Download 1 GOBIERNO DE PUERTO RICO 17ma. Asamblea 1ra. Sesión

GOBIERNO DE PUERTO RICO
17ma. Asamblea
Legislativa
1ra. Sesión
Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
R. de la C. 9
2 DE ENERO DE 2013
Presentada por el representante Aponte Hernández
Referida a
RESOLUCIÓN
Para expresar el más firme apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, al Dr.
Pedro Rosselló y al Comité “Asunto Inconcluso de la Democracia Americana” por
su iniciativa, liderazgo y compromiso de presentar ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos
(OEA), una Petición para que se les reconozca a los ciudadanos americanos que
residen en Puerto Rico el derecho a votar por el Presidente y el Vicepresidente de
los Estados Unidos y a tener representación con voto en el Congreso, en tanto se
da la admisión de Puerto Rico como el nuevo estado de la Nación, conforme el
mandato de la mayoría de los electores, que el pasado 6 de noviembre expresaron
libre, voluntaria y contundentemente, sus aspiraciones de terminar con la relación
territorial actual con Estados Unidos de América, y eligieron la Estadidad como la
opción no territorial para solucionar de manera definitiva el problema del estatus
de nuestra Isla; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ha sido enorme el esfuerzo y sacrificio que, por años, buenos
puertorriqueños han dado contra enemigos internos y externos, en la lucha para poder
alcanzar el disfrute pleno de los derechos democráticos que a todo ciudadano
americano le corresponde, bajo la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de
América; derechos que son negados por el hecho de vivir en una colonia.
En esta lucha centenaria, el Dr. Pedro Rosselló ha sido uno de los abanderados
principales de finales del Siglo XX e inicios del Siglo XXI. Autor del libro “The
2
Unfinished Business of American Democracy”, (el cual versa sobre el estatus político de
Puerto Rico), deponente ante múltiples foros sobre el tema del estatus, tanto a nivel
nacional como internacional, el Dr. Rosselló ha expresado que los casi cuatro millones
de ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico, por vivir en un estatus colonialterritorial, no pueden ejercer sus derechos constitucionales de forma plena, como lo es
el derecho al voto para elegir al Presidente, al Vicepresidente, a los senadores y a los
miembros de la Cámara de Representantes Federal con derecho a voz y voto, entre otros
asuntos. Este hecho, indudablemente, ha afectado y aún afecta de forma adversa en los
aspectos económicos, sociales y políticos de nuestra Isla. Tan es así, que según el Censo
federal de 2010, tenemos 4.6 millones de puertorriqueños viviendo en los Estados
Unidos continentales, en búsqueda de una mejor calidad de vida y el goce pleno de los
derechos constitucionales, superando la población de residentes en Puerto Rico.
El 17 de octubre de 2006, el Dr. Pedro Rosselló presentó, junto al Comité “Asunto
Inconcluso de la Democracia Americana”, una Petición ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Dicha Petición
recoge el deseo para que el caso de Puerto Rico sea ventilado, como otros casos
parecidos de otras jurisdicciones, cuando un Estado ha violentado derechos
fundamentales de los ciudadanos. De tal manera, se busca que se les reconozca a los
casi cuatro millones de ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico el derecho a
votar por el Presidente, el Vicepresidente de los Estados Unidos y tener representación
con voto en el Congreso. Estados Unidos es miembro de dicho organismo.
Uno de los ejemplos más crasos de discrimen que sufren los ciudadanos
americanos que residen en Puerto Rico, es el que sufren los miembros de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos que, por el hecho de vivir aquí, no pueden votar por su
Comandante en Jefe. Mueren y dan su vida por defender los postulados democráticos y
de libertad que rigen a nuestra Nación, pero no pueden ejercer su derecho para elegir a
quien los envía al frente de batalla. Son muchos los puertorriqueños que han servido y
sirven como miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, algunos de los
cuales le enviaron comunicación al Presidente, desde África, donde participaban en un
operativo de la Guardia Nacional, solicitando atención a su falta del derecho político del
voto. Somos el territorio, en comparación con los estados, que más muertos y heridos
tiene registrado.
Ejemplo de las guerras y conflictos donde miles de puertorriqueños sacrificaron
y dieron sus vidas son: Primera Guerra Mundial; Segunda Guerra Mundial; Guerra de
Corea; Guerra de Vietnam; el Conflicto en Somalia; Guerra del Golfo; el Conflicto en
Irak y Afganistán, entre otros.
El Juez John Marshal Harlan, en uno de los primeros Casos Insulares expresó, y
citamos: “[l]a idea de que este país puede adquirir territorios en cualquier lugar del
mundo, mediante conquista o tratado, y mantenerlos como simples colonias o
3
provincias – el pueblo que los habita disfrutando sólo de aquellos derechos que el
Congreso decida conferirles – es totalmente inconsistente con el espíritu y genio, así
como con la letra de la Constitución”. Véase Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 380
(1901). Sin duda alguna, sus expresiones en torno a los derechos constitucionales
fundamentales y el estatus político de Puerto Rico, fueron visionarias.
El propio Presidente George W. Bush, en su Mensaje Inaugural del 20 de enero
de 2005, dijo y citamos: "[e]l Gobierno propio descansa, a fin de cuentas, en el ejercicio
de gobernarnos nosotros mismos". Tomando de ejemplo esta cita, es tiempo que los
ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico podamos disfrutar de ese derecho tan
fundamental de todo ser humano, y en IGUALDAD al resto de los ciudadanos de los
Estados Unidos de América.
