Download Preguntas en torno a La Desigualdad Socioeconómica y la Política

Preguntas en torno a La Desigualdad Socioeconómica y la Política Social en México
La Política Social ha cobrado una mayor importancia desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari
y se han incorporado conceptos importantes para atender el desarrollo social. Los principales ejes
de la política social en México en 2014 son tres: el gasto social centralizado, el programa federal
Oportunidades y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Estos tres ejes tienen actividades
dirigidas hacia la educación, la salud y el ingreso porque la perspectiva que siguen proviene de la
Teoría de las Capacidades de Amartya Sen y en específico con el indicador clave del Índice de
Desarrollo Humano (IDH) estimado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las
actividades de estos dos principales ejes de la política social definitivamente mueven el indicador
del IDH pero hasta cierto punto han aumentado la desigualdad en términos socioecónomicos
relativos a las condiciones de vivienda y la dotación de servicios públicos urbanos, ya que
concentran los recursos en zonas geográficas específicas, provocando que las personas de otras
localidades migren hacia dónde están los recursos y los programas, aumentando la desigualdad con
sus localidades de origen. ¿Están relacionado el problema de la desigualdad socioeconómica con la
Política Social en México?
Examinar con una perspectiva multidimensional la Política Social en México desde 1976 y
determinar los aspectos positivos, las áreas de oportunidad de las principales acciones o ejes con los
que se pretende impulsar el desarrollo social. Valorar si la definición de desarrollo social que ha
seguido la Política Social en México previó no sólo la pobreza sino también la desigualdad.
El Federalismo (entendido como la forma de organización política en la que entidades
territorialmente identificadas y soberanas en sus decisiones deciden trabajar en coordinación en
torno a un proyecto de Estado Nacional) se ha mantenido vigente en el discurso político. Fue hasta
el final de los periodos presidenciales del siglo XX que comenzó a dotarse de potestad para la
administración de algunos recursos a las entidades federativas y a los municipios. En el caso de los
municipios son emblemáticas la fechas de 1983 en la que entra en vigor la reforma al artículo 115
constitucional (con reformas posteriores) y 1999 con la creación de los fondos del Ramo 33.
En términos administrativos, el gasto público ha estado orientado más hacia el desarrollo social que
al desarrollo económico durante las últimas décadas. Podemos situar este cambio en el sexenio de
Carlos Salinas de Gortari cuando se comenzó a dar importancia al desarrollo social tanto
discursivamente como financieramente. Este cambio de prioridades de gasto corresponde a un
cambio en la perspectiva global sobre el desarrollo comenzado por Amartya Sen varias décadas
antes y después impulsado por el Programa de las Naciones para el Desarrollo. Es importante
1
apuntar que desde el modelo político-económico liberal del siglo XX la unidad mínima de análisis
es el individuo y su utilidad, por lo tanto el desarrollo social estará determinado por la medición del
desarrollo humano promedio de una comunidad.
¿Cómo ha variado la desigualdad socioeconómica en México desde 1976 hasta 2014 y cuáles han
sido los principales cambios? En términos generales podemos identificar al desarrollo social y al
desarrollo económico como las dos grandes prioridades nacionales dentro del gasto público. A
diferencia de la justicia y la seguridad pública que cobraron importancia el último sexenio, el
desarrollo social ocupa una gran cantidad de recursos y representa la más importante justificación
del gasto de egresos que la federación hace cada año. Los tres grandes ejes de la política social son:
el Gasto Social centralizado, el programa Oportunidades y los fondos del ramo 33 (aunque varios de
estos fondos los administran las secretarías del Gobierno Federal).
Las prioridades de inversión gubernamental en torno a política social pueden ser identificadas en
tres dimensiones: a) el eje rector de la política social manifiesto en el conjunto de ramos que
conforman el Gasto Social centralizado (educación, salud, infraestructura, por mencionar algunos),
b) el programa estrella de la política social en México, el programa federal Oportunidades y c) el
gasto descentralizado hacia Estados y Municipios por medio de los fondos del ramo 33. En general
podemos decir que estos tres elementos componen en su conjunto la política social en México.
