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CAMBIO CLIMÁTICO
Señoras y señores,
Los impactos del cambio climático tienen consecuencias más graves sobre quienes
tienen menos capacidad de responder, y con frecuencia sobre las personas que menos
han contribuido a sus causas.
Aunque América Latina y Caribe representa sólo el 12 por ciento de las emisiones de
gases de efecto invernadero del mundo, ya está experimentando las consecuencias
adversas del cambio climático, desde patrones climáticos y eventos climáticos extremos
hasta la subida del nivel del mar que afectan a los grupos más vulnerables.
La acción retardada en el cambio climático significa una mayor tasa de cambio
climático en el corto plazo y probablemente más impactos climáticos a menor plazo, así
como la continuación del uso de la infraestructura intensiva en carbono y de alto
consumo energético, de acuerdo con el informe de emisiones publicado por el PNUMA
y más de 44 institutos de investigación de 17 países antes de la COP de Varsovia, el año
pasado.
La investigación del PNUMA muestra que incluso si las naciones cumplen con sus
promesas climáticas actuales, es probable que las emisiones de gases de efecto
invernadero en 2020 alcancen hasta 12 gigatoneladas de CO2 equivalente (Gt de CO2e)
por encima del nivel que proporcionaría una oportunidad de permanecer en el camino
de menor costo.
En América Latina y el Caribe, los impactos del cambio climático son evidentes en la
pérdida de los corales, la afectación a las pesquerías y el turismo en la cuenca del
Caribe, el aumento del nivel del mar afectando los acuíferos costeros y los ecosistemas,
y la intensificación de huracanes que amenazan las poblaciones e infraestructuras
costeras.
De acuerdo con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), de no combatirse, el impacto económico del cambio climático en la región
para el año 2050 es probable que tenga efectos devastadores:
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El impacto combinado de la subida del nivel del mar, pérdida de la pesca y el
turismo se calcula alcanzaría entre el 5 y el 30 por ciento del PIB en el Caribe;
El suministro de agua a las ciudades se verá afectada (Quito podría ver
incrementados los costos de suministro de agua en 30 por ciento; La Paz, Lima
y Bogotá también se verían afectados por decrecientes suministros debido al
cambio climático);
Los costos en salud se verán afectados por el aumento de la exposición a
enfermedades tropicales;
El costo del impacto de huracanes ha aumentado en dos órdenes de magnitud
en la cuenca del Caribe en los últimos 20 años y se espera la intensidad de los
huracanes continúe incrementándose.
La pérdida de la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas: ¡no tiene
precio!
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La piedra angular de la meta mundial 2020 todavía puede alcanzarse mediante el
fortalecimiento de los compromisos actuales y de nuevas medidas, entre ellas la
ampliación de las iniciativas de cooperación internacional en áreas como la eficiencia
energética, la reforma de los subsidios de los combustibles fósiles, la energía renovable,
la silvicultura y los esquemas REDD+.
Para América Latina y el Caribe, la adaptación es la prioridad “número uno”.
Según cifras del Banco Mundial, el costo de la adaptación en América Latina y el
Caribe es la segunda más alta a nivel global, con un estimado de 21,5 miles de millones
de dólares al año, precedido sólo por Asia y Oceanía con un monto de 25 mil millones
al año.
Los dos sectores que requieren asumir la mayor parte de los costos de adaptación son
la infraestructura y las zonas costeras, que requieren inversiones globales de entre 29,5
a 30,1 mil millones al año.
Y si bien el crecimiento económico verde puede ser la forma más poderosa de
adaptación, los gobiernos tendrán que tener en cuenta la integración en sus planes
nacionales de desarrollo de los costos de adaptación y metodologías para una
transformación hacia una economía verde inclusiva.
Para hacer frente a los complejos desafíos del cambio climático que afronta el mundo
hoy en día, hay una necesidad de medidas urgentes, concertadas y eficaces. Esto
requiere no sólo un compromiso político renovado, y las decisiones correctas por parte
de la comunidad internacional, sino también el apoyo de una red de actores, de
condiciones adecuadas y de arreglos institucionales que faciliten la toma de decisiones
y la traducción de los compromisos en acciones.
América Latina y el Caribe sigue desempeñando un papel cada vez más significativo
en las negociaciones sobre el clima; un papel que necesita ser reforzado y fortalecido
aún más en los próximos meses hacia la COP en Perú y a lo largo de 2015 en el camino
a París, para asegurar que se alcance un acuerdo amplio y definitivo.
AGENDA DE DESARROLLO POST- 2015
En Río +20, la comunidad internacional acordó trabajar en un nuevo conjunto de
objetivos universales de desarrollo sostenible (ODS) para atender la sostenibilidad
ambiental, social y económica de una manera más coherente, enfocada y medible.
Las necesidades del mundo, comprendidas en la Agenda Post-2015, requieren de un
cambio en el pensamiento para pasar de trabajar en silos a un enfoque más integrado.
