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Artículo publicado en Revista Sociedad N° 16
Facultad de Ciencias Sociales, UBA
ISSN 0327–7712
Buenos Aires, 2000
PROCESOS POLITICO-CULTURALES EN TORNO DEL TRABAJO. Acerca de la problematización
de la cuestión social en la década de los 90 y el sentido de las “soluciones” propuestas: un
repaso para pensar el futuro.*
Estela Grassi**
La cuestión de la pobreza (que remite a las condiciones de reproducción de la vida; es decir, a las
limitaciones en el acceso a bienes y servicios y en la participación e integración socio-cultural), y la
cuestión del trabajo (capacidad humana que, organizada por el mercado, viabiliza y legitima el acceso a
los recursos, la protección y la seguridad de los sujetos y las condiciones de su participación en la vida
socio-cultural), hacen a la cuestión social en el capitalismo e interpelan la legitimidad del Estado
moderno democrático. Esta cuestión expresa la tensión fundante de tal formación político-social, entre la
libertad de ciudadanos iguales y la dependencia derivada de la mercantilización del trabajo de sujetos
desposeidos de otros recursos para la realización de tal capacidad.
Sin embargo, ésta es en sí una referencia abstracta, pues no se presenta como tal (como contradicción y
virtualidad de fractura), sino que se particulariza y es puesta en escena en la forma de problemas
sociales que son, a la vez, la expresión hegemónica del modo como se interroga, interpreta, resuelve,
ordena y canaliza la misma. El problema es, así, dependiente de su definición como tal en los procesos
de hegemonización. La aflicción de un grupo social no es por sí un problema social a menos que sea
instituida como tal, por la acción eficaz de sujetos interesados de distintas maneras en imponer un tal
estado de cosas (perjudicial desde algún punto de vista), como una situación problemática para la
sociedad en su conjunto. En el proceso, se imponen los términos con que se lo nomina y las variables
que lo describen, se especifica el contexto de referencia (económico, cultural, etc.) al cual es remitido y
se perfilan, también, las soluciones. 1 Por la misma razón, un problema social no es tal por su dimensión
absoluta, aunque el “número de afectados” devenga parte de la disputa por su significación y, muchas
veces, el único argumento de validación del mismo. Un problema no se define aislado, sino inscripto en
1
Por ejemplo, la desprotección y la ocupación estacional de los trabajadores rurales (o de empresas que inician el
procesamiento industrial de la producción primaria de algunas regiones) y los largos períodos librados a su suerte, no
alcanzaron nunca el status de “problema”. Asimismo, las condiciones de salud de las poblaciones indígenas no se
problematizaron hasta que la reaparición del cólera entre ellos los trajo a escena. La cuestión fue disputada en
términos de “problema sanitario”, de “educación” o “cultural”; fue focalizado en grupos sociales (indígenas, migrantes)
o en particulares (las madres), etc.
2
* Este artículo sintetiza los argumentos centrales de la tesis de doctorado referida a “Política y problemas sociales
en la construcción del Estado neoliberal asistencialista (1990-1998). Aportes a la antropología política en la
Argentina”. FFyL, UBA, 1999.
** Antropóloga; Doctora de la UBA; Profesora titular regular de la Facultad de Ciencias Sociales; integrante del
Instituto de Investigaciones Gino Germani.
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una red de problemas que mantiene continuidad en el tipo de argumentación, explicaciones, etc. Por lo
tanto, la disputa por su definición es también por la determinación de las causas, por la atribución de
responsabilidades por su formación, por la determinación de ámbitos de competencia en las soluciones y
por los alcances de la voluntad política de intervención. En torno a él se discute, se publica, se crean
especializaciones y cuerpos burocráticos, que el Estado oficializa. El campo político y el de los expertos
(o los técnicos) son por excelencia campos de producción de problemas sociales2, en la medida en que
sus agentes son quienes gestionan
la cuestión social. Las explicaciones y argumentos que ellos
esgrimen y que confrontan entre sí suponen una concepción de la tensión subyacente “desposesión /
igualdad-libertad”. En el proceso contribuyen, a la vez, a la manera en la que se constituye tal cuestión
social en cada época.
Dicho esto se entiende la atención en los procesos político-culturales de problematización de la cuestión
social en el período durante el cual se consolidó un proyecto político que incluyó entre sus objetivos el
desmontaje de las instituciones políticas de protección de los sujetos dependientes de su capacidad de
trabajo. Lo que sigue es la reconstrucción empírico-analítica de los términos con los que, en tales
procesos, se produjeron las definiciones de los problemas de la pobreza y aquellos del ámbito del trabajo,
en los años 90 en nuestro país. La fuente son las expresiones públicas de agentes diversos del campo
político (tanto las de circulación masiva como las restringidas al campo de los especialistas). Es decir que
se considera parte de dicho campo a la producción discursiva de la política propiamente dicha, de las
especialidades técnico-disciplinarias y a la producción académica.
Para el período considerado, lo que caracterizó fundamentalmente a la producción referida a tal cuestión,
ha sido la fragmentación y la disociación de los problemas. Mientras la pobreza fue constituida y
abordada como problema social que admite la posibilidad de acciones de asistencia estatal o de
beneficencia privada, dirigidas a quienes se hallen en estado de carencia, los problemas de la esfera del
trabajo (la ilegalidad en las contrataciones, el desempleo, la crisis de los sistemas proteccionales y el
nivel de los salarios) fueron tratados estrictamente como un problema económico (del mercado). Esto es,
de la mera inadecuación entre oferta y demanda, tanto en términos cuantitativos (puestos de trabajo en
relación a las personas activas); como cualitativos (cualificaciones requeridas por los puestos respecto de
la oferta disponible); y de costos de este factor para la competitividad de la producción.
Se analiza en primer lugar el contexto de producción de la pobreza como carencia del sujeto. Esta es una
interpretación característica del conocimiento corriente de la vida cotidiana; pero lo propio de este período
ha sido su legitimación por el saber técnico-político que orientó las definiciones del problema social, las
2
Señala Edelman (1991) que la construcción del problema también inviste de autoridad a quienes afirman (o se
arrogan) competencia en el mismo (los expertos, los técnicos, algunos campos profesionales). Es decir, que el
problema genera también “intereses en el problema”, porque genera la circulación de recursos, foros de debate,
investigaciones, “autoridades legítimas”, titulaciones.
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descripciones correspondientes, la determinación y categorización de los sujetos y las decisiones de
intervención política, así como las prioridades a ese nivel. A continuación, el objeto es el discurso referido
a la cuestión del trabajo. El objetivo es reconstruir la relación entre los diversos tópicos comprendidos en
tales cuestiones, partiendo del supuesto de que, en nuestra sociedad, el trabajo (aquel consumado en un
empleo remunerado y socialmente reconocido como tal, asalariado o autónomo) es aún el medio de
provisión principal de los recursos materiales y simbólicos de la reproducción de los grupos sociales.
Respecto de los recursos materiales, porque es el medio socialmente legitimado de acceso a los bienes y
servicios de consumo mercantilizados para todas las unidades familiares a cargo de un adulto sano. En
relación con los recursos simbólicos, porque el trabajo provee a la identidad social y a la participación
legítima en la sociedad. La restricción en algunos de estos recursos (materiales o simbólicos), supone
empobrecimiento, cuando no existen otras vías legítimas y socialmente valoradas de acceso a los
mismos.
La segunda parte del artículo analiza la política social como expresión de un orden político que delimita
las intervenciones legítimas del Estado en el lugar donde se plantea la cuestión social (es decir, el de la
organización del trabajo por el mercado) y propone que la política laboral es el eje principal y
determinante del sentido de la política social. Así, la inexistencia de una auténtica política de empleo y
una política laboral meramente adaptativa de la fuerza de trabajo a un mercado regulado por normas que
hicieron muy laxo su uso (bajos salarios, extensión de la jornada, fragilidad contractual), llevó a la
ampliación de la política de asistencia y convirtió a ésta en el rasgo y sentido predominante de la política
social.
Se reseñan al final cuales debieran ser la líneas prioritarias de la política social propia de un proyecto
político de integración social.
I. Cuestiones de sentido: quienes son los fracasados
“En los países desarrollados el equilibrio social se resuelve por el lado de las políticas sociales
compensatorias [...] y no quitándole fluidez y movilidad al mercado de trabajo” (Documento de la
Coordinadora de Industrias de Productos Alimentarios: El Cronista, 30/9/92)
“Dicho en criollo, la economía de mercado es para los ricos, para los pobres es el Estado [...]
para los pobres tiene que existir el Estado que se ocupe de su desarrollo y de su promoción
social”. (Eduardo Duhalde, en un acto partidario en Posadas; Clarín, 27/7/97)
La hiperinflación, la correlativa caída de los ingresos y, como consecuencia, los inusitados índices que
arrojaban las mediciones de la pobreza, eran las expresiones visibles de las condiciones políticoeconómicas con las que se iniciaba la última década del siglo XX y, con ella, el gobierno que la
atravesaría, democráticamente elegido en dos oportunidades.
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La cuestión de la pobreza había sido un tema sacado a luz ya en los 80, y dominó la escena social de
entonces. Dos acontecimientos son ilustrativos: el INDEC elaboró por primera vez mediciones específicas
que publicó como el Informe sobre la pobreza en la Argentina, con datos del Censo de 1980; y la política
social más relevante del período fue un Plan de asistencia a la pobreza (el Plan Alimentario Nacional PAN).
El PAN se pretendía transitorio, hasta superar una situación de emergencia social que, sin embargo, se
agravó y cristalizó, demostrando así que la vida democrática es una construcción social compleja y no un
“estado de gracia”: los cursos de acción seguidos por los sectores sociales económicamente más
poderosos, que desencadenaron la hiperinflación de entonces, avanzaron sobre normas tácitas de
convivencia social democrática,
poniendo en riesgo la supervivencia de quienes no controlaban los
resortes del mercado y los circuitos del capital.
Si por entonces el “derrame de bienestar” todavía podía esperarse de la democracia (“con democracia se
come, se educa, se cura”, de acuerdo con las expectativas del ex-presidente Raúl Alfonsín), en adelante
éste pasó a ser, únicamente, una función del mercado, integrado al discurso que predominó desde
entonces en el pensamiento social y político, carente de referencias y de anclajes en las relaciones
sociales a las que se entretejen los “problemas”. En su contexto, los procesos de empobrecimiento y
desempleo fueron problematizados como fenómenos amenazantes (de la estabilidad, de la
modernización económica, de la seguridad o de la democracia) antes que como situaciones perjudiciales
para la vida de los grupos sociales afectados. El problema pasó a ser de los propios sujetos (de los
pobres o de los desempleados); y, al final, ellos mismos fueron constituidos como amenaza o como
“sobrantes” en un “modelo exitoso”.
