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“SOBRE LOS AGENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR EN
ESPAÑA Y LA ACTUAL OFENSIVA NEOLIBERA QUE IMPONE RELACIONES SOCIALES
Y LABORALES PROPIAS DEL S.XIX”
AUTORA: Carmen Torralbo Novella.,
[email protected] , Tfn 637502129
RESUMEN: Esta comunicación parte de un enfoque sociológico y crítico y es de orden teórico.
Su objetivo: evidenciar el papel de agencia de los movimientos sociales en la transformación
social. La premisa de partida es que la consecución y democratización de los derechos de
ciudadanía, sobre todo, políticos y sociales a finales del siglo XIX, y principios del XX, en
España, es el resultado de la interacción dialéctica del contexto macro estructural y de variables
micro sociales. Cuestionamos, pues, la tesis de la anticipación de los derechos de ciudadanía como
causa de la extensión de los mismos (desde las clases más “altas” a las clases más “bajas”. Tesis
propugnada por
T. H. Marshall en 1949, y que es funcional a la ideología neoliberal)
y
defendemos que estos derechos han sido conquistados y precedidos por prácticas sociales
anteriores a su institucionalización. Para ilustrar nuestra hipótesis revisaremos cómo y quienes
participaron en el cambio social durante este periodo en España. Concretamente analizaremos el
papel del movimiento obrero durante esta época, así como sus condiciones de vida y trabajo. Gran
parte de nuestro análisis se basa en las Informaciones Orales y Escritas que recogió la Comisión de
Reformas Sociales entre 1883 y 1889. Así nos centraremos en “la cuestión social” por excelencia,
en un momento histórico de graves conflictos entre capital y trabajo. Concluimos que el
movimiento obrero forzó, a pesar de las grandes dificultades, la extensión de los derechos de
ciudadanía a las clases trabajadoras. Sentando así las bases del incipiente Estado de Bienestar y
propiciando el tránsito de la sociedad de mercado (donde el Derecho Civil regulaba las relaciones
laborales) a la sociedad salarial (Prieto: 1999, 2000, 2022) que instauró el Derecho de Trabajo y
los derechos sociales asociados al empleo. Se pasó de una sociedad donde el individualismo
económico dominaba las relaciones sociales, el liberalismo el plano político, y el individualismo
metodológico el científico, a una sociedad donde el intervencionismo estatal comenzaba a dar sus
primeros pasos. Fue una época de grandes transformaciones sociales que culminó con una relativa
paz social, un nuevo Contrato Social, que poco a poco fue consolidándose. Sin embargo,
actualmente la ofensiva neoliberal está socavando las bases de este consenso social, con un ataque
sin precedentes al Modelo Social Europeo, destruyendo en tiempo record las bases del Estado de
Bienestar, y encaminándonos a relaciones sociales y laborales propias del siglo XIX. Su arma
ideológica es la extensión del pensamiento único, que se disfraza de visión neutral, objetiva y
científica. Aprovechan la actual desigualdad de fuerzas entre capital y trabajo, y pretenden
legitimarse en la crisis económica. Finalmente planteamos que es posible la RESISTENCIA, si los
1
analistas sociales y movimientos colectivos ofrecemos alternativas y desmontamos las bases del
pensamiento único (que, a veces, inconscientemente se interioriza como propio) que trata de
neutralizar la respuesta social al recorte sistemático de los derechos conquistados, sembrando la
desesperanza y minimizando el impacto que los movimientos sociales tienen en el cambio social.
PALABRAS CLAVE: individualismo económico, movimiento obrero, Estado de Bienestar,
derechos sociales, neoliberalismo
EL CAMBIO SOCIAL: ¿PRODUCIDO DESDE DE ARRIBA O DESDE ABAJO?
1. El cambio social realizado desde “arriba”.
Las teorías enmarcadas en el modelo del estructural funcionalismo1 defienden la idea de que los
derechos ciudadanos, y el cambio social, es producido desde posiciones de poder, bien como una
concesión realizada desde“ arriba”, desde las elites sociopolíticas (expertos, políticos, científicos,
etc) hacia los de “abajo”, o por cambios macroestructurales de gran alcance (economía, régimen
político, posición del territorio en el marco global, modelo productivo, urbanización, etc) que
“obligan” a los miembros de estas sociedades a adaptarse a estas transformaciones, dando lugar a
nuevas relaciones sociales.
Este modelo se basa en tres elementos: la conformidad social (consenso), el sistema ha de ser
integrado (normas culturales homogéneas inculcadas por el sistema educativo), y el control social
(a través de la ideología y el poder coercitivo del Estado). Consideran que la influencia social es
una fuente de conformidad y no un factor de transformación. Por ello no analizan el conflicto
social y pronostican que el desarrollo económico proporcionaría una progresiva igualdad entre los
individuos (teorías del industrialismo y el progreso social) al propiciar el paso de los valores
particularistas a los universalistas, y de la adscripción al logro, al fomentarse el principio de
igualdad de oportunidades - meritocracia-, origen legítimo de las distintas posiciones en la
estructura social. Finalmente establecieron que las sociedades industriales evolucionarían hacia la
adopción de la democracia liberal al considerarlo el sistema político más adecuado para ellas
(Echevarria 1999).
Este modelo teórico se inició en EE.UU. y fue dominante en la década de los 40 y hegemónico en los 50. Su
mayor representante fue Talcott Parsons
1
2
Estas teorías ignoraron los análisis marxistas y el papel que los movimientos colectivos han tenido
en el cambio social.
1.1 La tesis de T. H. Marshall
Dentro de las teorías estructuralistas y desde una perspectiva socialdemócrata está la influyente
tesis de T. H. Marshall, desarrollada en su obra Ciudadanía y clase social, escrita en 1949
cuando finalizó la Gran Guerra y se produce un desarrollo económico sin precedentes, y en
Occidente comienza a establecerse el Estado de Bienestar, avanzando de esta forma hacia
democracias más completas2. En este momento Inglaterra, en muchos aspectos, está a la cabeza de
Europa.
La instauración de políticas sociales se entiende como un paso necesario para frenar los fascismos
y la creación de estados comunistas bajo la influencia del bloque soviético. De ahí que los
derechos de ciudadanía se consideren como la anticipación de las elites políticas, en las sociedades
capitalistas, para prevenir estos posibles escenarios. Así los derechos ciudadanos se otorgarían por
las clases “altas” a las más “bajas” a los individuos de una comunidad concreta (estado-nación),
proporcionándoles un estatus igualitario, el del ciudadano (igualdad cualitativa) base sobre la que
se asentaba la desigualdad económica (por clase social) legitimando así el orden social capitalista
(mercado libre). Este autor reconoce que la clase social es un sistema de desigualdad (proveniente
de la situación de mercado) que puede basarse en un cuerpo de ideales, creencias y valores, pero la
considera útil al proporcionar incentivos para el esfuerzo y la distribución de poder. Su
aminoración se produciría por la concesión de la ciudadanía social, por la cual el Estado “invade”
un espacio que anteriormente pertenecía exclusivamente al mercado (socialdemocracia) para evitar
un conflicto social que podría tener graves consecuencias, a la vez que reducía el estigma social de
las personas ayudadas por la beneficencia.
En resumen T. H. Marshall basa su tesis en una revisión historiográfica de la evolución de los
derechos de ciudadanía a nivel nacional en Inglaterra y los relaciona con los cambios sociales más
destacados (teoría del cambio social) teniendo en cuenta tres variables fundamentales: el tiempo,
los agentes y el espacio. Ámbitos que interrelaciona planteando que en cada etapa de desarrollo del
sistema capitalista se extienden un tipo de derechos de ciudadanía – a la vez que se pasa de lo local
J. Markoff (1998) lo plantea como una oleada de democratización que contagia a los países que están dentro
de la esfera de influencia de los vencedores en las sociedades democráticas
2
3
a lo nacional- el cual viene marcado por la emergencia de una clase social y la concesión de un
tipo de derechos ciudadanos. Así, en el siglo XVIII con la Ilustración y el comienzo del derrumbe
del modelo feudal se instauran los derechos civiles,3 (derecho a la propiedad, libertad religiosa,
derecho al trabajo, a realizar contratos libres, etc) para su garantía se establecen los Tribunales de
Justicia. Más tarde, en el siglo XIX con la Revolución francesa, se interrumpen los derechos
civiles a la vez que se completan a causa del papel jugado por los Tribunales, sobre todo, en casos
famosos que se alzaron contra el parlamento en defensa de la libertad individual.4 En este periodo
los derechos civiles se extendieron y se otorgaron los derechos políticos5 (sufragio censatario- sólo
para varones autóctonos de cierto nivel económico-) al emerger la clase media burguesa, y se
instauraron los Parlamentos y las Juntas de gobierno local. Finalmente en el siglo XX con la
emergencia del sindicalismo obrero – clase trabajadora- se constituyeron los derechos sociales,
consistentes en un mínimo bienestar económico y social, basado en la idea de vivir civilizadamente
conforme a los estándares sociales, tener sensación de seguridad y compartir la herencia social.