El eje rector de la política social por medio del conjunto de ramos que eroga directamente la
Federación con gasto público no es únicamente el ramo 20 “desarrollo social”. Aquí entrarán
también ramos como 08 “desarrollo rural”, 11 “educación pública”, 12 “salud”, 14 “trabajo y
previsión social”, por mencionar algunos. Este conjunto de ramos del desarrollo social comprende
más del 58% de gasto público anual. Aunque buena parte de los recursos destinados a educación y
salud son descentralizados, la reforma educativa y la creación del programa Seguro Popular
cambiarán el panorama para los Estados y volverá a concentrar la toma de decisiones de estos
gastos en manos del Ejecutivo Federal.
Por otra parte, el programa federal Oportunidades es considerado el programa estrella de la política
social en México y ocupa grandes cantidades de dinero proveniente de los ramos de la cuenta
pública: educación, salud y desarrollo social. Considerado en sus inicios como el programa que
atendería a la pobreza extrema, hoy en día se asume que atiende la pobreza patrimonial porque hay
una serie de condiciones que los beneficiarios deben cumplir: tener domicilio fijo, tener hijos, tener
el tiempo disponible para que los hijos acudan a la escuela y la clínica, entre otros.
Por último, los fondos del ramo 33 son la concreción del Sistema de Coordinación Fiscal por el cual
se descentralizan algunos recursos hacia Estados y Municipios. Las causas de esta descentralización
se han identificado con procesos políticos y sociales que duraron décadas y que persisten hasta la
2
fecha. La Ley de Coordinación Fiscal que comenzó en 1980 sentó las bases de un sistema de
coordinación amplio que incluía a los municipios en la ejecución del gasto (Barceinas y Monroy,
2002), pero fue hasta 1998 que se crearon los Fondos de Aportaciones o Ramo 33 con los que los
municipios trabajarían con conceptos de gasto social desconcentrado. Una estimación inmediata nos
apunta que el 90% de los recursos con que trabaja el 75% de los municipios proviene de los Fondos
del Ramo 33.
El problema que se pretende discutir con esta investigación es que la inversión en la política social
es inequitativa y esta inequidad ha generado desigualdad social. A continuación presento
brevemente las consideraciones problemáticas:
1.
La federación concentra más de la mitad del gasto público. La forma en que estos recursos
llegan a las comunidades es mediante las delegaciones de las secretarías de se ubican en las
capitales de los estados. Además de que los ramos son ejercidos por las secretarías de Estado por
medio de programas con condiciones generalmente difíciles de cumplir por lo que no se atienden
directamente a la población que más lo necesita, sino aquella que cuenta con un Gobierno
Municipal con capacidades administrativas suficientes para conseguir estos programas.
2.
El programa Oportunidades está diseñado para atender directamente los componentes del
IDH (tasa de alfabetización o nivel de escolaridad, tasa de mortalidad infantil o esperanza de vida e
ingreso) y simula promover el desarrollo humano y social. Sin embargo, las condiciones que
impone el programa a los beneficiarios hace que no cualquiera dentro de los contextos de mayor
pobreza del país pueda acceder a sus recursos, debilitando el tejido social en las comunidades y
dentro de las localidades.
3.
El gasto descentralizado hacia Estados y Municipios por medio de los fondos del ramo 33
se concentra en las cabeceras municipales mejorando las condiciones de vivienda y dotación de
servicios públicos urbanos pero aumentando a su vez la desigualdad entre las localidades, lo que
debilita el tejido social y coloca incentivos para habitar en las cabeceras municipales, otros
municipios o las capitales de los Estados.
Al interior de los municipios y entre las comunidades, la diferencia entre oportunidades de
desarrollo (programas, servicios públicos, recursos) es un incentivo para que las personas migren
hacia las cabeceras municipales o hacia otros municipios, aumentando la demanda por servicios en
estas localidades, rezagando las localidades de las que salen las personas debilitando el tejido social.
Visto de una forma general, es imperativo que se estudie la política social de México con una
perspectiva multidisciplinar para identificar sus logros (porque definitivamente los hay) y las áreas
de oportunidad con el objetivo de plantear estrategias que nos permitan atender la desigualdad, la
migración, la marginación y el debilitamiento del tejido social.
3
El objetivo del desarrollo social impulsado por la política social tiene como principales
componentes a la educación, la salud y el ingreso principalmente porque se ha tomado al indicador
de desarrollo humano como clave para el desarrollo social, dejando de lado la desigualdad social, la
certidumbre laboral y la seguridad pública. ¿Qué aportes pueden hacer las ciencias sociales al
estudio y la formulación de la política social? Los aportes que pueden y deben hacer las ciencias
sociales a la política social son vastos y muy necesarios. Desde una perspectiva multidisciplinaria se
pretende hacer una revisión del estado de la política social en México durante sus últimos sexenios
presidenciales con el fin de discutir los logros y las áreas de oportunidad e incorporando temas no
vistos como la desigualdad social, la certidumbre laboral, la migración, el capital social, entre otros.
