de empleados sin tutela y también en el cierre o privatización de
las grandes empresas públicas. De esta manera, el Mercado expulsaba del trabajo a
miles de personas, aumentando vertiginosamente la desocupación y creando también la
siniestra ilusión que, en un contexto de flexibilidad, se podía reabsorber a la masa de
desempleados. Y el Estado, como organización política y jurídica, reducía también su
margen de maniobra y su acción frente a la sociedad. Asimismo, en este contexto, la idea
de democracia se transforma en falacia o mixtificación para los ciudadanos y éstos, según
el economista Naúm Minsburg, la perciben de la siguiente manera:
“La democracia, para estos sectores, es absolutamente incompleta o directamente carecen de
ella, en cuanto a derechos y garantías. Se los podría definir como grupos de subciudadanos.
Víctimas de las arbitrariedades del poder y de las diferentes mafias existentes incrustadas en el
poder o colaterales al servicio del mismo.”8
Las privatizaciones de los años 90 representaron un buen negocio para las
transnacionales extranjeras que irrumpieron con fuerza en América Latina, gracias a la
connivencia y entendimiento de sus dirigentes políticos que cumplían con ortodoxia y sin
reparos las recetas del FMI y socios. Los sectores privatizados fueron las grandes
empresas de “interés nacional” como las aguas de las capitales latinoamericanas, la
electricidad, las líneas aéreas, el petróleo y gas natural, la telefonía fija, las
telecomunicaciones con el extranjero, etc. La campaña de privatizaciones fue orquestada
con mucho o quizás exagerado énfasis por los políticos locales que no escatimaron
esfuerzos de poder y retóricos para convencer a sus respectivos parlamentos y
electorados de las milagrosas bondades de “lo privado” y de la naturaleza desastrosa de
“lo público”. La representación de estos cambios fue extremada y hasta risiblemente
maniquea. Este mensaje, adornado de retórica postmoderna y globalizadora, se reveló
muy eficaz para llevar a cabo la desarticulación del gobierno del Estado en la Economía.
Es cierto que las empresas públicas habían sido enormemente sobredimensionadas por
la burocracia que respondía única y exclusivamente a criterios clientelistas y demagógicos
favorables a la preservación del consenso, pero también es cierto y hasta paradójico que
algunas de estas empresas que operaban en sectores como los del agua, la electricidad y
el petróleo eran rentables. Las privatizaciones fueron realizadas sin un marco jurídico
claro que correspondiese a la salvaguardia de la soberanía y de los intereses nacionales.
Se puede hablar y, sin temor a exagerar, de “privatizaciones salvajes”. El régimen de
acción y/o de operación de las transnacionales gozaba de amplias libertades y, gracias a
esto, podían obtener elevadas ganancias exentas de impuestos, decidiendo ellas mismas
7
Atilio A. Borón, Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica-Clacso, 2000, p.151.
8
Naúm Minsburg, La economía posmenemista ¿atrapada sin salida?, 2ª ed., Prólogo de Eric Calcagno, Buenos Aires,
Eudeba, 2001, p. 81.
5
el aumento de tarifas y beneficiándose de conspicuos subsidios del Estado, lo cual es
muy curioso y raya en lo absurdo porque contradice y niega los postulados ortodoxos del
neoliberalismo. Así las cosas, podemos hablar de un “capitalismo salvaje de las
transnacionales” que ha neutralizado y lo sigue haciendo, cualquier desarrollo del sistema
en América Latina con las consecuentes crisis cíclicas.
Por otra parte, el “pensamiento único” pretende, desde la política, negar la realidad y los
efectos de la globalización. La retórica del “pensamiento único” quería convencer del
triunfo absoluto del capitalismo y del mercado y cualquier intento de cambio, de oposición,
de disenso no tenían lugar, puesto que, su idea o proyecto de democracia se presentaba
como la panacea de los males que afligían a la sociedad en su conjunto. Según Naúm
Minsburg las bases del “pensamiento único” están en:
“...una serie de elementos que conllevan a la filosofía de la ‘eficiencia’ y de la ley del más fuerte,
como una versión libre y brutalmente deformada de la ‘selección natural’, que tan magistralmente
ilustrara Charles Darwin”9 que, traduce, cómo desde una perspectiva de un economicismo vulgar
se pretende elaborar una “...pseudofilosofía de la eficiencia y el culto de la rentabilidad. Para esta
concepción, toda actividad humana o social debe ser medida en función de que sea
obligatoriamente rentable.”10
Las falacias de la “globalización” y del “pensamiento único” son evidentes en sociedades
con economías dependientes y periféricas con desigual o “asimétrico” desarrollo. América
Latina es la muestra del fracaso del neoliberalismo, del “pensamiento único” y de la
“globalización”. Las crisis económicas son, por consiguiente, la prueba de que un modelo
ortodoxo fracasa en sociedades frágiles y dependientes, a pesar del gran despliegue
retórico y mediático de sus animadores y teóricos y también de los tecnócratas de los
grandes organismos internacionales del capital.
2. La crisis argentina: crónica e historia de varios ciclos
En los últimos 30 años, la Argentina ha sufrido muchas crisis económicas debidas
principalmente a una serie de factores provocados, por una parte, por la “asimétrica”
relación con los organismos internacionales del capital y, por otra, a la no acertada
aplicación de políticas económicas, a la crisis del Estado, a la inestabilidad política, a la
corrupción y también a la crisis de representación de los partidos políticos. A este
propósito es útil recordar algunos ciclos de historia política argentina reciente.
a) Primer ciclo (de la dictadura militar de la “Revolución Argentina” al segundo
peronismo 1966-1976)
La dictadura militar de la “Revolución Argentina” (1966-1973)
Si nos remontamos a los años sesenta, nos encontraremos con la interrupción del breve
gobierno democrático del presidente de la U.C.R Arturo U. Illia (1900-1983) iniciado en
1963, por un golpe de estado militar perpetrado en 196611 que, curiosamente se
denominó “Revolución Argentina”12 según la retórica de la dictadura militar13. Este
9
Ibidem, p. 79.
Ibidem, p.80.
11
La Junta Militar estuvo presidida por el general Juan Carlos Onganía (1914-1995), quien años antes encabezaba la
facción legalista o “azul” de las fuerzas armadas.
12
La dictadura militar tuvo tres presidentes: los generales del Ejército Juan Carlos Onganía (1966-1970), Roberto M.
Levingston (1970-71) y Alejandro Lanusse (1971-73).
13
Por otro lado se denominó “Revolución Libertadora” a la dictadura que derrocó a Perón en 1955.
10
6
período, que dura siete años, se caracteriza por la represión sistemática de la oposición
política y de los primeros focos guerrilleros así como también por la neutralización del
disenso mediante la persecución de los intelectuales. Es también un régimen que se
sostiene gracias a la alianza con la Burguesía industrial y agraria. Fue uno de los bancos
de ensayo de la lógica de la Guerra Fría y del diseño anticomunista de las doctrinas de
Seguridad Nacional que iban implementándose en el subcontinente para “contener”
cualquier influencia de la Revolución Cubana y de las opciones de cambio político radical
de las sociedades latinoamericanas.
El programa de gobierno de la dictadura militar tenía un plan general de inspiración
“desarrollista” en versión autoritaria, que abarcaba tres fases muy ambiciosas: 1) la fase
del “tiempo económico” que tendría que transformar a la Argentina en un país rico; 2) la
fase del “tiempo social” que haría beneficiarios a todos los argentinos y 3) la fase del
“tiempo político” que tendría que llegar una vez consolidadas las dos fases anteriores y
que consistía en la creación de un sistema político estable y duradero. 14 En los primeros
años de la dictadura se llevó a cabo una política antiinflacionista que correspondía al así
llamado “Plan de Estabilización y Desarrollo” en el que se trataba de equilibrar la presión
de precios y salarios, de reducir la inflación en beneficio del crecimiento del PBI. También
se elevaron las tarifas y se introdujeron el impuesto a las ventas y a las exportaciones, así
como también nuevos tributos que mejoraron la recaudación. Fueron realizadas obras
públicas y el capital extranjero invirtió en sectores como el automotor, el bancario y el
tabacalero. Se procedió a dar una nueva “Ley de Hidrocarburos”. En 1969 se registró un
incremento del PBI superior a la tasa de inflación. Pero, a pesar de estos indicadores, la
protesta social desembocó en el “Cordobazo”15, que tuvo un fuerte impacto simbólico,
porque significó que la dictadura no duraría mucho tiempo. Mientras tanto, la acción de
grupos guerrilleros armados era ya una realidad, a pesar de que la dictadura militar quiso
desarticular cualquier proyecto de cambio que ya se estaban manifestando en el país.
Una de las consecuencias económicas del “Cordobazo” fue la inmediata fuga de capitales
y el aumento de la inflación. Las consecuencias políticas fueron la acción de la guerrilla
que secuestró y asesinó al ex dictador Pedro E. Aramburu (1903-1970)16 en 1970. Allí
terminaba el gobierno de Onganía. Este sería reemplazado por Roberto M. Levingston
(1920) que tendría vida breve. En este período se quiso llevar a cabo una política
desarrollista sin tener en cuenta la lucha contra la inflación y basada en un cierto
“nacionalismo económico” que se traducía en fomentar el crecimiento del capital nacional,
a través de la adopción de una política crediticia hacia las empresas nacionales, de
gastos más consistente y en un aumento de las inversiones públicas. A pesar de esto, la
inflación seguía creciendo hasta alcanzar la cifra de 20%. El gobierno realizó una reforma
monetaria introduciendo el nuevo peso (con un valor cien veces mayor que el anterior)
que perdió inevitablemente poder frente al dólar. El déficit de las empresas del Estado se
duplicó. Ante esa situación, Levingston fue sustituido por el general Alejandro A. Lanusse
(1918-1996), quien se erigió en una suerte de “ingeniero de la transición”, puesto que, la
dictadura militar estaba agotada, a causa de la difícil situación económica y política y
tendrá que convocar a elecciones democráticas que harán posible el retorno del
peronismo al poder. En efecto, el proyecto militar de mantener proscripto al peronismo se
vio arrasado por las circunstancias. El último dictador de la “Revolución Argentina”
Alejandro Lanusse se vio obligado a preparar la transición hacia un nuevo régimen
democrático a través del denominado “Gran Acuerdo Nacional” en el que se legalizaban
los partidos políticos e iniciaba el diálogo con Perón. La difícil situación económica
acompañará a la transición y en 1973 la inflación alcanzará el 30%. Con ese panorama y
14
Ver Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, op cit., p. 302.