Las instituciones que se construyeron fueron el sistema educativo público y obligatorio para el
nivel elemental – pues la economía capitalista necesitaba mano de obra cualificada-, y los servicios
sociales- pensiones, seguro de enfermedad y paro, etc.-.
La perspectiva de T.H... Marshall está enmarcada en un cierto evolucionismo y organicismo social
respecto del progreso de los derechos, de la sociedad y de la igualdad social. Así mismo, relaciona
educación, trabajo y posición social dentro de una ideología meritocrática en sintonía con el
estructuralismo que E. Durkheim (1982) desarrolló en La división del trabajo social, donde
defiende que la educación debe ser competencia del Estado, para prevenir la anomia social y
fomentar la cohesión social. Por ello, ha sido criticado pero su gran influencia se refleja en que la
mayoría de las teorías sobre el cambio social lo explican, de una u otra forma, bajo sus
presupuestos.
T. H. Marshall (1998) plantea que si bien los derechos civiles son anteriores a la Revolución francesa, esta
interrumpe un proceso comenzado, y a la vez lo completa en sentido moderno, procediendo poco a poco a su
institucionalización a la vez que separa los derechos, políticos y sociales- racionalización- que en las
sociedades feudales permanecían unidos, al igual que la institución legislativa, ejecutiva y judicial.
4
J. Markoff (1998) ilustra este proceso por ejemplo con el alzamiento del Tercer Estado contra el monopolio
en la Asamblea Nacional que los otros poderes del Estado (sociales) tenían sobre las decisiones políticas que
les incumbían (fiscalidad) lo cual dio lugar a la Revolución Francesa, que en definitiva fue un proceso de
democratización forzado por un movimiento social.
5
Los derechos políticos son un subproducto de los derechos civiles, al estar en función de la posición
económica.
3
4
2. El cambio social producido desde “abajo”.
En este apartado exponemos algunos de los enfoques teóricos que tienen en cuenta el papel de
agencia de la sociedad civil en la transformación social y en interacción dialéctica con el contexto
macroestructural.
2.2. Las prácticas sociales: la revisión critica de M. Somers al modelo de T. H Marshall
La perspectiva de análisis de esta autora representa una alternativa a la desarrollada por T. H.
Marshall, dado que realiza una revisión a su tesis macrossociológica señalando que hay que tener
en cuenta las prácticas sociales, la cultura política y cómo estas influyen en la configuración de la
obtención de derechos, contextualizándolos en su marco histórico, político, económico, laboral,
local, social, familiar, etc. M. Somers
critica el modelo de T.H. Marshall calificándolo de
determinista, evolucionista y sesgado, pues, a partir de una parte de la historia, ha creado su teoría
de la ciudadanía de carácter universal, desconociendo los hechos históricos concretos. Ella
contrapone las prácticas sociales de carácter moderno de la zona pastoril al pre moderno (arable)
en Inglaterra, en la que se basa él para desarrollar su tesis y cuestiona sus tres ámbitos (tiempo,
espacio y agentes) así como las conclusiones que de su interrelación extrae. Enfatiza el papel de las
prácticas sociales, la cultura política, el territorio, y defiende que la ciudadanía es la consecuencia,
o resultado (querido o no), por extender unos derechos que nacen en la lucha de las relaciones
laborales de las regiones pastoriles, en la Inglaterra del S.XVIII, donde en cierta forma ya se
practicaban de forma conjunta los derechos de ciudadanía (civiles, políticos, sociales) en un
sentido “moderno” y no como vestigios del antiguo sistema feudal. Razón por lo que se exigían
derechos legítimos y no beneficencia. Plantea que la ciudadanía no se puede explicar buscando
derechos que “confeccionan” y otorgan los Estados, sino, que se creó por las actividades de gente
en situaciones particulares que interactúan con instituciones, ideales, participación gubernamental
y normas jurídicas. Son, por lo tanto, conquistados por las prácticas sociales y en este sentido se
opone a la visión de T. H. Marshall.
2.2. Integrando la sombra: La perspectiva relacional
El final de la hegemonía del modelo funcionalista y el consenso pluralista se produce a partir de
los años sesenta del siglo XX, cuando surgieron nuevos movimientos sociales en las sociedades
occidentales, y por ende una serie de teorías para tratar de explicarlos, dado que no esta situación
no era esperable. Entre estas teorías está la agenda clásica de los movimientos sociales, propuesta
5
por McAdams, Meyer, McCaharty y Zald, que en su momento aportó conceptos muy interesantes
para explicar el cambio social. No obstante, esta teoría fue revisada de forma critica por algunos
de los autores que en un principio contribuyeron a difundirla como McAdams, Tarrow y Tilly, y a
partir de ahí construyeron un nuevo enfoque para analizar el cambio social, pues consideraban que
el anterior modelo era estructuralista y demasiado estático, al dejar fuera del escenario de la
“contienda política” diversos factores como las personas- sujetos- que en principio no formaban
parte activa de la contienda pero pudieran llegar a formar parte directa o indirecta de la misma
(como los medios de comunicación, que atribuyen identidades a los diverso actores sociales, u
otros colectivos que se ven afectados etc.) las formas innovadoras de actuar, y la relación entre
política institucional y no institucional. Con este nuevo enfoque, la perspectiva relacional, intentan
dotar a los conceptos de la agenda clásica de una dinámica, de una relación dialéctica entre las
variables más estructurales y las microsociales, ampliando con ello el escenario donde se
desarrolla la contienda política, ofreciendo nuevas respuestas a las preguntas clásicas y ampliando
la visión en sus investigaciones (McAdam, et al 2005)
Esta perspectiva explica la acción social, “ la contienda política” (movimientos sociales, oleadas
de huelgas, nacionalismos, democratización, revoluciones, etc.), para influir en el cambio social
relacionando las acciones de los actores convencionales con los no convencionales (
movilizaciones informales, por ejemplo en las calles) al considerar que estos procesos sólo pueden
entenderse a través de la profunda interrelación que existe entre la política institucional y no
institucional, pues sólo desde está mirada inclusiva incorporando, por ejemplo, las movilizaciones
en la calle (manifestaciones, huelgas, creación de opinión pública a través de mítines, medios de
comunicación, posiciones radicales, etc.) que tienen lugar en diferentes tiempos y espacios, es
posible entender las decisiones- cambiantes, construidas y reconstruidas en el marco de la
contienda--de las elites políticas respecto de las transformaciones sociales. Situación que ha
permanecido en la sombra en los análisis que tratan de dar cuenta de los factores que intervienen
en los procesos de cambio social, pero que, sin embargo, sí han subrayado el papel de las elites o
de las estructuras para explicarlos. Estos autores definen la contienda política como “La
interacción episódica, pública y colectiva entre los reivindicadotes y sus objetos cuando: a) al
menos un gobierno es uno de los reivindicadotes, de los objetos de las reivindicaciones o es parte
en las reivindicaciones, y b) las reivindicaciones, caso de ser satisfechas, afectaría a los intereses
de al menos uno de los reivindicadotes” (MacAdams, et al 2005) y resaltan que la interacción
social y el proceso de construcción social está en el centro de toda contienda, sea esta una
revolución, un movimiento social, una oleada de huelgas, procesos de democratización, etc.
