Download Articulo El Estatus de Puerto rico

El status de Puerto Rico: una perspectiva histórica
por Emilio Pantojas García
Desde la invasión norteamericana de Puerto Rico el 25 de julio de 1898, el sistema político de la Isla
experimentó cambios importantes. Hasta abril de 1900 gobernó un ejército de ocupación por decreto. En
mayo de 1900 la Ley Foraker estableció un gobierno civil nombrado por el Presidente de Estados Unidos
con el consejo y consentimiento del Senado Federal, una Cámara de Representantes local electa y un
Tribunal Federal para manejar la aplicación de leyes federales en la Isla. La Ley Jones de 1917 estableció
en Puerto Rico un gobierno representativo con dos cámaras y un comisionado residente en Washington
electos popularmente, una carta de derechos ciudadanos y la ciudadanía norteamericana para los
puertorriqueños. El gobernador, los jueces federales y los miembros de gabinete continuaron siendo
nombrados por el Presidente de Estados Unidos. A pesar de estos cambios, Puerto Rico continuó siendo,
en términos constitucionales, un territorio “organizado pero no incorporado”, una posesión de los Estados
Unidos que: pertenece a, pero no es parte de, los Estados Unidos.
El Estado Libre Asociado y el nuevo orden mundial de la posguerra
Hasta 1946 no hubo cambios significativos en la Ley Jones. Pero el fin de la Segunda Guerra Mundial, la
creación de las Organización de Naciones Unidas y las presiones para un nuevo orden internacional sin
colonias, llevaron a que el presidente norteamericano Harry S. Truman nombrara al primer gobernador
puertorriqueño, Jesús T. Piñero. Poco después el Congreso aprobó la ley del gobernador electo (Ley 447),
resultando en la elección de Luis Muñoz Marín en 1948 como primer gobernador electo popularmente en
Puerto Rico.
Pero las presiones internacionales para la descolonización requerían la autodeterminación de los pueblos
coloniales y para ello no era suficiente añadir un gobernador electo al régimen colonial implantado por la
Ley Jones. El gobierno norteamericano, bajo presión de la ONU y de sus aliados Europeos, obligados a
desmantelar sus imperios, inició un proceso de revisión de la Ley Jones que culminó con la Ley 600,
conocida como Ley de Relaciones Federales. Esta nueva ley incorporaba todos los elementos de la
antigua Ley Jones (gobierno electo, aplicabilidad de leyes federales, tribunal federal, ciudadanía
norteamericana y status de territorio no incorporado o posesión), pero proveía para la creación de una
Asamblea Constitucional que redactaría una constitución para una “nueva” fórmula de relaciones
federales denominada como Estado Libre Asociado de Puerto Rico, traducida al inglés con el nombre de
commonwealth o “mancomunidad”. La nueva constitución debía redactarse siguiendo el modelo de la
constitución de Estados Unidos y estaría sujeta a ésta. La Ley 600 proveía, además, un referéndum para
que el pueblo aprobara la constitución presentada por la Asamblea Constitucional.
Se ha documentado extensamente la persecución y represión contra el Partido Nacionalista durante los
meses previos al referéndum sobre la Constitución del ELA. La aprobación de una “ley de mordaza” y el
encarcelamiento de militantes Nacionalistas fueron el marco político de aquel evento electoral. De hecho,
la tasa de participación en el referéndum del ELA fue de 54.7%, la más baja de todas las consultas de
status. Los votantes, no obstante, aprobaron la nueva constitución con un 82% de los votos.
En 1953, el gobierno de Estados Unidos informó a la ONU que Puerto Rico había ejercido su derecho a la
autodeterminación. La asamblea de la ONU procedió a aprobar la resolución 748 (VIII) reconociendo a
Puerto Rico como un territorio autónomo y no dependiente, con gobierno propio y asociado a Estados
Unidos. La Isla fue removida de la lista de territorios no independientes y se eximió a Estados Unidos de
informar sobre el status político y el estado social y económico de la Isla.