Así llamado porque se inició en la ciudad de Córdoba en la cual se enfrentaron el Ejército y grupos armados.
16
Después de la renuncia de Lonardi, presidió la Junta Militar de la “Revolución Libertadora”.
15
7
la violencia política, el peronismo retornará a la escena política argentina e iniciará su
campaña electoral.
El segundo peronismo en la crisis del Estado (1973-1976)
En las elecciones de marzo de 1973, ganó la fórmula peronista Héctor J. Cámpora (19091980)-Vicente Solano Lima (1901-1984) con el 49,59% de los votos y significará el final de
la proscripción del peronismo y de su líder carismático. Sin embargo, quedaba aún por
definir el regreso y la instalación en el poder de Perón. El gobierno peronista de Cámpora
será débil y breve (50 días) y renunciará en el mes de julio para convocar a nuevas
elecciones que tendrán lugar en septiembre del mismo año. Mientras tanto, oficiará de
Presidente interino el Presidente del Senado Raúl Lastiri (1915-1978). Durante la
campaña electoral, se proclama la fórmula Perón (1895-1974)-Isabelita (1931) que ganará
con un notable 61,85% de los votos. Desde ese momento, se inaugurará la segunda fase
del gobierno de Perón que permanecerá en el poder hasta su muerte acaecida el 1 de
julio de 1974. Desde 1974 hasta el golpe militar denominado “Proceso de Reorganización
Nacional” o simplemente “Proceso”, gobernará la viuda de Perón, María Estela Martínez o
Isabel.
El trienio peronista está caracterizado por una profunda crisis política y económica que
corresponde a la crisis del Estado que ya había empezado a ganar terreno. Uno de los
motivos de esta crisis es la “corporativización” de los aparatos estatales y el peso notable
que los sindicatos tuvieron en las decisiones de política económica, careciendo de un
verdadero proyecto político. La acción sindical estaba formada por reivindicaciones
salariales y ocupación de espacios de poder y de cargos públicos. Y este fenómeno fue
visto como una suerte de aislamiento político del gobierno por la incapacidad de diálogo
con los otros sectores sociales. El nuevo gobierno peronista había asumido una confusa
línea política reformista y conflictiva con el capital extranjero y con la burguesía agraria.
La retórica peronista presentaba un amplio abanico de conceptos o ideas “progresistas”
como el “desarrollo nacional autónomo”, la “penetración del capital extranjero y de las
transnacionales”, la “justicia social”, la “distribución equitativa”, la “comunidad igualitaria,
solidaria y democrática”, etc.17 De este modo, quería tener un vínculo con los sectores
radicales que ya estaban en su interior o fuera de él.
Luego de este “manifiesto programático”, en ese mismo año, se impulsó un acuerdo con
la C.G.E18 (empresarios) y C.G.T19 (sindicatos). La nueva línea del peronismo no podía
prescindir del pacto para poder gobernar. Es así que se forma el “Acuerdo Social” que
prevé adoptar medidas salariales justas, eliminar la marginalidad social a través de
políticas en educación, vivienda y asistencia social; absorber el desempleo, mejorar la
distribución regional del ingreso y eliminar la inflación y la fuga de capitales. Este pacto
preparaba las condiciones para que Perón empezase a gobernar.
Durante la campaña electoral, Perón hizo uso de su mejor retórica populista declarando
que el “sistema demo-liberal capitalista” había muerto. El programa económico de su
gobierno estaba articulado en cuatro puntos entre los cuales hay que destacar: 1) el
financiamiento de otros sectores económicos a través de la canalización de los ingresos
de la política agraria para modernizar el aparato económico e incrementar la producción;
2) favorecer el desarrollo industrial estimulando a las empresas nacionales; 3) mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores y 4) limitar las actividades de las transnacionales.
17
Ver mensaje de Héctor J. Cámpora a la Nación del 25/05/1973, citado en Ricardo Sidicaro, Los tres peronismos.
Estado y Poder Económico 1946-55, 1973-76, 1989-99, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.
18
Confederación General Económica: organización empresarial fundada en el primer gobierno peronista que
representaba una buena parte de los industriales y empresarios filoperonistas.
19
Confederación General de Trabajadores: uno de los sindicatos peronistas más fuertes y mayoritarios.
8
Para alcanzar dichos objetivos, el Estado tenía que aumentar su esfera de intervención en
la economía y en la sociedad. El proyecto peronista quería una versión de capitalismo
nacional con una fuerte presencia del Estado y con características corporativas,
“aggiornando” según los tiempos, el modelo de Estado del peronismo de los orígenes. No
obstante, se encontró con el aparato estatal debilitado y en crisis que no respondía con
eficiencia a la nueva gestión política. Comparando las visiones del Perón de los años 50
con el Perón de veinte años después, con respecto a las políticas económicas, nos son
útiles los comentarios de Gerchunoff y Llach, los cuales dicen que:
“Entre el Perón de comienzos de la década del 50 y el Perón de principios de los años 70, fueron
obsesiones permanentes de la política económica la de profundizar la industrialización de manera
de hacerla menos dependiente de insumos y bienes de capital importados, y la de dotar al sector
rural (y, sobre el final del período, a algunas ramas de la industria manufacturera) de cierta
capacidad para aumentar las exportaciones.”20
A fines de marzo de 1974, se decidió suscribir otro pacto entre el Estado, la C.G.E y la
C.G.T tendiente a reforzar el Acuerdo y se le denominó “Acta del Compromiso Nacional”.
Los efectos del Acuerdo y del Acta fueron, en un primer momento, positivos ya que
mejoraron los sueldos, se adoptaron criterios sociales para regular las tarifas de los
servicios públicos y se trató de evitar el deterioro de los ingresos de la clase trabajadora.
Pero acentuó los conflictos. Ante este panorama, algunas organizaciones radicales de
izquierda acusaron al gobierno de “fascista” debido al espacio y al poder concedidos a las
corporaciones.
El conflicto Estado-Burguesía industrial y Estado-Burguesía agraria asumió connotaciones
muy fuertes por la diversidad de intereses en juego y lo contradictorio de las políticas
estatales. Esto desembocó en otro acuerdo entre la C.G.E y la U.I.A 21 que sentó las bases
para la creación, en agosto de 1974, de la C.I.N.A22 en la que confluían las grandes
empresas nacionales y transnacionales afectadas por las políticas del gobierno peronista.
Hay que recordar que las organizaciones empresariales se caracterizaban por las
profundas divisiones internas y por la lucha de intereses opuestos. El conflicto Estadoburguesía agraria fue otro capítulo importante en la crisis del Estado y del gobierno
peronista y se constituyó en una de las principales fuerzas de oposición. En este ámbito,
la intervención del Estado se caracterizó por ser compacta y tendiente a controlar
económicamente el sector. En efecto, el Estado asumió el control de los beneficios de la
comercialización de la producción agrícola. Asimismo, la estrategia del Estado tenía por
objetivo discriminar al sector rural de la distribución del crédito. La coyuntura del período
fue negativa porque no aumentaron las exportaciones de granos y hubo una reducción de
la demanda internacional de carne. La política agraria del peronismo diseñaba un
programa de planificación del sector denominado “Plan Trienal” que incluía entre sus
medidas: 1) el impuesto a la renta de la tierra; 2) la suspensión de los juicios de desalojo
de los arrendatarios; 3) la apertura de créditos para que los desalojados compraran
tierras; 4) el fomento al desarrollo de cooperativas rurales; 5) la intervención del Estado en
la comercialización de granos y carnes y 6) la fijación de precios máximos de los
productos del agro. Estas medidas así como el anteproyecto de la “ley agraria” suscitaron
fuertes polémicas. El proyecto de “ley agraria” postulaba la “función social” del uso de la
tierra y preveía algunas limitaciones al derecho de propiedad, la posibilidad de
expropiación estatal de las propiedades sin explotar y el derecho del estado de adquirir
tierras pagándolas con bonos a plazos de 20 y 30 años. Esta fue una de la razones
20
Pablo Gerchunoff, Lucas Llach, op cit., p.476.
Unión Industrial Argentina: organización empresarial antiperonista.
22
Confederación de la Industria Nacional Argentina.
21
9
esgrimidas por la S.R.A23, argumentando de que el Estado quería imponer una reforma
agraria que fuera contra sus intereses. En este contexto, la conflictividad del segundo
gobierno peronista con la Burguesía industrial y agraria había crecido a niveles
insostenibles. Tan es así que la S.R.A consideraba excesivo el poder que el gobierno
había concedido a los sindicatos y que la crisis económica podía resolverse a través de la
aplicación de medidas salariales restrictivas. El gobierno respondió con la “Ley de
Contrato de Trabajo” (sept. 1974) con la cual se pretendía mejorar las condiciones
laborales de los asalariados. Esta ley tuvo muchos efectos en la maltrecha economía
argentina y consecuencias indirectas en el conflicto social. En este contexto se da el así
llamado “Rodrigazo”24 de 1975, que era un paquete de medidas de choque para encarar
la crisis y que preveía la devaluación del peso (150%) y el aumento de tarifas (200%). La
Economía estaba en recesión, con un fuerte aumento de la inflación, un fuerte déficit fiscal
(12,4%) del PBI y una casi desastrosa situación de pagos de la deuda externa. Es así
como se llega a un acuerdo con el F.M.I, el primero suscrito por un gobierno peronista.
Sólo en el mes de marzo de 1976 se registró un aumento de precios del 50%. Las
condiciones se habían vuelto propicias para la interrupción de la experiencia democrática.
El gobierno peronista termina con el golpe militar del 24 de marzo de 1976.
b) Segundo ciclo (de la dictadura militar o “Proceso de Reorganización Nacional”
1976-1983)
El “Proceso de Reorganización Nacional” o los inicios del modelo neoliberal
El golpe de estado del 24 de marzo de 197625 puso fin al segundo gobierno peronista. De
este modo, se iniciaba una de las más feroces dictaduras militares del continente. Los
militares golpistas fueron apoyados por la Burguesía industrial y agraria así como también
por un sector influyente de la Iglesia. Este nuevo período se denominó “Proceso de
Reorganización Nacional” o simplemente “Proceso” e ideológicamente representó la
respuesta que las fuerzas reaccionarias dieron, amparadas por la doctrina de Seguridad
Nacional y por la lógica de la Guerra Fría en la lucha anticomunista.
