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ESTADO, SOCIEDAD Y ECONOMÍA EN LA ARGENTINA (1930-1997)
UNIDAD 1
1º clase
1.- PLANTEOS, DEFINICIONES Y PROBLEMAS:
Redes sociales. Estructura socioeconómica, poder y Estado.
Estado y mercado nacional.
Las crisis: tipos y características.
La crisis del Estado oligárquico. Democracia y partidos políticos.
Del Estado intervencionista al Estado burocrático-autoritario
Legitimidad, conflicto, gobernabilidad y transformación socioeconómica. La cuestión de la
hegemonía. El Estado democrático y la política deliberativa.
1° eje: Estado y mercado nacional.
Existe una producción social del espacio territorial de orden natural que genera las
diferencias inter-regionales, fácilmente visibles en un país como la República Argentina.
Espacio y actor social conforman una relación-tensión entre la fragmentación
regional de los sectores dominantes y la formación de un Estado Nacional centralizado.
Una ecuación que implica reconocer en la Argentina la conformación de un sector
dirigente nacional a través de alianzas entre sectores dominantes regionales y
explican la formación de un Estado y de un mercado nacional.
El Estado Nacional es -conforme a lo expuesto- una instancia de organización del poder
y de ejercicio de la dominación política; vale decir, es una relación social y -al mismo
tiempo- un aparato institucional. Sus propiedades aparecen claramente definidas (Oszlak,
1985):
1.- Externalizar el poder.
2.- Institucionalizar su autoridad como expresión de las relaciones de poder.
3.- Crear un conjunto funcional.
4.- Internalizar una identidad colectiva.
2° eje: Del Estado intervencionista al Estado burocrático-autoritario.
En 1930 se produce en la Argentina la crisis del Estado oligárquico y liberal, que cierra
una etapa de la historia argentina: la del crecimiento hacia fuera y da origen a la presencia
del Estado militar intervencionista. Se inaugura entonces en el país un ciclo de crisis
permanente (Kaplan, 1983), de democracia restringida, que habrá de desembocar hacia
1966 en el Estado burocrático autoritario (O´Donnell,1982). Entre ambos extremos el
Estado nacionalista y popular que cobra cuerpo en la Argentina en los años ´40 y hasta
1955, inaugura una nueva etapa de transformación del Estado nacional.
Con el Ejército en el poder (1930) -y junto a él una fracción importante del nacionalismo y
la colaboración del neoconservadorismo- se rompe por primera vez en el país el orden
institucional, al mismo tiempo que cobra cuerpo el Estado intervencionista que deja sentir
su presencia en la economía, las finanzas y la sociedad argentinas. El auge del poder
militar coincide con la crisis de un sistema económico agroexportador que hiciera
próspera a la Argentina (Rouquie, 1981 )
El golpe militar del 4 de junio de 1943 inaugura una etapa del proceso histórico signada
por el liderazgo vertical, popular y nacionalista de Juan Domingo Perón. Nace el Estado
dirigista y planificador, sustentado en el principio democrático pero más heterogéneo y
complejo que lo que su estructura monolítica permite suponer. En este caso -como en
todo populismo- la “participación popular” no sólo es el ejercicio regular del sufragio; es
1
asistencia a actos públicos, ritos y festivales donde se exhibe el entusiasmo, con símbolos
que identifica colectivamente el ideario democrático-popular.
El populismo es en este sentido “un movimiento político con fuerte apoyo popular, con la
participación de sectores de clases no obreras con importante influencia en el partido, y
sustentador de una ideología anti-statu quo. Sus fuentes de fuerza o `nexos de
organización´ son: a) una elite ubicada en los niveles medios o altos de la estratificación y
provista de motivaciones anti-statu quo; b) una masa movilizada formada como resultado
de la `revolución de las aspiraciones´; y, c) una ideología o un estado emocional difundido
que favorezca la comunicación entre líderes y seguidores y cree un entusiasmo colectivo”.
(Di Tella, 1977, pp. 47-48).
Luego tras la caída del peronismo y los intentos "semi-democráticos" de Frondizi e Ilia se
instala el llamado "Estado Burocrático Autoritario" que resulta garante y organiza la
dominación ejercida a través de una estructura de clases subordinada a los sectores
superiores de una burguesía oligopólica y transnacionalizada, como su principal base
social. Institucionalmente está compuesto por un conjunto de organizaciones coactivas y
dedicadas a la “normalización de la economía”; para cumplir dos tareas esenciales de
este Estado: la reimplantación del “orden” en la sociedad subordinando al sector popular
y restaurar el sistema económico. Al mismo tiempo, se estructura como un sistema de
exclusión política de los sectores populares previamente activados; consolidando la
dominación social y sesgando la distribución general de recursos.
El Estado Burocrático Autoritario suprime la ciudadanía y la democracia política;
representa la prohibición de lo popular y se respalda en la coacción. Tiende a acrecentar
las desigualdades preexistentes al suprimir las instituciones canalizadoras de las
demandas sustantivas de justicia social, que son incompatibles con la imposición del
orden y la “normalización económica”. Suprime, pues, dos mediaciones fundamentales
entre el Estado y la sociedad: la ciudadanía y lo popular.
Ahora bien les propongo la siguiente actividad a partir de estas reflexiones y del material
de estudio que tienen:
Elabore un cuadro conforme a las siguientes indicaciones:
Formación y transformaciones del Estado nacional entre 1880 y 1966. Diseñe etapas
históricas y consigne para cada etapa: * Qué sectores tienen la titularidad del gobierno; *
Enumere por lo menos 3 características distintivas para cada caso; * Refiera dos factores
del proceso histórico que condicionan el cambio. * Indique para cada etapa si hay
gobernabilidad con democracia o sin ella.
2
UNIDAD 2
Clase 2
2.- EL ESTADO NEOCONSERVADOR, EL INTERVENCIONISMO ECONOMICO Y LA
SOCIEDAD DE LOS AÑOS ´30:
2.1. La crisis estructural, nacional y orgánica de 1930, el “ocaso de un paradigma” y la ruptura del
orden institucional en la Argentina.
2.2. La crisis de la economía agroexportadora, el sistema financiero y el intervencionismo de
Estado.
2.3. La industrialización por sustitución de importaciones.
2.4. El bilateralismo y la crisis. El Tratado Roca-Runciman.
2.5. Población, migraciones internas, trabajo y movimiento obrero.
2.6. La Segunda Guerra Mundial, sus efectos en la Argentina y las previsiones del frustrado Plan
Pinedo de 1940.
Espero que se encuentren muy bien. Este segundo encuentro tiene como objetivo central
reflexionar acerca del cambio de rol del Estado Nacional en el contexto de la crisis de
1930 caracterizando el llamado “intervencionismo estatal” y su relación con la sociedad y
la economía. Esta temática esta a su vez fuertemente relacionada con la tercer clase, en
donde trabajaremos algunas consecuencias de la crisis y las transformaciones políticoeconómicas que se dan en el marco de la Segunda Guerra Mundial.
El “crack” internacional de 1929 que induce cambios en las condiciones de desarrollo,
agrava el convulsionado panorama político, social y económico interno y sus secuelas se
manifiestan con todo rigor en nuestro país hacia 1932. La crisis se exporta desde Wall
Street a los países del área capitalista desarrollada y periférica. Termina por imponer “la
diplomacia del dólar”, consolida los nacionalismos económicos, realinea el mercado
mundial y acentúa la caída de los precios de los productos primarios. El Estado liberal
entra en crisis y se activa la polarización social y el derrumbe del mercado del capital
internacional.
La crisis nacional, orgánica y estructural argentina -que se preanuncia en el
“Manifiesto de los 44” dirigido a Hipólito Yrigoyen el 25 de abril de 1930- muestra sus
múltiples y complejas causas y sus efectos impregnan todos los planos del quehacer
nacional, incluyendo el político-institucional. Tal como lo plantearan en la década de 1960
los teóricos Gabriel Almond y Lucien Pye, la Argentina padece los resultados de una
“crisis nacional”; es decir y conforme a esta teoría, nuestro país sufre una crisis de
identidad, aquélla que lleva a un cuestionamiento por parte de la sociedad hacia la
dirigencia, por su incapacidad para dar respuestas a los desajustes del modelo. Padece al
mismo tiempo una crisis de dependencia relacionada con el “crecimiento hacia afuera”
que comienza a mostrar sus efectos negativos y genera respuestas de adaptación a las
exigencias externas cada vez más firmes de parte del sector dirigente del país.
A ellas se suma una crisis de distribución relacionada con la agudización de los
problemas sociales, que reconoce dos niveles: el que se da entre los sectores dirigentes y
los sectores bajos de la sociedad y aquél que se manifiesta al interior de la propia
dirigencia, que complejizan aún más la crisis. Por último, las crisis de participación y de
legitimidad, que completan la multicausalidad del fenómeno, son indicativas de la
ineficacia del sector dirigente para resolver dentro del sistema los problemas nacionales y
expresión de respuestas cada vez más autoritarias, que implican incluso el uso del fraude.
Como expone Waldo Ansaldi “el drama reside tanto en la incapacidad de la clase
dominante (burguesía terrateniente) para se dirigente, cuanto en las subalternas para
construir un sistema hegemónico alternativo”.
3
Esta “crisis orgánica” que -como demuestra el mismo Ansaldi- no alcanza a
transformarse en “crisis revolucionaria”, y muestra los perfiles de un proceso económico
atípico (W.W.Rostow), si -en cambio- deja al descubierto la presencia de un sector
dirigente que mantiene pendiente viejos problemas y no alcanza a presentar respuestas
acertadas ante los nuevos problemas emergentes de esta crisis multifacética, que pone al
descubierto el agotamiento histórico de una etapa del desarrollo argentino. La
reorganización jurídico-institucional que coloca al Ejército en la cúpula del poder político y
reordena las relaciones sociales, la reinserción del país en el mercado mundial que alienta
el bilateralismo en favor de Inglaterra, las “oportunidades alternativas” que se presentan
ya antes de los años ´30 -como la industria- con grupos económicos más diversificados y
estrategias empresariales más cercanas al capital comercial o financiero que al
productivo, indican los cambios en las reglas de juego que conllevan a la pérdida de la
credibilidad o del “estado de confianza” -al que hace referencia John Keynes- y obligan a
replantear la discusión en las relaciones entre la sociedad y el Estado. La dirigencia, por
su parte, ante los desajustes del modelo, se preocupa -como expone Alain Touraine“más por su equilibrio que por su transformación”.
La crisis de 1930 -por sus orígenes y por sus implicancias- genera profundos
cambios económicos, pero también sustanciales mutaciones políticas, apreciables
alteraciones en la escala de valores vigente (orden, propiedad, ahorro) y en las
mentalidades colectivas que avanzan entre la vanguardia y la tradición, generando
condiciones favorables para la formulación de políticas equidistantes en el mundo
occidental.
Ante estas condiciones el Estado argentino replantea su papel, emprende una
búsqueda constante del equilibrio social y económico en una sociedad que se mantiene,
desde 1880, en un proceso al que Horacio Pereyra llama de “integración vertical”. Sus
bases: la acumulación capitalista del sector primario, la fuerte expansión en servicios, la
urbanización temprana y la traslación de la renta agraria hacia áreas urbanas, dan
pruebas de esta aseveración. De ahí que el golpe de estado del 6 de setiembre de 1930
resulte una respuesta a la frustración de expectativas, más que a una situación de
“miseria profunda” o de mantenimiento del “statu quo”, dice Leopoldo Allub.
En la Argentina la crisis golpea con particular dureza al sector agrario. Es evidente
un retraso en la tasa de crecimiento, pierden importancia -en término de valores- las
exportaciones y se ve reducida la tasa de inversión. Las diferencias de esta crisis con la
ocurrida en 1890 son notorias:
* En 1890 la cantidad de moneda se triplica, en los años ´30 disminuye;
* En 1890 los precios agropecuarios ascienden, en los ´30 descienden en un 48 %
promedio;
* La “crisis del progreso” de los ´90 aparece ligada a factores monetarios y fiscales sin
afectar a las fuentes productivas. En 1930 culmina la expansión, se llega al “fin de un
paradigma”, el del crecimiento hacia afuera;
* Por último, puede afirmarse que en 1890 los deudores rurales -por el alza en los precios
de los productos- alivian sus deudas en unas dos terceras partes; en los años ´30 la carga
de las deudas es agobiadora, ante el descenso en los precios de los productos agrícolas.
En 1931, cuando es inocultable la depreciación de la moneda (un 40%) por la
transferencia de capitales al exterior, se implanta el control de cambios, que actúa
selectivamente como un freno a las importaciones y genera el traslado de ingresos desde
el sector agrícola al sector industrial que -como el textil- usa preferentemente materia
prima nacional. La agricultura y la ganadería disminuyen su participación en el ingreso
nacional, que en 1926 era de un 27,5 % y en 1933 desciende al 25,8 %, en tanto la
representación de la industria fabril se incremente de un 17,2 % a un 18,6 % en igual
período. El sector industrial es el líder en cuanto a tasa de crecimiento durante los años
1933-38. Contribuyen a esa expansión: la desvalorización de la moneda, el control de
4
cambios, el repliegue del país sobre sí mismo como consecuencia de la crisis, y la política
oficial. La recuperación de la depresión de los años ´30 es financiada por la transferencia
de ingresos de los sectores rurales a los urbanos.
En 1933 se hace evidente la sostenida declinación en los precios de los cereales.
Por esta razón el 28 de noviembre se dicta un decreto que crea la Junta Reguladora de
Granos, destinada a tonificar el mercado agrícola. El objetivo -como el de otras Juntas
similares: del azúcar, del vino, de la yerba mate- es regular la comercialización de la
producción, evitar ventas precipitadas ante la desvalorización de la moneda corriente,
mantener el nivel interno de los precios en beneficio de los productores y fijar oficialmente
las cotizaciones -tal como en otros países- para comprar a precios que resulten
redituables para el productor y vender al exterior al precio vigente en el mercado
internacional. El Estado subsidia una vez más -y ahora de manera institucional- al agro.
Los productores se amparan en los alcances de esa política que los beneficia a pesar de
la poco propicia situación internacional.
Como complemento de esta medida se promueve la construcción de elevadores de
granos para alentar el embarque a granel y en 1932 se crea la Red General de
Elevadores de Granos, que en 1935 se constituye en una Dirección Nacional de Estado.
Al mismo tiempo, se dispone la tipificación de cereales sobre standards y se organiza el
crédito para los agricultores. De todos modos, cuando en 1934-35 los precios graneros
mejoran, el motivo obedece a la prolongada sequía que afecta al Canadá y los Estados
Unidos. En 1935 la Argentina ocupa el primer puesto entre los exportadores mundiales de
trigo. Entre 1930-34 los productos agrícolas representan el 59,8 % del valor total de
nuestras exportaciones. El agro pampeano recibe los beneficios de estas buenas
cotizaciones hasta 1937. Desde 1938 una nueva caída en las cotizaciones reactiva el
accionar de la Junta Reguladora de Granos
La crisis de los años ´30 también obliga a revisar el débil sistema bancario
argentino. En 1935 se lleva a cabo la reforma monetaria y bancaria. Se crean entonces el
Banco Central de la República Argentina (ley 12.155) con un capital mixto de 30 millones
de m$n (10 millones suscriptos por el gobierno) destinado a ajustar la oferta de moneda a
la demanda, y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (ley 12.157) para movilizar
los activos fijos. La autoridad monetaria se propone entonces evitar fluctuaciones de la
actividad económica interna debidas a modificaciones de orden externo
Entre 1930 y 1945 se preparan los cambios -de ritmo desparejo en toda la región
pampeana- que son más importantes en la zona maicera:
* Una fuerte despoblación del medio rural;
* Una progresiva extinción del productor tradicional;
* Una gradual urbanización del productor agrario; y
* La ampliación de la escala óptima de la empresa agrícola. Se pasa a unidades más
grandes, con el consiguiente proceso de concentración de la producción en una cantidad
menor de explotaciones.
Por otra parte, nuevos reagrupamientos de los sectores agrarios dan origen a
corporaciones diferenciadas que los representan. A las tradicionales Sociedad Rural
Argentina (1866), la Bolsa de Cereales (nacida en 1854 como Sala de Comercio Once de
Septiembre) y la Federación Agraria Argentina (1912) se suman ahora la CAP (1934,
Corporación Argentina de Productores de Carnes) y los criadores nucleados en la
CARBAP (1932), que en todos los casos se esfuerzan para aumentar sus márgenes de
influencia en las gestiones efectuadas ante el Estado. La Argentina rural ante la
diversificación productiva se corporativiza, conserva su importancia y procura así
ajustarse a las nuevas exigencias del mercado mundial.
5
A partir de esta breve síntesis les propongo que lean y analicen los dos primeros
items del segundo capítulo de la carpeta de trabajo y que a partir de esa lectura
trabajen la ficha de O´Connell con el siguiente esquema:
Resolver las siguientes guías de lectura:
1.- Enuncie el objetivo central de este trabajo.
2.- Reseñe brevemente las características del ciclo económico en la Argentina.
3.- Aspectos centrales de la crisis de 1930.
4.- ¿Qué tipo de política económica se aplicó en la Argentina durante la depresión frente a
los problemas globales?
5.- Confeccione un cuadro con las principales consecuencias de la crisis de 1930 sobre la
economía argentina.
6.Reseñe
las
conclusiones
a
las
que
arriba
el
autor.
6
UNIDAD 3
Clase 3
3.- EL ESTADO BENEFACTOR, DIRIGISTA Y PLANIFICADOR. CONTINUIDAD Y
CAMBIO EN LA ECONOMIA Y LA SOCIEDAD ARGENTINAS:
El populismo, el ascenso del peronismo al poder y las características de la “Nueva Argentina”.
Dirigismo estatal, reforma financiera y planificación económica.
El Estado, el agro y la industria como expresión de una relación de fuerzas.
Población y organización del movimiento obrero. Nuevos y viejos actores sociales.
El “cambio de rumbo” y la “vuelta al campo”.
La “tercera posición”, el sistema de Bretton Woods y las inversiones del capital externo.
Continuidad y cambio. Balance de los mitos y realidades del peronismo.
En este tercer encuentro continuaremos con los cambios que se producen en el contexto
crítico de la década de 1930. Quiero hacer especial hincapié -a modo de síntesis- es las
siguientes cuestiones
- El proceso de industrialización por sustitución de importaciones.
- El bilateralismo y la crisis. El Tratado Roca-Runciman.
- La Segunda Guerra Mundial, sus efectos en la Argentina y las previsiones del frustrado
Plan Pinedo de 1940.
En la parte final de la 2º clase había sintetizado los cambios en la zona central de la
Argentina de la siguiente manera:
* Una fuerte despoblación del medio rural;
* Una progresiva extinción del productor tradicional;
* Una gradual urbanización del productor agrario; y
* La ampliación de la escala óptima de la empresa agrícola. Se pasa a unidades más
grandes, con el consiguiente proceso de concentración de la producción en una cantidad
menor de explotaciones.
En ese contexto de cambios hay nuevos reagrupamientos de los sectores agrarios
que dan origen a corporaciones diferenciadas que los representan. A las tradicionales
Sociedad Rural Argentina (1866), la Bolsa de Cereales (nacida en 1854 como Sala de
Comercio Once de Septiembre) y la Federación Agraria Argentina (1912) se suman ahora
la CAP (1934, Corporación Argentina de Productores de Carnes) y los criadores
nucleados en la CARBAP (1932), que en todos los casos se esfuerzan para aumentar sus
márgenes de influencia en las gestiones efectuadas ante el Estado. La Argentina rural
ante la diversificación productiva se corporativiza, conserva su importancia y procura así
ajustarse a las nuevas exigencias del mercado mundial.
La ganadería aunque sufre los efectos de la crisis de 1930 se recupera más
rápidamente que la agricultura. Las carnes resultan un rubro significativo en el comercio
exterior argentino. Su destino más importante -y casi exclusivo- es el Reino Unido; un
comercio que es altamente dependiente de convenios bilaterales. Son los sectores
ganaderos quienes nuevamente se dirigen al Estado. En esta ocasión solicitan la creación
de un organismo que represente sus intereses ante los vaivenes externos. Se crea
entonces la Junta Nacional de Carnes con oposición de los socialistas y apoyo decidido
de la Concordancia y el Partido Demócrata Progresista. Este organismo autárquico que
se propone ejercer el control del comercio de carnes, fijar normas de clasificación y
tipificar el producto, revela un triunfo parcial de los ganaderos sobre los frigoríficos y
reactiva los conflictos entre la Sociedad Rural Argentina y la CARBAP que exige una más
7
amplia participación en la Junta. El conflicto ya no compromete sólo a criadores e
invernadores, se traslada al sistema político.
Los intereses de la industria ganadera argentina históricamente ligados a los del
sector exportador que opera con el mercado de Smithfield en Gran Bretaña, expone su
poder cuando como consecuencia de las Conferencias de Ottawa de 1932, el Reino
Unido fija restricciones a las cuotas de importación sobre productos cuyo origen no fuera
el de los dominios británicos. Los ganaderos argentinos se sienten afectados. Tienen
temor de perder el mercado inglés, receptor de un 90 % de nuestras exportaciones de
carnes. La presión de los estancieros para modificar la política comercial exterior de la
Argentina cobra cuerpo, mientras los ingleses propician -y obtienen en 1933- el
descongelamiento de fondos fijado por el control de cambios desde 1931.
Tras seis meses de negociaciones el Vicepresidente argentino Julio Roca (h) firma
en Londres con el ministro de comercio británico Runciman, el 1 de mayo de 1933 el
Tratado Roca-Runciman, impulsado por invernadores, frigoríficos y grandes criadores en
medio de la oposición parlamentaria y nacionalista. El convenio garantizaba evitar
restricciones en las importaciones de carne por debajo del 90 % correspondiente al año
terminado el 30 de junio de 1932- año de compras bajas para las carnes argentinas en
beneficio de las de procedencia australiana y neozelandesa-; un 85 % de las
importaciones quedaban en manos anglo-norteamericanas y un 15 % se reservaba a la
C.A.P.. Ante la vigencia del control de cambios, Inglaterra obtiene un cambio favorable
para las compras que de allí procedieran, cuando se fija una base doble de cambio: libre y
oficial; se aseguran divisas disponibles al Reino Unido, equivalente al monto total del
cambio en libras esterlinas que surgen de las ventas de productos argentinos allí. Se
resuelve no gravar con impuestos el carbón y otros productos de procedencia británica, al
tiempo que se asegura un “trato benévolo” por parte de la Argentina a las inversiones
británicas.
Amparándose en estas cláusulas, en 1934 el gobierno compra sobrevaluado el
Ferrocarril Central Británico de Córdoba, mientras se negocia con la Corporación de
Transportes de Buenos Aires, el otorgamiento del monopolio de los servicios urbanos,
tranviarios y ferroviarios a las compañías británicas; mientras se programa un plan de
nacionalización de las inversiones británicas deficitarias en la Argentina, que culminará
luego de la Guerra con la compra de los ferrocarriles por parte del Estado. A mediados de
1935 los alcances del tratado respecto del comercio de carnes, se discuten en el
Congreso Nacional, la oposición más contundente en nombre de los criadores y pequeños
y medianos ganaderos la encabeza el senador demócrataprogresista Lisandro de la
Torre, quien enfrenta la defensa que hace del Tratado el Ministro de Agricultura y
ganadero Luis Duhau, con los resultados por todos conocidos, que culminan con el
asesinato del senador Enzo Bordabehere el 23 de julio de 1935.