El camino hacia una sociedad en equilibrio fue imaginado de mano única y por etapas, que indicaban, a
su vez, las prioridades en la larga “transición democrática” del continente: una vez consolidadas las
reformas económicas, cabía preocuparse por los problemas de equidad3. De acuerdo con esta gran
consigna, los países de la región atravesaban diferentes estadios: así como Chile fue siempre referido
como un “adelantado” de la modernización (aunque consolidó las reformas económicas por sobre la
democracia y los más elementales derechos humanos), la Argentina no dejó de ser señalada por
mantener pendientes las políticas eficientes, compensatorias de la inequidad social.
David Rockefeller, presidente de la American Society, lo explicaba a Clarín (18/3/94): “Estamos convencidos de que
una vez lograda la democratización del 90% del continente y consolidadas las políticas económicas vigentes, hay
que preocuparse por las desigualdades sociales”. Vale la pena recordar que el descalabro social al que llevaron las
dictaduras y su pérdida de legitimidad, explican el cambio en las prioridades que el banquero y ex funcionario del
Estado norteamericano manifiestaba en este período. Antes, para las corrientes de pensamiento que él expresa, así
como para los “liberarles” locales, la libertad política no era condición del libre mercado, sobre todo si se trataba del
patio trasero del imperio.
3
6
El déficit de eficiencia de las políticas compensatorias de la pobreza extrema constituyó una
puntualización al gobierno argentino encabezado por el entonces Presidente Menem, pero no al modelo
económico “que permitió controlar la inflación y retomar el crecimiento”. Se trataba, así, de un déficit de
la gestión en el marco del modelo correcto4.
El reclamo, común en las voces de los agentes de los organismos internacionales, se entiende porque a
nivel local la pobreza en estos años se problematizó en más de un registro: aquel de la modernización y
el ajuste, producido en las usinas ideológicas que son estos organismos y con el que ha tenido mayor
sintonía el enfoque de los técnicos locales preocupados por cierta racionalización de la acción en el
Estado; y el de tradición peronista, expresado fundamentalmente en las prácticas políticas, más que en
un corpus de ideas pasibles de ser reconstruidas en el análisis. Mientras para unos el “fenómeno de la
pobreza” se expresaba en índices e indicadores y “los pobres” eran objetivados en el conteo de sus
carencias, como garantía de una más correcta focalización de la asistencia;
para los otros, éstos
siguieron siendo interpelados como el live motive de la acción política peronista y disputados como capital
político de militantes o figuras de distinto nivel o aspiraciones de protagonismo en ese campo.
El hecho de que el proyecto político del gobierno iniciado por el Presidente Menem haya compuesto su
propio discurso acerca de la crisis en el marco general ideológico inspirado en las corrientes del ajuste
neoliberal, pero al mismo tiempo fuera sostenido en una práctica política reconocible como propia de la
tradición peronista, explica que, a todo lo largo de los 90, buena parte de las referencias al tema de la
pobreza5, se encuentren principalmente en los documentos o en las voces de los representantes de
aquellos organismos (el propio FMI, el BM, también el BID) y de las oficinas específicas de las Naciones
Unidas (como el PNUD) y menos en los discursos políticos locales. En este caso, estas referencias están
enmarcadas en las respuestas de desmentida de las voces de alerta sobre la situación social (de los
organismos internacionales, de la Iglesia y, aún, de las propias agencias del gobierno que producían
información), o se las halla asociadas a anuncios de impacto social o en las invocaciones a la identidad
partidaria, donde la desigualdad quedaba diluida tras la figura política y los gestos del compañero y
hermano Presidente. De ahí que aquellos organismos no solamente han aportado a la producción
“Estos problemas de distribución pertenecen exclusivamente a la responsabilidad soberana de la Nación Argentina
y deberían ser un elemento central del debate democrático” . (De la conferencia de Michel Camdessus, titular del
FMI, en la Convención de ADEBA de 1997)
4
“Hay un problema social muy grave en cada uno de los países donde el programa se aplica [se refiere al que impulsa
el FMI]. El problema no es producto de nuestra intervención, sino de los desórdenes y desequilibrios anteriores, que
hay que corregir a toda costa para devolver posibilidades a los más pobres. El FMI cumple con eso evitando los
recortes presupuestarios en los gastos sociales, y exigiendo la puesta en marcha de sistemas de protección social
allí donde faltan. Sin embargo, su financiamiento debe venir del Banco Mundial, que se comprometió a hacer más en
ese terreno” (Reportaje de Le Monde a M. Camdessus, Especial para Clarín, 10/5/98).
5
Principalmente, en el marco de las recomendaciones para que se tomen medidas preventivas del descontento
social.
7
discursiva de la “cuestión social” a lo largo de todo el ciclo, sino que, además, se constituyeron en
autoridad de referencia para la producción político-técnico-académica local.6
Si se atiende al proceso político-cultural que desataron los estudios y recomendaciones político-técnicas
producidas en el seno de los organismos internacionales respecto de “lo social”, se puede reconocer el
desarrollo de una trayectoria similar a la que se diera en el marco de la hegemonía del modernismo
desarrollista, pero en un tiempo más breve. También entonces, el “desarrollo” fue inicialmente pensado
en términos de modernización económica e inversiones de capital por sobre cualquier consideración de
variable social alguna. Entonces como en los 90, la expansión capitalista era un imperativo y un
fenómeno avasallador que dejaba pocas opciones para la decisión. También entonces fue paulatina la
atención a lo social por parte del pensamiento de los sectores más modernos y competentes de la época,
que advertía acerca del necesario desarrollo social, casi en los mismos términos que utilizara para la
nueva ocasión el Presidente del Banco Mundial, James Wolfenshon: “Sin desarrollo social paralelo, no
habrá desarrollo económico satisfactorio” (Clarín, 25/2/96); o en aquellos de la reforma social difundidos
por Bernardo Kliksberg, del BID7.
Entonces el problema se planteaba en términos de adaptación a los cambios que imponía la
modernización, fundamentalmente en lo referente a los hábitos culturales: así se justificó el “desarrollo de
la comunidad” como estrategia política de integración que suponía una activa acción del Estado.
En el último ciclo histórico, las ideas políticas describen una parábola similar: la preocupación por lo
social paulatinamente emergió entre los resquicios de un discurso economicista casi monolítico, en las
voces de los técnicos más lúcidos del sistema, capaces de recoger las críticas y las advertencias que se
derivaban de procesos políticos como el que estalló en Chiapas (México) a principios de 1994. Claro que
se trata de distintas teorías económicas y sociales orientando el diseño y las estrategias de políticas
sociales radicalmente diferentes.
Si en el marco de la modernización desarrollista la integración era un indicador del éxito del propio
modelo cuando podía quebrar las resistencias culturales y asimilar a los grupos tradicionales o
campesinos, en tanto agregados sociales conquistados por la modernidad, en los 90, la no integración no
restó éxito al “modelo” porque en la ideología que lo sostuvo, quienes fracasan son los particulares, de
Una usina productora de “definiciones” de la pobreza y de la cuestión del trabajo es la Iglesia Católica, que, a la
vez, es fuente de la ideología del peronismo. Sus intervenciones oscilaron entre el reclamo de mayor atención y
vuelta a las fuentes del compromiso con los más pobres (del peronismo y de la propia Iglesia) y las voces que
convocaban a la resignación o a la esperanza, acompañando las invocaciones del propio Presidente.
6
Entre la profusa producción de Bernardo Kliksberg, ampliamente difundida, puede verse: “Repensando el Estado
para el Desarrollo Social más allá de dogmas y convencionalismos”. Mimeo, Facultad de Ciencias Económicas, UBA,
1997.
7
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cuyas capacidades y disposiciones depende la adaptación; a ellas, al fin, debe contribuir la eventual
acción del Estado.
Aún cuando al final cambiaron los énfasis y las preocupaciones sociales, el problema se planteó en
términos de disposiciones particulares para la participación en una sociedad globalizada 8. De ahí que en
el replanteo más reciente acerca del papel del Estado en el desarrollo social paralelo o en la reforma
social necesaria, a éste le cabe ser más activo en asegurar que las personas dispongan de aquellos
recursos que les permitirían iguales oportunidades (si tienen disposiciones para aprovecharlas, como
información y educación) y en la asistencia a los más pobres (carecientes de dotaciones mínimas para
integrarse) siempre que tal intervención no altere los equilibrios macroeconómicos. En otros términos, así
quedaron delimitadas las intervenciones legítimas del Estado, inhabilitado para alterar las reglas de juego
establecidas desde la “crisis” del Estado de Bienestar en adelante, particularmente en el mercado de
trabajo.
Pobreza y carencias del sujeto
Respecto a los términos en que se tematizó la pobreza, pueden identificarse distintos registros, más o
menos sobreimpresos, aunque prevalece una representación de la misma como estado o condición, si
no natural, por lo menos dada u obvia, de donde el “pobres hubo siempre” no fue sólo un desatino del
ex-Presidente.
En la definición corriente (y sobrentendida)
la pobreza es un estado de carencia y los pobres, en
consecuencia, son ante todo, “carecientes” (usualmente se alude también a “carenciados”): de bienes,
servicios y recursos en general para la supervivencia, de educación, de capital cultural, de disposiciones
o aspiraciones, de poder y, al final, de normas y hasta de trabajo; o de todo ello a la vez.
Esta representación prevaleciente supone una definición por “atributos”, construida con prescindencia de
cualquier relación social9 y las descripciones y la “cantidad de pobres” varían según el número de
variables (atributos) que combinen las definiciones expertas.
Si la condición es la carencia, la acción para remediar la situación es la provisión de los bienes (el
alimento) o los recursos faltantes: educación, capacitación, poder y, al final, ante todo, trabajo. Según la
Un ejemplo: con el término “inempleable” se hace referencia a la falta de acreditaciones y de capacitación para el
trabajo, según las demandas de la producción automatizada. Se enumera entre los inempleables a los que no
recibieron educación formal o que la tuvieron inadecuada y los que no hicieron recapacitación para el trabajo. Estas
condiciones inhibirían a estos sujetos para aspirar a un “trabajo protegido”.
