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Unidad 7
“LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES”
Personajes: Isabel II, Pascual Madoz.
Términos: Antiguo Régimen, desamortización, mayorazgo.
Texto: “Normas desamortizadoras de Mendizábal”
Cuestiones asociadas al texto
 La Reforma Agraria Liberal en la España del siglo XIX.
 Transformaciones económicas en la España de mediados del siglo XIX: industria, ferrocarril
y banca.
 Transformaciones económicas en Extremadura durante la etapa isabelina: aspectos agrarios,
transportes y comunicaciones.
Paralelamente al discurrir político, entre 1833 y 1868 se produce la sustitución de la
economía feudal y de la sociedad estamental, propias del Antiguo Régimen, por un sistema
económico capitalista y una sociedad de clases. La nueva sociedad liberal se define por la
propiedad: quien la tiene, pertenece a la clase dirigente, quien no, es un trabajador y queda relegado
en la escala social. Por eso no es extraño que la mayoría de los cambios legales que se aprueban en
esta etapa se encaminen a reforzar la plena propiedad privada. En torno a ella se agruparán la vieja
aristocracia y la alta burguesía, para formar la nueva clase capitalista.
A partir de mediados de siglo se asiste a un crecimiento económico, primero gracias al
boom ferroviario, luego al desarrollo industrial y financiero del último cuarto del siglo XIX.
Pero el crecimiento económico no se verá acompañado por un progreso social equivalente.
Al contrario, las diferencias sociales se acentúan y la sociedad se hace más clasista, con una
oligarquía que incrementa su riqueza. Esa discriminación explica el surgimiento y expansión del
movimiento obrero.
1.- LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS
1.1 La reforma agraria liberal: las desamortizaciones.
La tierra era el sector donde se encontraba la mayor parte de los recursos de la sociedad al
llegar el fin del Antiguo Régimen. Con la crisis del Antiguo Régimen y la llegada del sistema
liberal se impondrá un nuevo modelo de propiedad y explotación de la tierra: el de propiedad
privada y libre. Los políticos liberales eran conscientes de que los cambios en la estructura de la
propiedad de la tierra habían favorecido en otros países una gran expansión de la producción
agrícola. Por tanto, era preciso eliminar los restos del Antiguo Régimen en el campo. Así, la
revolución liberal trajo consigo una serie de cambios legales que transformaron el campo español
hacia una agricultura capitalista.
El primero de ellos fue la supresión definitiva de la vinculación de las tierras
(“desvinculación”), que eliminaba mayorazgos de la nobleza y los bienes de manos muertas que
controlaban la Iglesia y los municipios.
En segundo lugar, la abolición del régimen jurisdiccional, que transformó los antiguos
señoríos en propiedad privada, en su inmensa mayoría en manos de los antiguos señores.
En tercer lugar, un decreto aprobó la libertad de cercamiento de tierras, de
comercialización de las cosechas y de fijación de precios, implantando así el libre mercado en el
sector agrario. En cuarto lugar, se suprimió el diezmo, la Iglesia recibiría ayudas a través del
presupuesto público.
Pero será la desamortización de las tierras de la Iglesia y de los municipios la que
constituirá no sólo la medida más llamativa de la revolución liberal, sino quizás también la más
importante desde el punto de vista económico y social. Ya en el siglo XVIII, los ilustrados
consideraban que la enorme masa de bienes vinculados en manos de los privilegiados era la causa
más importante del atraso agrario. Algunos propusieron detener al menos el proceso de acumulación,
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pero los Borbones se negaron a ello.
Fue la enorme deuda acumulada la que llevó a la Corona por fin a recurrir a la
desamortización. Se trataba de expropiar a quienes tenían bienes vinculados para ponerlos después
en venta y, con el importe, ir eliminando la deuda contraída. El primer decreto fue el de 1798 y
afectó sólo a los bienes de algunas instituciones benéficas de la Iglesia. Después hubo varios
intentos, durante las Cortes de Cádiz y en el Trienio Constitucional, que quedaron frustrados al
restablecerse el absolutismo.