Entre 1933 y 1938 aumentan las exportaciones de carnes congeladas y en
conserva, pero debido a las compras que hacen Alemania e Italia a nuestro país, en tanto
aumenta significativamente el consumo interno y mejoran en calidad los novillos, cuya cria
se expande en toda la pampa húmeda. El estallido de la Guerra Mundial beneficia la
comercialización de carnes y los ganaderos argentinos se benefician con precios
elevados pagados por el producto que venden. Cuando en la postguerra la coyuntura se
modifique, la Junta Nacional de Carnes pasará a subsidiar momentáneamente a la
actividad pecuaria. Una vez más, el estado sale a proteger al poder agrario.
Es hacia 1940 cuando en la dirigencia nacional comienza a cobrar cuerpo la
necesidad de alentar “cambios estructurales”, que comprendan el desarrollo del mercado
interno; es cuando es manifiesta la desaceleración del crecimiento y la diversificación de
las fuentes más dinámicas de esa expansión. El Ministro de Hacienda Federico Pinedo,
presenta entonces ante el Congreso Nacional -para anticiparse a los temidos efectos de la
conflagración- el Plan de Reactivación de la Economía Nacional. Plan pro-aliado,
8
considerado por Juan José Llach como el primer documento de Estado donde se intenta
modificar parcialmente la estrategia de desarrollo económico vigente. Es de carácter
industrialista, procura conciliar industrialización y economía abierta, intenta fomentar el
comercio con los Estados Unidos y crear un mercado de capitales. Propone alentar un
programa de préstamos industriales, aumentar la construcción de viviendas, revisar las
tarifas aduaneras y promover la adquisición por parte del gobierno de los saldos
exportables agrícolas no colocados; en síntesis, mantener abierta la economía
“oficializando” la industrialización, pero dejando claramente establecido que el agro sigue
siendo “la gran rueda de la economía” y que la industria actuaría a la manera de
engranajes secundarios, cuyo funcionamiento sería activado cuando aquélla tuviera
dificultades.
La propuesta de Pinedo da cuenta de la creciente hegemonía de las posiciones
industrialistas, de las dificultades por las que atraviesa el comercio internacional y de la
necesidad de dinamizar la alicaída demanda interna. La acción estatal es vista como la
única alternativa. El tránsito del intervencionismo al dirigismo estatal en la economía
avanza. Pinedo propone movilizar los recursos financieros a través del Banco Central
como ente de colocación en el mercado de bonos de ahorro y promoviendo la
transferencia y movilización de los depósitos bancarios. La falta de apoyo político que
lideran el General Agustín P. Justo y el radical Marcelo T. de Alvear hace naufragar el
plan propuesto; “modernizante” pero tardío, con muchas cláusulas provisorias y sin contar
con el respaldo de una amplia alianza socio-política.
De todos modos, a través de su lectura y el debate de sus propuestas, queda al
descubierto el paulatino ascendiente del mercadointernismo entre los empresarios,
militares, obreros e intelectuales. “El Plan Pinedo de 1940 y la economía política
mercadointernista del peronismo originario -dirá Juan José Llach- fueron dos momentos
cultminantes del gran debate sobre el desarrollo económico nacional.” Aunque a la
Argentina le haya sido difícil lograr una estrategia de industrialización perdurable, entre
1940 y 1943 se dictan varias leyes de promoción industrial atendiendo a las exigencias
del mercado interno; así en 1943 el gobierno crea el Banco de Crédito Industrial
Argentino, liderado por el empresario de la industria alimenticia Miguel Miranda (durante
parte de la gestión peronista Presidente del Banco Central) y al año siguiente se crea con
jerarquía ministerial la Secretaría de Industria y Comercio.
Frente a los cambios los sectores agrarios también se reorganizan y el 24 de
febrero de 1943 se funda Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Más allá de la
frustración del Plan Pinedo, el país sigue esperando “la vuelta a la normalidad” y se
apresta a ponderar en sus propuestas futuras el mercado interno. Un mercadointernismo
que el peronismo y su planificación procurarán llevar a su máxima expresión.
Un balance de los hechos ocurridos durante el período 1930-1943, muestra la
vigencia de una política de contraste que se enlaza a la vulnerabiliad propia de una
economía abierta como la argentina. Por un lado el propósito, alentado desde el poder, es
restaurar la hegemonía agroexportadora, frente a un comercio mundial limitado. Por otro,
se destaca la creciente importancia del sector industrial en medio de bajas tasas de
inversión. En todo el período hay dos grandes sectores sociales ausentes,
paradójicamente los más desarrollados merced a las nuevas condiciones económicas: la
burguesía industrial -inconmovible frente al fracaso del Plan Pinedo y el predominio de
los intereses del agro- y la clase obrera, que no se encuentra representada por ninguna
de las fuerzas políticas actuantes en la Argentina de entonces.
Les propongo como actividad la guía que podrán encontrar en el Cuaderno de
trabajo sobre el tetxo obligatorio de Juan José Llach “El Plan Pinedo de 1940, su
significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo”
Desarrollo Económico 92, vol. 23, enero-marzo 1984, pp. 515-558. Este artículo es
9
importante en relación al análisis del Plan y porque nos permite comenzar a
reflexionar acerca de algunas ideas que estuvieron presentes en los orígenes del
peronismo.
1.- ¿Cuál es el objetivo central del trabajo de Llach?
2.- ¿Cuál es la situación de la Argentina hacia 1940?
3.- ¿Quién es Federico Pinedo?
4.- Reseñe las propuestas del Plan Pinedo en relación con:
* Los problemas del sector externo.
* Las perspectivas de desarrollo de la economía.
* El papel del Estado.
* El nivel de precios.
5.- ¿Cómo concilia el Plan industrialización y economía agroexportadora abierta?
6.- ¿Qué destino corrió el Plan? ¿Por qué?
7.- Relacione: mercado interno-nivel de ocupación-salarios reales.
8.- Reseñe las conclusiones del autor.
Clase 4
En este cuarto encuentro comenzaremos con una Unidad temática que probablemente
genere en todos ustedes interrogantes particulamente intensos: esto es entramos en el
núcleo temático que tiene como eje al peronismo. Pero antes de empezar con el tema
específico recordemos los temas centrales de la clase anterior:
El proceso de industrialización por sustitución de importaciones.
El bilateralismo y la crisis. El Tratado Roca-Runciman.
La Segunda Guerra Mundial, sus efectos en la Argentina y las previsiones del frustrado
Plan Pinedo de 1940.
Ahora si entrando directamente al tema, el triunfo de Juan Domingo Perón -líder
programático de los golpistas de 1943- en las elecciones presidenciales de febrero de
1946, profundiza la propuesta de una economía volcada al mercado interno y puesta al
servicio de amplios sectores populares, a quienes el propio Perón impulsara desde 1943
cuando estuviera al frente del Departamento Nacional de Trabajo, primero, y de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social pocos meses después, y desde donde
catapultara su candidatura a la Presidencia de la República.
Una política económica mercadointernista, conducida por un Estado nacionalista y
popular, dirigista y planificador, capaz de concretar la redistribución del ingreso en favor
de la pequeña y mediana industria que produce para ese mercado interno expandido, es
la que se implementa entonces en la Argentina acreedora de la postguerra. La alianza
entre los sectores más nuevos y pujantes de la burguesía industrial y la clase obrera
organizada, con la garantía estatal, definen la esencia del flamante gobierno populista de
Juan Perón. El viraje supone un cambio en el sistema de intereses económicos
dominantes y en la estructura de poder existente, para encarar las soluciones a las crisis
de dependencia y distribución que en 1930 quedan al descubierto, en un país
esencialmente agropecuario como el nuestro.
El Estado peronista afirmándose en la doctrinaria y pendular “tercera posición”, se
orienta, en consecuencia, a consolidar la autonomía económica del país, como hilo
conductor y motor de ese proceso que aspira a construir una Nación “socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana”.
Para superar la crisis de dependencia, el Poder Ejecutivo Nacional nacionaliza, a
partir de 1947, los servicios públicos (ferrocarriles, teléfonos, gas, usinas eléctricas, flota
fluvial, etc.), inicia la repatriación de la deuda externa -que concreta en 1952- y enuncia
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los principios de la ya mencionada “tercera posición”. Para remontar la crisis de
distribución, acredita a su favor los beneficios de la reforma financiera de 1946 que
estatiza la banca, considerando patrimonio nacional el capital del Banco Central de la
República Argentina, y nacionaliza los depósitos para dar al Estado libertad de acción en
materia de política monetaria y crediticia. Lleva a cabo un diagnóstico socioeconómico a
través del Consejo Nacional de Postguerra, primer organismo argentino de planificación,
y eleva al rango de entidad autárquica al Instituto Argentino para la Promoción del
Intercambio (I.A.P.I.) que -creado en 1944- dos años después monopoliza el comercio
exterior argentino y se convierte en eje del proceso de redistribución del ingreso en favor
de la pequeña y mediana industria nacional.
Estos instrumentos financieros, económicos y políticos, son los que permiten llevar
adelante los objetivos del Primer Plan Quinquenal que entra en vigencia en 1947. En él
resulta claro que los sectores agrarios productores y comercializadores, soportan el mayor
peso del cambio que se opera desde entonces en la economía argentina.
Se inicia a partir de ese momento y hasta 1949, una etapa de expansión
económica en la cual -y a pesar de las advertencias del discurso oficial- el sector rural
juega un papel estratégico de gran significación. Discusiones, confrontaciones y acuerdos
signan el diálogo entre el Estado -empeñado en tomar distancia de los rasgos más
tradicionales de la Argentina agroexportadora sin prescindir de ella- y los diversificados
actores sociales agrarios, dispuestos a responsabilizar al gobierno de los desfasajes por
los que pasa el sector rural y sin renunciar a los beneficios que directa o indirectamente el
cambio de política económica les puede brindar. Es por estas razones que la política
agraria desplegada desde el Estado peronista, tanto antes como después de 1950, se
nutre de controversias y acuerdos que -en cualquier caso- refuerzan el papel primordial
jugado por este sector de la producción en la economía del país.
Las expectativas de los actores sociales rurales, arrendatarios y propietarios, frente
al accionar del gobierno peronista se acrecientan. Ambos esperan definiciones. En tanto
el Estado que comprende las posibilidades de la nueva coyuntura e intenta satisfacer las
necesidades de un electorado rural importante en número (31 % del total de votantes), se
esfuerza por orientar y dirigir ese proceso para mantener el control del mismo, en
momentos en que se perfilan exigencias desde dentro y desde fuera de la estructura
agraria.
El Estatuto del Peón Rural de 1944, dado para reglamentar las condiciones
laborales de los asalariados agrarios permanentes, el Estatuto del Tambero-Mediero de
1946, la atención prestada al Centro de Oficios Varios que sindicaliza a los peones
estacionales o transitorios, así como la propuesta de reforma agraria sustentada por el
Consejo Agrario Nacional, a través de los planteos de Antonio Molinari y Mauricio
Birabent, que incluye -en 1945- la entrega de títulos provisorios de propiedad, algunas
expropiaciones y un gran despliegue propagandístico, son decisiones que aunque
adoptadas -en muchos casos- antes de 1946, el peronismo hace suyas; pero que no se
profundizan en toda su extensión después del ascenso de Juan Domingo Perón al
gobierno de la República. Entonces, el flamante Presidente de los argentinos expone ante
el Congreso Nacional que la política agraria podía resumirse en una advertencia; aquélla
que en esta ocasión se empeña en recordar que: “la tierra no debe ser un bien de renta,
sino un bien de trabajo”.
Si el discurso suena amenazante, los hechos muestran confrontaciones pero
también acuerdos, ya que por ejemplo los titulares de la cartera de Agricultura durante los
inicios de la gestión peronista, quedan en manos miembros de la Sociedad Rural
Argentina y de empresas agropecuarias. Además, las reformas sociales que se dirigen a
beneficiar a los sectores más bajos del campo, son presentadas por el Ejecutivo Nacional
como indispensables para la evolución de la empresa agraria, que debe amortiguar
potenciales conflictos. La oscilación entre disensos y acuerdos permite -por ejemplo- al
11
mismo Poder Ejecutivo de la Nación disponer el recorte de las atribuciones del Consejo
Agrario Nacional cuando quienes lo conducen alientan una reforma agraria radical.
La planificación económica sustentada por el peronismo motiva la necesidad de
sostener una producción agropecuaria creciente y minimizar el conflicto social, para hacer
posible -sobre bases genuinas- la redistribución del ingreso en favor de la pequeña y
mediana industria. Para lograr sus fines Perón cuenta con dos instrumentos de
financiación de notable eficiencia: el I.A.P.I. y la reforma bancaria de 1946. El primero
comercializa la producción agraria, comprando a precios mínimos al productor y
vendiendo en un mercado mundial que por entonces paga precios altos por los cereales.
La diferencia así generada constituye el capital para implantar una política crediticia que,
a partir de esa reforma, se ajusta a los objetivos fijados por el Estado.
Las grandes fábricas radicadas en el Gran Buenos Aires y en el interior del país,
pero también los pequeños y medianos emprendimientos, se benefician con el apoyo
financiero que les otorga el Banco de Crédito Industrial Argentino y -en menor medida- el
Banco de la Nación Argentina y el de la Provincia de Buenos Aires. El crédito concedido
es utilizado no sólo para la expansión de sus plantas, sino para la compra de materias
primas, el pago de sus deudas y de los salarios, jornales, aguinaldos y vacaciones del
personal que ocupan. Pero, más allá de las advertencias del discurso oficial y de los
reales subsidios que la industria recibe, los sectores agrarios no quedan excluídos del
otorgamiento de créditos en esta etapa de fomento industrial.
Los parámetros de la política agraria peronista combinan medidas económicas,
política de tierras y concesiones laborales para dar respuesta a una creciente “presión
nacional sobre la tierra” que pretende un aumento sostenido de la producción para
beneficiar a los sectores priorizados por el Plan Quinquenal de 1947 y -a la vezanticiparse a los posibles conflictos entre los diversos sectores rurales y entre ellos y el
Estado nacional. El discurso oficial advierte, el de los sectores agrarios reniega de ese
avance estatal sobre sus intereses, pero ni uno ni otro llevan el enfrentamiento al terreno
financiero. El crédito no es un instrumento de confrontación.
Los bajos precios que el I.A.P.I. paga a los productores rurales, la prórroga de los
contratos de arrendamiento, el congelamiento de los cánones pagados por el arriendo de
campos y el aumento de los salarios rurales, distorsionan las relaciones agrarias y -sin
duda- se reflejan en el decrecimiento del área sembrada. Al mismo tiempo, las posturas
del sector agrario frente al proceder estatal se dividen y varían según el grado de
diversificación inversora de la cúpula agraria, pero -de todos modos- parte de ese
deterioro se repara con el apoyo oficial que llega a través del crédito concedido aun para
que los patrones y propietarios puedan pagar las mejoras sociales acordadas por el
oficialismo a los peones rurales.
Hacia 1949-50 las condiciones internacionales cambian, descienden los precios
agrícolas mundiales ante las abundantes cosechas de Europa, el Canadá y los Estados
Unidos de América del Norte y la inflación -después de la reforma de la Carta Orgánica
del Banco Central (1949) que suprime la restricción en la emisión monetaria- comienza a
jaquear a la economía argentina. El plan económico peronista muestra sus limitaciones.
Los sectores agrarios aprovechan la coyuntura y endurecen sus reclamos frente al
gobierno, al que obligan a definirse. El sistema financiero puesto al servicio del Estado es
el que permite entonces alentar un rápido “cambio de rumbo” y con el “la vuelta al campo”.
Se
abre
así
otro
ciclo
económico
para
la
“Nueva
Argentina”.
12
UNIDAD 4
Clase 5 y 6
4.- EL ESTADO, LOS ACTORES SOCIALES Y LA ECONOMIA ANTE LA COYUNTURA
DESARROLLISTA Y LA CRISIS DE MEDIADOS DE LOS AÑOS ´60:
4.1. La “Revolución Libertadora”, proscripción y resistencia del peronismo.
4.2. Las democracias “débiles”.
4.3. Neoliberalismo y desarrollo.
4.4. Política industrial y radicación de capitales extranjeros.
4.5. Transformaciones del sector agropecuario.
4.6. La sociedad de los años ´60.
4.7. Conflictividad social y cambio político.
Comenzamos hoy con los temas correspondientes a El Estado, los actores sociales y la
economía ante la coyuntura desarrollista y la crisis de mediados de los años 60. Tal
como estaba previsto en el plan de trabajo, vamos a dedicar tres clases al desarrollo de
esta unidad. Hoy nos vamos a concentrar en el tema del Estado y los actores sociales,
punto sobre el cual volveremos a considerar al final de la unidad, cuando abordemos el
tema de la sociedad, la conflictividad social y el cambio político en los años sesenta.
La bibliografía obligatoria para esta clase es la siguiente:
James, Daniel. Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina,
1946-1976, Sudamericana., Buenos Aires, 1990, pp.69-218. (Material digitalizado).
Carpeta de Trabajo, pp. 111-149 (Les recomiendo una primera lectura de toda la unidad
para tener una visión de conjunto de los temas que estamos desarrollando).
Gernuchoff, Pablo y Llach, Lucas; El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de
políticas económicas argentinas (Este libro figura en el plan como lectura obligatoria, para
estos temas les recomiendo el final del cap. V, pp. 231- 242 y también es conveniente ir
adelantando la lectura del cap. VI, pp. 243-287).
Empecemos, pues, retomando algunos de los temas de la clase anterior para tratar de
comprender el complejo panorama que se abre con la caída de Perón en 1955. En el
artículo de Juan José Llach, habíamos visto algunas de las principales características de
la estrategia “mercadointernista”, con la cual el peronismo aborda el tema de la promoción
del desarrollo industrial, tendiente a sostener el proceso de sustitución de importaciones.
¿Qué suponía dicha estrategia? Tal como expone Llach, es importante recordar que, en
parte por los condicionamientos externos impuestos por la segunda guerra mundial, se
tiende a cerrar la economía para independizarla de los vaivenes del intercambio externo.
Y, bajo la fuerte dirección del Estado, el fomento de la producción industrial tendrá por
destino principal el mercado interno. Para que esto fuera viable, en principio como
estrategia económica, era necesario implementar una política de alza del salario real:
evidentemente, si una mayoría antes excluida del acceso a algunos bienes, disponía de
más recursos, también podía consumir y así alimentar la demanda de productos
industriales cuya importación estaba fuertemente restringida.
Pero este constituye tan sólo un costado de la cuestión. Tal como reconocen Gernuchoff y
Llach, también concurrieron a fomentar la expansión salarial durante el primer trienio
peronista (1946-1949) las urgencias políticas: en efecto, Perón encontró en los
“trabajadores” una importante base de poder político. Ciertamente, ese incremento del
salario real duró poco tiempo, pero los efectos sociales y políticos fueron de larga
duración. Primero, porque en efecto, la prosperidad era palpable para el ciudadano
común, especialmente los más pobres; y segundo, porque esta prosperidad no aparecía
como un “fruto natural” o producto espontáneo de las iniciativas del mercado, sino más
bien como un efecto de la mano férrea de un Estado dispuesto a imponer importantes
13
reformas sociales cuyo impacto se sentía fuertemente en las prácticas cotidianas, entre
otras, aquellas que tenían con las actividades en los talleres y fábricas.
En este sentido, tal como afirma Daniel James, por un lado, “salarios basados en pagas
altas por hora, junto a beneficios marginales como los aumentos por antigüedad, las
asignaciones familiares, etc., introducidos en los contratos del período 1946-48, eran
considerados una conquista decisiva por la clase trabajadora”. Y, también, por otro lado,
si bien la ideología peronista no cuestionaba la aceptación general de las relaciones de
producción capitalista y el derecho del empleador a ejercer el control y la autoridad,
ciertamente en la práctica el Estado había impulsado ciertos cambios en las condiciones
de trabajo que limitaban los derechos de la empresa en lo relativo a movilidad de mano de
obra y especificación de la tarea, garantizando además beneficios sociales como la
licencia por enfermedad sin pérdida de haberes.
Esta nueva situación socio-política de los asalariados generaba un problema permanente
en torno al tema de la productividad. Es decir, junto a un aumento en la inversión, era
necesario realizar cambios en la organización de las empresas, con el fin de lograr una
mayor eficiencia. Este problema había sido visto por Perón, y de hecho en 1954 había
impulsado a la CGT a la organización de un Congreso de la Productividad y el Bienestar
Social, del cual se esperaban algunos acuerdos entre sindicalistas y empresarios. Los
sindicalistas se atroquelaron detrás de sus posiciones, negaron todo acuerdo en torno a
los puntos fuertes del problema (como medidas contra el ausentismo, la posibilidad de
usar incentivos que estimularan el esfuerzo de los trabajadores o un mayor margen de
maniobra en los convenios colectivos por parte de los empresarios) y solo accedieron a
algunas conclusiones formales, sin ningún efecto práctico. Es decir, el mismo Perón se
encontraba ya con un dilema difícil de resolver: las reformas que había implementado
junto al poder otorgado a los sindicatos habían consolidado su base política, pero estas
comenzaban a resultar un obstáculo para lograr una industria fuerte y competitiva. Si para
el propio Perón esta situación resultaba una encrucijada, mucho más complicada se
tornaría después de su caída, para mandatarios cuya legitimidad aparecería fuertemente
cuestionada desde aquellos sectores que habían apoyado al régimen anterior.
En efecto, ¿cuál es el dato que pronto salta a la arena política después de la llamada
“Revolución libertadora”? La lealtad de una parte importante de la población al líder
depuesto, lealtad que se manifestaba en múltiples formas (huelgas, protestas, comandos
organizados para el sabotaje, etc.). Sostenida con insistencia, cuestionó fuertemente la
legitimidad de cada uno de los gobiernos que se sucedieron a la “Revolución Libertadora”
durante el período que estamos considerando.
En relación a esto, deberíamos tener en cuenta una cuestión más general: una de las
premisas de la gobernabilidad constituye el hecho de que tanto un régimen como un
gobierno sean considerados legítimos, es decir, más allá del acuerdo concreto sobre
determinadas políticas, debe imperar sobre el conjunto de la población la idea de que tal
gobierno tiene derecho al poder. Y el derecho no es la fuerza: ese consenso básico no se
logra mediante la represión, que tiene más bien el efecto contrario, el de poner de
manifiesto la debilidad y falta de legitimidad de un régimen o un equipo de gobierno.
Esa lealtad al régimen depuesto va a asumir distinta formas, pero es importante remarcar
aquel dato que enfatiza James: la distancia entre los líderes sindicales y las bases, que
limitaban las opciones de la dirigencia. Por ejemplo, durante el gobierno de Lonardi es
muy clara la reacción muy fuerte de las bases, que impedía a la dirigencia tomar
posiciones menos intransigentes que tal vez hubieran evitado la renuncia de un militar
como Lonardi, nacionalista y católico, que no estaba a favor de una total aniquilación del
legado peronista.
Ciertamente, otro dato con el que nos encontramos es que el conjunto de actores,
encabezados por las fuerzas armadas –a quienes se habían sumado gran parte de los
grupos empresarios, la iglesia, la clase media y los partidos opositores (no sólo el
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radicalismo, sino también el Partido Comunista y el Partido Socialista)- constituía un
conjunto sumamente heterogéneo, en el cual no había demasiados acuerdos en torno a
diagnósticos y programas para enfrentar la situación presente.