Con esta feroz aventura militar, el panorama político latinoamericano se cerraba, puesto
que, la mayor parte de los países sudamericanos, con excepción de Ecuador, Colombia y
Venezuela, estaban gobernados por dictaduras militares funcionales a Washington y al
así llamado Occidente. Las primeras medidas de choque de la dictadura fueron la
supresión del Estado de derecho y de la democracia parlamentaria, de la libertad de
prensa, la intervención del Poder Judicial y la represión sistemática y feroz de la oposición
a través de la detención, secuestro, muerte y desaparición de miles de ciudadanos. El
proyecto militar tenía por objetivo primario aniquilar a las organizaciones guerrilleras como
el E.R.P26, los Montoneros y las F.A.R.27 lo cual fue posible en un año. Sin embargo, otros
fines formaban parte de la estrategia político-militar de la dictadura como la
despolitización y desarticulación de la sociedad a través de la intervención u ocupación de
las instituciones estatales lo cual agudizó considerablemente la crisis del Estado.
A este propósito, es iluminante la definición del nuevo modelo que dan Benjamín
Hopenhayn y Alejandro Barrios en un sólido ensayo:
23
Sociedad Rural Argentina: Organización de los terratenientes argentinos.
Rodrigazo porque fue ideado por el Ministro de Economía Celestino Rodrigo (1915)
25
La junta militar estaba formada por las tres armas (ejército, aeronáutica y marina) y presidida por el general Jorge
Rafael Videla (1925) y se quedará en el poder hasta 1981. A partir de entonces y hasta el final de la dictadura en 1983,
se sucedieron los generales Roberto E. Viola, Leopoldo F. Galtieri y Reinaldo Bignone.
26
Ejército Revolucionario del Pueblo.
27
Fuerzas Armadas Revolucionarias.
24
10
“Para implantar el nuevo modelo [en su esencia, no tan nuevo en la historia de la Argentina y de
América Latina], los viejos y nuevos intereses y sus ideólogos económicos no sólo tuvieron que
eliminar los ideales de los años 60, sino también hacer desaparecer físicamente a una de las
mejores partes de las nuevas generaciones, expulsar del país a cientos de miles de argentinos
valiosos por sus conocimientos y sus convicciones, e imponer el silencio y la autocensura por
larguísimos años.”28
Según Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, definiendo el programa de la dictadura, lo
explican de este modo:
“Sin distinguirse en esto de los golpistas de diez años atrás, los integrantes de la Junta militar del
76 hablaban de la necesidad de erradicar ciertos ‘males básicos’ que, según entendían, eran
incompatibles con un funcionamiento ordenado de la economía y de la sociedad”.29
El “Proceso” pretendía instaurar una “revolución conservadora desde arriba” o una
“modernización autoritario-conservadora”.
Para la historiografía económica, los primeros “ensayos” de políticas económicas
neoliberales se remontan al período de la dictadura militar (1976-1983). Sin embargo, la
marcha o aplicación de dichas políticas se manifestó en modo contradictorio, puesto que,
el papel del Estado, que había entrado en una fase de crisis irreversible, aún conservaba
la estructura que legitimaba el poder militar. El capitalismo nacional, a través de sus
holdings, fue uno de los primeros beneficiados por las medidas de política económica de
la dictadura. Sin embargo, el modelo económico del régimen preveía la apertura de la
Economía al capital financiero transnacional que se traducía en su incorporación en los
circuitos económicos. Por otro lado, la situación internacional se caracterizaba por una
notable liquidez y de subvaluación de las divisas. Esto produjo la activación de una
cantidad notable de préstamos externos generando así un endeudamiento innecesario. La
dictadura militar se benefició de esta coyuntura para ampliar los recursos presupuestarios
e iniciar una carrera armamentista30 manteniendo niveles muy elevados de corrupción. El
flujo de préstamos externos y de capitales transnacionales llegó también a los grandes
grupos económicos nacionales que aumentaron su poder en el período. Argentina se
estaba transformando vertiginosamente en un país fuertemente endeudado, puesto que,
la deuda externa aumentó 7 veces en tiempos de la dictadura. Es en esta coyuntura en la
que aparecen con fuerza como interlocutores en la política nacional el F.M.I y el Banco
Mundial que inauguran un lento proceso de recorte de la soberanía que se hizo posible
gracias a la debilidad del Estado y a la nula voluntad política para evitar dicha situación.
Sin embargo, las dimensiones de la organización estatal no se redujeron y se aumentó su
burocracia, puesto que, la dictadura no podía aplicar con ortodoxia los dogmas
neoliberales de reducción y/o neutralización del aparato estatal porque, de lo contrario,
habría perdido sostén y legitimidad.
La dirección de la política económica de la primera fase de la dictadura (1976-81) estuvo
a cargo del economista de inspiración liberal, salido de las filas de la democracia cristiana,
José Alfredo Martínez de Hoz (1925)31, el cual, una vez asumidas sus funciones,
28
Benjamín Hopenhayn, Alejandro Barrios, Las malas herencias. ¿Qué dejan los gobiernos que se van?, Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 19.
29
Pablo Gerchunoff, Lucas Llach, op. cit., p. 350.
30
Es preciso recordar que las posibilidades de conflicto armado con Chile por una añeja cuestión territorial (Canal de
Beagle) fueron altas.
31
Antes de ser nombrado Ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz ocupó cargos relevantes como la
presidencia de la Sociedad Rural Argentina (1945-50), Ministro de Economía de la Provincia de Salta y Presidente de la
Junta Nacional de Granos (1957-58), Ministro de Economía de la República (1962-63).
11
manifestaba la voluntad de reorientar la política económica mediante medidas urgentes a
corto plazo que incluían como tema principal el control y el manejo de la inflación, ponían
como ejes el desarrollo y expansión de la iniciativa privada, el reordenamiento de las
funciones del Estado y la revalorización del comercio exterior. Para Martínez de Hoz, la
inflación se debía a problemas estructurales de la Economía y, a través de las medidas
antes citadas, se podía lograr estabilizar los precios. Y, de este modo, se pretendía pasar
de “una economía de la especulación a una economía de la producción”. Puesto que, uno
de los temas principales era la inflación, el gobierno dio inicio a una estrategia
antiinflacionaria gradual, evitando cualquier evocación del “Rodrigazo” que estaba muy
vivo en el imaginario por su cercanía temporal.
Las medidas tomadas fueron la configuración de precios relativos a salarios, niveles de
cambio finalizados a reducir el déficit externo. Para lograr dicho objetivo se evitó recurrir a
la devaluación y se liberalizaron los precios. El tipo de cambio se fue adecuando a la
inflación y los salarios fueron congelados, cayendo bruscamente. Con estas medidas se
pretendían ordenar las cuentas externas y para sostenerlas el F.M.I concedió créditos.
Los resultados más visibles fueron una cierta reducción del déficit fiscal e inclusive hubo
un superávit comercial en 1976, gracias a la contracción del gasto por la caída de los
salarios y a la disminución del consumo de bienes exportables y de las importaciones.
Otra de las medidas urgentes fue la reforma financiera que significaba una desregulación
del sistema bancario32 y una transformación del mercado de capitales argentino. Se
asistió a la gran especulación y a los grandes riesgos que ello comportaba. Es el período
llamado de la “plata dulce”. Esta reforma liberaba las tasas de interés “desnacionalizando”
los depósitos y aumentando la capacidad crediticia de los bancos. De este modo, la
capacidad de ahorro se estimularía gracias a la aparición de tasas de interés reales. La
reforma del sistema financiero produjo un aumento consistente del número de bancos (de
119 a 219 en los años 1977-80) dando la impresión de que se había creado una mayor
competencia en el sector. Sin embargo, la expansión financiera produjo un gran caos por
el carácter improvisado de su conducción. En 1980, la fuerte presión de alza de las tasas
de interés hizo el resto y empezó a verse una nueva crisis por la liquidación del B.I.R
(Banco de Intercambio Regional), el mayor banco del país, junto con otros bancos
importantes como Oddone, de los Andes e International. El Banco Central tuvo que
hacerse cargo de la gestión de casi 60 bancos. La crisis del sistema financiero provocó
una consistente fuga de capitales y el aumento de la deuda externa. La crisis bancaria
provocó la pérdida de cantidades notables de reservas, creando una fuerte desconfianza
de parte de los empresarios y perspectivas para nada tranquilizadoras.
Otro punto, importante y problemático de la economía del período lo representa la
apertura al comercio internacional que se traduce en el aumento de las exportaciones,
sobre todo de cereales, que el gobierno estimuló liberándolas de cualquier restricción
fiscal, y dadas por una coyuntura favorable como el embargo de Estados Unidos contra la
Unión Soviética.33 Argentina no participó de esas sanciones y exportó la mitad de la
producción al mercado soviético, continuando con una política de relaciones comerciales
creada por el gobierno peronista. A nivel de importaciones, la acción de las medidas fue la
progresiva reducción de aranceles. Se establecieron algunas pautas para tratar de
contener el avance de las importaciones que resultó muchas veces dañino para la
industria nacional y que se pueden sintetizar en un régimen especial para la industria
automotriz, una ley de promoción industrial para la protección de las actividades nuevas y
la supervivencia de casi todas las cuotas de importación. En esta coyuntura surge una
nueva clase de empresarios, los así llamados “capitanes de industria” que tanta influencia
tuvieron en la economía argentina hasta finales del siglo XX.
32
33
El sistema bancario argentino estuvo muy controlado por el gobierno peronista a través del Banco Central.
Como consecuencia de la invasión soviética de Afghanistán.
12
El balance de la primera fase de la economía de la dictadura no podía ser más
desalentador: el proyecto Videla-Martínez de Hoz se había agotado y fracasado gracias a
su improvisación y su incoherencia y el resultado más evidente era una economía
recesiva, inflacionaria y fuertemente endeudada. Este fue uno de los motivos para que la
gestión Videla terminara y se dejara la sucesión del gobierno a otro militar: el general
Roberto E. Viola (1924-1994) que gobernará sólo 9 meses (marzo-diciembre 1981). Viola
inaugurará la segunda y última fase de la dictadura militar que se concluirá a finales de
1983.
