Download de los Estudios Institucionales a los Movimientos Sociales.

De la Transición a la Indignación: de los Estudios Institucionales a los Movimientos Sociales.
Pablo Calderón Martínez. Candidato a Doctor en Estudios Españoles, Portugueses y
Latinoamericanos. King's College London.
Erick G. Palomares Rodríguez. Candidato a Doctor en Gobierno y Administración Pública. Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset; Universidad Complutense de Madrid.
INTRODUCCIÓN
En esta ponencia proponemos discutir en perspectiva comparada los casos del 15-M en España y el
#yosoy132 en México, desde una lectura que complemente a los estudios académicos del proceso
democrático por el cuál ambos países han atravesado, las llamadas “transiciones”.
Nuestro análisis parte desde la perspectiva del significado mismo de la democracia y como esta fue
operacionalizada en ambos casos. Si bien la transición democrática significó, desde un principio, cosas
completamente diferentes para España y México (mientras España aspiraba a una social-democracia
Europea -con todo lo que esto implica-, México aspiraba a una democracia institucional y de libre
mercado) hoy los movimientos sociales presentes en ambos países, no representan sencillamente el
'fracaso' de sus respectivas transiciones, sino más bien son una transformación de cómo la democracia se
concibe y se operacionaliza.
Con esta premisa en mente trataremos de describir en una primera parte, la manera en la que se ha
tratado de explicar la 'convergencia' en ambos casos desde la literatura académica más citada, haciendo
énfasis en los conceptos de democracia. Las transiciones políticas en México y España han sido
analizadas desde múltiples perspectivas y a través de un sin número de prismas teóricos. La transición
en España, sobre todo, ha sido catalogada como un éxito rotundo desde el punto de vista académico; en
unos cuantos años se logro una consolidación democrática de manera pacifica, en la cual las elites,
movimientos sociales y otros actores actuaron de manera responsable y moderada en un proceso
marcado por el consenso. La literatura transitológica ha explicado ambas transiciones desde perspectivas
institucionales, culturales, histórico/institucionales, path-dependence, basadas en teorías de la
modernización, el libre mercado y la globalización. Al mismo tiempo, los resultados contratantes entre
ambas transiciones (se presenta a la Española como consolidada, mientras la Mexicana es, cuando
menos, incompleta) han sido explicados mediante estos prismas teóricos: las elites en México no
estaban unificadas, el Franquismo nunca logro los niveles de institucionalización que el Priismo, las
movilizaciones sociales en España gozaban de mayor independencia, la clase media en México no
estaba tan desarrollada, etcétera.
En una segunda parte avanzamos desde los conceptos revisados en la primera parte, hacía una propuesta
de complementación analítica que permita reconocer de mejor manera hacia dónde están dirigidas las
críticas hechas desde los movimientos contemporáneos en ambos países, tanto el 15-M en España como
el #yosoy132 en México. Se propone que no se pueden entender las reivindicaciones y demandas
fijando la atención únicamente en los defectos o ausencias de los acuerdos emanados de las respectivas
transiciones. Se ofrecen al menos dos tipos de visiones que complementan la complejidad de los
periodos históricos que travesaron ambos países y que se consideran como causas directas de aquello
que es objeto de crítica por parte de los movimiento sociales estudiados en este artículo.
Por un lado, la consolidación de los procedimientos democráticos, que se establecieron para garantizar
la alternancia de los partidos en el gobierno, provocó que el gobernante pensara en las elecciones al
tomar sus decisiones. Las “democracia de mínimos” que se establecieron, favorecieron un tipo de
decisiones sobre otras, privilegiando las políticas que les garantizaran las “minoría suficiente votos para
ganar las elecciones”.
Por otro lado, se señala que al proceso de transición democrática le acompaño una seria de debates y
corrientes sobre las “maneras de gobernar”. El estudio de la Administración Pública y de las Políticas
Públicas, y en particular ciertos vínculos entre corrientes académicas y el gobierno, fue marcando las
pautas de la acción del gobierno. Cuando se evalúa el resultado de los gobiernos, el pobre resultado a
decir de los movimientos que se estudian en este artículo, es necesario observarlos desde las
coordenadas cognitivas que los influyeron para determinar, y aclarar, cuáles son resultados de los
arreglos de la transición y cuáles de la ideología que impregnó a las administraciones públicas, desde las
reformas estructurales a la Nueva Gestión Pública, que tuvo consecuencias tanto en la gestión como en
el tipo de servicios y políticas que recibieron los ciudadanos.
Esperamos ser capaces de sostener que la visión de la democracia de aquella época está hoy rebasada
cognitiva e instrumentalmente. Las exigencias contemporáneos sumadas a las nuevas herramientas de
las TICs nos dan luz en una nueva y más útil forma de entender y operacionalizar la democracia,
pensándola más allá de los mínimos necesarios para ganar las elecciones o de las ideologías
gubernamentalistas influenciadas por la ideología de mercado, que de acuerdo a las reivindicaciones del
15-M y del yosoy132, han demostrado ser insuficientes.
Las Transiciones a la Democracia
Nuestro ensayo se enfoca principalmente en el legado de las transiciones políticas en España y México.
Nuestro objetivo es, ante todo, analizar los problemas actuales de los regímenes democráticos en ambos
países a partir de un entendimiento de sus transiciones políticas. Para lograr esto, primero que nada es
necesario presentar una definición de democracia que se apegue a las realidades de ambos procesos de
transición. Acto seguido, presentaremos un análisis general, tomando en cuanta nuestra definición de
democracia, de ambas transiciones a la democracia.
Las definiciones importan: la democracia y su(s) significado(s)
El como definir la democracia ha sido un punto de análisis desde el principio de la ciencia política como
disciplina independiente. Con la consolidación del estado moderno en el sentido Weberiano clásico, que
se refiere a un aparato capas de monopolizar el uso de la violencia a través del establecimiento de un
sistema de administración legal-racional, se da la necesidad de encontrar nuevas formas de legitimación
del poder. En pocas palabras, el estado moderno transformo el poder individualizado y las
justificaciones ad hoc para el ejercicio de la autoridad en un sistema de autoridad despersonalizado y
basado en leyes para desarrollar políticas públicas (Spruyt, 2007: 212). Este cambio en la justificación
del poder implicó de igual manera un cambio en la legitimación del mismo; no puede existir una
monopolización del poder si el estado no es considerado, al menos por un sector significativo de la
sociedad, como legitimo (ibid). Este es el momento en el que la democracia emerge como una, mas no
la única, forma de legitimar el poder del estado.
Ciertamente existen versiones que encuentran en la Antigua Grecia el origen de la democracia moderna,
sin embargo, en nuestra opinión, la democracia moderna y la democracia “amateur” (Hague y Harrop,
2007: 45) practicada en las ciudades-estado de la Antigua Grecia son conceptos muy distintos y que
difícilmente podrían compararse (Fukuyama, 2011: 20). Thomas Pangle es del opinión, la cual
compartimos, que el concepto moderno de democracia emerge con el “nuevo republicanismo”
Norteamericano que se distingue del republicanismo Griego al darle una dimensión liberal: la libertad
significa la capacidad de acumular propiedad (o capital) privado sin la intervención gubernamental
(2009: 21-22). En este sentido, podríamos decir que, siguiendo la teoría de desarrollo presentada por
Acemoglu y Robinson (2012), la democracia como concepto político moderno emerge solo cuando el
desarrollo capitalista así lo permite o lo requiere. De cualquier manera, la democracia moderna ha
estado en constante desarrollo por al menos los últimos dos siglos. Uno podría pensar que, de la misma
manera como el estado o la nación, las características que definen a la democracia deberían ya de estar
bien delimitadas. Si ese fuera nuestro pensamiento, estaríamos tristemente equivocados. El desarrollo de
una definición exacta de lo que es la democracia ha sido uno de los temas que mas ha preocupado a la
ciencia política desde sus origines. Sin embargo, no es hasta la décadas de 1950 y 1960 que, bajo la
tutela de académicos de la talla de Robert Dahl, Seymour Martin Lipset y Joseph Schumpeter, que se
comienzan a considerar las implicaciones que puede tener el hecho de definir la democracia en su teoría
y en su práctica.
Particularmente pertinente a nuestro estudio son las contribuciones de Schumpeter en este ámbito.
Joseph Schumpeter propone “otro tipo de democracia” en respuesta a lo que él percibía como la doctrina
clásica de la democracia (por no decir anticuada) del siglo 18. La famosa definición de su nueva
democracia como un arreglo institucional para arribar a decisiones políticas, en la cual individuos llegan
al poder a través de una competencia por el voto de los ciudadanos (1947 [2011]: 269), ha marcado el
desarrollo teórico y practico de la democracia en los últimos casi 70 años. La idea Schumpeteriana de
“dejar a un lado” conceptos contradictorios como “el bien común” o la “voluntad común”, en favor de
una definición que acentúa la competición electoral y que evita darle al electorado un nivel exagerado de
iniciativa que ignoraría el papel de la elites (ibid: 270), ha permeado los ámbitos académicos y prácticos
en igual medida. Las concpetualizaciones “Schumpeterianas” de la democracia son, hasta nuestros días
y sin lugar a dudas, las más utilizadas.