6
2. DEL ANTIGUO RÉGIMEN AL NUEVO ORDEN SOCIAL: LA SOCIEDAD DE
MERCADO
La gran transformación6 del sistema social que dio lugar a la sociedad de mercado se inicia con la
caída del Antiguo Régimen, debido fundamentalmente al proceso de industrialización en los países
occidentales a lo largo del siglo XVIII y XIX. Fue un hecho histórico sin precedentes y
revolucionó toda la concepción anterior sobre la naturaleza, el papel social de la religión, la
ciencia, política, economía..., dando lugar a un nuevo orden social que se inscribe en la lógica del
nuevo modelo de producción, el capitalista. En estos momentos se produce un gran éxodo rural a
las ciudades protagonizado por los nuevos hombres “libres”- liberados de la relación de vasallaje
propia del Antiguo Régimen - que acudirán a ellas en busca de trabajo debido a los grandes
cambios sociales producidos en el medio rural (desamortización de las tierras7) y al nuevo
“Contrato Social”,8 por el cual serán contratados como mano de obra dentro del recién inaugurado
modelo económico, político y social, que se instaura con el ascenso de la clase burguesa en todas
las esferas sociales.
Así es como debido a estos cambios sociales se constituyó una clase proletaria industrial y urbana
en esta nueva sociedad, cuyo eje articulador fue el trabajo, aunque paradójicamente no se tuvo en
cuenta las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora (Aizpuru y Rivera 1994, Bilbao,
2000, Prieto 2000). De hecho según aumentaba el proceso de industrialización estas condiciones
iban deteriorándose (el jornal apenas reproducía la fuerza de trabajo de aquellos obreros que
tenían el “privilegio” de trabajar) y el Estado no intervenía en la esfera económica dado que la
ideología dominante, en el plano político, era el liberalismo y en la esfera económica el
individualismo económico, que sostenían que había que dejar hacer a las fuerzas del mercado,
6
Ver la obra de Karl Polanyi (2001)
Proceso de desamortización de las tierras, abolición de las tierras comunales y de “propios” que da paso a la
privatización de tierra, cuando los liberales en 1830 establecieron el pleno derecho del propietario a cercar,
explotar, vender, arrendar….las tierras, y el Estado deja de intervenir en el precio de los arrendamientos, los
jornales y los productos agrícolas, quedando su precio fijado por las necesidades del mercado. Aunque la
nobleza no perdió su base económica – la gran propiedad- que seguía explotando gracias a una mano de obra
muy barata que se multiplicó por la imposibilidad de muchos pequeños arrendatarios de mantener las
explotaciones y la imposibilidad de comprar tierras o de usar las comunales.
8
El movimiento feminista en el siglo XIX comienza a conformarse, en un principio al lado del movimiento
que promueve la extensión de los derechos civiles a toda la población adulta (mujeres, negros) y más tarde,
luchara por el derecho al sufragio universal. Denunciarán que el nuevo contrato social es concebido por y
para los varones, excluyendo de él a la mitad de la población que es de sexo femenino, no por razones
biológicas- que pretenderán también justificarlas en base a la ciencia- sino por razones de género. Las
mujeres denunciarán, junto a la clase trabajadora- feminismo socialista-, que los principios que la Ilustración
considera universales, no se cumple para la mayoría de la población y por lo tanto, “desenmascararán” la
ideología sexista - entre otras cosas- que se oculta tras conceptos como“ neutralidad” “objetividad”“
realidad”, que pretende legitimar socialmente el status de los varones blancos de clase media.
7
7
dado que la intervención estatal enturbiaría las relaciones sociales de producción, las cuales debían
regirse exclusivamente por el mecanismo de la oferta y la demanda, que estipularía, también, el
precio de la mano de obra. De esta forma los obreros eran considerados una mercancía más y
sustituidos, sino aceptaban las difíciles condiciones de trabajo, gracias a la existencia de un gran
paro estructural9. Las clases dominantes entendían que la única base legítima para regular los
derechos y deberes de empresarios y trabajadores era el contrato de trabajo, regulado por el
derecho civil. Desde esta perspectiva defendían relaciones contractuales individualizadas entre
patrón y obrero, basadas en los principios liberales que instauró la modernidad y que preconizó la
Revolución francesa y la Ilustración: libertad, igualdad y fraternidad. Principios en los que el
derecho civil básico era el derecho al trabajo y la inviolabilidad de la propiedad privada, así como
la libertad de todo hombre para establecer contratos “libres” con otros hombres, todos ellos
supuestamente iguales ante la ley, la cual sancionaría la obstrucción del libre ejercicio de estos
derechos. Sin embargo, al no existir la democratización de los derechos políticos y sociales el
ejercicio de los derechos civiles estaba seriamente limitado para los obreros. Por lo tanto, los
principios ilustrados en los que se basaba el individualismo económico protegían los intereses de
una clase social en ascenso, la burguesía, aunque trataban de hacerse pasar por el Interés General,
como estrategia de legitimación social del poder que ejercía, y para ello utilizaba la lógica propia
de la modernidad: el método científico, recurriendo a conceptos como “neutralidad”,
“objetividad”, y la ideología meritocrática, que trataba de explicar -en términos del individualismo
metodológico- la desigualdad social existente.
Prieto (2000) considera que las sociedades modernas se las denominó de trabajo o de mercado - en
contraposición a lo que posteriormente se denominara la sociedad salarial- porque las categorías
sociales que utilizamos son construcciones contingentes que responden a decisiones políticas, y en
este caso estaba en sintonía con “el proyecto político liberal”, y de esta forma el pensamiento
Ilustrado fue el encargado de configurar este nuevo orden social liderado por la burguesía “un
sistema de clasificación, ordenación y de valoración de actividades y sujetos radicalmente
distinto, (...) Y es aquí donde aparece una nueva clasificación y valoración del trabajo: porque la
actividad que llevan a cabo los individuos para relacionarse con otros y conformar así el orden
social no será otra que el TRABAJO; pero ahora ya no será la actividad de los miembros de una
parte de la sociedad, sino de todos sus miembros, de todos sus individuos. Quién no trabaja en
principio no existe: la sociedad no es otra cosa que trabajo social dividido (cita a Durkheim) (…)
9
Un gran “ejército” de reserva en el sentido planteado por Karl Marx
8
la actividad anterior de las clases privilegiadas y la de los grandes señores y el clero, pierde el
lugar privilegiado que había ocupado y lo hace precisamente porque no es trabajo y deja de ser
considerado, por lo tanto, como socialmente útil10” (Prieto, 2000).
En este sentido “la
construcción de una sociedad de trabajo y de trabajadores fue ante todo la repuesta política a la
cuestión social que arrastraban las sociedades europeas desde el siglo XVI y que no dejó de
agudizarse en los siglos XVII y XVIII” ( Prieto, 2000) por el aumento imparable de grupos
marginados debido al avance del sistema de producción capitalista y el tránsito desde el Antiguo
Régimen, pero a pesar de ello “el pauperismo no desapareció con la sociedad de mercado:
simplemente cambió de faz. Es más dio lugar a una nueva cuestión social, la cuestión social por
excelencia” (Prieto, 2000) fruto del creciente conflicto entre capital y trabajo y cuya respuesta fue
la organización de la clase trabajadora como movimiento reivindicativo, el cual irá en aumento
según avanzaba el proceso de industrialización.
En este contexto histórico nació el socialismo científico11 y el anarquismo12, con el objetivo de
mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y alejarse de la beneficencia. Estas
Ideologías “calaron” fuertemente en las capas sociales más desfavorecidas que luchaban por la
transformación social, al facilitar la de-construcción del por qué de su situación económica y
social, responsabilizando de ello a la apropiación del excedente productivo por parte de las clases
dominantes y al aparato del Estado que estaba a su servicio. Plantearon que el orden social
existente no era natural sino construido y, por lo tanto, susceptible de ser cambiado. Naciendo así
una alternativa a la sociedad capitalista, porque tal y como plantea Prieto, estas ideologías
proporcionaron las herramientas ideológicas y organizativas a la clase trabajadora
Durante el siglo XIX el movimiento obrero organizó continuas protestas ante el orden social
imperante, nunca hasta el momento conocidas (Prieto 2000) como motines, revueltas a causa del
hambre y los primeros conflictos laborales. Al principio las presiones eran más o menos
desorganizados (Aizpuru y Rivera 1984) pero más tarde su organización fue más racional y se
evidenciara en las numerosas huelgas laborales. Según estos autores, las protestas estaban
legitimadas al considerar los trabajadores que debía existir una cierta “economía moral” para
10
Esta idea de la utilidad y centralidad del trabajo en las sociedades modernas es la base tanto del liberalismo
económico, planteado por Adam Smith en “la investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de
las naciones” y el utilitarismo de Mills, así como en su lado opuesto por las teorías del socialismo científico
iniciado por Marx y Engels, que consideraban que la fuente de la riqueza era el trabajo producido por los
obreros.
