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México: Gobierno Autoritario, Ciudadanía Incompleta.
Catalina Eibenschutz Hartman
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
México D.F.
LASA XXI International Congress, 16-18 March 2000. Miami, Fla. USA
El objeto de este trabajo es discutir la categoría de ciudadanía incompleta y
demostrar como en el caso de México, la historia de autoritarismo característica
del país, no ha permitido el desarrollo de una ciudadanía plena.
Como segunda parte analizaré las condiciones en las cuales se han realizado los
últimos diálogos entre la sociedad civil y el Gobierno mexicano, como un ejemplo
de las limitaciones que existen en el país, para cualquier diálogo entre la sociedad
y el Gobierno.
Como tercera parte señalaré como este binomio de ciudadanía incompleta y
Gobierno autoritario, en momentos de gran polarización económica puede ser
explosivo.
PRIMERA PARTE
Sistema Político y Ciudadanía en México.
El autoritarismo del Gobierno en México es un hecho bien conocido. Gran número
de autores lo han analizado hace muchos años, y lo han descrito como un
sistema político corporativo, populista, autoritario y patrimonial. Los orígenes de
este autoritarismo datan desde la época colonial y aún antes.
En el siglo XX surgió lo que podríamos llamar el Estado Nacional Moderno
después de la Revolución Mexicana de 1910. Este Estado post-revolucionario
sentó las bases, por un lado, para el desarrollo económico nacional, la Reforma
Agraria, el reconocimiento de los obreros como clase y el desarrollo de una
burguesía industrial nacionalista en nuestro país. Pero, por el otro, sentó las bases
para la continuidad de un sistema autoritario, basado en un nuevo pacto social
caracterizado por un sistema democrático formal, la no re-elección y el
corporativismo estatal (Leal, J. F., 1975) como forma de control y representación
de los grupos populares, bajo la organización del PRI como partido oficial desde
los años 30 hasta la fecha.
Esta situación creó a través de los años una cultura política basada en un discurso
revolucionario (Castrejón, D. J., 1995) que convenció a la ciudadanía y a sus
1
diferentes grupos sociales en conflicto, que el Estado Mexicano representaba los
intereses de todos los habitantes por igual. Esta situación de gran hegemonía y
consenso, que por muchos años le otorgó una importante autonomía relativa el
Estado Mexicano (Eibenschutz, C. 1981), hubiera sido imposible, de no ser por el
crecimiento económico sostenido hasta la década de los 60s, (Hansen, R. D.,
1976) que permitió a los diferentes gobiernos priístas mantener su hegemonía a
través del ejercicio clientelar, y de un modelo de Estado interventor de corte
benefactor, que se empezó a agotar en los 70s.
Esta relación autoritaria y clientelar, unida al desarrollo económico sostenido y al
crecimiento de la corrupción (Castaings, J., 1989), constituyó el principal obstáculo
para el desarrollo de una ciudadanía plena y transformó al sistema político en una
democracia puramente formal. Néstor De Buen (1998, pp. 34-38) resume de forma
clara la contradicción entre la democracia formal y la dictadura real que ha existido
en México. La Constitución Mexicana establece la soberanía popular, la división
de poderes y la no-reelección, que teóricamente deben ser la garantía de una
estructura democrática; aunada a un supuesto juego político de partidos, a la
elección directa de los poderes Ejecutivos en los ámbitos local y federal, la libertad
de creencias, las garantías individuales y sociales, el compromiso con la
educación pública; elementos todos ellos que conforman teóricamente una
democracia formal incuestionable.
Sin embargo, el sistema ha tenido la capacidad de funcionar en forma autoritaria y
dictatorial a través de mecanismos legales y no tan legales, que garantizan la
supremacía del poder ejecutivo sobre todos los demás. Los mecanismos de
lealtad, corrupción, caudillismo, fraude electoral permanente y uso discrecional del
presupuesto, entre otros muchos, han transformado esta democracia formal en
una dictadura perfecta, por la mágica vía de los hechos y como acertadamente
señaló el famoso escritor Vargas Llosa, a quien por cierto no se puede acusar de
izquierdista delirante.
Entre otros muchos autores L. Lomnitz (1982, p 53) describe el funcionamiento
del sector público mexicano, en los siguientes términos: Cooptación de líderes,
políticas verticales y compartimentalizadas, legalización de conflictos sociales en
instancias jurídicas ad hoc, institucionalización permanente para resolver las
demandas de los grupos sociales, planeación y dotación de recursos con criterio
político clientelar, negociaciones permanentes pero no públicas, prácticas
clientelares y patrimoniales, uso periódico pero sistemático de la represión y la
intimidación anticipatoria.