Por poner un ejemplo, si se toma como referencia únicamente a los servicios públicos urbanos como
indicadores socioeconómicos de la calidad de vida en las viviendas se puede notar una enorme
diferencia entre las cabeceras municipales y las localidades alejadas. Esta diferencia puede
considerarse desigualdad social en tanto que se refiere a una situación socioeconómica inequitativa
entre habitantes del mismo municipio pero en diferentes localidades y que determinará en buena
medida sus oportunidades de desarrollo tales como educación, salud e ingreso. Cuando algunas
personas deciden migrar hacia la cabecera municipal o hacia otra localidad lo harán si pueden cubrir
el costo de oportunidad que implica la movilidad. Esto significa que quienes no puedan salir por no
cubrir el costo de oportunidad se quedarán en la localidad aumentando incluso el grado de
desigualdad social al interior de los municipios ya que los “más ricos” irán en búsqueda de las
oportunidades.
Estas oportunidades están determinadas en buena medida por el gasto público que hace la
federación a través de sus políticas y programas. Los programas, al pretender frenar la corrupción,
establecen una serie de condiciones mínimas necesarias que los beneficiarios deben cumplir,
haciendo que los más necesitados no puedan recurrir a estos recursos. Aunado a esto, la falta de
institucionalización de los mecanismos de participación ciudadana hace que la inversión en obra
pública se concentre en zonas geográficas específicas como las capitales de los Estados y las
cabeceras municipales. Con servicios públicos, condiciones de vivienda y programas de atención,
las capitales de los Estados y las cabeceras municipales se vuelven centro de atracción para
personas de otras localidades.
La importancia de la dotación de programas dirigidos hacia el desarrollo social es el objetivo clave
de la política social. Desde una perspectiva socio-histórica, las organizaciones gubernamentales se
re-significan en posibilidad de incidencia. Es propuesta de esta investigación insertarse en el
conjunto de investigaciones que observan a los sistemas administrativos y gubernamentales como
productos de sociedades específicas en contextos históricos y económicos específicos. Dicho de
4
esta forma, la influencia no sería desde la esfera gubernamental hacia la sociedad sino en un ciclo
en espiral ascendente en el que la sociedad constituye a la esfera gubernamental y desde ella
continua los procesos de cambio y de regulación social.
El proceso político de “hacer sociedad” (ahora sí apuntamos político y no sólo gubernamental)
queda establecido en el diseño institucional pero no se detiene ahí sino que abre la puerta a las
reformas o incluso a las revoluciones. En este orden de ideas, la toma de decisiones es un proceso
organizacional pero cuyo contexto social lo determina y muy pocas veces viceversa. Sin salirnos del
contexto democrático liberal, los tomadores de decisión son elegidos de entre la comunidad; de esta
forma, el nivel de escolaridad promedio en un municipio importa antes de conformar la
organización gubernamental y no después, ya que el promedio y el rango de nivel de escolaridad
nos presentarían la frontera de posibilidades para el perfil de ingreso de aquellos que conformen el
cabildo.
Aunque las responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno quedan establecidas en la
Constitución, las prioridades de inversión afectan gravemente los resultados de otras políticas o
programas ya que en la realidad sería imposible determinar con total certidumbre qué factores
fueron los que garantizaron el éxito o el fracaso de una política, o incluso los impactos producidos
por alguna de sus acciones. Dentro de esta diferente perspectiva tenemos investigaciones en ciencia
política y ciencia social que apuntan hacia una relación entre sociedad y gobierno no
gubernamentalista sino más sociológica (Altimir, 1979; Boltvinik y Damián, 2001; 2003; Cortés,
2000; Escobar 2004; Minor y otros, 2004; Ziccardi, 2001; por mencionar algunos).
El diseño institucional de una propuesta de acción gubernamental no habría únicamente
contemplado cuestiones organizacionales internas como sucedió con la propuesta de las
capacidades administrativas sino habría tomado cuestiones socioeconómicas como factores
independientes para el estudio, no como factores dependientes de las acciones gubernamentales. En
un proceso cíclico ascendente, los impactos en las condiciones sociales serían, a su vez,
consecuencias de las acciones gubernamentales. Muy parecido a un proceso causal, circular y
acumulativo como lo expone Myrdal (1975).