11
Propuesto por Karl Marx y Frederick Engels.
12
Cuyos máximos representantes fueron Bakunin y Proudhon.
9
limitar la actuación del libre mercado en ciertos aspectos, como la necesidad de un “precio justo”
para los productos de primera necesidad. Además, estas protestas eran la consecuencia lógica de
considerar la fuerza de trabajo como pura mercancía, y de tener que soportar largas jornadas de
trabajo para unos e inexistencia de trabajo para otros, como forma de control y disciplinamiento
social. Así mismo, sostienen que quizás a lo largo de este siglo la conciencia como clase social
obrera no sea lo primeo que surja, pero sí la de sus condiciones de vida toda vez que salen de un
régimen paternalista a otro donde aparentemente son “libres” pero esa libertad se traduce entre la
opción de vender su fuerza de trabajo, bajo las duras condiciones que les impone el mercado, o
dejarse morir de hambre. Todo ello dio lugar a la cuestión social por excelencia, la cuestión obrera
que optará entre las reformas o la revolución.
3. PRIMER CONGRESO SOCIOLÓGICO EN ESPAÑA
Debido a la agudización del conflicto entre capital y trabajo las autoridades políticas se plantearon
debatir sobre la pertinencia de que el Estado interviniera en las relaciones económicas. Por ello
convocaron en 1883 el I Congreso Nacional Sociológico13, que fue interclasista y al que asistieron
individualistas extremos, defensores de algún grado de intervensionismo estatal de carácter tutelar
y ultra católicos que plantaban regulaciones por convicciones religiosas, como el descanso
dominical. Al congreso acudieron 118 entidades representadas por 380 delegados: academias de
ciencias Morales y Políticas, sociedades económicas de amigos de País, Ateneos, Universidades,
patronos, empresarios, sociedades obreras (desde las de resistencia catalanas con 30 delegados, que
representan a 20.000 trabajadores y traen propuestas concretas de intervensionismo estatal, a las
cooperativas de socorros mutuos valencianas o entidades como el Gran Círculo Obrero, la
sociedad de Profesores Mercantiles, el Fomento de las Artes, etc., todas ellas defenderán algún
grado de intervencionismo estatal). También, ofrecieron su apoyo eminencias políticas y
científicas. No hay constancia de representantes marxistas y sólo participó un anarquista. El
objetivo declarado del Congreso Sociológico fue “reunir las fuerzas vivas del país, la inteligencia,
el capital y el trabajo”. Su presidente, el Sr. Pérez Pujol, lo abrió diciendo: “Dada la existencia de
la cuestión social y su creciente importancia ¿qué medios existen y qué otros pueden crearse para
disminuir la gravedad de dicha cuestión y facilitar su resolución hasta donde sea posible?”
13
Siguiendo el texto introductorio de Castillo en el volumen I de las Informaciones Orales y Escritas.
10
Aunque los defensores del individualismo económico insistirán en que la solución estribaba
exclusivamente en que el Estado facilitara y garantizara el derecho de asociación para
desarrollar,”instituciones de previsión, mutualidad y patronato en interés de obreros14” o
desempeñando funciones tutelares para garantizar la armonía entre el capital y el trabajo. Lo cual
suponía una posición en contra de legislación social específica15. Para ilustrar esta posición
tomaremos como ejemplo las declaraciones de uno de sus más destacados representantes, el Sr.
Balaciart, el cual defenderá que tanto capital como trabajo buscaban su propio beneficio, siendo
este el motor de la historia, pues ambos se enfrentaban en el mercado en igualdad de condiciones,
(uno vende su fuerza de trabajo y el otro la compra a cambio de un salario) por ello las relaciones,
en esencia, son armónicas y era innecesaria la intervención del Estado, porque la única fuerza
normativa era el contrato entre empresarios y trabajadores, que establecía los derechos y
obligaciones en el derecho civil. De hecho esto era lo que recogía el articulo 48 del Código penal
de la época:” dinero y trabajo poseen iguales características”. Por esta razón sólo proponía:
facilitar a nivel legal la movilización de capital, pues incrementaría la demanda de trabajo; adecuar
la oferta y trabajo entre distintas zonas geográficas; mejorar las viviendas obreras, para proceder al
cambio de mentalidades y costumbres; sustituir el alquiler por la propiedad, infundiendo una
cultura del ahorro y evitando los focos de infección; lograr la transparencia en el mercado; crear
cooperativas de consumo, para prevenir la mala calidad de los alimentos y su alto precio; instruir a
los trabajadores para que se emanciparan, y aplicar estos conocimientos al proceso productivo
consiguiendo una mayor eficiencia.
En el polo opuesto los intervensionistas catalanes proponían que el Estado interviniera sobre la
propiedad, al considerar que el individualismo económico tenia consecuencias más terribles que el
anarquismo. Además, cuestionaban que con sólo instrucción obrera no se solucionara la cuestión
social y por ello reivindicaban: facilitar el desarrollo moral e intelectual del obrero, reduciendo la
jornada laboral; hacer cumplir la Ley Benot de 1873, que prohibía el trabajo a menores de 12 años
y mujeres – sobre todo si son madres-; dictar leyes sobre higiene y salud, tanto para los talleres
como las viviendas; fomentar la construcción de casas a bajo precio; establecer la 1º y 2º
enseñanza, así como escuelas profesionales contrarrestando la extrema división del trabajo en el
ámbito productivo; crear cajas de mutua protección y seguros mutuos; establecer el principio de
indemnización a favor de los jornaleros; amparar a los inválidos del trabajo; suavizar el conflicto
entre capital y trabajo, a través del establecimiento de los jurados mixtos –en la que participaran
14
15
Declaración del Sr. Menteca
Según plantea Castillo en el Volumen I de las informaciones orales y escritas
11
obreros y patronos- con la sanción legal del Estado para garantizar el cumplimiento de los
acuerdos y evitar, en lo posible, las huelgas, pues ”si los obreros no ven garantizados sus derechos
acudirán a la violencia16”; declarar la libertad de huelga pacifica, donde no hubiera acuerdos a
través de los jurados mixtos; entregar los servicios públicos al Estado. Todas estas peticiones
catalanas desbordaron las propuestas tutelares de los defensores del individualismo económico.
Las conclusiones del Congreso fueron las siguientes: 1) En relación a los jurados mixtos se aprobó
la siguiente resolución: “El congreso declara que deben establecerse por una ley los jurados
mixtos para dirimir las diferencias entre fabricantes y obreros, y que sus fallos no podrán
imponerse como obligatorios jurídicamente o por medio de la coacción; pero que estos fallos
deberán publicarse para que adquieran el valor de la censura pública. Tendrán no obstante, valor
obligatorio los fallos a que se dé este efecto previamente por convenio de las partes”. Una
declaración que parecía convencer más o menos a todos, al producirse una cierta intervención
aunque un tanto lejos de las pretensiones socialistas, así para los republicanos era aceptable y los
conservadores consideraban que no se comprometía la libertad de las partes contratantes. Si bien,
los individualistas más radicales no estaban de acuerdo con esta solución, al entender que si los
obreros se organizaban autónomamente serían muy beligerantes y su lugar era de subordinación
respecto a los intereses de las otras clases sociales. Es resumen, ante un conflicto laboral se
intentaría la conciliación antes de acudir a las huelgas, pero si no hubiera acuerdo cada parte
obraría como considerara conveniente. 2) En relación a la petición de los intervencionistas
catalanes”una ley de inválidos del trabajo y establecimiento de cajas de previsión, destinadas a
garantizar a los que queden imposibilitados para el trabajo”, los individualistas se opusieron y
plantearon que sí se querían un fondo de previsión este debía realizarse a través del propio ahorro
de los obreros. Si bien, tal y como evidenciaron los socialistas, esto no era posible debido a la
miseria de salario que percibían los obreros. No obstante, Balarciar insistía en que “las pensiones
fomentaban la holgazanería y la inmoralidad y debían desaparecer (...) el ahorro era posible si se
libraban de algunos vicios “, el auxilio a los inválidos debía proceder de la acción individual y
nunca del Estado. Por lo que el principio de seguridad social y de las cajas quedaban limitados a la
iniciativa privada bajo cotizaciones voluntarias 3) En cuanto a la propuesta socialista sobre la
distribución de las tierras, los individualista defendían que el problema social nada tiene que ver
con la estructura social, y por ello esta no era la solución, por lo que no se aprobó. 4) Respecto a la
legislación sobre el trabajo infantil y de mujeres, -para que no trabajasen por la noche y la jornada
16
Declaración de Pamiás.