A partir de 1833 la desamortización se hizo ineludible. La guerra carlista obligó a buscar
recursos con urgencia, mientras la deuda había alcanzado niveles altísimos. Además, el clima
anticlerical que se difundió por el país, por el apoyo al carlismo, llevó a decretar la exclaustración
general y facilitó al Gobierno la decisión. Un gobierno, que tras la sublevaciones liberales presentaba
un claro contenido progresista (ver apartado 2.1. de la unidad 5)
En febrero de 1836 se publicó el decreto de desamortización de los bienes del clero regular,
la llamada desamortización (ver término) de Mendizábal1. Aunque al principio sólo afectaban a los
conventos, en 1841 se incorporaron las tierras del clero secular, en manos de los obispados. El
proceso duraría hasta 1845, cuando las ventas fueron detenidas por el Gobierno moderado. Pero
Mendizábal no sólo quería amortizar la deuda. También buscaba convertir las tierras en
propiedad privada, sujeta al mercado, y transferirlas a compradores enriquecidos que, al tiempo, se
verían comprometidos a apoyar al bando cristino. Por eso estableció un método de compra que permitía pagar con títulos de deuda, que estaban depreciados en el mercado; las compras resultaron una
ganga para los especuladores. Por otro lado, el tamaño de los lotes y la corrupción en las subastas
impedían a los campesinos adquirir propiedades. El resultado fue que se amortizó sólo una parte de
la deuda prevista y que, sin embargo, una enorme masa de bienes raíces pasó a manos de las clases
dirigentes.
En 1855, durante el Bienio Progresista, se aprobó una nueva ley, la llamada desamortización
de Madoz. Por ella se ponían en venta todas las tierras restantes de la Iglesia (rompiendo el
Concordato de 1851) y las de propios y baldíos, es decir, las tierras de los ayuntamientos. Esta vez el
proceso fue mucho más rápido, y se amortizó mucha más deuda. Pero, una vez más, las tierras fueron
a parar a manos de los inversores y antiguos terratenientes, por lo que se acentuó el proceso de
concentración de la propiedad agraria en manos de la oligarquía. Además, la desaparición de las
tierras concejiles perjudicó a los campesinos, para los que habían sido tradicionalmente una fuente
de ingresos complementaria.
Como balance final de estas leyes desamortizadoras debe señalarse que la eliminación de los
señoríos y la desamortización no se tradujeron en innovaciones agrícolas, ya que los nuevos
propietarios prefirieron mantener los sistemas de cultivo en vez de invertir en mejoras. Por eso el
rendimiento de la tierra no aumentó, y sólo se incrementó la producción debido a la puesta en
cultivo de más tierras después de la desamortización. También hubo una clara decadencia de la
cabaña ganadera al ponerse en cultivo terrenos de pasto y por la competencia del algodón.
En definitiva, se reforzó la estructura latifundista absentista en la mitad sur del país.
Además se extendió el comportamiento rentístico entre la burguesía agraria, es decir, los
propietarios actuaban más como rentistas que como empresarios agrarios. Por último, y no menos
decisivo, la situación del campesinado se agravó al perder una importante fuente de ingresos,
generándose un proceso de proletización en amplios sectores del campesinado. Esta situación les
mantendría en unos niveles de subsistencia, azotada periódicamente por las crisis agrarias. Su escasa
capacidad de compra afectaría, además, a los negocios industriales y financieros, al impedir el
desarrollo de un mercado interior, dificultando la industrialización.
No obstante, si bien este proceso desamortizador no cumplió las grandes esperanzas de
realizar una reforma en profundidad si consiguió algunos de sus objetivos: financió la guerra contra
el carlismo y posteriormente la construcción del ferrocarril y alivió, en cierta medida, los problemas
de la Hacienda pública.
1.2. La industria, el ferrocarril y la banca.
En otros sectores la economía española también presentaba un retraso importante a
mediados de siglo XIX en relación con el crecimiento de otros países europeos. Fue un desfase que
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Texto 7 de las PAU.
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afectó especialmente a la industria.
Entre las principales causas de ese retraso está la geografía del país que dificultaba las
comunicaciones, la escasez de materias primas y de fuentes de energía y su dispersión
geográfica, el lento crecimiento demográfico unido al atraso de la agricultura, la falta de
capitales. Los capitalistas españoles, en vez de invertir en la industria, se dedicaron a la comprad e
deuda pública y a la adquisición de tierras desamortizadas o a la especulación en bolsa. Sólo en el
norte y en Cataluña había un sector emprendedor de la burguesía que invertía en la industria.