A esos efectos, resulta pertinente destacar que, según se desprende del inciso 151
de la Petición, “el asunto del status político de Puerto Rico no es uno que los
Peticionarios busquen sea resuelto por la Comisión…”. Tal y como dispone nuestro
ordenamiento jurídico y en el mejor ejercicio de los principios democráticos que
caracterizan a nuestra Nación, corresponde al Pueblo de Puerto Rico determinar su
status político final, como lo hizo en la consulta realizada el 6 de noviembre de 2012.
Por el contrario, el objetivo específico de la misma es para que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos
dictamine a favor de los Peticionarios encontrando que los Estados Unidos de América
está en efecto violando derechos humanos internacionalmente reconocidos a los
aproximadamente cuatro millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico,
tales como el derecho a poder elegir al Presidente y Vicepresidente de los Estados
Unidos, como a congresistas con voz y voto en la Cámara de Representantes y Senado
de los Estados Unidos, y que los mismos no se les pueden negar y/o privar a los
puertorriqueños como ciudadanos americanos que somos, mientras continuemos
siendo un territorio de los Estados Unidos de América”.
Desde abril de 2009, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
requirió al Gobierno de los Estados Unidos de América que replicara a las alegaciones
presentadas por el Dr. Pedro Rosselló y el Comité "Asunto Inconcluso de la Democracia
Americana" concediendo un término de dos meses. No obstante, no fue hasta el 14 de
julio de 2010, que presentaron la misma. En el término dispuesto, los peticionarios
respondieron nuevamente a las alegaciones presentadas por el Gobierno Federal, sin
que el querellado sometiera sus observaciones, sino hasta 8 meses después. Para el 2 de
junio de 2011, los peticionarios replicaron nuevamente, quedando el caso finalmente
sometido, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en dicha fecha.
Recientemente, la mayoría de los electores de Puerto Rico expresaron libre,
voluntaria y contundentemente, sus aspiraciones de terminar con la relación territorial
actual con Estados Unidos de América, y eligieron la Estadidad como la opción no
4
territorial para solucionar de manera definitiva el problema del estatus de Puerto Rico.
Si bien la admisión de Puerto Rico como estado de la Nación Americana garantizaría lo
que tantas personas como el Dr. Pedro Rosselló anhelamos, el derecho de los
ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico a votar por el Presidente y el
Vicepresidente de los Estados Unidos y a tener representación con voto en el Congreso;
mientras no se dé este proceso, estimamos pertinente realizar todas las acciones
necesarias en la búsqueda de la igualdad política, económica y social que tanto
deseamos los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico.
Por todo lo anterior, la Cámara de Representantes de Puerto Rico, reafirma el
apoyo al Dr. Pedro Rosselló y al Comité "Asunto Inconcluso de la Democracia
Americana" y sus gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
la Organización de Estados Americanos (OEA).
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:
Sección 1.-Expresar el más firme apoyo al Dr. Pedro Rosselló y al Comité
“Asunto Inconcluso de la Democracia Americana” por su iniciativa, liderazgo y
compromiso de presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos (OEA), una Petición para que se les reconozca a
los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico el derecho fundamental a votar
por el Presidente y el Vicepresidente de los Estados Unidos y a tener representación con
voto en el Congreso, en tanto se da la admisión de Puerto Rico como el nuevo estado de
la Nación, conforme el mandato de la mayoría de los electores, que el pasado 6 de
noviembre expresaron libre, voluntaria y contundentemente, sus aspiraciones de
terminar con la relación territorial actual con Estados Unidos de América, y eligieron la
Estadidad como la opción no territorial para solucionar de manera definitiva el
problema del estatus de nuestra Isla.
Sección 2.- Exhortar al Presidente de los Estados Unidos, Honorable Barack H.
Obama, a que ordene al Departamento de Estado de Estados Unidos de América, a que
5
desista de su postura ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de
Estados Americanos y que se le reconozca a los ciudadanos americanos que residen en
Puerto Rico esos derechos fundamentales.
Sección 3.- Resaltar que, según se desprende del inciso 151 de la Petición, el
status político de Puerto Rico no es uno que los Peticionarios busquen sea resuelto por
la Comisión. Tal y como dispone nuestro ordenamiento jurídico y en el mejor ejercicio
de los principios democráticos que caracterizan a nuestra Nación, corresponde al
Pueblo de Puerto Rico determinar su status político final. Por el contrario, el objetivo
específico de la misma es para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos dictamine a favor de los Peticionarios,
encontrando que los Estados Unidos de América está en efecto violando derechos
humanos internacionalmente reconocidos a los aproximadamente cuatro millones de
ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, tales como el derecho a poder elegir
al Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos, a congresistas con voz y voto en
la Cámara de Representantes y Senado de los Estados Unidos, y que los mismos no se
les pueden negar o privar a los puertorriqueños, como ciudadanos americanos que
somos, mientras continuemos siendo un territorio de los Estados Unidos de América.
Sección 4.- Apoyar toda gestión para que el Presidente de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico, a nombre de dichos Cuerpo, comparezca, se exprese y
apoye la intención de la presente medida, ya sea como parte en la Petición o como
Amicus Curiae ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
6
Sección 5.- Autorizar al Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto
Rico, a utilizar los recursos necesarios y contratar el personal adecuado para cumplir
con los propósitos de la presente Resolución.
Sección 6.-Copia de esta Resolución será enviada al Presidente de los Estados
Unidos de América, Honorable Barack H. Obama, a la Secretaria de Estado, Honorable
Hillary Rodham Clinton, al Presidente del Consejo Permanente y de la Comisión
General de la Organización de Estados Americanos, Embajador Joel Antonio
Hernández García, al Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos, José de Jesús Orozco Henríquez, y a los
miembros del Congreso de los Estados Unidos.
Sección 7.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.