Download Carta al senado sobre consulta 28-0416.

ALIANZA DE TRABAJADORES DE LA
SALUD Y EMPLEADOS PUBLICOS
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Ciudad de México, 28 de Abril de 2016
Senador Sen. Roberto Gil Zuarth
Presidente de la Mesa directiva del
Senado de la República
Presente.
Por este conducto solicitamos al Senado de la República la realización de los
encuentros necesarios de legisladores con trabajadores afiliados a la seguridad
social para analizar la situación del incumplimiento de las obligaciones
económicas y sociales del estado con los jubilados, la situación de los regímenes
de jubilaciones y pensiones y, la evaluación de la administración privada de los
fondos de pensiones manejadas mayoritariamente por la banca internacional.
Solicitamos que se discuta y promueva una consulta popular sobre la
creación del banco de la seguridad social, el cumplimiento del pago de
jubilaciones y pensiones, la fiscalización de la administración de los fondos de
pensiones y de la seguridad social.
La crisis económica y de las finanzas públicas no puede sortearse a costa del
pago de las jubilaciones y pensiones, del despojo de los fondos de la seguridad
social y, del empleo y de los derechos sociales de los mexicanos. Hoy la caída de
la economía acompañada de la profundización de la desigualdad y los privilegios
fiscales para los grandes capitales trasnacionales y locales, viene provocando el
descenso del trabajo digno, reduciendo los salarios y conculcado los derechos
laborales y sociales de los mexicanos con un severo impacto en las finanzas de la
seguridad social que se agrava con la corrupción y el desvío de los fondos de la
seguridad social para financiar las ganancias de los grandes capitales
monopólicos como ha sido el rescate carretero, bancario, el FOBAPROA, etc.
El estado mexicano no puede seguir subordinado a los organismos internacionales
que dictan políticas contrarias al interés nacional, de la clase trabajadora y el
pueblo mexicano y que están dirigidas a alimentar la voracidad del capital
financiero internacional a costa del empleo, la salud y la vida de nuestro país. Las
políticas del banco mundial, del FMI y de la OCDE de imponer políticas de
austeridad que representan un mayor número de despidos, la reducción del gasto
público para la atención de los derechos sociales de los mexicanos como son la
salud, la educación, el medio ambiente etc. Afectan la protección social del
trabajo, debilitarán las instituciones y quebrantarán aún más el frágil estado de
derecho que se vive en México. No se puede atender las de las empresas
trasnacionales de incrementar las aportaciones -solo para las pensiones- a la
cuarta parte del salario, cuando actualmente más de la mitad del salario se va en
contribuciones al Estado. (ISR 30%, IVA 16% y seguridad social +15%) y que se
eleven los años de contribución y la edad para la jubilación.
Las reformas neoliberales económicas, laborales y a la seguridad social han
profundizado la desigualdad, incrementando la pobreza y la violencia social que el
estado pretende administrar con políticas militaristas, hoy tenemos una banca
millonaria a costa de los fondos de pensiones y jubilados empobrecidos por el
incumplimiento del estado con sus obligaciones económicas, de salud y sociales
de los trabajadores en retiro que dejaron su fuerza laboral en la construcción de la
riqueza nacional hoy entregada al capital trasnacional.
Planteamos el rescate y la reconstrucción de la seguridad social, pública, solidaria,
integral y redistributiva. Fundada en la revaloración del trabajo, en la
responsabilidad del estado y la obligación patronal.
Demandamos y solicitamos que se escuche la opinión, las propuestas y
planteamientos de los trabajadores afectados con la iniciativa y realizar una
evaluación del manejo de los fondos de pensiones por las AFORES que han
perdido más de 400 mil millones de pesos en los últimos 7 años, así como del
modelo de cuentas individuales que tienen un alto costo para el erario público y
para los trabajadores mexicanos y proyectan pensiones menores a la tercera parte
de sus salarios. No se invirtió productivamente para la generación de empleo, y
mejoramiento de las jubilaciones, como se anunció en los objetivos de la reforma
privatizadora. El modelo ha fracasado y mientras en otros países se regresa al
régimen solidario, los diputados discuten cuestiones administrativas y soslayan el
costo social y el gasto presupuestal de la privatización.
