Download Contrastando con la propaganda gubernamental sobre el control

Tribulaciones de la conciencia desdichada
Sobre el pragmatismo
Raúl Prada Alcoreza
Últimamente se escucha decir a alguna gente que es pragmática, como gran cosa, se presentan y
se reclaman como pragmáticos. ¿Qué quieren decir? ¿Se trata de oponer el realismo a las teorías e
“ideologías”? En todo caso, ¿qué realismo, qué pragmatismo? Desde ya no es el pragmatismo
lingüístico del que hablan, gran teoría y corriente lingüística que trabaja sobre los sentidos y
significados de la lengua a partir del uso práctico que le da la gente al manejo de los lenguajes.
Este pragmatismo lingüístico es ampliamente teórico, estructurado rigurosamente en sus
metodologías y en su epistemología, además de sus investigaciones. Grandes aportes a las teorías
del lenguaje se deben al pragmatismo lingüístico, también aportes a las transformaciones de los
estudios de la lógica y cambios de tono en las reflexiones filosóficas contemporáneas. Ludwig
Wittgenstein es una de las figuras más sobresalientes de todo este recorrido filosófico y
lingüístico, recogiendo también los trabajos sobresalientes de Charles Sanders Peirce, William
James y John Dewey. Pero, los “pragmáticos” de los que hablamos al principio nada tienen que ver
con esta tradición lingüística y filosófica. Tampoco tienen que ver con el análisis de las prácticas
como unidades de análisis, objetos de estudios y referentes primordiales en los estudios sociales.
El análisis de las prácticas que ha orientado a corrientes marxistas contemporáneas y a teorías
postmarxistas actuales para resolver la descripción y explicación de las relaciones sociales y de las
estructuras inherentes a las instituciones. Ahí están los estudios gramscianos de las prácticas
contra-hegemónicas y contra-culturales, están también los estudios de Michel Foucault sobre las
practicas discursivas y las practicas de poder, están, así mismo, los estudios de Pierre Bourdieu de
la construcción del sentido práctico y de las practicas inherentes a los campos sociales y a los
habitus. Ese “pragmatismo” reclamado nada tiene que ver con estos copiosos estudios
contemporáneos.
El “pragmatismo” reclamado es de sentido común. El sentido fuerte del reclamo radica en la
experiencia propia. Es como decir “por experiencia propia sé que…”. Por lo tanto hablamos de la
experiencia singular, que es utilizada, como opuesta a las teorías y las “ideologías”. Es pues una
pretensión personal hacer valer la experiencia propia frente a las teorías calificadas de
“abstractas”. Empero, esta experiencia personal es siempre experiencia de alguien, circunscrito a
una estratificación social, a una clase social, a un contexto y a un lugar. Termina siendo un
prejuicio de clase. Los que generalmente se reclaman de “pragmáticos” son profesionales
apegados a una perspectiva “técnica”. “Los datos no mienten”. Usan de la estadística las
proporciones, que no son otra cosa que probabilidades, empero sólo los indicadores que resumen
su criterio sintético cuantificado, sin necesariamente ejercer el manejo de la teoría de las
probabilidades. El resto de la estadística, la misma teoría de probabilidades, la discusión sobre la
construcción de indicadores y sobre la contingencia de sus interpretaciones, queda de lado. Lo que
interesa es demostrar que las cosas son sencillas y que se trata de resolver los problemas
“pragmáticamente”. Pero, ¿qué es esto de “pragmáticamente”? Según lo que ya está dado, lo
acostumbrado, cómo se hace siempre. El segundo rasgo de este “pragmatismo” de sentido común
es el conservadurismo.
Estos “pragmáticos” son conservadores hasta la medula. No aceptan innovaciones ni nada nuevo.
Estas, las innovaciones, las interpretaciones teóricas, son especulaciones. Estos “pragmáticos”
tiene una visión de mundo congelada en la repetición de lo mismo. Así como se ha hecho hay que
seguir haciéndolo; son inmutables ante los cambios habidos, las transformaciones de contextos y
coyunturas. Para ellos hay una “ciencia económica”, como si sólo hubiera una sola corriente
científica en economía, que es como el fin del saber, “ciencia económica” que se reduce al
supuesto del equilibrio macroeconómico, que no es otra cosa que una parte operativa de las
teorías neoclásicas. Cuando buscan ejemplos para Bolivia, la encuentran en países extractivistas
aventajados. Para ellos Bolivia no puede salir del modelo extractivista, sería descabellado a
apostar a otra cosa. Estas es la tarea encomendada por el mercado internacional, esta es la tarea a
la que debemos responder como por vocación histórica. Otro rasgo de este “pragmatismo” criollo
es su perspectiva extractivista. Forman parte de las viejas tradiciones liberales de la explotación
minera. Esta es una concepción del mundo heredada de las élites liberales que gobernaron Bolivia.
Frente a la crisis múltiple del Estado, al desborde social, al proceso constituyente y a los desafíos
de la transición, no se sienten representados en la Constitución; lo que propone la carta magna es
un desatino pues no se puede inventar otro Estado, menos una condición plurinacional, con
características participativas y comunitaria. Otra característica de este “pragmatismo” es su
posición contraria a lo popular; los “pragmáticos” se sienten desplazados por el desborde popular,
por las locuras de una plebe indomable e impoluta.
Otra característica sobresaliente del “pragmatismo” criollo es el apego a la modernidad. Tienen
una concepción de la modernidad como si fuera una sola, fuertemente cargada por ideales de
“progreso” y “desarrollo”. Están lejos de los estudios de la modernidad, de sus distintos periodos,
de su heterogeneidad abierta, sobre todo por la forma como la han adaptado los pueblos de la
inmensa periferia del sistema-mundo capitalista. La modernidad vine a ser para este
“pragmatismo” sinónimo de acceso a la tecnología y al bien estar, aunque este acceso sea
diferencial y jerárquico. Por lo tanto, los problemas de la modernidad no son asumidos más que
mediáticamente, como ilusión de “progreso” y “desarrollo”. Se puede decir que los “pragmáticos”
mas bien asumen los símbolos de la modernidad, prefieren la imitación de la modernidad, por lo
tanto, no asumir plenamente los contenidos históricos y universalizados de las modernidades
sucesivas y simultáneas; menos aún comprender la crisis de la modernidad y avizorar sus límites. Si
el ambientalismo llega al “pragmatismo” llega en las formas del capitalismo verde, es decir, las
soluciones del mercado de carbono. Se trata de un ambientalismo dócil y funcional al sistema. No
podrían aceptar una crítica a los transgénicos, pues consideran que se trata de un avance científico
que fortalece las capacidades de resistencia de las plantas agrícolas. No se les pasa por la cabeza
que el monopolio de los transgénicos apunta a convertir a los agricultores, especialmente a los
campesinos, en eternos dependientes de estos productores de semillas “mulas”, es decir, que no
pueden reproducirse. Tampoco se les pasa por la cabeza que estas manipulaciones genéticamente
modificadas pueden atentar a la salud de los consumidores, fuera de que ya atenta a los ciclos de
la reproducción de la vida. No se trata de negar a la biología genética, sino que esta debe
efectuarse en las universidades, con apoyo estatal, sin incumbencia de estas empresas
trasnacionales que apuntan a incorporar la vida a la vorágine del capitalismo. Se trata de que las
investigaciones biológicas sean transparentes, conocidas públicamente, bajo control estatal y
social, que apunten a fortalecer los ciclos de reproducción de la vida y la democratización del
acceso a las técnicas, manteniendo el control de las semillas en los campesinos y agricultores.
