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LA LEY DE CABOTAJE, ARRUINA A PUERTO RICO
OCTOBER 9, 2015 CONFEDERACIÓN HISPANICA
Máximo González-Palacios Franco.
La Ley de Cabotaje impuesta a Puerto Rico desde 1900, (después de la
anexión de la isla a EEUU y como botín de guerra en 1898 contra España) a
transportar la carga marítima entre Puerto Rico y EE.UU. en barcos fabricados
en ese último país, y que sean propiedad y de bandera estadounidense.
La Ley de Cabotaje de Puerto Rico, que impide la entrada de barcos que no
sean de tripulación, bandera y fabricación estadounidense, tiene efectos
devastadores para la deteriorada economía de la isla según estudios que
maneja el Senado.
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“Puerto Rico se arruina con esta ley, según la presidenta de la Comisión de
Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado de
Puerto Rico, Rossana López, que trabaja estos días para tratar de acabar con
esta ley.
La difícil situación por la que atraviesa este Estado Libre Asociado a EE.UU.,
que sufre desde hace más de siete años una profunda crisis económica, ha
vuelto a poner de actualidad una ley considerada muy perjudicial para lograr
una recuperación.
Con una deuda cercana a los 72.000 millones de dólares, la derogación de
esta ley, permitiría a Puerto Rico un ahorro superior a los 1.000 millones de
dólares anuales.
En una entrevista con Efe, la legisladora del gobernante Partido Popular
Democrático (PPD) explica que esa normativa, que restringe además la
entrega a Puerto Rico de mercancía a sólo cuatro navieras estadounidenses,
ralentiza el desarrollo económico de la isla por impedir la competencia y
mantener altos precios.
López insiste que no se trata de una opinión personal y apunta que su tesis
fue corroborada durante un encuentro sobre el tema celebrado este mes en
el marco del Foro de Transportación y Logística Marina, organizado por la
Universidad Católica de Puerto Rico.
“Se nos asfixia. La eliminación de la Ley de Cabotaje generaría ingresos que
nos ayudarían a pagar la deuda, subraya la senadora, que se remite a doce
estudios locales e internacionales destacados durante esa reunión y que
revelan que esa ley tiene efectos desastrosos para la economía local.
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Uno de los estudios sobre sus efectos data de 1999 y fue elaborado por la
Comisión de Comercio Internacional de EE.UU., que calculó que sin las normas
de cabotaje los costos de transporte de productos descenderían más de un
30%
La comisión que encabeza López trabaja actualmente para rebatir el
argumento de la Oficina de Contabilidad General del Congreso de EE.UU.
(GAO) de que la Ley de Cabotaje no afecta a la economía de la isla.
López defiende que ese organismo sólo vela por el interés de la marina
mercante estadounidense, sin tener en cuenta el de Puerto Rico, que “puede
estar pagando hasta mil millones de dólares anuales de sobrecargo por
transportar mercancía que llega a la isla del exterior y que tiene que pasar
por un puerto de EE.UU. continental”.
Subraya que la Ley de Cabotaje pretende, entre otras cosas, defender los
intereses de los astilleros de EE.UU., con costes más altos que los de otros
países, diferencia que termina pagando el consumidor puertorriqueño.
Desde el pasado enero se celebran vistas públicas en el Senado local para
escuchar las opiniones de expertos y diferentes agentes sociales sobre el
asunto.
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Un informe con el resultado de esas vistas, que se espera terminen en las
próximas semanas, será enviado a la Oficina de Contraloría General de EE.UU.
y al Congreso en Washington para que se analice la posibilidad de derogar la
ley.
En su opinión, es imprescindible que se apruebe una exención a la norma, ya
que “la práctica totalidad” de los bienes que se consumen en Puerto Rico son
importados.
El catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico
José Alameda coincide con la legisladora y considera, según explicó en una
entrevista con Efe, que la Ley de Cabotaje es “anacrónica” e imperialista e
impide la libre competencia”.
Alameda, que ha llevado a cabo estudios sobre el tema, cree que si abriera a
la competencia el transporte marítimo entre EE.UU. y Puerto Rico se
abaratarían notablemente los costes de los productos importados.
El experto considera que las autoridades estadounidenses no tienen que ver
esa apertura como una amenaza, ya que las cuatro compañías que controlan
el tráfico actual mantendrían su posición y habría que ver además si a
empresas foráneas les resulta atractivo competir, ya que desde Puerto Rico
prácticamente no sale mercancía al exterior.
Para el también economista Eduardo Pagán, vicepresidente para Puerto Rico
y el Caribe de la compañía Sea Star Line Agency, una de las compañías que
transporta mercancía desde EE.UU., el tema de la Ley de Cabotaje es un
asunto político que debe ser tratado.
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Los estudios dados a conocer durante el encuentro de la Universidad Católica
de Puerto Rico apuntan que la norma incrementa el precio de los bienes
importados en cerca de un 30 %.