Resultado de ello fue la dependencia de los capitales extranjeros. El Estado desempeñó también
un papel negativo, con la continua emisión de deuda, que atraía a los capitales, y con una política
proteccionista que favoreció el inmovilismo y la falta de cambios tecnológicos en el campo y en las
fábricas
Ante este panorama, no es extraño que la producción industrial se mantuviera en niveles
muy bajos, porque faltaba mano de obra y, sobre todo, un mercado para colocar la producción.
Hacia 1830 sólo el sector textil de Barcelona había iniciado su industrialización. Esta
industria fue de las primeras en estimular su producción movida por la innovación tecnológica
(telares mecánicos y máquina de vapor) y las nuevas materias primas (algodón). Los catalanes tenían
factores positivos para ser los primeros: larga tradición lanera, capitales acumulados en el comercio
colonial, adaptación a las nuevas máquinas importadas y mercados restringidos como el español y el
cubano.
La producción siderúrgica se mantuvo muy débil, sobre todo porque faltaba la demanda de
maquinaria que hubiera estimulado las inversiones. Además, el carbón español era costoso y de baja
calidad, y el hierro resultaba caro comparado con el de otros países. Los altos hornos andaluces eran
los más importantes hasta 1860 pero acabaron fracasando por el uso de carbones vegetales ante la
dificultad de adquirir carbón de coque. Luego comenzó a crecer la producción en Asturias, gracias al
carbón mineral de las minas locales. Sólo a finales de siglo entrarán los altos hornos vizcaínos.
Vizcaya poseía extensas minas de hierro y una tradición de ferrerías desde la Edad Media. Pero fue a
partir de 1876 con la llegada de carbón galés de coque (de mejor calidad que el asturiano y más
barato) a Bilbao cuando se consolidó la industria siderúrgica en el País Vasco.
Otras industrias de consumo crecieron a lo largo del periodo, pero su producción era de
pequeña escala y en cuanto a la minería, estuvo en su mayor parte en manos de capitales
extranjeros, a cambio de préstamos a la Hacienda, gracias a la Ley de Minas de 1868. Esta ley
liberalizó el sector y se inició la explotación masiva de los yacimientos mineros. Destacaron
yacimientos como el de Riotinto (cobre), Linares (plomo) y Almadén (Mercurio) junto a los de
carbón asturiano y hierro vizcaíno. Sin embargo, la extracción de estos recursos tuvo escasos efectos
de arrastre sobre la economía española al ser explotados, como se ha dicho, de manera casi exclusiva
por compañías extranjeras y destinados en su inmensa mayoría a la exportación.
En el sector de las comunicaciones destacaría el desarrollo del ferrocarril, pero hasta 1855
la debilidad de la economía española y la falta de un marco jurídico estable impidieron la
construcción de una red ferroviaria. Sólo había tres líneas en funcionamiento: Barcelona-Mataró
(1848), Madrid-Aranjuez y Gijón-Langreo. Fue en aquel año, 1855, cuando se aprobó la Ley
General de Ferrocarriles, que fijaba condiciones muy favorables: regulaba las compañías de
construcción, garantizaba las inversiones extranjeras, eximía de aranceles a los materiales necesarios
para tender las líneas, subvencionaba hasta un tercio del coste de construcción. Entre 1855 y 1865 se
produjo un auténtico boom ferroviario, con la construcción de las principales líneas.
La crisis financiera internacional de 1866 prácticamente paralizó la construcción, que sólo
se reanudó después de 1876, aunque a ritmo más atenuado. De hecho, la crisis se debió en parte al
hundimiento de las sociedades ferroviarias: habían invertido mucho dinero en líneas que no siempre
eran rentables, por lo que sus acciones se desplomaron, causando el pánico en la Bolsa y llevando a
las empresas a la quiebra.
El sector financiero adoleció de la misma debilidad que el resto de la economía española.