La perspectiva es compartida por varios investigadores que consideran al aparato gubernamental
como el núcleo de los cambios sociales y económicos (no se diga históricos) (Arellanes, 2013;
Cabrero, 1999; Carrera y otros, 2010; García, 1999; Merino, 2010; por mencionar algunos).
Definitivamente hay una gama muy grande de posturas teóricas que supeditan los procesos sociales
a los procesos gubernamentales (nótese que no dice “procesos políticos”). Dentro de este conjunto
de investigaciones las posturas más cercanas a la visión democrático-liberal son las de “las
5
capacidades institucionales” (Carrera y otros, 2010; De Dios, 2008; De Alba y Gómez, 2010) y la
de “gobernanza” (Cabrero, 1999; Cabrero y otros, 2008).
Este conjunto de investigaciones y de investigadores parte de la idea de que las “instituciones”
entendidas como las reglas del juego son el factor más importante para cualquier tipo de
organización, incluyendo la social (Carrera y otros, 2010). Establecer una organización
administrativa dentro de una organización social requiere de la programación de ciertas actividades
que disminuyan la incertidumbre sobre los procesos sin perder de vista que la realidad social es
dinámica (García, 1999). Una organización que asuma la responsabilidad de la administración de
los recursos deberá poseer herramientas y habilidades para cumplir con sus funciones (García,
1999).
Las capacidades institucionales son las habilidades, competencias y recursos con que cuenta un
gobierno para cumplir con sus funciones (Martínez, 2012). Las capacidades institucionales son
aquellas que incluyen cuestiones políticas y, por lo tanto, comprenden al gobierno municipal dentro
de un entorno donde la participación de la ciudadanía es determinante (De Alba y Gómez, 2010).
Yemile Mizrahi identifica capacidades institucionales en relación con “finalidades”: establecer
objetivos, desarrollar estrategias, elaborar planes de acción, desarrollar e implementar políticas
apropiadas, entre otras (Mizrahi, 2004).
La propuesta de Mizrahi se vuelve operativa en tanto que los indicadores que se desprenden de las
capacidades (tomadas como dimensiones) pueden rastreadas puntualmente en los distintos órdenes
de gobierno. De esta forma, algunas personas han propuesto índices de medición para las
capacidades institucionales, incluyendo al autor de estas líneas (Carrera y otros, 2010; De Dios,
2008; De Dios y Gómez, 2010; De Alba y Gómez, 2010; Martínez, 2012). Esta perspectiva
mantiene la acción gubernamental en el centro de los cambios sociales y los económicos. Dentro de
las capacidades institucionales, después de una revisión general podrían entrar cuestiones
relacionadas con el contexto social de la organización gubernamental y cuestiones relacionadas con
la organización interna, la división del trabajo y la asignación de responsabilidades de los
funcionarios públicos. A este último subconjunto se le reconoce con el nombre de “capacidades
administrativas” (Martínez, 2012 y 2014).
La coordinación horizontal entre varios actores sociales permite alcanzar una “gobernanza” cuando
las capacidades de los gobiernos lo permite (Cabrero, 1999; Carrera y otros 2010). Es decir, la
gobernanza, entendida como el entorno democrático participativo, sería la consecuencia de que un
gobierno permita la inclusión de actores no gubernamentales en
la toma de decisiones
gubernamental dentro de un contexto liberal de representación, participación, transparencia y
rendición de cuentas (Merino, 2006; Merino, 2010). ¿De qué forma han impactado en la
6
desigualdad socioeconómica los principales ejes de la política social en México: el Gasto Público
Centralizado, el programa Oportunidades y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal?
Dicho lo anterior, la prestación de servicios y la administración de los recursos sería el principal
eslabón inefable para medir la eficiencia del trabajo gubernamental como lo defendería Rodolfo
García del Castillo (García, 1999). Cuando se crearon los fondos del Ramo 33, aunque etiquetados,
había una gran esperanza en que las prioridades de inversión correspondieran a las necesidades de
la población. En términos generales, no cabe duda de que la inversión ha mejorado la calidad de
vida de la población en promedio municipal. Empero, desagregando los datos a nivel localidad
tenemos casos como Batopilas, uno de los municipios con mayor rezago en el país, que tiene una
cabecera municipal con excelente infraestructura pero con localidades tan pobres que en promedio
lo sigue posicionando entre los primeros lugares de municipios rezagados.