Esta indiscutible capacidad del sistema mexicano, incluye sin duda la capacidad
del partido oficial y de los grupos en el Gobierno para mantener su hegemonía,
pero hubiera sido imposible si no se hubiera apoyado en una ciudadanía que no
pudo acceder históricamente a constituirse como tal, a través de las luchas
sociales que garantizaron su construcción desde la Revolución Francesa hasta
nuestros días, en el caso de los países desarrollados. (Marshall, T.H. 1964)
2
Un régimen de Partido de Estado, durante tantos años en México, significó la
presencia paternalista del Estado en todos los ámbitos de la sociedad mexicana y
durante mucho tiempo garantizó el desarrollo nacional y mantuvo la paz social.
Prácticamente no existió grupo social o político independiente, que pudiera
desarrollarse al margen de este Estado omnipresente en la sociedad, del
“Leviathan”. Esto no quiere decir que nunca hubo grupos y luchas importantes a lo
largo del siglo XX, pero la mayoría de ellas fueron integradas y cooptadas
eficientemente por el sistema, o reprimidas brutal y/o selectivamente; hasta la
crisis económica y social, que se inició a fines de la década de los 60 y que
aceleró el proceso de agotamiento del sistema.
Ciudadanía plena versus Ciudadanía Incompleta.
El ya clásico libro de Marshall (1964) señaló hace casi 40 años, la tensión
permanente entre el sistema capitalista y el concepto ideal de igualdad ciudadana,
en el sentido de que el primero divide socialmente a los habitantes de cualquier
país, mientras que el segundo tiende aparentemente a igualarlos,
fundamentalmente a través del derecho al voto. En el mismo libro este autor
afirma que el status de ciudadano proporcionó el cimiento de igualdad sobre el
que pudo erigirse la estructura de la desigualdad capitalista, (p.88), elementos que
han sido aceptados en general, pero también cuestionados y desarrollados por
otros autores posteriormente. Entre ellos R. Alford y R. Friedland (1991, p.142)
quienes critican que la idea enunciada por Marshall de que la ciudadanía es un
status otorgado a los miembros plenos de una comunidad, con iguales derechos y
obligaciones frente a la misma, y que aunque no existen principios universales que
determinen estos deberes y derechos, la ciudadanía como una institución en
desarrollo crea una imagen ideal de ciudadanía hacia la cual pueden dirigirse las
aspiraciones. (Marshall 1964, p. 88). Estos autores la critican porque escamotea el
hecho de que el ritmo de la lucha de clases y los requerimientos de la legitimación
burocrática son los verdaderos promotores de estos valores sociales y que la
cultura democrática se convierte en un mecanismo para conciliar la contradicción
entre democracia y capitalismo.
En el caso de México el mecanismo principal en la construcción de este tipo de
ciudadanía, que denomino incompleta y desigual, ha sido el de la legitimación
burocrática que ha inhibido la participación activa de la mayor parte de la sociedad
y ha generado en casi todos los grupos sociales una actitud de dependencia del
Estado. Esto es el resultado de los mecanismos políticos anteriormente
mencionados y del discurso nacionalista y revolucionario, característico del
Gobierno hasta 1980 (MONSIVÁIS, C., 1992). Las consecuencias de esta forma
de hacer política, ha sido una conciencia ciudadana muy nacionalista (casi
chovinista), y una ciudadanía muy poco social1, muy desigual y dividida entre sí.
1
Uso este término en el sentido que define J. L. Monereo (1996, pp. 159-160), “El concepto de ciudadanía
social se concibe en sentido jurídico y político como un conjunto de pretensiones y expectativas que cada
ciudadano en cuanto tal (con proyección universalista)expresa frente al poder público, para obtener las
garantías de seguridad necesarias, en la vida y en el trabajo; y todo ello a fin de dar contenido de dignidad a
la existencia individual.”
3
La desigualdad a la que me refiero es el resultado de la estructura corporativa del
Estado y del Gobierno del PRI, que durante 60 años fue capaz de dispersar y
reprimir cualquier modalidad organizativa de la sociedad que intentara existir al
margen del partido gubernamental, como señalan S. Zermeño (1996), A. Gilly
(1995) y M.A. Vite Pérez (1997) entre otros muchos.