Como puede verse este “pragmatismo” de sentido común es funcional al dominio de las empresas
trasnacionales sobre las reservas y los recursos naturales, es funcional a la condena de los países
periféricos a la vocación extractivista y al estilo económico primario exportador, administrado por
un Estado rentista. Este “pragmatismo” es una de las “ideologías” del Estado-nación, en el sentido
que se opone a la construcción de otro Estado, que resulta para la interpretación “pragmática” un
experimento peligroso. Los “pragmáticos” son enemigos declarados de la Constitución, que es la
escritura del pueblo insurreccionado; prefieren la anterior Constitución. En relación a la
concepción de mundo, se consideran hombres modernos, empero se trata de una modernidad
reducida a sus imágenes generales y universales de “progreso”, “desarrollo”, tecnología y
bienestar. Las complejidades de la modernidad, la trans-valorización, la trans-culturación, la
constitución de sujetos, en el sentido de la construcción del individuo, las modulaciones
disciplinarias y de control, los límites de la universalidad, así como la dispersión heterogénea de las
modernidades, queda al margen de sus consideraciones. Cuando se trata de enfrentar los
problemas de la modernidad, el “pragmatismo” los prefiere ignorar; en el mejor de los casos, los
límites de la modernidad pueden ser asumidos como problemas ambientales corregibles. La
opción es el mercado de carbono, la venta del carbono emitido por los bosques, que se
comprometen conservarlos. La crisis ecológica y la crisis estructural del capitalismo no entran en
las consideraciones “pragmáticas” salvo como contingencias ambientales y como crisis financiera.
Todos estos problemas son solucionables con medidas prácticas y austeridad. Como tienen una
interpretación prometeica de la ciencia y de la tecnología, consideran que la biotecnología, la
biología genética, es el aporte de la ciencia a las soluciones del problema del hambre y la escasez.
El “pragmatismo” entonces es una posición política y una “ideología”, en sentido de la concepción
del mundo frente a los problemas de la contemporaneidad. Se basa en el supuesto de que se
sustenta en el empirismo, en el positivismo y el realismo, además de ser una opción “técnica”.
El sentido práctico
La crítica al “pragmatismo” de sentido común no quiere decir que no hay sentido práctico; todo lo
contrario. El valor y la eficacia de las prácticas sociales tienen que ver con la construcción e
internalización de los sentidos prácticos, con los esquemas de comportamientos y conductas, con
los habitus y las estructuras culturales. Pierre Bourdieu ha estudiado en El sentido práctico1 las
prácticas de los intelectuales y las reglas del juego a las que no escapan al estudiar sus objetos de
estudio, mundo del que forman parte; por lo tanto sus teorías también son explicables por sus
prácticas en las que están insertos. También estudia las estrategias matrimoniales y los rituales de
la sociedad kabila y de la sociedad bearnesa, que ponen en escena principios que responden a
estructuras y estrategias que dependen del capital material y el capital simbólico movilizados. El
sentido práctico se opone al sentido teórico, construido en la distancia y en la distinción
académica; al contrario, el sentido práctico se construye por la proximidad y la indistinción con el
mundo bullente de acontecimientos, eventos y hechos.
En relación a los problemas planteados, en la crítica puntual al “pragmatismo”, efectuaremos un
desplazamiento desde el Sentido práctico con el objeto de hacer un boceto interpretativo de los
sentidos prácticos, inherentes en los habitus de la gente, en la perspectiva de que puedan ser
investigados en profundidad y como casos.
Hipótesis
Los sentidos prácticos de los sectores populares no se construyen en el sentido congelado de la
historia, en la idea de la repetición de lo mismo, “el mundo ha sido así y seguirá siéndolo”. Se
construyen sobre la base de la expectativa de un cambio, por más mínimo que este sea. Se
movilizan toda clase de recursos para que los hijos no repitan las condiciones de vida de los
padres, para que sean mejores que los padres. Estas estrategias tienen que ver desde las mejoras
de la tierra heredada, la transferencia de tierra a los hijos, el apoyo de la comunidad al flamante
matrimonio, hasta la misma migración a las ciudades, como parte de las estrategias sociales de
reproducción. Por lo general estas estrategias son familiares, es muy difícil que se den como
salidas individuales. Buscando un supuesto a esta actitud, podemos decir que el supuesto expresa
que “el mundo puede ser cambiado”. Con voluntad y responsabilidad, con honestidad y trabajo,
siendo complementarios con la comunidad, devolviendo a la madre tierra lo que nos da; en las
ciudades con dedicación y ahorro, consiguiendo una habitación o edificando su casa, manteniendo
contacto con la famililla y la comunidad. El sentido práctico en la comunidad tiene que ver con las
estructuras comunitarias, el camino de responsabilidades, la rotación de mando y las realizaciones
familiares. El sentido práctico en las ciudades tiene que ver con las estructuras organizacionales de
los migrantes y sus descendientes, vecinales, gremiales, sindicales, combinadas con estrategias
familiares e individuales de realización. Cuando no te encuentras en alguna forma de organización,
te consideras desamparado y desprotegido.
El sentido práctico en los trabajadores mineros es una construcción sugerente por la combinación
de estructuras organizacionales y culturales. El sindicato es el horizonte de vida de los
trabajadores, tiene su historia, forma parte de la memoria heroica de sus luchas, también es ahora
la organización que encara la lucha económica de los obreros mineros y la lucha política por la
1
Pierre Bourdieu: El sentido práctico. Siglo XXI; Buenos Aires.
nacionalización de toda la minería en manos de las empresas trasnacionales. El sindicato minero
forma parte del potenciamiento de este estrato proletario en la complicada y contradictoria etapa
de transición del proceso de cambio. El proletariado minero está íntimamente ligado a esta
explotación extractivista, es su fuente de trabajo. En estas condiciones es muy difícil la discusión
de los derechos de la madre tierra, que encaran las organizaciones indígenas. El debate entre el
sindicato minero y las autoridades originarias del CONAMAQ, en relación al Mallku Qhota, fue
aleccionador, empero casi una discusión imposible, debido a las perspectivas e intereses
encontrados entre comunidades y sindicato. Empero la discusión se dio, lo que muestra que hay
puentes posibles entre ambos espacios organizacionales, el comunitario y el sindicato obrero. En
el caso del conflicto de Colquiri el sindicato minero, el pueblo y las comunidades llegaron a un
acuerdo, que articula intereses y perspectivas, enfrentando la demanda de la cooperativa, que en
realidad media para la entrega de la concesión a una empresa trasnacional. El sindicato, las
comunidades y el pueblo se pusieron de acuerdo en la nacionalización de todo Colquiri. Lo que
habla de la concomitancia de los sentidos prácticos de estos sectores sociales.
Hay también estructuras culturales que forman parte en esta producción del sentido práctico
minero. En este caso resulta que se trata de estructuras devenidas del sincretismo religioso, una
matriz animista andina encubierta por los símbolos duales católicos. Estas prácticas combinan el
culto al tío, en las entrañas de la tierra, con el culoto católico a la virgen, en la superficie y en la
misma montaña. Ya la figura del tío es una combinación compuesta entre la metáfora del diablo y
la manca-pacha; también la virgen es asumida como pacha-mama, como fertilidad, adquiriendo
también la figura triangular de la montaña. Estos sincretismos también aparecen en los
trabajadores mineros cooperativistas, quizás más vinculados a los ciclos agrarios, de donde
provienen, combinando estaciones agrícolas con jornadas mineras. Se podría decir que el sentido
práctico, mediado por estructuras culturales sincréticas, adquiere una connotación fuerte en la
relación de los mineros con la veta. El sentido de riqueza y fertilidad se encuentra en la
prolongación de la veta, en su seguimiento y recorrido. Lo que da prosperidad a la mina y al
campamento.