El segundo gobierno militar tuvo que hacerse cargo de la crítica situación económica
heredada de la precedente gestión y que se caracterizaba por los siguientes problemas
urgentes: atraso cambiario, déficit comercial y fiscal, fuga de capitales, deuda externa
pública y privada, recesión de la producción, inflación además del alto costo social que la
crisis había provocado. Las primeras medidas abandonaron el plan de estabilización
sobre el que quería apoyarse la gestión de Martínez de Hoz y empezaron a llevarse a
cabo las devaluciones del peso. Esto llevó a maniobras especulativas con respecto al
dólar utilizado para operaciones financieras, mientras que por lo que se refiere al dólar
comercial se mantuvo controlado. Se trató de reducir el déficit externo con medidas
arancelarias que contradecían al anterior programa reduccionista. Es en este período que
se produce la primera estatización de la deuda externa privada que aumenta
vertiginosamente la deuda externa del Estado. Más adelante veremos que hubieron otras
estatizaciones de la deuda con consecuencias desastrosas a nivel financiero y de
liquidez. Por otro lado, la coyuntura económica internacional no era para nada favorable y
los países del así llamado “Primer Mundo” estaban tratando de combatir la inflación con
medidas como la restricción de la emisión monetaria. Esto produjo como consecuencia el
aumento de las tasas de interés internacionales y encareció los pagos de la deuda
externa, lo cual significó, para Argentina, un aumento del 31% con respecto al año
anterior. La recesión estaba golpeando fuertemente la Economía y la dictadura militar
llevó a cabo un sistema de control de las tasas de interés con el objetivo de atenuar la
contracción productiva. Con estas últimas medidas, se anulaban de un plumazo los
experimentos de Martínez de Hoz. Los efectos de la crisis en la población fueron
extremadamente fuertes y provocaron las primeras grandes manifestaciones populares
contra la dictadura, organizadas por la central sindical peronista C.G.T, liderada por Saúl
Ubaldini. Esta representó la primera gran señal de reorganización sindical y de la
oposición y significó la erosión del frágil y artificial consenso que presumía tener la
dictadura. Dada la emergencia y lo ineficaz de la política económica del gobierno, el
general Roberto E. Viola (1924-1994) fue depuesto por una conjura de palacio. Fue
sustituido por el general Leopoldo F. Galtieri (1926-2003), el cual, confió la cartera de
Economía al economista liberal ortodoxo Roberto Alemann (1922)34 que inició una política
económica caracterizada por la contrarreforma que se sintetiza en tres objetivos
ambiciosos: reducción total de la “inflación”, “desregulación” y “desestatización” de la
economía. Como se puede observar, retornan con fuerza los postulados neoliberales que
querían ser aplicados con ortodoxia, mas no fue así. Las primeras medidas de
emergencia tomadas fueron liberalizar el tipo de cambio, congelar las tarifas y los salarios
del sector estatal y quitar el control de las tasas de interés. La inflación alcanzaba el 7%
mensual. Asimismo, se estimuló la fiscalidad a través de nuevos impuestos a la
exportación, modificando los aranceles finalizado a reducir las necesidades de
34
Roberto Alemann estudió economía en Argentina y Suiza. Fue uno de los hombres más influyentes de la política
económica de los últimos 40 años. Ocupó cargos importantes y fue Ministro de Economía con Frondizi (1961-62) y
Embajador de Argentina en Estados Unidos (1962-63). Es autor de Sistemas económicos (1953) y Curso de política
económica argentina (1989).
13
financiamiento y contener la emisión monetaria. El déficit fue financiado con créditos y se
creyó que, de este modo, se podría vencer a la inflación. La deuda sirvió en parte para
financiar la carrera armamentista de los militares y en parte para realizar inversiones en
obras públicas. La política económica de este período generó un amplio rechazo de la
población y la situación laboral se volvió insostenible. Todo este clima de crisis económica
y de desestabilización del Estado se insertaba en una de las peores coyunturas
latinoamericanas: la crisis de la deuda externa del subcontinente que estalló luego de que
México declaró la moratoria de su deuda. El término “deuda” invadió la prensa y se
convirtió en un argumento presente en las conversaciones y en el imaginario de la
población. La deuda argentina había crecido con ritmos desmesurados y se había
extendido a todos los sectores productivos. La situación revelaba que el país se había
endeudado por encima de sus capacidades de pago. Otro hecho grave que se dio en este
período fue la desastrosa aventura de la Guerra de las Malvinas, que fue planeada por la
dictadura, recurriendo a la típica y fallida táctica de distraer la atención de la población de
los problemas urgentes, para lograr así cohesión nacional y consenso hacia un régimen
impresentable y agotado. La miopía político-diplomática de Galtieri fue la de creer que
Estados Unidos se habría desmarcado de su aliado Inglaterra para ayudar a Argentina en
el conflicto en nombre de los ideales de defensa y amistad interamericanos sintetizados
en un tratado falaz e inoperante como el T.I.A.R.35 La situación interna logró movilizar a la
población y cohesionarla así como también a los países latinoamericanos con excepción
de Chile que se alineó con Estados Unidos e Inglaterra. Con la desastrosa conducción del
conflicto y el trauma que provocó en la sociedad argentina, la dictadura militar firmaría su
sentencia de muerte. Leopoldo F. Galtieri fue depuesto y sustituido por el general
Reynaldo Bignone (1926) que gobernó el útimo año de la dictadura y cerró el ciclo del
“Proceso”. El nuevo Ministro de Economía Jorge Whebe (1920)36 tuvo que administrar
durante un breve período la crisis de una dictadura en vías de disolución y las principales
medidas que tomó fueron continuar con la socialización de las deudas con el exterior que
alcanzaban los 45 mil millones de dólares en 198337, llevar el salario real al máximo en un
contexto de altísima inflación, cerrando este nefasto ciclo con una tasa de 830% en el
mes de noviembre, poco antes de entregar el poder a los civiles de la renacida
democracia.
El balance económico, político, social y cultural que dejaba la dictadura era
extremadamente negativo. En los siete años que duró, la mala gestión de la Economía
volvió más frágil al país. Aumentó su dependencia de los organismos internacionales del
capital, asfixió la producción, el consumo e hizo perder credibilidad al país. Para ser más
claros, las cifras hablan por sí solas: el PBI de 1983 era igual al de 1975, el consumo
promedio de los argentinos cayó de un 10%, la inversión disminuyó del 37%, el sector
industrial bajó el 15% de su producto global, el desempleo y el subempleo alcanzaron el
11% de la población activa. Con estas premisas empezaba el nuevo gobierno
democrático de la U.C.R.
35
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca suscrito por todos los países latinoamericanos más Estados Unidos y
Canadá en el cual se establecen normas de defensa en el caso de que uno de los países firmantes fuese atacado por otro
país que no pertenece al continente. Nunca se cumplió.
36
Abogado y economista, fue Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y del Banco Hipotecario. Ocupó la
cartera de Economía en dos oportunidades (1960-62 y 1972-73).
37
En 1981 el volumen de la deuda del Estado correspondía al 50%, mientras que en este último período aumentó al
70%.
14
c) Tercer ciclo (el retorno a la democracia 1983-89)
El gobierno U. C. R de Raúl R. Alfonsín (1983-89) o la pesada herencia económica
El proceso de democratización en el subcontinente empezó en los años 80 con la
normalización democrática de Perú (1980), Bolivia (1982), Brasil (1984), Uruguay (1984).
Chile junto con Paraguay fueron los casos tardíos. El primero se normalizó luego de la
derrota de Pinochet en el referéndum mientras que el segundo tuvo que esperar en un
golpe de Estado que derrocó a uno de los dictadores más longevos de Sudamérica:
Alfredo Stroessner. En Argentina, las elecciones del 10 de diciembre de 1983 fueron
ganadas por Raúl R. Alfonsín (1927)38, el candidato de la U.C.R que venció al peronista
Italo Luder con el 51,74% de los votos. La nueva democracia argentina tuvo que hacerse
cargo de la pesada herencia de la dictadura que se extendía a todos los niveles de la
sociedad. El gobierno de Alfonsín tuvo que restituir la democracia a las instituciones y al
Estado, tratando de establecer un consenso necesario para poder legitimarse y llevar a
cabo su programa. Al principio el consenso funcionó casi mayoritariamente, a pesar de la
crítica situación social y económica. Por otro lado, las Fuerzas Armadas estaban tan
desprestigiadas por la represión y asesinato de miles de ciudadanos, por la pésima
gestión económica y, en última instancia por la desastrosa aventura de las Malvinas. Era
necesario neutralizar y reducir el poder militar para poder democratizar a fondo el país.
Este nuevo capítulo de historia argentina se inserta en una coyuntura nacional
extremadamente compleja, puesto que, la crisis del Estado como institución, que venía de
antiguo, como hemos visto, y la crisis económica constituían una fuerte hipoteca par el
futuro democrático del país y condicionarán la acción de su gobierno. Otro tema muy
importante era juzgar a los responsables de los crímenes de la dictadura para tratar de
pacificar a la sociedad que reclamaba con fuerza justicia. Para ello, en 1983, se creó la
CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas)39, presidida por el
escritor Ernesto Sabato (1911). Luego de un primer juicio fallido y polémico por el Tribunal
Militar que justificó los crímenes porque, según la sentencia, habían actuado en una
“guerra contra la subversión”. Por esta razón, se procedió a juzgar a los integrantes de las
juntas militares como Videla, Agosti, Massera, Galtieri y etc. Los represores de menor
rango fueron beneficiados con las Leyes de “Punto Final”40 y de “Obediencia Debida”41,
que representaron una fuerte fractura entre el Estado y la sociedad argentina. Estas leyes
formaban parte de la estrategia de Alfonsín para “contener” el malestar de los militares,
pero inevitablemente se convertían en una hipoteca política para su gobierno y para su
partido. Sin embargo, después de la aprobación de la Ley de “Obediencia Debida” hubo
una tentativa, afortunadamente fracasada, de rebelión militar, ocurrida durante las fiestas
de Semana Santa de 1987. El año 1987 es crucial para el gobierno de Alfonsín, puesto
que, se intenta hacer una democratización de la acción de los sindicatos, pero el plan
falla, ya que, éstos se valen del apoyo de la oposición peronista. Por otro lado, el gobierno
intenta llevar adelante un proyecto de reforma de la Constitución que permita legitimar la
reelección de Alfonsín y otro que tenía por objeto transferir la Capital a Viedma.
38
Raúl R. Alfonsín, abogado y político radical. Fundó la corriente Renovación y cambio. En tiempos de la dictadura fue
cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
39
Fue formada con la finalidad de investigar los crímenes de la dictadura militar (1976-83). Sus funciones eran la
documentación de los testimonios de las víctimas. En 1984 publicó un informe que se conoce también con el título de
Nunca más, que constaba de 50.000 páginas de archivos numerados en el que se describían las torturas y ejecuciones.
40
La Ley de “Punto Final” establecía un límite temporal a las denuncias a militares por crímenes, torturas y abusos.
41
La Ley de “Obediencia Debida” trataba de distinguir a los autores intelectuales y materiales de los crímenes y
violaciones a los derechos humanos.