Focalizar las reformas de inversión y políticas en retos y oportunidades
interconectados entre sí puede tener impactos positivos significativos sobre
aspiraciones de desarrollo más amplias.
Necesitamos comunicar al mundo la necesidad de integrar el medio ambiente en todos
los aspectos del desarrollo sostenible, a través de sus voces como Ministros de Medio
Ambiente y a través de la acción de colaboración promovida por este foro.
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Moviendo a los 1,2 mil millones más pobres del mundo a una vida de dignidad para
todos requerirá financiación, innovación, transferencia de tecnología y creación de
capacidades, junto con una gestión eficaz y asociaciones mutuamente beneficiosas a
nivel local, nacional, regional y mundial.
Esto dependerá del acceso equitativo a los bienes y servicios básicos.
También dependerá de nuestra capacidad para aumentar la resiliencia social y natural
para resistir un entorno cambiante y del fortalecimiento de la base de recursos
naturales en que se fundamenta el desarrollo.
El bienestar de la humanidad y el funcionamiento de la economía y la sociedad
dependen en última instancia de la gestión responsable de los recursos naturales finitos
del planeta. Vivir dentro del espacio seguro de la Tierra salvaguarda a la humanidad
de cruzar los umbrales ecológicos o sociales que podrían socavar o incluso revertir los
logros de desarrollo.
Mejorar el capital natural, el capital social y el entorno construido implica crear un
espacio para reducir las responsabilidades futuras y proveer para cubrir las
necesidades de hoy y de las generaciones futuras a través de un desarrollo sostenido
de largo plazo.
Para alcanzar el desarrollo sostenible, sin cruzar los umbrales ecológicos, los países
deberán transitar hacia una economía baja en carbono, adoptar patrones de consumo y
producción sostenibles, ser más eficientes en el uso de los recursos y disociar el
crecimiento económico de la sobreexplotación excesiva de los recursos naturales.
ECONOMÍA VERDE
En una economía verde inclusiva, el crecimiento de los ingresos y el empleo son
impulsados por la inversión pública y privada que reduce las emisiones de carbono y
la contaminación, aumenta la energía y la eficiencia en el uso de los recursos y evita la
pérdida de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Estas inversiones deben ser catalizadas y apoyadas por gasto público dirigido,
reformas de políticas específicas y cambios en la regulación.
Si bien gran parte del capital privado en el mundo desarrollado está comprometido con
la inversión intensiva en carbono, la inversión de países en desarrollo en un futuro bajo
en carbono va en aumento. Las inversiones en energía limpia alcanzaron 244 mil
millones dólares en 2012, mientras que los gastos en los países en desarrollo
ascendieron a 112 millones, de acuerdo a las estimaciones de REN 21 (Red de Política
de Energías Renovables para el Siglo 21).
Estimaciones del Foro Económico Mundial indican que una inversión en
infraestructura de cerca de 6 billones de dólares es necesaria en los próximos 16 años
para lograr una economía baja en carbono. De esta cantidad, casi un billón de dólares
está por encima de la trayectoria del patrón común de negocios o “business as usual”.
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Esta evidencia muestra que cuando las inversiones se dirigen hacia el enverdecimiento
de sectores económicos clave, pueden producirse múltiples beneficios para la sociedad,
para la economía y para el medio ambiente.
El PNUMA ha lanzado recientemente una revisión sobre las opciones de política para
guiar el sistema financiero global a fin de invertir en la transición hacia una economía
verde. La investigación expondrá una serie de opciones para fomentar un sistema
financiero sostenible. Involucrará, informará y orientará a los responsables políticos,
los actores del mercado financiero y otros actores interesados en la salud del sistema
financiero y su potencial para dar forma a la economía del futuro.
Las políticas fiscales son de particular importancia en la transición hacia una economía
verde y los gobiernos tienen una gran variedad de instrumentos fiscales a su
disposición: gravar el uso o las emisiones de combustibles fósiles en los diferentes
sectores, la reforma de los subsidios energéticos que promueven la actividad
económica derrochadora y dañina para el medio ambiente y el apoyo a las tecnologías
limpias y producción sostenible con la ayuda de los incentivos fiscales.
Frente a un mundo fiscalmente restringido, las reformas de política fiscal pueden
parecer un desafío de enormes proporciones para una transición hacia una economía
verde. Sin embargo, se ha observado en el pasado que las crisis externas - ya sean
fiscales, económicas o ambientales - pueden acelerar las reformas políticas.
El fortalecimiento de redes de seguridad social en la aplicación de las reformas de
política fiscal no sólo aumenta la aceptación social y política de las reformas fiscales,
sino también podría contribuir a una transición justa y equitativa hacia una economía
verde.