Un acuerdo básico estaba planteado: aquel que sostenía no solamente el alejamiento de
Perón, sino también la proscripción del peronismo. Pero mientras algunos consideraban
necesario rescatar algunos aciertos del gobierno anterior, y otros creían que el recuerdo
de Perón se iba a esfumar rápidamente de la memoria colectiva, lo cierto es que nada de
esto sucedió. En principio, porque las necesidades económicas imponían la urgencia de
modificar algunos hábitos de trabajo, que eran visualizados como conquistas adquiridas
por la clase trabajadora; y en segundo lugar porque la represión no hizo sino acentuar y
consolidar una identidad peronista en las masas trabajadoras. Tal como reconoce James,
en este sentido, esa adhesión no significó simplemente una “lealtad emocional sin
conciencia política”. Suponía una interpretación selectiva del pasado, en pos de la
construcción de un mito que servía para impugnar las condiciones del presente. En
palabras de James, “la vuelta de Perón llegó a simbolizar y sintetizar una gama de
aspiraciones de los trabajadores en cuanto a dignidad, justicia social y fin de la aflicción”.
Encontramos aquí un dicotomía que divide a la sociedad argentina por esos años:
peronismo/antiperonismo, dicotomía que atraviesa las divisiones de clase y que se
transforma en un antagonismo irreductible, porque no había acuerdo posible entre
quienes deseaban la vuelta de Perón y quienes repudiaban esa posibilidad.
Otras divisiones también van a ser patentes en el período: de hecho, el conjunto de las
fuerzas que se opusieron a Perón tampoco compartían un programa de acción. El rápido
reemplazo de Lonardi por Aramburu muestra claramente las tensiones en las fuerzas
armadas, así como también el levantamiento del levantamiento del Ejército a manos del
Gral. Valle en 1956. Que estas tensiones perduran se manifiesta en el enfrentamiento de
diversas fracciones del ejército (los “azules” y “colorados”) luego de la caída de Frondizi,
durante el gobierno del presidente del Senado, José María Guido en (1962-63). El motivo
del enfrentamiento entre estos dos bandos tiene que ver con la tolerancia hacia el
peronismo y el rol de las fuerzas armadas: mientras la fracción liderada por Onganía creía
en un retorno a la legalidad que mantuviera la proscripción del peronismo, pero
considerara la aceptación paulatina del movimiento; la fracción “colorada” se inclinaba por
una dictadura prolongada a manos de las fuerzas armadas. El triunfo, provisorio,
correspondió a la fracción azul, y en 1963 Illia asumía la presidencia, habiendo obtenido
tan sólo el 25 por ciento del aval de la ciudadanía.
Ahora bien, ¿a qué se debe el acrecentamiento de las tensiones entre fracciones de las
fuerzas armadas enfrentadas? Posiblemente, al balance de la experiencia frondicista. En
la convocatoria a elecciones para la Convención Constituyente en 1957, fue patente el
importante caudal de votos que en silencio pronunciaban su adhesión a Perón,
respondiendo a su mandato de votar en blanco. Esto incitó a Frondizi a un acercamiento
con los peronistas, a través de un acuerdo secreto con Perón. Finalmente, en 1958, con el
apoyo de los votos peronistas, Frondizi asume como presidente, pero su mandato va a
estar sometido a una red de presiones: por un lado, la necesidad de cumplir ciertos
acuerdos con el movimiento sindical, como el de devolver los gremios ocupados por
militantes antiperonistas y militares a los líderes cuyas listas conquistaran una amplia
mayoría electoral en elecciones internas y la aplicación de la ley de Asociaciones
Profesionales que, modelada con arreglo al código laboral peronista, estipulaba el
reconocimiento de una sola unidad negociadora en cada industria, junto a la promesa del
reestablecimiento de la CGT. Todo esto en la práctica significaba devolver al menos una
parte del poder perdido a los sindicatos y los líderes peronistas. Pero, por otro lado,
también Frondizi debía satisfacer las demandas de las fuerzas armadas y los grupos
empresarios, quienes sostenían una fuerte oposición a toda medida tendiente a
reconstruir, lideradas por sus enemigos, las estructuras de poder sindical.
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Ciertamente, se trataba de un equilibrio delicado, que exigía una respuesta prácticamente
imposible, porque los intereses de las partes eran inconciliables. Así, la desconfianza
frente a Frondizi va a ser un punto común entre ambos bandos: tanto la apertura al capital
externo, la concesión de contratos a petroleras extranjeras –ambas medidas exigidas y
justificadas dentro del programa económico desarrollista que impulsaba este gobierno-,
como las medidas de reorganización del trabajo en las fábricas, le valieron a Frondizi el
mote de “traidor” de parte de los peronistas. Y, por el otro lado, contaba con la total
desconfianza de los militares, quienes rechazaban tanto su acercamiento al peronistas,
como ciertas tendencias exageradamente caracterizadas como “izquierdistas”. De hecho,
su principal asesor en la construcción del plan económico, Rogelio Frigerio va a despertar
las sospechas de las fuerzas armadas, por su pasado ligado al Partido Comunista, tanto
es así los militares piden su reemplazo como ministro de economía en 1959, y en un
contexto de crisis y de alta inflación, le sucede Alvaro Alsogaray.
En síntesis, posiblemente Frondizi sea el primero en reconocer que sin el peronismo no
se puede gobernar. Pero si esta era la conclusión de 1957, apenas dos años después
tampoco resultaba factible satisfacer las concesiones que solicitaba el peronismo y las
demandas de las fuerzas armadas. Posiblemente, la conclusión de esta experiencia haya
marcado el acrecentamiento de la desconfianza, de parte de los militares, hacia todo
gobierno civil constitucional.
En esta clase, he procurado desarrollar el panorama que se dibuja a partir del
posicionamiento político de los actores del período, en pos de mostrar cómo ese
posicionamiento establecía una enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas que
dividía y polarizaba a la sociedad argentina. El programa económico del desarrollismo
será expuesto en la próxima clase, pero es importante detenerse a considerar los límites
que la política impone a la economía: cuando la legitimidad de un gobierno es
cuestionada, también se verá socavada su autoridad para poner en marcha las medidas
que requieren un plan económico.
Les propongo realizar la siguiente actividad:
En base a la lectura del texto de Daniel James, Resistencia e integración. El
peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976, exponga las distintas
modulaciones que adquiere en este período la relación entre los líderes sindicales y
sus bases. ¿Cómo contribuyó esa relación a la modificación de las estructuras
sindicales? (Máximo: dos carillas)
Clase 7
Continuamos con los temas correspondientes a El Estado, los actores sociales y la
economía ante la coyuntura desarrollista y la crisis de mediados de los años 60.
Más específicamente, en esta clase, vamos a centrarnos en el análisis de la economía
ante la coyuntura desarrollista.
La bibliografía obligatoria para esta clase es la siguiente:
Schvarzer, Jorge. La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la
industria argentina, Planeta, Buenos Aires, 1996, cap.7. (Material digitalizado)
Carpeta de Trabajo, especialmente: pp. 120-139.
No se olviden de continuar con la lectura del libro de Gernuchoff y Llach, El ciclo de la
ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas. Recomiendo para
esta clase el cap. VI, “El impulso desarrollista” (1958-1963), pp. 243-287.
Habíamos visto en la clase anterior un panorama de los posicionamientos políticos de los
diversos actores en este período, fundamentalmente el enfrentamiento entre peronistas y
antiperonistas, y vamos a ver hoy los diagnósticos y los programas de política económica
que se ponen en marcha por esos años.
16
Casi inmediatamente a la caída de Perón, la administración de Lonardi encarga a Raúl
Prebisch un informe acerca de la situación económica del país. Este Informe resultaba
lapidario para la administración anterior, a la cual se cargaba la responsabilidad de dos
problemas que resultaban acuciantes para el nuevo gobierno: las dificultades en la
balanza de pagos y la inflación.
El primer problema, según Prebisch, era una consecuencia de la política de precios
seguida por el gobierno peronista respecto de los productos del campo: la producción
agraria se hallaba postrada porque el gobierno anterior mantenía bajos los precios de
productos agrarios, lo cual traía como consecuencia una baja en las exportaciones, y el
consiguiente desequilibrio de la balanza de pagos. En relación a este punto, las
soluciones propuestas por Prebisch (una devaluación que reajustara los tipos de cambio)
tendían a provocar un aumento del ingreso rural a costa del urbano. Es decir, la
conclusión (no del todo inexacta) -a partir de la cual el Informe y el plan posterior fueron
impugnados- era la siguiente: los trabajadores y el conjunto de consumidores urbanos
eran los que debían pagar el aumento del ingreso del sector rural. Ciertamente, no se
trataba de que Prebisch propusiera una “vuelta a la economía agroexportadora” o que
planteara un plan antiindustrialista (acusaciones que debió enfrentar), sino que
efectivamente sin las divisas necesarias para adquirir insumos externos, la industria no
podía funcionar. Y esas divisas solo podía venir de las exportaciones agropecuarias y/o
del capital externo. En el difícil contexto político de los primeros años de la “Revolución
Libertadora”, esas opciones incitaban al debate. ¿Por qué? Porque tanto el llamado al
capital externo, como un plan que sugería austeridad y sacrificio de los asalariados con el
objetivo de mejorar los ingresos del sector rural, planteaba más bien dudas y problemas
de cara a los efectos sociales y políticos de esas iniciativas.
El otro problema, el de la inflación, también resultaba difícil de resolver, básicamente
porque, de nuevo, las soluciones propuestas por Prebisch apuntaban a un ajuste: la
reducción de la tasa de emisión monetaria y del déficit fiscal, medidas que implicaban la
disminución del empleo estatal, mayor racionalidad en el manejo de empresas públicas y
contracción de los gastos del gobierno. Por supuesto, estas medidas se aplicaron solo
parcialmente, dado que la situación política presionaba por mayor flexibilidad.
El Informe de Prebisch presentaba un panorama sombrío en relación al pasado inmediato,
y subrayaba el hecho de que la Argentina estaba atravesando una de las crisis más
agudas en cuanto a su desarrollo económico. Sin embargo, Gernuchoff y Llach aclaran
que la perfomance de la economía argentina en los diez años anteriores a 1958 no fue tan
mala como aparece en el diagnóstico de Prebisch, pero parece evidente hacia fines de la
década del cincuenta –comparada con el resto del mundo- la economía argentina exhibe
los síntomas de un claro estancamiento. El gobierno que surge después de la “Revolución
Libertadora” no pudo plantearse seriamente cuáles eran los obstáculos que estaban
impidiendo el crecimiento de la Argentina. Un intento más firme en este sentido va a ser
ensayado durante la etapa frondizista.
Un dato importante en este sentido va a ser la expansión de las ideas desarrollistas. El
gobierno de Frondizi fue en la Argentina un activador fundamental en la propagación de
estas ideas, aún cuando lo que se propagara no siempre estuviera en sintonía con la
acción gubernamental. Pero es necesario reconocer también que esta corriente de ideas
tuvo diversos focos de incitación, tanto intelectuales como políticos, algunos de ellos de
carácter internacional. Entre estos focos, hay que contar al de la CEPAL, aunque su
influencia no fuera equiparable a la alcanzada en Brasil o Chile. Y, ya en la década del
sesenta, el programa de cooperación para el desarrollo conocido como “Alianza para el
progreso”, propuesto por el presidente Kennedy, con el objetivo de estimular un camino
de reformas alternativo al de la Revolución Cubana.
Ahora bien, ¿cuáles eran las tesis generales y recomendaciones que sustentaba el
desarrollismo?
17
En primer lugar, la importancia del objetivo de la industrialización, como base de una
economía nacional menos vulnerable a las vicisitudes del mercado internacional y
también como eje de una sociedad plenamente moderna. Gernuchoff y Llach señalan
acertadamente que no era éste un objetivo novedoso: ya desde el peronismo, la
expansión de la industria nacional a costa de las importaciones (“industrialización como
sustitución de importaciones”) se había transformado en política oficial. Pero en la década
del 50 aparecía como evidente la necesidad de profundizar ese proceso: avanzar en el
abastecimiento de insumos que la industria necesitaba para funcionar y en la elaboración
de equipos y bienes de capital.
En segundo lugar, desde la perspectiva del desarrollismo, la Argentina debía abandonar
el rango de país especializado en bienes primarios que ocupaba en la división
internacional del trabajo. Esto explica que, entre las prioridades del gobierno a largo plazo
no se encontrarán las actividades agropecuarias (más allá de la necesidad de divisas para
la coyuntura). ¿Por qué? Porque se cree firmemente que los países dedicados a la
exportación de materias primas están destinados al estancamiento y al atraso. Este
diagnóstico respondía también a la situación del mercado internacional: de hecho, Europa
había optado por el proteccionismo agropecuario.
En tercer lugar, la edificación de una estructura industrial integrada –que eventualmente
supondría el cambio de posición de la Argentina, de país exportador de bienes primarios a
productos industriales- no sobrevendría por evolución económica espontánea. Es
decir, se sostenía que los países de la periferia no saldrían del atraso en que estaban si
confiaban en repetir, con retardo, la secuencia histórica de las naciones adelantadas. Era
necesario que el crecimiento económico deseado fuera especialmente promovido bajo
el impulso del Estado. Y aquí encontramos la principal diferencia del desarrollismo con
el liberalismo: para el desarrollismo, el Estado debía establecer prioridades y dirigir el
proceso. Desde una posición liberal ortodoxa, se considera que la intervención estatal
debe ser mínima. Por el contrario, los desarrollistas postulaban la necesidad de la acción
del Estado en un papel rector de la economía. De hecho, el gobierno frondizista estableció
políticas de acuerdo con sus prioridades: el abastecimiento de gas y petróleo, el impulso a
la siderurgia y a las industrias químicas y petroquímicas, etc.
A estas tesis generales, se agrega una cuarta que resultaba particularmente importante
para el equipo de Frondizi: tal como señalan Gernuchoff y Llach, “no era sólo cuestión de
alcanzar el amplio desarrollo industrial previsto en sus prioridades; también tenía que
conseguirse rápido y en todos los frentes al mismo tiempo”. ¿Qué implicaba este
diagnóstico? Dado que ni el Estado ni el sector privado tenían la posibilidad de generar el
ahorro necesario para financiar las grandes inversiones básicas (siderurgia, química
pesada, energía, etc.), la única forma de despegarse del estancamiento era la de recurrir
al capital externo, mediante empréstitos internacionales y radicaciones directas del capital
privado extranjero. En esta visión, el Estado no se limitaría a crear condiciones favorables
para la actividad de capitales internos y externos, dejando librada a la espontaneidad del
mercado la localización de las inversiones. Por el contrario, de acuerdo a lo que vimos en
la premisa anterior, el Estado debía controlar, dirigir y encauzar las inversiones hacia las
metas que pretendía alcanzar.
Si estas eran las grandes líneas del programa frondizista, podemos preguntarnos ahora
cuáles fueron los dificultades que debió enfrentar en la coyuntura, así como también los
problemas que planteó el conjunto de estas estrategias a largo plazo.
En la coyuntura, Frondizi debió hacer frente fundamentalmente a dos problemas
económico-políticos: la necesidad de contener el gasto y parar la inflación, por un lado; y
la de resolver el tema de las concesiones petroleras. En cuanto al primer punto, si bien
ese plan auguraba un futuro no lejano de prosperidad, en lo inmediato requería de un
ajuste, es decir, combatir el problema del déficit comercial mediante la contención del
gasto interno. Y esto fue el llamado Plan de Estabilización y Desarrollo, implementado
18
a fines de 1958. Como podrán imaginar, la combinación de devaluación, contención de
sueldos, reducción del empleo estatal, cancelación de algunas obras públicas, incremento
en las tarifas de transportes no eran medidas que podían ser bien recibidas por los
sectores peronistas que apenas un año antes habían prestado sus votos a Frondizi. Y con
respecto al tema de las concesiones petroleras, también se enfrentó a la resistencia
generalizada de amplios sectores, dado que el nacionalismo en este punto era un
patrimonio no sólo del peronismo, sino también de las fuerzas armadas. Además, Frondizi
había sido un ferviente opositor de esa política: así lo había manifestado ante los
acuerdos que Perón había intentado llevar adelante con la Standard Oil de California,
apenas unos años antes. El argumento de Frondizi en el 58, a favor de la firma de
contratos de explotación con empresas petroleras, apeló a la necesidad de bajar el nivel
de importaciones, utilizando el capital extranjero para extraer las propias reservas. Pero
incluso más allá del hecho de que esos acuerdos habían sido tramitados en forma
personal y secreta por el propio Frondizi, el gesto era inesperado y resultaba difícil de
armonizar con las pos0iciones anteriores del presidente. La necesidad de retractarse de
dichas posiciones socavó su credibilidad, dado que –como señalan Gernuchoff y Llachperonistas y militares comprobaron que no se podía confiar en un conductor tan flexible.
De todas formas, podemos asumir que las medidas tomadas por Frondizi impulsaron un
crecimiento considerable de la economía argentina, sin embargo también dejan al
descubierto algunos problemas más estructurales que van a estar presente en esta
segunda etapa del proceso de sustitución de importaciones. Vamos a anotar aquí los más
relevantes:
En primer lugar, lo que se ha llamado el “problema de la escala insuficiente”
(especialmente visible en la industria automotriz, pero que también acuciaba a otras
actividades industriales): tal como vimos, el objetivo del desarrollismo a largo plazo era
transformar la estructura productiva, de tal forma que la Argentina pudiera recibir divisas
de la exportación de productos industriales. Para que esto sea posible, es necesario
lograr un nivel de eficiencia que permita alcanzar una buena relación calidad-producto, de
tal manera que el excedente de la demanda interna, pueda ser colocado en el mercado
internacional. Ahora bien, ¿qué se necesita para lograr una buena relación preciocalidad? Plantas de producción de gran tamaño, lo cual supone limita la radicación de
empresas extranjeras. El camino elegido fue el contrario: permitir la instalación de varias
fábricas, algunas de cuales proponían un trabajo de muy baja escala (con lo cual, suben
los costos) que en la práctica solo pudieron competir en un mercado interno protegido. Del
mismo modo, el hecho de no haber concentrado la producción industrial en las ramas que
tenían más chances de competir internacionalmente, generó la proliferación de fábricas e
instalaciones ineficientes. Ciertamente, podríamos decir: de todas formas, contribuyeron
al aumento del trabajo. Pero el problema es que en pocos años estas empresas
encuentran su “techo” de crecimiento: cuando el mercado interno se satura, no hay otro
lugar donde colocar productos cuyo precio es inevitablemente alto.
Un segundo problema, conectado con el anterior, aparece insistentemente subrayado en
el texto de Jorge Shvarzer. Se trata de la actitud del empresariado local, que en general
se muestra renuente a asumir las tareas de una verdadera élite económica. Es decir, en
vez de disponerse a bajar costos, mejorar sus plantas y estructuras productivas, realizar
las inversiones convenientes para expandirse y ganar en eficiencia, muchos de los
empresarios tradicionales prefirieron “vaciar” sus empresas: ya sea perderlas,
asociándose con una exitosa multinacional, o bien directamente mantenerlas con equipos
obsoletos, dejando al Estado o a los acreedores una planta inexistente.
Otro problema es aquel reconocido como la “falacia del ahorro de divisas”: es claro que
esa industria no generaba divisas, pero sí gastos: requería un aumento de los insumos
importados, con lo cual las divisas ahorradas –por ejemplo, en petróleo y energía-
19
terminan siendo consumidas por otras ramas industriales, generando el problema
permanente del desequilibrio en la balanza de pagos.
Más allá de estos problemas, e incluso del hecho de que 1962 un nuevo episodio de crisis
hizo pensar que era imposible para el desarrollismo conseguir la meta de un crecimiento
rápido y sostenido en el tiempo; sin embargo –tal como apuntan Gernuchoff y Llach- el
boom de inversiones que esta política consiguió atraer fue exitoso y constituyó un factor
importante en el crecimiento de la economía argentina durante la década del sesenta.
Me gustaría finalizar esta clase proponiendo la realización de un actividad ligada al texto
de Jorge Schvarzer:
Según la visión de Schvarzer, ¿qué cambios se observan en las industrias del
período como consecuencia del impacto de las medidas adoptadas por el gobierno
de Frondizi? ¿Qué roles asumen los agentes, es decir, las empresas internacionales
y el empresariado local?
Clase 8
Hoy nos toca finalizar con los temas de El Estado, los actores sociales y la economía
ante la coyuntura desarrollista y la crisis de mediados de los años 60. Más en
particular, el punto que nos atañe es el de la crisis de mediados de los años 60, tema que
–como habrán notado- nos introduce también en el primer punto de la unidad 5, que
veremos en profundidad la clase que viene.
La bibliografía obligatoria para esta clase es la siguiente:
Portantiero, Juan Carlos; “Economía y política en la crisis argentina (1958-1973)” en
Ansaldi, Waldo y Moreno, José Luis; Estado y sociedad en el pensamiento nacional,
Cántaro, Buenos Aires, 1989. (Material digitalizado)
Carpeta de Trabajo, pp. 141-146.
El capítulo siguiente del libro El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas
económicas argentinas de Gerchunoff y Llach es aquel titulado “Una primavera
económica” (1963-1973). Dado que estos autores nos proporcionan un panorama
complementario al que ofrece Portantiero y, al mismo tiempo, constituye una excelente
adelanto de los temas de la siguiente unidad, recomiendo no postergar su lectura.
En la clase 5, nosotros habíamos visto los distintos posicionamientos políticos de los
actores del período, lo cual unido al panorama que presenta Daniel James en su texto nos
acercaba ya al problema de los graves conflictos sociales, políticos e institucionales
presentes en esos años. Me gustaría centrarme en esta clase en el texto de Juan Carlos
Portantiero, en pos de explicitar algunas nociones centrales que constituyen el marco
teórico del mismo.
Portantiero comienza este texto anunciando lo siguiente:
Una imagen de sentido común preside este trabajo: la convicción generalizada acerca de
la carencia , desde hace tiempo, de un verdadero orden político en la Argentina; la obvia
certeza sobre la incapacidad que ostensiblemente muestran sus clases dominantes para
construir alguna forma de dominación legítima sobre una sociedad progresiva y
dramáticamente desintegrada en círculos de fuego.
Ciertamente, este comienzo no debería crearnos falsas expectativas: si bien es cierto que
esa “imagen de sentido común” recorre todo el texto, el análisis mediante el cual el autor
da cuenta de la situación que responde a esa imagen está guiado por una concepción
teórica compleja de las relaciones entre el Estado y la Sociedad.
Apenas unos párrafos más adelante, el mismo autor “traduce” esa imagen de sentido
común en términos teóricos: se trata de una “crisis de hegemonía: incapacidad de un
20
sector que deviene predominante en la economía para proyectar sobre la sociedad un
orden político que lo exprese legítimamente y lo reproduzca”.
Para entender cabalmente esta frase (y, en rigor, el análisis posterior que presenta el
artículo de Portantiero) es necesario explicitar algunas nociones básicas con las que él
trabaja. Les adelanto desde ya que todo el texto de Portantiero se sostiene a partir de la
reelaboración de las nociones de Estado, Sociedad Civil y hegemonía que realizó el lúcido
filósofo marxista, Antonio Gramsci (1891-1937) a principios de siglo.
Pero remontémonos un poco más atrás en esta historia. ¿Cómo habían sido definidas
esas nociones de Estado y Sociedad Civil? Básicamente, la diferenciación entre Estado y
Sociedad civil había sido planteada por un filósofo inglés, considerado por algunos como
“el padre del liberalismo”. Me refiero a John Locke (1632-1704). Principalmente en el
segundo de sus Tratados sobre el gobierno civil, guiado por su oposición a la monarquía
absoluta como forma de gobierno, este autor distingue entre:
Sociedad civil: el conjunto de individuos libres e iguales que conviven en determinado
espacio y han decidido aceptar cierto conjunto de normas que regulan esa convivencia.