8
9
Respecto del tratamiento experto que la cuestión de la pobreza ha merecido en los años recientes, Danani (1999)
analiza críticamente ciertos usos de las nociones de “heterogeneidad” y de “fragmentación”, que desvinculan los
análisis de la diversidad, de los procesos sociales a lo largo de los cuales se reconfiguran las condiciones con las
cuales se entretejen las experiencias de los sujetos y las trayectorias individuales.
9
orientación ideológica, el tipo de suministro y la estrategia prevista en el plan de acción, la política será
entendida como asistencialismo, caridad o promoción.
Con lo que se popularizó como la “teoría del derrame”, para superar tal estado de carencias de los
sujetos bastaba esperar el milagro de la estabilización económica; mientras tanto, eran necesarios
programas de “alivio a la pobreza...que disminuyan el costo humano de las reformas estructurales ...
para dar a los pobres razones convincentes para esperar un futuro mejor”.10
Pero poco a poco aquella teoría fue dando lugar a recomendaciones de acciones más activas de “reforma
social” (inversiones en educación y en salud orientadas a los pobres) y a estrategias más confiadas en el
potencial organizativo y en el “otorgamiento de poder” a los grupos con carencias11.
Particularmente, el año 1994 fue de inflexión respecto de la instalación de la cuestión social: del tema de
la pobreza a nivel continental y del desempleo, a nivel nacional. Apenas iniciado, ocurrió el levantamiento
de Chiapas; y cerró con la devaluación del peso mexicano (situación popularizada como la “crisis del
tequila”), que desató la posterior “crisis y recesión que sufrieron Argentina y México”. 12 A nivel nacional,
la desocupación y la subocupación se instalaron en los dos dígitos desde entonces y los índices de
pobreza volvieron a aumentar. En diciembre de 1993 se había producido una fuerte protesta en la
provincia de Santiago del Estero (que se popularizó como el “santiagazo”) y, desde entonces, se
multiplicaron los conflictos en otras provincias, jalonando los años siguientes. 13
En ese marco, el Presidente recogió la inquietud social e incorporó a su discurso los problemas que iban
estructurando dicha cuestión. En la clausura del Seminario sobre Seguridad de la OEA, dijo que “la
miseria es producto de la falta de trabajo” (Clarín, 17/3/94); y volvió a plantear el problema de la
desocupación al inaugurar el 112º período de sesiones ordinarias del Congreso, el 1º de mayo del año
siguiente (Clarín, 2/5/95). Entonces se mantenía una de las tantas pujas por la reforma laboral, por lo que
la referencia era un reclamo al Congreso por la sanción de las leyes respectivas. Se trataba de una
10
Declaraciones de Michel Camdessus, en Clarín, 07/05/90.
“En términos comunes se considera que la pobreza no es sino una diferencia de ingresos, que se puede salvar
mediante el fomento de la expansión económica general, que goteará hacia los pobres [...] Otro modelo, que el
PNUD apoya, considera la pobreza como una diferencia en cuanto a la participación de la gente. Según ese modelo
el otorgamiento de poder es el criterio estratégico fundamental en la abolición de la pobreza. Los propios pobres
deben adquirir poder [...] las organizaciones de base y otras instituciones de la sociedad civil han de jugar un papel
integral...” (Informe 1993, Síntesis: 2.
11
12
13
Según el análisis que hizo el BID, en el Informe Anual 1995: 1.
En ese año se institucionalizó el Movimiento de Trabajadores Argentinos; se formalizó un espacio de comunicación
entre el gremialismo opositor (la Mesa de Enlace CTA, MTA, CCC) que impulsó un paro general en agosto; y se
efectivizó una Marcha Federal de protesta.
10
referencia interesada, en provecho de ese objetivo inmediato; pero en adelante, la desocupación sería
uno de los argumentos para impulsar tales reformas.
Al año siguiente, la cuestión social ya se tematizaba fundamentalmente en clave laboral: la propia Iglesia
lo hizo en esos términos y poco a poco la discusión dejó de ser por “cuántos o qué pobres”, para ser por
cómo se construían los indicadores de la desocupación y subocupación.
Varias cuestiones coincidieron al principio de ese año 1995, que reavivaron la cuestión en esos términos:
se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague, convocada por el PNUD; los
obispos argentinos se reunieron con el Papa en Roma y expusieron acerca de la situación social y la
“preocupación [de la Iglesia argentina] por el fantasma de la desocupación” (Clarín, 31/1/95) en el país,
generando la consiguiente disputa con el gobierno; el deterioro de los indicadores de ocupación e
ingresos; y, además, las necesidades políticas que imponía la campaña electoral por la reelección de
Carlos Menem.
Luego, la Iglesia, los indicadores sociales, los ecos de la Cumbre Mundial y el movimiento social,
mantuvieron vigente el tema de la pobreza a lo largo del año, pero ya definitivamente asociado a la
desocupación. En general, el optimismo y el contenido épico que las principales figuras políticas
imprimían a sus discursos14, viró a un tono de preocupación en ese año.
En 1996, se profundizaron las consecuencias sociales de la recesión pos “tequila” y tuvieron su correlato
en el mayor deterioro de los indicadores de pobreza, desde la puesta en vigencia del Plan de
Convertibilidad. A nivel regional, por fin, en 1996 el BID dio con las “cifras oficiales” que, según sus
informes públicos, no disponía en 199015, y encontró que
“El desempleo permaneció en un curso
“Ha llegado la época de la Argentina del Trabajo, del sufrimiento, de la valentía y del coraje de jugarnos por
nuestros hijos...” (Presidente Menem: Clarín, 10/9/90).
El INAP (Instituto Nacional De La Administración Pública) e IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la
Argentina) convocan al lanzamiento del proyecto: “ARGENTINA COMPETITIVA: Estado y Empresas: los desafíos del
cambio”
Lo hacen en estos términos:
"Un fantasma recorre el planeta.
El mundo comienza a tomar conciencia de su presencia. Ha llegado para quedarse. Para entusiasmo de los
emprendedores, preocupación de los conservadores y temor de los mediocres.
..........................
La competencia económica se ha transformado en el nuevo escenario de confrontación internacional. En la guerra
mundial del siglo XXI. Que no será protagonizada por ejércitos y generales, sino por empresarios y gerentes”.
“En cuanto a crecimiento, le voy a decir lo que está en mi imaginación: 10 por ciento anual. No lo vamos a poner en
el programa, para evitar que me acusen de optimista. Pero todo está preparado en el país para un salto en la
productividad. Una modificación importante en lo que los economistas llaman la relación marginal producto/capital
debido a las nuevas inversiones que se van a hacer en los próximos dos años y que tendrán una tasa de retorno muy
alta” (D. Cavallo: Clarín 17/10/91)
14
Sorprendentemente, en el Informe de 1990, este organismo declaraba no disponer de “cifras oficiales sobre el
efecto de las políticas económicas en los sectores de más bajos ingresos”, aunque se suponía que los programas de
estabilización contribuían a “agudizar la pobreza” y a “reducir los recursos estatales para atender necesidades
15
11
ascendente durante la mayor parte de los años noventa, incluso en períodos de crecimiento relativamente
rápido” (Informe Anual 1996: 1); es decir, mientras el Banco sostenía que las reformas promovían el
crecimiento y el empleo. Al final, llamó a “reexaminar las normas de los mercados laborales” y consideró
que “son decisivas la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones públicas....” (Ibid: 7).
En ese contexto, adquirió su sentido más estricto el “espectáculo” de la pobreza, llegando al paroxismo
cuando los medios presentaron a “familias pobres de la ciudad de Rosario alimentándose con gatos” 16.
Como nunca, la realidad de condiciones de vida al límite de los recursos para la subsistencia, adquirió un
carácter propiamente ficcional, al tiempo que se banalizó. Apenas un cruce de acusaciones sobre
excesos (en la denuncia) e insatisfacciones (por los recursos escasos y la insuficiencia e ineficacia de las
políticas sociales) no alcanzaron para discernir medianamente entre las condiciones reales de existencia
(seguramente bordadas de necesidades alarmantes), del montaje del espectáculo, del que no sólo
participaron los medios.17
Entre tanto, el entonces Ministro Cavallo (que dirigió las reformas económicas que consolidaron la
reforma social regresiva en los 90 en Argentina), asociaba la pobreza a una doble carencia de los
sujetos: carencia de trabajo por la carencia de capacidades para trabajar productivamente:
“La pobreza tiene que ver con que, en el pasado, mucha gente no tuvo acceso a la educación, a
condiciones sanitarias y de funcionamiento del hogar para poder
estar
hoy
trabajando
productivamente". (La Prensa y Página 12, 14/5/96).
Para entonces, los “pobres” habían pasado de “víctimas del ajuste” a ser una presencia molesta,
sobrantes (e “inempleables”) en un modelo “exitoso”. Otra vez, aunque con menor dureza y mayor
patetismo que en épocas de dictadura, a la lucha por la erradicación de la pobreza le precedió una
sociales críticas”. (Informe Anual 1990: 1-7).
16
La cuestión giró en torno del siguiente episodio: una concejala de la ciudad de Rosario denunció haber sido
informada de que los vecinos de una villa de emergencia de esa ciudad se alimentaban con alimañas y gatos. La
mujer recorrió la zona y expresó el impacto recibido por las condiciones de extrema necesidad de dicha población,
reclamando la instalación de comedores comunitarios. Simultáneamente un medio televisivo registró imágenes de
una parrilla donde se asaban gatos y declaraciones de algunas personas aludiendo al tema de la alimañas. El Gran
Rosario es una de las ciudades que registra altos índices de pobreza y desocupación y que recibe inmigrantes de
provincias del norte en busca de trabajo.
17
La denuncia originó un verdadero aquelarre de declaraciones: El Presidente acusó a los denunciantes de
“vendepatrias”, volviendo al lenguaje setentista que había dejado atrás; el Secretario General de la Presidencia se
refería a la disminución de la desocupación el año que más alto trepaba en la serie histórica e interpretaba la
demanda de automóviles como la prueba de que la denuncia era falsa; y hasta la Asociación para la Defensa por los
Derechos de los Animales emitió un comunicado denunciando la injustificada matanza, “dada la riqueza de nuestra
tierra para sembrar verduras”. Nada ni nadie contribuyó a instalar seriamente el problema de cómo enfrentan cada
día su supervivencia las familias pobres, a qué recursos echan mano para satisfacer necesidades mínimas, qué
efectividad cierta tienen los programas sociales, etc. (La Nación, Clarín, Ambito Financiero, 8 al 19/5/96).