Podríamos especular que en el ámbito académico, la preferencia por este tipo de definiciones se debe a
las facilidades que presentan para el estudio teórico de la misma. La ciencia política mantiene, como
todas las otras “ciencias”, la necesidad de desarrollar tipologías y clasificaciones. De hecho,
clasificaciones y tipologías deben de desarrollarse antes de poder realizar cualquier tipo de comparación
(Kalleberg, 1966: 81). Para el estudio comparativo de la democracia, por lo tanto, existe la necesidad de
diferenciar entre “democrático” y “no democrático” (clasificación) antes de poder siquiera hablar de
“más o menos democrático que…” (tipología). Por lo tanto, como Norberto Bobbio propone, el primer
paso en el estudio de la democracia es establecer que regímenes son democráticos y cuales no lo son. De
acuerdo a Bobbio, sin duda inspirado por Schumpeter, la única manera en la que podemos distinguir es
mediante el análisis del las reglas que establecen quien(es) está(n) autorizado(s) para tomar decisiones
colectivas y bajo que procesos estas decisiones son tomadas (Bobbio, 1984 [2001]: 24). A pesar de que
los procedimientos que Bobbio sugiere para distinguir entre “democrático” y “no democrático” incluyen
el ámbito legal a la definición Schumpeteriana, su clasificación sigue siendo minimalista. Lo que
distingue a lo democrático de todo lo demás son, simplemente, las reglas del juego.
Esta misma tradición minimalista de la democracia ha influenciando el trabajo de muchos de los
académicos más destacados en el estudio de la democracia y la democratización. Además de Norberto
Bobbio, Giovanni Sartori (1995) también sigue la tradición minimalista cuando desarrolla su
conceptualización de una democracia liberal y los objetivos que debe de alcanzar basando su definición
en los arreglos institucionales. Autores como Juan José Linz, Robert Dahl y Jon Elster también han
seguido esta tradición. Sin embargo, existen autores, como Wolfgang Merkel y Guillermo O’Donnell,
que han cuestionado la sabiduría de aplicar estos estrictos parámetros minimalistas a la definición (y por
lo tanto categorización de regímenes) de la democracia. Merkel, por ejemplo, se refiere a este tipo de
definiciones como un “sistema abstracto de reglas” (1998: 33-34) que no es representativo de las
complejidades de la democracia. Su preocupación acerca de esta versión “disminuida” es compartida
por, entre otros, Guillermo O’Donnell. O’donnell no solo cuestiona el hábito negativo de utilizar
definiciones minimalistas, sino que se preocupa también por las complicaciones que emergen de esta
tendencia. En particular su preocupación se centra en la dificultad que presenta el uso de estas
definiciones al momento de desarrollar marcos teóricos que expliquen los nuevos regímenes postautoritarios. O’Donnell argumenta que la celebración desmesurada que siguió la caída del Muro de
Berlín y que supondría “el fin de la historia”, debió haber sido seguida por un momento de reflexión
sobre las enormes, e históricamente peculiares, dificultades que enfrentarían los países ex-comunistas y
post-autoritarios para insititucionalisar y consolidar la democracia a nivel social (O’Donnell, 1993:
1376). El ejercicio aparentemente lógico de simplemente agregar adjetivos calificativos a las viejas
definiciones de la democracia (e.g. semidemocrático, cuasi-democrático, democracia en transición,
democracia no-consolidada, etcétera) da la errónea impresión de que existe una definición clara y
aceptada de lo que es la democracia, que esta siendo modificada por los calificativos, lo cual no es el
caso (O’Donnell, 2001: 2).
Antes de continuar, debemos reconocer que las definiciones minimalistas/Schumpeterianas no son, en si
mismas negativas. Por contrario, este tipo de definiciones facilitan infinitamente el estudio de la
democracia y, en algunos casos, pueden proporcional parámetros bastante completos para cuantificarla
(tipologías). Los famosos cinco indicadores de Dahl (1998: 37-38) – la participación efectiva, la
igualdad del voto, enlighted understanding (un tipo de entendimiento suficiente), control sobre la
agenda y la inclusión de un buen número de adultos (mayor a una simple mayoría pero sin llegar a la
totalidad) – pueden no inmiscuirse en todos los detalles del funcionamiento democrático, pero
ciertamente proveen un marco teórico que permite desarrollar teorías acerca del funcionamiento
democrático y la democratización. Al mismo tiempo, Larry Diamond (2002: 21-22) propone que el
concepto de poliarquía desarrollado por Dahl se basa en interpretaciones Schumpeterianas de la
democracia, y simplemente agrega la variable de las libertades civiles y políticas necesarias para la
efectiva competencia por el voto. Estas conceptualizaciones de la democracia sin lugar a duda nos
permiten identificar las características que un régimen político debe de tener para poder ser considerado
democrático. Sería imposible encontrar un régimen democrático que no sea regido por una constitución
democrática, institucionalice algún tipo de separación de poderes o no mantenga elecciones
moderadamente libres en intervalos mas o menos bien establecidos. Ciertamente regímenes con estas
tres características que no son del todo democráticos han y continúan existiendo (el México del “viejo”
PRI es el ejemplo perfecto), pero no ha existido, ni puede existir, una democracia que no reúna estas
características.
Por otro lado, empero las ventajas de las conceptualizaciones minimalistas de la democracia, debemos
de reconocer que una democracia “consolidada” requiere más que un arreglo formal/institucional. A
pesar de que “con la excepción de Hobbes, la relación entre cultural cívica y régimen político ha sido
una de las inquietudes centrales de la mayoría de los teóricos políticos modernos” (Boix y Stokes,
2007: 10), la idea de que se requiere la existencia de ciertos valores y/o actitudes sociales para que una
democracia consolidada exista, continua siendo cuestionada. Hace casi dos siglos Alexis de Tocqueville
(1835) ya llamaba nuestra atención hacia lo que él llamaba “un alto grado de cultura y enlightenment
(entendimiento)” como un requisito para la existencia del principio sencillo y natural sobre el cual reside
la democracia. A principios de la década de los 90 Huntington retoma las ideas de Tocqueville y
propone que los lideres demócratas no pueden por si mismos “crear una democracia donde las
condiciones necesarias no están presentes” (1991: 108). Para Huntington, la Tercera Ola
democratizadora fue posible porque un número de factores se dieron simultáneamente. Estos factores
incluyeron el desarrollo económico, la aparición de ciertas elites democratizadoras responsables y
cambios en el ámbito internacional, pero también cambios culturales (principalmente religiosos). Su
controversial hipótesis acerca una supuesta “fuerte correlación entre el Cristianismo Occidental y la
democracia” (ibid: 72) fue, con razón, atacada y desprestigiada en círculos académicos y políticos1.
Aunque la religión en si misma no es parte de los valores y orientaciones que le dan forma a la cultura
política2, debemos de reconocer que cambios en esta índole siempre tendrán un impacto en las actitudes
y orientaciones de los individuos, lo cual, por inferencia, tendrá un impacto en la constitución de la
cultura política.
Casi tres décadas antes de que Huntington publicara sus controversiales ideas acerca de el papel que
juega la cultura en las transiciones a la democracia, autores como Gabriel Almond y Sidney Verba
(1963), siguiendo la tradición del sociólogo Talcott Parsons, desarrollaron teorías alternativas – desde
una perspectiva culturalista – de la democracia, y topologías basándose en esta nueva interpretación. Sin
embargo, es el trabajo de Ronald Inglehart (1997, 1988) quien, junto a varios de sus colegas incluyendo
Chrstian Welzel (2005), Wayne Baker (2000) y Alejandro Moreno (1996), y a pesar de ser un celoso
defensor de las teorías de la modernización (i.e. la democracia es una etapa en el desarrollo lineal que el
la evolución humana), ha desarrollado la metodología culturalista mas completa. Gracias a la
incorporación de técnicas econométricas y estadísticas, Inglehart ha logrado darle valores cuantitativos a
1
Las eventuales transiciones en España, Portugal y Polonia, así como la democratización de América Latina, marcaron el fin
de la teoría del protestantismo democrático. Sin embargo, aun existen aquellos que, como Lipset y Lenz (2000: 20-22), aún
observan una correlación positiva entre protestantismo y la calidad de la democracia; sobre todo lo referente a niveles de
corrupción gubernamental.