Estado: concentra la autoridad reconocida como “poder legítimo” que tiene la misión de
asegurar la protección y la defensa de los derechos de los individuos libres que
constituyen la sociedad civil. Partiendo de esta definición, suele decirse que el Estado es
aquel que tiene el “monopolio de la fuerza legítima”, es decir, es el único autorizado a
utilizar la fuerza para obligar a todos a ceñirse a la ley.
Hacia fines del siglo pasado, estas definiciones habían sido reelaboradas por algunos
teóricos marxistas, siguiendo en parte algunas de las sugerencias de Marx: desde esta
perspectiva, la sociedad civil se veía fundamentalmente como el conjunto de fuerzas
económicas, de relaciones materiales que se dan en el interior de una sociedad en
determinado momento del desarrollo de las fuerzas productivas; y el Estado, por lo
general, era contemplado como un instrumento de coacción, manipulado por las clases
dominantes, en pos de mantener su lugar de privilegio frente a otras clases.
Quiero aclarar que, obviamente, estoy simplificando mucho estas cuestiones –ríos de tinta
han corrido en torno a Marx y el marxismo de fin de siglo-, pero mi propósito fundamental
es que se entienda cuáles son las novedades que introduce Gramsci a propósito de la
nociones de Estado, Sociedad Civil y hegemonía.
¿Qué es lo que le preocupa a Gramsci? Hacia principios de este siglo, desde un horizonte
marxista, se esperaba una pronta caída del capitalismo, dado que se suponía que este
sistema no podría soportar las crisis recurrentes que él mismo generaba. Gramsci se
enfrenta con el hecho de que esta expectativa está lejos de cumplirse, debido al hecho de
que el capitalismo aparecía contradictoriamente más fortalecido después de cada una de
esas crisis. Esta es una de las aporías que lleva a Gramsci a reflexionar acerca de cómo
se constituye, entonces, la dominación burguesa.
El resultado de esta reflexión es una ampliación del concepto de Estado, que va a
plasmar en la siguiente fórmula: Estado = sociedad política + sociedad civil, es decir
hegemonía acorazada de coerción. ¿Qué significa esta fórmula? Vamos a ir planteando
por pasos esta cuestión.
En primer lugar, Gramsci advierte que el fenómeno de la dominación en las sociedades
capitalistas modernas es un proceso complejo en el que, además de los aparatos de
coerción –que representan una especie de “límite último” que garantiza la pervivencia del
orden burgués- intervienen toda una serie de mecanismos de transmisión ideológica
tendientes a lograr un consenso que otorga bases sólidas a la dominación. Como
decíamos en la clase anterior, no hay dominación verdadera que solo se asiente en el uso
de la fuerza. Es necesario que la coerción está acompañada por el consenso. Lo que con
mayor énfasis quiere destacar Gramsci es que la clase dominante ejerce su poder no sólo
por medio de la coacción, sino además porque logra imponer su visión del mundo –una
filosofía, una moral, unas costumbres, un “sentido común”- que favorecen el
21
reconocimiento de su dominación por las clases dominadas. Es decir, ¿qué hace la clase
dominante? Convence a las demás clases que ella es la más idónea para asegurar el
desarrollo de la sociedad: eso es conseguir una supremacía hegemónica.
En este sentido, para Gramsci, la supremacía de la burguesía en el capitalismo
desarrollado no se debe únicamente a la existencia de un aparato de coerción (el Estado
en sentido restringido), sino que logra mantener su poder mediante una compleja red de
instituciones y organismos que, en el seno de la sociedad civil, organizan el consenso de
las clases subalternas para la reproducción del sistema de dominación. La existencia del
sufragio universal, de partidos de masas, de sindicatos obreros, de variadas instituciones
intermedias, además de la escuela y la iglesia, para Gramsci, son todas formas en que se
expresa la sociedad civil capitalista de Occidente. Y hablan de un denso entramado de
relaciones sociales que el desarrollo de las fuerzas productivas ha permitido construir. En
este sentido, el Estado no está constituido solamente como aparato represivo, abarca al
conjunto de la sociedad civil, dado que desde sus instituciones también se asegura la
legitimidad del poder del Estado. De ahí que la sociedad civil se introduzca en esta
nueva definición ampliada de Estado.
Ahora, ¿a qué se refiere el término sociedad política que también se introduce en esa
fórmula? Remite a lo siguiente: la posibilidad de difusión de ciertos valores de la clase
dominante está determinada por las relaciones de compromiso que esa clase efectúa
con otras fuerzas sociales, expresadas en el Estado. El Estado aparece como el lugar
privilegiado donde se establecen las luchas al interior de aquellos sectores que pugnan
por consagrarse como “clase dominante”, es allí donde se materializan correlaciones de
fuerzas cambiantes en equilibrios inestables por definición entre grupos
fundamentalmente antagónicos. Es en esta instancia donde se hace presente la política
de alianzas para la conformación hegemónica de una clase social.
Un núcleo clave para entender la proposición gramsciana en torno a la “ampliación” del
concepto de Estado es lo siguiente: si bien la fórmula propone la síntesis entre coerción y
consenso, en algunos momentos puede primar la coerción y en otros, el consenso. Esto
va a depender de: a) las condiciones de desarrollo de las fuerzas productivas y de los
regímenes de acumulación vigentes en cada sociedad y en cada momento histórico; b) la
voluntad-posibilidad de las clases dominantes de “hacer concesiones” en el plano
económico y político; c) de la capacidad de las clases subalternas para modificar la
correlación de fuerzas a su favor.
Vayamos ahora al texto de Portantiero para ver cómo utiliza las categorías gramscianas a
fin de analizar la situación argentina entre 1958 y 1973. Tal como habíamos citado, el
autor detecta por esos años una “crisis de hegemonía”: esto es, “la incapacidad de un
sector que deviene predominante en la economía para proyectar sobre la sociedad un
orden político que lo exprese legítimamente y lo reproduzca”. El problema es por qué en
esa coyuntura la clase dominante no puede cumplir los roles tradicionales que la hacen
ser, precisamente, clase dominante; esto es: convencer al resto de la sociedad que ella es
la más idónea para asegurar su desarrollo. Ciertamente, uno puede sentir la tentación de
deslizarse hacia explicaciones psicosociales (del siguiente tipo: tan inútiles eran que ni
comprendieron lo que tenían que hacer para asegurar su propio predominio), pero el autor
nos invita más bien a pensar cuáles son las bases estructurales de esa crisis de
hegemonía.
En esta dirección, uno de los problemas centrales que identifica Portantiero son las
“recurrentes dificultades que enfrentan para elaborar una coalición estable las capas más
concentradas de las burguesías urbana y rural”. Tal como habíamos visto en Gramsci, la
clase burguesa se divide en capas con intereses contradictorios, signados por la
competencia del capitalismo. Pero se supone una de esas capas, la más dinámica, es
capaz de establecer relaciones de compromisos y alianzas con las otras capas: esto es la
22
sociedad política, el sistema político o el orden político que se expresa en el Estado. Es
decir, mediante el compromiso se asegura la supervivencia de todos esos intereses
contradictorios y, al mismo tiempo, la clase burguesa consigue su unidad, se constituye
como una clase dominante. La impresión que deja el artículo de Portantiero es que esa
unidad nunca llega a constituirse, porque tanto la burguesía rural como la burguesía
urbana están permanentemente en puja para dar vuelta la situación a su favor (en pos de
que las medidas tomadas por el Estado favorezcan al agro, o bien al sector urbano
industrial).
A esta situación, se agrega la introducción de un nuevo actor en los años de Frondizi y el
desarrollismo: el capital extranjero radicado en la industria, que pronto se transforma en el
sector más dinámico de la economía, desplazando tanto a la burguesía industrial local
como a la burguesía pampeana. Tal como sugiere Portantiero: la caída de Frondizi
arrastra el desprestigio de los partidos políticos, el ascenso de la burocracia sindical y el
surgimiento de una “tecnoburocracia” que, además de representar intereses directos de
distintas fracciones del capital, ofrecen sus servicios en pos de articular proyectos
políticos de mayor alcance.
Ahora, ¿por qué cae Illia y se produce el golpe militar de Onganía? Por un lado, la Unión
Cívica Radical sencillamente no vio la necesidad de otorgar un papel relevante a esa élite
tecnoburocrática, de tal modo desde allí pudiera implementar un sistema de alianzas con
otros sectores, tendientes a reconstruir la hegemonía. Y, por otro lado, estaban allí los
militares, quienes –tal como apunta Portantiero- sí se identificaban con ese proceso de
modernización capitalista. En este sentido, resulta significativa la cita de Mariano
Grondona que transcribe el autor. Allí, el conocido columnista de La Nación sostiene que
el golpe tenía la función de consolidar en la Argentina “una oligarquía político-militarempresaria, empeñada en asegurar el proceso de industrialización a través de grandes
inversiones en la infraestructura y dispuesto a contener, por lo tanto, las prematuras
presiones de los sectores populares”.
Se suponía que esta era una salida rápida: un momento de fuerte acumulación de riqueza
y de poder por parte de estos sectores más modernos del capitalismo, apoyados en la
protección de un régimen militar; para luego, dejar paso a una segunda etapa de
distribución de la riqueza y apertura del sistema democrático.
Me gustaría que nos detengamos unos minutos a considerar una cuestión: tenemos que
tratar de entender un poco la lógica del enemigo, porque un enemigo demonizado no sirve
de mucho: ¿Cuál era el razonamiento de los militares, sostenido en toda esa ideología de
la “seguridad de la patria”? Asegurar un crecimiento intensivo de la economía argentina.
Desde aquí se entiende la alianza que, con este sector, buscaron establecer los sectores
capitalistas más modernos, es decir, aquellos ligados al capital extranjeros. Pero aquí
viene una dificultad: estos sectores necesitaban imponer ciertos valores, sobre todo
aquellos relacionados con la eficiencia, la productividad, la racionalización del Estado, etc.
Esta estrategia suponía también disciplinar a aquellas ramas menos dinámicas de la
economía, frecuentemente asociadas al capital local. El problema es que todo este
proceso –de introducir ciertos valores, de disciplinar a los otros sectores, etc.- lleva
tiempo, un tiempo que en ese entonces parecía un exceso conceder al sistema político,
parecía un derroche innecesario.
¿A qué se debe el fracaso de este proyecto? Precisamente al hecho de que ese Estado
autoritario era un Estado demasiado vulnerable frente a los sectores de la sociedad civil
excluidos del mismo. Onganía consiguió situar al Estado fuera de las presiones de la
sociedad civil (para colocarlo, tal como subraya Portantiero, al servicio del proyecto
hegemónico de la fracción más moderna del capitalismo), pero desde este lugar de
exterioridad el Estado solo consiguió generar resistencias: resistencia de la pequeña y
mediana industria urbana, resistencia de la burguesía agraria, resistencia de los
trabajadores. Es decir, al no construirse desde el Estado una alianza con todos los
23
sectores de poder, esos sectores se volcaron desde la Sociedad Civil contra el Estado.
Nuevamente, el problema que vio Gramsci: asegurar la dominación y el predominio de un
sector o de una clase supone mucho más que la coerción, supone más bien el poder de
generar consensos en torno a ciertas pautas, valores y prioridades que ese sector o clase
considera esenciales.
Me gustaría terminar esta clase proponiendo la realización de la siguiente actividad:
Indique cuáles son los tres subperíodos que propone Portantiero para explicar los
procesos que tuvieron lugar entre los años 1966 y 1973. Explique cuáles son las
modificaciones que caracterizan a cada uno de esos tres subperíodos.
24
UNIDAD 5
Clase 9
5.- ESTADO, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA ARGENTINA ENTRE 1966 Y 1983.
BALANCE Y ALTERNATIVAS:
5.1. El “Estado Burocrático Autoritario”. Alternativas militares en el campo político.
5.2. El retorno del populismo y la fragilidad de la democracia.
5.3. La crisis económica argentina: de la dictadura de Onganía a la crisis de la deuda.
5.4. Crisis de la deuda y estancamiento de la economía.
5.5. Poder y movimientos sociales en la Argentina. La radicalización como estrategia y práctica.
5.6. La disgregación del “modelo de solidaridad social”.
Comenzamos hoy con los temas correspondientes a Estado, Economía y Sociedad en
la Argentina entre 1966 y 1983. Balances y alternativas. Más puntualmente, en esta
clase vamos a abordar las cuestiones referidas a la crisis política imperante por esos
años.
La bibliografía obligatoria para esta clase es la siguiente:
O´Donnell, Guillermo. Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y
democratización, Paidós, Buenos Aires, 1997, pp. 31-69. (Material digitalizado)
Carpeta de Trabajo, pp. 151-159. (Conviene siempre, al comenzar una unidad, realizar
una primera lectura de todo el capítulo dedicado a esa unidad, a fin de tener un panorama
de conjunto).
Del libro de Gerchunoff y Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas
económicas argentinas, los capítulos titulados: “Una primavera económica (1963-1973)” y
“Vértigo económico en tiempos violentos (1973-1983)”. Aclaro que estos capítulos son los
que corresponden como bibliografía a toda la unidad 5: no es necesario leer esta
bibliografía completa para esta clase, pero sí realizar esta lectura a lo largo de las
semanas en las que nos ocuparemos de esta unidad.
Me parece importante también señalar que en estos textos nos vamos a encontrar con
enfoques distintos, que se complementan entre sí: en la Carpeta de Trabajo, el desarrollo
se detiene a presentar los distintos sucesos relevantes del período, tanto en el aspecto
político, como en el plano económico y social; el texto de Gerchunoff y Llach se centra en
las políticas económicas, pero atiende también al contexto general en los que dichas
políticas se desarrollaron; y, en este caso particular, el texto de O´Donnell presenta los
acontecimientos en un análisis que los inscribe en procesos de más largo plazo.
Tal como ha sucedido en la clase pasada, hoy nos vamos a concentrar en el texto de
O´Donnell, porque me parece que es el que podría presentar mayores dificultades de
comprensión, pero creo que es importante acompañar esa lectura con un panorama del
conjunto del período que aparece desarrollado más puntualmente en el resto de la
bibliografía. A grandes rasgos, ¿cuáles podríamos decir que son las dos notas que
caracterizan a este período?
En el plano político, una crisis de dominación política (tal como la denomina
O´Donnell), que desemboca primero en la conformación de un Estado Burocrático
Autoritario bajo el gobierno de Onganía, pero que también se hace patente en el fracaso
de este proyecto y en el gobierno populista que le sucede.
En el plano económico, hay un dato muy importante –ampliamente desarrollado en el
texto de Gerchunoff y Llach- que es necesario tener en cuenta: a pesar de los ciclos de
auge y de recesión, a pesar de la inflación que azotó a todo el período, a pesar de que en
la época dominaba cierto pesimismo que subrayaba un cierto “estancamiento de la
Argentina”, lo cierto es que entre los años 1963-1973, la economía argentina creció un
ritmo espectacular, como nunca se había visto antes y nunca se vería después durante
25
el siglo XX. Sin duda, no se trata de un caso extraño: tal como señalan Gerchunoff y
Llach, la economía mundial en los años 60 disfruto de un momento de gran expansión y
crecimiento acelerado. Y la Argentina no permaneció ajena a ese clima: es curioso que,
en una época en la que se hablaba de “una economía en crisis”, el Producto Bruto Interno
crecía a un ritmo más acelerado que el de los grandes centros mundiales. Ahora, si el
contexto mundial fue favorable en los años 60, es innegable que ese mismo contexto se
modifica en los 70: al auge, sucede la crisis y el repliegue. Acontecimientos
internacionales, como la crisis del petróleo en 1973, marcan a nivel mundial el fin de esos
años de crecimiento.
Me parece muy importante tener presente estos dos notas salientes y, a primera vista,
disonantes, porque en general comprender una época supone tratar de armar un mapa lo
más completo posible, que desaloja las explicaciones simplistas. Si la historia nos puede
ayudar a comprender el presente, es porque ella nos muestra cómo se arman ciertos
acontecimientos, ciertas luchas, ciertas relaciones de fuerzas, cuyo resultado no está
inscripto de antemano en ningún lado.
Teniendo presente esos dos datos del panorama general, vayamos al artículo de
O´Donnell: ¿cuál es el objetivo que el autor se propone lograr en este artículo? Podríamos
decir que se trata de dilucidar “las razones por las cuales en las últimas décadas han
fracasado una y otra vez las pretensiones de establecer cualquier tipo de dominación
política (o, lo que es igual, cualquier tipo de estado) en la Argentina”. Esta cita remite a
una importante nota al pie donde el autor distingue tres perspectivas desde las cuales se
ha abordado este problema:
La primera es aquella centrada en la relación “masas-élites”: en líneas generales, desde
esta perspectiva se enfatizan los trazos psicológicos que provocaron una situación en la
cual, ni las masas ni las élites asumen los roles que supuestamente debieran ocupar: por
un lado, las masas se niegan a obedecer, y, por otro, las élites no pueden establecer
canales de comunicación con ese mundo popular, de modo tal que efectivamente se
impongan sus perspectivas y sus proyectos. Entonces, el resultado es un fracaso de las
élites que no pueden liderar un proceso hacia un fin determinado, considerado benéfico
para todos. Como verán en el texto, la ironía con la que O´Donnell da cuenta de esta
forma de encarar el problema, revela que no la considera una línea de reflexión muy
provechosa. Obviamente, no es en esta línea en la que se inscribe su trabajo.
Otra perspectiva desde la cual se ha intentado explicar la crisis del Estado abreva en las
llamadas “teorías de la dependencia”: el problema –dice O´Donnell- es que,
frecuentemente, los trabajos que se ubican en esta perspectiva, invocan la “dependencia”
(es decir, la necesidad del impulso del capital extranjero para el crecimiento) como un
deux ex machina, es decir aquel elemento externo que es el origen de todos los males.
Evidentemente, a los ojos del autor, esta perspectiva reduce el problema a una única
causa, ofreciendo en consecuencia una explicación simplista. Tampoco es desde aquí
que O´Donnell pretende encarar el tema.
Por último, encontramos mencionada la perspectiva en la que se inscribe este trabajo:
“Han sido más fructíferas –dice el autor- las reflexiones sobre el “empate” de fuerzas
políticas y sociales en la Argentina, sobre todo las que lo han ligado con la problemática
gramsciana de la hegemonía”. ¿Qué es lo que va a agregar O´Donnell a lo que nosotros
vimos la clase pasada? El mismo lo explícita cuando dice: “Pero más allá de la
descripción de ese “empate” y del trazado de algunas de sus consecuencias, el
interrogante que queda en pie –y a cuya respuesta querría contribuir- es qué es lo
que ha generado las relaciones de fuerzas que habrían producido ese empate.”
Esta es, en efecto, la pregunta central que recorre el trabajo de O´Donnell. Y, en pos de
responder a ese interrogante, va a seguir los siguientes pasos:
Primero, encontramos una reseña de las principales características del Estado
Burocrático Autoritario. El objetivo de esta breve descripción es presentar las diferencias
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del caso argentino frente a otros casos de “autoritarismo burocrático”, ya que un punto
fuerte de la explicación de O´Donnell va a ser tratar de situar la especificidad del caso
argentino frente a otros casos, en general del ámbito latinoamericano. Es decir, se trata
de explicar –tal como aclara el autor- “los conflictos que surgieron al interior del nuevo
sistema de dominación y, también, las explosiones sociales y la aguda activación política
que “desde afuera” de ese estado, provocaron un colapso que todavía no se había
producido en los demás casos”. Recuerden que, según vimos anteriormente en el texto de
Portantiero, hablar de una crisis de hegemonía supone preguntarse por qué los sectores
más dinámicos de la economía no pudieron constituirse como una clase dominante en
pos de activar desde el Estado los mecanismos de dominación políticos (es decir,
aquellos mecanismos que provocan la aceptación de la dominación a través del
consenso).
El segundo paso en el texto nos remite a una síntesis histórica, a partir de la cual se
busca explicar cuáles son las características que adquieren el Estado y la sociedad civil
en la Argentina en el momento de su constitución. Como es sabido, la unificación del
territorio nacional y la consolidación del Estado se inicia aproximadamente en la década
de 1870. A partir del triunfo de Roca en 1880, tanto el Estado como la sociedad civil
adquieren una forma más precisa, que en esencia va a permanecer prácticamente
inalterada hasta 1930. ¿Cuáles son los elementos principales que caracterizan a esa
forma? A nivel general, uno de los elementos claves es la incorporación de la Argentina al
mercado mundial como país exportador de productos primarios. Otros países
latinoamericanos se vincularon también al mercado mundial como exportadores de
productos primarios; sin embargo en la Argentina esa colocación adquiere algunos rasgos
peculiares:
La “estancia” como sistema de explotación permitió el surgimiento de una burguesía
agraria local, lo que llamaríamos “una clase dominante” que proyecta su hegemonía
desde el Estado Nacional. En el caso argentino, se trata de un Estado Nacional
singularmente fuerte frente a las oligarquías provinciales: justamente porque, como señala
O´Donnell, rápidamente la centralidad económica de la burguesía pampeana se proyecto
hacia la esfera política.
Otro de los rasgos distintivos de la incorporación argentina al mercado mundial es que,
prácticamente, las zonas que no vinculadas directamente a esta economía no tuvieron un
peso económico y demográfico significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en mayor o
menor grado, las diversas zonas y actividades económicas se subordinaron al proyecto de
la burguesía pampeana, con lo cual no se dio un proceso abrupto de diferenciación entre
zonas incorporadas al mercado mundial y otras que quedaron directamente fuera de este
sistema. O´Donnell se refiere a esto señalando que la Argentina constituyó un caso de
homogeneidad intranacional de mayor significación que el resto de América Latina.
Esto es algo que hasta hace poco se apreciaba incluso en los viajes turísticos: no existen
en la Argentina zonas extremadamente ricas frente a otras extremadamente pobres, como
en los casos de Brasil o México. Esto se relaciona con otra característica que recoge
O´Donnell: el hecho de que la incorporación de la Argentina al mercado mundial fue más
diversificada que en otros casos latinoamericanos y generó un nivel de ingresos más alto
en los sectores populares, que muy rápidamente (casi podríamos decir, ya a fines del
siglo pasado) contó con organizaciones propias, consolidadas durante el gobierno de
Irigoyen.
O´Donnell subraya también el fuerte dinamismo de la sociedad civil. Esto quiere decir
que el Estado no se consolida al margen de la sociedad civil, sino más bien impulsado por
el sector más dinámico de la economía: una burguesía agraria local que tenía una base
propia de acumulación de capital (la tierra) y –como dice O´Donnell- tuvo éxito en la
operación de incluir en su proyecto “a ´parte´ decisiva de una Argentina sin campesinado”.
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El problema de ese panorama anteriormente expuesto es precisamente lo que nosotros
vimos en unidades anteriores: qué pasa cuándo las condiciones internacionales se
modifican en 1930, quebrando ese modelo de inserción en el mercado mundial. Ahí se
plantean varios “dilemas”, como señala O´Donnell. Tal como subraya el autor, una de las
características diferenciales del proceso argentino es “la emergencia de un sector popular,
en el que tiene importante peso la clase obrera, dotada de recursos económicos y
organizativos de importancia mayor que los del resto de América Latina”. Esto constituye
una “ventaja” para el capitalismo (aunque no lo parezca, el capitalismo funciona mejor si
no hay un sector extremadamente pobre que está en las afueras del sistema), pero
también genera un problema: esa clase obrera está acostumbrada a un nivel ingresos y
cuenta con organizaciones como para resistir los intentos de disminuir ese nivel de
ingresos. Por otro lado, la homogeneidad intranacional provoca que no se cuente con un
campesinado al que recurrir, ya sea para presionar sobre el nivel de ocupación de esa
clase obrera, ya sea para transferir ingresos de ese campesinado con menos capacidad
de resistencia a la clase obrera. A esto se agrega el hecho de que el principal bien de
exportación son carnes y cereales, es decir, alimentos del sector popular: un alza en los
precios de estos productos repercute inmediatamente sobre el nivel de ingresos del
sector. ¿Cuál es el problema que esto suscita? Desde los sesenta, la expansión de la
economía demanda aumentar el peso de las importaciones industriales, pero esto
provocaba crisis en la balanza de pagos. La solución para esas crisis consistía en
aumentar el volumen de las exportaciones, solución que podía implementarse a través de
dos vías: aumentar la productividad pampeana y/o reducir el ingreso del sector popular,
en pos de bajar el consumo y liberar mayores excedentes exportables. Tal como sostiene
O´Donnell, estas fórmulas parecen simples, pero tropezaron con importantes dificultades
políticas.