12
pregunta implícita: qué hacer con los “pobres” (los “inempleables” del sistema) 18. Así, grupos de
deposeídos
(cuasi parias) fueron virtualmente “despachados” entre provincias fronterizas, como
desechos contaminantes que nadie quiere: las provincias de Chaco y de Santa Fe, mantuvieron un
“diferendo de responsabilidad” por un grupo de braceros chaqueños desocupados, que tuvieron el
“apoyo” del gobierno provincial para trasladarse a Santa Fe con la vaga promesa de que allí encontrarían
trabajo.
Y cuando iba a comenzar a sesionar la Asamblea Constituyente, la prensa informaba que en la ciudad de
Santa Fe -una de sus sedes- “se dispuso la erradicación de los barrios marginales asentados en los
accesos a la ciudad y su reubicación en el sector noroeste. También se están remodelando las plazas,
paseos, etc. y reacondicionando obras de arte y monumentos, a un costo de dos millones de pesos. Las
iniciativas corresponden a una comisión ejecutiva integrada por representantes de las organizaciones
intermedias y encargada de acondicionar los lugares donde trabajarán los convencionales. Estas
medidas fueron avaladas por el gobernador Reutemann y la comuna local”. (Clarín, 31/3/94).
También esto es parte del montaje del espectáculo político propiamente ficcional, aunque para otra
representación. Los dictadores de nuestra historia fueron proclives a anular el conflicto negando su
existencia. Pero estas prácticas, en el marco de un acto fundacional de la vida social, como es darse una
renovada Constitución (esto es, un código de convivencia) muestra la fragilidad de los acuerdos y las
restricciones de la ciudadanía; es decir, de la condición que estipula los derechos, los deberes y la
participación en la vida social de sujetos individuales libres de determinaciones de otra naturaleza que las
que impone la vida cívica.
Se sabe que determinadas condiciones (el sexo, la edad, etc.) delimitan grupos que, no obstante la
pertenencia a la comunidad nacional, tienen restringidos sus derechos y obligaciones. Pero el caso
registrado muestra que la pobreza (una condición social) no sólo resulta en exclusión del acceso a los
recursos (a un lugar en el espacio urbano, por ejemplo), sino que puede ser en sí misma razón y
fundamento para una exclusión más fundamental: del reconocimiento como miembros plenos de una
comunidad.19
Si aún no se sabe qué hacer con los “pobres inempleables”, en estos días el Director del Centro de Estudios para
la Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, propuso la idea de “utilizar personas que reciben el Plan Trabajar” para formar
“una reserva militar activa”, que reciben instrucción sólo algunas horas o días por semana, “recibiendo sólo un viático
y no un salario completo”. Con esta iniciativa se podría “incrementar la capacidad militar disponible” y, “a los efectos
de acentuar el sentido social (de) esta inicitativa” Fraga propone que “puedan completar su sistema educativo (sic) en
este ámbito, sobre todo aquellos que todavía no tengan el ciclo primario completo” (Nota de Tribuna Abierta, Clarín,
6/3/00)
18
19
Esta nota registrada en los archivos de mi investigación tal vez sea redundante, porque se interpreta en el mismo
sentido que la anterior. Le agrega significado el hecho de que, quien se expresa, sea un funcionario político de un
estado democrático. “La cámara de un aficionado registró la presencia del entonces Intendente de la MCBA, Jorge
Domínguez, en la villa 31, donde un grupo de vecinos se resistía a ser desalojado del lugar. En el video, reproducido
por Telenoche 13, se ven las topadoras tirando las poca viviendas precarias que quedan de la villa, y al Intendente
increpar a los manifestantes que quemaban gomas, en estos términos:
“Qué están haciendo? carajo!, apaguen ese fuego, eh!... van a ir todos en cana... déjense de hinchar las pelotas acá.
Qué mierda se creen ustedes!” (Telenoche, 28/6/95)
13
La ciudadanía es, potencialmente, la categoría más abarcativa de pertenencia en las sociedades
modernas; como otras, hace al autoreconocimiento y al reconocimiento por parte de los pares, como
sujeto miembro de un Estado nación. Desde ese supuesto (el elemento mínimo común del status de
ciudadanía, que da la pertenencia), las situaciones aludidas dan cuenta de un tipo social de “no
ciudadanos”, de parias que como tal no figuran en ninguna Constitución, que la sociedad se niega a
reconocer como pares iguales (Amorós, 1994), pero que tampoco existen como “otra identidad”.20
Estas son algunas de las representaciones de la pobreza que pueden discernirse en una maraña de
referencias, muchas veces sobreimpresas como alusiones indirectas, discursivamente fundamentadas,
pero fundamentalmente como “estructuras operantes” (Geertz, 1995: 30) en la vida político-cultural. Tales
usos y los fundamentos que son discursivamente elaborados, por parte de los actores más relevantes y
poderosos del ajuste (desde el gobierno hasta el más aséptico de los organismos)
conforman, en
conjunto, un discurso social (Ibid: 30) de la pobreza, que superpone versiones informadas en esquemas
ideológicos diversos, incluyendo aquellos que la niegan: es que “los pobres” de los 90 son, al mismo
tiempo, la consecuencia del éxito de un proyecto político que propuso (y expuso) un modelo exclusivo 21
de sociedad, y la prueba de su fracaso para hacer de ella una comunidad nacional.
El trabajo, entre la economía y la moral: la posibilidad de trabajar a cualquier precio y en cualquier
condición
Aquel tipo de vinculación entre pobreza y trabajo (que agrega carencias a los pobres) fue el que se
impuso cuando finalmente la desocupación abierta se disparó y la cuestión social fue constituida
firmemente en torno al tema del trabajo. Inicialmente la cuestión del trabajo se subsumió en el problema
del empleo y fue tratado estrictamente como un problema del mercado. Esto es, al margen de las
necesidades del sujeto desempleado. Si vale establecer una secuencia, al principio de la década fue el
empleo en negro el problema que ameritaba las “reformas laborales”: interpretado como autoajuste del
Luego explicaría que su reacción fue motivada por la indignación que le produjo ir a “visitar una obra pública, que
será muy beneficiosa para la ciudad, y encontrarse con gente quemando gomas”, (Clarín, 29/6/95
20
Imagino que un antropólogo marciano podría narrar el caso de la ciudad de Santa Fe y el fronterizo con el mismo
asombro que Levi-Strauss mostraba frente al bororo soltero: “Uno de los momentos más conmovedores de mi trabajo
de campo entre los Bororo fue el encontrarme con un hombre [...] mal alimentado, triste... Cuando pregunté si el
hombre se hallaba gravemente enfermo, la respuesta de los nativos me resultó un shock: el hombre no tenía nada de
particular, salvo el hecho de ser soltero. Ciertamente en una sociedad [...] en la que únicamente el status matrimonial
permite al hombre gozar de los frutos del trabajo de la mujer [...] un soltero es en realidad medio ser humano”
(Claude Levi-Strauss: “La Familia”. En: Polémica sobre el origen y la universalidad de la familia. Editorial Anagrama,
Barcelona, 1976). El antropólogo imaginario debería reemplazar “soltero” por “pobre”, como la condición que despoja
al sujeto de una parte considerable de los rasgos de la ciudadanía moderna.
21
Esto porque no se trata solamente de la exclusión de los beneficios del crecimiento, del ámbito del trabajo, de la
participación políticas, etc., de una parte importante de la población, sino además de la distinción de la pertenencia .
14
mercado, tras los cambios en las condiciones de contratación se justificaba la adecuación de la ley. Con
el desempleo abierto, se trató de “bajar los costos del trabajo” y adecuar las condiciones del empleo
para mejorar la competitividad de la producción y, por derivación, expandir la demanda de trabajo. Se
trataba, así, de una aproximación a dos tipos de necesidades en tensión: el de la reproducción ampliada
del capital y el de la reproducción de los trabajadores. Para el primero, el trabajo devino un factor caro;
para el segundo, una posesión cada vez más devaluada y, en algunos casos, en desuso en un mercado
saturado. Luego, cuando estos índices de desocupación abierta se estabilizaron en niveles muy altos, el
trabajo en sí fue objeto de problematización, dando lugar a su constitución en factor de humanización y,
por derivación, en necesidad del sujeto y, más aún, en necesidad primordial. Cada vez más, la
problemática del trabajo adquirió preponderancia también en los debates en el campo académico, que
pasó de pivotear en el par pobreza-exclusión, a revisar otra relación: trabajo-integración.
La problematización en términos de exclusión-integración retoma, en cierta manera, el debate inconcluso
de la marginalidad y el dualismo estructural de los años setenta, en el marco del arraigo de un orden
social que dejó poco espacio para discutir acerca del sentido de la integración, en tanto la ideología de la
modernización definía la marginalidad como inadaptación cultural. Con esa perspectiva confrontaba Nun,
cuando reinterpretaba el fenómeno en términos de “masa marginal”, adelantando entonces lo que el
propio régimen social “exitoso” de los 90, dejaría al descubierto: estrictamente desde el punto de vista de
la acumulación, el capital puede reproducirse prescindiendo del trabajo y de las demandas de consumo
de una parte de la población trabajadora. Si, por ese tiempo, la formulación de Nun “develaba” una
característica estructural del capitalismo dependiente, que la ideología desarrollista desconocía tras la
expectativa de la paulatina incorporación a la producción moderna y mayores y mejores niveles de
consumo y ascenso social masivo, en la última década, los imperativos de la “globalización” establecieron
las prioridades respecto de la fuerza de trabajo: la rentabilidad de las inversiones y la competitividad de
los productos impondrían las condiciones reguladoras del mercado de trabajo.
"No cabe duda que el desempleo es uno de los problemas serios, en este país como en tantos otros
(...) al desempleo hay que oponerle mayores niveles de competitividad, y en el caso argentino
parece necesaria una mayor flexibilidad laboral" (Michel Camdessus: La Nación, 28/5/96).
Pero la persistencia de niveles altos de desocupación resultaba potencial fuente de deslegitimación para
el partido de gobierno, que contaba en su historia a la clase trabajadora como “columna vertebral”; y, aún
para las propias instituciones del Estado neoliberal, cuando además, “lo social” volvía a la escena y el
gobierno era interpelado por la persistencia de inequidades y por la ineficiencia en la gestión de las
políticas sociales, señalada por los propios inspiradores del ajuste.