Otra razón de desigualdad en cuanto a la ciudadanía, se concretó en la respuesta
gubernamental respecto a la Seguridad Social y a la Atención Médica de la
población mexicana entre 1940 y 1984. Esta respuesta se organizó en este
período de manera clientelar y fraccionada en un mosaico de Instituciones, cada
una para cada grupo específico de la sociedad y con diferentes modelos de
seguridad o cobertura de Atención Médica. Por ejemplo: el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) para los trabajadores del sector privado con contratación
legal, el ISSSTE para los burócratas al servicio del Estado, los servicios Médicos
de PEMEX para los trabajadores petroleros, y otros. Estas Instituciones se
creaban según la importancia política y/o económica que el grupo en cuestión
tuviera para el Gobierno; en otros momentos privó el criterio de contrarrestar las
luchas reivindicativas de ciertos grupos sociales (IMSS-Coplamar), pero nunca se
garantizó la seguridad social a toda la población del país, por su sola condición
ciudadana. (Eibenschutz, C. 1991) y gracias al discurso político que igualaba la
Atención Médica con la Seguridad Social, los grupos excluidos de ésta última, se
conformaron.
Un elemento más y tal vez el más importante, que afecta negativamente la
conformación de la ciudadanía mexicana, es la desigualdad económica y
educativa, que se expresa actualmente en niveles de analfabetismo de más de
10% en algunas zonas y en el analfabetismo funcional, que a su vez se traduce en
escasísimos lectores de la prensa escrita. Esta situación ha dejado a la televisión
como el medio masivo de comunicación por excelencia, con sus resultados de
manipulación a favor del Gobierno en general. (Ramonet, I. 1999, pp. 55-73 y 141150)
Este proceso de generación de una ciudadanía incompleta y desigual se presenta
también en otros países de América Latina como Brasil, Venezuela, Colombia, etc.
con sus características propias y que algunos autores han denominado ciudadanía
restringida. (Osorio, J. 1997, pp.26-28 y Cele de A. Bodstein, R., 1995).
Para diferenciar la ciudadanía incompleta de aquella llamada plena, me acojo a la
definición de J.L. Monereo ( 1966, p. 160) de ciudadanía plena y social como una
tríada de: 1) ciudadanía política que se vincula con el principio participativo y que
comprende los derechos electorales y de participación institucional; 2) ciudadanía
civil ligada al principio de libertad, que se expresa en la libertad de contratación y
asunción de obligaciones interpersonales y 3) ciudadanía social con configuración
dual, desde el punto de vista formal, como condición de miembro de una
comunidad política y desde el punto de vista sustancial, como atribución al
ciudadano de una serie de derechos reconocidos por el Estado.
4
Movimientos Ciudadanos.
A partir del movimiento estudiantil de 1968 (Zermeño, 1996, pp. 14-22) y conforme
se instalaba una especie de crisis económica crónica, se fueron sucediendo
respuestas de carácter ciudadano novedosas y originales, que sin duda han
contribuido al crecimiento de una conciencia ciudadana en México.
Entre estos movimientos quiero señalar los siguientes:
-
-
La respuesta ciudadana después del terremoto de 1985.
La organización de Asamblea de Barrios y la figura de Superbarrio. (Cuéllar,
1994)
El movimiento Estudiantil de 1987, encabezado por el CEU (Consejo
Estudiantil Universitario), que desembocó en un Diálogo público con las
autoridades y en un Congreso Universitario.
El levantamiento militar del EZLN en Chiapas 1994 y su llamado a la Sociedad
Civil.
El Barzón, movimiento de deudores de la Banca.
La huelga Estudiantil en la UNAM, encabezada por el CGH (Consejo General
de Huelga) 1999-2000.
A pesar de este avance en conciencia y en organización, México está todavía a
una gran distancia de contar con una ciudadanía plena y más bien se sitúa
mayoritariamente al nivel de una ciudadanía incompleta.
Globalización neoliberal
La llamada modernización capitalista, la caída de los sistemas del socialismo real,
la llamada caída de las utopías y por último la supuesta globalización mundial de
tipo neoliberal, han cambiado sin lugar a dudas, el panorama social y político
mundial. Aún cuando todavía no tenemos instrumentos teóricos suficientes para
analizar y explicar la situación, no podemos negar que nos encontramos frente a
una crisis de civilización en su conjunto2 y frente a un proceso de transición cuyo
sentido no está claro.