Para estudiar empíricamente la política social se podría separar la metodología en cuantitativa y
cualitativa. Al ser un estudio multidimensional y multidisciplinario se esperaría realizar una serie de
estudios diferenciados sobre cada una de las disciplinas que se presentaron brevemente en el marco
teórico.
Investigación cuantitativa necesaria
1.
Estudio del gasto público en desarrollo social desde las finanzas públicas en los últimos 5
sexenios para identificar prioridades de gasto.
2.
Estudio de la asignación de recursos para el programa Oportunidades, marco teórico,
instrumentos de evaluación y método de focalización.
3.
Estudio del gasto ejercido de los fondos del ramo 33 desde la creación del Sistema de
Coordinación Fiscal.
4.
Estudio del cambio poblacional en todas las localidades de todos los municipios del país
durante los últimos 30 años para identificar desigualdad con un indicador construido a partir de las
variables socioecónomicas (servicios públicos y condiciones de vivienda).
¿Cómo se podrían contestar estas preguntas? Se podría elaborar un estudio estadístico para todos los
municipios del país desde el año 2000 hasta el 2015 utilizando las estimaciones del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base en los Censos de
Población y Vivienda (Censos) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para los
años 2000, 2005, 2010 y 2015, aunque las estimaciones del Censo 2015 serán publicadas hasta
2016. Se incluirán las 16 delegaciones de la Ciudad de México, Distrito Federal (DF).
Con las estimaciones de CONEVAL se observarían las siguientes estadísticas: Población total de
las localidades de todos los municipios y el grado de cobertura de los principales servicios públicos
7
urbanos y las condiciones de vivienda: agua potable, luz eléctrica, piso firme, drenaje y baño propio
en la casa.
Para el estudio estadístico, los municipios y las delegaciones del DF serán tipificados en: a)
metropolitanos (que formen parte de una metrópolis), b) urbanos (que sin ser parte de una
metrópolis sean menores a 25 mil habitantes pero mayores a 5 mil habitantes, c) rurales (menores a
5 mil habitantes), d) indígenas (aquellos que estén dentro del sistema de “usos y costumbres”) y e)
turísticos (aquellos cuya vocación económica sea principalmente el turismo, por ejemplo playas y
pueblos mágicos).
En los 5 tipos de municipios se harían pruebas para identificar la variación de población entre las
localidades y las cabeceras municipales (aunque en las delegaciones del DF no hay localidades ni
cabeceras municipales pero sí hay colonias). El primer cruce de datos sería entre la variación de
servicios públicos urbanos-condiciones de vivienda y la población de las localidades y la cabecera
municipal con la técnica de datos panel para los años 2000, 2005, 2010 y 2015. La variación del
tamaño de población en las cabeceras municipales y las grandes ciudades será pequeña debido a que
es más significativo que aumente en 1 persona una ciudad pequeña que una ciudad de 1 millón de
habitantes; es por esto, que se debe observar la variación de las localidades pequeñas para ver si
disminuyen.
La investigación cuantitativa que se propone es un ejercicio estadístico y tal vez algunos ejercicios
econométricos para identificar correlaciones. Por la cantidad de observaciones (más de 2’440
municipios y más de 25 mil localidades) se espera que los resultados sean significativos para los 5
tipos de municipios que se estudiarán. Por supuesto que habrá que hacer estudios de cerca con
algunos municipios. Se propone una investigación cualitativa para añadir información relevante a la
investigación.
Investigación cualitativa necesaria
1.
Estudio del diseño de la política social en México y sus principales diferencias los últimos 5
sexenios presidenciales.
2.
Estudio de las perspectivas teóricas que dan fundamento a la política social y al desarrollo
social.
3.
Estudio de las implicaciones sociales de la política social, el programa Oportunidades y los
recursos de los fondos del ramo 33 en Estados y Municipios con observación, entrevistas a
profundidad y análisis de toma de decisiones.