Entonces se distinguieron los dos órdenes del problema: el del trabajo, en un sentido genérico; y el de su
empleo en el mercado. Y se singularizaron dos tipos de discurso: un discurso moral que trató el trabajo
15
como esencialidad (factor de humanización); y el discurso económico, que se mantuvo centrado en el
empleo y los desajustes del mercado respectivo: ahí se trata de un factor de la producción y mera
mercancía. Aunque en tensión, estas formulaciones resultan complementarias en una coyuntura de alta
desocupación: el discurso moral, que hace del trabajo una esencia, pone a su ocupación en un puesto,
por delante de las condiciones que se establecen para tal ocupación.
Para el modo capitalista de producción, la contradicción radica en que a la realización de la humanidad
por medio del trabajo, le subyace la constitución de éste en objeto de intercambio en un mercado
específico para su consumo en la producción, por sobre el sujeto, que no cuenta como tal desde el punto
de vista estricto de tal proceso. Es decir que, desde el punto de vista de la valorización del capital, opera
la mercantilización del trabajo. Ajuste del mercado de trabajo, costo del trabajo, mejora en las condiciones
de rentabilidad y competitividad, etc. son los recursos lingüísticos culturalmente compartidos de la
economía capitalista que designan condiciones que conciernen a la misma.
[La idea de la flexibilización laboral o “adaptación”, “suavización”, “modernización” -todos sinónimossignifica una respuesta a la] “...necesidad de menores costos sociales y mayor gobernabilidad del factor
trabajo, lo que implica menor garantismo legal. (Daniel Funes de Rioja, Página 12, 22/10/89). 22
“... este plan requeriría una reducción de los salarios del 50% para que la economía argentina pueda
funcionar correctamente y crecer en serio [para que bajen los salarios a un nivel deseado se requeriría
una presión de la desocupación que] [...] Posiblemente [...] esté entre los extremos de 14 y de 23 por
ciento...” (Eduardo Conessa, Ambito Financiero de enero 1994, citado por H. Verbitsky, Página 12,
30/1/94)
“... reducir el costo laboral [...] es muy importante porque el trabajo compite con el capital y si no bajamos
el costo laboral, reducir el desempleo resultará muy difícil, porque los nuevos proyectos buscarán
combinaciones ricas en capital y pobres en trabajo”. (Eduardo Escasany, Presidente de ADEBA, reportaje
Clarín, 24/5/98).
Sin embargo, el discurso moral esencialista dice que subvenir a las propias necesidades hace a la
dignidad y a la condición humana: por eso, lo primero es trabajar (a cualquier precio y en cualquier
condición). El diferencial de poder del sujeto del trabajo (más aún, la mayor pérdida de autonomía en un
mercado “desregulado” de normas de protección), queda subsumido en la “dignificación por el trabajo”.
La relación de intercambio (desigual) entre individuos libres “igualados” en el mercado, muda en dirección
de otra asimetría: aquella fundada en la efectiva fórmula de sentido común de “dar trabajo”. El
“intercambio”, a la vez, vira de relación económica a medio de realización humana y, en ese tránsito, los
El texto es parte del documento sobre “Proceso de ajuste para una reforma estructural de la economía: empleo y
flexibilidad” presentado al Coloquio del Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos de la Argentina (IDEA), citado por
Página 12. Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y jefe del departamento de política social de la UIA,
representante del sector empresario en el Consejo del Salario. Como se desprende del mismo, se plantea aquí una
contradicción de los propios términos, en tanto la idea de gobernabilidad remite a sujetos, no a un mero factor.
22
16
“empleadores” son reconvertidos en agentes activos de tal proceso. La relación contractual propia de un
mercado de trabajo se reconstruye como una acción unilateral.
El Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), cardenal Raúl Primatesta, lo sintetizaba así
cuando la resolución de la crisis aún era incierta 23:
“El trabajo es anterior al dinero y la moneda debe subordinarse al trabajo y al hombre”., [y pidió a los
empresarios que] “...tengan la generosidad de dar trabajo a riesgo de ganar menos ahora (...) El trabajo
es un bien del hombre, es un derecho, es actividad, es la vida del hombre. La patria necesita trabajo y
una de las exigencias de la patria es que haya quien tenga la generosidad de dar trabajo. (...) Hay
necesidades muy concretas, necesidades materiales que golpean. Pero hay necesidades materiales que
hablan de crisis de moralidad, de crisis de humanidad”. (Página 12, 15/12/89)
Un comentarista comprometido con el pensamiento de la Iglesia, reseñaba así el encuentro de los
Obispos católicos con los dirigentes de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa) y con el
secretario de Programación Económica del Gobierno nacional, Juan J. Llach:
“Se sabe desde hace mucho que en la perspectiva de la doctrina social católica el desempleo supone un
conflicto que va más allá de la sola falta de un ingreso fijo y seguro para el respectivo grupo familiar: en
rigor implica una angustia permanente para quienes lo padecen, y trae como consecuencia que la
persona humana mantenga en algún sentido incompleto su pleno desarrollo y realización como tal. Los
obispos destacaron que está faltando en la Argentina, en la medida necesaria, una auténtica cultura del
trabajo. Ante ello, uno de los argumentos manejados por los visitantes- particularmente por parte de
Llach- fue que precisamente la desregulación contribuirá a eliminar numerosos obstáculos que hasta el
momento impedían a muchas empresas asumir el riesgo de incrementar su plantel de personal, de modo
particular en virtud de las normas laborales” (Norberto Beladrich: Clarín, 5/11/91). Estaban presentes,
entre otros, representantes del Grupo Pérez Companc, Alpargatas, Banco Boston, Pescarmona, etc.,
El periodista Bernardo Neustadt publicó una solicitada dirigida al empresario Franco Macri en el marco de
lo que, según se desprende, es el resultado de una audiencia de conciliación por disputas mantenidas
ante dichos del periodista respecto de las protecciones del mercado automotor. Allí expresa, entre otros
conceptos, que Macri “... dio trabajo a miles de personas y se transformó en uno de los líderes
empresarios más importantes y poderosos del país. Admiro el éxito, admiro a los luchadores y estamos
ante un exitoso y un luchador”. En la misma solicitada, aseguraba que “dar trabajo debiera figurar en el
mandato bíblico” (publicada en Clarín, 31/3/98).
Estas interpretaciones y aquel tipo de relación establecida entre pobreza y trabajo que sumó carencias a
los carenciados, es posible porque en las sociedades fundadas en el trabajo, la manera legítima de evitar
23
Claudia Danani, en las sesiones de trabajo internas del proyecto de investigación compartido en los años
precedentes, observaba este mismo sentido respecto del empleo, en declaraciones de funcionarios eclesiales, según
las cuales, dar trabajo sería un acto de caridad.
17
(o superar) éstas es a través del propio esfuerzo: por eso el trabajo se transfigura, también en el sentido
común, y la no ubicación en un puesto resulta en “algo que el sujeto no tiene”; y en una carencia que
está en la base de todas sus privaciones. Por eso también, el “trabajo puede darse” (o no). De ahí, hubo
un paso a otra transfiguración: el trabajo comenzó a percibirse, además, como un bien escaso y
privado (del que dispondrían los “exitosos y los luchadores”, para “darlo” o por “tenerlo”) 24.
Ahora bien, desde Adam Smith, en la sociedad de los productores libres, el trabajo (la “fuerza de trabajo”,
para Marx) es un recurso intercambiable en un mercado específico (el mercado de trabajo), a fin de ser
“usado” (consumido) en la producción de bienes y servicios, a su vez intercambiables. En ese mercado
se definen los acuerdos contractuales y las condiciones de disposición de un recurso cuya característica
es ser inescindible de su portador.
La idea según la cual la relación en el mercado entre productores libres es la relación social fundante,
surge de los principios del liberalismo económico para el que “la sociedad no existe” fuera del mercado: la
relación social no es, sino, una relación económica. Y, sin embargo, aquel discurso moral compartido en
sus mismas filas, le tiende un velo piadoso.
Estas formulaciones no se mezclaron entre sí, sino que coexistieron y el “mito del trabajo” sobrevoló los
ámbitos de negociación de la legislación laboral, donde el problema, sin embargo, se debatió
estrictamente como “problema de empleo” y de costos de producción.
Se trató, en síntesis, del problema del empleo del factor trabajo y de la empleabilidad de la oferta
disponible, para el discurso económico; y de una necesidad del sujeto y factor de humanización, para el
discurso moral.
En el primer caso (el discurso económico) las necesidades de la vida del sujeto (el acceso a los recursos,
la protección ante imprevistos y la participación en la producción de la propia sociedad) implicadas en el
empleo de sus capacidades, no entraban en consideración en los análisis del mercado. En esa visión
restringida del problema, el trabajo humano entra como mero factor del proceso económico. El discurso
moral, por su parte, se hizo cargo del sujeto (realizado en su humanidad por el trabajo), sin consideración
alguna de las relaciones en las que tal capacidad se realiza. La presión del mercado que se autoregula y
la mitificación del trabajo convergieron, así, en la habilitación del “trabajo a cualquier precio y en cualquier
condición”.
Esta idea de que el “trabajo se da”, en lugar de que crean puestos de trabajo, no es una particularidad de los 90,
aunque aparezca exacerbada entonces.
24
18
A la vez, entre el problema de los desajustes del mercado de trabajo y aquel problema social de las
necesidades insatisfechas “de los pobres”, se estableció sólo esta frágil conexión, obviando las dos
cuestiones determinantes: las condiciones del empleo y el nivel de salarios.
De ahí el carácter abstracto del discurso referido a la (nueva) cuestión social que se hizo hegemónico en
los 90: las relaciones que organizan, distribuyen y viabilizan el uso del trabajo, estuvieron ausentes en la
construcción del problema del empleo; como estuvieron ausentes en la constitución de la pobreza como
estado de carencia.
El Estado social y las instituciones del trabajo se hicieron cargo de la tensión que supone la
mercantilización y la realización por el trabajo, mientras el mercado resolvía con relativa eficacia la
relación oferta-demanda de trabajo. Cuando aquel conjunto de regulaciones fue puesto en crisis y los
ajustes del mercado, en función de los imperativos de la acumulación sin otras restricciones normativas,
rompieron aquel equilibrio, la formulación de un discurso de revalorización del trabajo en estos términos
se hizo otra vez necesaria y se volvió más vigorosa25, porque convergieron, también por esa línea, los
reclamos de atención al problema social.26
El derecho a trabajar con derecho a un salario mínimo, estabilidad en el puesto, seguridad, etc. (cuando
las condiciones del mercado eran de pleno empleo y las políticas se plasmaban en un Estado social),
devino en mera necesidad de trabajar bajo mínimos requisitos contractuales de amparo (cuando la
demanda de trabajo cambió sus requerimientos, pero fundamentalmente cuando las condiciones políticas
plasmaron en un Estado que expresa la ruptura de los compromisos de protección colectiva al polo más
débil de la relación de producción).