15
Por lo que se refiere a la Economía de este período, es necesario, antes que nada, tener
en cuenta como referencia la coyuntura latinoamericana de la crisis de la deuda, que la
C.E.P.A.L42 denominó la década perdida. La deuda externa latinoamericana se convierte
en el protagonista principal de todo gobierno y en el factor que condiciona cualquier
desarrollo y bienestar. El caso argentino es paradigmático en el sentido de que es uno de
los países junto con Brasil y México (el famoso A.B.M) más endeudados de la región.
Argentina y Brasil tienen un denominador común: son dos países que salen de
experiencias de dictaduras militares, mientras que México vive bajo la hegemonía política
del P.R.I 43 desde 1929. Por lo que se refiere a la deuda, la Argentina democrática se
“latinoamericaniza”, puesto que, la política de las metrópolis del capital la involucrarán
dentro de sus políticas comunes hacia el subcontinente. La deuda externa se extendía al
sector estatal y privado de cada país. Pero, obviamente, el Estado era el más endeudado
porque se había hecho cargo de las deudas contraídas por el sector privado. Esto hizo
aumentar notablemente el volumen de la deuda externa de los estados en su conjunto.
Así las cosas, esta problemática genera hiperinflación y desestabiliza las economías
porque se recurre a emitir moneda. La inflación lleva consigo todas las características
negativas, puesto que, crea un clima que disuade la inversión y acentúa la desigualdades
de ingresos así como también las sociales con la pérdida del poder adquisitivo de la
población. Aumenta también los problemas de financiamiento del Estado a través del
déficit público, de la disminución de la recaudación tributaria, de la depreciación
monetaria, de la fuga hacia el dólar, etc. La respuesta de los países latinoamericanos fue
la total adecuación hacia los organismos internacionales del capital (F.M.I y Banco
Mundial) mediante la asunción de directivas impuestas por los planes “Baker” y “Brady”.
En un primer momento, el gobierno de Alfonsín parece dedicar menos atención a la
Economía. Vistos los problemas apremiantes, provocados por la emergencia, se decide
invertir esta postura. La crisis de la deuda externa tuvo un impacto muy fuerte en
Argentina. Pero el gobierno radical heredó también los defectos de las anteriores
administraciones en la gestión de la Economía, que se tradujeron en improvisación, poca
claridad y superficialidad. Además, no tuvo margen de maniobra con los organismos
internacionales del capital para negociar en términos un poco más favorables el desarrollo
económico. Para encarar la crisis, la administración elaboró un plan de estabilización que
sugería casi las mismas medidas adoptadas por Illia en los años 60. Nombró a Bernardo
Grinspun (1925-1996)44 como Ministro de Economía, el cual puso en marcha un programa
que preveía el mantenimiento de un alto nivel de empleo mediante el crédito barato y el
gasto público. La lucha contra la inflación era conducida con gradualidad gracias a una
política de ingresos tendiente a recuperar el poder de los salarios reales. Dicha estrategia
se tradujo en el aumento de los sueldos junto con algunos criterios para dirigir su marcha
y la de los precios, el tipo de cambio y las tarifas de los servicios públicos. Los sueldos
tuvieron que ser indexados y esto no logró evitar el aumento de la inflación. En 1984, los
precios subieron cada trimestre con proporciones alarmantes: 58% enero-marzo; 63%
abril-junio y 85% julio-septiembre. Por lo que se refiere a la deuda, las negociaciones
estuvieron caracterizadas por las presiones del F.M.I y Banco Mundial y la resistencia de
aceptar condiciones desfavorables por parte de la administración argentina. El primer año
de gobierno de Alfonsín se concluyó con cifras desalentadoras que erosionaron el
42
Conferencia Económica para America Latina y el Caribe, organización de las Naciones Unidas creada en 1948 con el
objetivo de promover el estudio de los problemas económicos de la región y los procesos de integración. Uno de sus
primeros directores fue Raúl Prebisch (1901-1986) el cual puso énfasis en una estrategia de desarrollo basada en la
industrialización. Desde 1980 la CEPAL asumió los planteamientos neoliberales.
43
Partido Revolucionario Institucional.
44
Contador y Doctor en Ciencias Económicas. Fue secretario del CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo),
secretario de Comercio y director del Banco Central en el gobierno de Illia.
16
consenso con la población: 35% de aumentos salariales, recesión e inflación al 626%.
Para tratar de evitar una crisis política, el gobierno elaboró una especie de concertación
que no llevó a ninguna parte. Por otro lado, se llegó a un acuerdo con el F.M.I y las
nuevas medidas tomadas fueron la devaluación de la moneda, el aumento de las tarifas
públicas, la disminución de la oferta monetaria y el recorte del gasto público en sueldos,
jubilaciones y en partidas destinadas a los militares que lograron resultados como una
mínima contención del déficit fiscal y del aumento de precios.
Sin embargo, la política económica tenía que ser modificada en profundidad y se optó por
nombrar, en 1985, un nuevo Ministro Juan Vital Sourrouille45 (1940), economista
independiente de formación estructuralista, que dio un giro a 360 grados, puesto que,
según él y su equipo consideraban que las principales causas de la inflación eran el déficit
fiscal y la emisión monetaria. Por otro lado, no estaban de acuerdo con el gradualismo
que había caracterizado la anterior gestión. Para poder lograr sus objetivos se puso en
marcha el Programa de Reforma Económica o “Plan Austral” (1985-87) que, entre otras
cosas, dio origen a una nueva moneda el “Austral”, que se cotizaría a cambio fijo a 80
centavos de dólar. Las medidas urgentes fueron el congelamiento de todos los precios, la
cesación de la emisión monetaria para financiar el déficit del Tesoro, la conversión en
australes de los contratos realizados en pesos, la reducción de las tasas de interés al 5%
mensual. Los efectos de estas medidas fueron el aumento del salario real y los nuevos
créditos para el consumo. En 1986, el “Plan Austral” fue visto con mucho favor por
economistas internacionales como el Nóbel Franco Modigliani, etc. La inflación registraba
una tasa de 2,5% mensual y la demanda aparecía de manera saludable. Sin embargo, la
estabilidad no duraría mucho y en 1986 se conoció un rebrote de la inflación como
consecuencia de la emisión de moneda para contener el déficit público mediante el pago
de los pasivos de algunas empresas estatales. En 1987, con una inflación de dos dígitos,
se pensó modificar la forma de financiamiento de las empresas públicas, recurriendo a la
semiprivatización del capital. Ya en ese período estaban circulando las pautas
neoliberales como la liberalización de la Economía al comercio internacional, la apertura,
las privatizaciones. En efecto, se llevó a cabo la liberalización financiera con la
desregulación de las tasas de interés y la cotización libre del dólar. En 1988 se llegó a un
punto de no retorno, puesto que, Argentina tuvo que suspender los pagos de la deuda
externa y se vio en la imposibilidad de obtener más préstamos. La situación de
contracción de la Economía sumada a la hiperinflación hicieron que el Banco Mundial
negara un préstamo. Esto tuvo un impacto “mediático” de los mercados internos y
externos que se lanzaron en una maciza especulación contra el peso. El año siguiente, es
decir, 1989 o último de la administración de Alfonsín fue uno de los peores en absoluto.
Se llegó a una hiperinflación con una tasa de 4.900%, se devaluó la moneda, hubieron
dificultades de abastecimiento y una caída vertiginosa del poder adquisitivo del poder
adquisitivo de la mayoría de la población que se manifestó en una difusa pauperización
con la relativa violencia social. El PBI permaneció igual al de 1983, los ingresos de los
argentinos eran inferiores a los de 15 años atrás. En suma, la sociedad argentina era más
pobre que antes y la desigual distribución de la riqueza afectó sobre todo a los sectores
de bajos ingresos (el 30% de argentinos más pobre recibió un 23% menos de lo que
percibía en 1984). A esto hay que sumarle la desestabilización de la Economía hecha por
los grandes grupos oligopólicos internos y externos. Todo este clima inquietante minaba
lentamente la ya precaria estabilidad de las instituciones democráticas. La experiencia del
gobierno radical cerraba la experiencia con un país en quiebra, extremadamente
dependiente y frágil, endeudado hasta lo inverosímil, con el empobrecimiento de un vasto
sector de la población. Además siguió los dictados neoliberales que condicionaban la
45
Fue secretario de Planificación antes de ocupar la cartera de Economía.
17
política económica a la especulación de los mercados. En este contexto resultaron
beneficiados sólo los oligopolios que lograron anular sus deudas gracias a la
hiperinflación. La experiencia del gobierno radical representó una especie de preludio a la
hegemonía y a la aplicación ortodoxa y salvaje del neoliberalismo que llegaría con el
peronismo reformado de Menem.
d) Cuarto ciclo (el menemismo 1989-1999)
El gobierno de Carlos S. Menem entre el populismo, la ortodoxia neoliberal y el
ataque al Estado
El gobierno de Raúl R. Alfonsín dimitió cinco meses antes de lo previsto, arrasado por la
emergencia de la situación económica. Durante la campaña electoral, el peronismo con
su candidato, el gobernador de la Provincia de La Rioja, Carlos S. Menem (1930) creó
muchas expectativas. El peronismo, después de haber perdido las elecciones de 1983,
apareció en esta nueva contienda electoral con un partido y un liderazgo reformado que
había dejado atrás la vieja retórica y asumía una nueva: la del “neoliberal-populismo”. El
liderazgo de Menem representa un cambio epocal en la política argentina. Contrariamente
a lo que se tenía como imagen o representación de Perón y del peronismo, el menemismo
crea una fractura considerable y, a través de una transformación ideológico-tecnocrática,
traduce el neoliberalismo y lo adapta a la Argentina. Esto significa la neutralización y total
reducción de las funciones del Estado en lo económico y en lo social y la total libertad de
los oligopolios nacionales y extranjeros ya operantes así como también la apertura total
hacia el capital transnacional. Gracias a estos dos ejes, el menemismo logra darle un
ataque final a la profunda crisis del Estado. Podemos decir que la globalización hace
posible la hegemonía del menemismo durante diez años. Además, se inscribe en la
coyuntura internacional de la crisis de las ideologías a raíz de la simbólica caída del muro
de Berlín y del derrumbe de la Unión Soviética. Sin embargo, el menemismo no
representa el tan falaz postulado del final de las ideologías, sino su reconversión,
readaptación y traducción a una realidad latinoamericana dependiente. En este marco
también es significativa la crisis de los partidos políticos, en especial, de los partidos
políticos latinoamericanos que conlleva a experiencias igualmente nefastas en otras
latitudes como, por ejemplo, el autoritarismo fujimorista en el Perú, la crisis de los partidos
tradicionales en Venezuela y el surgimiento del neopopulismo y sus variantes, etc. En
Argentina, el menemismo empezó justificando el hecho de que no existían políticas
posibles a las hegemónicas, puesto que, el mundo se había transformado en un mundo
unipolar. El liberalismo argentino de raigambre “clásica” había, en un primer momento,
desconfiado de la irrupción ideológico-tecnocrática del menemismo y me parecen
bastante puntuales las reflexiones de Ricardo Sidicaro según el cual:
“El liberalismo vernáculo se había mostrado más cauteloso en la incorporación de las ideas sobre
la globalización, y en ese sentido, los economistas ligados a los grandes intereses económicos
limitaban sus definiciones a la crítica al intervencionismo estatal, y sus propuestas de apertura de
los mercados eran moderadas.”46
El discurso del neoliberalismo tuvo una rápida difusión en Argentina y podemos decir que
fue “traducido” con bastante ortodoxia por el oficialismo en el poder. Fue mediante la
lectura y asunción de las ideas del ensayo The end of the Nation State47 de Keinichi
Ohmae. En este ensayo, el autor sostenía que:
46
47
Ricardo Sidicaro, op. cit., p.