En los socavones mineros, en su oscuridad subterránea e insondable, se tiene otra imaginación,
otra intuición de la materia, una geología empírica, aunque también intuitiva. Lo que importa es
esta relación prodigiosa con las venas mineralógicas. Este es el comienzo de todo, de la riqueza, de
los ingresos, de los sueldos, de los bonos, de los beneficios, del seguro social, de la jubilación.
Claro que también se depende de los precios de los minerales en el mercado internacional; pero
sin el encuentro con la veta no hay nada. Por eso los asalariados tienen que defender las reservas
fiscales y los territorios de explotación pública.
El sentido práctico de los trabajadores mineros se construye también en su relación fuerte tejida
con el Estado, con la administración estatal, con la empresa minera estatal. La lucha por mejorar
los niveles salariales, la seguridad laboral y las condiciones de trabajo, así como las mejoras en las
condiciones del campamento, forman parte de toda una tradición de las reivindicaciones
económicas. La lucha por las nacionalizaciones forma parte de la memoria política minera. Ambas
luchas corresponden a una relación paradójica con el Estado, a la vez de lucha y a la vez
demandante. El Estado aparece como una doble figura, es a la vez padre y a la vez el enemigo.
Los cooperativistas mineros no están lejos de este imaginario de los trabajadores mineros
sindicalizados; la diferencia radica es que no están afiliados al sindicato sino a la cooperativa. Esto
conlleva varias distinciones. Las condiciones laborales de los trabajadores cooperativistas son más
rudimentarias, tienden a ser estacionales, son subcontratados y trabajan a destajo, sin gozar de los
beneficios de la ley del trabajo y del seguro social. La mayoría de los trabajadores cooperativistas
son súper-explotados por los propietarios de las cooperativas, por los que controlan la
administración del trabajo y por los intermediarios, los que les entregan las herramientas y los
convierten en deudores. Entonces, en este caso se construye un sentido práctico más efímero, que
tiene que apostar a una explotación rápida y poco racional. Las consecuencias de este tipo de
explotación son más depredadoras y contaminantes que los de la minería estatal. Sin embargo, la
cooperativa minera ha logrado aglutinar a una masa grande de trabajadores dependientes
subcontratados. Son más numerosos que los trabajadores asalariados.
El horizonte de estos trabajadores cooperativistas mineros es la organización cooperativa. Su
fuente de trabajo, por lo tanto de subsistencia, está ligada a la administración, a la expansión y a
las formas de distribución de la riqueza cooperativa, aunque no sean de ninguna manera
equitativa, sino más bien altamente desigual. La forma de propiedad privada, si se quiere, incluso,
mixta, otorga al sentido práctico cooperativo minero un significado de apropiación, pero también
de cierta acumulación, aunque esta se dé en las direcciones administrativas, en los propietarios.
Otro tema complicado es la relación de los cooperativistas mineros con los compradores de
minerales. No sólo se trata de las fundiciones y la misma empresa estatal, sino también
intermediarios, empresas privadas, pequeñas, medianas y grandes, así como empresas
extranjeras. Como ya no hay un Banco Minero, descartado por los ajustes estructurales de los
periodos neoliberales, se produce la apropiación privada por la vía comercial y cierto descontrol
del Estado del comercio de los minerales. Todo este panorama produce resultados explosivos. Los
cooperativistas mineros requieren del Estado para la otorgación de concesiones, pero entran en
conflicto con el Estado porque atentan contra las reservas fiscales, realizan una explotación
minera expansiva y depredadora, no responden a la ley del trabajo, subcontratan trabajadores en
condiciones que no respetan sus derechos laborales, no invierten en la exploración, sin embargo,
se aprovechan de las reservas geológicas conocidas y entran en contradicción con los trabajadores
mineros asalariados y sindicalizados.
Sin embargo, la mayoría de los trabajadores mineros cooperativistas luchan por sobrevivir, contar
con fuentes de trabajo, por lo tanto, contar con un lugar de explotación, que se efectúa de una
manera rudimentaria. Ahora bien, hay que distinguir entre los propietarios de las cooperativas,
aunque no quieran reconocer esta condición los administradores, y los trabajadores
cooperativistas; también hay que distinguir un tipo de cooperativas, como las mineras, de otras
formas de cooperativa, y dentro de las cooperativas mineras hay que distinguir las cooperativas de
oro de las cooperativas de otros minerales. No es lo mismo, ni tienen las mismas características.
Dependiendo de dónde, les puede ir mejor a las cooperativas de oro, sobre todo por los altos
niveles de los precios del oro en el mercado. La mejor inversión resulta en el oro, pero muchas
veces se deja a la propia vida en esta aventura. No todos tienen el control sobre el mercado, ni
tampoco los vínculos necesarios. Empero de aquí, de esta explotación del mineral cotizado,
símbolo de lujo y de riqueza, han salido nuevos ricos. En general las cooperativas son una opción
organizativa, laboral y de oportunidades, en un país que no crea fuentes de trabajo para emplear a
la fuerza laboral, a la población en edad de trabajo.
El crecimiento de la población afiliada a las cooperativas mineras ha venido creciendo, incluyendo
a las familias. No solo hablamos de 70.000 o 80.000 afiliados, sino también de sus entornos
familiares. Como se puede ver hablamos de una población importante. La Constitución Política de
Estado reconoce a la forma económica social cooperativa como parte de la economía plural,
aunque la Constitución exige el perfil de economía solidaria para esta forma económica, lo que
está muy lejos de ocurrir. La competencia desalmada lleva a extremos del capitalismo salvaje a las
prácticas efectivas de las cooperativas. El sentido práctico no deja de estar ligado a la acumulación
simbólica, que en este caso deriva en la ostentación de la riqueza, cuando se tiene la suerte de
lograrla. Compra de automóviles caros, casa, fiestas, despilfarro. Son pocos los que transforman la
bonanza en una estrategia de clase a largo plazo.
Como se puede ver, ambos estratos mineros, los asalariados y sindicalizados, y los cooperativistas
mineros, están íntimamente vinculados al modelo extractivista de la economía boliviana. ¿Qué
significa esto? ¿Qué el gobierno tiene razón al optar por la continuidad y la expansión del modelo
extractivista? ¿Qué su perspectiva coincide con la demanda, expectativa y esperanza de estos
sectores sociales? El problema es complicado. La historia económica de Bolivia tiene como eje a la
historia minera y también hidrocarburífera. Esto es cierto, pero esto es lo que ha convertido a
Bolivia en un país dependiente y vulnerable; su economía depende de los vaivenes de los precios
de las materias primas. Cuando bajan entra en periodos de crisis, en el sentido de una economía
restringida a los menguados ingresos; cuando suben, se ilusiona con una bonanza perentoria
donde goza del incremento de ingresos, que no dejan de ser administrados en términos de un
Estado rentista.