La iniciativa presentada el pasado 8 de septiembre, profundiza el manejo privado
de los fondos de los empleados públicos y amenaza a los trabajadores con
mayores salarios que optaron por las cuentas individuales a través del bono de
reconocimiento de servicios y abre la ruta para desaparecer el régimen de
jubilaciones solidario que hoy rige las jubilaciones y pensiones actuales de cerca
de 4 millones de asegurados en el IMSS e ISSSTE y que las cúpulas
empresariales acusan que son impagables y son una carga para el gasto público.
Se omite el desfalco de los fondos de pensiones de los últimos 50 años y la
precarización del mercado laboral que afecta las finanzas de la seguridad social y
compromete el futuro de las nuevas generaciones. Solo en los últimos 18 años se
han acumulado más de 2.5 billones de pesos en las afores de los afiliados al
IMSS; con los fondos acumulados en las 5 décadas pasadas invertidas
adecuadamente, contaríamos con los recursos suficientes para mejorar las
pensiones, así como generar empleo y desarrollo económico.
Rechazamos que la superación de la crisis económica sea a partir de la
privatización de los bienes públicos y de los fondos de la seguridad social. Con la
iniciativa de convertir el PENSIONISSSTE en una empresa pública-privada el
gobierno pretende hacerse de recursos financieros a costa de más de 100 mil
millones de pesos de los empleados públicos que maneja PENSIONISSSSTE al
tiempo que el sector empresarial le interesa hacer negocios especulativos con los
recursos de la seguridad social.
Los legisladores no pueden seguir hablando y resolviendo el
manejo de los fondos de jubilación y la seguridad social al
margen de los trabajadores propietarios de estos recursos, por lo
que estamos demandando a las distintas fracciones políticas:
La realización de una consulta popular. Sobre los siguientes temas:
1.
La creación del Banco de la Seguridad Social. Recuperación de los fondos
de pensiones manejadas por las AFORES. Esto permitirá que el uso del ahorro
laboral de la clase trabajadora no sea manipulado por el gobierno, los partidos
políticos o por el sector financiero, ni que los empresarios lucren con los derechos
sociales de los trabajadores en retiro.
2. El respeto al derecho y al pago de las jubilaciones, incluyendo los de los
Contratos Colectivos de Trabajo (CCT). El cumplimiento de estas obligaciones
deben de expresarse en la asignación presupuestal en el gasto no
programable, lo que significa que su pago no se puede reducir ni eliminar.
3.
La auditoría al manejo de los fondos de la seguridad social, pensiones,
vivienda y salud. Ante la reiterada afirmación de la cúpula empresarial y de los
gobiernos neoliberales de que “no hay dinero para pagar las pensiones”,
insistimos en la necesidad de que se haga una auditoría y una revisión sobre la
constitución de la reserva de los fondos de pensiones, así como de las inversiones
a la seguridad social que se han hecho en los últimos 50 años con las
aportaciones tripartitas. Por lo que la inexistencia o mal manejo lo convertiría en
una deuda que hoy tiene el Estado Mexicano con los trabajadores que han
construido este país en las últimas décadas.
4.
El cumplimiento del acceso oportuno y atención resolutiva en las
instituciones de salud y seguridad social, para lo cual cubrir la plantilla de personal
necesario, transparentando la creación de las 32 plazas y la basificación de 62
puestos de trabajo en el sector salud anunciadas por la ex secretaria de salud
Mercedes Juan y, realizando el abasto de material y medicamentos. La
universalidad de los servicios de salud provocará un colapso de las instituciones
públicas y la confrontará a los derechohabientes con los trabajadores.
JOSE ANTONIO VITAL GALICIA, (5521127490)
IRMA ACELA PEREZ,
REYNA AYALA,
ISABEL ORTIZ.
Anexamos firmas de respaldo a la consulta y debate nacional.