La celebración del nuevo status incluyó un número especial de la revista The Annals of the American
Academy of Political and Social Science, publicado en enero de 1953. En este número se presentaba la
nueva fórmula de gobierno de Puerto Rico como una vitrina de la democracia para los territorios
dependientes del mundo. En el volumen se incluyeron artículos de académicos y políticos envueltos en la
creación del ELA. Entre los académicos que contribuyeron a este número especial se destacan el
economista John K. Galbraith y los profesores de la Escuela de Leyes de Harvard Karl Friedrich y Rupert
Emerson.
Curiosamente, en su artículo “Puerto Rico and American Policy toward Dependent Areas” el profesor
Emerson señalaba:
El elemento distintivo [de esta nueva fórmula de status] es que ellos [los puertorriqueños] por primera vez
en la historia se han dado una constitución propia y han dado su consentimiento a la relación con Estados
Unidos (…) Puede argumentarse que el status que ahora tienen no es sustantivamente distinto del que
tenían antes, pero presionar mucho este argumento sería ignorar el gran efecto simbólico de entrar en un
pacto con Estados Unidos y gobernarse ellos mismo bajo un instrumento de su propia confección… (p. 10)
Para Emerson, el valor del ELA era simbólico, no sustantivo. Puerto Rico continuaba siendo,
constitucionalmente, un territorio no incorporado de Estados Unidos, que pertenece a, pero no es parte
de, la unión americana.
El ELA en un mundo post colonial
A pesar de todas las maniobras políticas locales e internacionales, a solo siete años de la creación del ELA,
sus creadores acudían al Congreso de Estados Unidos solicitando “cambios cosméticos” a la Ley 600. Ni la
comunidad internacional, ni el pueblo de Puerto Rico, aceptaron el ELA como fórmula política final. El
mundo entraba en una nueva era que Harry Magdoff denominó “imperialismo sin colonias” y otros
llamaron “neocolonialismo”. La independencia y la estadidad continuaron siendo así las “soluciones
honrosas” al status colonial de Puerto Rico.
En 1959 se presentó en la Cámara de Representantes el proyecto Fernós-Murray para reformar a la Ley
600. Este sería el primero de más de una docena de proyectos para resolver el status de Puerto Rico
presentados ante el Congreso que serían rechazados o, simplemente morirían por inacción de los comités
a los cuales fueron referidos. Desde entonces, se produjeron tres iniciativas en Washington que, aunque
también fracasaron, deben examinarse para entender cómo ve el tema del status la clase política
norteamericana.
La primera iniciativa provino del Presidente Kennedy y estuvo ligada a la creación de la Alianza para el
Progreso, una iniciativa para reformar las relaciones interamericanas como reacción a la Revolución
Cubana, que se temía “contagiara” a la región.
La creación de La Alianza fue anunciada el 13 de Marzo de 1961, un mes antes de la invasión a Cuba por
Playa Girón (Bahía de Cochinos). El tratado que creó La Alianza se firmó en agosto de 1961 en Punta del
Este, Uruguay. En noviembre de ese año el puertorriqueño Teodoro Moscoso (arquitecto de Operación
Manos a la Obra), fue nombrado coordinador de La Alianza y administrador general para América Latina
de la agencia norteamericana para el desarrollo, USAID. En diciembre de 1961, luego de romper
relaciones diplomáticas con Cuba, el presidente Kennedy viajaría a Latinoamérica visitando San Juan,
Caracas y Bogotá, donde se celebraría la reunión de ministros de relaciones exteriores del hemisferio. En
la reunión de ministros de Bogotá se discutiría la amenaza de Cuba. Luis Muñoz Marín, Teodoro Moscoso,
Arturo Morales Carrión y otros miembros del Partido Popular Democrático servirían de intermediarios
para la nueva política latinoamericana de Estados Unidos. Muñoz Marín era miembro distinguido del
grupo conocido como la “izquierda democrática” de América Latina, integrado por líderes como José
Figueres de Costa Rica, Rómulo Betancourt de Venezuela y Juan Bosch de República Dominicana. Estos
líderes de la izquierda democrática, especialmente Figueres y Bosch, eran críticos acérrimos del apoyo
norteamericano a dictadores como Fulgencio Batista, Rafael Leonidas Trujillo y Anastasio Somoza; Muñoz
debía convencerlos de la buena fe de Kennedy.