La Ley de Cabotaje se aplica en Puerto Rico desde 1900, cuando el Congreso
aprobó la primera ley orgánica, la Ley Foraker, y dispuso que el cabotaje entre
la isla y EE.UU. sería regulado conforme con las disposiciones de ley aplicables
a dicho comercio marítimo.
Al aprobarse la segunda ley orgánica, la Ley Jones, en 1917, las leyes de
cabotaje continuaron en efecto y su vigor prevalece hasta hoy en Puerto Rico
Foraker
Ley de cabotaje estadounidense arruina la economía de Puerto Rico El Informe
Final de la Resolución del Senado 237 que ordenó la investigación fue
presentado el pasado 13 de abril. Un estudio que aboga por los derechos de
los puertorriqueños demostró que la ley de Cabotaje estadounidense a la que
está sometida la isla, ha frenado su economía desde 1900. Una investigación
a cargo de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y
Economía Social del Senado sobre el impacto de la aplicación de las Leyes de
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Cabotaje a Puerto Rico desde 1920, arrojó un impacto económico sobre la isla
equivalente a 29,052 millones de dólares entre 1970 y 2012 que ha afectado
negativamente en su crecimiento, informó el sitio web Claridad Puerto Rico.
El estudio contempló 13 vistas públicas con 32 deponentes y la evaluación de
una docena de informes sobre la Ley Jones de 1920 (en la cual están
contenidas las Leyes de Cabotaje) de agencias gubernamentales de Estados
Unidos (EE.UU.) y de organizaciones internacionales, las cuales llegaron a la
conclusión de que exista un reclamo de todos los puertorriqueños y de su
Gobierno para que se exonere a la isla de la aplicación de esta ley.
Puerto Rico fortalece su cultura a pesar del colonialismo” Puerto Rico es la
única jurisdicción de EE.UU a la que se aplica en su totalidad las restricciones
apoyándose en las leyes de cabotaje, las cuales establecen que las mercancías
transportadas entre los estados, territorios y posesiones de la nación
norteamericana se hagan a través de la marina mercante de EE.UU.,
registradas o con franquicias otorgadas por autoridades de ese país y con
tripulación de ciudadanos norteamericanos. Evidencia internacional El informe
de 183 páginas reveló que organizaciones internacionales evidencian el
impacto de las leyes de cabotaje, incluso en la economía estadounidense.
El reporte de la Comisión de Comercio Internacional (CIC) de 1995 arrojó que:
“en términos del efecto sobre la economía de Estados Unidos, las barreras a
las importaciones de productos textiles y prendas de vestir fueron las más
significativas de las examinadas. La eliminación de estas barreras se traduciría
en un aumento calculado en el bienestar nacional equivalente a 10.400
millones de dólares.
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Con la liberalización de las restricciones de cabotaje marítimo se obtiene un
beneficio calculado de 1.300 millones de dólares, y la liberalización de las
barreras comerciales en el azúcar y los productos que contienen azúcar
produce una ganancia de bienestar de poco menos de 1.000 millones de
dólares. La eliminación simultánea de todas las barreras (excepto los de los
cacahuetes y prensadas y vidrio soplado) produce una ganancia de bienestar
calculado de 12.000 millones de dólares”. En 2012 el Banco de la Reserva
Federal (BFR) de Puerto Rico, calculó que los elevados costos de transporte
de bienes de la isla eran por causa de las restricciones impuestas por la Ley
Jones. El informe demostró que el costo aproximado de enviar a Puerto Rico
un contenedor de 20 pies (unos 6,09 metros) de uso doméstico y comercial
con mercancías provenientes de la costa este de EE.UU. es de 3.000 dólares.
Ese mismo envío a Santo Domingo, República Dominicana, cuesta solo unos
1.500 dólares y de 1.687 dólares a Kingston (Jamaica), territorios que no
están sometidos a las restricciones de la Ley Jones.
Todo esto provocó que el BFR insistiera en su reciente informe en la debilidad
económica de Puerto Rico, lo cual agrava el alto costo de hacer negocios.
Alimentación adecuada La Comisión puntualizó que la imposición de las leyes
de cabotaje “viola nuestro derecho a la alimentación adecuada, el cual es parte
de los derechos humanos reconocidos internacionalmente” porque el 80 por
ciento de los alimentos que se importan en la isla provienen de EE.UU en
barcos respaldados por la Ley Jones.
“Por lo cual, es evidente que el costo de los alimentos que consumimos en
Puerto Rico es sustancialmente mayor por ser traídos en barcos de marina
mercante estadounidense”. Concluyeron que el 94 por ciento de la carga que
proviene de Estados Unidos a Puerto Rico, sale del puerto de Jacksonville en
Florida, lo que expone a la isla a una escala de vulnerabilidad muy alta, debido
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a la aglomeración de carga en ese puerto marítimo y a los precios de
transporte desde allá.
La ley de Cabotaje, exprime y empobrece al ciudadano puertorriqueño y
beneficia y enriquece a la marina mercante de EEUU.
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