2
De acuerdo con Gabriel Almond y Sidney Veba, la cultural política de una nación se refiere a una “particular distribución
de orientaciones hacia objetos políticos” (1963 [1989]: 13); dado que la religión por si misma no es intrínsecamente parte del
sistema político – sin importar que tan secular o religioso sea la nación en si misma –, la religión no puede ser parte de la
cultural política. Sin embargo, no hay duda de que la religión puede influir en la manera en que el individuo se relaciona
(cognitiva y afectivamente) con el sistema.
los valores y actitudes sociales, lo cual nos permite, hasta cierto punto, diferenciar las democracias
meramente “formales” de aquellas que son “genuinas”. Inglehart y Wlezel, por ejemplo, parten de una
conceptualización que entiende la democracia como el resultado de un conjunto de orientaciones y
valores sociales que motiva a los miembros de una sociedad a “demandar libertad y un gobierno con
capacidad de respuesta” (Inglehart y Welzel, 2005: 2), y a asegurarse que esta capacidad de respuesta de
las elites gubernamentales este ligada a la voluntad de los miembros de la sociedad. Esta definición de
democracia es casi un reflejo de lo que Schumpeter denominaba “la clásica doctrina de la democracia”
que tanto criticaba. Pareciera que Inglehart y Wlezel deciden ignorar la advertencia de Schumpeter y
deciden ignorar casi por completo el rol que juegan las elites en la democracia. Aunque Inglehart,
Welzel y demás reconocen el rol de la elites, esta claro que en su conceptualización, la democracia es un
fenómeno que depende de el conjunto de valores individuales y de cómo estos se proyectan hacia el
sistema político. Por lo tanto, aunque “la democracia formal se puede imponer en casi cualquier
sociedad, si esta provee o no de una genuina capacidad de decisión autónoma a sus ciudadanos depende
en gran medida de los valores de la sociedad” (ibid: 149).
Inglehart y sus colegas no son, sin embargo, los únicos que proponen la necesidad de tomar en cuanta
los valores sociales y las actitudes de las masas. Larry Diamond describe como esta disociación entre
instituciones formales y valores (o, si se prefiere, instituciones “no formales”) se ha acentuado en los
últimos años debido al “prestigio” que ha acumulado la democracia desde la década de los 70. Nancy
Bermeo comparte esta idea y presenta un análisis estadístico, basándose en un buen número de
encuestas, para fundamentar el argumento de que la democracia actualmente es la forma de gobierno
que mas partidarios tiene en el mudo y en todas las regiones (Bermeo, 2009: 245-249). Esto obliga
inclusive a los regímenes mas autoritarios a, cuando menos, pretender apegarse a valores democráticos
(ibid: 248). Invariablemente, la popularidad de la democracia – y su triunfo ideológico – a tenido como
consecuencia un aumento sin precedente en el número de democracias formales; sin embargo, la gran
mayoría de estas fallarían lo que Diamond (2002: 22) llama “la prueba sustantiva” de la democracia.
Probablemente sobra decir que la mayoría de estas “democracias formales” tienden a la inestabilidad a
menos que logren encontrar alguna otra forma de legitimidad que compense por la disociación entre
instituciones y valores sociales.
El valor que Diamond, e Inglehart y Wlezel le dan al individuo y a las actitudes de las masas no tienen
por que ir en contra de las definición minimalista/institucionalista desarrollada por Schumpeter y otros.
Por el contrario, es nuestra opinión que estas interpretaciones de la democracia son los dos lados de la
misma moneda. El problema es, y ha sido desde el inicio de la llamada Tercera Ola, que la
conceptualización de la democracia se ha reducido, en la mayoría de los casos, a una interpretación
Schumpeteriana que es insuficiente para explicar las evoluciones políticas en España y México. Es
nuestra opinión que, a pesar de que definiciones amplias de democratización existen 3, estas han sido
relegadas a un segundo plano a favor de una interpretación legalista e institucional de lo que es, en
esencia, un proceso social mucho mas amplio. A continuación analizaremos las transiciones ala
democracia en España y México y las versiones de la democracia que ambas encapsulan.
Transiciones: Una breve visión comparativa.
Una de las premisas principales de esta investigación es que, a pesar de todo, la transición Española ha
sido, en pocas palabras, más exitosa que la Mexicana. Sin lugar a dudadas muchos de los recientes
problemas pan-Europeos han disminuido la calidad de la democracia Española, así como la del resto de
los países del sur de Europa. De acuerdo al el mas reciente reporte del Economist Intelligence Unit
(EIU), “la erosión de la soberanía y falta de rendición de cuentas a causa de la crisis en la zona Euro”
(EIU, 2011: 2) son la causa principal por la cual la calidad de la democracia en España se ha visto
disminuida. Algunos críticos de la precaria democracia Europea y del sistema neoliberal Europeo han
incluso propuesto la “Latinoamericanización” del sistema político Europeo (EL País 21/10/2012).
Aunque esta sugerencia parece una exageración – tomando en cuenta algunos de los acontecimientos
recientes en países como Venezuela, México y, sobre todo, Paraguay – el simple hecho de que se
mencione la idea habla mucho de los acontecimientos en los últimos años. Hace 25 años hubiera sido
impensable que politólogos Europeos propusieran aprender lecciones de Latinoamérica; en ese entonces
existía un consenso mas o menos generalizado acerca del “extraordinario éxito” que representaban las
transiciones del sur de Europa, las cuales representaban un claro contraste con los mediocres avances
democráticos en Latinoamérica (Whitehead, 1986: 38). A pesar de que esta euforia generalizada ha sido
sustituida por un pesimismo igualmente exagerado, no cabe duda de que, basándonos en las diferentes
metodologías que intentan calificar la calidad de la democracia, la calidad de la democracia en España
continua siendo mas alta que la misma en México. De acuerdo con el EIU (gráfico 1), España ha
mantenido su calificativo de “full democracy” desde su primer estudio comparativo en 2007 hasta su
mas reciente en 2011. A pesar de que España, como el resto de Europa, ha comenzado a sentir los
efectos de la crisis financiera en la calidad de su democracia – pasó del lugar 17 en 2007 al ligar 25 en
2011 –, España, al contrario que Portugal, Italia, Grecia y Francia, aun mantiene su calificativo de “full
democracy”.
3
La definición de democratización propuesta por O’Donnell y Schmitter (1986: 8), que se basa en el concpeto clave del
ciudadano, es un muy buen ejemplo. De acuerdo a esta definición la democratización es el “proceso en el cual las reglas y
procedimientos ciudadanos se comienzan a aplicar a instituciones políticas antes regidas por otros principios […] , o se
expanden para incorporar individuos previamente excluidos de los derechos y obligaciones de los ciudadanos […], o se
extienden para incorporar áreas y/o instituciones que previamente no estaban sujetas a la participación ciudadana”.
.
Average Score
EIU Democracy Index: 2007-2011
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
2007
2008
2010
2011
SPAIN
8.34
8.45
8.16
8.02
MEXICO
6.67
6.78
6.93
6.93
Gráfico 1. Democracy Index 2007, 2008, 2010, and 2011. Mide cinco criterios (electoral processes, functioning of government, political
participation, and civil liberties) en una escala del 0 al 10. Los promedios de estas medidas se agregan para obtener un resultado final
calificativo en la misma escala. De 8 a 10 se considera ‘full democracies’, del 6 al 7.9 ‘flawed democracies’, del 4 al 5.9 ‘hybrid regimes’,
y del 0 al 4 ‘authoritarian regimes’.
Por otra parte, México ha sido constantemente categorizado como una “flawed democracy” desde el
2007. Una lectura similar se puede obtener del proyecto Polity IV, el cual mide la calidad democrática
anualmente desde 1800 hasta el año 2010. De acuerdo con dicho proyecto, mientras que España ha
mantenido su calificativo de “full democracy” desde su transición en 1977, México aún no alcanzado
dicho calificativo. Aun más interesante, sin embargo, es observar como un análisis de los datos
proporcionados por el Polity IV nos permiten visualizar las trayectorias tan diferentes de ambas
transiciones (gráfico 2). Mientras que en España se da rápido salto hacia la democracia entre 1975 y
1985, el proceso de democratización en México ha estado claramente marcado por su naturaleza
prolongada. Finalmente, una rápido análisis de la información presentada por Freedom House en sus
reportes anuales Freedom in the World nos presenta una imagen similar (gráfico 3). De acuerdo con
dicha organización, España sea mantenido como un país más “libre” que México desde su transición a
mediados de los 70s. Obviamente estos indicadores no presentan una imagen detallada de la situación
política en ambos países, y sus resultados están sujetos a las metodologías, interpretaciones y
categorizaciones (usualmente arbitrarias) de aquellos que realizan los estudios. De cualquier manera,
estos resultados deberían ser suficientes para convencernos de que la transición Española ha sido,
reiterando, más exitosa que la Mexicana.
Score
Polity IV Trends: 1975-2010
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
SPAIN
MEXICO
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
-7
9
10
10
10
10
10
10
-6
-3
-3
-3
0
6
8
8
Gráfico 2. Polity IV Project: Political Regimes Transitions and Characteristics and Transitions, 1800-2010. En escala de 10 a 10; 10 se considera “full democracy”, del 6 al 9 “democracy”, del 1 al 5 “open autocracy”, del -5 al 0 “closed
anocracy”, y del -10 al -6 “autocracy”.