A largo plazo los centros mineros se convierten en cementerios mineros y desplazan a sus
poblaciones, obligándolas a la migración. Una economía extractivista no es sostenible, se agota en
el tiempo. Por lo tanto, los hijos de los mineros o los hijos de los hijos de los mineros no tendrán
porvenir de este modo. Un país no puede construir su futuro sobre la base de la economía
extractivista. La economía debe brindarle a un país y a su Estado autonomía, independencia,
capacidad de reproducción propia, de satisfacción de sus necesidades, de crecimiento y de
transformación. Estos objetivos sólo se pueden lograr en una concepción integral de la economía,
en una articulación complementaria e sistémica de la composición y estructuras económicas. No
sólo se trata de salir de la gravitación preponderante del extractivismo en la economía, lo que no
significa dejar completamente el extractivismo, sino lograr el perfil del extractivismo
indispensable, optando por la industrialización de las materias primas. Sin embargo, esta opción
no sería suficiente; de lo que se trata es de construir una economía complementaria y sistémica,
capaz de lograr la reproducción autónoma, generando efectos multiplicadores, valorando sus
composiciones, subsistemas y estructuras, permitiendo la transformación cualitativa de las
condiciones de vida de la sociedad, de la población, de los habitantes, en armonía con las otras
sociedades de los seres orgánicos y los ecosistemas. Se trata de lograr una complementariedad
múltiple entre extractivismo indispensable, industrialización ecológica, agricultura sostenible,
fortalecimiento del mercado interno, soberanía alimentaria, medio ambientes sanos y saludables,
ecosistemas equilibrados dinámicamente. Esta es la tarea; este desafío no se lo asume optando
por la expansión destructiva del extractivismo, que rompe la posibilidad de toda
complementariedad e integración armoniosa.
“Pragmatismo” gubernamental
En adelante usaremos un documento de análisis del CEDLA de la llamada transición económica en
Bolivia, documento destinado al libro sobre transiciones en Sud América de la Fundación Rosa
Luxemburgo. El documento mencionado fue elaborado bajo la responsabilidad de Carlos Arze
Vargas; el título del ensayo es: Bolivia: ¿el “proceso de cambio” nos conduce a vivir bien? Vamos a
dejar la crítica a la concepción gubernamental del vivir bien; ya en un artículo titulado ¿Cómo
interpretar el vivir bien? hicimos conocer nuestra posición al respecto y nuestra crítica a la
concepción utilitarista del gobierno sobre el vivir bien. Nos interesa el análisis del CEDLA sobre el
modelo de “desarrollo” implementado por el gobierno en esta etapa de transición.
Comenzaremos con la pregunta que se hace el mencionado documento de si hay ¿Cambios en el
patrón de acumulación primario-exportador?2
El resumen de la parte de este análisis es categórico: El recorrido de la economía del país durante
la década 2000-2010 ha seguido mostrando las mismas características de las décadas pasadas,
cuándo el crecimiento del Producto Interno Bruto estuvo determinado en gran parte por el
incremento de las actividades extractivas de hidrocarburos y minerales, así como por la
importancia creciente de la demanda externa3. Las características del modelo de “desarrollo”
implementado se definen como:
1. Crecimiento dependiente de las industrias extractivas,
2. ausencia de industrialización: más allá del discurso, y
3. continuidad de la orientación exportadora,
A lo largo de la década el crecimiento económico estuvo definido por el extractivismo minero e
hidrocarburífero, durante el quinquenio de 2000-2005 con una tasa anual del 10%, y en el
siguiente periodo 2006-2009 la tasa anual alcanzo el 20%. La participación de la explotación
extractivista en el PIB paso de de un 10% a un 12% a finales de la primera década del siglo XXI. La
participación de la explotación hidrocarburífera, que se encontraba en un 4,8%, llegó a un 6,8% el
2007, en tanto que la participación de la explotación minera subió desde un 4% hasta un 6,2%.
2
El libro de la Fundación Rosa Luxemburgo sobre las transiciones en Sud América se encuentra en
publicación.
3
Revisar el documento del CEDLA citado, también el libro nombrado de la Fundación Rosa Luxemburgo.
No sólo la composición del aparato productivo, sino la dinámica misma del PIB se explican por el
primordial y progresivo peso de la economía extractivista, tal como podemos constatar en la
incidencia de las ramas económicas sobre el crecimiento del PIB. Aunque en el período 2000-2005,
la agropecuaria tuvo mayor irradiación en la variación del PIB, es ya ostensible la repercusión de
los hidrocarburos que se ubican en segundo lugar. En el mismo período resalta el recorrido del
transporte y de la industria manufacturera, ambos influidos por el crecimiento de las
exportaciones de gas natural al mercado brasileño y por la reanimación del rubro de refinación de
petróleo4.
Durante el periodo 2006-2009 es notoria la incidencia de la industria la minería, en tanto que
disminuye la de los hidrocarburos y también de la agricultura, silvicultura y pesca, que caen desde
un 20% hasta un 8%. En el periodo mencionado es notoria la participación industrial en la
producción de metales. Sin embargo, la participación industrial en el PIB no paso de un modesto
17%. Si bien el 2007 llega a un 17,2%, vuelve a bajar al 16,9% el 2010. Cuando hablamos de
industria boliviana no debemos olvidar que ésta prácticamente se reduce a los rubros de
alimentos y bebidas y tabaco, que durante los últimos treinta años representó entre 40% y 50%
del PIB industrial. En lo que se observa del comportamiento de los últimos años de la década en
cuestión, esta situación se hizo más marcada, cuando el peso de estas industrias mencionadas
sobrepasa el 50% del PIB industrial. De manera diferente, en cambio los rubros de los textiles y
prendas de vestir soportaron una caída del 13% en su aportación al PIB industrial; algo parecido
ocurre con las otras industrias manufactureras, entre las que se encuentran las industrias de
maquinaria, metálicos básicos y diversos, las que descendieron un 8%5.
Los proyectos gubernamentales de industrialización se orientan a la manufactura, los
hidrocarburos y la siderurgia-metalurgia. La empresas creadas por el Estado son: Cartonbol,
Lacteosbol, Empresa de Palmito, EBA, beneficiadora de castaña, Papelbol, Acebol, fábrica de
cemento, Azucarbol y Planta Industrial de Cítricos. La inversión realizada es de 3.621,7 millones de
bolivianos. El documento mencionado anota: Puede observarse que sólo tres de las nueve
empresas manufactureras proyectadas por el gobierno desde el año 2007 están en operación en
2012. La demora de la puesta en marcha de algunas es reveladora, pues alcanza a más de tres
años desde su creación mediante ley. ¿Cuáles son las causas de esta situación y retraso? La falta
de capacidad técnica, la marcada ineficiencia en la gestión y la presencia de elevada corrupción6.
El discurso oficial apuesta a la industrialización como alternativa para el cambio del modelo de
desarrollo implementado. La estrategia es la siguiente: El uso y la aplicación directa de los
excedentes obtenidos por las empresas públicas en la explotación extractivista, consideradas
empresas “estratégicas”. Sin embargo, varios de los proyectos mencionados no cuentan con
financiamiento directo del Estado; deben recurrir a la donación o el crédito privado interno o
externo. De este modo, de la inversión total prevista de 3.622 millones de bolivianos, 1.964
millones, correspondientes al 54%, derivarían de créditos de privados y de organismos financieros
4
Ibídem.
Ibídem.
6
Ibídem.
5
internacionales como el Banco Mundial y el BID. Esto ocurre, por ejemplo, con el financiamiento
de la construcción de las plantas de la Empresa de Cemento de Bolivia (ECEBOL) y de la Empresa
Azucarera San Buenaventura (EASAB)7.