Keinichi Ohmae, El fin del Estado-Nación, trad. española, Santiago de Chile, 1997.
18
“... en términos de flujos reales de actividad económica, los Estados-nación ya han perdido un
papel como unidades significativas de participación en la economía global del mundo sin fronteras
actual.”48
Por otro lado, también afirmaba que los Estados no pueden rechazar el avance de la
globalización, porque carecen de medios para intervenir. La globalización es beneficiosa y
no se discute. Como se puede ver, la ortodoxia del pensamiento único ha canalizado su
ideología, a pesar de que hay quienes se niegan a aceptar de que siguen habiendo
ideologías. Y la ideología neoliberal despliega sus aparatos a través de la tecnocracia, el
populismo, los massmedia, etc. Los dos blancos que tiene por obsesión el neoliberalismo
son: el Estado y la Soberanía. En el primer caso se le tiene que reducir al máximo y su
función tiene que ser eminentemente legislativa y de policía, favoreciendo obviamente los
oligopolios y vaciando de sentido su acción; en el segundo, que es el efecto de la primera
transformación, se manifiesta en la total incapacidad del Estado para defender intereses
nacionales en el marco de una economía capitalista nacional. Es decir que también dejan
de existir los “capitalismos nacionales” en beneficio del capitalismo transnacional y, con
ésto, se pretende negar la real naturaleza de los países periféricos porque, como todo es
“global”, no existen más centros ni periferias. Todo está “integrado”, “interrelacionado”;
todo es “interdependiente”.
La ideología neoliberal se insertó muy bien en Argentina porque la crisis del Estado era
muy fuerte y en un terreno tan propicio se podían llevar a cabo las transformaciones
necesarias para implantar los dogmas de dicha ideología. Esto significaba también una
estrecha subordinación o subalternidad a Washington que, según los propagandistas del
neoliberalismo criollo, redundaría sólo en beneficios para el país. En 1990, en un discurso
al Consejo Nacional del Partido Justicialista, Menem exponía su “pragmatismo” diciendo
que:
“Así como en 1945 Perón había tenido que reubicarse y reubicar a la Argentina en el orden
internacional bipolar que emergía a partir de los acuerdos de Yalta y el fin de la Segunda Guerra
Mundial, nosotros reinsertamos al país en el mundo de la posguerra fría. Percibimos a tiempo el
cambio de las circunstancias históricas y la necesidad imperiosa de cambiar la montura para
‘cabalgar la evolución’”49
Se puede distinguir al menemismo por dos períodos: el primero que empieza en 1989 y va
hasta el Plan de Convertibilidad y el segundo desde el Plan de Convertibilidad hasta el
final del mandato en 1999.
Primera fase (desde 1989 hasta el Plan de Convertibilidad)
El primer gobierno menemista comienza a estructurar las primeras líneas neoliberales y,
para lograr ésto, decide convocar a un grupo de tecnócratas de la corporación Bunge &
Born con la finalidad de que inicien a administrar la Economía a través de su acción en el
ministerio. El grupo Bunge & Born es definido por Ricardo Sidicaro con las siguientes
palabras:
“En los 80, el grupo se desempeñaba en el comercio exportador de granos, en las industrias de
alimentos y bebidas, químicas, textiles, pinturas, envases y, también, era propietario de grandes
48
49
Keinichi Ohmae, op. cit., p. 26-27.
Carlos S. Menem, El camino de la victoria, Buenos Aires, Catálogo, 2001, p.94-95.
19
establecimientos rurales... La trama de sus inserciones internacionales era tan compleja que
existía la discusión sobre si era una multinacional argentina o una filial de una firma extranjera.”50
La decisión de Menem de hacer confluir a los empresarios en la política económica
obedecía a razones de consenso que legitimaran el “nuevo peronismo”. Y esa
legitimación colocaba al peronismo en una nueva posición como referente de las
burguesías industrial y agraria. Siempre ante los empresarios, Menem define la propuesta
ideológico-económica que resulta una mezcla de retórica neoliberal y populista:
“Un sistema económico popular de mercado, debe estar al servicio del pueblo y de la justicia
social. Debe romper la dependencia intelectual, que es la peor de las dependencias cuando se
trata de la búsqueda de auténticas soluciones nacionales. Un sistema económico popular de
mercado debe eliminar los monopolios. Tanto públicos como privados. Y debe dejar atrás la
arbitrariedad regulatoria, que termina asfixiando a los que menos tienen... La responsabilidad es
decirle no a las prebendas estatales; no a la especulación sectorial; no a la ley del menor esfuerzo
y el máximo beneficio; no al endiosamiento del lucro por el lucro mismo... Sin facilismo. Sin
ampararse en un Estado exhausto. Sin temor a la competencia.”51
Como podemos ver, la línea ideológica del neoliberalismo está dada y con un aparato
conceptual que insiste en términos como “sistema económico popular de mercado”,
“dependencia intelectual” “monopolios”, “Estado exhausto” nos remiten a experiencias
similares, pero en otro contexto geográfico52. Por otro lado, Menem buscaba una
reconciliación con los agrarios de la S.R.A, destinada a limar asperezas y darle otro giro
ideológico en las relaciones del Estado con ese sector, que habían sido extremadamente
conflictivas y frontales en las dos experiencias peronistas precedentes.
Siempre en la búsqueda espasmódica de consensos, Menem se dirige a los industriales
atacando al Estado, a los empresarios beneficiarios de las políticas estatales y
anunciando el final del intervencionismo en la Economía, las privatizaciones y la apertura
al capital internacional:
“Basta a los monopolios y a los subsidios irracionales. Basta a la trabazón burocrática y al gasto
público improductivo. Basta a la sobreprotección y a la ineficiencia. Basta al intervencionismo
estatal, y a la complicidad de la incompetencia privada. Basta a la evasión, y a la presión fiscal
esterilizante. Basta a la socialización de las pérdidas y a la privatización de las ganancias. Basta a
la cultura de la renta y de la especulación. Basta a la mínima actividad industrial y a la máxima
actividad financiera. Basta de empresarios ricos y empresas pobres. En fin, basta al privilegio de
unos pocos a costa del perjuicio de todos.”53
Traducido en otras palabras, esto significaba la reducción del papel del Estado y la
pérdida de sus aparatos reguladores así como también la total privatización de la
Economía. La gestión económica de los ministros del grupo Bunge & Born no dio
muestras de solución a los problemas más graves en esa breve experiencia. El Plan
“Bunge & Born” no se diferenciaba mucho de los planes económicos anteriores y se
basaba en la ortodoxia de la economía de mercado y la apertura externa junto con el
control de precios y el cierre de las importaciones. Las medidas de urgencia que el equipo
“Bunge & Born” tomó fueron: la drástica devaluación de la moneda, el aumento de los
precios de los combustibles, las tarifas eléctricas, el gas, los transportes y demás
servicios públicos junto con un modesto incremento de los salarios. Las consecuencias de
estas medidas fueron un rebrote de la hiperinflación. Esto se traducía en el control salarial
50
Ricardo Sidicaro, op. cit., p. 167.
Carlos S. Menem, La esperanza y la acción, Buenos Aires, Emecé, 1990, p. 103.
52
Ya Thatcher en Inglaterra había hablado de “capitalismo popular”.
53
Carlos S. Menem, op. cit., pp. 113-125.
51
20
de los sectores populares y en los beneficios de los grandes grupos económicos
nacionales. Para llevar a cabo estas transformaciones se tenía que optar por un “marco”
jurídico que las pudiera hacer operativas y legitimadas. Se procedió, entonces a redactar
las leyes de “Emergencia Económica” y de “Reforma del Estado o de Emergencia
Administrativa”. Estas leyes consistían en la reforma administrativa del Estado, la
privatización de casi todas las empresas estatales, la venta de inmuebles públicos, la
supresión de subsidios y subvenciones, la eliminación de los suministros regulados por la
ley de “Compre Nacional”54 así como también la compensación de las deudas entre
particulares y el Estado. Incluía también la reforma del Banco Central y la liberalización de
las inversiones extranjeras. La situación económica no mejoró, por lo cual, el equipo de
“Bunge & Born” salió del gobierno y esto significó la total incapacidad de administrar la
política económica por parte de tecnócratas pertenecientes a la Burguesía industrial
nacional. El nuevo Ministro de Economía Antonio E. González55 administró la política
económica a través de los llamados “Planes Erman” (1990-91), que se caracterizaron por
la gradualidad de la política económica en el breve plazo y que se pueden resumir de la
siguiente manera: cambio libre, liberalización de precios, leves aumentos salariales,
control de compras del Estado, reducción del personal del sector público, incremento de la
presión tributaria, etc.
Es en este contexto que se realizan las privatizaciones de las empresas públicas como
Aerolíneas Argentinas, YPF, Electricidad, Agua y etc. Mediante este proceso el Estado
logró reducir en parte su déficit. Sin embargo, la situación social no era estable sobre todo
por el congelamiento de los salarios, la eliminación de contribuciones y subsidios sociales.
La gestión de González terminó a causa del aumento de la cotización del dólar, de los
problemas fiscales, del aumento de la emisión monetaria y de la inflación.