Hasta acá, se puede sintetizar que la cuestión del trabajo puede ser constituida como un problema
puramente económico (el del empleo, que supone ajustes en el mercado de trabajo); o como un problema
propiamente social, cuando atiende al sujeto. En este caso puede ser: a) una necesidad humana (cuando
se obvia la relación social en la cual se mercantiliza; o, b) se trata de una capacidad propiamente humana
de transformar el medio y proveer a las necesidades más allá de las retricciones de la naturaleza,
intercambiado y organizado en una relación social de mercado. Sólo en este último caso se abre el
25
No era necesario afirmar el valor social del trabajo cuando tal valoración se expresaba en la protección del sujeto
del trabajo. Esto se reafirma cuando se ponen en cuestión las instituciones de la protección y se restringe la oferta de
puestos de empleo; y quienes no encuentran un lugar son reconocidos como fuente potencial de otros problemas:
desarraigo, indisciplina, etc.
26
Véase, por ejemplo, la reiterada crítica de algunos obispos de la Iglesia católica. En la Declaración de la Asamblea
Plenaria del Episcopado, de 1994, se denunciaba la situación social en estos términos: “Nos preocupa la insuficiencia
de fuentes de trabajo, con su inhumana secuela de desocupación [...] la mayor pobreza material del hombre es no
poder trabajar”. (Página 12, 9/11/94).
19
problema de las condiciones bajo las cuales se realiza tal capacidad y puede reintroducirse al sujeto de
esta relación, no como “necesitado” de trabajo, sino como portador de una tal
capacidad, aunque
subordinado en la relación que organiza el intercambio y la distribución del trabajo.
II. Estado, sociedad, mercado
Descomponer la (nueva) cuestión social según los términos con que quedó constituida en estos años, se
imbrica a la instancia que expresa su institución en un orden normativo. Esto es, en el conjunto de
regulaciones de la vida social referidas a la participación en la producción y a la reproducción ampliada
de la vida, que formalizan la política social del Estado.
Entender a la política social como un orden político que, más allá de los “sectores” respectivos,
habilita/inhabilita determinadas condiciones de lucha social (qué es lo legítimamente reivindicable y por
quienes) y habilita/inhabilita determinadas condiciones de intervención y capacidad de imposición política
(cuáles son las intervenciones legítimas del Estado y en qué ámbitos), supone revisar lo central del
“relato moderno” acerca de las instituciones y esferas de la vida social. Es decir, reconstruir teóricamente
la relación Estado / sociedad / mercado, de un modo que no sea mero reflejo del conocimiento corriente
(alimentado en las ideologías del mercado libre de valores y, también, de la a-politicidad de la sociedad
civil)27 superando su naturalización como esferas separadas. Partiendo de tomar en serio los dos grandes
paradigmas respecto del Estado (el que lo instituye en el referente de la ciudadanía que hace al individuo
sujeto de derechos y deberes; y el que lo erige en superestructura de dominación de clases), es posible
aquella reconstrucción.
El Estado Moderno supone un principio de igualdad de ciudadanos libres, en convivencia en una
comunidad política (la Nación) que delimita quienes gozan de tal condición o cuales son los requisitos
para acogerse a ella. Su constitución es la expresión de los acuerdos de los ciudadanos en torno de
derechos y deberes cívicos que, a la vez, se impondrán por medio de la autoridad pública legítima, la que
no podrá avanzar sobre la privacidad, pero sí regimentar los intercambios privados para asegurar
condiciones iguales de participación en dicho tráfico.
En la definición de Estado Capitalista está contenido su carácter de Estado clasista. El capitalismo como
modo de producción supone la desposesión de los productores, “libres” en los dos sentidos a los que se
refiere Marx: de la dependencia servil, y de toda posesión. Ambas “libertades” constituyen la condición
para la formación del mercado de trabajo, en el cual la fuerza de trabajo deviene una mercancía y se
reconstruye la dependencia, sancionada por la superestructura legal y mantenida por la fuerza represiva
del Estado.
27
Puede verse el análisis de Somers (1996/97) sobre la teoría anglosajona de la ciudadanía.
20
Si ambas nominaciones refieren a la misma formación histórica (y aceptando que ninguna teoría es
enteramente errónea y ninguna ideología pura falsedad) el Estado que conocemos sostiene simultáneamente- la libertad y la igualdad; y la dependencia y la desigualdad. En tanto que la
contradicción es constitutiva, empuja los problemas que la ciencia política designa como “problemas de
legitimidad”, al tener que hacer compatibles la igualdad formal a partir de la desigualdad estructural que
constituye a la sociedad capitalista. Tales problemas, planteados en el seno de la sociedad, plasman en
arreglos transitorios y en formas de Estado, según sean las condiciones de la lucha social.
Ahora bien, por su naturaleza, las soluciones a los problemas de legitimidad se plantean
argumentativamente, en tanto se sostienen en consideraciones lógicas y discurren en el ámbito políticocultural. Es decir, en procesos de significación en los cuales las relaciones fundantes son tratadas
discursivamente, haciendo posibles aquellos arreglos. Si ellos se traducen en instituciones y normas,
éstas necesitan esos fundamentos, razones y/o sentidos de donde derivar su legitimidad (es decir, de
donde puedan ser reconocidas en su justeza o como adecuadas al problema que les subyace). En este
sentido, la solución no es propiamente material, sino esencialmente del orden de lo político y siempre
transitoria, porque las instituciones (y los respectivos cuerpos normativos), no cumplen un “ciclo natural”
de “surgimiento-maduración-crisis”, sino que son criticadas y puestas en crisis, cuando los parámetros
valorativos que las sostienen y ellas mismas son cuestionados en su positividad como solución a un
problema dado; y cuando el conjunto de esos cuestionamientos alcanza una magnitud tal como para
desacreditarlas.
En tanto que el individuo libre es el sujeto de los derechos y deberes, formalmente el Estado moderno
capitalista conlleva aquel principio de privacidad que supone la limitación de la “autoridad pública”, al
tiempo que erige a ésta en garante de las libertades y los derechos individuales, con capacidad de
imponer el cumplimiento de los deberes y la obligación de respetar y hacer respetar aquellos derechos.
Este principio se replica en el Mercado, en tanto instancia autónoma de organización de la producción,
donde de lo que se trata es de la libertad de los agentes económicos. Al respecto, el Estado condensa la
institucionalización y regulación de las condiciones de la producción, que incluyen desde la afirmación de
la libertad de las personas para establecer intercambios, hasta los mecanismos del dinero o el régimen
de propiedad. En conjunto, se trata de las premisas del proceso económico (Habermas, 1986-b); no
obstante lo cual el Mercado se presenta cómo despolitizado, naturalizado y despojado de normas
morales o de la orientación hacia la satisfacción de necesidades de reproducción que no sean
estrictamente las de la fuerza de trabajo que demanda la producción.
De ahí que la integración social dependa de instituciones políticas. La cohesión social se sotuvo en la
nacionalidad hasta que la rebelión de los débiles en el mercado (Habermas, 1986-a: 173), dio paso a la
21
emergencia de “lo social” y a otras dimensiones de la cuestión, como son la participación política
(“resuelta” con el voto universal) y el problema de la desigualdad derivada de la desposesión, que
culminó en las instituciones de bienestar ya bien entrado el siglo XX.
En tanto que el status de ciudadanía (es decir, la condición social que detentan las personas,
dependiente de la pertenencia a tal comunidad política) es inclusiva de otras pertenencias particulares
(comunidades religiosas, étnicas, sociales, sexuales) y que estas particularidades no debieran ser óbice
para el goce de los derechos cívicos, la participación política y la satisfacción de las necesidades, la
ciudadanía moderna se presenta como una categoría “expansible” tanto en términos de los individuos
que la conforman (la base social) como, consecuentemente, de los derechos que la definen. La clásica
formulación de Marshall (1967) pone esta cuestión en términos de diferentes tipos de derechos (civiles,
políticos y sociales) que se han sumado históricamente, hasta alcanzar pleno desarrollo con la
constitución del Estado de Bienestar que, al final del proceso, institucionalizó los derechos sociales.28
Antes que realidad empírica, una formulación de estas características funciona como comunidad de
diálogo que empuja a la ampliación de la ciudadanía en términos de mayor igualdad y más iguales. La
realidad del principio de igualdad emana, así, de su deseabilidad; esa realidad intangible constituye al
concepto en herramienta de lucha antes que en expresión de la inevitabilidad y universalidad de tal
construcción. De ahí que los alcances de la igualdad y la libertad son dependientes de los procesos de
hegemonización político-cultural y la ciudadanía misma es una categoría disputada en la lucha social
por la atribución de sentidos y por la adscripción de deberes y derechos a dicho status.
De otro lado, siguiendo el razonamiento anterior, la ampliación del status de ciudadanía conlleva la
ampliación progresiva de la “estatalización” de la sociedad, al ampliarse los ámbitos en los cuales el
Estado tiene la capacidad de imposición de los deberes que acompañan la realización y/o el goce de
los derechos. Conjuntamente, más derechos a más particulares supone también la institucionalización
de la restricción del poder (y, por lo tanto, de los márgenes de libertad) “de los más fuertes”, en más
ámbitos, incluyendo el Mercado.29
La constitución de la cuestión social en cuestión de Estado, implica, por su parte, la estatalización
paulatina de las intervenciones sociales (históricamente, a cargo de las instituciones de la caridad y las
sociedades filantrópicas). Si estas últimas eran una manifestación de la laicización de la vida social propia
28
Los derechos civiles están vinculados a la preservación de la libertad individual; los políticos establecen la igualdad
en la participación política (de elegir y ser elegido); los sociales suponen la garantía de acceso a los bienes básicos
para la satisfacción de necesidades y a la seguridad frente a contingencias diversas.
29
Por ejemplo, los acuerdos respecto de la necesidad de crear condiciones de igualdad de oportunidades para las
mujeres que se plasman, entre otras medidas, en la obligatoriedad de “cuotas” de candidatas en las listas para
legisladores, supone aceptar/imponer restricciones al poder de los varones.
22
de la modernidad y constituían instituciones de disciplinamiento en un contexto de lucha social
fragmentada y heterogénea, la estatalización exhibe los impulsos en el seno de la sociedad, hacia la
totalización de los conflictos y hacia el disciplinamiento, simultáneamente.