Comparto la opinión de G. Berlinguer (1998) en cuanto a que hay dos tipos de
globalización, la referente a las grandes posibilidades de comunicación entre los
ciudadanos de todo el mundo y la otra que se refiere a la imposición del modelo
neoliberal en el mundo y el control de la opinión pública a través de las nuevas
posibilidades tecnológicas. La primera, representa un avance civilizatorio mundial
y la segunda es muy discutible, y ha generado un modelo económico excluyente y
unos requerimientos inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos excluidos,
2
Crisis civilizatoria, en el sentido que le dan muchos autores: Falta de teoría, gran polarización económica y
social , elevado número de muertes prevenibles en el 3er mundo, pérdida de la soberanía nacional, etc. que
pone en duda la existencia de una verdadera globalización.
5
en todo el mundo. Realidad que ha contribuido a hacer más evidente esta
ciudadanía incompleta, a la que venimos haciendo referencia.
Por otro lado en este inicio de milenio, la distancia entre el discurso político y la
realidad, se hace cada vez mayor, y el papel de los medios masivos de
comunicación se transforma en el llamado cuarto poder, que en lugar de informar
y contribuir a la creación de conciencias, oculta la realidad en función de los
intereses de las grandes potencias. ( I. Ramonet, 1999) Además de algunos
ejemplos internacionales que menciona N. Chomsky (2000, pp. 59-68), quisiera
mencionar una de las joyas de la demagogia mexicana a este respecto: cuando el
Presidente Salinas de Gortari señaló en un discurso, para justificar su política
privatizadora, que “En un país tan pobre como México, no era posible mantener un
Estado tan rico como el existente y por ello había que vender las Empresas al
pueblo”.
En cualquier caso y en muchos países del mundo, ésta globalización también
llamada mundialización se ha transformado, por una parte en uno de los grandes
mitos de la actualidad y por la otra en una realidad que afecta a todos los rincones
del mundo, sin respetar la independencia de los pueblos ni los diferentes
regímenes políticos.
Analizarlo en términos de mito es importante, pues si bien alcanza a todos los
países, ricos y pobres, los afecta en forma muy desigual. No transforma la
explotación capitalista, sino por el contrario la refuerza y por lo tanto aumenta la
desigualdad intra países y entre países. Como bien lo señala Ramonet (20000, pp.
6-7) se trata de la segunda revolución capitalista donde los actores de la
colonización ya no son los Estados sino las grandes Empresas Multinacionales y
el Capital Financiero, la mayoría del cual se sitúa en los Estados Unidos. Así, esta
mundialización no pretende conquistar países, sino mercados y el mito radica en
las cada vez mayores diferencias entre los países supuestamente mundializados.
Sus resultados concretos en la realidad se pueden resumir en una concentración
enorme del capital y el poder a escala mundial, en el desmantelamiento de
muchas industrias, en aumento del desempleo, explotación infantil, aumento de la
pobreza, aumento de la delincuencia, polarización socio económica etc. Estas son
algunas de las características que el mismo Ramonet califica de “pillaje
planetario”.
En el caso de México y América Latina esta globalización se inició mediante la
imposición de las llamadas “políticas de ajuste” y representó una nueva forma de
expoliar a los países subdesarrollados, en los tiempos del neoliberalismo.
Esta mundialización ha ido de la mano de otro gran mito, la transición a la
democracia en condiciones de desigualdad económica y social nunca antes vistas.
Sin pretender discutir a fondo las implicaciones de la democracia en este artículo,
sí quisiera señalar que no hay democracia posible en ausencia de una ciudadanía
6
plena. Esta es condición necesaria, aunque no suficiente, para avanzar hacia la
democracia.
Políticas de ajuste, exclusión ciudadana y transición a la Democracia.
A partir de la crisis de la deuda externa y de las políticas de ajuste dictadas para
América Latina desde el Banco Mundial y el FMI e implementadas de manera
“ejemplar y obediente” por los Presidentes de México, Miguel de Lamadrid, Carlos
Salinas y Ernesto Zedillo, la situación político-económica de la población
mexicana empeoró sensiblemente en todos sentidos: Aumento de la polarización
económica, empobrecimiento extremo de la mayoría de la población, aumento del
desempleo y del autoritarismo del Estado. (MEYER, L., 1995, entre otros)
Como ilustración, quisiera mencionar la experiencia subjetiva que muchos de los
habitantes de México, vivimos en los tiempos de la modernización:
1.- Se volvió antiguo y de mal gusto pretender tener un salario suficiente y un
trabajo estable.
2.- El discurso revolucionario del Gobierno del PRI se “bajó del caballo” y no se
volvió a mencionar la Revolución Mexicana.