Dichas dificultades son expuestas en los “ciclos” económicos y políticos: un momento de
expansión y crecimiento de la economía es seguido ineluctablemente por una profunda
recesión, que da paso a otra fase ascendente, seguida de otra fase descendente, y así
sucesivamente. ¿Qué es lo que pone de manifiesto estos ciclos? Tal como señalaba
Portantiero, el “empate” de fuerzas político-sociales, pero en el caso de O´Donnell este
“empate” es producto de una sociedad civil muy dinámica, con capacidad de distintos
sectores de articular alianzas en contra de otros. En este sentido, si la alianza entre la
gran burguesía urbana (la industria ligada al capital internacional) y la burguesía
pampeana fue inestable durante todo el período, mayor poder de resistencia y
recomposición mostraron el sector popular y las fracciones débiles de la burguesía para
organizar la oposición. Los intereses de la gran burguesía urbana y los de la burguesía
pampeana coincidían en cierto punto: a ambos sectores les convenía un aumento de las
exportaciones, dado que la industria necesitaba de insumos importados para su
expansión. Habíamos dicho que uno de los caminos para aumentar el volumen de las
exportaciones era el aumento de la productividad, mediante la introducción de mejoras
técnicas. Pero esa transformación sólo es posible si existe la expectativa de estabilidad en
los precios (es decir, si impera la idea de que conviene realizar esa inversión por la
ganancia esperada de precios altos estables en el tiempo). Pero en esos años, la
predicción dominante era la contraria: la experiencia señalaba que era razonable esperar
una fuerte inestabilidad en los precios de venta. ¿Cuál era el otro camino para aumentar
el volumen del saldo exportable? Deprimir los salarios, para que el menor consumo
interno libere más bienes hacia el mercado externo. Esta solución generaba obviamente
la resistencia de los trabajadores, pero no sólo de ellos: también de la industria ligada al
mercado interno, que se perjudicaba enormemente con el menor consumo. Tal como
señalan O´Donnell y Portantiero, la alianza entre el sector popular y las fracciones débiles
de la burguesía urbana, a pesar de su subordinación económica, tuvieron éxito al
presionar lo suficiente en el ámbito político como para romper, por momentos, la alianza
28
entre la gran burguesía urbana y la burguesía pampeana: al disminuir el consumo, la
recesión producía un aumento de bienes exportables, pero los castigados por estas
políticas comenzaban a presionar sobre el gobierno que, ante el alivio momentáneo
provocado por un saldo positivo en la balanza de pagos, cedía a sus demandas. Esto
iniciaba una reactivación del mercado interno, que de nuevo caía en la recesión cuando
comenzaban los déficit en la balanza de pagos.
¿Cómo es que efectivamente se fractura la alianza entre la gran burguesía urbana y la
burguesía pampeana? Por la posición “pendular” de la gran burguesía urbana: tal como
dice O´Donnell, en cada una de las fases del ciclo (recesión y reactivación), la gran
burguesía urbana “ha jugado a ganador”. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, sus
intereses objetivos estaban con los de la burguesía pampeana, pero cuando llegaban las
voces de protesta de los sectores subalternos y la amenaza de inestabilidad política,
rápidamente abandonaba a su suerte a la burguesía pampeana. Y una alianza entre las
fracciones superiores de la burguesía sólo hubiera tenido probabilidad de éxito si se
prolongaba en el tiempo (y, de paso, también si la burguesía pampeana se subordinaba al
sector más dinámico de la economía por esos tiempos, es decir la gran burguesía
industrial urbana, la industria ligada al capital internacional). Pero ninguna de las dos
fracciones más poderosas de la burguesía se jugó a sostener esa alianza: la burguesía
pampeana porque se negaba a producir los cambios necesarios cuya introducción
reclamaba la burguesía industrial (cambios relativos a la modernización y a la
tecnificación de las explotaciones), y la gran burguesía industrial porque no estaba en
condiciones de pagar los costos políticos de sostener hasta el final los intereses de la
burguesía pampeana. Frente a estos dos grandes actores que no pueden sostener en el
tiempo la alianza que los hubiera transformado en “una clase dominante” (en el sentido
gramsciano), triunfa la alianza defensiva de los sectores subalternos, cuyas
características describe puntualmente el artículo de O´Donnell.
Como resultado, “el movimiento pendular de esa gran burguesía y sus dificultades para
subordinar al conjunto de la sociedad civil son indicación palpable de una continuada
crisis de dominación política”. Es decir, no hay una clase dominante que desde el Estado
articule consensos con el resto de los sectores de la sociedad civil: se suceden “alianzas
gobernantes” que no alcanzan a fijar políticas estables, dado que rápidamente son
reemplazadas por otras. En este sentido, para el autor, es fundamentalmente la crisis
política la que genera esos ciclos de ascenso y descenso de la economía.
Estas son los principales momentos de la argumentación de O´Donnell, desarrollo que
está presentado en forma mucho más completa en el texto.
Me gustaría concluir esta clase proponiendo la realización de la siguiente actividad:
Teniendo en cuenta la explicación que ofrece O´Donnell en torno a cómo la crisis de
dominación política genera ciclos de ascenso y descenso de la economía argentina
del período, explique el siguiente de Gerchunoff y Llach:
“El año 1969 cerró con un crecimiento del producto bruto (9,6 %) mayor a la tasa de
inflación (7,6 %), algo que no se daba desde 1954 y que sólo se repetiría veinticinco
años más tarde. Pero a fin de año Krieger Vasena ya no estaba en el Ministerio de
Economía. Había sido una de las bajas en el gabinete provocadas por el Cordobazo.
En un año brillante desde el punto de vista macroeconómico, al ministro lo habían
derribado, según sus propias palabras, “los obreros mejor renumerados del país”,
los del cinturón industrial de Córdoba. Como contrapunto a cualquier relación
simplista entre la economía y la política, ahí está el Cordobazo recordando que a
veces una y otra marchan por caminos distintos.”
29
Clase 10
Continuamos hoy con los temas referidos a Estado, Economía y Sociedad en la
Argentina entre 1966 y 1983. Balances y alternativas. Tal como está anunciado en el
Plan de Trabajo, el objetivo de esta clase es centrarnos en aquellos procesos que
desembocan en la llamada crisis de la deuda.
La bibliografía obligatoria para esta clase es la siguiente:
Bekerman, Marta. “Los flujos de capital hacia América Latina y la reestructuración de las
economías centrales”, en Desarrollo Económico 111, vol. 28, octubre-diciembre de 1988.
Carpeta de Trabajo, pp. 169-182.
Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas; El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de
políticas económicas argentinas, los capítulos titulados: “Una primavera económica (19631973)” y “Vértigo económico en tiempos violentos (1973-1983)”. Dado que los autores se
centran particularmente en los procesos económicos, la lectura de este material (que,
como dijimos en la clase pasada, corresponde a toda la unidad 5) resulta imprescindible
para una mejor comprensión del tema en cuestión.
Tal como habíamos visto en la clase pasada, durante este período 1966-1983 se suceden
ciclos de ascenso y descenso de la economía, fluctuación que acompaña el desarrollo y la
profundización de la crisis de dominación política, visible en la Argentina de esos años. No
obstante esto, de acuerdo al planteo de Gerchunoff y Llach, podemos distinguir dos
subperíodos –claramente diferenciados en el libro ya desde el título mismo de los
capítulos-:
El primer subperíodo, marcado por un alto índice de crecimiento, comienza 1963 y finaliza
en 1973, aunque podemos incluir también el año siguiente, 1974, año en el cual a pesar
de haber empeorado el problema de la inflación y el de las cuentas externas, se mantuvo
el crecimiento del PBI.
El segundo subperíodo abarca desde 1974 hasta 1983, fueron años de recesión y
estancamiento.
Claramente, la situación de crisis y estancamiento de la economía en este segundo
subperíodo está estrechamente vinculada a la crisis política: la muerte de Perón y la falta
de una dirigencia política que tome su lugar, desencadena el desmoronamiento del
Estado, como sujeto capaz de imponer ciertas normas al resto de la sociedad civil. Es
decir, la alianza de poder ya era tan débil que descansaba en la persona Perón; su
deceso pone en evidencia el hecho de que, prácticamente, había desaparecido el Estado:
no hay poder legítimo que regule ni la lucha por los intereses en el campo económico, ni
los enfrentamientos propiamente políticos que culminan en una escalada de violencia.
Nuevamente, los militares se sienten llamados a intervenir en ese escenario, y en marzo
de 1976, un nuevo golpe militar derroca al gobierno de Isabel Perón.
¿Cuáles eran los objetivos del llamado “Proceso de organización nacional”? Tal como
aparece en la Carpeta de Trabajo y en el texto de Gerchunoff y Llach, podemos señalar
rápidamente dos objetivos fundamentales, intrínsecamente relacionados:
En primer lugar, la eliminación de los grupos armados, en particular el ERP y Montoneros,
objetivo que se alcanza rápidamente (mediante la tortura, las detenciones clandestinas, el
asesinato o el exilio): ya a principios de 1978, la aniquilación de estos grupos era un
hecho.
En segundo lugar, este gobierno militar se proponía erradicar ciertos “males básicos”,
males que indirectamente habían conducido a una situación de desborde y crisis social.
¿Cuáles eran esos “males”? Básicamente, una conducción estatista, que intervenía para
regular el mercado e inclinaba la balanza en beneficio de uno u otro sector. Es decir, así
como el sindicalismo había adquirido poder por su capacidad de presionar sobre el
Estado e inducirlo a adoptar políticas de mejoras de salarios, así también el sector
30
industrial, y en menor medida el agro. ¿Cómo disciplinar a estos sectores y lograr también
una sociedad más despolitizada? Disminuyendo el rol de Estado e instaurando al
mercado en el centro de la escena: una vez que el Estado renuncia a intervenir (y,
eventualmente se pierden las expectativas de que efectivamente el Estado establezca
alguna norma para elevar los salarios o algún subsidio para determinadas empresas),
supuestamente el libre juego de las fuerzas en el mercado produciría la regulación
adecuada para el crecimiento. En un escenario donde los subsidios para empresas
desaparecen, donde las protección arancelaria (que, entre otras cosas, también permitía
vender a precios a altos en el mercado interno) se disipa, también cae la demanda por
salarios altos (no sólo porque las grandes empresas que sobrevivirían a ese proceso
tenían más capacidad de presionar sobre la oferta de trabajo, sino también porque las
manifestaciones populares podían ser reprimidas directamente por la fuerza). De esta
idea, la que sostiene que “la mano invisible del mercado” es la única capaz de producir
regulaciones duraderas y positivas, surgieron medidas tales como la apertura de la
economía, la libre operación en el mercado de capitales y la eliminación de los privilegios
fiscales.
Ahora, este cambio de concepciones –de la apuesta estatista al mercado- no es
impulsado sólo por el contexto político argentino. Responde también a nuevas ideas que
imperan en el contexto internacional, nuevas ideas que determinan también nuevas
políticas y nuevos escenarios. Habíamos visto en la clase pasada que la década del
sesenta es un momento de rápido crecimiento y expansión de la economía en todo el
mundo occidental. Este momento estuvo atravesado por distintas variables, pero una de
ellas nos remite a ciertos consensos predominantes en el contexto internacional.
Gerchunoff y Llach lo explican de la siguiente manera:
“Hasta finales de los años 60 nadie cuestionaba, en esencia, el papel irrenunciable del
Estado como garante del bienestar, la prioridad de los objetivos de pleno empleo y el alto
crecimiento, o los instrumentos que había que usar para esos fines. Las diferencias entre
republicanos y demócratas, conservadores y laboristas, demócratas cristianos y
socialdemócratas, eran marginales al lado de lo que habían sido en el pasado y de lo que
serían en los 70 y en los 80. Un ´capitalismo reformado´, basado en la propiedad privada
pero con una presencia importante del Estado para corregir las desigualdades sociales y
garantizar el pleno empleo, era aceptado por casi todos.”
Es decir, nos encontramos en la década del sesenta con un momento de gran
crecimiento, impulsado en las diversas regiones de Occidente por los respectivos
Estados: es decir, es un momento donde la intervención del Estado en la economía está
plenamente legitimada. Por supuesto, este hecho no es azaroso, responde a
determinados procesos, desencadenados fundamentalmente hacia el final de la Segunda
Guerra Mundial, momento a partir del cual comienza la reconstrucción de Europa bajo el
auspicio y el liderazgo de Estados Unidos. En este sentido, la gran apuesta que hace
Estados Unidos se orienta en la dirección del crecimiento de las economías europeas,
una opción destinada a expandir su propia economía y a limitar el poder de la Unión
Soviética. Esto aparece claramente subrayado en el artículo de Marta Bekerman:
El rápido crecimiento industrial registrado en el período fue el resultante de distintos
factores. Los flujos financieros desde los Estados Unidos para la reconstrucción europea,
bajo los auspicios del Plan Marshall, así como el proceso de integración económica de
Europa occidental contribuyeron a la expansión industrial del viejo continente. Las
medidas de liberalización del comercio exterior y de reducción de tarifas aduaneras
ayudaron a estimular el comercio mundial en contraposición a la situación existente en la
31
presente década. Por otro lado, se produjo un rápido avance en la difusión de nuevas
tecnologías con gran crecimiento de la productividad en los países de Europa Occidental
y Japón.
Junto a esto, el predominio norteamericano se afirma también en el sistema monetario
internacional: en 1944, en la Conferencia de Bretton Woods, se establece al dólar como la
moneda de reserva, moneda que a su vez estaba respaldada en oro; sistema similar al
“patrón oro” que había predominado en las economías abiertas antes de la crisis de 1929.
Si esta es la situación con respecto a Europa, ¿cómo benefició a América Latina en
particular? Tal como señala Marta Bekerman, los países latinoamericanos sufrieron desde
siempre una escasez crónica de divisas, producto del déficit de la balanza de pagos. En
1961, fecha clave, no ajena a las repercusiones de la revolución cubana, EEUU pone en
marcha la llamada “Alianza para el Progreso”. Este programa implicaba recursos
financieros netos que, encauzados a través de flujos oficiales, llegan a América Latina con
el agregado de algunos otros flujos privados de capital. Sin duda, estos flujos jugaron un
papel importante en la expansión y el crecimiento que tuvieron lugar en la década del
sesenta. Pero este “mundo feliz” –como dicen Gerchunoff y Llach- se modifica
sustancialmente en los setenta, por varios factores.
Antes de la crisis del petróleo en 1973, ya es evidente una desaceleración sustancial en el
crecimiento del producto industrial en los principales países industrializados,
desaceleración particularmente fuerte en EEUU. ¿Cuál es el problema que esto suscita?
La baja de la competitividad industrial de EEUU deteriora su posición comercial, la cual
contribuye a la pérdida de confianza en el dólar en el mercado internacional. Bekerman
expone esto de la siguiente manera:
Ese rol especial del dólar como moneda de reserva ofrecía una contradicción intrínseca
que fue señalada por Triffin (1968) y que llegaría a tener especial relevancia para el
sistema financiero internacional de los años setenta. Triffin señaló que si los Estados
Unidos mostraban un déficit muy grande en su balanza de pagos, ello aumentaría la
liquidez internacional pero a la larga contribuiría al debilitamiento del dólar y a una
situación de inestabilidad en el sistema financiero internacional. Si por el contrario este
país deflacionaba su economía para reducir su déficit, ello llevaría a un fortalecimiento del
dólar pero a costa de una limitación al crecimiento mundial debido a una insuficiencia de
liquidez.
Vamos a explicar este párrafo en términos más sencillos ese párrafo. ¿Cuál es la
“contradicción intrínseca” que recoge Marta Bekerman? El problema es el siguiente:
Estados Unidos libera su economía, expande sus inversiones en el viejo continente y
compra productos importados. Esto fomenta la liquidez mundial: es decir, los
compradores reciben dólares, pueden colocar sus productos y expandir sus empresas, lo
cual contribuye al crecimiento generalizado (dado que, como dijimos, la moneda de
reserva era el dólar). Pero si la producción industrial en Estados Unidos sufre un proceso
de desaceleración y crece a niveles exorbitantes el déficit en la balanza de pagos, el dólar
como moneda de reserva se debilita: en 1971, los flujos especulativos contra el dólar,
llevaron al gobierno de Estados Unidos a abandonar la convertibilidad por oro. Estamos
ante la llamada “crisis del dólar”. ¿Cómo influye esto en la situación de América Latina?
Podemos referirnos a dos de las consecuencias más relevantes, dos datos
intrínsecamente relacionados:
Como dijimos, más marcadamente en Estados Unidos, pero en general en el conjunto de
los países desarrollados, con la década del setenta se inicia la desaceleración de la
producción industrial. A la crisis del dólar, se sucedería la crisis del petróleo, marcando el
final de los precios baratos de este insumo industrial. A esto se sumaría otro problema: el
32
crecimiento de la inflación, atribuida con frecuencia a la intromisión del Estado en la
economía. ¿Por qué? Porque según la receta keynesiana, uno de los modos de asegurar
la reactivación de la economía y el pleno empleo, es la emisión monetaria. Ciertamente,
hay muchas teorías acerca de cómo se genera la inflación y cuáles son los mejores
remedios contra ella, pero lo que me interesa marcar acá es que, tanto en el plano de las
ideas como en el de las prácticas, comienza a ser cuestionada la intervención del Estado
en la economía. Por eso, decíamos anteriormente que la idea de instalar al mercado
como centro y regulador de la economía no es propia y exclusiva de los militares
argentinos: responde también a un cambio de clima internacional, donde es evidente que
empieza a ganar adeptos la posición que sostiene que la intervención del Estado, en
realidad, genera más problemas que soluciones.
Una segunda consecuencia, relacionada con lo anterior, afecta directamente a los países
de América Latina: aquella que tiene que ver con los flujos de capital. Tal como muestra
Bekerman, a medida que los problemas con la balanza de pagos de los Estados Unidos
van surgiendo de manera más evidente, aumenta la presión por suspender los flujos
oficiales hacia los países latinoamericanos. Pero, en contrapartida, surge la posibilidad de
contraer créditos con bancos multinacionales. Bekerman, acertadamente, se pregunta:
“¿qué es lo que determina este marcado endeudamiento de algunos países
latinoamericanos con la banca privada internacional?”. El hecho de que los bancos
decidan otorgar prestamos en buenas condiciones a países anteriormente impensables
como posibles deudores se debe a una coyuntura internacional muy precisa: la liquidez
internacional, generada a partir de la crisis del dólar. Básicamente, esto quiere decir: por
un lado, con un dólar en crisis, todo el mundo quiere deshacerse de esta moneda; por otro
lado, dado el proceso recesivo de los países centrales, baja la demanda de créditos
internos; entonces, ¿dónde podían colocar los bancos ese excedente de dólares? En los
países del Tercer Mundo, ávidos de créditos para cerrar sus cuentas. Esto parecía un
buen negocio para ambas partes, pero en realidad no lo fue. ¿Por qué? Porque esos
países periféricos quedaron endeudados más allá de los límites apropiados. Y, después
de esa coyuntura especialmente favorable, un cambio en las políticas macroeconómicas
de los países centrales perjudicó a los países tomadores de prestamos: tal como sostiene
Bekerman, a partir de los 80, el creciente déficit comercial y fiscal de los Estados Unidos
no fue financiado con políticas expansivas, sino a través de recursos provenientes del
exterior atraídos por las altas tasas de interés, tasas de interés que repercuten en los
servicios de la deuda en los países periféricos.
Esta situación estalla en 1982, con la llamada “crisis de la deuda”, cuando ante la
amenaza de moratoria de México, se suspende la posibilidad de tomar créditos en el
exterior. Gerchunoff y Llach explican muy bien esta situación y permiten visualizar más
puntualmente las repercusiones del planteo de Bekerman a nivel local:
Desde el punto de vista estrictamente económico, Malvinas no fue el impacto exterior más
importante de 1982. Mucho más grave resultó ser la crisis de la deuda latinoamericana.
Desencadenada a partir de la amenaza de moratoria de México, cortó toda posibilidad de
tomar nuevos prestamos en el exterior. “Deuda” era la palabra más leída en las secciones
económicas de los diarios durante 1982, porque las había en magnitudes enormes y de
todos contra todos: del sector privado al exterior y a los bancos nacionales, del sector
público al financiero y al exterior, de los bancos al estado y al extranjero. No es fácil
comprender cómo fue que todos se habían endeudado tan por encima de sus
capacidades de pago. Es cierto que las condiciones de fines de los 70 habían sido
excepcionalmente favorables para gastar tomando préstamos, y que en ese entonces era
imposible prever un cataclismo como el del ´82. Pero hubo también bastante de
imprevisión. En el caso del sector privado, quizás influyó la ausencia de una cultura
33
financiera que hiciera notar que las tasas de interés ya no eran la ficción que habían sido
durante años.
Tal como explican los mismos autores, tal vez no sea tan difícil de entender cómo fue
posible esa situación en la que todos los sectores de la economía aparecían endeudados
más allá de sus posibilidades de pago: la liberalización de los mercados, por un lado, que
permitía a los sectores (tanto públicos como privados) contraer deudas
indiscriminadamente, y la necesidad de los bancos internacionales de colocar su dinero.
El sistema financiero “apto, competitivo y solvente” que se pretendía construir con la
reforma de 1977, estaba al borde del colapso en 1982.
Me gustaría finalizar esta clase proponiendo la realización de la siguiente actividad:
De acuerdo a lo leído en los textos de la bibliografía, explique cuáles son los
factores externos e internos que desatan la llamada “crisis de la deuda”.
Clase 11
Nos corresponde hoy terminar con los temas de la unidad 5 del Programa, titulada
Estado, Economía y Sociedad en la Argentina entre 1966 y 1983. Balances y
alternativas. La clase de hoy estará centrada más puntualmente en la disgregación del
modelo de solidaridad social: política social y gasto público, principalmente referidos al
subperíodo 1976-1983.
La bibliografía obligatoria para esta clase es la siguiente:
Marshall, Adriana. Políticas sociales. El modelo neoliberal, Legasa, Buenos Aires, 1988,
caps. III y VI. (Material digitalizado)
Carpeta de Trabajo, pp. 182-190.
Y tal como hemos mencionado en las clases anteriores, corresponde como bibliografía
obligatoria, general para toda la unidad 5, los capítulos “Una primavera económica (19631973)” y “Vértigo económico en tiempos violentos (1973-1983)” del libro de Pablo
Gerchunoff y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas
económicas argentinas.