Aunque la investigación cuantitativa propone un número bastante grande de observaciones, las
estadísticas pueden no revelar información crucial sobre los fenómenos sociales. Un ejemplo de ello
es la localidad de La Barca en Cochoapa el Grande, Guerrero. Cochoapa el Grande tiene el menor
8
Índice de Desarrollo Humano del país, menor a 0.6. La Barca es una localidad que se creó con
financiamiento federal con los que se construyeron 150 casas con todos los servicios urbanos
necesarios: luz, agua, piso firme y drenaje para todas las casas. Por sus condiciones de vivienda y
dotación de servicios públicos, La Barca sería la localidad de Cochoapa el Grande con el mayor
Índice de Desarrollo Humano, si no fuera porque no tiene habitantes. Nadie se ha mudado a La
Barca porque la gente no se ha sentido atraída por el lugar.
Si bien, los servicios públicos urbanos son un incentivo fuerte para que la gente decida migrar hacia
otra localidad (por lo menos temporalmente) no es un factor determinante. El arraigo a la tierra y las
costumbres es muchas veces un factor determinante para que la gente decida no salir de su localidad
o regrese después de trabajar o estudiar en otros lugares. La investigación cualitativa que se propone
como complemento de la investigación cuantitativa es una serie de entrevistas a personas que han
salido de sus localidades para vivir en la cabecera municipal y a personas que han decidido no salir
de sus localidades para vivir en la cabecera municipal. ¿Qué alternativas de Política Social y
definición del desarrollo social podría ocupar México como referencia para futuras propuestas?
Bibliografía
Arellanes, A. (2013). “Una solución a la paradoja de las aportaciones federales” en Analéctica.
Revista
electrónica
de
pensamiento
actual,
Año
0,
No.
0.
Disponible
en
http://www.analectica.org/federalismoarellanes/#more-66 (Accesado el 20 de septiembre de 2013).
Altimir, O. (1979). La dimensión de la pobreza en América Latina. Comisión Económica para
América Latina y el Caribe.
Barceló, D. y J. M. Serna de la Garza, (2008). “Propuesta de evolución institucional del federalismo
mexicano”. En Barceló, D. y otros. Federalismo y Descentralización. Conferencia Nacional de
Gobernadores. México.
Boltvinik, J. y A. Damián. (2001), La pobreza ignorada, evolución y características, Papeles de
población. Universidad Autónoma del Estado de México, no. 29, pp.21-53.
Boltvinik, J. y A. Damián. (2003), Derechos humanos y medición oficial de la pobreza en México,
Papeles de población. Universidad Autónoma del Estado de México, no. 35, pp. 101-137.
Cabrero, E. (1999). “Gerencia pública municipal. Marco de análisis estratégico para la toma de
decisiones en gobiernos municipales”, en Cabrero, E. y G. Nava (comps.). Gerencia pública
municipal. Conceptos básicos y estudios de caso. Centro de Investigación y Docencia EconómicasMiguel Ángel Porrúa. México.
Cabrero, E., Cejudo, G., Merino, M. y Nieto, F. (2008). “El nuevo federalismo mexicano:
diagnóstico y perspectiva”. En Barceló, D. y otros. Federalismo y Descentralización. Conferencia
Nacional de Gobernadores. México.
9
Carrera, A. y otros (2010). Índice de Desarrollo Institucional y Sustentabilidad Municipal. IGLOM.
México.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. (2006). “Ramo 33: Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios”. Documento CEFP/036/2006. LX Legislatura de la Cámara de
Diputados.
Cerdio, J. (2008). “El federalismo mexicano puesto a prueba: algunas consideraciones sobre el
estado actual de nuestro sistema federal”. En Barceló, D. y otros. Federalismo y Descentralización.
Conferencia Nacional de Gobernadores. México.
Cornejo, E. (2005). “Hacia una transformación del Estado en América Latina”. Conferencia
presentada el 24 de abril en el Taller de Expertos: Hacia un nuevo consenso de política económica
en América Latina, Lima.
Cortés, F. (1997). Determinantes de la pobreza de los hogares, México 1992, Revista Mexicana de
Sociología, vol. 59, no. 2 (abril-junio 1997), pp. 131-160.
Cortés, F. (2000). La distribución del ingreso en México en épocas de estabilización y reforma
económica. CIESAS. México.
De Alba, A. y D. Gómez. (2010). “Capacidades: las piezas del rompecabezas del desarrollo”. En
Gómez, D. (comp.) Capacidades institucionales para el desarrollo humano. Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo- Universidad de Guadalajara- Miguel Ángel Porrúa- Cámara de
Diputados. México.
