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DISCURSO DEL PRIMER MANDATARIO
ANTE LA CONFERENCIA DEL CONSEJO DE
LAS AMÉRICAS
New York, 25 de Septiembre de 2007
El Gobierno de la República del Ecuador, que me
honro en presidir, inició su mandato el 15 de
enero de 2007, con el pleno conocimiento de
que asumimos el mando de un país sumido en
una grave crisis económica, social, política y
moral.
Nuestra
constatación
inicial
confirmó
la
presencia de una paradoja propiciada por
políticas públicas cuya única preocupación fue el
mantenimiento de los equilibrios nominales,
mientras que los factores reales de la economía
se encontraban en una situación insostenible.
De esta forma, tras casi ocho años de
dolarización, Ecuador finalmente ha logrado
estabilizar los precios, pareciera ser que en
economía moderna el fin último es la inflación
de precios, puesto que para julio de 2007 la
variación de precios anual se situó en 2,5%
frente a niveles del 96,1% en el 2000.
Sin embargo, el desempleo abierto, pese a
centenares de miles de migrantes desde la
dolarización, se estabilizó en cerca del 11% de
la PEA, mientras que uno de cada dos
ecuatorianos en edad de trabajar está sujeto a
condiciones precarias de empleo; la pobreza
oscila en alrededor del 40% de la población
total y las estadísticas nos indican que mientras
la población con mayores recursos concentra
casi el 60% del ingreso total, en el otro
extremo, la de menores ingresos percibe, en la
actualidad, la mitad (2,4% del ingreso total) de
lo que percibía hace una década. En otras
palabras, la inequidad, en uno de los países que
siempre ha sido uno de los más inequitativos
del mundo, se ha agudizado y la tendencia de
dicha inequidad, hasta antes del 15 de enero,
era creciente. Una verdadera locura.
Por otro lado, el crecimiento de la economía
ecuatoriana ha estado determinado por el sector
petrolero, reflejando una mayor dependencia
del
país
con
respecto
al
petróleo,
y
consecuentemente una mayor vulnerabilidad de
la economía a causa de la evolución de
elementos coyunturales tales como el precio de
este recurso. En efecto, gracias a la lotería de
los
precios internacionales
del
petróleo,
Ecuador, sin inversiones significativas en los
últimos cinco años, pues la última inversión
importante en el sector la condujo un consorcio
de empresas que construyó el Oleoducto de
Crudos Pesados, OCP, ha pasado de exportar
2.372 millones de dólares en 2003 a 6.934
millones en 2006. Es así que, el año pasado, las
exportaciones de petróleo significaron casi el
60% de las exportaciones totales.
Si bien el país ha mantenido un saldo de
balanza comercial positivo que alcanzó los
1.448,8 millones de dólares en el año 2006,
como resultado del sostenido crecimiento de las
exportaciones petroleras, la balanza comercial
no petrolera mantiene un marcado deterioro
debido al significativo incremento de las
importaciones, consecuencia de la pérdida de
competitividad de la economía por el anclaje
cambiario, que constituye la dolarización.
Esta es, a grandes rasgos, la situación a la que
nos ha conducido la aplicación de doctrinas
económicas emanadas de los preceptos del
Consenso de Washington y la barbaridad técnica
que constituyó la dolarización ecuatoriana.
Las políticas que se han implementado luego de
la dolarización no sólo han reducido al Ecuador
a la condición de exportador de commodities;
tamizadas en la maquinaria de la política
tradicional
ecuatoriana,
han
facilitado
adicionalmente la consolidación de cerrados
grupos de poder económico y político, y, como
mencionamos, ha agudizado la concentración
del ingreso. Se trata de sectores renuentes a
consolidar
una
auténtica
y
participativa
democracia, y dispuestos por todos los medios a
mantener las canonjías que los benefician, pero
que constituyen un pesado lastre para el
desarrollo humano de todas y todos los
ecuatorianos.
La realidad ecuatoriana es mucho más compleja
de lo que se puede inferir a partir de simplismos
como el índice de riesgo país. La nuestra es una
realidad que para tener un horizonte promisorio
e incluyente en el largo plazo, requiere primero
de una clara posición frente a los problemas de
economía política que han sido soslayados
durante al menos tres lustros.
Más todavía, el ritmo y la tendencia de la
acumulación del capital que han prevalecido en
el Ecuador han requerido concertar dos
procesos aparentemente divergentes, pero en
realidad vinculados, en perjuicio de los intereses
nacionales:
el
desmantelamiento
de
las
capacidades
de
regulación,
gestión
y
planificación del Estado, y la consolidación de
una bochornosa cultura de la corrupción que ha
hecho metástasis en todo tipo de relaciones
sociales y políticas.