Habíamos dicho en la clase pasada que durante la década del setenta comienza a ser
cuestionada la intervención del Estado en la economía: si durante el período anterior, uno
de los consensos básicos, reconocido internacionalmente en la teoría y en la práctica,
apuntaba a señalar que una de las funciones relevantes del Estado era corregir las
desigualdades que constantemente genera el capitalismo; para los años setenta, ese
consenso se derrumba. En particular, en la Argentina, la cúpula militar que asume el
poder en 1976 considera una de sus prioridades abandonar la impronta estatista: el
disciplinamiento de la sociedad civil requería que los diversos actores se acostumbraran a
prescindir del apoyo proveniente del Estado (aún cuando, para conseguir tal objetivo, ese
mismo Estado apelara a la represión directa e indirecta). Dentro de esta observación
general, se inscribe el tema que nos ocupa en la clase de hoy, destinada principalmente a
analizar el rumbo que toman las políticas sociales en el período y cómo concretamente
estas acompañan una redistribución del ingreso entre los diferentes sectores de la
sociedad, redistribución que en este caso va a afectar negativamente a los trabajadores.
En función de esto, la exposición va a concentrarse en los capítulos del libro de Adriana
Marshall de la bibliografía obligatoria, con el objetivo de facilitar la lectura de un texto
particularmente complejo.
Ya al comienzo del capítulo 3 encontramos formulado un principio central que nos permite
ordenar el contenido de los dos capítulos. Dice la autora:
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“El gasto público ´directo´ en servicios sociales es, como vimos, uno de los medios a
través de los cuales se canalizan recursos sociales hacia los trabajadores, aunque el
impacto redistributivo neto depende también de la propia contribución de estos últimos a
los ingresos del estado.”
Aquí se plantea una primera relación importante: los gastos del Estado en educación,
salud y vivienda (las tres principales áreas que la autora va a considerar en relación al
gasto público social) contribuyen a mejorar el nivel de vida de los sectores asalariados. Es
decir, se supone que a través de estos gastos, el Estado financia (total o parcialmente)
algunas necesidades básicas. Pero el dinero para esos gastos del Estado proviene
principalmente de la recaudación tributaria: si los impuestos son proporcionales a la renta
percibida, y los que poseen más están gravados con más cargas impositivas, el impacto
redistributivo es mayor porque el asalariado que, por ejemplo, no paga un impuesto a la
riqueza personal, sin embargo se beneficia de los gastos en educación, salud y vivienda
llevados adelante con esos ingresos del Estado. Ahora, por el contrario, si esos impuestos
afectan principalmente al consumo masivo, parte de esos gastos sociales del Estado son
financiados con el aporte que hace cada trabajador al efectuar una compra.
Podríamos considerar que este señalamiento nos aporta una pauta para distinguir los
diferentes temas que la autora va a tratar en ambos capítulos. En este sentido, el capítulo
3 está dedicado al análisis general de la política social y del gasto público social en el
período; mientras que el capítulo 6 apunta más bien a evaluar el impacto redistributivo
neto: es decir, qué sectores resultan más beneficiados de esos gastos sociales en función
de su aporte a la recaudación tributaria.
Comencemos con el primer punto: ¿qué rumbo toma el gasto público social en el
período? Marshall sostiene que las medidas implementadas estaban sustentadas en dos
principios básicos:
Principio de subsidiariedad del Estado: sostiene la función “subsidiaria” del Estado; es
decir, supuestamente la mayoría de la población tiene que afrontar sus demandas de
educación, salud y vivienda acogiéndose a la oferta privada que hay en el mercado, y tan
sólo corresponde al sector público hacerse cargo de los “sectores más necesitados” o de
los “casos críticos”. Así, por ejemplo, en el caso de la salud, mediante la imposición de un
arancel, se limita el acceso gratuito a los hospitales públicos, quedando disponible esta
opción sólo para aquellos que pudieran justificar su situación de pobreza.
Descentralización del Estado: remite a la transferencia de la administración (por
ejemplo, de escuelas y hospitales) del gobierno central a ámbitos locales (provincias y
municipalidades). Esto supone descomprimir el nivel de gastos del gobierno central, pero
en muchas ocasiones esa transferencia se hizo sin la asignación correspondiente de los
recursos necesarios para el funcionamiento de esas instituciones.
Detengamos por un momento a considerar estos principios. Obviamente, no podemos
negar que esa descentralización del Estado implicó, en muchos ocasiones, simplemente
el abandono de esas instituciones públicas a su propia suerte (dado que los gobiernos
locales no contaban con los recursos para sostenerlas, el deterioro progresivo fue
inevitable). Pero, ¿qué pasa con el principio que sostiene el rol subsidiario del Estado? La
cuestión es: ¿el gasto social del Estado debe estar dirigido sólo a los sectores
carenciados o debe apuntar a una política lo más inclusiva posible? Esta pregunta es
polémica. El argumento principal a favor de este rol del Estado se apoya en la siguiente
pregunta: ¿por qué el Estado habría de derivar recursos hacia sectores que pueden
acceder a la demanda privada?. O bien, ¿por qué el hospital público tiene que atender
gratuitamente a quien puede pagar por ese servicio? Personalmente, creo que este
argumento esconde una trampa: da por sentado que “naturalmente” los recursos son
escasos, por lo cual deben reservarse para los más necesitados. Pero no hay nada del
orden de la naturaleza allí, se trata más bien de la decisión política: ampliar el gasto
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público social e implementar políticas lo más inclusivas posibles es el único modo viable
de garantizar la igualdad de oportunidades (en salud, educación y vivienda) para todos.
Esa concepción del rol subsidiario del Estado genera fragmentación social: de un lado, los
que tienen algunos recursos y pueden acudir a la oferta privada (acceso que tampoco es
uniforme, porque depende del nivel de ingresos), del otro lado, los “sectores más
necesitados” que solamente pueden acceder a las instituciones estatales, instituciones
que se degradan progresivamente por la limitación de recursos.
De todas formas, tal como señala Marshall, tampoco estos principios (el de subsidiaridad
y el de desencentralización) se aplicaron de manera continuada o uniforme. En efecto, es
importante señalar que, a juicio de la autora, durante el período no hubo una política de
gasto social. ¿Con qué nos encontramos entonces?
En primer lugar, con un presupuesto que, en términos generales, contempla una
reducción del gasto público social, reducción que no era uniforme para todas las partidas,
sino que afectaba particularmente al sector educativo. Esta reducción, programada en el
presupuesto, nos induce a pensar –tal como señala Marshall- que en el momento de
mayor caída del poder adquisitivo de los salarios (1976-1978), no estaba previsto
compensar esa disminución del ingreso con una política social destinada a paliar esa
situación. En este sentido, Marshall afirma:
Su política de gastos sociales habría reforzado las consecuencias de otras políticas que
acentuaron la desigualdad en la distribución del ingreso, si no fuera porque dicha política
de asignación presupuestaria afectó sólo parcialmente al volumen real de gastos sociales
y a su participación relativa en el producto bruto interno, ya que estos montos se ven
influidos por factores adicionales a las decisiones sobre la distribución del presupuesto.
Es decir, el segundo paso –luego de analizar la asignación presupuestaria- nos lleva a
concentrarnos en el comportamiento de ese gasto social, es decir, en el gasto social
real, en función de comprobar si este se ajusta o no a la tendencia afirmada en el
presupuesto. Según la autora, en los hechos, el gasto social real no se inclinó a disminuir
porque su evolución está determinada por otros factores, como el nivel de gastos público
total, que más bien se expandió por aquellos años. A esto se suma el hecho de que las
normas, en ocasiones, eran contradictorias; existía una fuerte falta de coordinación de
esas políticas que emanaban de distintas fuentes; y, sobre todo, tampoco podían
asegurar completamente su cumplimiento dado el poder discrecional con el que contaban
los interventores y los directivos, que tenían que responder a demandas y presiones
concretas efectuadas sobre los servicios públicos. Esto nos habla del fracaso de esas
iniciativas: “fracaso que se evidencia en la distancia que media, en muchos casos, entre
propuestas, proyectos y decisiones de asignación presupuestaria, y el comportamiento del
gasto estatal en servicios públicos”. Esta conclusión se refuerza en la comparación con
Chile: allí se llevó hasta las últimas consecuencias una política que los militares
argentinos, tal vez por ineptitud y falta de coordinación, afortunadamente no alcanzaron a
implementar.
Si consideramos el tema de la recaudación tributaria, el sistema se caracterizó por su
tendencia regresiva: es decir, el grueso de los impuestos cayó sobre el consumo. A esto
se suman, medidas como el aumento del aporte de los asalariados al sistema previsional,
el recorte del salario familiar y la autorización que recibieron las obras sociales para
cobrar una cuota mensual a sus afiliados. Evidentemente, todas estas medidas tendían
reducir el ingreso percibido por los trabajadores y la autora las expone como puntos de
partida para considerar su análisis acerca del “salario social”. La cuestión es la siguiente:
teniendo en cuenta los datos enumerados anteriormente, finalmente el impacto del
consumo de estos servicios “colectivos” en el conjunto total de los asalariados, ¿es
positivo o negativo?
36
La respuesta de Marshall se va a detener en algunas precisiones. La autora sugiere la
siguiente estrategia: distingamos sectores dentro del conjunto de los asalariados. Si nos
concentramos en el sector privado (sector más formalizado de la economía porque no
evade sus aportes al sistema previsional ni a las obras sociales), el impacto es positivo.
¿Por qué? Porque uno de los efectos de esas medidas es que el salario de ese sector
disminuye (claramente, por ejemplo, por la reducción de los salarios familiares y el
aumento de los aportes personales a la seguridad social). Menos ingreso disponible,
menos consumo y –en consecuencia- menor participación en la recaudación tributaria.
Esto significa que el impacto del consumo de esos bienes “colectivos” es positivo porque
ese sector, a través de sus impuestos, aporta menos de los gastos que genera.
Es importante remarcar una observación que realiza Marshall cuando evalúa ese impacto
positivo en relación a los asalariados del sector privado más formalizado de la economía:
ciertamente, ese sector se beneficia de los ingresos que –a través de su consumoaportan los sectores no asalariados de ingresos elevados, pero esto en realidad se trata
de una transferencia de ingresos al sector asalariado “que ocurre en forma mecánica
como consecuencia de la propia desigualdad en la distribución del ingreso y del
consumo”. Tal como dijimos, en un sistema tributario que grava principalmente el
consumo, los sectores que consumen más, aportan más al erario del Estado. Pero este
dato no pone de manifiesto la intención de asegurar una transferencia de recursos de
sectores de mayores ingresos a los asalariados, se trata más bien de un efecto
automático generado por la desigualdad.
Este mismo análisis se aplica a los sectores asalariados de mayores ingresos: según los
datos que aporta Marshall, el 10 % de los asalariados del sector privado, ubicado en
posiciones gerenciales, percibía el 33 % del ingreso asalariado. Esto nos habla de una
alta concentración del ingreso. Obviamente, esos sectores pagaban más impuestos, por
la sencilla razón de que tenían más capacidad de consumo. Al mismo tiempo, se
beneficiaban menos de los servicios sociales que los sectores de bajos ingresos (así, por
ejemplo, los sectores de altos ingresos no tienen acceso a los planes de vivienda
alentados por el Estado). Por eso, la autora habla de “un impacto ´redistributivo´ sui
generis al interior del sector asalariado”: sui generis porque esto es la contrapartida de
una alta concentración del ingreso en los tramos superiores, y un empobrecimiento del
consumo colectivo de los asalariados y ex – asalariados. En este sentido, entre sus
conclusiones, la autora señala:
“Si es posible especular acerca del cambio en el peso relativo del consumo ´colectivo´ en
el consumo total de los asalariados con bajos ingresos con posterioridad a 1976, diríamos
que posiblemente su importancia se incrementó, pero no como resultado de una
deliberada política de redistribución de ingresos ´hacia abajo´ a través de la captación y
canalización de recursos sociales, sino todo lo contrario, precisamente como producto de
las políticas opuestas: las que propugnaron una mayor diferenciación de salarios en
beneficio de un sector de elite y las que culminaron con la contracción del empleo
industrial. Es decir, el impacto aparentemente progresivo del gasto público social habría
sido una consecuencia no intencional del proceso de redistribución ´hacia arriba´ del
ingreso y del consumo.”
Claramente, para Marshall, durante esos años se produce un uso más intensivo de las
prestaciones de salud, educación y vivienda realizadas por el Estado desde los sectores
que menos aportan a la recaudación tributaria. Pero, tal como dijimos, lo que esto pone
en evidencia no es resultado positivo de políticas progresivas, sino que más bien esto nos
habla de un proceso de concentración de ingresos y consumos en determinado sector de
la población (el sector asalariado y no asalariado de altos ingresos), proceso que supone
también el subconsumo y empobrecimiento de las clases medias y bajas.
37
Me gustaría finalizar esta clase proponiendo la realización de la siguiente actividad:
Exponga cuáles son las distintas faces que Adriana Marshall puntualiza en relación a la
intervención social del Estado durante los años 1976-1983.
Clase 12
Corresponde hoy terminar con los temas de Estado, Economía y Sociedad en la
Argentina entre 1966 y 1983. Balances y alternativas. La clase de hoy estará centrada
más puntualmente en la disgregación del modelo de solidaridad social: política social y
gasto público, principalmente referidos al subperíodo 1976-1983.
La bibliografía obligatoria para esta clase es la siguiente:
Marshall, Adriana. Políticas sociales. El modelo neoliberal, Legasa, Buenos Aires, 1988,
caps. III y VI. (Material digitalizado)
Carpeta de Trabajo, pp. 182-190.
Y tal como hemos mencionado en las clases anteriores, corresponde como bibliografía
obligatoria, general para toda la unidad 5, los capítulos “Una primavera económica (19631973)” y “Vértigo económico en tiempos violentos (1973-1983)” del libro de Pablo
Gerchunoff y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas
económicas argentinas.
Habíamos dicho en la clase pasada que durante la década del setenta comienza a ser
cuestionada la intervención del Estado en la economía: si durante el período anterior, uno
de los consensos básicos, reconocido internacionalmente en la teoría y en la práctica,
apuntaba a señalar que una de las funciones relevantes del Estado era corregir las
desigualdades que constantemente genera el capitalismo; para los años setenta, ese
consenso se derrumba. En particular, en la Argentina, la cúpula militar que asume el
poder en 1976 considera una de sus prioridades abandonar la impronta estatista: el
disciplinamiento de la sociedad civil requería que los diversos actores se acostumbraran a
prescindir del apoyo proveniente del Estado (aún cuando, para conseguir tal objetivo, ese
mismo Estado apelara a la represión directa e indirecta). Dentro de esta observación
general, se inscribe el tema que nos ocupa en la clase de hoy, destinada principalmente a
analizar el rumbo que toman las políticas sociales en el período y cómo concretamente
estas acompañan una redistribución del ingreso entre los diferentes sectores de la
sociedad, redistribución que en este caso va a afectar negativamente a los trabajadores.
En función de esto, la exposición va a concentrarse en los capítulos del libro de Adriana
Marshall de la bibliografía obligatoria, con el objetivo de facilitar la lectura de un texto
particularmente complejo.
Ya al comienzo del capítulo 3 encontramos formulado un principio central que nos permite
ordenar el contenido de los dos capítulos. Dice la autora:
“El gasto público ´directo´ en servicios sociales es, como vimos, uno de los medios a
través de los cuales se canalizan recursos sociales hacia los trabajadores, aunque el
impacto redistributivo neto depende también de la propia contribución de estos últimos a
los ingresos del estado.”
Aquí se plantea una primera relación importante: los gastos del Estado en educación,
salud y vivienda (las tres principales áreas que la autora va a considerar en relación al
gasto público social) contribuyen a mejorar el nivel de vida de los sectores asalariados. Es
decir, se supone que a través de estos gastos, el Estado financia (total o parcialmente)
algunas necesidades básicas. Pero el dinero para esos gastos del Estado proviene
principalmente de la recaudación tributaria: si los impuestos son proporcionales a la renta
38
percibida, y los que poseen más están gravados con más cargas impositivas, el impacto
redistributivo es mayor porque el asalariado que, por ejemplo, no paga un impuesto a la
riqueza personal, sin embargo se beneficia de los gastos en educación, salud y vivienda
llevados adelante con esos ingresos del Estado. Ahora, por el contrario, si esos impuestos
afectan principalmente al consumo masivo, parte de esos gastos sociales del Estado son
financiados con el aporte que hace cada trabajador al efectuar una compra.
Podríamos considerar que este señalamiento nos aporta una pauta para distinguir los
diferentes temas que la autora va a tratar en ambos capítulos. En este sentido, el capítulo
3 está dedicado al análisis general de la política social y del gasto público social en el
período; mientras que el capítulo 6 apunta más bien a evaluar el impacto redistributivo
neto: es decir, qué sectores resultan más beneficiados de esos gastos sociales en función
de su aporte a la recaudación tributaria.
Comencemos con el primer punto: ¿qué rumbo toma el gasto público social en el
período? Marshall sostiene que las medidas implementadas estaban sustentadas en dos
principios básicos:
Principio de subsidiariedad del Estado: sostiene la función “subsidiaria” del Estado; es
decir, supuestamente la mayoría de la población tiene que afrontar sus demandas de
educación, salud y vivienda acogiéndose a la oferta privada que hay en el mercado, y tan
sólo corresponde al sector público hacerse cargo de los “sectores más necesitados” o de
los “casos críticos”. Así, por ejemplo, en el caso de la salud, mediante la imposición de un
arancel, se limita el acceso gratuito a los hospitales públicos, quedando disponible esta
opción sólo para aquellos que pudieran justificar su situación de pobreza.
Descentralización del Estado: remite a la transferencia de la administración (por
ejemplo, de escuelas y hospitales) del gobierno central a ámbitos locales (provincias y
municipalidades). Esto supone descomprimir el nivel de gastos del gobierno central, pero
en muchas ocasiones esa transferencia se hizo sin la asignación correspondiente de los
recursos necesarios para el funcionamiento de esas instituciones.
Detengamos por un momento a considerar estos principios. Obviamente, no podemos
negar que esa descentralización del Estado implicó, en muchos ocasiones, simplemente
el abandono de esas instituciones públicas a su propia suerte (dado que los gobiernos
locales no contaban con los recursos para sostenerlas, el deterioro progresivo fue
inevitable). Pero, ¿qué pasa con el principio que sostiene el rol subsidiario del Estado? La
cuestión es: ¿el gasto social del Estado debe estar dirigido sólo a los sectores
carenciados o debe apuntar a una política lo más inclusiva posible? Esta pregunta es
polémica. El argumento principal a favor de este rol del Estado se apoya en la siguiente
pregunta: ¿por qué el Estado habría de derivar recursos hacia sectores que pueden
acceder a la demanda privada?. O bien, ¿por qué el hospital público tiene que atender
gratuitamente a quien puede pagar por ese servicio? Personalmente, creo que este
argumento esconde una trampa: da por sentado que “naturalmente” los recursos son
escasos, por lo cual deben reservarse para los más necesitados. Pero no hay nada del
orden de la naturaleza allí, se trata más bien de la decisión política: ampliar el gasto
público social e implementar políticas lo más inclusivas posibles es el único modo viable
de garantizar la igualdad de oportunidades (en salud, educación y vivienda) para todos.
Esa concepción del rol subsidiario del Estado genera fragmentación social: de un lado, los
que tienen algunos recursos y pueden acudir a la oferta privada (acceso que tampoco es
uniforme, porque depende del nivel de ingresos), del otro lado, los “sectores más
necesitados” que solamente pueden acceder a las instituciones estatales, instituciones
que se degradan progresivamente por la limitación de recursos.
De todas formas, tal como señala Marshall, tampoco estos principios (el de subsidiaridad
y el de desencentralización) se aplicaron de manera continuada o uniforme. En efecto, es
importante señalar que, a juicio de la autora, durante el período no hubo una política de
gasto social. ¿Con qué nos encontramos entonces?
39
En primer lugar, con un presupuesto que, en términos generales, contempla una
reducción del gasto público social, reducción que no era uniforme para todas las partidas,
sino que afectaba particularmente al sector educativo. Esta reducción, programada en el
presupuesto, nos induce a pensar –tal como señala Marshall- que en el momento de
mayor caída del poder adquisitivo de los salarios (1976-1978), no estaba previsto
compensar esa disminución del ingreso con una política social destinada a paliar esa
situación. En este sentido, Marshall afirma:
Su política de gastos sociales habría reforzado las consecuencias de otras políticas que
acentuaron la desigualdad en la distribución del ingreso, si no fuera porque dicha política
de asignación presupuestaria afectó sólo parcialmente al volumen real de gastos sociales
y a su participación relativa en el producto bruto interno, ya que estos montos se ven
influidos por factores adicionales a las decisiones sobre la distribución del presupuesto.
Es decir, el segundo paso –luego de analizar la asignación presupuestaria- nos lleva a
concentrarnos en el comportamiento de ese gasto social, es decir, en el gasto social
real, en función de comprobar si este se ajusta o no a la tendencia afirmada en el
presupuesto. Según la autora, en los hechos, el gasto social real no se inclinó a disminuir
porque su evolución está determinada por otros factores, como el nivel de gastos público
total, que más bien se expandió por aquellos años. A esto se suma el hecho de que las
normas, en ocasiones, eran contradictorias; existía una fuerte falta de coordinación de
esas políticas que emanaban de distintas fuentes; y, sobre todo, tampoco podían
asegurar completamente su cumplimiento dado el poder discrecional con el que contaban
los interventores y los directivos, que tenían que responder a demandas y presiones
concretas efectuadas sobre los servicios públicos. Esto nos habla del fracaso de esas
iniciativas: “fracaso que se evidencia en la distancia que media, en muchos casos, entre
propuestas, proyectos y decisiones de asignación presupuestaria, y el comportamiento del
gasto estatal en servicios públicos”. Esta conclusión se refuerza en la comparación con
Chile: allí se llevó hasta las últimas consecuencias una política que los militares
argentinos, tal vez por ineptitud y falta de coordinación, afortunadamente no alcanzaron a
implementar.
Si consideramos el tema de la recaudación tributaria, el sistema se caracterizó por su
tendencia regresiva: es decir, el grueso de los impuestos cayó sobre el consumo. A esto
se suman, medidas como el aumento del aporte de los asalariados al sistema previsional,
el recorte del salario familiar y la autorización que recibieron las obras sociales para
cobrar una cuota mensual a sus afiliados. Evidentemente, todas estas medidas tendían
reducir el ingreso percibido por los trabajadores y la autora las expone como puntos de
partida para considerar su análisis acerca del “salario social”. La cuestión es la siguiente:
teniendo en cuenta los datos enumerados anteriormente, finalmente el impacto del
consumo de estos servicios “colectivos” en el conjunto total de los asalariados, ¿es
positivo o negativo?
La respuesta de Marshall se va a detener en algunas precisiones. La autora sugiere la
siguiente estrategia: distingamos sectores dentro del conjunto de los asalariados. Si nos
concentramos en el sector privado (sector más formalizado de la economía porque no
evade sus aportes al sistema previsional ni a las obras sociales), el impacto es positivo.
¿Por qué? Porque uno de los efectos de esas medidas es que el salario de ese sector
disminuye (claramente, por ejemplo, por la reducción de los salarios familiares y el
aumento de los aportes personales a la seguridad social). Menos ingreso disponible,
menos consumo y –en consecuencia- menor participación en la recaudación tributaria.
Esto significa que el impacto del consumo de esos bienes “colectivos” es positivo porque
ese sector, a través de sus impuestos, aporta menos de los gastos que genera.