3.- Los derechos colectivos y solidarios como la Seguridad Social, la Autonomía
Universitaria, el derecho a un trabajo estable y a una pensión de vejez, pasaron
también a ser “pecados capitales” típicos de los “conservadores y antiguos”.
4.- Los ciudadanos pasamos a ser sospechosos de ineficiencia y de querer
aprovecharnos del Estado paternalista para no trabajar, para no producir. En
definitiva “todos delincuentes” mientras no se demostrara lo contrario.
5.- Cada uno de los ciudadanos trabajadores tenía que demostrar su eficiencia en
el trabajo, ganando puntos de productividad, teniendo reconocimiento en el
extranjero, teniendo cuentas de ahorro en el banco, no sacando dólares, teniendo
tarjetas internacionales, seguros privados de todo tipo, y sobre todo confiando en
el libre mercado.
6.- Nos intentaron cambiar la Historia Nacional y el Dictador Porfirio Díaz pasó a
ser un “adorable viejito” que inició el desarrollo de México, el Ejército Mexicano era
el responsable del 68, Zapata no fue tan importante. El PRI se dividió entre
dinosaurios (aquellos que recordaban su pecaminoso origen revolucionario) y
modernos (el sector de tecnócratas financieros) y terminaron imponiéndose los
últimos.
7.- La pérdida progresiva de nuestra capacidad adquisitiva era un acto de sacrificio
necesario, para el buen futuro de la nación.
7
8.- Aquellos que nos atrevíamos a protestar, nos transformamos inmediatamente
en “populistas” y “negadores del progreso y la modernidad”.
9.- Las Universidades Públicas, resintieron la disminución del gasto social, la
pérdida del poder adquisitivo de los salarios de hasta un 60% y una campaña de
desprestigio que se basaba en la incapacidad de los profesores universitarios para
producir egresados y conocimientos de alta calidad. Pasamos a ser delincuentes
sospechosos, como el resto de los ciudadanos que pretendían vivir del "Gobierno
paternalista".
Como resultado de éste tipo de modernización, excluyente y brutalmente
empobrecedora, se generó un estado de insatisfacción y malestar generalizados
en la población mexicana que no encontraba salida frente al autoritarismo
creciente del Gobierno y sus políticas privatizadoras. En un ambiente en el que
crecía la desconfianza hacia los partidos políticos, hacia las promesas del
Gobierno y hacia los medios masivos de comunicación, en especial de la
televisión, que representa los intereses de la oligarquía financiera y el Gobierno.
Esta desconfianza generalizada ha contribuido de manera importante a mantener
esta condición de ciudadanía incompleta en México, a pesar de los intentos de
algún partido político y de organizaciones sociales que están trabajando en el
sentido contrario y sin duda con avances significativos.3
SEGUNDA PARTE
EL diálogo como vía de solución a los conflictos.
Formando parte del mito de la globalización, se ha reforzado la idea de que las
contradicciones sociales han desaparecido y que el diálogo y la negociación
constituyen la vía moderna para la resolución de los conflictos en la sociedad
global, sean estos de carácter civil o militar (Raiffa y Zartman). Posición que en
principio compartimos, pero que en la realidad no ha demostrado su tan anunciada
eficacia, como se puede ver en el Atlas de los Conflictos (Ramonet, I., A. Gresh y
D. Vidal, 2000. P. 8), donde aparece una cantidad enorme de conflictos en el
mapa mundial. Conflictos de todo tipo, la mayoría de los cuales se resisten a los
intentos de alcanzar la paz a través del diálogo.
Diálogo y transición a la Democracia en México.
La transición a la Democracia es un proceso muy difícil que va mucho más lejos
que la simple desaparición de las dictaduras militares o los regímenes totalitarios y
donde la ciudadanía plena, la igualdad económica, la justicia y el sistema político,
3
Me refiero a la Constitución del PRD (Partido de la Revolución Democrática) y al crecimiento de
Asociaciones Civiles preocupadas por la participación ciudadana, en los últimos 10 años en México.
8
juegan un papel fundamental que permite el avance o el bloqueo del tránsito a la
democracia4.
Como parte de la modernización y de las políticas de ajuste a fines de los 80s se
empezó a hablar en forma demagógica de la necesidad de una transformación del
Estado en México, y como señala E. Concheiro ( 1996, p. 71), durante el periodo
de Carlos Salinas, se equipararon los términos modernización y privatización, lo
que dió como resultado un nuevo acuerdo entre grandes empresarios, Gobierno y
capital extranjero. Sin embargo, el correlato necesario para este proyecto
modernizador pasaba por la modificación de la Ley Federal del Trabajo, que no se
logró, debido a la estructura corporativa de los sindicatos y a la actitud vacilante
del Gobierno que no se empeñó a fondo en este proyecto.