Freedom in the World: 1975-2010
7
Average Score
6
5
4
3
2
1
0
SPAIN
MEXICO
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
5
2.5
1.5
1
1.5
1.5
1.5
1
3.5
3.5
4
4
4
2.5
2
3
Gráfico 3. Freedom in the World, Freedom House. Los valores aquí presentados son los promedios de las dos medidas
consideradas por Freedom House (Political Rights y Civil Liberties); 1 representa lo mas libre y 7 lo menos.
Mas allá de los rankings, la literatura académica presenta una idea similar. Aunque el uso de una
dicotomía simple entre democracias “consolidadas” y aquellas que continúan en “transición” ha sido
cuestionado en los últimos años (Bejarano, 2011: 6), hasta muy recientemente la mayoría de los
académicos – aunque no todos (Cotarelo, 1992: 23; Stepan, 1986: 74) – consideraban a la democracia
Española como “consolidada” desde principios de los 80s (Encarnación, 2001: 55; Gunther, 1992: 38;
Powell, 2001: 270; Whitehead, 1986: 22). Más recientemente, sin embargo, lo que parecía ser una
categorización sencilla, particularmente para un caso como el Español considerado por algunos como un
“ejemplo de consolidación democrática” y casi como un “laboratorio” en el cual se podrían probar los
diferente paradigmas explicativos de la democratización (Encarnación, 2001: 55), se ha venido abajo. El
problema principal del concepto de “consolidación” es que, como sostiene Ana María Bejarano (2011:
6), implica dos dimensiones que pueden ser o nos er complemntarias. Por una parte el término
consolidación tiene una connotación de temporalidad y otra de calidad. En otras palabras, si es una
cuestión de estabilidad (y por ende durabilidad) la pregunta seri: ¿para que una democracia sea
consolidada debe de “sobrevivir” cierto número de años? Si este es el caso, ¿cuántos años? En esta
interpretación (apoyada por Diamond, Linz y Lipset, 1995: 9), la democracia es entendida como un
proceso linear (acorde con una interpretación cercana a teorías de la modernización) en la cual
consolidación tiene ;únicamente que ver con duración. El problema con esta interpretación es que se
apega a una versión Schumpeteriana de la democracia y pude llevarnos a cometer errores. Por ejemplo,
un buen número de analistas consideraron a Venezuela, ya que había sostenido un régimen
suficientemente democrático durante más de tres décadas (Peeler, 1992: 102 y 109), como una
democracia consolidada a principios de los 90 solo para verla derrumbarse sin mayor trauma unos años
más tarde. Al parecer ignorando las lecciones del caso Venezolano, Jorge Domínguez, Chappell Lawson
y Alejandro Moreno propusieron en el 2009 (p. 303) que México se encontraba en un proceso de
consolidación democrática basándose, al parecer, en el simple hecho que el régimen electoral
democrático había sobrevivido las elecciones “contenciosas” del 2006. El hecho de que las instituciones
se habrían debilitado, que Felipe Calderón habría sido electo por un margen mínimo, que el PRI
mostraba nuevas señales de vida y que los caciquismos de antaño se reforzaban, pasaba a segundo
plano; el hecho de que la democracia sobreviva parecía ser evidencia, en la opinión de los autores, de
que la democracia se fortalece.
La alternativa visión de la consolidación democrática se basa más en calidad de la democracia que en su
mera duración. Se basa en un entendimiento de la consolidación como un “movimiento hacia formas
más avanzadas de democracia política” para que incluya conceptos como la “seguridad social, el estado
de bienestar, igualdad de género, el reconocimiento de los sindicatos, la efectiva representación de los
trabajadores en disputas laborales, la participación estudiantil en la reformas educativas, otros derechos
individuales, etcétera” (O’Donnell y Schmitter 1986: 43). En primera instancia dicha interpretación
parecería tener más sentido pero se puede prestar de la misma manera a falsas interpretaciones y, sobre
todo, corre el riesgo de exigir demasiado de las democracias. Al fin y al cabo, el papel de la democracia
es el de resolver un problema: el de la representatividad política. Al mismo tiempo, una definición de
consolidación tan simplista como la que propone Huntington – “cuando los individuaos se dan cuenta de
que la democracia es la solución para el problema de la tiranía, pero no para nada más” (1991: 263) – no
pude contribuir mucho al debate.
Consolidada o no, no cabe duda que es momento de replantearnos si la transición Española fue tan
exitosa como inicialmente se había pensado. De alguna manera esto perece ser una contradicción ya que
el proceso de democratización Español ha sido, sin lugar a dudas, el más estudiado de todo los casos de
la Tercera Ola. Al mismo tiempo, a pesar de los problemas evidentes del sistema Español, la transición,
hasta hace muy poco, se seguía considerando un “caso paradigmático” (Waisman, 2005: 1) y se hablaba
de un modelo Español. No hace diez años que el éxito de la transición ni siquiera se ponía en duda;
nadie realmente dudaba la “supervivencia de la democracia Española” (Hopkin, 2005: 6). Los eventos
de los tres años anteriores (algunos dirían que la democracia Española se encuentra disminuida desde el
segundo termino de Aznar del 2000 al 2004) podrían empujarnos a pensar que un colapso democrático
España no es tan impensable como antes se creía. Aunque los problemas son serios y reales no por que
pensar que estos son una consecuencia directa de la transición a la democracia; en el pecado se lleva la
penitencia pero, como se dice en tierras Británicas, no hay necesidad de tirar al niño con el agua de
baño. No por nada la transición Española se ha utilizado casi como barómetro al momento de
compararla con las transiciones en Grecia y Portugal, o las aun más recientes en la Europa ex-comunista
y Latinoamérica (véase por ejemplo Colomer, 1991; Holman, 1996; McDonough et al., 1998; Ortega
Ortiz, 2008; Wiarda, 1996). Ciertamente la cronología de la Tercera Ola – que comienza en el Sur de
Europa a principios de los 70 – explica hasta cierto punto porque se ha llegado a hablar de un modelo
Español de democratización, pero es igualmente indudable que la transición en Española ha sido un
ejemplo para otras naciones en transición. El proceso de democratización en España, aunque no libre de
problemas, logró consolidar una economía de mercado dentro del marco de su integración con Europa,
incrementó los niveles de bienestar a niveles muy similares a los del resto de Europa Occidental,
institucionalizó prácticas democráticas de manera relativamente pacifica (a pesar de la campaña de
violencia desatada por ETA y el fallido intento de golpe de estado en 1981) y en tiempo record
(Waisman, 2005: 1-3), además de lograr una transformación en la identidad política de sus ciudadanía.
Por otro lado, la transición en México esta, si optamos por ser optimistas, por completarse o, si somos
partidarios de una versión más negativa, se podría decir que la transición simplemente falló. A
diferencia de la transición Española, el proceso de democratización en México ha sido un proyecto a
largo plazo que se ha construido sobre todo en la arena electoral y durante varias décadas (Dresser,
2005). En este sentido, México es un ejemplo clásico de lo que se conoce en la literatura transitologica
como una “portracted transition”. Este tipo de transiciones son peculiares ya que parecen ser “una
guerra de agotamiento” entre el régimen autoritario y las fuerzas de la oposición que se enfoca en
aspectos “microinstitucionales de la transición” más que en laos elementos sustanciales de la misma
(Esiendstadt, 2000: 4). A diferencias de las transiciones, como la Española, que se apegan al modelo
elitista de pactos desarrollado por O’Donnell y Schmitter (1986), este tipo de transiciones presentan
unos retos completamente distintos. Las fuerzas de oposición tienden a enfocarse mucho más en los
arreglos institucionales.
En el caso de México, este largo procesos de diseño microinstitucional, el cual Mauricio Merino (2003)
bautiza como una “transición votada”, se logró concretar durante al menos tres décadas de reformas
electorales, pero su “éxito” ha sido relativo ya que se ha limitado casi exclusivamente al ámbito
electoral. Por lo tanto, a pesar de que en México desde 1997 las elecciones son por la mayor parte libres,
relativamente imparciales y supervisadas por un árbitro verdaderamente independiente (el Instituto
Federal Electoral – IFE), fuera de la arena electoral las instituciones construidas durante 70 años de
control autoritario no han sido transformadas. Actualmente el país se encuentra gobernado por un
presidente electo democráticamente (en términos meramente electorales), que esta a la cabeza de un
sistema que fue diseñado para ser presidencialista (aunque ahora esta diluido) y no necesariamente una
democracia liberal. Denisse Dresser (2005: 355) presenta las contradicciones del sistema de manera muy
clara cuando nos explica que “la gobernabilidad democrática est[a] limitada y constituida por un
ejecutivo restringido, un Congreso dividido, un sistema partidista edificado sobre partidos en desorden y
una geografía política descentralizada en la cual el PRI todavía ejerce una gran influencia”. En este
sentido no se puede hablar de una diseño institucional verdaderamente democrático. Basándose en estos
desbalances institucionales, hay quienes sostienen que el regreso del PRI a la presidencia, el “colapso”
del sistema judicial y un sistema de cacicazgos que se mantiene intacto indican que la transición en
México ha sido un fracaso (Aristegui, entrevistada por Pablo Calderón, 28/5/2010). Finalmente,
debemos de reconocer que existe un sentir generalizado importante, aunque no es fácil de explicar, que
existe una relación entre nuestro pasado y supuestos rasgos culturales autoritarios – lo que Felipe
Calderón supuestamente llamó en su momento “el pequeño Priista que todos llevamos dentro” – y los
prospectos democráticos para nuestro país (Middlebrook, 2004: 43). Si este legado autoritario existe o
no – en España se le conoce como el Franquismo sociológico – no es tan importante como el sentir
generalizado de que existe. Sea como sea, la realidad es que ya sea por las carencias institucionales, el
regreso del PRI a la presidencia, los cacicazgos o la tendencia autoritaria de la población, son muy
pocos los comentaristas que se aventuran a concluir que la transición Mexicana ha sido un éxito.