40
Es importante remarcar una observación que realiza Marshall cuando evalúa ese impacto
positivo en relación a los asalariados del sector privado más formalizado de la economía:
ciertamente, ese sector se beneficia de los ingresos que –a través de su consumoaportan los sectores no asalariados de ingresos elevados, pero esto en realidad se trata
de una transferencia de ingresos al sector asalariado “que ocurre en forma mecánica
como consecuencia de la propia desigualdad en la distribución del ingreso y del
consumo”. Tal como dijimos, en un sistema tributario que grava principalmente el
consumo, los sectores que consumen más, aportan más al erario del Estado. Pero este
dato no pone de manifiesto la intención de asegurar una transferencia de recursos de
sectores de mayores ingresos a los asalariados, se trata más bien de un efecto
automático generado por la desigualdad.
Este mismo análisis se aplica a los sectores asalariados de mayores ingresos: según los
datos que aporta Marshall, el 10 % de los asalariados del sector privado, ubicado en
posiciones gerenciales, percibía el 33 % del ingreso asalariado. Esto nos habla de una
alta concentración del ingreso. Obviamente, esos sectores pagaban más impuestos, por
la sencilla razón de que tenían más capacidad de consumo. Al mismo tiempo, se
beneficiaban menos de los servicios sociales que los sectores de bajos ingresos (así, por
ejemplo, los sectores de altos ingresos no tienen acceso a los planes de vivienda
alentados por el Estado). Por eso, la autora habla de “un impacto ´redistributivo´ sui
generis al interior del sector asalariado”: sui generis porque esto es la contrapartida de
una alta concentración del ingreso en los tramos superiores, y un empobrecimiento del
consumo colectivo de los asalariados y ex – asalariados. En este sentido, entre sus
conclusiones, la autora señala:
“Si es posible especular acerca del cambio en el peso relativo del consumo ´colectivo´ en
el consumo total de los asalariados con bajos ingresos con posterioridad a 1976, diríamos
que posiblemente su importancia se incrementó, pero no como resultado de una
deliberada política de redistribución de ingresos ´hacia abajo´ a través de la captación y
canalización de recursos sociales, sino todo lo contrario, precisamente como producto de
las políticas opuestas: las que propugnaron una mayor diferenciación de salarios en
beneficio de un sector de elite y las que culminaron con la contracción del empleo
industrial. Es decir, el impacto aparentemente progresivo del gasto público social habría
sido una consecuencia no intencional del proceso de redistribución ´hacia arriba´ del
ingreso y del consumo.”
Claramente, para Marshall, durante esos años se produce un uso más intensivo de las
prestaciones de salud, educación y vivienda realizadas por el Estado desde los sectores
que menos aportan a la recaudación tributaria. Pero, tal como dijimos, lo que esto pone
en evidencia no es resultado positivo de políticas progresivas, sino que más bien esto nos
habla de un proceso de concentración de ingresos y consumos en determinado sector de
la población (el sector asalariado y no asalariado de altos ingresos), proceso que supone
también el subconsumo y empobrecimiento de las clases medias y bajas.
Me gustaría finalizar esta clase proponiendo la realización de la siguiente actividad:
Exponga cuáles son las distintas faces que Adriana Marshall puntualiza en relación a la
intervención social del Estado durante los años 1976-1983.
41
UNIDAD 6
Clase 13
6.- EL ESTADO DEMOCRATICO Y LA GOBERNABILIDAD. SUS EFECTOS EN LA
SOCIEDAD Y LA ECONOMIA:
6.1. El retorno a la democracia y las herencias del “Proceso”. La estructura social en los ´80.
6.2. Los dilemas del alfonsinismo.
6.3. La coyuntura de 1989: hiperinflación y triunfo peronista.
6.4. Transformación económica “sin anestesia”.
6.5. La construcción de una nueva hegemonía.
6.6. Problemas sociales y valores en la Argentina de los ´90.
6.7. Los consensos y las limitaciones del modelo liberal-menemista.
Comenzamos hoy con los temas correspondientes a El Estado democrático y la
gobernabilidad. Sus efectos en la sociedad y en la economía. Más particularmente,
nos vamos a centrar en esta clase en los procesos que tuvieron lugar en la década del 80:
la transición democrática y los dilemas a los que se enfrentó el gobierno de Alfonsín.
La bibliografía obligatoria para esta clase es la siguiente:
Portantiero, Juan Carlos. “La transición entre la confrontación y el acuerdo” en: José Nun
y Juan Carlos Portantiero (comp.), Ensayos sobre la transición democrática en la
Argentina, Puntosur, Buenos Aires, 1987b, pp. 257-294. (Material digitalizado).
Carpeta de Trabajo, pp. 195-214.
Gernuchoff y Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas
argentinas, cap. IX, “La democracia y el difícil gobierno de la economía (1983-1989)”, pp.
381-419.
Como uds. verán, estos textos enfocan el tema desde perspectivas ligeramente
diferentes. La Carpeta de Trabajo ofrece un panorama general de la situación política,
económica y social en el período. Como sabemos, el texto de Gerchunoff y Llach aborda
preferentemente la política económica, en este caso, del gobierno de Alfonsín. Y el texto
de Portantiero trabaja sobre la cuestión de la transición política de la dictadura a la
democracia. Más allá de esto, también hay que tener en cuenta que el artículo de
Portantiero fue publicado en 1987, mientras que los otros dos trabajos aparecieron diez
años después. Es decir, tengamos en cuenta que en 1987 todavía no estaba claro si la
democracia en la Argentina iba a sobrevivir o no. Ese es un dato con el que nosotros hoy
contamos, pero no resultaba para nada obvio quince años atrás. Y, en este sentido, esta
es una preocupación que evidentemente acecha al autor al abordar el tema de la
transición política.
Portantiero parte de un esquema general del proceso al que se denomina “transición”.
Este esquema reconoce tres etapas: crisis del autoritarismo – instalación
democrática- consolidación. Y si bien el autor se detiene a mostrar cómo tuvo lugar esa
crisis del autoritarismo sobre el final del Proceso, lo que más le interesa es indagar en
torno a las características de esa “instalación democrática”, características que en parte
conspiran en contra de la siguiente etapa, la de la consolidación democrática. Como
decía, nosotros hoy sabemos que esa consolidación fue exitosa: en 1989 permitió por
primera vez el traspaso del mando de un presidente elegido en comicios abiertos a otro
presidente de distinto signo político, elegido bajo las mismas condiciones (es decir, sin
fraude electoral y sin partidos proscriptos). Este era un hecho inédito en la Argentina.
Muchos otros hechos de esa misma naturaleza –sí, también inéditos- nos ha tocado vivir.
Pero lo cierto es que la consolidación de la democracia es un dato con el que hoy
contamos. ¿Esto quiere decir que aquellas características de la transición democrática
que –según la visión de Portantiero- conspiraban contra esa consolidación perdieron
42
relevancia? No. Porque el autor reseña en esas características ciertos problemas más o
menos universales que aquejan a las democracias occidentales a fines del siglo XX. El
tema, para nosotros hoy, es ver cómo afectaron no tanto la consolidación del proceso
democrático, sino más bien la gobernabilidad en los tiempos de Alfonsín; y en qué medida
repercutieron en las opciones disponibles en el ámbito de la política económica.
Comencemos por el primer punto: ¿cuáles son los dilemas o problemas políticos con los
que se enfrenta la democracia y cómo jugaron en la gestión de Alfonsín?
Si retomamos el texto de Portantiero, vemos que el autor identifica al Partido Radical con
el liberalismo político, término que designa una corriente de la teoría política
contemporánea identificada con los valores del pluralismo, la ciudadanía y el estado de
derecho. Podría decirse que, desde esta perspectiva, es la elección de la mayoría la que
otorga legitimidad a un gobierno, el cual –por otra parte- no se realiza de cualquier
manera ni puede ejercerse de un modo arbitrario: debe respetar y canalizar sus iniciativas
a través de las instituciones vigentes en la Constitución.
Ahora, en la realidad, este esquema se complica, por varias razones:
En primer lugar, un dato que caracteriza a las sociedades civiles modernas es que en
ellas proliferan distintas asociaciones, cuyos miembros se encuentran unidos en función
de intereses corporativos comunes: los sindicatos, los empresarios, la iglesia, los
militares, etc.. Tal como nosotros vimos en clases anteriores, estas asociaciones
concentran poder de presión, a favor de sus demandas, poder que se ejerce sobre el
sistema político. En este sentido, una de las dificultades que reseña Portantiero en
relación al gobierno de Alfonsín, pero que podríamos considerar en general como un
problema de las democracias contemporáneas, remite a lo siguiente: una vez que una
gestión, un partido, un presidente acceden al poder a través de una elección mayoritaria,
podría pensarse que tienen el consenso necesario como para implementar determinadas
políticas. Pero, a pesar de contar con ese consenso, dichas políticas pueden verse
obstaculizada por la presión de esas corporaciones: en este sentido, una estrategia que
se apoye en el consenso mayoritario para confrontar a las corporaciones (de empresarios,
militares o trabajadores asociados en sindicatos) tiene pocas posibilidades de éxito. ¿Por
qué? Porque esas políticas, aún contando con el consenso mayoritario de la población,
pueden ser boicoteadas de distintas maneras por esas corporaciones. ¿Qué nos está
indicando esto? Que una gestión de gobierno nunca es autónoma en un sentido neto,
necesita consensuar sus políticas, no sólo con la “gente” en general, sino también en
particular con las distintas corporaciones (o bien, contar con el poder político necesario
para someterlas, pero esto tampoco es sencillo porque para someter a unos es necesario
pactar con otros). Uno de los problemas de la gestión de Alfonsín es que su gobierno se
inició apoyándose en la mayoría para sostener estrategias de confrontación en casi todos
los frentes, desconociendo el poder de las corporaciones. El resultado fue que, también
en casi todos los frentes, se vio obligado a pactar o a ceder en acuerdos forzados, que no
fueron frutos de la iniciativa política del gobierno.
En segundo lugar, podemos mencionar una cuestión en torno a la modalidades de la
movilización ciudadana. En sentido, el modelo del liberalismo político lo constituye la
“forma partido”, es decir aquella forma en la que ciudadano participa del sistema político a
través de la mediación de un partido político. ¿Qué supone esta forma? Que un individuo
adhiere razonadamente a una propuesta política – general o particular- que convive con
otras propuestas, con las que puede tener coincidencias y enfrentamientos. Pero el
núcleo de la “forma partido” radica en el razonamiento: se supone que las lealtades o
adhesiones que conquista entre los ciudadanos un partido político se debe a los
argumentos en los que se apoya su propuesta, por lo cual esa adhesión siempre es
coyuntural: en cualquier momento, un ciudadano puede ser convencido por los
argumentos –económicos o políticos- que ofrece otra propuesta política. Una forma
distinta de movilización ciudadana es aquella denominada “forma movimiento”, en la cual
43
un partido se vincula con los ciudadanos no tanto a partir de la definición de un programa
concreto, sino más bien identificándose con los “intereses del pueblo, de la nación o de la
patria”. Ciertamente, también en la “forma partido” es necesario que una propuesta
argumente en pos de los beneficios que se derivan de ella para el conjunto de la
población. Pero en este caso se trata de demostrar que esas opciones políticas brindan
mejores soluciones que otras. En cambio, en la “forma movimiento” –modalidad que ha
caracterizado a la movilización en la historia argentina- implícitamente se niega
legitimidad al adversario: se incita a la ciudadanía a que muestre su adhesión no a una
propuesta particular, sino a la “patria”, a los “intereses de la nación”, etc. Esto conlleva, en
mayor o menor medida, lo que Portantiero denomina como “la tentación hegemónica”: es
decir, aquel partido que consigue la mayoría, se siente en pleno derecho a imponer sus
propuestas, dejando de lado todo diálogo con la oposición y, consecuentemente,
desplazando a las minorías. El problema para Alfonsín es que, si bien logró combinar con
éxito estas dos formas –la “forma partido” y la “forma movimiento”- en el primer período de
su mandato, el privilegio otorgado a la “forma movimiento” indujo al peronismo a acentuar
sus rasgos opositores, imposibilitando los acuerdos que hubieran sido necesarios, por
ejemplo, para implementar determinadas políticas económicas.
Y, por último, encontramos una característica estrechamente conectada con la
preeminencia de la “forma movimiento” –forma centrada en la figura de un líder-: la
declinación de la función parlamentaria. Es decir, el Parlamento –que debería ser el
ámbito privilegiado donde se acuerdan políticas, a partir de un debate serio de las
iniciativas gubernamentales- es confinado a una “función ratificatoria pasiva”. Tal como
señala Portantiero, este es un problema más o menos generalizado en las democracias
occidentales, debido a la combinación de la crisis de representación política con la crisis
de la función legislativa o decisional. Es decir, ya no se confía que el debate serio de las
ideas pueda contribuir a la toma de una decisión operativa. Según la visión del autor, en la
Argentina, este dato se ve particularmente agravado por una larga cultura política,
signada por la presencia del caudillismo, las discontinuidades institucionales, la tradición
corporativista y la debilidad del sistema de partidos. Creo que a esta lista podríamos
agregar un dato más: la baja formación (profesional, académica y política) de muchos a
los que acceden a las bancas parlamentarias, lo cual profundiza las sospechas de
inutilidad y corrupción que se ciernen sobre el Parlamento.
Podríamos considerar que todas esas peculiaridades nos remiten a un problema más
general al que se enfrentan las sociedades modernas: ¿cómo es posible el ejercicio
democrático del poder en una sociedad pluralista donde compiten intereses
heterogéneos? En este sentido, la solución teórica a la que remite Portantiero es el de un
“sistema de pactos”: es decir, el camino más plausible para una transición democrática –
en situaciones de ruptura pactada, es decir donde no hubo una revolución que derribe a
un gobierno de facto- es el acuerdo entre distintos sectores, corporaciones y partidos. En
este sentido, durante los primeros años de su mandato, Alfonsín no privilegió esta vía:
más bien, se lanzó a la confrontación, basado en un diagnóstico que “subestimaba la
realidad de la crisis que vivía el país” o bien “sobreestimaba la capacidad de las
herramientas políticas a su alcance para solucionarla”.
Esto es notorio, para nosotros hoy, por ejemplo en el terreno de las políticas económicas.
La situación heredada era gravísima. Los principales problemas, según el planteo de
Gerchunoff y Llach, eran los siguientes:
El problema del estancamiento y el atraso del aparato productivo: recordemos que los
setenta fueron años en los cuales la economía argentina no creció, situación que –
prolongada en el tiempo- daba como resultado un cuadro fuertemente recesivo.
El problema de la deuda externa: después de la “crisis de la deuda” y el aumento de las
tasas de interés internacionales (que rondaban cerca del 20 %), la carga de la deuda se
44
torno intolerable. Es decir, la cantidad de divisas que debían transferirse en concepto de
amortizaciones e intereses impedían todo crecimiento. Para pagar la deuda, debía
generarse un superavit comercial, esto suponía incrementar las exportaciones y/o reducir
las importaciones. Pero, prácticamente, no había margen para comprimir más las
importaciones: si se quería salir de la situación de estancamiento de la economía no se
podía reducir más la adquisición de insumos industriales y bienes de capitales. Tampoco
existía gran margen para aumentar las exportaciones: en primer lugar, porque los precios
internacionales habían bajado, lo suficiente como para no estimular un aumento de la
producción; y, en segundo lugar, porque tampoco el gobierno estaba dispuesto a llevar
adelante medidas que desembocaran en una fuerte contracción del consumo. Para un
gobierno democrático recién elegido, después de una prolongada dictadura militar, estas
medidas fuertemente impopulares representaban un riesgo para la democracia, pero
además tampoco el gobierno estaba dispuesto a considerarlas como uno de los posibles
caminos.
El problema del gasto público y el déficit fiscal: prácticamente, ya no había forma de
financiar los gastos del Estado. Por un lado, el crédito externo estaba cortado; por otro,
las empresas públicas no hacían sino acumular más déficit; y, finalmente, tampoco
existían muchas opciones para aumentar la recaudación tributaria: en un contexto
profundamente recesivo, aumentar los impuestos es una medida que puede agravar esa
situación. Entonces, ¿cuál es la forma de salir de seguir adelante, a pesar de esta
situación? La emisión monetaria, una de las principales causas del siguiente problema.
El problema de la inflación: este era un problema que arrastraba la economía argentina
desde largo tiempo atrás, pero fue profundamente agravado durante la gestión del primer
ministro de economía de Alfonsín, Bernardo Grinspun. Tal como reseñan Gerchunoff y
Llach, la estrategia de Grinspun fue alentar la reactivación mediante la expansión del
empleo y el gasto público, basado en la emisión monetaria. El problema fue que, así como
aumentaron los salarios, aumentaron los precios –dado que los sectores que estaban
fuera del control gubernamental directamente ignoraron las directivas en torno a los
precios que impartió el Ministerio de Economía-. El resultado fue que en 1985 estuvimos
casi al borde una hiperinflación, situación que no pudo ser evitada en 1989.
En un primer momento, el gobierno subestimó la importancia de esta situación, poniendo
énfasis más bien en los problemas institucionales de la Argentina, antes que en los
económicos. De hecho, la confianza de que la democracia posibilitaría una solución global
de los problemas –confianza sostenida en las expectativas de la sociedad, pero también
alentada desde el gobierno- constituyó un exceso de optimismo. Por otro lado, el triunfo
de la Unión Cívica Radical en gran medida resultó inesperado, por lo cual, la llegada al
poder los sorprendió sin un plan ni una política económica definida. Este llegó recién dos
años después, de la mano de un economista que no pertenecía al riñón de la Unión
Cívica Radical: el “Plan Austral” de Juan Vital Sourrouille, puesto en marcha en 1985.
Este plan de estabilización fue exitoso, pero durante un corto tiempo por varias razones.
Las dos causas fundamentales de su fracaso, desde la óptica de Gerchunoff y Llach,
fueron:
En primer lugar, el plan se basaba en un congelamiento de precios y salarios, como un
necesario empujón inicial para bajar las expectativas de inflación. Pero requería de otras
condiciones: el control de la emisión fiscal y la estabilización de la inflación, a partir de la
contención de todos los actores económicos. Ese control fiscal no fue respetado
estrictamente, en parte porque la conducción del Banco Central quedó fuera de la órbita
del ministro de economía, y no acató los lineamientos de austeridad. Por otro lado, una
vez levantado el congelamiento transitorio de las variables de la economía, comenzaron
los conflictos distributivos entre los diversos sectores: los empresarios querían aumentar
los precios y los sindicalistas exigían un aumento del salario. Como estas demandas
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llegaron en un momento en que el gobierno se veía obligado a abandonar su estrategia
de confrontación, los reclamos fueron satisfechos, pero al costo de que la inflación ganara
la partida.
En segundo lugar, para ser realmente viable, cualquier proyecto económico necesitaba
reformas estructurales de más largo plazo, en función de corregir el déficit fiscal. Aquí el
problema es el modelo de Estado –cuestión extensamente desarrollada en el texto de
Gerchunoff y Llach-, porque es imposible mantener al llamado Estado de Bienestar sin
fuentes de financiamiento. Sin crédito externo, sin posibilidad de tomar prestado el
superávit de la seguridad social (porque ya en los setenta ese superávit se había
transformado en déficit), sin contribuyentes que paguen los impuestos regularmente,
sencillamente no hay forma de solventar los gastos del Estado. A esta conclusión llegó
tardíamente el equipo de Sourrouille, pero la reforma del Estado no aparecía como una
posibilidad viable durante el gobierno de Alfonsín. Básicamente, porque el gobierno, que
sostenía la necesidad de la plena vigencia de las instituciones democráticas, al mismo
tiempo que era totalmente incapaz de construir acuerdos sólidos con la oposición y las
corporaciones. Esto limitó seriamente los –por otro lado- tímidos intentos tanto de avanzar
sobre la reforma del Estado como aquellos referidos a la apertura de la economía al
comercio internacional.
Arrastrando estas problemas, los éxitos iniciales del Plan Austral no pudieron sobrevivir
demasiado: ya a principios de 1987, comienza el proceso inflacionario –primero, difícil de
detener, y luego, imposible de controlar- que culmina en la hiperinflación de 1989, hecho
que precipita el final de la gestión de Alfonsín.
A partir de la lectura de la bibliografía, la duda que queda instalada, a mi parecer, es la
siguiente: ¿ese final hubiera podido ser evitado? O dicho de otra manera, ¿los acuerdos
necesarios –no sólo en función de una solución más estructural de los problemas
heredados en lo que concierne al funcionamiento de la economía, sino también en torno a
otras cuestiones, como el tema de la represión durante la dictadura- habrían podido
producirse? Es decir, ¿es suficiente la voluntad política de un gobierno para producir esos
acuerdos? De parte de los otros sectores, la oposición y las corporaciones, ¿estaban
dispuestas a pactar o más bien predominaba en ellos una memoria, casi una cultura
instalada de la confrontación y el combate que la dictadura no hizo sino endurecer bajo la
represión? En este sentido, las debilidades y limitaciones del gobierno de Alfonsín no
pueden evaluarse sin tener cuenta un dato central: una sociedad civil en la cual el anhelo
de la democracia no alcanzaba a compensar las deficiencias de una tradición y una
cultura política caracterizada por la apuesta a la confrontación antes que al pacto.
Desde otra perspectiva teórica, podría decirse: sólo una clase dominante que se proyecte
como clase dirigente en el Estado, o bien sea aceptada como tal por el poder político,
podría haber conseguido esos acuerdos. Según vimos en Gramsci, esa es la función de
una clase dominante: encolumnar a los diversos sectores en pos de su propio proyecto.
Esto que no fue posible durante el alfonsinismo, se concretará durante la gestión de
Menem. Este es el tema de la próxima clase.
Me gustaría finalizar esta clase proponiendo la siguiente actividad:
Según lo leído en los textos de la bibliografía, expliqué por qué Portantiero sostiene que
“en el momento de su instalación el gobierno (de Alfonsín), descartó una política de
acuerdos a favor de la confrontación”. ¿Cuáles fueron los principales enfrentamientos que
sostuvo la gestión de Alfonsín?
Clase 14
Continuamos hoy con los temas de El Estado democrático y la gobernabilidad. Sus
efectos en la sociedad y en la economía. Más particularmente, en la clase de hoy nos
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vamos a centrar en los cambios que acontecen durante los años 90, bajo el mandato del
Presidente Menem. Como uds. verán en el plan de trabajo, con este tema finalizamos el
programa de la materia. La próxima es una clase de cierre, donde les voy a presentar el
examen virtual y, entre otras cosas, también hablaremos del examen final.
La bibliografía correspondiente para esta clase es la siguiente:
Martuccelli, Danilo y Maristella Svampa. “Peronistas versus peronistas”, en: La plaza
vacía. Las transformaciones del peronismo. Losada, Buenos Aires, 1997, pp. 133-189.
(Material digitalizado).
Carpeta de Trabajo, pp. 214-240
Gernuchoff y Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas
argentinas, “Epílogo desde los 90. ¿El fin de la historia?”, pp. 421-462.
En las clases anteriores, a lo largo de diferentes textos, de una u otra manera, nos hemos
referido a un problema básico del orden político en la Argentina: la crisis de dominación
política. Tal como sostenía Portantiero, en un texto publicado en 1989, “Economía y
política en la crisis argentina (1958-1973)”, “la convicción generalizada acerca de la
carencia, desde hace tiempo, de un verdadero orden político”, a fines de los ochenta,
todavía persistía como una imagen de sentido común. Es decir, la instauración de la
democracia en 1983 no resuelve ese problema, tal como lo revela la renuncia adelantada
de Alfonsín en 1989. Podríamos decir: en tanto el Estado no puede constituirse como el
ámbito desde el cual se construyen y difunden acuerdos entre los distintos sectores y
grupos de poder de la sociedad civil, esa crisis de dominación persiste, aún cuando es
tramitada de manera diferente en los ochenta (los golpes militares son reemplazados por
los “golpes de mercado”).