Los Proyectos de industrialización en el área de hidrocarburos comprometen varios diseños:
Petrocasas, Planta de tapones y accesorios, Planta de tuberías, Planta separadora Río Grande,
Planta separadora Gran Chaco, Planta Urea y Amoniaco-Tarija, Planta Urea y Amoniaco-Carrasco,
Planta Etileno y Polietileno y Producción GTL. Empero, a pesar de los planes, la languidez
financiera de YPFB, los hizo prácticamente insostenibles; debilidad hecha manifiesta en el propio
Plan de Inversiones 2009-2015, plan que plantea un total de inversiones de $us 7.561 millones, de
los que sólo el 48% contaba con financiamiento propio, en tanto que 52% tropezaba por falta de
financiamiento (YPFB, 2009:227). Esta situación obligó al gobierno a disponer en septiembre de
2009 de la otorgación de un crédito por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) de 1.000 millones
de dólares que debería desembolsarse completamente hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin
embargo, el crédito otorgado no fue ejecutado, pues el monto desembolsado a diciembre de 2010
sólo alcanzó a 37 millones de dólares. La creación de la Empresa Boliviana de Industrialización de
Hidrocarburos (EBIH) también afectó a la gestión de YPFB en lo que respecta a la realización de los
proyectos de industrialización; el crédito se redujo a 700 millones de dólares, transfiriendo la
diferencia a la nueva empresa (BCB, 2011:167). Tampoco la EBIH fue eficiente en su ejecución, no
ha ejecutado el monto transferido. Después de un balance, YPFB, amparada en el DS 0922,
demanda una nueva transferencia a su favor. Tampoco esta recuperación del crédito mejora la
situación; hasta fines del 2011 YPFB sólo había ejecutado alrededor de 255 millones de dólares, lo
que corresponde al 36% del monto otorgado, destinados principalmente para implementar las
plantas de separación de líquidos8.
Como puede verse, en lo que respecta a la industrialización, tanto manufacturera como en
Hidrocarburos, hay más discurso que realidad. Cosa que no se puede suplir con la propaganda
gubernamental, que se esfuerza con presentar otro panorama. ¿Por qué se dan estos contrastes?
La industrialización no puede ser, de ninguna manera, producto de buenos deseos y de
improvisaciones, sino de la creación de condiciones de posibilidad histórica y económica. Tampoco
resuelve este problema el plan de inversiones, que debe estar respaldado por planificación
económica y tecnológica. Plan de inversiones, que además, no se cumple, pues las entidades como
YPFB y EBIH, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, no tienen capacidad de
ejecución, gestión y gasto. El imaginario industrialista del gobierno se reduce a una compulsión
burocrática, al empeño por aprobar leyes y decretos, creyendo que el discurso sustituye a las
condiciones de posibilidad, reduciendo el marco del mecanismo de decisiones a un entorno
estrecho de inexpertos y egos inflados de supuestos clarividentes. Está ausente el debate en las
organizaciones sociales y otras instituciones, no hay participación social ni deliberación colectiva,
menos en instancias estatales donde se debe deliberar por mandato como la Asamblea Legislativa.
7
8
Ibídem.
Ibídem.
Todo se reduce a campañas propagandísticas y publicitarias, donde si hay capacidad de ejecución
y de gasto.
Los Proyectos de industrialización en el sector minero no tienen mejor destino, hasta es peor la
situación, pues en estos rubros, la iniciativa y el control de la explotación minera la tiene la
empresa privada, sobre todo la mega-minería de la empresa trasnacional. Llevándose la parte del
león la Minera San Cristóbal. Los proyectos en esta área son: Fabrica Ácido Sulfúrico, Fundidora
Karachipampa, Hidrometalurgia Coro Coro, Refinarías de Zinc, Horno Ausmelt Vinto, Evaporíticos
Litio-Uyuni y Siderurgia Mutún. De todos estos proyectos identificados por el Ministerio de
Minería y Metalurgia (MMM), dos entraron en funcionamiento en los plazos previstos, la planta de
Corocoro y la fábrica de ácido sulfúrico, dos se hallan en la fase final de construcción, el horno
Ausmelt en Vinto y la rehabilitación de Karachipampa, mientras que los restantes se encuentran
en diferentes fases rezagadas, muy retrasadas en el cumplimiento de lo previsto. Hay que anotar
que, en los casos de la fábrica de ácido sulfúrico y de la fundición de Karachipampa, se trata, en
realidad, de su rehabilitación y no de nuevas construcciones9.
Los tres proyectos más importantes, las refinarías de zinc, la industrialización del litio y la
siderurgia del Mutún, fracasaron notablemente. En lo que respecta al caso de las refinerías de
zinc, la primera licitación para su construcción fue declarada desierta por falta de proponentes
(2010); la segunda licitación se adjudicó a una firma china (2011), pero el contrato se anuló al poco
tiempo por incumplimiento; recién se adjudicó al siguiente año, por invitación directa, a la
española Técnicas Reunidas. Se espera, de acuerdo a previsiones de la licitación, que se
construyan las refinerías de zinc en cuatro años10.
La situación es alarmante en el caso de la industrialización del Litio del Salar de Uyuni; la demora
se debe principalmente al error cometido sobre la estimación de la duración del proceso de
investigación del método de obtención de carbonato de litio, como paso previo para la obtención
de litio metálico y la fabricación de baterías de ión-litio. Esta fase, que culmina con la producción
piloto de carbonato, ya lleva un retraso de dos años. La nebulosa sobre los avances del proyecto,
el hermetismo del gobierno al respecto, a pesar de la gran propaganda que ha desplegado,
convirtiendo al proyecto del litio en el símbolo del “gran salto tecnológico”, ha generado una gran
incertidumbre, dudándose de haber logrado las condiciones y capacidades necesarias para
efectuar el mentado proyecto.
Otra catástrofe fue el proyecto de la industria siderúrgica; las condiciones anómalas que
acompañaron al desarrollo del proyecto desde su inicio, las dificultades puestas por la propia
Jindal Steel & Power, encargada del proyecto siderúrgico del Mutún, empresa que incumplió los
cronogramas de inversión, demandando sin justificar un volumen abultado de gas natural,
demanda usada como excusa; todo esto seguido por la incapacidad de la Empresa Siderúrgica del
Mutún (ESM), estatal, para supervisar el cumplimiento del contrato, así como la inexistencia de un
“proyecto a diseño final” que defina los requerimientos de insumos y los volúmenes de
9
Ibídem.
Ibídem.
10
producción de acero, generaron incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto. Lo que llevó a
pensar que la empresa Jindal Steel & Power nunca estuvo dispuesta a llevar a efecto la
industrialización del acero, sino que, mas bien, tuvo siempre intereses especulativos financieros11.
Tomando en cuenta este panorama desalentador, la conclusión del documento del CEDLA no se
deja esperar:
Considerando este panorama deprimente, se puede decir que la industrialización no ha sido el
norte de las acciones gubernamentales. Este objetivo aparente estuvo relegado por el objetivo
primordial de incrementar la recaudación fiscal. Este objetivo se cumplió reeditando la experiencia
neoliberal de acelerada monetización de las reservas de hidrocarburos, lo que dejó poco margen
para los proyectos de industrialización12.