La emergencia de lo social corresponde al momento que describe Marx en el punto sobre “La lucha por la
jornada normal de trabajo” (El Capital, tomo I) cuando -después de que transcurrieran siglos por
disciplinar a la mano de obra libre- en sus “tiempos orgiásticos” el capital superara “... todas las barreras
opuestas por las costumbres y la naturaleza, la edad y el sexo, el día y la noche...” (Ibid: 219); y “...
cerrado el trato se descubre que el obrero no es ‘ningún agente libre’, que el momento en que se le deja
en libertad para vender su fuerza de trabajo es precisamente el momento en que se ve obligado a
venderla... [entonces lucha por] [...] una ley del Estado, un obstáculo social insuperable que les impida a
ellos mismos venderse [...] mediante un contrato libre con el capital” (Ibid: 241).
Política social y política laboral
De lo anterior resulta que el Estado es inmediatamente el ámbito de referencia privilegiado de la
reproducción social, entendida ésta en el sentido amplio de la recreación de aquellas premisas del
proceso económico, de las instituciones, valores y pautas básicas que orientan la vida social y la
consecuente continuidad elemental de las prácticas sociales (Giddens, 1995); pero también en lo que
atañe, específicamente, a la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo. En ese punto, las políticas
sociales son un espacio crítico: como políticas de Estado 30 condensan la hegemonía y tienen capacidad
de normatizar y normalizar el ámbito de la reproducción. Por esa vía, el Estado participa en la definición
de problemas sociales, en la delimitación de su propia responsabilidad, en la determinación de sujetos
“merecedores” de sus intervenciones y de las condiciones para dicho merecimiento. Son, en fin, la
manera en que la cuestión social es constituida en cuestión de Estado y, en consecuencia, el resultado
de la politización del ámbito de la reproducción.
De ahí que estas políticas expresan los principios y postulados que organizan la vida social y la medida
en que una sociedad se acerca o se aleja del reconocimiento de las necesidades de todos sus miembros,
así como su capacidad de protección de los mismos. Asimismo, muestran la manera en que se resuelve
la cohesión y la integración social, entendida como el derecho que a cada uno le asiste de constituirse
(reconocerse y ser reconocido) como un sujeto valioso para su sociedad y de proyectar su vida más allá
de la mera supervivencia. Teniendo en cuenta la subordinación derivada de la relación en el mercado de
Hay que aclarar que las “políticas de Estado” no derivan tal condición de una “voluntad estatal” autónoma, del
mismo modo que no son la expresión directa de las “decisiones” de sus funcionarios. Una política de Estado es la
dirección que se impone activamente en la acción estatal como expresión o en nombre de intereses
generales. En ese sentido, puede entendérselas como condensación de los procesos de hegemonización
político-cultural.
30
23
trabajo, esto depende de la preservación de grados de autonomía, cuando se desmercantiliza
políticamente parte de la reproducción, liberando al trabajador de la total dependencia del salario.
Volviendo a Marx, cuando se impide el contrato enteramente libre con el capital.
Si esto es así (si la política social del Estado refiere a las regulaciones de la vida social en lo que tiene
que ver con la participación en la producción de la sociedad y en lo que tiene que ver con la reproducción
de la propia vida), quiere decir que toda Política Social conlleva una definición del trabajo y de los sujetos
del mismo y que la política laboral es el eje principal de la misma y determina el sentido de la seguridad y
de la asistencia.
La política laboral y el problema del empleo
Dicho esto, hay que distinguir, en la política laboral, una la política de empleo propiamente dicha; y ésta,
de lo que puede identificarse como política de asistencia social al desempleo. Si la política laboral del
Estado condensa el sentido general con que se orienta la regulación de los intercambios en el mundo del
trabajo (mayores o menores restricciones al contrato libre con el capital) la política de empleo, siendo
parte de aquella, no solamente supone acciones normativas, sino también intervenciones
propiamente económicas dirigidas ex professo a incidir en el mercado de trabajo; es decir, que se
propone alterar políticamente las reglas de juego “naturales” del mercado en dirección de aumentar el
número de puestos de empleo y controlar (regular) el uso de la fuerza de trabajo. Las políticas de
asistencia, por el contrario, se dirigen a los sujetos desempleados, con objetivos compensatorios
diversos, pero son ajenas al funcionamiento del mercado de trabajo.
Si se atiende a aquella desagregación de los problemas, tal como quedó constituida la cuestión social y al
tipo de intervenciones (“las soluciones”) que caracterizaron al Estado neoliberal de los 90, se encuentra
que la política laboral tendió en general a ajustar la normativa legal a las nuevas condiciones del
intercambio en el mercado de trabajo y se orientó por el propósito de adaptar la fuerza de trabajo (y a los
propios sujetos) a las nuevas condiciones de producción (en cantidad, calidad y disciplina). El sentido
adaptativo de esta política, dio la nota al conjunto de la política social, que transitó de la seguridad y la
protección de los trabajadores, a la asistencia focalizada en sujetos con problemas de carencias: de
recursos y/o de trabajo.
Así, la política laboral apuntó, prioritariamente, a: disminuir el riesgo empresario (antes que los riesgos del
trabajo) y los costos de producción (del trabajo, antes que de otros factores); favorecer la rotación de la
mano de obra, eliminando la rigidez de los contratos y los costos del despido; flexibilizar la gestión del
tiempo de trabajo (jornada, vacaciones, etc.) en favor de un uso más adecuado a las necesidades
24
estacionales de la producción de la empresa;31 y adaptar a la fuerza de trabajo y a los sujetos a las
nuevas condiciones técnicas y de gestión de la producción. Esto último supone operar en el campo de la
educación, acciones de re-entrenamiento de la mano de obra existente y la orientación en una nueva
disciplina y una nueva moralidad del trabajo. En este movimiento caben aquellas nuevas nociones de:
disponibilidad y compromiso con la empresa, condiciones y disposiciones de movilidad tras la ruta del
empleo, capacitación flexible y capacidad para resolver problemas nuevos, etc.
Respecto del problema del desempleo, no hubo, estrictamente, una política de empleo en el sentido
antes dicho y sí, en cambio, un conjunto de planes y programas que, bajo el rótulo de “políticas de
promoción del empleo”, estuvieron dirigidas al sujeto desempleado o, en el mejor de los casos, a
subvencionar puestos precarios para desempleados o a generar ocupaciones asistencializadas.
En tanto que la explicación técnica de las causas del desempleo oscilaba entre la expectativa optimista
de los primeros años del programa de estabilización, según la cual el aumento de la productividad y la
competitividad de las empresas locales 32 produciría un “derrame de puestos”; y su contraria, según la
cual el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad dan lugar a la disminución de la demanda
de trabajo y a la obsolecencia de una parte de la fuerza de trabajo, las medidas se acomodan en un
continumm que va de una máxima liberalización del mercado de trabajo a intervenciones “controladas” y
asistencialistas, sin incidencia en ese funcionamiento 33.
Por otro lado, se esperaba, en general, que la adecuación de las normas a los “ajustes automáticos del
mercado”, mejoraría la disposición de las empresas para tomar nuevos trabajadores, favorecería la
legalización de los contratos ilegales existentes, así como la creación de formas contractuales precarias
desinsentivaría el empleo ilegal. Una buena parte de las medidas que se tomaron tuvieron esa finalidad
expresa, inspiradas en una ideología que inhabilita las intervenciones normativas con capacidad de
contrabalancear el poder de negociación en los intercambios en el mercado de trabajo, haciendo,
entonces, más rígidas las condiciones estructurales de dicho intercambio. En ese marco se inscriben
31
Uno de los primeros convenios de estas características fue acordado por el SMATA con General Motors de
Argentina, a principios de 1994; luego haría lo propio con la FIAT y con CHRYSLER. Los acuerdos incluyeronn
polivalencia de funciones, flexibilidad horaria y un módulo horario anual que permite compensar las jornadas según la
demanda de trabajo; división del período de vacaciones, etc.
Esta expectativa orientaba los acuerdos de “aumentos por productividad” firmados por varios gremios, entre ellos,
del sector automotor.
32
“El Programa ha sido diseñado de forma tal que permite la consecución de sus objetivos sin distorsionar el
funcionamiento del mercado de trabajo, al que perfecciona mediante la capacitación. Aumenta la eficiencia de los
recursos humanos e incorpora las señales de la demanda en cuanto a cantidad, calidad y orientación de las
ocupaciones en el ámbito de la formación de los recursos humanos. Esto se construye sobre la base de un nuevo
modelo de organización económica, cuyo eje central consiste en otorgar al mercado la tarea de ser el principal
asignador de recursos de la economía” (Presentación del Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva (PARP).
(Revista Aportes, 1995: 183).
33
25
medidas de política laboral como la reducción extrema de las indemnizaciones por accidentes laborales
y, luego, su reemplazo por un sistema de autoahorro de los empleados (seguro de riesgos del trabajo);
los contratos transitorios, de prueba, de aprendizaje, etc. A pesar de ello, se mantuvieron elevados tanto
el desempleo como el trabajo en negro, al tiempo que se instaló en valores muy altos el sobre-empleo34.
La combinación de la posibilidad de la sobreocupación, la mayor disponibilidad y adaptación del trabajo a
las necesidades de la producción, y la reconversión tecnológica (en los sectores donde se produjo), debe
redundar en aumento de la productividad; pero, entre otras cosas, por eso mismo no parece esperable
que ocasione un aumento automático de la demanda de trabajo.
En general, puede afirmarse que, a lo largo del período, la estrategia de mayor consenso se orientó en
dirección de una marcada restauración del empleo a cualquier precio y en cualquier condición. Así resulta
del tipo de regulaciones del mercado laboral, que impusieron condiciones más laxas de contratación; y
del tipo de puestos de empleo que se crearon con la asistencia del Estado, dando lugar a la proliferación
de ocupaciones transitorias y desvalorizadas, paralelamente a la persistencia del trabajo en negro y las
ocupaciones informales y escasamente rentables.
Los ejes teóricos de la política laboral han sido la flexibilización y el reentrenamiento de la mano de obra:
ambos caben en la definición de adaptabilidad de ésta al mercado. Pero la capacitación y el
reentrenamiento apenas fue una línea más de la política de asistencia social y el otro eje se redujo a
afianzar el estado de disponibilidad de la fuerza de trabajo.
Tal política no incluyó, por definición, una política de empleo que impulsara la ampliación de un uso
normativamente controlado de la fuerza de trabajo disponible; es decir, que además de incidir para
aumentar la demanda de trabajo, tomara en cuenta la existencia de un sujeto humano en cada “puesto
de empleo” creado por el mercado.