Esa situación se modifica radicalmente en los noventa. Tal como se afirma en la Carpeta
de Trabajo, “por primera vez, en Argentina la clase dominante logra su aceptación
democrática como clase dirigente”. Esto nos exige recordar, en primer lugar, que la clase
dominante nunca es “una” por naturaleza: existen siempre diversos sectores que pugnan
por hacer valer su supremacía (O´Donnell nos ha mostrado, por ejemplo, las pujas
internas entre la gran burguesía urbana y la burguesía pampeana). Ahora bien, ¿cómo es
que esta clase burguesa, signada por conflictos y contradicciones internas, se transforma
en clase dominante? En general, uno de sus sectores más dinámicos consigue, desde el
Estado, sellar una serie de alianzas y compromisos con los otros sectores, de tal modo
que el conjunto de esa clase burguesa (o de sus sectores más poderosos) se decidan a
apoyar determinado rumbo económico. Es decir, tal como habíamos visto, es sólo desde
el Estado que es posible que la clase burguesa se constituya como UNA clase dominante.
Una vez que esto se produce estamos en presencia de una clase dirigente que instaura
un orden político e impone determinadas metas. En la medida en que consigue que esas
metas sean asumidas por el resto de los sectores sociales –con mayor o menor
resistencia, pero logrando un alto de grado de aceptación y consenso-, nos encontramos
en una situación en que la hegemonía de esa clase dominante resulta visible.
Y esto es lo que aparece en la Argentina de los noventa: la alta burguesía, ligada al
capital internacional, encuentra en Menem a un interlocutor político dispuesto a efectuar
las profundas reformas que era necesario llevar a cabo para que, al menos, un modelo de
capitalismo funcione en la Argentina. Por supuesto, esta conjunción no se dio por azar
durante esos años. Intervinieron un conjunto de factores, entre los cuales podemos
señalar:
El contexto económico internacional, marcado por la tendencia a la apertura comercial y
financiera. Este contexto presiona sobre la situación Argentina, dado que había capitales
interesados en inversiones directas en los llamados “países emergentes”. Pero una
condición necesaria para atraer esas inversiones era el reordenamiento de las variables
47
macroeconómicas: apertura de la economía, reducción del déficit fiscal, recorte del
aparato estatal y estabilización.
El clima intelectual de la época que, como ya vimos, a partir de los años setenta, muestra
una profunda desconfianza en torno a los efectos positivos que generaría la intervención
del Estado en la economía. Más bien, desde este clima intelectual, se acentuaban las
voces que cuestionaban ese rol del Estado. Desde esta óptica, se considera que el
Estado como productor de bienes y servicios por lo general es ineficiente y contrae
irresponsablemente gastos que no puede solventar; como planificador de la economía,
sus incentivos fiscales y crediticios solo resuelven los problemas de las empresas no
rentables (con lo cual, se estaría financiando la incompetencia); e, incluso, se argumenta
contra el Estado de Bienestar (en una situación mundial donde se hace difícil combatir el
alto nivel del desempleo, a lo que se suma la crisis de financiamiento en la que se
encuentran esos Estados). En síntesis, si el Estado produce déficit, derroche de fondos
públicos, corrupción e ineficiencia, ¿dónde están los agentes dinámicos de una
economía? Desde esta perspectiva, en el mercado, en el libre juego de la oferta y la
demanda que en los noventa se concibe abierto a un mercado internacional.
A estos dos factores generales, hay que sumarle algunas consideraciones en torno al
contexto local. En 1989, la hiperinflación había agotado los recursos del Estado y,
también, en gran medida, la capacidad de la resistencia de la sociedad. Por otro lado,
Menem consigue rearticular los distintos sectores del partido justicialista en torno a su
liderazgo, un liderazgo que institucionalmente se afirma a partir de la neutralización de las
voces disidentes, de la negociación con los sindicatos, de la reforma del poder judicial y
de los “decretos de necesidad y urgencia”.
Habíamos dicho, entonces, que estos factores favorecieron el encuentro entre una
conducción política y ciertos sectores de alta burguesía liberal, que sí tenía un proyecto
para la Argentina y hallaba un canal político adecuado para implementarlo. Ciertamente,
ese proyecto no sólo era presentado como el mejor, sino más bien como el único camino
viable para garantizar el crecimiento. Veamos ahora cuáles eran las principales medidas
que dicho proyecto reclamaba y, a grandes rasgos, cuáles eran los argumentos en los
que se sostenían:
La suspensión de los regímenes de promoción industrial, regional, de exportaciones y la
preferencia de las manufacturas nacionales en las compras del Estado, medida sostenida
en la ley de emergencia económica. Tal como sostienen Gerchunoff y Llach, esto era “un
golpe frontal al corazón del capitalismo asistido que imperaba en la Argentina desde la
posguerra”. Según lo que nosotros vimos en el texto de Jorge Schvarzer, ese “capitalismo
asistido” tampoco era la panacea, porque no faltaron casos en que el subsidio del Estado
en realidad dio lugar a la falta de inversión y al “vaciamiento” del capital productivo real de
distintas empresas.
Una medida estrechamente relacionada con la anterior es la aceleración de la apertura de
la economía, medida impulsada por la drástica reducción de los aranceles de importación.
Ciertamente, la apertura frenó la escalada de precios, pero como muchas empresas
nacionales no estaban en condiciones de competir con los precios internacionales, esto
implicó directamente su cierre en numerosos casos.
La reforma del Estado, implementada a través de la privatización de las empresas
públicas (teléfonos, aviación comercial, ferrocarriles, rutas, etc., etc.). Las principales
privatizaciones fueron hechas al inicio del primer mandato de Menem, apuradas por la
urgencia de conseguir fondos para un erario público devastado, lo cual seguramente
influyo en la firma de acuerdos directamente salvajes. De todas formas, los problemas
que acumulaban dichas empresas eran muchos: no sólo eran fuente de déficit fiscal,
además claramente el servicio que proporcionaban era ineficiente. Plantas
sobredimensionadas, con un considerable atraso tecnológico, no podían proporcionar las
condiciones para un despegue productivo. Ciertamente, una vez privatizadas, el costo de
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los servicios tampoco significó una gran ayuda a ese despegue. Más allá de si hubo o no
sobornos en la adjudicación de las prestaciones, la cuestión es la siguiente: en 1990, en
un contexto donde todavía dominaba la inflación, ¿hubieran podido ser negociadas
mejores condiciones? La respuesta es dudosa, porque el Estado necesitaba de esos
fondos para poner en marcha un plan de estabilización coherente; y una empresa
extranjera que se anima a hacer una gran inversión en un contexto de inestabilidad exige
ciertas ventajas. No conceder esas ventajas implicaba también no conseguir los fondos y,
en consecuencia, demorar la estabilización a riesgo de profundizar la crisis.
Un plan de estabilización coherente, que fue el de la convertibilidad. La paridad 1 a 1 se
sostenía sobre la renuncia del gobierno a la emisión monetaria: es decir, supuestamente,
pasara lo que pasara, el Banco Central debía mantener reservas en dólares, suficientes
como para comprar toda la base monetaria.
La reestructuración de la deuda externa.
Una reforma tributaria, que dotara al Estado de los recursos necesarios para cumplir con
el “pacto fiscal”. Es decir, para cumplir mínimamente con sus obligaciones, el Estado
necesitaba más recursos. En un principio, esto se obtuvieron a partir de la generalización
y el aumento del impuesto al valor agregado (IVA), un impuesto considerado regresivo
porque grava fundamentalmente al consumo. Progresivamente, a medida que se producía
la reactivación económico, fue aumentando la participación en la recaudación de otros
impuestos, como el impuesto a las ganancias.
Podríamos seguir enumerando otras medidas, pero creo que con lo dicho ya tenemos
algunas pautas que nos permiten discernir a qué modelo de desarrollo apuntan estas
políticas: un modelo de desarrollo que, evidentemente, no se centra en el crecimiento del
mercado interno, más bien apuesta a la inserción de la economía argentina en el mercado
mundial. El principal argumento que sostenían los defensores de este modelo era el
siguiente: el mercado interno no podía crecer por sí mismo porque ni la sociedad ni el
Estado disponían de los recursos necesarios para realizar las inversiones que activaran
ese crecimiento. Era necesario atraer inversiones y capitales externos, pero esto exigía
ciertas garantías: el Estado debía imponer un marco regulatorio que respondiera a las
nuevas reglas de juego vigentes en el mercado internacional. Este era el proyecto de la
alta burguesía ligada al capital externo, proyecto al cual Menem aportó la base política del
peronismo.
Ahora bien, nosotros habíamos visto que la noción de hegemonía de una clase dominante
implicaba también el consenso de las clases subalternas: la verdadera dominación es
aquella que obtiene el consentimiento de aquellos sobre quienes se ejerce. Según el
planteo de Gramsci, dos mecanismos complementarios activan ese consenso:
En primer lugar, esa clase dominante unificada desde el Estado impone a los otros
sectores su propia visión del mundo. Es decir, a través de los diversas instituciones de la
sociedad civil, esa visión del mundo queda fijada como una imagen de sentido común. En
el período que estamos estudiando, es evidente que esa clase dominante, unificada como
tal desde el Estado, logró el consenso necesario para llevar adelante ese proyecto. La
imagen de que ese proyecto era el único camino posible, fue una imagen ampliamente
difundida y –nos guste o no- aceptada. Esto explica, por ejemplo, algunos cambios
institucionales de peso, como la reforma de la Constitución.
En segundo lugar, para que esa clase dominante "convenza" a las demás clases de que
es la más idónea para asegurar el desarrollo de la sociedad -es decir que sus intereses
particulares se confunden con el interés general- es necesario que favorezca, al interior
de la estructura económica, el desarrollo de las fuerzas productivas, y la elevación relativa- del nivel de vida de las masas populares. Y esto también se logró en los primeros
años de la convertibilidad: el crecimiento general de la economía de 1991 a 1994 fue
espectacular, impulsado por la inversión externa el PBI creció a un ritmo del 7, 7 % anual.
La solución del problema de la inflación significó una mejora del poder adquisitivo de los
49
salarios, la reaparición del crédito, el incremento del poder de compra y un horizonte de
estabilidad prácticamente desconocido para la sociedad argentina. La contracara de esta
bonanza fue un índice creciente de desempleo, que la expansión económica no alcanzó
siquiera a atenuar. Tanto las privatizaciones como la quiebra de empresas nacionales,
liberaron al mercado una cantidad importante de mano de obra desocupada. Y la
reactivación, además, no fue tan intensiva en trabajo como en capital. En consecuencia,
este sería uno de los principales problemas estructurales de ese modelo.
De todos modos, durante esos años, fue posible la consolidación hegemónica de la clase
dominante: mediante la coerción directa e indirecta, pero sobre todo mediante el
consenso. Hoy está de moda referirse a la convertibilidad como el emblema de un
“modelo perverso”, que generó exclusión social, desempleo, marginación de muchos
sectores de la sociedad, etc., etc. Creo que estas frases son verdaderas, pero ocultan lo
esencial y no proporcionan claves explicativas para entender lo que pasó. Porque, de
hecho, no hubo cacerolazos masivos y enfrentamientos con la policía para impedir las
privatizaciones, y Menem consiguió el aval de las mayorías para su reelección en 1995. Y
más aún, en 1999, la Alianza gana las elecciones en gran parte porque De La Rúa
aparecía como un candidato más confiable que Duhalde para garantizar la continuidad de
las líneas fundamentales de ese modelo. Esto nos da la pauta de que, por fin, la clase
dominante había conseguido legitimar su proyecto ante la mayoría de la sociedad, tal vez
no como el mejor de los mundos posibles, pero sí como la única solución viable. Es decir,
logró imponer su propia visión del mundo, en muchos casos sus preferencias, sus valores,
sus pautas de consumo. Y es cierto que ese modelo generaba exclusión social, pero
también expectativas de estabilidad y crecimiento.
Ahora bien, además del alto índice de desempleo, este modelo tenía otros problemas
estructurales, entre los cuales podemos señalar los siguientes:
El aumento del consumo y la demanda de bienes importados provocaron la reaparición
del déficit en la balanza comercial: por más que las exportaciones aumentaron, no
alcanzaban a financiar las importaciones. Este rojo en la cuenta corriente se cubría con
prestamos externos, es decir, aumentando el volumen de la deuda externa; confiando que
un rápido crecimiento favorecería la expansión del producto bruto interno y el pago de
esas obligaciones en el futuro.
El impacto de algunas crisis internacionales, la más profunda fue la de México, conocida
como el “efecto tequila” en 1994. Esto fue una señal de alerta a los inversores externos:
los llamados “mercados emergentes” ya no parecían tan confiables, lo cual unido al alza
de las tasas de interés, provocó una retracción en las inversiones. La economía argentina
salió airosa de esa crisis, pero ya el ritmo de la entrada de capitales fue más moderado.
Otro golpe fuerte fue la devaluación brasileña en 1999: esto perjudicó seriamente tanto la
competitividad de las empresas radicadas en la Argentina, como los términos de
intercambio.
Para que el tipo de cambio fijo, sostenido en la ley de convertibilidad, pudiera funcionar
eran necesarias ciertas condiciones: la desaceleración del consumo interno en beneficio
de la inversión, la baja del dólar en el mundo y la reactivación mundial, en especial la del
mercado brasileño -uno de los destinos de las exportaciones argentinas-. Estas
condiciones se fueron deteriorando una a una, con lo cual la sobrevaluación del peso
argentino agravó el problema del déficit en la balanza de pagos, alentando un circulo
vicioso recesivo: menor volumen de exportaciones – menor producción – mayor
desempleo- menor recaudación tributaria – dificultad para conseguir préstamos que
financien las cuentas en rojo del Estado- colapso.
Por supuesto, esto es sólo una breve reseña de algunas de las principales dificultades
estructurales del modelo, pero obviamente no constituye una explicación cabal de lo que
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nosotros vivimos. Es evidente que la crisis económica arrastró también a una crisis
política de gran envergadura. Y lo demás, son preguntas sin respuestas: ¿se ha quebrado
tanto la hegemonía como el modelo de esa clase dominante? ¿Están dadas las
condiciones para el surgimiento de un proyecto alternativo? ¿Hay algún sector capaz de
transformarse en clase dirigente y de imponer un nuevo modelo de crecimiento? No lo sé.
Pero como dice aquella maldición china: “te tocarán vivir tiempos interesantes...”.
Para terminar esta clase, propongo la realización de la siguiente actividad:
De acuerdo a lo leído en el texto de Martucelli y Svampa que corresponde como
bibliografía para esta clase, explique cuáles son las transformaciones del vínculo con la
política que los autores analizan a través de las tres figuras del militante peronista. ¿Qué
cambios en torno a los valores predominantes en la sociedad suponen dichas
transformaciones?
Clase 15
Esta es la última clase de nuestro curso, y va a estar dedicada fundamentalmente al
examen virtual y a un breve recapitulación general en función del examen final.
Comencemos aclarando en qué consiste el “examen virtual”: es un ejercicio que sirve
para preparar el examen final. En el examen final no van a tener los textos a la vista, tal
como ha sucedido en la preparación de los trabajos prácticos. Esto suele generar dudas,
porque se trata de una situación de evaluación distinta a las que hemos realizado. Para
aligerar esas dudas y ansiedades, la universidad ofrece la oportunidad de realizar este
ejercicio. Se trata de un “ensayo” del examen final. En el archivo correspondiente, uds.
van a encontrar un modelo de examen, muy parecido en su estructura a lo que será el
examen final (estructura, en realidad, muy similar a los de los trabajos prácticos). Pero,
para que este ejercicio cumpla su objetivo, su realización requiere de algunas
condiciones: es necesario abrir el archivo sólo después de haber repasado a conciencia
toda la materia, como si fueran a presentarse al examen final. Luego de este primer
paso, imprimen las consignas y las resuelven sin los textos a la vista, en un plazo no
mayor a las dos horas. Sería conveniente incluso realizarlo a mano, con lapicera y en
papel blanco (ciertamente, tanto detalle puede inducir a la risa, pero es un hecho que uno
no escribe del mismo modo en la computadora que en el papel). Una vez vencido el plazo
de dos horas, así como está, el ejercicio ha terminado. Si uds. se deciden a realizar el
ejercicio antes del jueves 7 de febrero, lo transcriben en un archivo (sin modificaciones de
después de hora) y me lo envían: yo voy a realizar una corrección personalizada, como si
fuera el examen final. En caso contrario, a partir del 7/2, estará disponible la grilla de
evaluación (similar a la grilla de evaluación de los TPs), con lo cual uds. pueden realizar
una autoevaluación.
Puede darse el caso de que alguien esté atrasado con el repaso general de la materia y
necesite más tiempo y, más allá de la autoevaluación, quiera conocer mi opinión con
respecto a su examen virtual: no hay problema, yo estoy dispuesta a recibirlo. Pero les
aclaro una cosa: un ejercicio como éste sólo cumple su objetivo si se respetan todas las
condiciones, porque si alguien después de abrir las consignas, mira la grilla, se va a
consultar los textos y se toma cinco horas para terminarlo tranquilo, el resultado es un
ejercicio de escritura (que, como todo ejercicio, es útil), pero no es un “ensayo” ni siquiera
aproximado del examen final.
Aclarado esto, veamos cómo se puede organizar un repaso general de la materia. Si
revisamos Programa de la materia y el Plan de Trabajo, nos encontramos con lo
siguiente: el Programa está estructurado en torno a seis unidades, una primera unidad
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dedicada a las definiciones y planteos teóricos y otras cinco unidades que dividen el arco
temporal abarcado por la materia en cinco períodos.
1930-1945: El Estado neoconservador, el intervencionismo económico y la sociedad en
los años treinta.
1945-1955: Peronismo: Estado benefactor, dirigista y planificador. Líneas de continuidad y
cambio en relación al intervencionismo económico del período anterior. Nuevos y viejos
actores sociales.
1955-1966: Democracia restringida, coyuntura desarrollista y nuevos valores en la
sociedad de los 60.
1966-1983: Estado Burocrático Autoritario, progresivo aislamiento del Estado con
respecto a la sociedad, lógica del “empate” político y social que determina la
implementación de diversas y contradictorias políticas económicas. Crisis de la deuda y
estancamiento de la economía.
1983-1997: Estado Democrático- Dilemas de la transición democrática. Triunfo del
neoliberalismo. Nuevos valores de la sociedad en los noventa.
Como uds. ya han visto, en la Carpeta de Trabajo, cada uno de estos períodos aparece
trabajado según un esquema de preguntas ya implícito en el título de la materia:
¿Cuáles son las transformaciones que sufre el Estado o el sistema político?
¿Cuáles son las orientaciones principales de la política económica?
¿Qué cambios o transformaciones acontecen en la sociedad civil?
Es conveniente elaborar un resumen de este planteo general, que complemente la
exposición de la Carpeta de Trabajo con la que ofrecen los otros libros de lectura
obligatoria: el de Marcelo Cavarozzi, el de Marta Torrado y, principalmente, Gerchunoff y
Llach. Tengan en cuenta que de estos textos sólo hemos visto el de Gerchunoff y Llach,
por lo cual seguramente no van a aparecer preguntas específicas sobre Cavarozzi o
Torrado, aunque sí es necesario integrar estos planteos al panorama general de cada
período. Entonces, un primer paso es tener claro esas tres preguntas referidas a cada
período en particular.
Un segundo paso tiene que ver con el resto de la bibliografía obligatoria: tal como
nosotros vimos a lo largo de las clases, cada autor plantea un conjunto de ideas o
hipótesis principales que intenta justificar o explicar a lo largo del texto. Es necesario
recordar los puntos principales de cada planteo, para lo cual es conveniente realizar
resúmenes de los textos.
Voy a ser muy clara en este punto. Las consignas pueden ser de tres tipos:
Una es la pregunta general, del tipo: “explique cuáles son las características principales
de la política económica durante el peronismo” o “desarrolle las transformaciones que se
observan en la sociedad de los noventa”.
Otra es la que pregunta más específica, referida a un texto o a un autor: “desarrolle cuál
es la tesis principal sostenida en el artículo de O´Connell...”. Por supuesto, en este caso,
no se les van a pedir que recuerden TODOS los datos que enuncia el autor, pero sí las
líneas principales del artículo.
Otro tipo de consigna puede ser el análisis de un cuadro o de un texto. Si se trata de un
cuadro, por ejemplo, del volumen de las exportaciones e importaciones de 1955-1966,
¿cuál es el mejor camino para analizarlo? Leer ese cuadro retomando las líneas
generales de la política económica del período: seguramente, en ese cuadro va a ser
mayor el volumen de importaciones que el de exportaciones, entonces el análisis debe
tratar de explicar por qué se dio ese déficit en la balanza comercial en función de la
política económica implementada en el período. Si se pide el análisis de un texto, ese
texto puede ser de dos tipos: puede tratarse de un “texto fuente”, es decir, del discurso de
Perón o de Alfonsín, o de un párrafo de un texto de la bibliografía. Por supuesto, en
ninguno de los dos casos el análisis puede limitarse a parafrasear o a repetir el texto. En
el caso de un texto fuente, se trata de reconstruir el sentido del texto desde una
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perspectiva conceptual. Esto es: si se les pide analizar, por ejemplo, alguna propaganda
de Presidencia de la Nación (no importa cuál, pero pueden ver varias en la Carpeta de
Trabajo), es necesario plantear a qué sectores estaba dirigida y a qué orientación política
y/o económica remitía dicha propaganda. Si se trata de un párrafo de un texto de la
bibliografía, seguro que no va a estar “suelto”; la consigna va a enunciar: a) el texto y el
autor al que corresponde ese párrafo; b) alguna orientación referida a los conceptos que
es necesario priorizar en ese análisis. Entonces, a partir de esto, es necesario remitirse al
tema del central del texto y reconstruir las principales hipótesis del autor, explicando cuál
es el sentido de ese párrafo, propuesto para el análisis en la consigna.
En los tres casos, lo más importante es que la respuesta esté bien articulada: por ejemplo,
si alguien responde a una consigna simplemente enumerando “datos sueltos”, sin ningún
eje que los articule o sin plantear algunas ideas generales a partir de las cuales esos
datos cobran sentido, ese desarrollo no va a ser evaluado como una buena respuesta. Es
decir, más que de memorizar datos, se trata de construir bien la exposición. Pero también
es importante que sepan discernir cuándo un dato es indispensable: por ejemplo, el
artículo de O´Connell desarrolla su argumentación a través de algunos datos que son
importantes. Del mismo modo, si alguien de pronto sufre un “blanco” y no se acuerda en
que año fue derrocado Frondizi, antes de poner cualquier cosa, más vale pregunte al
docente que se encuentra en el aula.
Ahora, yo creo que si alguien prepara seriamente el final -es decir, aprovecha este mes
para leer de nuevo los textos, elaborar los resúmenes del caso, poner en claro el
panorama general de cada período y en particular de cada texto- una vez que se
presenta a rendir es el momento de trabajar con lo que sabe. Todos sufrimos ese
momento terrible de “no me acuerdo de nada”. Pero no hay que preocuparse por ello,
porque es falso. Es el momento de trabajar con lo que uno se acuerda, y no pensar en lo
demás.
Un último consejo: es conveniente que se tomen unos minutos para relajarse y reflexionar
cómo van a encarar la consigna, dado que esto facilita un desarrollo conceptualmente
ordenado. Si uno se larga a escribir sin saber hacia donde se dirige, es poco probable que
el orden conceptual emerja naturalmente.
Ahora sí, quisiera terminar esta clase deseándoles a todos un muy buen final. Espero que
la materia en general les haya sido útil y, como siempre, estoy a disposición para
cualquier duda, pregunta o consulta.
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