Por tanto, la responsabilidad histórica de mi
gobierno supera en mucho la necesidad de
mantener los equilibrios nominales. No se trata
de desconocerlos, ni mucho menos. Luego de la
desencantada historia reciente de apertura y
liberalización de los mercados mundiales del
capital, nadie puede desconocer la necesidad de
respetar ciertos consensos mínimos, pero
tampoco estamos dispuestos a perseverar en
políticas que no han producido los resultados
económicos y sociales que demandan las
grandes mayorías de mi país.
Esta responsabilidad nos ha impulsado a liderar
un cambio constitucional a partir del cual se
podrá consolidar la nueva perspectiva de
desarrollo que inspira al Gobierno que presido.
Ésta no se reduce a la esfera de lo económico y
avanza a la definición de un nuevo modo de
Estado que recupere las capacidades de
regulación, gestión y planificación perdidas en el
tortuoso camino recorrido en las pasadas dos
décadas.
Desde enero pasado ya hemos canalizado las
acciones del sector público hacia este objetivo,
lo que ha molestado profundamente a esos
grupos de poder enquistados en un Estado
enclenque y debilitado por ellos mismos.
El primer empeño del Gobierno Nacional ha sido
corregir el conjunto de políticas públicas
responsables del intolerable represamiento de
las capacidades y libertades que aquejan a la
población ecuatoriana, así como cambiar
radicalmente el fundamento mismo de las
intervenciones en materia social: a través del
Bono de Desarrollo Humano, el incremento del
bono de la vivienda, la decidida recuperación de
la banca de desarrollo, el microcrédito, el
Sistema de compras públicas, el Programa de
insumos para los agricultores, etc.
Así, durante estos primeros meses de gobierno
hemos desplegado un conjunto de esfuerzos
tendientes a modificar las condiciones de la
demanda interna y a fortalecer sectores claves
de la economía, como el sector petrolero y la
generación eléctrica.
La transformación económica y social que
hemos iniciado en el Ecuador no sería sostenible
en el largo plazo si no se la acompaña de una
profunda reforma de la representación política,
de la organización territorial y del Estado en su
conjunto.
El cambio y las transformaciones en el patrón
de desarrollo implican recuperar un adecuado
rol del Estado en su relación con la sociedad y el
mercado, y en sus formas de intervención para
garantizar derechos e impulsar un desarrollo
justo, inclusivo y solidario.
Ello implica realizar un viraje respecto de la
agenda neoliberal, la misma que provocó, entre
otros efectos políticos, la reducción y el
retraimiento de la acción estatal tanto en sus
funciones de coordinación y regulación de la
economía, como en aquellas que conciernen a la
redistribución de la riqueza y la búsqueda de la
justicia y la igualdad social.
El actual patrón de gestión estatal no ha sido
capaz
de
superar
problemas
como
el
agotamiento del Estado centralista, generador
de concentración, inequidades y crisis políticas;
el distanciamiento entre los/las ciudadanos/as y
el sistema político; y la crisis de representación
política.
Por tanto, la recuperación estatal de las
capacidades de regulación, de redistribución de
la riqueza social y territorial y de planificación,
además del aumento de su eficacia institucional,
en el marco de lógicas modernas de gestión
pública, deben colocarse en el centro de
cualquier
agenda
democrática
de
transformación social y económica del país.
Uno de los pasos más significativos en este
sentido ha sido la definición de un Plan Nacional
de Desarrollo para el período 20072010, que
establece lineamientos de mucho más largo
plazo, y que constituye un auténtico cambio de
paradigma en la concepción del desarrollo. El
Plan, a más de recuperar para el sector público
la capacidad de planificación, incorpora las
necesidades y expectativas de un amplio
conjunto de actores sociales, mediante la
participación de organizaciones, indígenas,
empresarios,
gobiernos
movimientos
seccionales, universidades y gremios.
Plan se articula alrededor de doce objetivos
nacionales de desarrollo sustentados en tres
ejes: justicia social y económica, justicia política
y justicia intergeneracional. No es el típico plan
economicista de corte sectorial, sino una
novedosa forma de concebir el desarrollo a
partir de la noción amplia de derechos
humanos. Nuestro objetivo fundamental es
derrotar las múltiples inequidades, ampliar las
capacidades y libertades de la ciudadanía,
procurar un desarrollo territorial inclusivo, sin
descuidar de ninguna manera la importancia
que tiene para una economía pequeña y abierta
como la ecuatoriana su sector externo y sus
vinculaciones con los mercados globales.