Segunda fase (desde el Plan de Convertibilidad hasta 1999)
La nueva fase de la política económica del menemismo la inauguró el economista
Domingo F. Cavallo56 , tecnócrata vinculado a precedentes experiencias de poder. Dos
meses después de su nombramiento como Ministro de Economía, Cavallo dio origen al
“Plan de Convertibilidad” que tenía objetivos amplios y radicales a largo plazo que querían
dar un giro a 360 grados a todas las precedentes políticas económicas. Podemos decir
que la gestión de Cavallo en la Economía fue el punto de fractura y de consolidación del
neoliberalismo en la Argentina. El “Plan de Convertibilidad” tenía por objetivos primarios la
lucha y reducción de la inflación, la profundización de la reforma económica a través de la
continuación de la política de privatizaciones de las empresas públicas, la
descentralización de las funciones del Estado, el saneamiento del déficit fiscal, la
flexibilización del mercado de trabajo, la desregulación y liberalización de la Economía
con la apertura al capital transnacional. Para ésto, el Plan se apoyaba en tres direcciones:
1) la “Ley de Convertibilidad” que establecía la paridad austral-dólar fija que consentiría un
mayor respaldo del austral57 y una estabilidad de precios duradera; 2) la apertura
comercial que tenía como fin disciplinar el sector privado ante la competencia externa y 3)
la reforma del Estado y el programa de privatizaciones que tenían que conseguir el
La ley de “Compre Nacional” preveía la protección de la industria nacional a través de la adquisición de suministros
por parte del Estado.
55
Antonio Erman González (Lamadrid-La Rioja, 1935), abogado. Fue Ministro de Hacienda de la Provincia de La
Rioja (1985-87), diputado (1987-89) y Ministro de Salud (1989), Defensa (1991-93) y Trabajo (1995-99).
56
Domingo Felipe Cavallo (San Francisco-Córdoba, 1946), estudió Economía en la Universidad de Córdoba y se
doctoró en Harvard. Antes de ser nombrado Ministro de Economía durante el menemismo ocupó cargos importantes en
tiempos de la dictadura militar como director del Banco Central (1982). En 1989-91 fue Ministro de Relaciones
Exteriores. En 2001 fue también Ministro de Economía en el gobierno de De la Rúa.
57
El austral fue sustituido por el peso mediante una reforma monetaria a partir del 1 de enero de 1992.
54
21
equilibrio de las cuentas, la reducción del gasto público, el incremento de los ingresos,
etc. La política económica de Cavallo hizo lo que en décadas los gobiernos ya sea
militares que civiles no hicieron: radicalizar la desarticulación del Estado argentino y
hacerlo inoperante en la acción de gobernar y generar políticas económicas que
salvaguardaran los intereses nacionales y la soberanía. Resultan muy claras al respecto
las palabras de Mario Rapoport:
“Las medidas tomadas apuntaron, entonces, a limitar drásticamente las herramientas tradicionales
del Estado para elaborar políticas económicas. En los hechos, éste quedaría impedido de
implementar políticas cambiarias y monetarias y su margen para el diseño de políticas fiscales y
sectoriales resultaría seriamente reducido.”58
Sin embargo, el resultado inmediato del Plan Cavallo fue la estabilidad de precios y la
reducción de la inflación que alcanzaría a partir de 1992 el 1% mensual. La estabilidad de
precios se tradujo en altas tasas de crecimiento que se contrajeron con la crisis mexicana
(“efecto tequila”) de 1994. El crecimiento se registró en el sector primario, en el comercio y
en el terciario. A esto hay que añadirle la oferta monetaria, resultado del flujo del capital
extranjero, la reactivación del crédito al consumo y el aumento de los salarios. Por otro
lado, también se consiguió equilibrar en cierta medida el déficit fiscal mediante el aumento
de los ingresos tributarios, a la reactivación económica y a un cierto control de la evasión.
Asimismo las exportaciones aumentaron al igual que las importaciones. Más adelante, el
déficit fiscal fue financiado mediante los impuestos y el aumento del IVA (del 18 al 21%).
A partir de 1995, el Estado empezó a sentir la contracción de los ingresos, puesto que, las
privatizaciones ya no podían sanear sus cuentas. La deuda externa seguía aumentando y
la concentración de la propiedad por parte de las empresas privatizadas creaban
monopolios en los cuales la política tarifaria no beneficiaba a los usuarios. Por otra parte,
gozaban de exención fiscal y las utilidades no se reinvertían en el país. Esta situación
había sólo variado el aspecto monopolístico: de nacional-estatal había pasado a ser
extranjero. La política laboral del menemismo estuvo caracterizada por la “flexibilización
del mercado laboral” que no eran otra cosa que la precarización del trabajo, la supresión
de garantías laborales, etc. La “flexibilización” trajo como consecuencias el desempleo,
subempleo. Por otra parte, el desmantelamiento de muchos de los apartos del Estado
produjo el despido masivo de miles de personas que no pudieron ser reabsorbidas por el
“nuevo mercado laboral”. Esta situación generó el deterioro de los salarios. La seguridad
social también se vio atacada mediante la privatización de los fondos de pensiones, la
transferencia del sistema sanitario nacional a las provincias. El aumento de la pobreza y
de la exclusión social se convirtieron en una constante y se tradujeron en una nueva crisis
social. Los problemas sociales de la década del menemismo desestabilizaron la sociedad
argentina y le quitaron la legitimidad al sistema. Esto demostraba una vez más que el
“modelo” neoliberal había fracasado y no iba a estar exento de consecuencias unos años
más tarde. En 1994 Menem y Alfonsín firmaron el “Pacto de Olivos” en el que llegaban a
un acuerdo para una nueva Constitución en la que se insertara la reelección. En 1999
Menem estaba concluyendo sus dos gobiernos pensando en una tercera reelección, sin
tener en cuenta que la fractura entre la sociedad y el peronismo ya se había dado. La
Argentina que salía de la experiencia menemista mostraba los síntomas devastadores de
las políticas económicas, de la corrupción, de la fuga de capitales, de la desmesurada
deuda externa y de las crisis cíclicas. El peronismo había perdido su hegemonía y se
abría un nuevo capítulo de crisis política.
58
Mario Rapoport y colaboradores, Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000), 2da edición,
Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2003, pág. 974.
22
e)Quinto ciclo (la Alianza 1999-2001)
El gobierno de Fernando de la Rúa o la crisis total y la deslegitimación de la política
en los tiempos de la globalización
Las elecciones de 1999 estuvieron caracterizadas por el bipolarismo de la política
argentina con dos fórmulas: Fernando De la Rúa59-Carlos “Chacho” Alvarez60 por la
coalición denominada Alianza61-Frepaso y Eduardo Duhalde-Ramón “Palito” Ortega62 por
el Partido Justicialista (peronista). La Alianza obtuvo el 48,5% de los votos e inauguró un
gobierno de coalición en medio de una fuerte crisis política y económica. Las expectativas
del electorado argentino eran muchas y este voto tuvo un valor simbólico significativo
porque quería establecer una fractura, un cambio epocal después de diez años de
menemismo. El gobierno de la Alianza quería presentarse como una coalición progresista,
una alternativa que pudiese marcar otro rumbo al neoliberalismo ortodoxo representado
por Menem y el P.J. Estaba compuesto por una serie de partidos como la U.C.R., el
Frente Grande, PAIS, la Unidad Socialista y el Partido Demócrata Cristiano y había
anunciado grandes objetivos: el Trabajo, la Educación y la Justicia y una severa lucha
contra la corrupción. Sin embargo, la coalición mostró signos de precariedad cuando, en
el 2000, Carlos “Chacho” Alvarez renunció a la Vicepresidencia de la República a causa
de la nueva ley laboral y con él se desmarcaron del gobierno los sectores del Frepaso y
del mismo partido de De la Rúa. El gobierno radical sufrió la primera crisis de legitimidad y
se debatía entre dos fuegos: el programa político y el programa económico. Dos grandes
contradicciones que minaron su credibilidad. Por lo que se refiere a la política económica,
los pasos del gobierno radical no se diferenciaron mucho de las líneas del menemismo.
Esto significaba seguir apuntalando el agonizante “modelo” de la convertibilidad a pesar
de que violaba flagrantemente el pacto con el electorado. Tampoco llevó a cabo la
transparencia administrativa que resultaba necesaria para tratar de combatir la corrupción
que había crecido sin límite alguno, amparada por el menemismo. El gobierno de De la
Rúa buscó dar una salida a la crisis mediante la profundización de la convertibilidad. Para
encarar la recesión, se redujo el gasto público y se aumentaron algunos impuestos con la
finalidad de disminuir las importaciones. De este modo, se pretendía ahorrar para poder
pagar los plazos de los intereses de la deuda externa. Por otro lado, se rebajaron los
salarios públicos. En este breve período fueron cambiados dos ministros de Economía y
en el 2000 Ricardo López Murphy63 que, en una de las más breves gestiones al frente del
Ministro de Economía (15 días), anunció un nuevo ajuste fiscal con la finalidad de
alcanzar el “déficit cero”. El fuerte rechazo popular lo obligó a dimitir. Es en este momento
que reaparece Domingo F. Cavallo a quien se le confía el ministerio. Cavallo trata de
prolongar la agonía de su modelo económico y elabora una serie de medidas que
aumentaran la crisis social y económica que desembocará en la renuncia del gobierno de
De la Rúa. Las medidas se pueden resumir en los siguientes puntos: 1) planes
competitivos de compensación del atraso cambiario; 2) convergencia para importaciones
y exportaciones entre el dólar y el euro; 3) megacanje de la deuda; 4) ley de “déficit cero”
59
Fernando de la Rúa (Córdoba, 1937), abogado y político. Fue senador por Buenos Aires y en 1996 Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
60
Carlos “Chacho” Alvarez (Buenos Aires, 1948), fue diputado, fundador y presidente del Frepaso. En 1999 fue elegido
vicepresidente de la República. Renunció en el 2000.
61
Alianza: coalición electoral entre la UCR y el Frepaso (Frente País Solidario) fundada en 1997.
62
Ramón “Palito” Ortega (Lules, Tucumán, 1941), cantante, actor y político. En 1991 fue elegido gobernador de la
provincia de Tucumán y senador en 1998.
63
Ricardo López Murphy (Buenos Aires, 1951), economista con estudios en la Universidad de La Plata y Chicago.
Antes de ser nombrado Ministro de Economía por De la Rúa fue Ministro de Defensa.