Ahora que hemos analizado brevemente las diferentes maneras de operacionalizar la democracia, así
como las diferencias en los procesos de transición de ambos países, podemos darnos a la tarea de
desarrollar un breve análisis de la evolución de las políticas publicas y la manera en la que se ha
racionalizado la democracia en ambos países.
Del acceso al poder al cómo y para qué gobernar.
Para entender de mejor manera las reivindicaciones y demandas de los movimientos del 15-M en
Madrid y del yosoy132 en México, se propone fijar la atención en algunos aspectos que acompañaron y
fueron consecuencia del proceso de transición en España y México. Al acuerdo sobre el acceso al poder,
con sus garantías legales y la legitimidad que emanaba de esas certidumbres, le siguió como
consecuencia predecible que los actores políticos consideraran en su ejercicio del poder los procesos
electorales que evaluarían su desempeño. Ganar las elecciones como condición necesaria para seguir
gobernando hizo que la rentabilidad electoral entrara en la lógica de los actores, en su toma de
decisiones del para qué gobernar. A su vez, ese ejercicio del poder estuvo acompañado de tecnologías y
herramientas intelectuales que influyeron en la ideología del occidente sobre el cómo gobernar. A
continuación se desarrollan estos dos aspectos sobre el para qué y el cómo gobernar.
Para qué gobernar: Ganar elecciones en “Democracias de mínimos suficientes”.
Una investigación orientada a las decisiones de los gobernantes debe considerar como parte de la
racionalidad de los actores políticos, una lógica de supervivencia en el poder, que en democracia implica
la aprobación popular en cada elección; una situación que obliga a pensar que en caso de haber
solucionado los problemas, se debe hacer que coincida la percepción con la realidad. Dicho de otro
modo, hacer que las ciudadanas reconozcan en las elecciones la solución implementada. Lo anterior se
complejiza cuando se reconoce que lograr la solución a los problemas requiere de la colaboración de
otros actores políticos que, eventualmente, serán adversarios en la contienda electoral. De este modo
está puesto el terreno para el conflicto y el choque de intereses, en que los incentivos electorales entran
en juego.
Posterior a los arreglos acordados en las transiciones democráticas, que otorgaron un grado de certeza
sobre las capacidades institucionales que garantizan la alternancia de partidos en el poder gracias al voto
de la mayoría, los partidos en la oposición cuentan con una “posibilidad real” de acceder al poder si los
votantes así lo deciden. Entonces: ¿cómo esperar que los actores políticos de la oposición apoyen
políticas, acciones o programas del gobierno en turno, cuando esto significaría reconocimiento para el
partido en el poder y por ende, menos posibilidades de castigo en las próximas elecciones? Existe en la
oposición una especie de “necesidad de probar como fracaso la labor de la administración en turno”,
como táctica que abone en su estrategia electoral y justifique la necesidad de cambio en el gobierno. En
caso de “éxito” en la estrategia de la oposición, este urdido telón de fondo cognoscitivo permanece en el
escenario cuando entra la nueva administración, de modo que sus miembros parten del punto en que,
ciertamente, deben cambiar un programa que se ha “probado” defectuoso (Sudarsky, 1988:231). La
perversión de este ciclo continuo de intereses electorales, y la inminente descalificación de parte de la
oposición, obliga al gobierno a decidir sus políticas públicas considerando la manera en que la
ciudadanía se lo reconocerá en las siguientes elecciones. Por lo tanto, la lógica electoral en la
racionalidad política de los actores en el gobierno, se materializa en el “número de votos”. Una
operación matemática en apariencia sencilla, que les hace contar el número de votos que necesitan para
ganar una elección.
La lógica electoral se orienta a un “mínimo suficiente” de votos necesarios para ganar. Es decir, que en
contraste a la idea de que quien gobierna es electo democráticamente por la mayoría, es en realidad,
electo por un porcentaje mínimo de personas, generando así gobiernos de “mínimos suficientes”. Es
decir, gobiernos que son electos por un porcentajes mínimo en relación al total de la población, pero
suficiente para obtener el triunfo el día de las elecciones.
Para conocer el número mínimo suficiente es necesario: considerar el censo total de la población, al cuál
debemos restarle aquellos que serán gobernados pero que no pueden decidir, por ejemplo niñas y niños
o personas en centros de readaptación social (las prisiones). Al resultado de esta primera resta, que se
refleja de manera oficial en el padrón electoral, queda aún por restarle aquellas personas que se
abstienen de votar. Lo que nos queda es el número de votos que fueron depositados en las urnas (la
Votación Total Efectiva). Esta votación se dispersará el día de la elección, repartida entre los partidos
políticos, los votos nulos4 y aquellos que votaron por candidatos no registrados.
A modo de ejemplo se presentan a continuación los datos relacionadas a las tres últimas lecciones
presidenciales en México, desde la llamada “transición democrática”.
El candidato ganador de la primera elección en el año 2000, Vicente Fox Quesada, de la alianza entre el
PAN y el Partido Verde Ecologista de México, fue electo con 15,104,164 votos (el 42.71% de la
Votación Total Emitida) según la última publicación del Programa de Resultados Preliminares5 (PREP)
del Instituto Federal Electoral (IFE). Este 42.71% que en apariencia da el mensaje de ser la voluntad de
la mitad de la población, es en realidad el 15.49% del total de la población del año 2000, que según el
Censo Nacional de Población y Vivienda era de 97,483,412 de habitantes.
Para el caso de Felipe Calderón Hinojosa, quién fue declarado presidente por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en 2006, el PREP6 registró un número total de votos de 14,027,214, el
36.38% de la Votación Total Emitida. Este número de votos equivale al 13.58% de la población
registrada por el censo del año 2005, que era de 103,263,388 de habitantes.
4
Cabe aquí agregar sobre la consideración en específico de los Votos Nulos que para el caso de la última elección
presidencial en México, de acuerdo al PREP, hubo más votos nulos que aquellos que fueron para el candidato Gabriel Quadri
de la Torre que recibió como NuevaAlianza 1,129,108 votos (02.30%) mientras que los Votos Nulos fueron 1,191,05
(02.42%)
5
http://www.ife.org.mx/documentos/PREP/prep/memorias/sistema/paginas/prenal.html [14/3/2013]
6
http://prep2006.ife.org.mx/PREP2006/prep2006.html [14/3/2013]
Para el caso de la elección presidencial del 2012, en la que el candidato del Partido Revolucionario
Institucional y del Partido Verde Ecologísta de México, Enrique Peña Nieto, ganó con 18,727,398 votos
de acuerdo al PREP7, significa en términos de la Votación Emitida el 38.15%. Este número de votos
equivale al 16.67% si consideramos el número total de habitantes del país que de acuerdo al último
Conteo Nacional de Población y Vivienda del 2010, es de 112,336,538 personas.
Se puede decir, a partir de estos datos, que el actual presidente democráticamente electo en México
gobierna al país por obtener el mínimo suficiente de votos para ganar la competencia electoral. El
mínimo suficiente es el de los 18,727,398 que votaron por él y que, aunque representan menos del 20%
de la población (un porcentaje mínimo en relación al total), le fueron suficientes para ganar la elección.
Para el caso del año 2000, el mínimo suficiente de votos con los que ganó Vicente Fox, (15,104,164),
equivale al 15.49% del total de la población que votó en ese año. Para el caso de Felipe Calderón, su
mínimo suficiente de 14,027,214 de votos equivalen al 13.58% del total de la población según el Censo
de un año antes.
A partir de estos datos sería adecuado decir que el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue
electo por menos del 17% del total de la población. Y por tanto sería correcto decir que algo menos de
19 millones de habitantes decidieron el destino de los 112 millones que habitan el país. Tendría entonces
validez decir que 93,609,140 de mexicanos (el 83.32% de la población total) son gobernados por un
candidato y un partido que no eligieron. Es decir, que menos del 20% de la población decidió el
gobierno del otro 80%. O en otras palabras, que el actual presidente de México “no representa al 80% de
la población.” Como tampoco lo hacían los dos anteriores presidentes de México, con un 84.51% (82
379 248) en el 2000 y un 86.42% (89 236 174) en el 2006. Esto vale la pena dejarlo apuntado para luego
entender la reivindicación del 15-M del “no nos representan”.