A nivel mundial, el costo de la subvención de la energía es alto y representa una parte
importante del PIB anualmente. Los subsidios de petróleo solamente, por ejemplo, han
ascendido a 200 miles de millones de dólares en 2011. Se estima que la eliminación de
500 mil millones de dólares de los subsidios a los combustibles fósiles podría impulsar
la economía mundial en torno al 0,3 por ciento. La eliminación de los subsidios a los
combustibles fósiles en las economías en desarrollo y las economías emergentes podría
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 6 por ciento para 2050.
Al considerar que de los 409 mil millones de dólares gastados en subsidios al consumo
de combustibles fósiles en 2010, sólo 35 mil millones, o el 8 por ciento, alcanzó al
quintil de ingresos más pobre (la parte inferior del 20 por ciento), el desempeño de los
subsidios energéticos parece malo como un medio de apoyo a los ingresos de los
grupos sociales pobres.
Por otra parte, los impuestos ambientales pueden ser una herramienta eficaz para la
política ambiental. Los impuestos al carbono podrían dirigir las inversiones hacia
tecnologías más limpias y fomentar la eficiencia energética.
Muchos países en desarrollo están en condiciones de beneficiarse de la incorporación
de las consideraciones de sostenibilidad en sus estrategias de crecimiento impulsado
por el comercio, incluso a través de la exportación de productos certificados de las
pesquerías, los bosques o los sectores de la agricultura, el aumento de las inversiones
en cadenas de producción y abastecimiento sostenibles, o la expansión del ecoturismo.
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Por ejemplo, el sector de biocomercio en el Perú ha crecido en un 20 por ciento en los
últimos cinco años - generando importantes ingresos y promoviendo el desarrollo
sostenible, y al mismo tiempo apoyando el desarrollo de los pobres.
La transición de la Economía Verde abre nuevas oportunidades para el comercio
regional y global. Por ejemplo, el mercado mundial de las tecnologías de baja emisión
de carbono y energéticamente eficientes se prevé que casi se triplique para alcanzar los
2,2 billones de dólares en 2020.
Durante las tres últimas décadas, muchos países de la región han incluido
disposiciones sobre economía verde en la legislación nacional o en las nuevas
constituciones.
Un nuevo estudio de Economía Verde para México será dado a conocer por el PNUMA
y el Gobierno de México más adelante en el año. El informe pretende ofrecer una
perspectiva económica, en términos de ventajas, obstáculos y oportunidades de una
economía verde. Los sectores económicos priorizados en el informe son: la
agroindustria, la pesca, el agua, la silvicultura, la energía, la industria manufacturera,
el turismo y el transporte. En conjunto, representan alrededor del 37 por ciento del PIB
nacional y el 42 por ciento del empleo en México.
El PNUMA está trabajando con sus socios para proporcionar, con base en la demanda,
asesoramiento sobre políticas, la asistencia técnica y creación de capacidad a los países
que desean lograr una transición hacia el desarrollo sostenible a través de una
economía verde. La Asociación para la acción en una Economía Verde (PAGE), que
celebró su primera conferencia mundial en Dubái, la semana pasada, tiene como
objetivo enverdecer 30 economías en desarrollo para 2020.
Señoras y señores,
Para muchos Pequeños Estados Insulares en Desarrollo su futuro depende de una base
de recursos muy limitada que se ve amenazada constantemente por los impactos de
alto riesgo del cambio climático y los desastres naturales. En nuestra vida, puede haber
pequeñas naciones insulares en desarrollo que dejarán de existir como consecuencia
del incremento del nivel del mar.
Del crecimiento económico al cambio climático y la seguridad alimentaria, los
problemas que enfrentan los PEID son multidimensionales y requieren una acción
inmediata e integrada para hacer frente a ellos mientras el mundo celebra el Año
Internacional de los PEID, este año.
Un enfoque de Economía Verde inclusivo ofrece oportunidades para los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo para administrar mejor el capital natural, proteger el
medio ambiente, crear empleos verdes y lograr un desarrollo sostenible. Por ello, es
vital que las condiciones facilitadoras correctas se implementen para generar y
estimular las inversiones tanto del sector público y privado, incorporando criterios
ambientales y sociales más amplios.
UNEA
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Excelencias, colegas, señoras y señores,
La primera Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA) tendrá
lugar en Nairobi en junio como la plataforma global de más alto nivel para la
formulación de políticas y proveerá directamente a la Asamblea General de Naciones
Unidas, centrado en los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda de Desarrollo
Post-2015, incluyendo la producción y el consumo sostenibles.
Me gustaría invitar a los países de América Latina y el Caribe a comprometerse con la
UNEA y a utilizar la plataforma para acciones futuras en temas prioritarios. Con la
sociedad civil, los responsables políticos, el gobierno y el sector empresarial bajo un
mismo techo, no hay mejor foro para intercambiar ideas y avanzar la agenda ambiental
más allá, especialmente en el contexto del desarrollo sostenible y el alivio a la pobreza.
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