En 1856 las Cortes del Bienio Progresista aprobaron dos importantes leyes. La primera reguló la
emisión de moneda, creó el Banco de España y le otorgó funciones oficiales. Por su parte, la Ley de
Sociedades Bancarias y Crediticias reguló la fundación de sociedades por acciones, y les otorgó
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amplia libertad de actuación. A raíz de ambas leyes, y en un clima de expansión económica, entre
1857 y 1866 se multiplicaron las sociedades financieras. Las más importantes fueron las ferroviarias,
pero también aparecieron numerosos bancos y sociedades de inversiones. Cuando a partir de 1864
sobrevino la crisis, muchas de ellas se desplomaron. En la etapa del Sexenio se aprobarían medidas
como la implantación de la peseta como moneda oficiual y la emisión en exclusividad del Banco de
España.
El comercio interior comenzó a crecer a partir de 1840, gracias al fin de la guerra y a la
desamortización. También influyó la reparación y ampliación de la red de carreteras, así como la
eliminación de las aduanas internas. Menos positiva fue la evolución del comercio exterior, a causa
del proteccionismo y de la falta de una moneda sólida.
2.- LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES.
2.1. La sociedad de clases.
El tránsito a la economía capitalista supuso un cambio social. La nueva sociedad de clases
se define por la propiedad, no tanto por el origen. La nueva clase dirigente se nutrió de la alta
burguesía y de la vieja aristocracia terrateniente, que conformaron una oligarquía de propietarios
en la cúspide de la sociedad. Por debajo de ella, una débil clase media urbana de pequeños
comerciantes, funcionarios y rentistas luchaba por mantener su posición social diferenciada del
proletariado. La gran mayoría de los españoles seguían siendo campesinos, en su mayor parte
jornaleros o pequeños arrendatarios, cuyas condiciones de vida no mejoraron con los cambios, sino
más bien al contrario.
Desde el punto de vista demográfico , la población creció lentamente, inferior a otros países
europeos.: la tasa de mortalidad seguía siendo muy elevada por las guerras,, las enfermedades
infecciosas (cólera, tuberculosis) y las crisis de subsistencias. Esta mortalidad era contrarrestada por
una alta tasa de natalidad. En la segunda mitad de siglo se iniciará las corrientes emigratorias a las
ciudades y al exterior.
2.2. Los inicios del movimiento obrero
El principal cambio social fue la aparición de la clase obrera industrial, aunque la
proporción que representaba al principio era pequeña, sólo significativa en Barcelona, Madrid y el
núcleo siderúrgico malagueño. En los primeros tiempos de la industrialización sus condiciones
laborables (hombres, mujeres y niños trabajaban jornadas de 12 a 14 horas, en condiciones
insalubres, sin ninguna seguridad y sin otro descanso que los domingos y todo por un salario muy
bajo y con la amenaza del paro) y de vivienda eran durísimas.
La respuesta obrera a esa terrible situación en las primeras décadas fue muy débil debido a la
escasa conciencia y a la poca movilización. Al principio, la incorporación del vapor a las fábricas,
generó algunos episodios de destrucción de maquinaria (incendio de la fábrica Bonaplata). Los
primeros atisbos de organización obrera fueron las sociedades de ayuda mutua, cuya principal
atención fue defender los salarios, aunque fueron prohibidas por los moderados. También hubo
algunos partidarios del socialismo utópico, pero sus proyectos apenas tuvieron repercusión.
Durante el Bienio Progresista el movimiento obrero cobró un gran desarrollo, participando
en la caída del gobierno moderado, pero las leyes del bienio resultaron insuficientes y los dirigentes
obreros pasaron a alinearse con los demócratas y los republicanos.
La revolución de 1868 despertó las esperanzas de obreros y campesinos, que creyeron que,
con ella, comenzaría el proceso de reformas sociales largamente esperado. La detención del proceso
revolucionario provocó la separación definitiva del movimiento obrero respecto de los partidos
demócrata y republicano, y la rápida implantación en España de la Internacional.
Durante el sexenio, las huelgas y protestas se extendían por todo el país. En junio de 1870 se
celebró en Barcelona el I Congreso de la sección española de la Internacional. Al comenzar 1873
la Internacional española contaba con más de 25.000 afiliados principalmente entre los obreros
textiles, la construcción, las artes gráficas y parte del campesinado andaluz. Entre los dirigentes había una mezcla de obreros e intelectuales de clase media.