12
fuera de un máximo de doce horas- el Congreso solicitó la aplicación de la ley Benot de 1873, y
que se autorizara a la mujer a salir del taller una hora antes que al varón. También, se decidió
prohibir el trabajo nocturno de la mujer durante la gestación, y la lactancia hasta nueva orden
facultativa, y se limitó la jornada laboral a diez horas como máximo - si se careciera de convenios
particulares que dictaran lo contrario- pagándose doble las jornadas extraordinarias. No obstante,
la ley nunca se aplicó17 y en su formulación, una vez más, el liberalismo económico fue el
triunfante, “el derecho individual del trabajo viene a reducirse al contrato de trabajo como un
contrato más dentro del derecho civil”.
La resolución final planteó que “ el congreso declara que la solución de la cuestión social en
cuanto se refiere a la mejora de los trabajadores, debe fundarse en el ejercicio del derecho de
asociación a fin de que alcancen su debido desarrollo las instituciones de previsión, mutualidad y
patronato, en interés de los obreros, como de la relación de armonía en interés del trabajo y
capital; y por otra parte, el estado debe contribuir a la solución del problema social de un modo
exclusivo en cuanto al reconocimiento y consagración del derecho y temporal supletorio y
suficiente en cuanto a su poder tutelar”.
Por lo tanto, la conclusión del I Congreso Sociológico fue de carácter individualista,18 aunque en él
ya se comienzan a debatir las grandes cuestiones que se plantearan en la Comisión de Reformas
Sociales, que el presidente del gobierno solicitó constituir, dado que al final del siglo XIX la
“cuestión social” no podía ser obviada por más tiempo.
4. LA COMISIÓN DE REFORMAS SOCIALES: INFORMACIÓN ORAL Y ESCRITA
(1883-1889)
A instancias oficiales por el gobierno que presidía Moret, y sólo unos meses después de celebrarse
el I Congreso Nacional Sociológico, se creó la Comisión de Reformas Sociales por el Real Decreto
del 5 de diciembre de 1883, cuyo objetivo declarado era “estudiar todas las cuestiones que
directamente interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como
industriales, y que afecta a las relaciones entre capital y trabajo”. También este RD aludía a que
en otros países ya se habían ocupado de la cuestión social y habían desarrollado legislación sobre
el trabajo, y “se comenzaban a notar en España, síntomas de inquietud entre el capital y los
17
18
Según el texto introductorio de Castillo del Volumen I de las Informaciones Orales y Escritas
Siguiendo el texto introductorio de Castillo del Volumen I de las Informaciones Orales y Escritas
13
obreros (…) haciéndose precaria la paz entre los dos grandes factores de la producción: el
trabajo y el capital”. Por lo tanto, se consideró una necesidad de orden público antes de que el
peligro y los actos violentos crecieran más. Según el RD está situación fue agravada por como se
había realizado la desamortización de la tierra, cincuenta años antes, aunque lo justifican en aras
del interés general, si bien reconoce que había empobrecido aún más a los jornaleros que se vieron
obligados a englobar las filas del proletariado urbano, originando el cuestionamiento político, la
revitalización del FTRE, las huelgas en Madrid y Barcelona, o las acciones de la “Mano negra”
contra los terratenientes. Por ello este RD plantea imprescindible tratar los siguientes temas a
través de los cuestionarios que se repartirán entre los informantes: Jurados mixtos; Cajas de retiros
y socorros para enfermos e inválidos del trabajo; trabajo de niños y mujeres; higiene y salubridad
en los talleres; bancos agrícolas y su organización; reformas en las leyes de desamortización;
sociedades cooperativas de producción y consumo; seguros sobre la vida; garantías y estímulos
que deben darse a la iniciativa individual; habitaciones obreras; higiene de los barrios habitados
por obreros; reformas en la legislación municipal y medios que pueden emplearse para estimular la
construcción de habitaciones baratas y sanas para las clases obreras.
El estado social necesitaba la actuación de los poderes públicos, de hecho Moret dijo “las huelgas,
las crisis industriales; las exigencias de la educación y del socorro; el vivo anhelo de mejorar que
se impone por los adelantos del progreso, y se acrecienta por el contraste con las demás clases,
así como por el desarrollo de la inteligencia en muchos obreros; las complicaciones de todas estas
fuerzas sociales con el movimiento político, han sido donde quiera, y ya lo son también en España,
causa de preocupación para la opinión pública”. Aunque el RD insiste en la idea de que la forma
de solucionar el conflicto entre capital y trabajo no es proponiendo leyes sino “abrir campo al
trabajo social que ha de preceder a la obra de los legisladores”. De esta forma la Comisión de
Reformas Sociales se encargará de recoger información oral y escrita sobre las condiciones de vida
y trabajo de los obreros, en base a un cuestionario abierto 19 que pretendía dotar de evidencias
empíricas a cualquier medida que los propios informantes sugirieran al gobierno, y este a las
Cortes, ante la “posibilidad” de legislar en ciertas materias.
19
Según Calle -de la- (1989), Azcarate en principio opta por” la encuesta como instrumento de análisis y
con ello se institucionaliza la investigación sociológica del momento. (..). La estadística se encuentra muy
poco desarrollada en España, lo(..). El propio Instituto Geográfico y Estadístico, no puede responder a
algunas cuestiones por falta de datos. Consciente de ello Azcárate elige el “ cuestionario abierto” o “
encuesta de opinión”,
14
Castillo20 señala que es interesante observar la distribución geográfica que el gobierno realizó de
las Comisiones locales. pues existía una fuerte correlación entre dónde se ubicaban éstas y dónde
existía un fuerte grado de organización obrera o desarrollo industrial. Siendo la razón de que el
Ministerio decidió conocer bien estas zonas (diversos puntos de Cataluña, Andalucía, Galicia y
otros lugares dispersos). Tanto el presidente del Gobierno como la mayoría de los miembros de la
Comisión pensaban que era el momento oportuno de actuar al considerar que podrían contar con el
apoyo de la clase obrera, que aceptarían la armonización entre capital y trabajo y los métodos
legales. Sin embargo, Castillo considera que esta conclusión, además de ser errónea, era una
estrategia más para neutralizar sus reivindicaciones, y para que el capital se “consagre” como el
único capaz de “arreglar” los problemas. De hecho el presidente de la Comisión, Cánovas del
Castillo, rechazaba cualquier reforma al igual que la mayoría de los miembros de la Comisión.
4.1. La Comisión Central y los informantes obreros de Madrid.
La Comisión Central se ubicó en Madrid, - por razones estratégicas-, reuniéndose por primera vez
en enero de 1884 y fue el modelo a seguir por las demás Comisiones – provinciales y municipalesContó con una serie de apoyos de los que carecían otras Comisiones, como por ejemplo la prensa,
que seguía y publicaba puntualmente las declaraciones de los informantes obreros y de las diversas
posiciones, “creando estados de opinión sobre el problema” (Calle -de la-, 1989),
Las primeras informaciones comenzaron en octubre de 1884, con las sociedades tipográficas, y
todas las sociedades de Madrid se organizaron para no dejar nada al azar y tocar todos los puntos
“calientes”, lo cual contribuiría a dar una imagen de fuerza y cohesión. Además, los informantes21
obreros criticaron reiteradamente a los miembros de la Comisión, acusándoles de ser responsables
de la situación que padecían y que conocían de antemano, por lo que eran escépticos sobre las
consecuencias prácticas que pudieran derivarse de la misma. Ellos defendían que para solucionar
la cuestión social se debía regular normas a nivel estatal para mejorar sus condiciones de trabajo
(inspección para reducir los accidentes laborales en las obras y pedir responsabilidades a los
patronos; reducción de la jornada laboral a 8 horas, para acabar con el paro estructural y liberar
tiempo para educarse; aumentar el salario y cobrar por horas; regular el trabajo de la mujer y el
20
Autor del texto introductoria del Volumen I de las Informaciones Orales y Escritas
El informante Gómez dijo que ellos eran conscientes de que se les pretendía utilizar para armonizar capital
y trabajo, pero que la Comisión “era el instrumentos inconscientes de su propaganda socialista”
21
15
infantil, prohibiendo el trabajo a menores de 12 años, etc) y de vida (buscando fórmulas para
obtener algunas prestaciones sociales para los imposibilitados del trabajo -retribuciones por
invalidez, viudedad, paro involuntario-, mejorar las viviendas y locales donde se trabajaba o que se
inspeccionaran los alimentos que se vendían). Por otro lado, reivindicaban la implantación del
sufragio universal, la legalización del derecho de huelga y, sobre todo, que no se obstaculizara el
derecho de asociación y reunión, pues denunciaban que cuando trataban de practicar estos
derechos seguidamente venía una fuerte represión, acoso y prácticas informales que
imposibilitaban el ejercicio de los derechos civiles.