Nuestros objetivos son ambiciosos, pero
alcanzables. Dependerá de nosotros y de la
confianza que la comunidad internacional decida
ofrecer a un gobierno serio, responsable con sus
electores, independiente de los tradicionales
grupos de presión, soberano en el concierto
internacional y dispuesto, como ya lo hemos
demostrado, a ofrecer una guerra sin cuartel a
todas
las
formas
de
corrupción
que
prevalecieron hasta el 15 de enero pasado.
La ejecución del Plan Nacional de Desarrollo
requiere del incremento de la inversión pública
en
un
12%
anual
hasta
2010,
fundamentalmente en infraestructura de apoyo
productivo. Esto significa cerca de 4.500
millones de dólares adicionales, que impulsarán
una tasa de crecimiento del PIB de entre el
4,7% y el 5,4% anual, en contraposición a un
escenario inercial con niveles de crecimiento
menores al 4%. Dada la importancia que mi
gobierno confiere a los problemas sociales que
agobian al país, las intervenciones públicas
contempladas en el Plan contribuirán a generar
115.000 puestos de trabajo adicionales por año,
revertir la desigualdad económica al menos a
niveles de 1995, aumentar la matrícula en
educación básica y bachillerato, eliminar el
analfabetismo, erradicar la desnutrición crónica
severa, reducir la mortalidad infantil, la
mortalidad materna, entre otras. En la base de
este proceso se encuentra una preocupación
especial por los pequeños y medianos
productores
de
mi
país,
marginados
sistemáticamente de las políticas públicas de los
últimos 20 años.
Para sostener este aumento de la inversión
pública, el aspecto clave radica en la inteligente
utilización del ahorro interno público y en la
movilización del ahorro interno privado. Esto
conlleva el reto en materia de política
económica de saber utilizar las fuentes de
ahorro interno público, que todavía se
encuentran cautivas por consecuencia de esa
absurda idea de que una macroeconomía sana
requiere de fondos predestinados a objetivos
específicos, mientras la economía real se debate
en
la
enfermedad,
la
pobreza
y
el
analfabetismo, por carecer de financiamiento
para ejecutar la indispensable política social y
productiva
de
un
país
con
profundas
inequidades.
En el frente externo es necesario revertir la
tendencia al deterioro de la balanza comercial
petrolera y no petrolera y, de algún modo,
controlar los flujos internacionales de capital,
para prevenir circunstancias críticas y en
especial para consolidar la circulación monetaria
basada en el dólar, en el marco claro del
mantenimiento de la dolarización. La viabilidad
de la cuenta corriente requiere un cambio de la
estrategia productiva y comercial; y la viabilidad
de la balanza de pagos urge, así mismo, un
cambio de la estrategia financiera con el resto
del mundo. Ambos han sido considerados
dentro de nuestra estrategia de desarrollo, en el
marco de una apertura inteligente del sector
externo que, de ninguna manera, significa aislar
al país del concierto internacional, aunque sí
insertarlo de manera proactiva, y de forma
apropiada para alcanzar el desarrollo inclusivo
del Ecuador.
En este contexto, es importante mencionar que
Estados Unidos es un país estratégico para el
Ecuador. De hecho, es nuestra principal
contraparte tanto por los volúmenes de
comercio como por los montos de inversión
extranjera directa que canaliza a nuestro país.
La propuesta del gobierno para el futuro del
Ecuador se fundamenta en intervenciones
públicas inteligentes, prácticas y decididas, y
está definida en función de las prioridades de
desarrollo del país y amparada por nuevas
instituciones sociales. En apenas ocho meses de
gobierno, ya se aprecia los resultados de dichas
intervenciones
con
una
menor
inflación
acumulada y anualizada, la recuperación de la
producción petrolera y no petrolera, el
decrecimiento del subempleo en el país, etc.
Sin embargo, tal vez el logro más importante
del gobierno ha sido devolverle la fe a todo un
pueblo que hace unos años fue saqueado por la
crisis bancaria, que vio cómo se aplicaban
políticas de atracción de capitales pero de
expulsión de compatriotas, que vio como se
agudizaban las contradicciones sociales, en fin,
el haber logrado que los ecuatorianos sientan a
partir del 15 de Enero del 2007, que la Patria,
ya es de todos.
Muchas gracias.
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DE
LA