2000
No.
2006
de %
del No.
2012
de %
del No.
de % del
habitantes
total de habitantes
total de habitantes
total
Censo 2000
la pobl.
la pobl.
de
Censo 2005
Censo 2010
la
pobl.
Total
de 97 483 412
100%
103 263 388
100%
112 336 538 100%
56.68%
65 462 626
69%
77 738 494
la
población
Inscritos
7
55 256 979
http://prep2012.ife.org.mx/prep/NACIONAL/PresidenteNacionalVPC.html [14/3/2013]
69.20
en
el
%
padrón
electoral
Número
35 364 467
36.22%
38 557 487
37.33%
49 087 446
de
43.69
%
personas
64% Part.
58.90% Part.
53%Part.
que
36% Abst.
41.10% Abst.
47% Abst.
Votaron
Votos del 15 104 164
15.49%
14 027 214
13.58%
18 727 398
partido
16.67
%
más
42.71%VT
votado
E
Número
82 379 248
36.38% VTE
38.15%
VTE
84.51%
89 236 174
86.42%
93 609 140
de
83.33
%
personas
NO
representa
-da
Elaboración propia. Con datos de habitantes en base al Conteo Nacional de Población y Vivienda
2000,2005 y 2010; Datos de la votación en base al PREP-IFE 2000, 2006 y 2012.
Lo que se busca explicar con estos datos, y con la expresión del gobierno de mínimos suficientes, es que
la reelección de un gobierno depende de un número mínimo de apoyos que se traduce en un número
suficiente de votos para ganar la elección, y con ello, si un partido o candidato quiere ser reelecto,
podría enfocarse a gobernar para el beneficio de ese mínimo suficiente. Si tomamos como referencia las
últimas elecciones, sólo se necesitaba gobernar para beneficio de 19 millones de mexicanos, si se
garantiza que cada uno de ellos pueda y vaya a ir votar a cambio del beneficio.
Son gobiernos de minorías suficientes los que deciden el tipo de bienes y servicios que proveen. Lo
hacen mientras piensan en su re-elección, ya sea en el mismo cargo, en otro cargo público o para
beneficio de su partido. Un análisis a las políticas públicas y acciones de un gobierno debe considerar la
necesidad de los actores políticos por garantizar este “mínimo suficiente”.
Si, por ejemplo, una de las características de las redes clientelares es la necesidad de preservar las
desigualdades sociales8, así como la divisibilidad de las políticas sociales, versus la universalidad9 de
las políticas de public goods,10 entonces podemos comenzar a intuir una especie de contradicción entre
aquello que necesitan los actores políticos para ganar elecciones y aquello que es se exige de parte de los
movimientos sociales. De ser así, cabría entonces preguntarse: ¿podemos esperar por parte de los
políticos encargados del gobierno, atención a las demandas de políticas públicas no clientelares,
traducidas en bienes públicos universales e indivisibles, cuando es precisamente de esta manera, con
redes clientelares, que consiguen ganar las elecciones?
Cómo gobernar: De la legalidad y legitimidad de los gobernantes a la eficiencia y eficacia de los
procesos y acciones del gobierno.
Resuelto el tema de la legitimidad democrática, era cuestión de ser eficientes y eficaces para satisfacer
las necesidades de la ciudadanía. Las transiciones democráticas llegan en un momento en el que la
administración pública está siendo cuestionada, en particular en su modelo de Estado Social, que tiene
grandes déficits presupuestarios. La gama de necesidades que eran responsabilidad exclusiva del
gobierno se reduce, como consecuencia del consenso intelectual de la época de los años 70’s y 80’s,
representado en el terreno intelectual por el influyente trabajo “La crisis de la Democracia”11, encargado
por la comisión trilateral a Huntington, Watanuki y Crozier, y representado en el terreno de la acción
gubernamental por la amalgama transatlántica de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. La relación entre
democracia y administración pública se representaba en este momento como una balanza o ecuación a la
cuál para aumentar la democracia había que disminuir la administración pública.
A partir de entonces, el estudio y ejercicio del gobierno se vio determinado por el pensamiento
neoliberal y sus interpretaciones de la relación entre gobierno y mercado. Primero, con la Nueva Gestión
Pública (New Public Management), y luego en su contraataque demócrata y laborista con la versión
8
“La pobreza desempeña un papel crucial en el desarrollo de la política “clientelar”. Al describir a los pobres como “la
clientela en masa de las estructuras”, considera que siempre están abiertos a recibir toda clase de estímulos materiales, como
favores, trabajo, dinero o (refiriéndose a ciudades mexicanas) servicios básicos”. (Scott, 1969:1150; Audelo, 2004:132)
9
“Two characteristics distinguish public goods from private goods; jointness of supply and the impossibility of excluding
others from benefiting from them if they are provided (Mueller, 1979) […] Joint action is necessary to produce public goods.
Individuals cannot provide them for themselves. But, once produced, no-one can prevent free riders from benefittign.”
(Metcalfe, 1993:180)
10
Al respecto, se sugiere ver un interesante estudio sobre “diversificación de portafolio” aplicado a PRONASOL en México,
de MAGALONI, B. ; Diaz-Cayeros, A. y Estévez, F. (2007) “The erosion of party hegemony, clientelism and portafolio
diversification: The Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) in Mexico.” Patrons, Clients and Policies: Patterns of
Democratic Accountability and Political Competition. H. Kitschelt and S. Wilkinson.
11
Crozier, M.J.; Huntington, S. P.; Watanuki, J. (1975) “The crisis of democracy. Report on the governability of
Democracies
to
the
trilateral
commission”.
New
York
University
Press.
http://www.trilateral.org/download/doc/crisis_of_democracy.pdf
norteamericana de la reinvención del gobierno12 posburocrático13 del informe14 Al Gore al inicio del
gobierno de Bill Clinton en 1993 y la versión inglesa de la tercera vía15 de Anthony Giddens en el
gobierno de Tony Blair. Sin embargo, esta versión eficientista del gobierno se matizará a principios del
actual milenio cuando toma fuerza y se instala en el discurso académico y gubernamental el enfoque de
la nueva gobernanza; se señala que un gobierno eficiente no es suficiente16 para resolver los problemas
sociales, y se avanza a un modelo de gobierno en red que a través del consenso pueda dirigir a la
sociedad.
Para el caso mexicano es de particular relevancia la relación que hay entre el modelo de gobierno que
promovía el informe Al Gore y lo que se estudiaba y promovía desde la Universidad de Harvard, debido
a su posterior influencia en el ambiente intelectual mexicano, marcando con ello las coordenadas del
“buen gobierno” que se debía perseguir. Tanto David Osborne, autor y asesor principal del informe 17,
como otros actores influyentes en el modelo posburocrático como Barzelay o Michael Moore y su
creación de valor público18, eran todos académicos de la Universidad de Harvard. Su trabajo e ideas en
la escuela de gobierno de Harvard se acompañaran a partir de 1986 con un programa financiado por la
fundación Ford con la intención de incentivar y reconocer a través de un premio a los gobiernos
innovadores en los Estados Unidos: Innovations in American Government Program19.
En el año 2000, fecha en la que México atraviesa su alternancia en el gobierno nacional, aparece un
programa de premiación a los gobiernos locales a semejanza y con cooperación del de Harvard, el
12
Osborne, David y Gaebler, Ted. (1992) “Reinventing government. How the entrepreneurial spirit is transforming the public
sector”. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. (En español: Osborne, D. y Gaebler, T. (1994) “La reinvención del
gobierno. La influencia del espírituo empresarial en el sector público”. Ediciones Paidós. Barcelona.)
13
Barzelay, Michael y Armajani, Babak J. (1992) “Breaking through bureaucracy. A new vision for Managing Government.”
The University of California Press. (En español: Barzelay, Michael y Armajani, Babak J. (1998) Atravesando la burocracia.
Una nueva perspectiva de la administración pública. Fondo de Cultura Económica, México.
14
From red tape to results. Creating a Governent that Works better and costs less. Report of the National Performance
Review. Vice President Al Gore. 7 Septiembre de 1993.
15
Giddens, Anthony (1998) The third way: the renewal of social democracy. Polity Press. UK. (En español: Giddens,
Anthony (1999) La tercera vía: la renovación de la socialdemocracia. Taurus. Madrid. )
16
Para una explicación histórica y conceptual sobre el proceso en que nace y se desarrolla la Nueva Gestión Pública, y cómo
se avanza hacía un modelo de gobernanza, se recomienda la conferencia del Dr. Luis F. Aguilar Villanueva:
“La nueva gestión pública después de la crisis” en el Colegio de la Frontera Norte el día 26 de Mayo de 2009; disponible en
el siguiente enlace: http://www.youtube.com/watch?v=eQbhCvdVSEc
17
Las ideas de Osborne y Gaebler se incorporan en el reporte de Al Gore. Osborne fue “senior advisor” del vicepresidente Al
Gore, para ayudarle a coordinar lo que Al Gore llamaba su “reinventing government task force”, el National Performance
Review. Osborne fue el Autor Jefe (chief author) del Informe: From red tape to results. Creating a Governent that Works
better and costs less. Report of the National Performance Review. Vice President Al Gore. 7 Septiembre de 1993. Osborne
fue de 1992 a 1997 el chairman de la Alliance for Redesigning Government.