No obstante, y a pesar de los graves obstáculos, el movimiento obrero se organizó en asociaciones
de solidaridad para hacer frente al grave conflicto entre capital y trabajo. Siguiendo a Aizpuru y
Rivera (1994) y a los informantes obreros, destacamos las siguientes: 1) Sociedades de socorro
mutuos, cuyo objetivo era socorrer a las victimas del paro involuntario por razones estructurales,
accidentes o enfermedad. 2) Sociedades de resistencia –se constituyen en el siglo XX en
sindicatos- para sobrevivir mientras se producía una huelga laboral, 3) Cooperativas de consumo,
para abaratar los productos de primera necesidad y asegurar las condiciones de salubridad. 4)
Cooperativas de producción, para que los propios trabajadores pudieran controlar los medios de
producción, y el reparto de beneficios fuera más equitativo. 5) Sociedades de educación obrera y
tiempo libre, que fueron pocas durante el siglo XIX porque no había fondos económicos, ni tiempo
disponible para atender a los hijos de los obreros, que en muchas ocasiones a edades muy
tempranas se veían obligados acudir al mercado de trabajo. La mayor parte de estas sociedades
intentaban cerrar una brecha social importante- que según los representantes obreros debería
realizar el Estado- y, sobre todo, era una fórmula para sobrevivir más que “asegurar” un mínimo de
vida digna.
4.2 Limitaciones de la Comisión de Reformas Sociales
El autor de la introducción del Volumen I de las Informaciones Orales y Escritas (Castillo)
denuncia que la Comisión de Reformas Sociales adolecía de serias carencias, que estaban ya
implícitas en la forma en la que fue concebida, tanto en el plano económico como en el político.
Además, afirma que ninguna reforma de calado se pretendía llevar a cabo, y lo fundamenta en lo
siguiente: 1) El presidente Moret era consciente de la grave situación en que vivían los obreros y
podía haber realizado las reformas sin dilatar la solución escudándose en la supuesta necesidad de
que el gobierno fuera neutral 2) Sin embargo, demoró la respuesta al establecer unos pasos
16
previos: recoger primeramente todos los datos estadísticos y las informaciones orales y escritas de
los obreros, después convocar un nuevo Congreso para seguir “oyendo las voces del capital y el
trabajo”, posteriormente, preparar las tareas de legislación que considerara competencia del
gobierno, el cual podría llevarlos al poder legislativo sólo si lo consideraba adecuado. 3) El
gobierno decía que se dispondría de todos los medios para acometer eficientemente el trabajo, pero
la Comisión dependía del Ministerio de gobernación y se ubicó en la sección de Orden Público, lo
cual lo hacía sospechosa de sus intenciones, quizás para “levantar la voz para callar los
cañones”22. 4) No se creó ningún órgano específico para la Comisión. 5) Sus gastos no estaban en
el presupuesto nacional, sino dentro de los llamados gastos reservados de tipo extraordinario del
Ministerio de gobernación, por lo tanto, condicionados a las circunstancias. 6) Los miembros de la
Comisión eran contrarios a la intervención social, a pesar de que el presidente Moret manifestó que
estaría compuesta por personas imparciales, preparadas, y serias. Sin embargo, no hubo
representación obrera y sus miembros eran hombres de partido, de las ciencias y de la propiedad.
Sólo 2 miembros de la Comisión, -de sus 18- defendían proyectos reformistas, adscritos al Partido
Federal los cuales obligaron a la Comisión a comprometerse con algunas reformas, que finalmente
no se llevarían a la práctica.
Por lo tanto, al final del siglo XIX se rechaza la intervención estatal en el ámbito laboral y sólo se
considera que se podía completar lo necesario en el derecho, pero sin establecer el derecho al
trabajo, ni imponer un salario mínimo, ni jornada laboral máxima.
5. DEL INDIVIDUALISMO ECONÓMICO AL INTERVENCIONISMO ESTATAL: LA
CONQUISTA DE LOS DERECHOS SOCIALES Y EL TRÁNSITO A LA SOCIEDAD
SALARIAL
La documentación que la Comisión de Reformas Sociales recogió entre 1883 y 1889,- aunque se
publicó con un cierto desfase, en 1893- nos ofrece una fuente inestimable de información de las
condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y de otros sectores sociales. En este periodo, a
pesar de las reticencias para que el Estado interviniera en los asuntos económicos, se comienzan a
dar los primeros pasos hacia el reformismo social en España, o como dice Castillo23 de
“intervensionismo científico en las relaciones laborales (..) El punto de partida material del
programa legislativo que integra el derecho obrero en nuestro país”. La razón fue la
22
23
Según plantea el autor de la introducción al volumen I de las Informaciones Orales y Escritas
Autor del texto introductorio del volumen I de las Informaciones Orales y Escritas
17
radicalización entre capital y trabajo, el “enquistamiento” de las relaciones sociales de producción,
y el “miedo” que comenzaban a sentir las clases privilegiadas, debido al nivel de organización e
ideología que adoptó el movimiento obrero, tanto en el medio urbano (que amenaza sus beneficios
a través de la práctica de las huelgas laborales), como en el medio rural, (por el terror extendido,
sobre todo en Andalucía, por las actividades violentas de la “ Mano negra”, que amenazaban a los
terratenientes, debido a la miseria de los jornaleros) lo que obligará a plantear la necesidad de
intervenir en los asuntos económicos para prevenir “males mayores”.
De esta forma, la Comisión de Reformas Sociales se institucionalizó en 1902 en el Instituto de
Reformas Sociales, que se encargará de llevar a cabo las primeras medidas. A partir de aquí se van
a promulgar una serie de leyes para frenar la radicalización del movimiento obrero en España,
ofreciendo al mismo tiempo una salida a la fuerte crisis24económica y social que padecía la
sociedad española. A principios del siglo XX nacerá, por ejemplo, la inspección de trabajo, y se
obtendrán algunos derechos sociales para los trabajadores, vinculados a su participación activa en
el proceso productivo. Derechos que incidirán en sus condiciones de vida al obtener asistencia
médica y algunas prestaciones cuando se vean incapacitados para trabajar (pensión por
enfermedad, accidentes, incapacidad, jubilación, parado involuntario y viudedad).
Con la regulación social del trabajo el contrato laboral se desligará definitivamente del derecho
civil, dando lugar al Derecho de trabajo y los derechos sociales derivados de él. Todo ello
dignificará la condición del trabajador al desvincularse la obtención de ciertos beneficios de la
concesión caritativa, de la beneficencia (realizada desde el ámbito público- asilos y hospitales- y
privado- mujeres de clase media que visitaban los hogares de los paupérrimos obreros como acto
de caridad cristiana). A partir de aquí los derechos sociales se constituyen como derechos de
ciudadanía, dando lugar a la construcción de la categoría socio cognitiva de empleo y al tránsito de
la sociedad de mercado a la sociedad salarial o de empleo (Prieto 2000).