Hasta la fecha queda claro que la transformación del Estado para el Gobierno
mexicano, se limita fundamentalmente a una apertura política de carácter
electoral. Entre las que se encuentran: la progresiva legalización de un número
mayor de Partidos y Organizaciones Políticas mediante las sucesivas Reformas
Electorales, la ciudadanización de las instancias electorales como el IFE (Instituto
Federal Electoral), los institutos electorales estatales y la relativa transparencia
Electoral, mientras no se ponga en riesgo el control del Gobierno Federal.
Pero esta decisión de la transformación del Estado en la visión gubernamental del
PRI, ha dejado fuera los siguientes elementos:
1.- El abandono del poder gubernamental por parte del PRI.
2.- La responsabilidad Constitucional del Gobierno para disminuir la polarización
social y garantizar el empleo pleno y bien remunerado.
3.- La separación entre el Partido y el Gobierno.
4.- Las políticas sociales solidarias.
5.- La rendición de cuentas a la sociedad (Accountability).
6.- La participación de Organizaciones ciudadanas en el Estado.
7.- La resolución de conflictos a través del Diálogo.
La primera, la segunda y la tercera se refieren a lo expuesto anteriormente sobre
economía, autoritarismo y corrupción, la cuarta obedece a las medidas de ajuste y
de restricción del gasto social, la quinta nunca ha existido en México, la sexta se
refiere al no reconocimiento gubernamental de las instancias ciudadanas que
exigen la rendición de cuentas por parte del gobierno y por último la séptima
donde el Gobierno Mexicano ha puesto en evidencia su incapacidad de resolver
los conflictos mediante el diálogo.
Este último (Resolución de Conflictos a través del Diálogo), quisiera analizarlo
más detalladamente, revisando 2 ejemplos recientes: el Diálogo de San Andrés
4
Recomiendo la lectura de G. Zabludovsky (1996) donde hace una revisión de las teorías de Held, Chalmers
y otros autores sobre la relación entre globalización y democracia. Así como la lectura de varios autores que
integran el libro La transición difícil. 1998. (Almeyra y varios otros.)
9
para resolver las causas del levantamiento del EZLN en 1994 y el diálogo con el
CGH (Consejo General de Huelga) para resolver la huelga estudiantil de 1999 en
la UNAM.
El Diálogo de San Andrés, Chiapas.
El levantamiento militar del EZLN el 1º de enero de 1994 fue una sorpresa y un
estímulo para todos aquellos mexicanos que no encontraban una salida a la
situación política y económica anteriormente descrita. Este movimiento significó
mucho más que la lucha indígena por la dignidad, la justicia, la no-discriminación y
el respeto a su cultura; significó una esperanza para los excluidos del mundo
globalizado, para todos aquellos que experimentaban ese malestar indefinido
frente a los resultados de la modernización. El YA BASTA y el MANDAR
OBEDECIENDO, inspiró y encauzó la lucha de los jóvenes y de los ciudadanos
en México.
La propuesta hecha por el Presidente Salinas de un diálogo para resolver el
conflicto armado por la vía política y no la militar, resultado de la presión
ciudadana para parar la guerra, llenó de optimismo a grandes grupos de la
población y fue inmediatamente aceptada por el EZLN.
El primer intento de Diálogo que tuvo lugar en la Catedral de San Cristóbal de las
Casas en febrero de 1994, se vió violentamente interrumpido por el asesinato de
Donaldo Colosio el 23 de marzo de ese año, quien era el candidato postulado por
el PRI para las elecciones Presidenciales del mes de julio. Este asesinato y el
posterior de Francisco Ruiz Massieu, Presidente del PRI, fueron interpretados por
la mayoría de la sociedad como crímenes de Estado y aumentaron aún más la
desconfianza en el Gobierno y los procesos electorales.
Pocos días después de la toma de posesión del nuevo Presidente Ernesto Zedillo
en diciembre de 1994, se profundizó la crisis con el llamado “error de diciembre”
también conocido como el “efecto tequila”, que afectó al mundo financiero
internacional, y dejó al Presidente aún más deslegitimado frente a la población.
Inmediatamente después en febrero de 1995 ordenó al Ejército y a la Policía
Federal la invasión de la zona zapatista y la detención de sus principales
dirigentes. Estos actos típicamente unipersonales fueron interpretados por la
ciudadanía y por algunos miembros del Parlamento como un acto de alta traición
que aumentó enormemente la desconfianza en el Gobierno y en su voluntad
negociadora.