Solamente cuando los problemas del trabajo amenazaron con convertirse en focos de conflicto o en
fuente de deslegitimación (entre otras cosas, porque la única reivindicación “particular” legítima del sujeto
del trabajo, terminó por ser el trabajo mismo) se levantaron propuestas de inversiones en obras públicas
que mayormente chocaron con el problema fiscal, por lo que fueron casi siempre anuncios de gran
impacto, que luego no se concretaron 35. En cuanto a los proyectos sostenidos en inversiones privadas, al
34
Por ejemplo, según la EPH, estaban sobreocupadas en octubre de 1997 casi un 1.900.000 personas (la mitad de
los varones y casi el 30% de las mujeres). De ellas, solamente 344.500 declararon tener más de una ocupación
(7.6% de la población ocupada total); la amplia mayoría trabajaba más de 45 horas en un único puesto.
35
El Senador Antonio Cafiero observaba que en el proyecto de presupuesto para 1995 que el Ejecutivo envió al
Congreso, el cálculo para inversión pública era inferior al 1%, mientras “en otras épocas era del 7 u 8 por ciento”:
nota de Jorge Aulicino, Clarín, 11/12/94)
26
ser dependientes de condiciones de rentabilidad, pusieron en evidencia la escasa disposición de los
dueños del capital a asumir los riesgos correspondientes. 36
Simultánemente, se impulsaron los planes y programas de asistencia a los desempleados (pobres y
descalificados, principalmente), que incluyeron alguna modalidad de ocupación como contraprestación 37:
desde aquel efímero Plan Llamcay, producto del paso de Erman González por el Ministerio de Salud y
Acción Social, hasta las llamadas “políticas activas de promoción y capacitación laboral”, desarrolladas en
la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A tales efectos y al pago del Seguro por
Desempleo, se destinó el Fondo de Empleo, creado por la Ley de Empleo de 1991. Este último tuvo una
connotación ambigua en el marco ideológico en el que se inscribió su implementación. Por un lado, en
tanto “seguro” remite a aquel espíritu que supone asumir que “estar desempleado” es una contingencia
posible cuando el mercado organiza la distribución de productores y recursos y, por lo tanto, un “riesgo”
del trabajo. Pero fue insuficiente, parcial y se “asistencializó” al instituirse como el “subsidio” a los
desocupados, igual que las transferencias monetarias de los demás “programas de empleo” 38.
El mismo sentido (por ser superflua para la economía y por retrotraer al sujeto a formas atrasadas de
producción) tuvo la "cruzada" pavimentadora del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que se
dispuso a hacer obra pública a "pico y la pala" en lugar de maquinarias, para intensificar el uso de mano
de obra.
En suma, si se compara la cantidad y diversidad de programas y la evolución de los índices de
desocupación, subocupación, empleo en negro, pobreza y sobreocupación a lo largo de los 90, se
desprende la ineficacia global de una tal “política de promoción del empleo”. Sin embargo, no es válida
una evaluación de ese tipo si se pone la cuestión en los términos del universo interpretativo que animó a
sus productores, porque en ese marco, no existen propiamente “políticas de empleo” destinadas a incidir
en la dinámica del mercado de trabajo y cobran sentido el conjunto de acciones más o menos
36
En 1994 circularon varios proyectos para la construcción de viviendas. Entre ellos, uno presentado por la Unión
Argentina de la Construcción (UAC), liderada por Francisco Macri, proponiendo un plan de 100 mil viviendas anuales
para sectores medios. Entre otras cuestiones, incluía una propuesta de reformas al Código Civil para agilizar los
desalojos en caso de no cumplimiento en el pago de las cuotas mensuales; el dinero inicial provendría del FONAVI
(unos mil millones anuales, como "capital testigo para influir en los demás inversores"); creación de una Compañía
Argentina de Seguro de Crédito Hipotecario que garantice las operaciones y la puntual cobranza de intereses y
capital prestado al usuario de la vivienda (es decir, un ente asegurador con fondos públicos, con lo que el Estado
asumía el 100% del riesgo crediticio) (Clarín, 10-11-23/3/94). En 1998 un grupo privado presentó el Plan Laura de
mejoramiento de la red vial, que contaba con el impulso del Presidente y la oposición del Ministerio de Economía, los
equipos del FMI encargados del monitoreo de la economía local, y de los economistas enrolados en las corrientes
que propugnan el ahorro ante las situaciones de crisis.
37
En general, a esta estrategia le subyace la idea de que el trabajo también dignifica la asistencia, aunque los
asistidos/promovidos lleven vistosos uniformes que identifican al programa que los “promueve”.
38
Habitualmente los funcionarios, en sus declaraciones públicas, se referían a las prestaciones por desempleo
como “el subsidio”, y los pagos que recibían “los “beneficiarios” de los programas de empleo privado eran definidos
en la normativa como “ayuda económica no remunerativa”.
27
discontinuas y conyunturales que, en este caso, tampoco llegaron a ser exactamente “adaptativas”, en el
sentido de una recalificación masiva de la mano de obra, a una demanda de trabajo altamente calificado
que tampoco existe. Se trató, sí, de políticas focalizadas en los particulares desocupados, y no de
balancear políticamente el diferencial de poder en el mercado, cuyo funcionamiento libre de restricciones
para disponer de la fuerza de trabajo permitió que la pobreza y el desempleo se reprodujeran en
magnitudes siempre crecientes.
En conjunto, estos planes y programas funcionaron por “fuera” de la dinámica de la economía como tal.
No han sido sino marginalmente y por necesidad de la naturaleza del Estado, parte del “orden
económico-social” y desde el punto de vista de las necesidades del sistema económico, no cambiaría
nada que la ayuda o el subsidio fuera distribuido sin mediar contraprestación de ningún tipo.
Reflexiones finales
De la experiencia de los 90 se desprende que el mercado es a-valorativo sólo si los agentes no
introducen normas; o, más precisamente, las normas del mercado no son otras que aquéllas
políticamente instituidas. Si éstas no “impiden el contrato enteramente libre con el capital” entonces, el
mercado de trabajo se ajusta a partir del nivel de indigencia y en condiciones de máxima desprotección.
En tales condiciones, el trabajo no es por sí ni dignificador, ni humanizador, ni medio de integración social
y el problema no es sólo de los desocupados y, ni siquiera, sólo de los pobres, aunque quienes se hallan
en estas situaciones padecen las aflicciones que los convierten en objeto de la atención pública. El
problema es el modelo de sociedad que se realiza y las formas de vida social que son propuestas como
aceptables tras la alternativa del trabajo a cualquier precio y en cualquier condición o tras una política
laboral meramente adaptativa.
Entre las condiciones de trabajo deben ser consideradas aquellas que delimitan la disposición y la
autodisposición del tiempo de vida y la posibilidad de proyectar la misma y hacerla relativamente
previsible, lo que supone condiciones razonables de seguridad ante las contingencias del mercado de
trabajo y de protección ante avatares de la existencia. Ello tiene consecuencias para el sujeto y la
sociedad en general, pues la mayor inflexibilidad en la gestión de la propia vida (derivada del estado de
disponibilidad de la fuerza de trabajo, como el que caracteriza el comienzo del presente siglo) impone a
los trabajadores en general (de cualquier nivel de ingresos), mayores restricciones de participación en
otros ámbitos de la vida social. La pobreza puede reconceptualizarse, entonces, como carencias morales
de un modelo de sociedad capaz de producir estas restricciones, además de obstruir la reproducción
ampliada de la vida de buena parte de los grupos que la componen y también, de las normas e
instituciones que expresaron los acuerdos más amplios de integración social.
28
La inseguridad laboral, el sobre-empleo y la hipercompetencia en el mercado de trabajo son obstáculos
para la participación en la vida social y para el establecimiento de vínculos afectivos o asociativos en
general. Por ello, el problema del trabajo trasciende a la sola disposición/ creación de puestos de empleo
en el mercado o lugares de ocupación asistida. Ni el mero disciplinamiento social, ni la sobreadaptación
de los individuos resuelven el problema de la integración de una sociedad; por el contrario, son
potenciales focos de malestar cultural.
La predominancia de las reglas del mercado capitalista por sobre otras reglas de convivencia social,
condujo a un punto de inflexión que exige debatir un modelo de reintegración, no de los “grupos
excluidos” de la sociedad de mercado, sino atendiendo a las condiciones y a los principios normativos de
la vida social en su conjunto (lo que supone otro modelo de reproducción social). Ello exige reintroducir
razones práctico-morales en el campo de las políticas sociales y de la política laboral, para reorganizar
los compromisos sociales sobre parámetros que atiendan al sujeto en su integralidad.
Frente a una realidad inaceptable son inmediatamente necesarias políticas compensatorias y de
asistencia, eficientes, eficaces y amplias. Pero no puede convertirse a la asistencia en el eje de la política
social de un proyecto político de integración social. Paralelamente, es necesaria una política de empleo
alternativa a la asistencia al desempleo, como parte de una política laboral no meramente adaptativa.
A la vez, una política de empleo no es compatible con la pérdida de los derechos, pero tampoco con la
continuidad de sistemas de protección dependientes de la relación salarial, porque potencian la
vulnerabilidad del desempleo.
Un proyecto político integrador centrado en el sujeto, debe atender tanto la desocupación, como la
sobreocupación, al la valoración social de la producción del sujeto (en términos de la necesariedad y
utilidad de lo producido y del tipo de relación en la cual se produce) y su desarrollo moral e intelectual.
Del mismo modo que el solo consumo no resuelve “la participación plena en la vida social”, la
participación en la esfera del trabajo en cualquier condición o la ocupación asistencializada, no sólo no
suponen integración, sino que obstruyen la misma en los demás ámbitos que hacen a la vida y la
identidad de los sujetos.
La crítica a los principios del orden neoliberal consolidado en la última década, es necesaria para
contribuir a la ampliación de los márgenes de decisión en el propio Estado, en la eventualidad de
proyectos y voluntades políticas que propongan metas y cursos de acción alternativos. El debate políticocultural (que incluye a la producción académica) debe llevarse más allá de los límites que imponen las
instituciones y agencias de gobierno, precisamente para ampliar los márgenes de acción y decisión
política en las mismas. Una crítica radical no es aquélla que queda atrapada en el anti-institucionalismo o
29
en la valoración moral de todo acto de posibilidad institucional, sino la que incorpora al análisis la
consideración de los debates político-culturales y pretende participar reflexivamente en ellos.
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