Así, el concepto de empleo es creado al producirse unas ciertas condiciones de trabajo y de vida de
los trabajadores, fruto de las presiones reivindicativas del movimiento obrero, el cual tiene la
virtud de unir lo que antes de que el Estado interviniera estaba separado: el ser -, las condiciones
reales de vida y trabajo de los obreros- y lo que debía ser – lo que la clase obrera consideraba que
le correspondía por justicia social, por su condición de trabajadores y productores de la riqueza
La crisis era a nivel europeo, y de hecho otros países ya habían intervenido y legislado en materia social
desde principios del siglo XIX, por ejemplo Inglaterra
24
18
nacional- (Prieto, 2002). Por lo tanto, el empleo alude a una forma de trabajo, el que se construye
al regularse como una norma social, y para ello es imprescindible la intervención del Estado- la
sanción política-. Se diferencia del trabajo por tener establecido un salario- está remunerado- una
jornada laboral máxima- tiempos fijados- un convenio colectivo, pactado entre las organizaciones
patronales y las obreras- en la mayoría de los casos-, una serie de prestaciones por incapacidad
para trabajar -paro, enfermedad, accidentes, jubilación, etc.- y es contractual, se basa en un
contrato entre empleador y empleado, recogido en el Derecho de Trabajo. Prieto (2002) define el
empleo como” una norma social que se despliega en múltiples y variadas dimensiones (...)Sí el
empleo puede y debe interpretarse como una norma social.(…)Para que un trabajo remunerado
sea considerado empleo a de respetar ciertos criterios mínimos de “justicia”: cierta retribución
considerada justa, cierto tiempo de trabajo considerado justo, cierta estabilidad considerada
justa, cierta seguridad considerada justa frente a riesgos de accidentalidad y salud, cierta
protección social....De otra forma sólo será trabajo puro”. Este autor plantea que de esta forma se
convierte al trabajo, social y políticamente regulado, en central, así como al trabajador asalariado,
social y políticamente protegido, dentro del ordenamiento social del “capitalismo reformado” que
se produce en el tránsito del siglo XIX al XX, y que dio lugar a la construcción de un incipiente
Estado de Bienestar.
En resumen, con el intervencionismo social y laboral se atemperó el liberalismo estricto que
imperaba como doctrina social, económica y política en la España del siglo XIX, aunque las
razones del reformismo social serán explicadas de forma distinta en función de la ideología: para
los conservadores se trataba de parar la revolución desde arriba, evitando con ello la radicalización
del movimiento obrero e intentar “integrar” a colectivos dispuestos al diálogo, consiguiendo,
además, la modernización del país sentida como necesaria tras el desastre del 98; los socialistas,
sin embargo, querían “cooperar a la existencia de masas obreras de las cuales pudiera surgir un
ejército capaz, numeroso, instruido y disciplinado que pudiera llevar a cabo la revolución futura”.
Así el socialismo de primeros del siglo XX parece ser más proclive al reformismo “tanto del
aparato productivo como de la administración y del marco general de las relaciones laborales25”
En definitiva el intervencionismo en el ámbito económico fue el resultado de la presión creciente
del movimiento obrero para que se legislase en materia social, y no fue motivado por razones de
justicia social ni por humanitarismo.
25
Según el autor de la introducción al volumen I de las Informaciones Orales y Escritas
19
CONCLUSIÓN
A lo largo de este trabajo hemos vuelto la mirada al momento histórico en el cual se originó la
disciplina sociológica: la gran transformación social que se produjo tras la caída del Antiguo
Régimen, que dio lugar a la constitución de la clase trabaja y al conflicto entre capital y trabajo,
situando en el centro de atención al movimiento social por excelencia, las organizaciones obreras
del siglo XIX. El motivo de esta elección ha sido por justicia social, para recordar a los que
sentaron las bases de este cambio social, devolviendo, de esta forma, el poder transformador a la
sociedad civil, en este caso al movimiento obrero que “desenmascaró” el papel de neutralidad que
el Estado decía tener en los asuntos económicos y en el ámbito de la producción, pues ese “dejar
hacer” en realidad era optar por la defensa del status quo, de las clases mejor posicionadas
socialmente. En este sentido, reivindicamos el concepto de “empoderamiento”, al devolver el
poder a quién le pertenece, a los individuos, el cual se multiplica cuando se organiza
colectivamente.
Uno de nuestros objetivos era mostrar que la obtención y extensión de los derechos de ciudadanía
fue la consecuencia de un largo proceso de lucha social protagonizado por los de “abajo”, por las
prácticas sociales del movimiento obrero, que no sólo deslegitimó el orden social imperante de la
época, sino que propició la construcción del Estado de Bienestar. Por lo tanto, nuestra posición
está en sintonía con la tesis de M. Somers, y la perspectiva relacional (McAdams, et al, 2005),
pues para entender la historia social hemos de poner a los agentes sociopolíticos (nivel micro
social) en relación dialéctica con el contexto macroestructural (social, económico y político…) el
cual condiciona a la vez que posibilita la acción social concreta que se realiza. Así, defendemos
que fueron las prácticas ciudadanas de la clase trabajadora las que posibilitaron y prepararon el
camino para exigir la institucionalización de estas prácticas -vividas como derechos- en Derecho.
De esta forma, no es la institucionalización de los derechos políticos y sociales otorgados “desde
arriba” lo que posibilitó su práctica, sino que el proceso fue al revés: es la práctica de lo que se
consideraban justos derechos lo que permitió exigir su reconocimiento social, y por ello su
institucionalización26. Si bien una vez se ha procedido a la regulación social de los derechos se
crea un nuevo marco normativo para practicarlos, desarrollarlos, canalizarlos, o redefinirlos, en
función de la dinámica y el conflicto social, el cual no es resuelto de una vez por todas (
interacción dialéctica de las variables micro y macro sociales)
Por ejemplo, las sociedades obreras como las de resistencia más tarde serían los sindicatos, y la de socorros
mutuos fue el antecedente de los derechos sociales y la seguridad social
26
20
Por otro lado, hemos querido contribuir a evidenciar la relación, no siempre declarada, entre
conocimiento y poder (Bloor, 1998, Foulcault, 1980) dado que ciertas teorías tratan de hacerse
pasar por neutrales, objetivas, y universales,- premisas modernistas- como estrategia de
enmascarar la ideología que la sostiene, y así “imponer” una visión del orden social que favorece
a determinados intereses económicos, políticos y sociales. Pero tal y como nos han demostrado
numerosos analistas sociales (Ricoeur, 1989; Bloor,1998; Ibáñez, 2001) la objetividad y
neutralidad absoluta es imposible, porque siempre observamos lo que definimos como realidad
desde algún lugar dentro de la estructura social - en base a la clase social, al género, a la etnia,
edad…etc.-. En este sentido, cuestionamos las teorías que explican el cambio social
exclusivamente como necesidades del sistema o como anticipación de las elites políticas,
económicas, científicas, etc., pues obvian una parte importante de la historia social- el papel de
agencia de la sociedad civil-, lo cual no es inocente y tiene consecuencias en la construcción social
del conocimiento, -además de sociales, económicas y políticas- a la hora de tratar de legitimar un
orden social dado. Estas teorías están impregnadas de ideología, pero lejos de reconocerlo tratan
de disfrazarse bajo las premisas modernistas. Una visión que ha tomado auge actualmente debido
al renovado interés sobre los derechos ciudadanos que se produjo a partir de 1981, por la caída del
modelo de socialismo real en los países del este europeo, los nuevos flujos migratorios, y el
ascenso de neoliberalismo que está debilitando al Estado de Bienestar.
No obstante, resaltamos que en la actualidad diversos autores están demostrando empíricamente
cómo las transformaciones sociales a lo largo de la historia se han producido en numerosas
ocasiones desde abajo (Markoff, 1996; McAdams, et al, 2005; Moscovici 1996; Somers, 1999), y
aunque no vamos a enumerar estas situaciones, sí subrayamos que en los diversos casos que
analizan el cambio social está relacionado con la acción social. Realidad que desde las posiciones
teóricas afines a la ideología neoliberal tratan de ignorar, razón por la que explican los cambios
sociales exclusivamente desde la visión estructuralista y/o funcionalista (los derechos de
ciudadanía fueron una concesión y no una conquista social). De esta forma, se niega el poder
transformador a una gran parte de la sociedad. Tesis que actualmente se ha ido extendiendo en sus
diversas variantes utilizando un arma ideológica muy potente, el pensamiento único,- pues no hay
arma más potente que invisibilizar la ideología que la sustenta- como si se tratase de una
perspectiva inocente, objetiva, neutral y universal. Una ideología que trata de hacer pasar su visión
del mundo como la única posible, y para ello extienden la idea de que estamos ante el fin de las
21
ideologías,27 y que el único objetivo político legitimo es la gestión de los recursos colectivos en
base a la eficacia y la eficiencia. Es decir, se presentan como si de una opción técnica (por lo tanto,
neutral) se tratase y no ideológica (una visión sobre cómo han de ser distribuidos los recursos
valiosos y escasos). Una perspectiva que es dominante en algunos analistas socioeconómicos y
políticos que defienden que los sistemas sociales son dados, objetivos, están ahí fuera y son para
todos iguales. Sin embargo, también, hay autores que cuestionan estos presupuestos, los
considerados postmodernos que demuestran que lo que entendemos por realidad, sociedad,
etc….es producto de las convenciones sociales, en cuya definición las relaciones de poder
28
son
fundamentales, por ello, si la definición de realidad es una construcción social, ésta es susceptible
de ser cambiada.