En relación a las condiciones de posibilidad económica para la industrialización, una de las
condiciones es salir de la gravitación del llamado patrón primario exportador, escapar de esa
condena de la vocación exportadora, dejando de depender de las determinaciones del mercado
externo en lo que respecta a su demanda de materias primas. Otra condición es fortalecer el
mercado interno, generando e incentivando el consumo interno. Sin embargo, se nota que en las
dos gestiones del gobierno progresista se manifiesta un marcado comportamiento por la
continuidad de la compulsiva orientación exportadora. La profundización de la orientación
primario-exportadora se exhibe en la creciente importancia de la demanda externa en la
estructura del PIB: mientras que en la década de los años noventa las exportaciones representaron
24,5%, en la primera mitad de la última década fueron el 30% y en la segunda mitad alcanzaron el
34%. En contraste, el consumo bajó en los mismos períodos de 86%, primero a 85% y finalmente a
82% del PIB. En lo que respecta a la inversión, la evolución fue menos negativa, pues aunque cayó
de 17% a 14%, a finales del último quinquenio se situó en 16%; esto se debió al incremento de la
inversión pública de los últimos tres años, posteriores al estallido de la crisis internacional. Esto
significa que la demanda interna sufrió una reducción relativa que contrasta con la importancia
creciente de la demanda externa, contraste que muestra el alto grado de vulnerabilidad de la
economía en un contexto internacional signado por el riesgo de depresión económica13.
En lo que respecta al mercado interno y el consumo propio, si bien es cierto que el consumo de los
hogares y del gobierno mostró tasas positivas mayores que en las etapas anteriores, hay que
anotar que se trató en realidad de recuperaciones coyunturales que no modificaron la importancia
de las exportaciones en la determinación de la dinámica del Producto Interno Bruto. Estos
comportamientos ahondan el carácter dependiente de la economía y su apego al modelo
extractivista14.
11
Ibídem.
Ibídem.
13
Ibídem.
14
Ibídem.
12
La gravitación del modelo primario-exportador se hace notoria en la composición de las
exportaciones durante el período 2006-2010; las ventas externas de productos primarios,
principalmente hidrocarburos y minería, pasaron a ser preponderantes, abarcando más del 69%
del total. Este cuadro contrasta con la composición más equilibrada del quinquenio anterior,
cuando estas materias primas participaban con el 47,2%, frente al 47,5% de las manufacturas y
5,4% de los productos agropecuarios15.
Ya entrando a un análisis estructural del modelo de “desarrollo” implementado por el gobierno, se
podría decir que la política económica descansa en su principal medida, efectuada al comienzo de
la primera gestión, la nacionalización de los hidrocarburos. Los ingresos generados para el Estado
por esta medida le permiten al gobierno un gran margen de acción; sin embargo, la misma
nacionalización de los hidrocaburos se asienta en procedimientos de nacionalización ambiguos,
contradictorias y hasta parciales, que la misma medida no logra sostener una transformación
económica, ni el control de la cadena productiva, tampoco de las reservas, entregando el control
tecnico de la producción a las empresas trasnacionales de los hidrocarburos, las que terminan
beneficiandose. Por lo tanto, en consecuencia, no se habría producido la llamada re-fundación de
YPFB. La parcial nacionalización, además de patrocinar los bonos y sustentar el incremento general
de los ingresos del Estado, los que se administran de una manera rentista, sólo socorre la
demogogia de un discurso que se esfuerza desesperadamente por demostrar que sí hubo
nacionalización, además de soportar la propaganda agobiente del gobierno. En otras palabras,
caracterizando la medida, la “nacionalización” de los hidrocarburos de ninguna manera se efectuó
como una medida de expropiación de las empresas transnacionales; se limitó a la profundización
de la reforma tributaria iniciada en el año 2005 por la Ley 305816.
En todo caso, la nacionalización abarcó la restitución de las empresas del sector que habían sido
privatizadas durante el periodo neoliberal: dos empresas productoras, una empresa de
transportes, dos refinerías y una empresa de almacenamiento. El dispositivo de la recuperación de
las empresas estatales fue comercial, el consabido método capitalista de la compra de acciones;
en unos casos de la totalidad de las que permanecían en manos privadas, en otros comprando el
número suficiente de acciones para posibilitar el control del 50% + 1 del paquete accionario17.
Las empresas “capitalizadas” durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fueron
nacionalizadas del siguiente modo: se procedió a la transferencia de las acciones que formalmente
pertenecían a los ciudadanos bolivianos, administradas por las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP), las que sumaban en la mayoría de los casos más del 45% del paquete accionario
total. Desde esta perspectiva, haciendo el balance, las únicas acciones expropiadas fueron aquellas
que pertenecían a los ciudadanos bolivianos mayores de edad18.
15
Ibídem.
Ibídem.
17
Ibídem.
18
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16
El cuadro de las nacionalizaciones por el procedimiento de la compra de acciones es el siguiente:
Se compraron acciones a YPFB Chaco, YPFB Andina, YPFB Transportes, YPFB Refinación, YPFB
Logística, YPFB Aviación, Guaracachi, Valle Hermoso, Corani, Elfec, ENTEL y Fancesa. El balance
arroja el siguiente resultado: por concepto de compra de acciones la nacionalización podría costar
un total de 893 millones de dólares; empero, este costo sobrepasaría los 1.000 millones si se toma
en cuenta la condonación de deudas tributarias de ENTEL que llegaría a más de 150 millones de
dólares y los pasivos de Transredes, que suman aproximadamente 31 millones de dólares19.
Por otra parte, el costo de la nacionalización se complica cuando sabemos que la firma de nuevos
contratos por las empresas extranjeras, dispuesta por el Decreto Supremo 28701 de 1 de mayo de
2006, incorporó un precepto por el que se reconoce “de buena fe” los montos de inversión
declarados por las mismas. Esto es grave pues se descarta onerosamente las conclusiones de una
auditoría dirigida por el Ingeniero Enrique Mariaca, ex-presidente de YPFB y defensor de la
soberanía de los hidrocarburos, auditoria contratada por el propio gobierno. La conclusión de
dicha auditoria establece que las inversiones reales de las empresas trasnacionales son mucho
menores que las declaradas por ellas; mientras las empresas reportaban una inversión de 3.115,69
millones de dólares, la auditoría comprueba que, debido a una serie de irregularidades contables,
el monto que se les debe reconocer es sólo de 1.040,52millones de dólares, es decir sólo el 33,3%
de lo declarado (Delgadillo, 2012: 149). Cuando se desconocen sospechosamente estos resultados
de la auditoría, exigida por el propio decreto supremo de nacionalización, no sólo se reconoce el
derecho de las empresas a la amortización de las inversiones declaradas por ellas mismas, sino
que los montos elevados del saldo no amortizado de las mismas permiten, a través de una
enrevesada fórmula, que la participación de YPFB en las utilidades netas de cada campo resultara
menor20.
El documento del CEDLA describe los alcances de la nacionalización de la manera siguiente:
La ampliación de la tributación dispuesta por la nacionalización consistió en la inclusión en los
nuevos contratos petroleros del mencionado régimen adicional de captura fiscal de una fracción
variable de las utilidades netas de las empresas operadoras, en función de la rentabilidad
extraordinaria obtenida como producto del incremento de los volúmenes vendidos y de los precios
internacionales. Esa parte de las utilidades de que se apropia el Estado se denomina Participación
de YPFB y fue implementada para generar recursos para la empresa estatal, en vista de que la Ley
3058 había eliminado el tributo de 6% sobre el valor de la producción que le correspondía a YPFB al
transferirla al Tesoro General de la Nación (TGN).