La respuesta de los distintos gobiernos se concretó en una serie de medidas represoras
contra la AIT, para finalmente en 1874 decretarse su disolución. Para entonces, la mayoría de los
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dirigentes había pasado a la clandestinidad.
En conjunto, el Sexenio significó una etapa de clara toma de conciencia política y
organizativa para el movimiento obrero español, así como el momento de asimi1ación de las
principales corrientes ideológicas que existían en el mundo obrero europeo. Sobre todo, trajo
consigo la introducción del anarquismo y del marxismo, y su implantación en España.
3. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EXTREMADURA EN LA ETAPA
ISABELINA: ASPECTOS AGRARIOS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES,
INDUSTRIA .
En Extremadura, en general, se puede afirmar que se produjo una profunda transformación
de la propiedad del Antiguo Régimen. La tierra pasó, tras las subastas, a nuevos titulares y salió
del círculo de las manos muertas y de la propiedad colectiva.
Las propiedades de la Iglesia y de las Órdenes Militares en Extremadura eran inmensas,
por lo que durante la desamortización de Mendizábal se subastaron enormes dehesas, los
monasterios de El Escorial y de Guadalupe y otros conventos. En una segunda fase se acometió la
desamortización de los bienes municipales partir de la Ley General de Desamortización de Madoz.
Afectó a los patrimonios concejiles, que quedaron muy mermados, salvo en algunos casos
específicos.
Sin duda, aumentó el número de propietarios agrarios gracias al proceso desamortizador,
pero dicho proceso no debe ocultar que la tierra no se redistribuyó de forma sistemática y profunda.
Una minoría de beneficiarios acaparó la mayor parte de las tierras puestas en venta, mientras que la
mayoría de los compradores sólo pudieron acceder a pequeño terrenos. Fueron los labradores
acomodados y los grandes propietarios de poblaciones como Zafra, Trujillo, Cáceres y Badajoz,
quienes dominaron las subastas realizadas, hasta el punto de constituir clanes familiares para
controlarlas.
Por tanto, dos grandes conclusiones se pueden extraer del proceso desamortizador en las
provincias extremeñas. Este proceso no varió sustancialmente la estructura socioeconómica de la
región, más bien al contrario, perpetuó o acrecentó el latifundismo y las diferencias de clase. Por
un lado, la oligarquía agraria y en otro extremo el campesinado, formado mayoritariamente de
jornaleros agrarios. Entre estos dos polos apenas existían clases medias. En segundo lugar, los
nuevos propietarios explotaron las tierras de forma algo más racional, permitiendo la incorporación
de la agricultura extremeña al sistema capitalista.
No podemos olvidar la gran importancia del sector ganadero. La decadencia de la
trashumancia y los cambios en la propiedad de la tierra y en las formas de explotación tradicionales
llevaron a un cierto descuido de la cabaña ganadera en Extremadura. A finales del siglo XIX se
producirá una cierta recuperación (extensión del porcino y del ganado mular).
En cuanto a la industria, frente al despegue iniciado en otras regiones españolas, la industria
extremeña padecía un evidente atraso, que se fue incrementando a lo largo del siglo. Las
dificultades generales para el país, en Extremadura se hacían aun más notorias (sin recursos
energéticos y mineros, bajísimo nivel de renta, falta de capitales, etc.…).
En lo que respecta a los transportes, a mediados de siglo las únicas vías de
comunicación eran caminos y veredas, muchas de ellas intransitables. La principal vía de
comunicación era la Carrera Real que unía a Madrid con Lisboa a través de Navalmoral,
Mérida y Badajoz, aunque su estado era deplorable. En 1855 los gobiernos de España y
Portugal firmaron un acuerdo para construir una línea ferroviaria que uniera sus respectivas
capitales a través de Extremadura. El trazado (Madrid, Ciudad Real, Badajoz, Portugal) fue
muy criticado por la provincia cacereña al quedar fuera del mismo. Los intereses políticos y
económicos favorecieron su aprobación por el gobierno el 18 de julio de 1856. Tampoco la
construcción del ferrocarril representó una mejora notable para la economía extremeña. La primera
línea, inaugurada en 1868, unía Badajoz con Madrid por Ciudad Real.
En definitiva, las transformaciones económicas supusieron un agravamiento de la situación
de atraso de nuestra región con respecto a otros territorios nacionales.
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