A pesar de ello se inició el segundo intento de Diálogo con el EZLN en San Andrés
Larraínzar, bajo la Ley de Diálogo, Concordia y Pacificación del Estado de
Chiapas emitida por el Parlamento en Marzo de 1995.
Este Diálogo llegó, no sin interrupciones y provocaciones, a los acuerdos sobre
Derechos y Cultura Indígena en febrero de 1996 y nuevamente el gobierno actuó
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en forma autoritaria y unilateral, enviando su propia propuesta de Ley al
Parlamento. Hasta la fecha los acuerdos no se han cumplido.
Este movimiento contó con el apoyo creciente de la ciudadanía que en el proceso
de lucha adquirió más conciencia de sus derechos, pero la imposición
gubernamental frenó esta toma de conciencia. El intento del EZLN de formar una
estructura en la sociedad civil, llamada Frente Zapatista de Liberación Nacional
(FZLN), se vió obstaculizado, a mi juicio, por dos elementos principales:
-
Excesiva dependencia del FZLN de la estructura militar del EZLN
El permanente acoso del Gobierno para eliminarlos
Estos dos elementos han sido también obstáculos muy importantes, para el
avance y desarrollo de la ciudadanía plena.
Huelga estudiantil en la UNAM
La historia del aumento de las cuotas en la UNAM, empezó en 1987, y originó un
fuerte movimiento estudiantil que entre otras triunfos logró rescatar el Derecho
Constitucional a la gratuidad de la Educación Superior Pública5.
En la década de los 90, el presupuesto Federal para la Educación fue recortado en
repetidas ocasiones, como parte de las políticas neoliberales, justificadas por el
pago de los intereses de la deuda externa y encima el pago del Fobaproa6 (Fondo
Bancario de Protección al Ahorro. El Presidente Zedillo propuso transformar en
deuda pública este último y lo logró en 1998, a pesar de la oposición del PRD.
(A.M. López Obrador, 1999)
Este elemento también constituye una joya de autoritarismo y compromiso con el
gran capital, por parte del Presidente Zedillo, además de una muestra de la
impunidad característica del régimen autoritario, pues la mayoría de los grandes
deudores y funcionarios que participaron en este fraude, gozan de libertad. La falta
de reacción popular ante estas medidas, es reflejo de la ciudadanía incompleta y
sumisa en el país.
En 1999 el Gobierno Federal recortó aún más el presupuesto a la UNAM y al
Rector Barnés le pareció fácil recuperar el dinero a través del aumento de las
cuotas de la matrícula estudiantil aproximadamente en mil veces. Además
convocó al Consejo Universitario, a reunirse fuera de las instalaciones de la
5
Que no es gratuidad en lo absoluto, porque es pagado a través de los impuestos de TODOS los habitantes.
Acuerdo de transformar la deuda privada de los grandes empresarios y banqueros en deuda pública, los
autopréstamos a empresarios y banqueros, que hasta el momento no han sido pagados, fueron del orden de 22
millones de dólares a Carlos Cabal Peniche (Ex Presidente de Banco Unión) ahora capturado en Australia. A
los Hermanos Kahn mas de 12.5 millones de dólares, 450 millones de pesos a los Mariscal, etc. Todas estas
deudas siguen sin ser pagar y representan un total de 552 mil 300 millones de pesos. De estos el 60%
aproximadamente pertenecen a banqueros y empresarios importantes. El resto a deudores pequeños que han
perdido casa, automóviles, maquinaria del campo, etc.
6
11
UNAM y no invitó a aquellos profesores y alumnos que por su conocida posición
política, sabía que votarían en contra de esta medida. Su única preocupación fue
la de garantizar en esta reunión la docilidad y el quorum suficiente, y en estas
condiciones fue aprobado el aumento de cuotas.
Este es el verdadero origen de la huelga estudiantil. Una vez estallada la huelga y
cerradas todas las instalaciones Universitarias, el Rector se negó
sistemáticamente y durante 7 meses a dialogar con los estudiantes. Es conocido
que cualquier movimiento estudiantil en el mundo, que no se atiende en forma
adecuada, a través del diálogo y la negociación, degenera rápidamente en un
movimiento radical y así sucedió.
Cabe señalar que al inicio del movimiento, éste contaba con el apoyo de la
mayoría de la población y de los estudiantes. Durante mucho tiempo las marchas
fueron apoyadas por ciudadanos y padres de familia que desesperados por la
injusta situación económica y política, consideraban que los únicos que se
movilizaban contra ella, en este momento, eran los estudiantes y por lo tanto había
que apoyarlos.