Así, el incremento importante de la renta petrolera que percibe el Estado a partir de 2005 fue
resultado de la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos por la Ley 3058. Este nuevo
impuesto sumado a las Regalías y la Participación del Tesoro General de la Nación (TGN) permite
recaudar el 50% del valor de las ventas de hidrocarburos, sustituyendo un régimen tributario que
hasta el año 2004 generaba recaudaciones en permanente declinación. A este porcentaje se suma
19
20
Ibídem.
Ibídem.
con la nacionalización el porcentaje variable correspondiente a la participación de YPFB, que en
promedio alcanzó al 12,5% a partir del 2008. El total de la renta que se percibe con la reforma del
régimen tributario, entonces, llega como promedio al 62,5%, y no al 82% como le gusta decir al
Presidente Morales21.
Sin embargo, el gobierno usa demagógicamente un procedimiento de cálculo, inadecuado para los
fines propagandísticos perseguidos, con el propósito de hacer creer que el Estado percibe más; se
trata de una fórmula de cálculo del excedente capturado por el Estado, que el gobierno ha
utilizado recurrentemente para mostrar un porcentaje mayor a ese 62,5%, hablamos del
denominado “government take” que habría llegado en 2010 al 73% del valor de la producción.
Este porcentaje relativamente mayor incluye el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas
(IUE) del orden del 25% sobre utilidades netas, perteneciente al régimen tributario general y no
exclusivamente al sector, que se efectiviza desde el 2005, gracias a la anulación de la posibilidad
de acreditar el pago de regalías con cargo al pago del IUE dispuesta por la Ley 3058, y el pago de
las patentes por la áreas de trabajo22.
El documento de análisis evalúa el control que tienen las empresas nacionales sobre la masa de
ganancia que mantienen, incluso después de la nacionalización:
Ahora bien, gracias a las condiciones dispuestas en favor de la explotación acelerada de las
reservas hidrocarburíferas y de su exportación masiva, como la firma de un nuevo contrato de
provisión de gas natural a la República Argentina, que involucra un volumen de hasta 27 millones
de metros cúbicos diarios y un precio mayor al del contrato con el Brasil, los resultados en términos
monetarios para las empresas transnacionales muestran que la afectación a sus ganancias fue
relativa. En efecto, como en el capitalismo no sólo importa la tasa de ganancia que se recibe por
una determinada inversión, sino también la masa de ganancia, podemos afirmar que las petroleras
extranjeras continúan obteniendo suculentos beneficios: si en 2004 -sobre un valor de producción
hidrocarburífera de 1.172 millones de dólares- controlaban el 75% del valor bruto de la producción
equivalente a 879 millones, en 2010-sobre un valor de 3.053 millones- controlaron el 35%
equivalente a 1.068 millones de dólares; en ausencia de incrementos sustanciales en los costos de
producción, esta situación necesariamente se traduciría en ganancias mayores. Esto explica, en
gran parte, por qué las transnacionales no abandonaron el país después de la nacionalización23.
En conclusión: la nacionalización llevada a cabo por estos procedimientos parciales,
contradictorios y ambiguos, que no descartan la conocida formula capitalista de la compra de
acciones, no derivó en la recuperación del monopolio estatal sobre la producción de los
hidrocarburos y el control efectivo de la inversión sectorial, por lo tanto, no se dio lugar el control
21
Ibídem.
Ibídem.
23
Ibídem.
22
real del abastecimiento de combustibles al mercado interno, así como tampoco se hace posible la
realización de los planes de industrialización24.
Se puede decir que se hace efectiva la preeminencia de las empresas transnacionales en el control
de la producción de hidrocarburos; más del 80% continúa en sus manos. El Estado, en cambio, sólo
participa en la producción del restante 17,8% mediante las empresas YPFB-Andina (en asociación
con Repsol) y YPFB-Chaco. El control de la producción por parte de las empresas transnacionales
ha ido creciendo en los últimos cinco años. Se destaca el incremento de la participación de
PETROBRAS, que pasó del 56,7% en 2005 hasta el 63,7% en 2010, además de la presencia de
Repsol como tal y en asociación con otros operadores, incluida YPFB Andina, en distintos campos
gasíferos y petroleros25.
Contrastando con la propaganda gubernamental sobre el control soberano de las reservas, los
recursos y los territorios fiscales, el documento del CEDLA hace una ponderación de lo que
efectivamente controla el Estado, también desprende el análisis y la interpretación de lo que
ocurre en cuanto a la satisfacción de las necesidades de la población, así como efectúa un balance
de lo acontecido en torno a la medida impopular del “gasolinazo”, optada por el gobierno a favor
de las empresas trasnacionales:
En el caso de las áreas petroleras la participación de las empresas extranjeras en 2010 llegaría a
poco más del 15%, consecuentemente la presencia del Estado resultaría dominante. Empero, en
este caso se debe hacer algunas acotaciones: i) el hecho de que las áreas en explotación pasaran a
ser minoritarias -aunque en sentido estricto son las más importantes porque contienen las reservas
de valor comercial probado-, se debe a la emisión de una serie de disposiciones entre 2005 y 2012,
que establecieron áreas reservadas para YPFB en una extensión de más de diez millones de
hectáreas, por lo que la proporción entre áreas de exploración y explotación cambió
sustancialmente, ii) aunque las nuevas áreas habilitadas para la actividad petrolera fueron
declaradas de exclusividad para YPFB, en realidad se ha previsto que sean operadas por empresas
mixtas. Así, empresas como PDVSA, PETROBRÁS, YPF Argentina y GTLI-Jindal ya han accedido a
grandes extensiones territoriales como operadoras de convenios de estudio y exploración, y iii) en
las áreas de explotación actual la “nacionalización” respetó íntegramente los derechos de las
empresas extranjeras sobre las áreas que se habían adjudicado mediante la privatización de los
años noventa.
La ausencia de control real y efectivo del Estado sobre la inversión y la producción hidrocarburífera
y la presencia dominante de las empresas transnacionales, han derivado en el incremento del
poder de éstas, al punto que pueden contener el crecimiento de la producción si así lo exigen sus
cálculos de rentabilidad. Prueba de esa situación es el estancamiento de la producción sectorial y,
especialmente, la caída de la producción de petróleo debido a que el precio interno del mismo
24
25
Ibídem.
Ibídem.
permanece congelado desde 2004 en 27 dólares barril, lo que les impide obtener las ganancias
deseadas.
Esta enorme capacidad de influencia económica y política de las empresas extranjeras es también
perceptible en la definición de los proyectos de transporte de gas natural, donde prevalecen los
compromisos de exportación por sobre la demanda social por cambiar la matriz energética,
llegándose a la paradoja de que el mercado interno cuenta solamente con un gasoducto de
importancia que posee un diámetro que es un tercio del diámetro de uno sólo de los varios ductos
destinados a la exportación.
Esta situación está conduciendo al gobierno a adoptar, cada vez con más fuerza, una postura más
inclinada a favorecer los intereses de las transnacionales petroleras. Los ejemplos más claros son el
fallido “gasolinazo” de 2010 y el contenido del proyecto de nueva ley de hidrocarburos. En el
primer caso, el gobierno optó por la elevación de los precios internos de los carburantes en más del
70% como solución, según el gobierno, a la insuficiencia de oferta interna de petróleo y al
contrabando, aunque el propósito real fue inducir el incremento de la producción de petróleo de las
empresas transnacionales. El mecanismo para cumplir ese propósito era la constitución de un
Fondo Petrolero, formado con los nuevos recursos fiscales a recaudarse con la subida del impuesto,
que iba a financiar dicho incentivo adicional de 32 dólares por barril de petróleo para los
operadores, elevando las utilidades netas por barril de 6,14 dólares a 29,76 dólares, es decir en un
400%. Esto, sin duda, habría significado un retroceso de la política hidrocarburífera hasta tiempos
anteriores a la propia Ley 3058. Lo más grave es que el gobierno en ningún momento recurrió a los
recursos legales y/o políticos para obligar a las empresas –“simples contratadas”, según los
voceros gubernamentales- a incrementar la producción de petróleo para abastecer a las refinerías.