23
y la última, la que provoca el estallido social: el corralito bancario. Cavallo buscó
consensos para su plan económico en el Fondo Monetario Internacional, pero le impone
que lo abandone. Cavallo hace caso omiso y sigue con su línea además de realizar el
megacanje de la deuda. Mientras tanto, la crisis por la que atraviesa Argentina es de
liquidez, de solvencia. Antes del siniestro “corralito”, la fuga de capitales se convierte en
una escapatoria sin límites. La nueva crisis que se produce en Argentina tiene
proporciones devastadoras dado el altísimo costo social y económico. Benjamín
Hopenhayn y Alejandro Barrios nos ilustran con bastante claridad las dimensiones de la
crisis:
“La política neoliberal, apoyada en los intereses de grupos concentrados cuyo poder había
agigantado, y en su pensamiento único predominante, alcanzaba una nueva cima en el país: el
Estado, acosado por un altísimo endeudamiento interno y externo, que desde hacía diez años no
podía hacer política monetaria ni cambiaria [Ley de Convertibilidad, abril de 1991], ya no podía
hacer política fiscal ni social [Ley de déficit cero, mes de agosto de 2001], por lo que quedaba
inerme [piloto automático] para llevar a cabo siquiera una política antirrecesiva.”64
Por consiguiente, el Estado argentino había perdido cualquier capacidad de maniobra. Y
representa uno de los paradigmas de lo que puede suceder y sucede en América Latina:
la deslegitimación de la política, de las instituciones, del Estado y de los gobiernos. Por
otro lado, la Economía de este breve período arroja números significativos: el PBI cae del
4,5%, la demanda interna del 8%, el consumo del 6%, las inversiones del 16%, el
desempleo del 18%. Estas cifras nos pueden hacer ver que la crisis social estaba a punto
de estallar y, en efecto, el 19 y 20 de diciembre de 2001, los argentinos salen a las calles,
armados de rabia y cacerolas y, delante del Parlamento y de la Casa Rosada, obligan a
De la Rúa a dimitir y escapar en un helicóptero. De esta manera simbólica, se asiste a la
implosión de la ortodoxia del “modelo” neoliberal. Las consecuencias sociales, políticas,
económicas y culturales son enormes. Esta crisis lleva a la transición que durará desde
enero de 2002 hasta mayo de 2003. Luego de la caída de De la Rúa se suceden tres
presidentes (Puertas, Rodríguez Sáa, Camaño) y se llega a nombrar al peronista
antimenemista Eduardo L. Duhalde como Presidente de la República quien se encargará,
con un gobierno definido “neodesarrollista”, de administrar la transición hasta mayo de
2003, mes de elecciones generales que darán la victoria al también peronista Néstor
Kirchner.
3. Léxico de la crisis
1) A.R.I : Alternativa para una República de Iguales, agrupación política de oposición
fundada y liderada por la ex radical Elisa Carrió (Chaco, 1956).
2) Asambleas barriales: asambleas populares surgidas en los barrios deprimidos de la
capital que tratan de encarar los problemas sociales provocados por la crisis económica.
Representan una forma de democracia directa.
3) Cacerolazo: protesta popular interclasista caracterizada por marchas y percusión de
cacerolas que tuvo un fuerte impacto simbólico para la renuncia del gobierno de De la
Rúa. Se diferencia de un precedente cacerolazo organizado en Chile durante el gobierno
de Allende que tuvo una adhesión clasista diferente. Estaba organizado por las señoras
de la alta burguesía santiaguina que protestaban contra el “comunismo” del gobierno de
Unidad Popular.
64
Benjamín Hopenhayn y Alejandro Barrios, op.cit., pág. 125.
24
4) Cartoneros: trabajadores desempleados como consecuencia de las políticas
económicas excluyentes de los últimos años que recorren las calles de la capital
recogiendo basura para aprovechar los desperdicios reciclables y poder sobrevivir con la
venta de los mismos. Hace algún tiempo han sido “institucionalizados” por el gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, la figura del cartonero no es nueva y
ha poblado la historia social argentina así como también en la ficción literaria (la narrativa
de César Aira).
5) Corralito: congelamiento o secuestro por parte del Estado de los depósitos bancarios
hasta 10.000 pesos. Medida tomada por Domingo F. Cavallo. Fue uno de los detonadores
de la crisis que obligó a la renuncia del gobierno de De la Rúa.
6) Corralón: congelamiento o secuestro por parte del Estado de los depósitos bancarios
desde 100.000 pesos. Medida tomada por Domingo F. Cavallo. Fue uno de los
detonadores de la crisis que obligó a la renuncia del gobierno de De la Rúa.
7) Corrupción: fenómeno que se ha transformado en práctica política consolidada y que
ha crecido a ritmos exponenciales en Argentina, en América Latina y el mundo. En
Argentina todos los gobiernos han gobernado institucionalizando esta práctica y formando
un nuevo poder: la cleptocracia.
8) Cuasimonedas: monedas “alternativas” emitidas por las provincias para paliar la falta
de liquidez que creó una doble circulación. Está prevista su desaparición a fines de 2003.
Las “cuasimonedas” son Lecop (emitida por el Banco de la Nación), Patacones (emitida
por la Provincia de Buenos Aires), Lecor (emitida por la Provincia de Córdoba),
Federales (emitida por la Provincia de Entre Ríos), Cecacor (emitida por la Provincia de
Corrientes), Bocade (emitida por la Provincia de Tucumán), Petrom (emitida por la
Provincia de Mendoza), Quebracho (emitida por la Provincia del Chaco), Bocanfor
(emitida por la Provincia de Formosa) así como también los bonos de las Provincias de
Catamarca y La Rioja.
9) Default: incapacidad de pagar la deuda externa y de contraer nuevos préstamos.
10) Emigración: la última crisis del 2001 ha provocado una hemorragia migratoria de los
argentinos hacia el exterior. De país receptor de inmigrantes se ha convertido en país de
emigrantes.
11) Escraches: forma de protesta y de censura de personajes políticos o vinculados a
sectores económicos que consisten en la exhibición de pancartas, carteles, cantos,
insultos y silbidos. Generalmente se dan afuera, esperando a uno de los personajes que
han sido invitados a un programa televisivo o están reunidos en algún lugar público.
12) Estado argentino: ha conocido fases de crisis desde hace más de treinta años y su
deslegitimación como institución empezó en el menemismo para concluir en el
delarruísmo. El Estado argentino es uno de los estados más reducidos del área y hemos
visto su total parálisis con respecto a las crisis.
13) Excluidos del “modelo”: son todos aquellos que han sido expulsados por el
mercado laboral, la “flexibilización” y por el dogma neoliberal. Son los desempleados,
indigentes, precarios, ciudadanos sin derechos pero con deberes.
14) Ezeiza: principal aeropuerto de la capital y puerta de escape hacia el exterior. La
emigración argentina pasa por Ezeiza.
15) Globalización: proceso caracterizado por la interdependencia o las nuevas formas de
dependencia político-económicas en los países periféricos. La globalización en América
Latina no ha representado logros ni éxitos y se le puede asociar a la ortodoxia neoliberal
de las políticas económicas. En lo social ha representado desarticulación y aumento de la
pobreza e indigencia. En lo cultura ha inaugurado nuevas formas de alienación y una
cierta derrota del pensamiento crítico en la cultura de masas. En lo político ha
representado la crisis de los partidos y el recorte o neutralización de la soberanía y del
Estado-Nación. Afortunadamente ha producido su contrario: la Antiglobalización que
25
está elaborando un sólido y nuevo pensamiento crítico en las ciencias sociales y
humanas. En Argentina la globalización se implanta con el menemismo.
16) Impunidad: es un proceso que ha involucrado todos los aspectos de la vida política y
social de la Argentina. Por ejemplo hay impunidad ante los crímenes de la dictadura
(Leyes del perdón), ante la corrupción, ante los atropellos, ante las desastrosas gestiones
de la Economía. Y la impunidad tiene la complicidad del poder a través de la manipulación
de la administración de justicia.
17) Kohler, Horst: director del F.M.I y principal animador de la línea dura contra el Estado
argentino. Corresponde a la tipología del tecnócrata funcional a la globalización.
18) Krueger, Anne: tecnócrata del F.M.I y encargada de negociar la deuda externa con el
gobierno argentino. Su dureza raya en el fundamentalismo.
19) Neodesarrollismo: línea político-económica del gobierno de transición de Duhalde
(2002-2003).
20) Pensamiento único: ideología (a pesar de los sepultureros de las ideologías) al
servicio de la globalización. Se manifiesta como el triunfo del capitalismo y su modelo de
democracia con sus aparatos tecnocráticos.
21) Peronismo: el peronismo conoce transformaciones ideológicas a lo largo de su
historia: 1) 1946-55 (tercera vía), 2) 1973-76 (oscilación entre la derecha y la izquierda), 3)
1989-99 (neoliberalismo ortodoxo), 4) 2000-2003 (neopopulismo). El peronismo
postmenemista se está reconvirtiendo apoyado como siempre en el populismo.
22) Pesificación: conversión en pesos de cualquier contrato o compromiso económico
precedentemente dolarizado.
23) Piqueteros: movimiento organizado, independiente de desempleados y expulsados
del mercado laboral que manifiesta sus protestas cortando autopistas y calles.
24) Populismo: ideología (¡una vez más!) muy arraigada en Argentina y en América
Latina. El populismo ha sufrido muchísimas actualizaciones a lo largo de la historia del
siglo XX y ha llenado el vacío producto por las ideologías representativas. En la
globalización, el populismo ha sido eficaz para la legitimación del neoliberalismo (Fujimori,
Menem, Fox, Cardoso, Chávez, etc.).
25) Privatizaciones: proceso originado en la crisis del Estado y de la Economía y dictado
por los organismos administradores del capital. Es una de las consecuencias de la
implantación del dogma neoliberal.
26) Que se vayan todos: lema, slogan o consigna de protesta contra la clase dirigente
argentina. surgida después de la crisis del delarruísmo y animada por la oposición.
27) Soberanía: el concepto ha sido severamente recortado o vaciado de contenido por la
globalización y por la crisis del Estado-Nación. En estos tiempos vemos cómo los países
periféricos no pueden defender sus intereses económicos, políticos, territoriales y carecen
de cualquier poder contractual o de negociación con los países centrales.
28) Transición: es la fase inaugurada después de la caída del delarruísmo y que se
concluye con las elecciones de mayo de 2003 y el nuevo gobierno.
29) Transnacionales: son las empresas que realizan grandes negocios en las
privatizaciones y que se benefician de la ausencia del Estado como organización
reguladora y de control. Asimismo crean monopolios de los sectores en los que operan
(agua, gas, petróleo, bancos, etc.). Contradicen cualquier principio de la “libertad de
mercado”, de la “competencia” exportando las ganancias a las sedes centrales y gozando
de exenciones fiscales así como de subsidios en los países que operan, por ejemplo,
Telefónica de Argentina (España).
30) Trueque: forma de intercambio primitivo que aparece como consecuencia de la crisis
argentina y que es un indicador del fracaso del modelo económico neoliberal.
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