18
Moore, Mark H. (1995) Creating public value. Strategic management in government. Harvard University Press.
Massachusets. (En español: Moore, Mark H. (1998) Gestión estratégica y creación de valor en el sector público. Paidós,
Barcelona)
19
La
información
sobre
el
premio
puede
encontrarse
en
la
siguiente
página:
http://www.ash.harvard.edu/Home/Programs/Innovations-in-Government/Awards
Sobre la influencia que tuvo este premio en el pensamiento de los académicos de Harvard, basta decir que el libro de
Barzelay sobre la burocracia es producto de una investigación a un programa premiado en la primera edición del premio:
Strive Toward Excellence in Performance. State of Minnesota, 1986 Winner.
http://www.innovations.harvard.edu/awards.html?id=3494
“Premio Gobierno y Gestión Local”20, organizado por instituciones académicas como el Centro de
Investigaciones y Docencia Económica CIDE y El Colegio de la Frontera Norte, entre otras, y
financiado por la misma fundación Ford. Este premio, agrupado en el “Liason Group21”, es uno de los
10 programas que promueven la innovación gubernamental en el mundo, financiados todos por la
Fundación Ford y coordinados por el Ash Center for Democratic Governance and Innovation 22 de la
Harvard Kennedy School.
Académicos involucrados en el premio, como Enrique Cabrero Mendoza o Tonatiuh Guillén López,
directores del CIDE y del Colegio de la Frontera Norte respectivamente, venían de pensar la gestión
municipal con reflexiones que atravesaban la cuestión política de la democratización y la participación
ciudadana, tal y como lo venía haciendo buena parte de la academia durante los años 80s y 90’s, que
pensaban los temas de gobierno con la variable democrática en mente. En esos años se miraba y
estudiaba con atención las alternancias en los gobiernos locales ya que parecían ser un proceso político
que avanzaba y se expandía. El entusiasmo no era reprochable; hasta antes de 1974 en el que el PAN
logró el triunfo de 3 municipios en Chihuahua (Ojinaga, Julimes y Belisario Domínguez), sólo existían
los casos de León, Guanajuato, con su Unión Cívica Leonesa en 1946 y de San Luís Potosí, con “El
Navismo” en 1959. Los estudios en administración pública y políticas públicas de los años ochenta
cierran esa década con la llegada en 1989 de la primera alternancia en un gobierno estatal: el PAN en
Baja California. Para mediados de la década siguiente ya había más de 200 municipios en manos de la
oposición23. No es de extrañar por lo tanto, que los académicos que pensaban el gobierno local lo
hicieran incluyendo en sus teorías descriptivas y explicativas la variable de la alternancia.
El argumento es entonces que pensar el gobierno en esa época en México, vino acompañado de una
reflexión sobre el acceso a los puestos de forma democrática. Al mismo tiempo, el pensamiento más
destacado, o con mayor influencia, sobre el cómo ejercer el gobierno, tenía una fuerte influencia de lo
que sucedía en Estados Unidos, en particular en lo que sucedió en los años 90s en Harvard y el gobierno
Clinton. Por ejemplo, la publicación del libro de Barzelay en México, por el Fondo de Cultura, fue parte
de una seria “nuevas lecturas de política y gobierno” coordinada por Mauricio Merino, y la introducción
del libro la hace Manuel Quijano, Presidente en esa época del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública en México.
20
Puede encontrarse la información del premio, así como los programas galardonados en la siguiente página de internet:
http://premiomunicipal.org.mx/ee/
21
Para más información: http://content.knowledgeplex.org/streams/ksg/AshInstitute/Liaison_Group_Brochure.pdf
22
Puede revisarse la información en la siguiente página: http://www.innovations.harvard.edu/award_landing.html
23
Para un estudio más detallado sobre la historia de las transiciones políticas en los municipios vease Meyer, Lorenzo (1994)
El municipio mexicano al final del siglo XX. Historia, obstáculos y posibilidades. En Merino, Mauricio (coord.) En busca de
la democracia municipal. La participación ciudadana en el gobierno local mexicano. Colegio de México.
Reconocer las evoluciones que ha tenido la Administración Pública tanto en su propuesta académica
como en su implementación gubernamental en los últimos 30 años nos permite observar el recorrido
paralelo que ha acompañado los procesos de democratización. Durante este tiempo ha habido “un
diálogo global sobre la gestión pública y de un mercado de ideas y experiencias que se manifiesta
particularmente en el ámbito de los países de la OCDE.” (Conde Martínes, 2001: 389), en el que se ha
promovido y adoptado los presupuestos de la Nueva Gestión Pública. Principios24 que han marcado la
gestión pública en España y México y que deben reconocerse para entender el ejercicio del gobierno
democrático posterior a sus respectivas transiciones.
El 15-M y el #yosoy132
“Democracia Real Ya” es, además de una de las organizaciones convocantes a la manifestación del 15M, una exigencia que se asume por los participantes a esa manifestación del 15 de Mayo del 2011, y que
permanecerá en las consecuentes acampadas y asambleas. En el #yosoy132 se pedía una democracia
auténtica en contraste a la manipulación que hacían los medios de comunicación 25. Los movimiento se
enmarcan en un discurso democrático, que exige respeto a las normas establecidas para los procesos
democráticos. Sus exigencias avanzan hacia una democracia con mayor participación que la que se
establece en las reglas de la democracia procedimental de la transición. No se niegan las elecciones cada
4 y/o 6 años, sino se piden criterios distintos para esas elecciones, además de más elecciones sobre más
temas en el periodo entre esos 4 o 6 años. No se niega la representación política, sino que se exhibe que
los representantes no lo están haciendo. No se exigen derechos constitucionales sino el cumplimiento de
ellos.
24
“La practica totalidad de los países occidentalizados impulsan a partir de los años ochenta programas más o menos
ambiciosos de reforma administrativa conocidos generalmente bajo la denominación de modernización o de Nueva Gestión
Pública. (…) A pesar de la existencia de especificidades nacionales y de diferentes ritmos de aplicación, hay principios que
se repiten: consideración del usuario como cliente, afirmación de que los servicios públicos deben obedecer a las reglas de la
competencia para ser más eficaces y eficientes, interés por la evaluación como forma de control democrático y de
aseguramiento de la calidad, uso de técnicas contractuales como alternativa a la acción unilateral del Estado. Como
consecuencia, se generaliza una serie de reformas y de nuevos instrumentos de actuación en los siguientes campos:
-ámbito presupuestario y financiero: modificación de los mecanismos de control y evaluación, presupuestación ligada a
objetivos
y
resultados;
-ámbito organizativo: reorganización de los aparatos administrativos a través de la desconcentración, la descentralización y la
reducción
del
tamaño
de
las
organizaciones.
Diferentes
fórmulas
privatizadoras;
-ámbito
directivo:
mayor
capacidad
de
los
directivos
en
el
desarrollo
de
la
gestión;
-ámbito de los recursos humanos: flexibilización de las fórmulas de la gestión.” Conde Martínez, Carlos (2001) “Los
procesos de innovación y cambio en la gestión pública de los países de la OCDE”. En Olías de Lima, Blanca (coord.) La
Nueva Gestión Pública. Pearson Educación. Madrid. P. 373
25
el origen del #yosoy132 fue una visita de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, a la Universidad Iberoamericana de la
Ciudad de México, el 11 de Mayo de 2012. Arturo Escobar, vocero del Partido Verde Ecologista de México (aliado del PRI
en esas elecciones) dice que afuera del auditorio “había un grupo de, no quiero decir jóvenes, ya estaban mayorcitos (…)
grupo minoritario, no pasaban de 20 personas (…) grupos cercanos a López Obrador estuvieron organizándolo”. Al día
siguiente, las portadas del grupo Organización Editorial Mexicana, con distribución en todo el país, muestran en su primera
plana:
“Éxito
de
Peña
en
la
Ibero
pese
a
intento
orquestado
de
boicot”
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2538912.htm Frente a ello, 131 jóvenes aparecen en un video ejerciendo su
“derecho de réplica”, mostrando su credencial de estudiantes para evidenciar la manipulación que hubo de la información,
por medios de “duda neutralidad”: http://www.youtube.com/watch?v=cT5E3SqAHKI
“No nos representan”. Representación sin Representantes. La consigna “no nos representan”, y las
críticas a la ley electoral son una exigencia por reformas para mejorar el sistema, no derrumbarlo. El
sistema electoral y de representación en España, se critica por la distribución de escaños (a la Ley
D`Hondt que articula esta distribución le han hecho una frase: “We d’Hondt like this voting system”).