Pese a que la movilización popular hizo fracasar esa medida, el gobierno no ha cejado en su
intención de favorecer a las empresas transnacionales: mediante el D.S. 1202 de abril de 2012, ha
dispuesto un incentivo para los productores de petróleo de 30 dólares por barril. Con esta medida
se les devolverá parte de la renta controlada: el Estado que obtiene 13,55 dólares por IDH y
regalías -sobre un precio de 27,11 dólares-, pagará un “incentivo” de 30 dólares en forma de Notas
de Crédito (NOCRES) emitidas por el Ministerio de Economía; en otras palabras, otorgará una
subvención 2,2 veces mayor que la renta obtenida. Los recursos para pagarla deberán salir de la
renta del gas natural o de los impuestos de los consumidores, con lo que se retrocede aún más en
los objetivos proclamados por la nacionalización26.
Este análisis y balance de la nacionalización nos muestra no sólo las consecuencias del camino
escogido por el gobierno, la continuidad expansiva del modelo extractivista colonial del
capitalismo dependiente, sino que este recorrido tiene su propia lógica, la profundización de la
dependencia, entregando el control efectivo y técnico de la explotación y producción extractivista
a las empresas trasnacionales del petróleo. Esto se hace notoriamente peligroso cuando asistimos
a la elaboración de una nueva ley de hidrocarburos; todo indica de que en dicha ley se incorporará
26
Ibídem.
cambios importantes para favorecer la inversión extranjera, especialmente en dos ámbitos: el de
las normas ambientales y el régimen tributario.
Conclusiones
Como se puede ver el “pragmatismo” gubernamental no es eficiente, no logra los resultados
esperados. Este “pragmatismo” y realismo político no tiene efectos en la transformación del
modelo extractivista heredado; en cambio es eficiente en cuanto a la continuidad y expansión del
modelo extractivista y la lógica de la economía rentista. El “pragmatismo” se reduce entonces a la
forma de gubernabilidad, a su eficacia relativa en convencer de que hay cambios, de presentarse
como alternativa y remarcar sus diferencias con los gobiernos y gestiones anteriores. Se trata de
un pragmatismo político, que más se parece al cinismo, pues de eso se trata cuando el objetivo es
preservarse en el poder. De ninguna manera se crea que este pragmatismo tiene que ver con la
puesta en práctica de procedimientos y políticas que repercuten en transformaciones económicas,
aunque estas sean diferidas. El impacto de la nacionalización se ha reducido a mejorar las
condiciones de ingresos del Estado y engrosar las capacidades de la economía rentista. Al
respecto, no hay que olvidar que la nacionalización ha sido impuesta por las movilizaciones
sociales, por el mandato de la Agenda de Octubre al gobierno; no responde esta medida a una
iniciativa del propio gobierno. Mas bien, las iniciativas del gobierno han disminuido los alances de
la nacionalización.
Por lo tanto, del “pragmatismo” del que hablamos, el caracterizado en este ensayo, tanto en su
versión de sentido común, manejado como prejuicio “técnico” de las clases privilegiadas, así como
en la versión del “pragmatismo” gubernamental, es parte del habitus de la burguesía y de la
pequeña burguesía ilustrada, así como también del habitus del campo burocrático. El
“pragmatismo” del que hablamos es parte del capital escolar y el capital simbólico en los estratos
dominantes del campo social. Forma parte de las relaciones sociales y de las relaciones de poder
ejercidas sobre las clases no ilustradas, sobre los subalternos y condenados de la tierra.
Retornando al discurso marxista se podría hablar de una “ideología”, empero, el fenómeno, su
formación enunciativa, es más complejo que esta definición, pues se trata del uso del saber para
producir verdades. Los “pragmáticos”, del estilo expuesto, los de las clases ilustradas y los
burócratas del gobierno, son mas bien personas formadas, usan su capital cultural, sus
conocimientos en la puesta en escena de su discurso y de su argumentación. El “pragmatismo” se
presenta como sensato, técnico y hasta científico. Es el arte de lo posible y lo viable. Otros
discursos, los críticos y de interpelación, son presentados como descabellados o sospechosos de
conspiración. Este pragmatismo forma parte de la pretensión de madurez y de la sensación de
autosatisfacción culminante. Forma parte de las poses del fin de la historia. Todo ya se sabe, ya se
ha experimentado de todo; el Estado liberal, el Estado de derecho, el Estado-nación, es el fin de la
historia, es la mejor institución que ha creado el hombre. Hay que usarla para transformar y
mejorar las cosas y o las condiciones sociales. No hay que inventar la pólvora, hay que aceptar lo
que tenemos e ir adelante.
Hay pues una soberbia, poco disimulada, en este “pragmatismo”. Los mortales, los gobernados
tienen que aceptar el ejercicio de este “pragmatismo”, sobre todo en función de gobierno. Ellos,
los mortales y los gobernados, no pueden ver lo que los que gobiernan ven, todo el panorama.
Tienen que confiar en la sabiduría “pragmática”, pues todo marcha según los designios de los
clarividentes. Hay un proceso ascendente, varias fases de la dialéctica del proceso se han
cumplido, la “revolución cultural y democrática” se ha consolidado, las instituciones se han
transformado, la sociedad ha cambiado, un grueso de la población ha salido de la extrema
pobreza, mantenemos el equilibrio macroeconómico, somos un oasis en la crisis mundial. No hay
contradicciones en el seno del pueblo, solo tensiones creativas. Ahora podemos seguir avanzando
en el cumplimiento de las siguientes etapas, la industrialización y el socialismo comunitario.
Sin embargo, estamos ante un pragmatismo paradójico, tiene su lado fantasioso precisamente
cuando imagina su historia lineal, cuando tiene que ordenar la secuencia del proceso. Es como
metafísica del fracaso - que así podríamos llamar al imaginario del “pragmatismo” desdichado,
haciendo honor al título del libro de Augusto Céspedes sobre Daniel Salamanca, presidente de
Bolivia, al inicio de la conflagración bélica de la Guerra del Chaco27- tiene como una
representación esquemática de los acontecimientos, tiene como un modelo optimista de
ponderación de los hechos y de los eventos. Esta representación esquemática, este cuadro
ordenado, sustituye a los múltiples espacios accidentados que se dan con el despliegue de las
fuerzas sociales. Ocurre como cuando Daniel Salamanca ganaba la Guerra del Chaco en el mapa
geográfico, avanzando los alfileres que representaban a las tropas, cuando, en realidad la guerra
se la perdía. La historia lineal del pragmatismo nos ofrece un cuadro evolutivo del proceso, se
cumplen las etapas ascendentes de la “revolución democrática y cultural”, aunque nada de esto se
constate en la experiencia de la gente y en la lectura de los movimientos sociales anti-sistémicos,
menos en las naciones y pueblos indígenas originarios.
27
El título del libro de Augusto Céspedes es El metafísico del fracaso. Publicado por Amigos del Libro; La Paz.