De Dios, J. (2008). “Midiendo las capacidades institucionales de los gobiernos locales de México:
un mapa de su diversidad. Índice Compuesto de Capacidades Institucionales Municipales”.
Documento de apoyo del Informe sobre Desarrollo Humano Jalisco 2009. Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. México.
De Dios, J. y D. Gómez (2010). “Midiendo las capacidades institucionales municipales de México:
un mapa de su diversidad”. En Gómez, D. (comp.) Capacidades institucionales para el desarrollo
humano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- Universidad de Guadalajara- Miguel
Ángel Porrúa- Cámara de Diputados. México.
Escobar, A. (2004). La invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo.
Norma. Bogotá.
Fernández, J. (2001). “La reforma constitucional de diciembre de 1999 al artículo 115”. Cuestiones
Constitucionalismo. No. 4, enero-junio, pp. 241-277.
Fernández, J. (NA). “La noción del servicio público y el artículo 115 constitucional”.
10
Figueras, V. (2013) “Apertura política y descentralización fiscal en México: el papel de los
gobernadores” en Revista Nuevo Mundo Mundos Nuevo. En http://nuevomundo.revues.org/55760
(Accesado el 12 de diciembre de 2013).
Flores, M. (2003). “Reforma del Estado y reforma administrativa”. Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública de la Cámara de Diputados. México.
García, R. (1999). Los municipios en México. Los retos del futuro. Centro de Investigación y
Docencia Económicas- Miguel Ángel Porrúa. México.
Gutiérrez, J. M. (2001). “La reforma al artículo 115 constitucional y las leyes “orgánicas”
municipales. Revista Alcaldes de México, 31 de Mayo.
Martínez, J. (2012). La importancia de las capacidades administrativas de los gobiernos municipales
y su impacto en las condiciones de pobreza y desigualdad. Tesina para obtener el grado de maestro
en administración y políticas públicas. CIDE. México.
Martínez, J. (2014). “Gobierno, administración y desarrollo humano en los gobiernos locales”
Revista de Administración Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, No. 134, pp. 91108.
Merino, M. (1992). Fuera del centro. Universidad Veracruzana. México.
Merino, M. (2006). La profesionalización municipal en México. Documento de Trabajo 182. Centro
de Investigación y Docencia Económicas. México.
Merino, M. (2010). “Nuevo federalismo, nuevos conflictos”. En Loaeza S. y J.F. Prud’homme, Los
grandes problemas de México XIV. Instituciones y procesos políticos. El Colegio de México.
México.
Mora, M., Pérez, J.P. y Cortés, F. (2004). “Desigualdad social en América Latina. Viejos problemas
nuevos debates”, Cuaderno de Ciencias Sociales 131, FLACSO, Costa Rica, pp. 9-44.
Myrdal, G. (1975). La pobreza de las naciones. Siglo XXI. México.
Olmedo, R. (1996). “Teoría y práctica de la descentralización y el federalismo”. En Acosta, D. y
otros, El municipio en México. Archivo General de la Nación- Centro Nacional de Desarrollo
Municipal-Secretaría de Gobernación. México.
Pazos, M. y R. Salas. (1997). Progresividad y redistribución de las transferencias públicas, Moneda
y Crédito, no. 205 (1997), pp. 45-47.
Porto, A. y Walter Cont. (1998), Presupuestos provinciales, transferencias intergubernamentales y
equidad, Desarrollo Económico, vol. 38, (otoño 1998), pp. 267-291.
Schiefelbein, Ernesto. (2004). Politics of Decentralization in Latin America. Revista Internacional
de Educación no. 50, pp. 359-378.
11
Scott, J. (2004), La descentralización, el gasto social y la pobreza en México, Gestión y Política
Pública, vol. XIII, no. 3 (segundo semestre de 2004), pp. 785, 831.
Tarassiouk, A. (2007). “Estado y desarrollo. Discurso del Banco Mundial y una visión alternativa”.
En Guillén, A. (comp.) Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje
a Celso Furtado Vidal. CLACSO. Buenos Aires.
Vargas, J. G. (2010). Descentralización política y administrativa como mecanismo de
gobernabilidad. Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Mimeo.
Ziccardi, A. (comp.) (2001). Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. CLACSO. Buenos Aires.
Zorrilla, P. (1994). “Descentralización política”. En Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Problemas actuales del Derecho Constitucional. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Instituto de
Investigaciones Jurídicas- Universidad Autónoma de México. México.
12