Por ejemplo, los ciudadanos que votaron por el partido político EQUO, que no pudo acceder a ningún
escaño, pese haber obtenido más votos que otros partidos que si tendrán diputados26 en las elecciones:
Partido Político
Número de Votos
Escaños
EQUO
215.776
Ningúno
BNG
183.279
2
CC-NC-PNC
143.550
2
COMPROMÍS-Q
125.150
1
FAEC
99.173
1
GBAI
42.411
1
Más allá de la reforma a la ley electoral, se ha puesto en evidencia la deficiencia del ejercicio de
gobierno. No es a la institución sino a las personas. No es cuestionar que exista diputados, sino que sean
verdaderos representantes del pueblo. “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros” fue la
consigna que sintetiza la protesta en este sentido. Es además un grito desesperado de impotencia. De ser
objetos en vez de sujetos. Se señala al sistema bancario y a la complicidad entre éstos y los
representantes populares. Representantes que “no nos representan” se dirá durante todas las protestas.
La concepción democrática schumpeteriana de competencia electoral, que ha sido entendida y aplicada
por los partidos políticos al ver a los ciudadanos como el mercado electoral, se cuestiona al decirles que
no son mercancía en sus manos.
Si ninguno de los movimiento se ve representado por los partidos, entonces, ¿qué hacer? Se planeta por
tanto una manera de actuar en política, de hacer política democrática sin partidos políticos. Democracia
Real Ya aparece como una sofisticación al debate: ya no es cuestionar si “la democracia es lo mejor”;
sino señalar que esto que estamos viviendo no es una democracia como debería ser. Y van más allá, no
es una democracia como podría ser. Es exigir democracia mostrando a través de las asambleas y de las
nuevas tecnologías, prácticas políticas que incluyan y respondan a la demanda de participación directa.
Las manifestaciones son democráticas, de exigencia democrática, de someter a debate lo que la teoría
dice sobre la democracia frente a las acciones de los políticos. Los referéndums ciudadanos en Madrid,
primero sobre la privatización del canal Isabel II, y la última sobre la privatización de la sanidad (esta
última con la participación de casi un millón de personas), ha puesto en la calle, y con una organización
26
http://elecciones.mir.es/resultadosgenerales2011/99CG/DCG99999TO_L1.htm
desde abajo, opciones de participación democrática que resaltan con un presidente del gobierno que da
ruedas de prensa a través de un televisor de plasma27.
La reivindicación política por la representación y la democracia real, tienen estrecha relación, incluso
inseparable, con la crítica al sistema económico. Se exigen representantes populares que actúen frente a
la crisis económica. Quienes participan, pese a no definirse en un espectro ideológico concreto,
reconocen los elementos que no están dispuestos a permitir, y que les obliga a salir a manifestarse:
“cuando un joven dice que los bonos de los banqueros no son ni de derechas ni de izquierdas,
está diciendo: no estoy politizado como vosotros, pero tengo algo muy claro: en mi idea de
democracia, hay cosas que deben quedar fuera de la disputa política. Y al igual que acabar con la
pederastia no debería ser ni de derechas ni de izquierdas, que unos tengan tanto y otros tan poco
está fuera de mi idea de entender la democracia” (Monedero, 2011: 80)
Se exigen políticos que no se dobleguen ante los intereses financieros. Se exige la conducción y
reformas necesarias para no seguir en el sistema que ha resultado insuficiente.
“Jóvenes sin futuro” aparece, igual que Democracia Real Ya, como organización convocante del 15-M y
al mismo tiempo reivindicación en sí misma. Los jóvenes mexicanos y españoles que protestan han
seguido las instrucciones del modelo. Para empezar creyeron en la educación: estudiaron en
universidades. Creyeron además en los posgrados: acceso a maestrías y al Diploma de Estudios
Avanzados. Se fueron de intercambio a otros países; muchos aprendieron otro idioma y fueron parte de
ese proyecto de sentirse “ciudadanos europeos” para el caso de España, y el de ser “ciudadanos
universitarios” en el caso mexicano. Sin embargo, no es suficiente. Por lo que la educación no es la
demanda, sino el futuro de ella. No se pide únicamente una educación para todos, sino el siguiente paso
de esa educación: el empleo. La oportunidad de desarrollar lo aprendido. Y esta demanda, de carácter
económico o de reproducción social, se enfoca ya no únicamente en los acuerdos de la transición, sino
que los trasciende. O mejor dicho los cuestiona en su fundamento primario, esto es, la relación (tensión)
implícita entre libre mercado y justicia social que alberga el modelo de Democracia Liberal:
“es crucial comprender que, con la democracia moderna, hemos de encarar una nueva forma
política de sociedad cuya especificidad emana de la articulación entre dos tradiciones diferentes.
Por un lado tenemos la tradición liberal constituida por el impero de la ley, la defensa de los
derechos humanos y el respeto a la libertad individual; por otro, la tradición democrática cuyas
ideas principales son las de igualdad, identidad entre gobernantes y gobernados y soberanía
popular. No existe una relación necesaria entre estas dos tradiciones distintas, sólo una
27
Ante las acusaciones por corrupción al extesorero del Partido Popular, el Presidente del Gobierno Español de ese mismo
partido dio una “rueda de prensa” el 2 de febrero, a través de una pantalla, ya que estaba en una sala distinta a donde estaban
los medios de comunicación; además de no querer estar presente, no respondió ninguna pregunta:
http://www.eldiario.es/defensora/pantallazo-Rajoy_6_99450062.html
imbricación histórica contingente.” (Mouffe, 2012: 20)
Poner en evidencia esta tensión, al pedir mayor democracia, pero sin los vicios del sistema, ha hecho
que a los movimientos en España y en México se les califique de antisistema. A lo que ellos
responderían con una manta en la plaza: “No somos antisistema, el sistema es anti-nosotros”. Ante la
evidente crisis del sistema económico actual se propone en el diálogo modificar la pregunta acerca de
“estar en contra” del modelo y se propone alterar sus contenidos reconsiderando a los sujetos y objetos
del cuestionamiento, para quedar de la siguiente forma: ¿quién puede estar a favor del capitalismo hoy?
Carlos Taibo cuenta que el movimiento por su parte asumió ese calificativo como un elogio:
“Y es que, habida cuenta de la miseria ingente de las reglas del juego que se nos imponen, ¿no
estamos obligados todos a ser orgullosamente antisistema? Si se me permite el agregado, algo
similar ha sucedido con el adjetivo “anticapitalista”, durante mucho tiempo empleado, de nuevo,
como un sambenito denigratorio. ¿Y qué otra cosa podríamos ser que orgullosamente
anticapitalistas?” (2011a: 40)
CONCLUSIONES
Entonces, si todo lo anterior se puede sostener, podemos decir que la "reforma a los déficits de la
transición" podrá tener su horizonte en las reivindicaciones de los movimientos del 15-M y del
yosoy132 siempre y cuando pase por una claridad causal en términos de políticas públicas y burocracia
de la administración pública.
La transición se ha vuelto condición necesaria pero no suficiente. Es importante aclarar que esto no
niega las deficiencias, ausencias o fallos de los procesos de transición. Lo que se busca es clarificar los
ámbitos a los que apelan las reivindicaciones de los movimientos sociales. La privatización de la
sanidad o la educación pública responde a modelos de entender la administración pública y el gobierno.
Esto es distinto a las demandas de otra ley electoral o de participación directa. Esto es importante porque
la clarificación de las áreas de acción nos llevará a tener claro en qué y para qué se quiere esa
participación directa.
Para el caso de la eficiencia en el uso de los recursos, piedra angular de la Nueva Gestión Pública, no se
cuestiona la reducción del gasto público sino su orden de preferencias: por qué reducir el gasto en
educación o salud sin antes haber reducido el gasto militar, el gasto de la monarquía o los salarios de los
representantes populares. De este modo se orienta la discusión en un enfrentamiento entre los derechos
sociales y las instituciones/arreglos heredados de la transición. El eficiencia y eficacia de la
administración pública se asume al denunciar las privatizaciones: “si no generara ganancias no les
interesaría a los empresarios hacerse cargo de ellas”.
A esto último hay que agregar el número de escándalos de corrupción, entre los más destacados el caso
en el que está envuelto el ex tesorero del partido en el gobierno en España (PP) y el del yerno del Rey,
ya que ponen en evidencia a las instituciones claves de la transición (Partidos Políticos y Monarquía) en
relación al uso que hacen de los recursos públicos en un momento de austeridad, así como los
privilegios y el trato que se les da de parte del poder judicial.
Una niña le pregunta a su padre por qué está la gente acampada en Sol: “El padre explicó, escueta pero
certeramente, que se hallaban muy enfadados con todo lo que estaba pasando. Al llegar, la niña
deambuló un rato entre las carpas y dijo: “Y si están tan enfadados, ¿por qué parecen todos tan
contentos?” (Taibo, 2011).
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Desalojo de la plaza el 16 de Mayo
a
la
manifestación
del
15-M
del
2012.
http://www.youtube.com/watch?v=_5Vm48Eeb_Y
Grito Mudo (jornada de reflexión 21 de Mayo)
http://www.youtube.com/watch?v=x6irndUqpcc