Después de casi 9 meses de Huelga, se acepta la renuncia de Barnés y se elige a
toda velocidad al Dr. Juan Ramón de la Fuente, que era en ese momento
Secretario de Salud y tiene una importante trayectoria Universitaria. El nuevo
Rector inicia el Diálogo con el CGH (Comité General de Huelga), pero es
demasiado tarde y el Gobierno decide enviar a la nueva PFP (Policía Federal
Preventiva) para desalojar la UNAM y detener a los estudiantes que estaban allí.
TERCERA PARTE
Análisis
Este tipo de enfrentamientos de carácter violento a los que he hecho referencia,
demuestran una vez más la imposibilidad de avanzar en la solución de los
conflictos a través de un diálogo abierto y sincero entre las partes, por las
siguientes razones del gobierno y de la ciudadanía.
1.- Gobierno autoritario, preocupado únicamente en mantener el modelo
económico y financiero, conseguir la estabilidad económica y conservar a su
partido (PRI) en el poder.
2.- La incapacidad de un Gobierno de este tipo para respetar la disidencia, que es
el elemento básico de la democracia.
3.- El modelo globalizador que ha generado un proceso de enriquecimiento de
pocos y empobrecimiento de muchos, nunca antes visto en México.
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4.- El carácter excluyente que cierra el acceso de la población empobrecida a la
toma de decisiones y a la educación7.
En lo referente a la ciudadanía:
1.- Su carácter mayoritariamente incompleto, no encuentra condiciones adecuadas
para desarrollarse frente al autoritarismo gubernamental.
2.- La pobreza extrema impide cualquier avance democrático y el desarrollo pleno
de la ciudadanía.
3.- La injusticia social provoca cada vez más brotes explosivos en la sociedad.
4.- La ausencia histórica de canales para expresar desacuerdos e influir en las
políticas sociales del Gobierno, provocan el crecimiento de respuestas violentas y
radicales.
Conclusiones.
1.- Si los factores anteriormente expuestos, no se modifican rápidamente el país
se dirigirá a la descomposición social y a la violencia.
2.- La conjunción de una ciudadanía incompleta y un gobierno autoritario y
depredador, producirá una combinación explosiva.
Epílogo
Si bien en este artículo he dejado fuera los elementos positivos de cambio en la
ciudadanía mexicana intencionalmente, para aclarar los extremos, quiero
reconocer la existencia de algunos procesos que van avanzando hacía un
desarrollo de la ciudadanía y hacia una participación democrática, ambas
necesarias para un verdadero tránsito a la democracia, entre ellos:
Las modificaciones en el terreno electoral, mayor independencia de una parte de
la prensa escrita, la Ley de participación ciudadana en el D.F., algunos programas
de debate político en la TV, el levantamiento del EZLN y su apuesta por la
sociedad civil, el cambio de Gobierno en el D.F. y otros.
Si bien reconozco que la categoría ciudadana es en sí misma ambigua, creo que
por eso mismo, se puede transformar en una arena de lucha política que permita
su re-orientación y re-interpretación consciente hacia los proyectos colectivos y no
hacia lo puramente individual, carente de fuerza y poder, tal como se estimula
actualmente en el modelo neo-liberal.
7
Los datos de Carlos Rozo, investigador de la UAM, publicados en La jornada 10-III-2000 p. 23, demuestran
que en México, 76.5 millones de personas viven con menos de 3 salarios mínimos equivalentes a 350 USD al
mes y de ellos 10.5 millones no reciben salario alguno.
13
No creo que sea necesario rechazar por ambigua esta categoría, como lo señala
Capella, (1993, pp. 135-156) ni crear una nueva categoría llamada ciudadanía
emergente colectiva, como lo propone Inés Castro (1996), sino desarrollar esta
ciudadanía en la perspectiva de asociación colectiva (política o civil) de
individualidades conscientes, como única alternativa para crear un contrapoder
ciudadano.
Por otra parte, creo que los ciudadanos conscientes tenemos que desarrollar
programas y actividades que de alguna manera contribuyan a elevar la
consciencia ciudadana, tanto en escuelas, universidades, como en organizaciones
civiles para garantizar un tránsito a la democracia en un ámbito de diálogo y paz
social. De seguir la situación como se ve ahora, los enfrentamientos violentos y la
represión creciente serán las formas dominantes en México en los años venideros.
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