Como recompensa por los buenos oficios de Muñoz, el presidente Kennedy envió un mensaje para la
celebración del décimo aniversario del ELA el 25 de julio de 1962. En dicho mensaje, el presidente
norteamericano felicitaba a los puertorriqueños por sus logros que servían de ejemplo al mundo sobre las
bondades de la colaboración entre un país grande y uno pequeño en el contexto de la “libertad” y el
respeto mutuo. Afirmaba además el presidente, que reconocía que era el momento para promover el
crecimiento del ELA y endosaba la celebración de un plebiscito para que el pueblo de Puerto Rico eligiera,
“incluso la independencia”, si ese fuera su deseo. (John F. Kennedy: “Message to Governor Munoz Marin
on the 10th Anniversary of the Commonwealth of Puerto Rico.”, July 25, 1962. The American Presidency
Project.)
El asesinato del presidente Kennedy descarriló los acuerdos y entendidos entre este y Muñoz Marín. En
1967 se celebraría el primer plebiscito sobre el status sin endoso del Congreso o del Presidente de
Estados Unidos. El ELA triunfó obteniendo 60% de los votos. No obstante, el presidente Lyndon B.
Johnson, se rehusó a recibir al secretario de estado de Puerto Rico quien debía presentarle los resultados
en persona.
La segunda iniciativa importante de Washington llegó 27 años más tarde, en 1989. En esta ocasión el
presidente George H. W. Bush, en su primer “Mensaje sobre el Estado de la Unión”, solicitó al Congreso
que dieran los pasos necesarios para permitir al pueblo de Puerto Rico decidir su futuro político en un
referéndum. (State of the Union Address, February 9, 1989.). Esta petición tenía como contexto la iniciativa
para una Empresa de las Américas, que luego se convertiría en la iniciativa para un Área de Libre
Comercio de las Américas.
La solicitud del presidente resultó en la radicación del proyecto del Senado “Puerto Rico Status
Referendum Act” (S. 712) el 4 de abril de 1989. El creador de esta medida y presidente del Comité de
Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos, senador Bennett Johnston, inició un proceso
exhaustivo de vistas públicas y reuniones sin precedentes desde el proceso para la aprobación de la Ley
600. El proceso fue tan abierto e inclusivo que mereció el elogio del presidente del Partido
Independentista Puertorriqueño por haber sido la primera vez que el Congreso incluía en una medida una
definición aceptable para ambas partes de la fórmula de independencia (Rubén Berríos-Martínez,
Nacionalidad y Plebiscito. San Juan: Editorial Libertad, s.f., p. 133). Otros denominaron este proceso de
vistas públicas como uno de “consulta y negociación”. Pero la ilusión llevó al desengaño cuando el
proyecto se reintrodujo en 1990 como S. 244 y “se colgó” en el Comité que, mediante un empate en la
votación, no lo recomendó para ser visto en el hemiciclo del Senado.
La tercera y última iniciativa de Washington que merece mencionarse es el proyecto Young. Contrario a
las dos anteriores, esta no estuvo ligada a iniciativas para cambiar las relaciones interamericanas. Se trató
más bien de una iniciativa instigada por el auge de las fuerzas anexionistas en el país. Habiendo
alcanzado la estadidad un 46.3% del voto en el plebiscito de 1993, la administración Rosselló ejerció
todas sus influencias para lograr la celebración de un plebiscito sancionado por el Congreso que estimaba
ganaría la estadidad. En 1996 el Representante republicano de Alaska Don Young, radicó el “United
States-Puerto Rico Status Act” (H.R. 3024) para proveer un proceso que llevara al gobierno propio de
Puerto Rico. El proyecto se reintrodujo en la Cámara en 1997 como H.R. 856, y fue aprobado por 209
votos a favor y 208 en contra. Pasó al Senado Federal (S. 472) donde el Comité de Energía y Recursos
Naturales no tomó acción.