Finalmente queríamos mostrar la situación social de final del siglo XIX para poder relacionarlo
con el principio del XXI, porque en ciertos aspectos estamos recorriendo el camino inverso, del
siglo XXI al siglo XIX, de la sociedad de empleo o salarial a la sociedad de mercado, gracias, a la
desregulación sistemática de la economía en general (falta de control de las empresas
transnacionales y de las transacciones financieras, privatización de servicios públicos estratégicos,
etc, lo cual supone la socializando de las pérdidas y la privatización de los beneficios -Chomsky,
Dieterich, 1997-) y del mercado de trabajo en particular (deslocalización de empresas,
segmentación radical del mercado de trabajo, alta flexibilización de los tiempos de trabajo,
precarización absoluta de los contratos laborales, reformas laborales que vacía de contenido al
Derecho de trabajo, fundamentalmente la del año 2012, -que entre otras cuestiones invierte la
carga de la prueba por despido improcedente; anula los salarios de tramitación; los empresarios
unilateralmente pueden variar el salario y las condiciones laborales; se introducen múltiples causas
de despido procedente, se rebajan las indemnizaciones y las prestaciones por desempleo; se
modifica la función y vigencia de los convenios colectivos, etc.-) favoreciendo relaciones entre
capital y trabajo individualizadas, las cuales son más propias del derecho civil del siglo XIX que
las que deberían imperar en el Derecho del trabajo del siglo XXI. Todo ello como fruto de las
políticas neoliberales que está socavando en tiempo record las bases de nuestro modelo social, que
tanta lucha social costó consolidar y que imperó durante el siglo XX en Europa, debido al Pacto
Social entre capital y trabajo, proporcionándonos una relativa paz social,(aunque con fuertes
Daniel Bell consideraba que el consenso pluralista, era el antídoto contra el conflicto social, y por ello
estábamos en el fin de las ideologías. Ejemplo aportado por Zald, McAdams, Mayer y McCharty (2005)
28
M. Foulcault (1980) defiende que el poder emana de todas partes y lo considera intrínseco a toda
actividad. Plantea que no hay un poder ahí fuera, pues el poder está, es constitutivo, de las relaciones
sociales y brota en todos los ámbitos. Esta según él, en la ley, en el Estado, en la resistencia, et. Considera
que saber y poder son interdependientes
27
22
altibajos) pero que en estos momentos está seriamente amenazado debido a la ofensiva neoliberal
(alianza entre conservadores y liberales) que está desmontando el Estado de Bienestar, tratando
para ello de legitimarse en la actual crisis económica.
Este neoliberalismo a ultranza está interviniendo, también, en otros ámbitos propiciando un
retroceso histórico en términos de justicia social y calidad democrática, lo cual modifica
significativamente nuestras vidas como: subir las tasas judiciales, obstaculizando el acceso a la
justicia a los más desfavorecidos; limitar drásticamente los derechos de reproducción de las
mujeres; recortar las prestaciones sociales en sanidad, educación, dependencia, desempleo,
pensiones, vivienda; reduciendo el presupuesto en I+D+I; manteniendo una carga fiscal que recae
fundamentalmente sobre las rentas del trabajo en lugar de las del capital; impulsando una reforma
educativa claramente clasista e ideológica; incluso se está lanzando a la opinión pública un
discurso para endurecer el código penal, controlar el sistema judicial, reformar el pacto sobre las
pensiones, y recortar los derechos de reunión, manifestación y huelga…. etc. En este sentido, nos
preguntamos no sólo cómo ha llegado a suceder semejante desequilibrio entre los factores de
producción (nivel descriptivo), sino cuáles son las causas subyacentes (nivel explicativo) para que
la balanza se haya inclinado claramente a favor del capital y en detrimento del trabajo, haciendo
añicos el Pacto Social, en el que las actuales generaciones sustentábamos nuestras legítimas
expectativas en torno al futuro, el cual se ha sustituido por una gran incertidumbre y desafección
política, todo ello en un marco europeo gobernado por los neoliberales.
Para nuestras preguntas aún no tenemos todas las respuesta, aunque sí vocación de investigación,
que trataremos de satisfacer en trabajos posteriores, pero lo que sí sabemos es que para lograr
minimizar la resistencia social a los recortes de los derechos históricamente conquistados se utiliza
un instrumento muy poderoso de control social: un fuerte paro estructural, que está lanzando al
abismo a millones de personas y sometiendo a duras condiciones laborales al resto de la clase
trabajadora, que ahora sí, al igual que en el siglo XIX, vuelven a estar casi exclusivamente en las
manos de los empresarios. Así el concepto de “ejército de reserva”, de Karl Marx, es pertinente
para explicar el disciplinamiento de la clase trabajadora, pues hoy al igual que ayer se produce la
paradoja de que hay una gran tasa de paro ( 27%) y a su vez personas obligadas a realizar largas
jornadas laborales. Un sometimiento, que entre otras razones, ha sido posible porque la mayoría de
la población está atada al pago de grandes hipotecas, debido a la burbuja inmobiliaria, a la
expectativa de crecimiento que los poderes públicos y fácticos habían “vendido” a la sociedad, a la
perversa legislación hipotecaria y las prácticas de las entidades bancarias, etc. Por ello
23
consideramos necesario preguntarse: ¿Por qué ayer todo era posible y hoy ya nada lo es? ¿Con
qué excusa mejor, que la crisis económica, nos podrían despojar de los derechos sociales
conquistados? ¿Cómo y por qué se ha permitido todo el entramado que ha tenido esta
consecuencia? En este sentido, creemos oportuno resaltar que vuelve a tomar vigencia la tesis de la
lucha de clases, y que en esta lucha hoy al igual que a principios del siglo XIX la está ganando el
capital, lo cual le permite modificar drásticamente nuestro modelo social que, entre otras
cuestiones, cierra la movilidad social ascendente a la clase trabajadora y media y fomenta de
forma acelerada la descendente, creando una dramática brecha social, pues los ricos son cada vez
más ricos y los pobres más pobres. Por lo tanto, si bien después de haber realizado “la travesía del
desierto”, donde miles de trabajadores dejaron en el camino sus vidas por la conquista de los
derechos sociales, en estos momentos nos están encaminando a relaciones sociales y laborales
propias del siglo XIX, donde la “ley del mercado” pretende ser, nuevamente, hegemónica. No
obstante, “Otro mundo es posible” y por ello recordamos el lema zapatista: “Por la humanidad y
contra el neoliberalismo”, pues es vital seguir organizando la RESISTENCIA, dado que la
historia social demuestra que “SI SE PUEDE”. Precisamente por ello los neoliberales niegan está
posibilidad, como forma de sembrar la desesperanza, la resignación y neutralizar la protesta social.
Sin embargo, se debe combatir la depresión social actual canalizando la indignación y la injusticia
con más acción social y más solidaridad, y en este camino los analistas sociales y los movimientos
colectivos tienen un importante papel que jugar en la deslegitimación del nuevo (des) orden social
injusto, desmontando las bases del pensamiento único que lo sustenta. Para ello es imprescindible
combatir desde dentro de nuestras mentes las premisas neoliberales que a veces se interiorizan
como propias (si inconscientemente llegamos a creer que es fruto de nuestras experiencias) para
no perder la batalla en el centro neurálgico más vulnerable, que no es otro que la capacidad de
creer en las propias fuerzas organizadas colectivamente, motor fundamental que anima las
conquistas sociales.
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