El Plebiscito de 2012 y el continuo tranque del status
Presentamos una tabla que resume en detalle los resultados de los cuatro plebiscitos de status. La gráfica
que le sigue ilustra las tendencias de cada fórmula de status desde 1967 hasta 2012 midiendo el
porcentaje de votos para cada una. Como puede verse, la estadidad creció de 38% en 1967 a 46.5% en
1998; este fue su cénit, declinando a 44.4% en 2012. La independencia no logra alcanzar 5% del apoyo
electoral. El Estado Libre Asociado ha declinado significativamente, al extremo de que por primera vez en
la historia fue expresamente rechazado en el plebiscito de 2012 por 54% del electorado que respondió
“No” a la pregunta de la papeleta: ¿Está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial
actual? Sorprendentemente, el Estado Libre Asociado Soberano alcanzó 24% del voto, a pesar de tener
detractores importantes liderados por los candidatos a gobernador de los dos partidos principales del
país. El desenlace del plebiscito de 2012 podría resumirse de la siguiente manera: El ELA fue rechazado, la
estadidad obtuvo una victoria pírrica y el ELA soberano emergió como alternativa viable. Hay disgusto con
el ELA pero no emerge una alternativa mayoritaria.
En ausencia de un mandato claro, el Congreso y el Presidente Barack Obama mantuvieron silencio. El 10
de abril de 2013 la Casa Blanca anunciaba la solicitud de una asignación de $2,500,000 para la celebración
de un nuevo plebiscito en Puerto Rico. La propuesta del Presidente estipula que el dinero debe utilizarse
para la celebración de un plebiscito y para la educación del pueblo sobre las opciones de status de
manera objetiva y no partidista. Estipula, además, que el Procurador General de Estados Unidos certificará
que en la papeleta se incluyan alternativas que no sean incompatibles con la constitución, leyes y política
de los Estados Unidos, abriendo la puerta a la inclusión del Estado Libre Asociado.
La acción del presidente Obama indica claramente que, aunque acepta que el ELA fue rechazado, no
acepta el reclamo de que la estadidad obtuvo un triunfo abrumador. En tanto que ni el Congreso ni el
Presidente se tragaron la interpretación del triunfo de la estadidad, el comisionado Pierluisi radicó el
proyecto H.R. 2000 (“Puerto Rico Status Resolution Act’’) con la intención de salvar cara doblando la
apuesta: todo o nada en un plebiscito estadidad “Sí” o “No”. Mientras Pierluisi “juega para las gradas”, el
Presidente se saca de encima el asunto del status.
Es improbable que el Congreso apruebe alguna de estas medidas. Si nunca ha actuado sobre las
propuestas radicadas, y las iniciativas presidenciales siempre han estado enmarcadas en cambios
importantes en las relaciones interamericanas, por qué van a actuar ahora. Por qué pensar que la mayoría
republicana en la Cámara va a considerar y aprobar un proyecto de estadidad. Los republicanos
tradicionalmente se oponen a la estadidad para Puerto Rico, primero, porque la Isla es culturalmente una
nación latinoamericana cuyo vernáculo es el español (apenas 10 por ciento de los puertorriqueños
residentes en la Isla son bilingües). Segundo, la Isla es un bastión demócrata que añadiría dos senadores y
cinco o seis congresistas para ese partido. A esto se añaden razones transitorias como que el gobierno de
Puerto Rico está al borde de la bancarrota fiscal, la economía pasa por una contracción severa y el
desempleo provoca la emigración masiva de los trabajadores/as más diestros/as. Puerto Rico sería un
estado mendigo, una carga para un gobierno federal que tampoco está en su mejor momento. A la luz de
la experiencia histórica, nada va a pasar con las iniciativas de status, pero los que no conocen la historia
están condenados a repetirla.
Artículo recuperado de: http://www.80grados.net/el-status-de-puerto-rico-una-perspectiva-historica/